El período medio de pago (PMP) de las CCAA era, en diciembre de 2014, 50,83 días y el de Ayuntamientos, 19,22 días

Datos publicados en la Central de Información Económico-Financiera (MHAP)

Con respecto al mes de noviembre, el conjunto de las CCAA reduce su período medio de pago en 7,32 días, un 12,59%. El dato de las EELL se reduce en 5,62 días, un 22,6%, con respecto al mes de septiembre, último mes con datos del conjunto de EELL .

Nota MHAP.- 10 de marzo de 2015.- El período medio de pago (PMP) de las Comunidades Autónomas se situó en diciembre pasado en 50,83 días, y el de las Corporaciones Locales en 19,22 días.

Sede del Gobierno Aragonés, en Zaragoza

En relación al mes anterior, noviembre, las CCAA han reducido su PMP en 7,32 días, un 12,59%. Las EELL ha reducido su PMP en 5,62 días, un 22,6%, respecto a septiembre, último mes con datos del conjunto de Entidades Locales.

 

Las peores pagadoras son Aragón, Extremadura y C. Valenciana
El Periodo Medio de Pago a proveedores del conjunto de Comunidades Autónomas se situó a finales del mes de diciembre en 50,83 días, es decir, 7,32 días (12,59%) menos que el mes de noviembre.

 

De acuerdo con la metodología del cálculo del PMP, dicho periodo medio de pago global se obtiene de la ratio de operaciones pagadas en el último mes de 58,53 días y de la ratio de operaciones pendientes de pago de 45,77 días.

Superan el plazo de 60 días, desde el mes de septiembre de 2014, las comunidades de Aragón, Extremadura y C. Valenciana.

Han superado el plazo máximo de 30 días las CC.AA de Andalucía, Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Región de Murcia.

Cabe destacar que las Comunidades Autónomas de Illes Baleares, Madrid y Región de Murcia, que en el mes anterior superaban el plazo de 60 días, han situado el mismo en diciembre por debajo de ese límite. Baleares en 36,32 días, Madrid en 58,34 días y Murcia en 58,95 días.

A todas las Comunidades Autónomas anteriormente enumeradas se les ha requerido por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que remitan información detallada de las medidas cuantificadas, y de su impacto, de tal forma que permitan la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo fijado en la normativa de morosidad, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En particular, se ha comunicado a las comunidades que han superado el plazo de 60 días, al persistir el incumplimiento, que se continuará con la aplicación de lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En cualquier caso, debe indicarse que pueden resultar determinantes en la mejora de los plazos de pago las dotaciones autorizadas para el conjunto de Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación de CC.AA, especialmente en la parte relativa a déficit no financiado de ejercicios anteriores.

Aytos y Diputaciones
El PMP para el conjunto de EELL se sitúa en el mes de diciembre en 19,22 días, 5,62 días menos que en septiembre, último mes del que se publicó el dato de todas las EELL.

Las EE.LL, según sus características, publican el PMP con diferentes periodos de referencia. Por un lado, las Corporaciones Locales con cesión de tributos, es decir, capital de provincia, de comunidad autónoma o que superan los 75.000 habitantes y las Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares publican sus datos cada mes. Por otro lado, el resto de Corporaciones Locales, publica la información cada trimestre. Los datos que hoy se publican, correspondientes al mes de diciembre, por tanto, ofrecen el PMP de todas las Entidades Locales.  

 

Los 3.500 ayuntamientos que tuvieron superávit en el año 2012 podrán hacer inversiones de nuevo

El Gobierno admite modificar  la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Datos oficiales deuda EELL 2012 MHAP
La deuda de los Ayuntamientos en El  País

Nota de la FEMP 16.4.2013. Hasta 3.500 municipios pueden verse beneficiados por esta medida. El Gobierno abordará una rápida modificación de la Ley de Estabilidad para permitir que los Consistorios aprueben sus presupuestos tomando en consideración esta cuestión. El nuevo plan de pago a proveedores favorecerá que las Entidades Locales cobren las cantidades que les adeudan las Comunidades Autónomas.

Asistentes a la reunión de la CNAL

El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, se ha mostrado satisfecho por el anuncio del Gobierno de impulsar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de cara a permitir que las Entidades Locales que hayan obtenido un remanente positivo de tesorería en el ejercicio anterior puedan destinarlo a inversiones y a gastos corrientes de carácter extraordinario.

