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jueves, 2 de julio de 2015

Jiménez Asensio: Nuevos gobiernos, viejos hábitos

"Ni un solo partido o fuerza política ha puesto en el centro de la agenda política la profesionalización de las estructuras directivas de la administración pública y de su sector público"
 
“La combinación de altos cargos fue laboriosa. Ay! Si no existieran hijos, yernos y cuñados, cuántos disgustos se ahorrarían los jefes de gobierno” (Conde de Romanones, “Notas de una vida”, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 390)
 
“La vida tronando contra el caciquismo, y los propios tronadores son los más infames caciques capaces de las más inmundas pillerías” (Ricardo Matías Picavea, “EL problema nacional”, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, p.152)
 
Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- Tal vez lo que sigue pueda ser calificado como un juicio prematuro o equivocado. Lo primero lo es, pero ya hay -según se verá- algunos fuertes indicios que marcan tendencia. Si, por otro lado, fuera un juicio equivocado, no duden que el primero en alegrarme sería yo mismo.
 
El catedrático Rafael Jiménez Asensio
Ya se han formado buena parte de los gobiernos locales y comienzan su andadura, todavía en fase incipiente, los primeros gobiernos autonómicos. Sin duda, en apariencia al menos, han cambiado mucho las cosas. No cabe duda que los cambios comienzan a ser drásticos: desparecen las corbatas y los trajes (o simplemente se arrinconan), emergen las camisas y las camisetas, sobre todo estas últimas, la estética alternativa se adentra en las instituciones locales y se bajan los sueldos hasta ser los políticos, en algunos casos extremos, quienes menos cobran del respectivo ayuntamiento, se arrinconan algunos coches oficiales y se entroniza la bicicleta o el transporte público como medio de desplazamiento de alguna de esa “nueva” clase política. Los actores políticos se transmutan en ciudadanos “normales y corrientes”. Se rompe el manido “alejamiento”. Dejémoslo aquí. Constatemos solo que las formas han cambiado o están cambiando.
 
Reparto de cargos
Abandonemos las formas y entremos, sin embargo, en la sustancia de la Política, en su núcleo duro: las políticas públicas y el reparto de cargos y sinecuras. En lo que afecta al primer punto todavía todo son promesas vacuas. Habrá que esperar. En lo que afecta al segundo tema, pues el corazón de las ambiciones políticas (“la combinación” que se decía antaño) siempre está en el reparto de cargos, las cosas son algo distintas, por no decir que iguales o peores a la situación de partida. Veamos.
 
Hay gobiernos “nuevos” en los que la continuidad se ha impuesto. Gobiernan los mismos partidos tradicionales (o también llamados despectivamente como “viejos”), aunque en algunos casos con cambios de personas y en otra parte de los casos con mayorías insuficientes, debiendo pactar con las fuerzas políticas “nuevas”, incluso aprobar paquetes de medidas anticorrupción que algunos partidos han impuesto para apoyar esas investiduras como medicina para un enfermo que no mejora. De esas medidas anticorrupción, salvo error por mi parte, no se ha escrito ni una línea de lo que a continuación se expone. Las provisión de cargos directivos y de asesores sigue la misma tónica de siempre: colocar a los leales al partido o afines a los colores políticos del gobierno, sea este local o autonómico. Lo mismo de siempre.
 
También hay algunos (precisamente no pocos) gobiernos de coalición, unos dirigidos por partidos tradicionales y otros por “fuerzas políticas nuevas”. En estos casos, la lógica de reparto del poder que se está imponiendo es, en la inmensa mayoría de los casos, también la de siempre, aunque con algún retoque en casos puntuales por mera estética (incluir algún “independiente de florero”); lo demás ya se sabe: reparto del botín –como diría Weber- entre la suma de los partidos ganadores en función de su respectivo peso electoral. Los puestos directivos en este caso se están cubriendo también por medio de criterios clientelares entre las huestes o allegados de cada formación política presente en el gobierno y los asesores se reparten, por lo común, entre jóvenes meritorios que nada tienen que asesorar porque carecen de la experiencia mínima para ello (sobre esto ya me ocupe en la entrada “Asesores que no asesoran”; allí me remito).
 
