M. Pimentel: Nuestro futuro está escrito en el Registro Civil

 " Parte de nuestro futuro está predeterminado por nuestra natalidad   menguante.  Nuestro destino, en gran medida, ya se encuentra escrito      en el Registro Civil " 

Por Manuel Pimentel.- EsPúblico blog.- -Lo que durante siglos fue considerado como una anomalía, se hace norma en España. Perdemos población, algo que, históricamente, tan sólo ocurriera en años de guerras, de epidemias o de grandes hambrunas. La nueva normalidad, al parecer, nos condena a convertirnos en una sociedad menguante y envejecida, sin que, a día de hoy, atisbemos ningún cambio apreciable para invertir esta tendencia. Al contrario, continúa el descenso en el número de nacimientos, por lo que la dinámica se acelera sin freno. Y ya sabemos la letra de la canción que entre todos tatareamos: envejecimiento y despoblación. Y si a ello unimos la emigración de los jóvenes hacia las regiones más dinámicas -Madrid y el Mediterráneo-, el vaciamiento de la España interior estará dolorosamente servido.

Pues bien, esta es la sociedad que conformamos, determinada ineludiblemente por el Registro Civil. ¿Será sostenible, entonces, esta España de bastón y soledades? Antes de abordar esta cuestión fundamental, repasaremos las cifras que hemos conocidos recientemente y que avivan nuestros temores. La cuenta la lleva el INE y es bien fácil de realizar. Durante el primer semestre de 2019 nacieron en España 170.074 persona (21% de madre extranjera), lo que supone un 6,2% menos que en el mismo periodo del año pasado. En ese mismo periodo se produjeron 215.478 defunciones, lo que supone un descenso vegetativo (diferencia entre nacidos y muertos) de 45.404 personas. A este saldo vegetativo negativo habría que sumarle el flujo neto de inmigrantes – los que entran menos los que salen – y el de los residentes extranjeros, que, en algunas zonas de la costa, son numerosos. El saldo total resulta – con casi toda probabilidad – positivo, por lo que la población total se mantiene ligeramente al alza. O sea que, a día de hoy, ya son los inmigrantes los que determinan la evolución de nuestra población total. Y esta realidad no hará sino acentuarse a medida que pasen los años. Con independencia de lo qué ocurra con los británicos tras el Brexit – esperemos que el lobo no sea tan feroz como lo pintan – y con los alemanes en las Baleares, lo cierto es que nuestra población total crecerá o descenderá en función del saldo inmigratorio. La inmigración – con sus muchas cosas buenas y también con sus problemas inherentes – seguirá en el centro del debate estos próximos años. Guste o no guste, los necesitaremos, por lo que más nos vale que seamos capaz de gestionar adecuadamente el flujo de unas personas que a todas luces precisaremos.

Descenso de la natalidad
El descenso de la natalidad comenzó a mediados de los años setenta. Atrás quedaba el baby boom de los sesenta, una cohorte muy numerosa que pronto comenzará a jubilarse. Desde entonces nuestra natalidad cayó al límite de situarnos como uno de los países con menor índice de natalidad del planeta. Y, en 2019 hemos tocado fondo, ya que tendríamos que remontarnos al año 1941 para encontrar un año con menos nacimientos que éste. ¿Las causas? Muchas y complejas. Desde luego, las laborales y las económicas, siempre determinantes. Sin estabilidad económica resulta muy difícil que las parejas jóvenes se embarquen en la aventura de crear una familia.  Pero, además de estas cuestiones, también existen otras razones, sociológicas, culturales y de modelos de vida, que no incentivan, precisamente, la natalidad. Y, por si fuera poco, la fertilidad de hombres y de mujeres baja por causas variadas. Unos dicen que por la alimentación, otros que por el estrés o por la contaminación, seguro que por el retraso en la edad en la que se tiene el primer hijo. Incluso, hemos podido leer que como reacción de especie a la sobrepoblación, quién sabe. El caso es que cada año nacen menos niños, envejecemos con rapidez y seguimos con la casa sin barrer.