Este acuerdo permitirá beneficiarse a unos 3.500 Ayuntamientos de toda España, que podrán destinar su superávit a otros fines distintos a la reducción del endeudamiento, y da cuenta de una demanda largamente formulada por la FEMP. Además, facilitará a muchos Consistorios la aprobación de sus presupuestos en fechas próximas, tomando ya en consideración las posibles inversiones a realizar con esos remanentes.

Se trata de uno de los principales puntos abordados en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), celebrada en la tarde de hoy en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, bajo la Presidencia de su titular Cristóbal Montoro. La delegación municipal, encabezada por Iñigo de la Serna, ha valorado positivamente tanto éste como otros acuerdos relevantes alcanzados en la reunión, según explicó el Presidente de la FEMP en declaraciones a los medios a la finalización de la misma.

Deuda pendiente de CC.AA

Los representantes locales también han acogido con satisfacción la propuesta formulada por el Ministerio en relación con el pago de la deuda pendiente de las Comunidades Autónomas con las Entidades Locales, que el Presidente ha cifrado en unos 1.700 millones de euros. Sobre esta cuestión, De la Serna ha explicado que el próximo FLA subirá el nivel de prioridad de las Entidades Locales a la hora de cobrar las cantidades que las autonomías les adeudan, una buena medida a juicio de los representantes locales ya que, en el anterior Fondo, las Gobiernos Locales ocupaban el último puesto en el orden de prelación.

Pero además, ha anunciado el Presidente, el nuevo Plan de Pago a proveedores, que muy pronto se pondrá en marcha, incorporará algunas novedades como, por ejemplo, la consideración de las Entidades Locales como un proveedor más de los Gobiernos Regionales, o la reducción a 30 días del periodo de pago. Esta medida exigirá a las Comunidades Autónomas la rápida liquidación de su deuda a los Ayuntamientos y, con ello, dijo el Presidente, se dará respuesta a “una reivindicación muy importante para nosotros, de justicia, y que nos ayudará a cumplir con nuestras propias obligaciones de pago”.

El Presidente ha recordado en su intervención el buen comportamiento de la Administración Local en materia de reducción del déficit, ya que ha conseguido cerrar 2012 con un 0,15%, lo que supone una rebaja de la mitad del objetivo marcado. En este sentido, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha incidido en este buen comportamiento de las Entidades Locales y ha anunciado que esos buenos resultados también son visibles en sus cifras de endeudamiento, que se redujo en 2.200 millones de euros.

Asimismo, se refirió a la creación de grupos de trabajo específicos para el análisis de cuestiones de naturaleza tributaria, y anunció la intención del Gobierno de convocar muy pronto (probablemente este mismo mes) una nueva Comisión Nacional de Administración Local, en la que se abordará el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

+ Consultar deuda municipal 2012 en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
Noticia relacionada. Nota del MHAP

El Tribunal de Cuentas da un toque a los suministros TIC´s

Un grupo de solo diez grandes empresas controlan la informática del Estado con “tecnología cautiva”.

Revista de Prensa.- Antonio Ruiz. Diario.es.- 7.4.2013.-El Tribunal de Cuentas denuncia que los ministerios “abandonan los estándares abiertos” y los sustituyen por “tecnología cautiva” que “favorece a un número reducido de empresas”. El informe Iria 2012 reconoce que solo el 34% de los 1.680 millones gastados por la Administración central en tecnología se adjudicó por concurso abierto con las máximas garantías

El Tribunal de Cuentas ha dado la voz de alarma. En su último informe sobre “la fiscalización de las contrataciones realizadas por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, (en 2011 gastó el 20% del total de 1.680 millones invertidos por el Gobierno en tecnología) advierte tres graves vicios de procedimiento. El primero es “la utilización excesiva de la licitación negociada”. El segundo, “la dependencia o, incluso cautividad tecnológica respecto de unas pocas empresas en las que se concentra la mayor parte de las adjudicaciones”. Finalmente detecta la proliferación del “recurso a los contratos de servicio de apoyo informático para resolver las carencias de personal propio, funcionario o laboral”.

Por su parte, el último informe IRIA 2012, dedicado a analizar el gasto en tecnología de las administraciones reconoce estos defectos. Desvela que en 2011 únicamente el 34% de los concursos para suministro de informática y telecomunicaciones del Gobierno central tuvieron el carácter de “abiertos”. Según la doctrina del Tribunal de Cuentas, esta forma de licitación es “la única que ofrece las mayores garantías de transparencia y concurrencia”, mientras que “la utilización excesiva del procedimiento negociado” provoca “la cautividad tecnológica respecto de unas pocas empresas”.