Ética no, gracias
Y están, en fin, aquellos gobiernos, esencialmente municipales, dirigidos en estos momentos por las fuerzas políticas “nuevas” o “emergentes” (los de la “liga de los sin bata”, que diría Romeu). En estos casos, la nueva política de nombramientos sigue asimismo los esquemas más periclitados: los directivos públicos (con alguna honrosa excepción singular) se reclutan discrecionalmente entre activistas sociales o políticos de fuerzas marginales, así como en círculos allegados de “la lucha institucional” (por no ser más explícito); mientras que en el personal eventual se está echando mano no solo de personal joven inexperto, sino también de familiares y amigos. Hay una excepción anunciada, pero aún no confirmada (seleccionar “por exámenes originales” al personal directivo”; la Alcaldesa de Madrid dixit). Mientras tanto el viejo nepotismo, el amiguismo o el clientelismo más rancio (anclado en el caciquismo decimonónico) vuelve por sus fueros. Hay quien incluso acude a experimentos de ingeniería organizativa para intentar tapar el hedor que levanta contratar a familiares próximos con dinero de procedencia pública. La ética es cosa de los bárbaros del norte. La estética hace mucho que la erradicamos de nuestras costumbres públicas.
 
Dicho esto, solo cabe concluir que la dirección pública profesional es una institución que entre todos hemos enterrado definitivamente, si es que alguna vez tuvo algo de pulso en este país llamado España. Las nuevas formaciones políticas están echando más paladas de tierra sobre un cadáver. La política “vieja” y “nueva” carece de interés por algo que no controla. Ya nos podemos hartar algunos de hacer artículos o libros (como el que recientemente he publicado sobre “Cómo gobernar y dirigir un ayuntamiento”, IVAP, 2015), que ningún político leerá nada sobre ello y si excepcionalmente lo hace lo olvidará de inmediato o despreciará unas propuestas que son propias de las democracias avanzadas (un concepto muy alejado de estas tierras latinas). Nada de valor ofrecen las estructuras profesionales de dirección para una política anclada en un legado institucional más propio del Conde de Romanones. Eso sí, con mucha presencia en las redes sociales. Modernidad aparente para unas conductas ancladas en un pasado remoto.
 
España vs Grecia
También seguimos ignorando paladinamente la importancia que tiene para desarrollar una buena política rodearse de gente experta, experimentada y con un buen marco conceptual que sirva para asesorar correctamente a los gobernantes. Los puestos de personal eventual se reparten como si se tratara de la “pedrea” de una lotería. Quien es todavía muy joven o quien no consigue hincar el culo en una silla con cargo público ejecutivo, es incorporado a un puesto de asesor que no asesora o a un “cementerio de elefantes”. Lo importante es la metafísica de la confianza, como dijera Longo. Lo demás sobra.
Esto es lo que hay. Al menos es lo que se dibuja en el horizonte más inmediato. Insisto, me encantaría estar equivocado y que a tal efecto la práctica cotidiana enmendara mis opiniones. Pero, hoy por hoy, si a esto se le llama renovación de la Política, sencillamente vamos dados. Ni un solo partido o fuerza política ha puesto en el centro de la agenda política la profesionalización de las estructuras directivas de la administración pública y de su sector público. Tampoco nada se ha dicho de exigir que el personal eventual acredite competencias profesionales y experiencia previa acreditada para ser nombrados. Al “demos” tampoco le importa en exceso toda esta algarabía. No pocos esperan a ver si la suerte ronda por sus pagos y logran entrar, aunque sea con nómina pírrica, a formar parte de quienes cobran del erario público. ¿Realmente hay alguien en su sano juicio que se crea esa afirmación de que somos muy diferentes a Grecia?.
 Mejor no contesten.

lunes, 7 de julio de 2014

Tribunal de Cuentas: las consecuencias del nepotismo en las instituciones de supervisión y control

"No nos engañemos, el nepotismo en el Tribunal de Cuentas tiene mucho que ver con la debilidad de la institución y con el fracaso en la lucha contra la corrupción y el mal gobierno".

Elisa de la Nuez. Post del blog ¿Hay Derecho?.- Las últimas noticias sobre el nepotismo generalizado en instituciones de control y supervisión como el Tribunal de Cuentas (que es el organismo público de supervisión y control encargado de la fiscalización de las cuentas del sector público, incluidas las de los partidos políticos) llama la atención sobre un problema que me temo está bastante generalizado en determinadas zonas del sector público español, especialmente en aquellos lugares donde no se exige una oposición previa para entrar (léase la miríada de organismos públicos que se cubren con empleados públicos, no con funcionarios) o bien donde exigiéndose una oposición los puestos de trabajo se cubren tranquilamente por el sistema de libre designación, es decir, a dedo… aunque sea entre funcionarios.

Porque claro, funcionarios los hay de muchos tipos. En la actualidad los puestos de funcionario de la Administración Pública se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en tres grandes grupos, estableciéndose un grupo A, con dos subgrupos A1 y A2; un grupo B y un grupo C, a su vez con los subgrupos C1 y C2.

Para que se hagan una idea, mientras que los primeros tienen que ser titulados superiores, los de los grupos C1 y C2 pueden tener solo el bachiller y el graduad escolar respectivamente. Los A1 desempeñan los puestos directivos de la Administración, los C2 desempeñan puestos de “auxiliar administrativo” son, para entendernos las antiguas secretarias. También hay puestos subalternos  por debajo de esa categoría que son los que realizan los funcionarios ocupados de tareas de “porteo” (sí, no se asombren) vigilancia, recepción o similares.

Solo 80 auditores
Pues bien, el problema es que funcionarios especializados en tareas de supervisión y control –que son “el core” de las que sobre el papel al menos desempeña el Tribunal de Cuentas- no hay tantos. De hecho el Tribunal de Cuentas tiene un cuerpo específico de Letrados y otro de Auditores del Tribunal de Cuentas –que suman entre los dos 80 funcionarios sobre un total de 700 entre funcionarios y empleados públicos- que sí que han hecho una oposición específica para desempeñar estas funciones precisamente en el Tribunal de Cuentas y que llevan años pleiteando por garantizar que los puestos de fiscalización y supervisión sean ocupados precisamente por ellos mediante concurso de méritos.

Para que se hagan una idea del problema los funcionarios del resto de Administraciones Públicas (subgrupo A1) que han accedido al Tribunal de Cuentas, siempre por el procedimiento de libre designación, son actualmente unos 90. Por tanto se trata de funcionarios que ocupan plazas de supervisión y fiscalización y que han sido designados por sistema de libre designación que han superado, sí, una oposición, pero no la específica para ejercer estas tareas. Es de destacar que actualmente, todos los puestos del subgrupo A1 (niveles 28, 29 y 30) están cubiertos por el procedimiento de libre designación. El nivel de entrada por oposición en el Tribunal es el  27, por ello de haber algún funcionario del subgrupo A1 que no ocupe su puesto por libre designación, solo puede ser algún letrado o auditor de la última promoción (de hace cuatro o cinco años).

Lo interesante es que los recursos judiciales planteados por letrados y auditores para remediar esta situación han sido estimados siempre  por el Tribunal Supremo pero en la práctica las cosas han cambiado poco, porque el Tribunal de Cuentas ha encontrado siempre “resquicios” para eludir si no la letra sí el espíritu de estas sentencias. Así el Pleno ha creado unos puestos, para el subgrupo A1, que se pueden cubrir mediante concurso con la finalidad de cumplir “virtualmente” una Sentencia del Tribunal Supremo. El problema es que estos puestos tienen una retribución (vía complemento específico) que es inferior al del subgrupo de los funcionarios que les siguen en categoría (A2). El mensaje que se lanza está bastante claro, el letrado o auditor que  moleste demasiado se tiene que conformar con uno de esos puestos.