El Tribunal de Cuentas fue también el que alertó de que el uso abusivo de empresas externas y personal subcontratado estaba llevando a los tribunales de lo laboral un alto número de demandas de estos trabajadores, a los que los jueces terminaban por reconocer su condición de fijos. Las sentencias afirman que las Administraciones y las consultoras cometen una irregularidad que se ha tipificado como “puesta a disposición de mano de obra ajena” o “cesión ilegal de trabajadores”. Esto es, que los trabajadores subcontratados en realidad realizan actividades que corresponden a los funcionarios. En base a esta recomendación del Tribunal de Cuentas, los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas han elaborado unas “instrucciones de buenas prácticas en la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas” que son de obligado cumplimiento.  

El Tribunal de Cuentas audita los dineros públicos con mucho retraso pero, en la mayoría de los casos, sus dictámenes resultan esclarecedores. En el informe de fiscalización de los contratos de tecnología realizadas por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social durante el período de 2006 a 2010, aprobado por el pleno del tribunal en el cuarto trimestre de 2012, analiza un total de 661 adjudicaciones con un importe total de 531,5 millones de euros.

Ningún cambio a mejor respecto  análisis anteriores

El Tribunal de Cuentas no solo advierte de los vicios apuntados. Indica que “no se ha observado ninguna mejora” respecto al examen que realizó con anterioridad y que abarcaba los ejercicios de 1994 a 1998. “Por el contrario, resulta que se ha abandonado el objetivo autoproclamado” de “adaptación de las aplicaciones y adecuación de los sistemas en funcionamiento a los estándares de sistemas abiertos, a fin de eliminar dependencias respecto a los fabricantes y aprovechar la oferta de un mercado más competitivo”.

Este escenario de “cautividad tecnológica” es interpretado por el tribunal como una consecuencia del “elevado grado de concentración de las adjudicaciones de contratos de contenido informático en un reducido número de empresas”. De esta manera constata que “durante el periodo fiscalizado únicamente ocho empresas obtuvieron adjudicaciones por un importe superior al 50% del gasto” licitado por la Gerencia.

Aunque el informe del Tribunal de Cuentas no cita por su nombre a ninguna de estas ocho compañías, fuentes sindicales han señalado que las consultoras con mayor índice de éxito en el organismo son Indra, Atos Origin, Insa, Software AG, Conectis y Acenture. Telefónica es la encargada del suministro de los servicios de telecomunicones.

El organismo fiscalizador de las cuantas públicas afirma que, a la vista de los datos que le ha remitido la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, de los 661 contratos analizados, los que se han realizado por “procedimientos abiertos, que conllevan las mayores garantías de publicidad y concurrencia, alcanzaron únicamente el 56,67% del volumen total del gasto. Por el contrario, las adjudicaciones por procedimiento negociado representaron el 43,33%, lo que en su opinión, es una consecuencia directa de “la dependencia o cautividad tecnológica derivada de contrataciones previas”.

El último informe IRIA, que analiza el gasto en tecnología de las Administraciones en 2011, sin llegar a reconocer con la misma contundencia estos defectos en las contrataciones, señala que únicamente el 34% del volumen total de 1.680 millones de euros invertidos ese año se hizo en concurso abierto y, lo que es aún más grave, que en relación al ejercicio del año anterior, esta cifra se había reducido en un 7%.

Este informe detalla cuáles son las principales marcas de equipos y servicios de tecnología que tienen base instalada en los organismos de la Administración central. Se aprecia también aquí la “grave concentración de las adjudicaciones en muy pocas empresas” que delata el informe del Tribunal de Cuentas.

Así, en “grandes equipos” IBM tiene el 38% de la base instalada y Fujitsu el 28%.En “equipos medios” Sun tiene el 48% de la base instalada y en 2011 suministró el 80% de la tecnología de este rango. En “servidores”, HP cuenta con el 43% de la base instalada y en ordenadores personales la misma firma eleva el dato hasta el 42%. Los servicios de telecomunicaciones están en manos de Telefónica en un 80%, seguida a mucha distancia por BT con el 7%.

 

Informe 2012