Vínculos familiares
Sabiendo lo anterior, ya extraña menos que nada menos que el 14% de la plantilla de 700 trabajadores del Tribunal de Cuentas tenga vínculos familiares dentro de la institución y un 10% tiene vínculos familiares con altos cargos. El Presidente de la institución dice que todo es muy normal y que todo el mundo llega por oposición, o para ser más exacto, que todo el mundo tiene que ser funcionario, lo que tampoco es estrictamente cierto. Pero en todo caso las leyes de la estadística no avalan que tan gran número de funcionarios con relaciones familiares con altos cargos o con otros funcionarios del tribunal de cuentas elijan precisamente este destino de entre todos los posibles. Probablemente estadísticas similares solo se encuentran en nuestras Universidades Públicas, donde hay sagas familiares enteras colonizando algunos departamentos. Luego alguna explicación racional tiene que haber.

¿Cuál es entonces el truco? Pues uno muy habitual en la Administración, la abundancia de puestos de libre designación bien remunerados que se reservan precisamente para la realización de las tareas “core” del organismo o, por decirlo de otra forma, para las tareas más “sensibles”. Estos puestos se tienen que cubrir entre funcionarios, es cierto, pero la discrecionalidad a la hora de nombrarlos –por no hablar de la arbitrariedad- es casi absoluta de forma que se pueden cubrir con personas que no sean expertos en estas tareas pero que quizá tienen las conexiones familiares adecuadas, en detrimento de funcionarios con mayor experiencia y cualificación. En definitiva, se tratan como puestos de confianza, incluso como puestos de confianza política.No es casualidad que en este tipo de organismos haya tan gran cantidad de puestos de libre designación que son también los mejor retribuidos.

Porque conviene no olvidar que hay un tipo de organismos públicos, entre los que se encuentra el Tribunal de Cuentas, que ofrecen una serie de ventajas importantes entre ellas de carácter retributivo) respecto de otros organismos, ventajas que se concentran precisamente en estos puestos de libre designación. La justificación es -puesto que se trata de organismos de supervisión y control-  la de conseguir que los funcionarios o empleados públicos allí destinados mantengan un elevado nivel de independencia y neutralidad. Esto es especialmente cierto en el caso de los organismos reguladores, la mayoría de los cuales han sido refundidos en la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por tanto hay un razonable interés en trabajar en este tipo de organismos que además tienen –o tenían- un cierto prestigio profesional. Por último, los jefes “políticos” suelen ser bastante comprensivos con sus funcionarios o empleados –por ejemplo en términos de exigencias horarias- dado que muchas veces ellos mismos han alcanzado un bien merecido descanso al llegar a la cúpula de estos organismos.

Déficits serios
No creo que sea casualidad que con esta fórmula de cobertura de puestos de trabajo (por no hablar de la forma de seleccionar a los Consejeros del Tribunal de Cuentas o de otros organismos de supervisión o reguladores como la CNMV o la CNMC) España destaque en los rankings internacionales por la debilidad de sus instituciones de supervisión y control, de la que por otra parte tenemos constancia a diario.  El informe Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe  de Transparencia Internacional del año 2012 destaca que algunos países del sur de Europa – Grecia, Italia, Portugal y España, los sospechosos habituales- “tienen déficits muy serios en la rendición de cuentas del sector público y graves problemas de ineficiencia, malas prácticas y corrupción que no son ni suficientemente controladas ni sancionadas”.

A mi juicio limitando las plazas a las que pueden aspirar los funcionarios neutrales, independientes, profesionales, especializados y con capacidad para decir la verdad a los responsables políticos es difícil que funcione bien una institución de control. No es casualidad que en España un funcionario de estas características tenga un “techo de cristal” que le impida llegar a los puestos más importantes si no es de “confianza”.  

Para comprobarlo podemos preguntarnos por el número de escándalos de corrupción o despilfarro que ha detectado, denunciado o sancionado el Tribunal de Cuentas. O por el número de gestores o cargos públicos a los que se ha exigido responsabilidad contable en vía administrativa o penal, algo que  es perfectamente posible al menos en teoría.  A la vista de esta contestación (que les adelanto que es “nunca” o “casi nunca”) es legítimo cuestionar la eficiencia no solo del Tribunal de Cuentas estatal sino de los minitribunales de cuentas regionales que han proliferado, como no, en nuestro Estado de las Autonomías.

No nos engañemos, el nepotismo en el Tribunal de Cuentas tiene mucho que ver con la debilidad de la institución y con el fracaso en la lucha contra la corrupción y el mal gobierno.

Noticia relacionada. El País. 7.7.2014: El Tribunal de Cuentas dio plaza fija de informático a siete de sus secretarias

miércoles, 2 de julio de 2014

UPyD plantea primar a los funcionarios que denuncien casos de corrupción en las Administraciones Públicas

"Los nombramientos de eventuales y de los directivos públicos (en muchos casos arbitrarios) han conducido a la existencia de una administración política paralela"
 
Revista de prensa. EP. 30.6.2014.- El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para la "necesaria" reforma de las administraciones públicas y, entre otras cuestiones, plantea primar a los funcionarios que denuncien casos de corrupción en las administraciones y promover nuevas medidas contra el nepotismo.
 

Ambas cuestiones están recogidas en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, que contempla una batería de posibles soluciones para mejorar la gestión de las políticas públicas porque UPyD considera que el proyecto de ley de Racionalización del Sector Público impulsado por el Gobierno es claramente "insuficiente".
 
Por ello, y dado que las reformas en la Administración no se pueden quedar en "meros aspectos superficiales" sino que han de ser realizadas con "profundidad", la formación magenta sugiere una decena de medidas en aras a ese fin.
 
Así, UPyD propone un modelo de función y empleo público en el que se profesionalice la dirección de la Administración, se modifiquen los sistemas de selección de los trabajadores públicos para garantizar "mejor" su mérito y capacidades, se redimensionen las plantillas públicas, se facilite la movilidad entre comunidades y se adopten reglas "más estrictas" contra el nepotismo.
 
"Los nombramientos de eventuales y de los directivos públicos (en muchos casos arbitrarios) han conducido a la existencia de una administración política paralela", denuncia el partido que lidera Rosa Díez.
 
 Asimismo, y para hacer frente a los casos de descontrol y corrupción en las administraciones, plantea que haya "mayor" transparencia y que se "incentive", dentro y fuera de los entes públicos, su denuncia, dado que en la actualidad no existen mecanismos de responsabilidad política, administrativa y penal "por mala gestión".
 
Reducir personal eventual
 En su proposición, UPyD también aboga por reducir o eliminar, según los casos, los gabinetes y el personal eventual en la Administración, por un "mayor control" de las llamadas 'puertas giratorias' y de la contratación en empresas públicas de personas "por su cercanía al poder político", así como por la "total independencia" del Tribunal de Cuentas.
 
Asimismo, reclama una reordenación del tamaño de la Administración del Estado suprimiendo las diputaciones provinciales y fusionando municipios con el fin de eliminar duplicidades en los diferentes niveles administrativos territoriales, incluyendo los entes públicos no administrativos.
 
 A este respecto, UPyD sugiere que se publiquen los estados actualizados a año vencido del número de organismos y empresas públicas de cada comunidad y ayuntamiento, y que se penalice a quienes no lo hagan.
 
Entre otras cuestiones, también apunta la necesidad de dotar de estabilidad a las estructuras administrativas, reducir la tipología de entes públicos y determinar su régimen jurídico, controlar la externalización de las funciones públicas, y realizar la evaluación de políticas públicas de forma general y con consecuencias para los gestores responsables de las "graves ineficiencias".