Nos preguntábamos al inicio de estas líneas si será sostenible la actual dinámica poblacional. Pues depende, sería la respuesta sensata. Desde luego, con los parámetros actuales no, no lo será. Ni se sostendría el sistema de pensiones ni el de la sanidad de una población envejecida y dependiente. Sin un continuado flujo inmigratorio tampoco lograríamos mantener la actividad económica, por mucho que automatizáramos e incrementáramos productividad y eficiencia. Ya veremos cómo abordamos estos asuntos, complejos, delicados y vitales, pero ignorados hasta ahora por nuestros próceres, que, pasivos, resignados y diletantes, parecen esperar que estos problemas anunciados se resuelvan por sí solos. Vana esperanza. Desgraciadamente, eso no ocurrirá, sino que, por el contrario, no harán sino agravarse por el tiempo perdido.

La geopolítica también determinará nuestro futuro. En la actualidad África posee 1.250 millones de habitantes. La ONU prevé que en 2.100 serán más de 4.500 millones de habitantes, mientras que la UE apenas si superará los 500 millones. ¿Alguien puede creer que esta desproporción garantiza estabilidad a largo plazo? En fin, muchas cosas veremos en estos tiempos apasionantes en los que nos ha tocado vivir. Pero que nadie lo olvide. Parte de nuestro futuro está predeterminado por nuestra natalidad menguante. Nuestro destino, en gran medida, ya se encuentra escrito en el Registro Civil. Y quien tenga ojos, que vea.

Pedro Antonio Martín: Sobre la necesaria revitalización de las Diputaciones Provinciales

Por Pedro Antonio Martín. EsPúblico.es blog .-Recientemente tuvo lugar los días 14 y 15 de febrero en Granada la IV Conferencia de Presidentes de Gobiernos Locales y bajo el título “El papel de los gobiernos provinciales en el equilibrio territorial: Entre la despoblación rural y la concentración urbana.”

Fachada de la Diputación de Segovia. Ciudadanos podría
presidir por primera vez esta la institución provincial 

Los Presidentes de las Diputaciones Provinciales cada año se reúnen en una Diputación Provincial, para proceder y pasar revista, al papel de dichos Gobiernos intermedios, en el panorama de las entidades públicas territoriales españolas.

Estas reuniones acaban con una declaración institucional sobre el valor de la existencia de dichos Gobiernos y su proyección de futuro.

En las últimas elecciones generales celebradas el pasado día 28 de abril del año en curso, afortunadamente, su mantenimiento o supresión, no ocupó el centro directo o indirecto de los debates y agendas de los partidos políticos, como sí ocurriera en los anteriores comicios electorales generales.

Las provincias desde 1812

La provincia aparece por primera vez en España en la Constitución de 1812, como una formación social, una “universitas”, y al mismos tiempo como un territorio y un circunscripción territorial.

Desde sus inicios en su regulación constitucional en 1812 y luego su desarrollo en el Estatuto Provincial de 1925 y hasta su configuración en la actual Constitución de 1978, en su artículo 141.2 de la misma, ha venido prestando servicios valiosos, al mediano y pequeño Municipio, tratando de mantener un difícil equilibrio territorial con entidades territoriales más poderosas como son el Estado y las Comunidades Autónomas, y dando servicios públicos de calidad y eficientes, y a precios competitivos por el principio de economías de escala, a los Municipios rurales y deshabitados. (La España abandonada y vaciada como se dice ahora.)

Como municipalista convencido, soy defensor a ultranza de las Diputaciones Provinciales, y proponemos su potenciación, en todos los órdenes de actuación, tanto competencial, financiero-fiscal y un mayor reconocimiento y garantía constitucional.

En las Comunidades Autónomas Uniprovinciales, es decir, allí donde no hay Diputaciones Provinciales, los que nos desempeñamos en los Municipios de su circunscripción, envidiamos, o por lo menos ese es mi caso, a aquellas Comunidades Pluriprovinciales, que sí tienen Diputaciones Provinciales. La razón fundamental es que los Municipios, en términos generales, en las CC.AA. Uniprovinciales, está más abandonado y menos protegidos que en las CC.AA Pluriprovinciales, en donde con éstas, coexisten las Diputaciones Provinciales. Las Comunidades Autónomas han copiado las formas y el modo de organizarse del Estado, queriendo competir con el mismo, perdiendo la vocación vecinal de las Diputaciones Provinciales, y su vocación de servicios al ciudadano-vecino de los Municipios rurales.

Es por ello que el paraguas protector que en sus diversos ámbitos las Diputaciones Provinciales dispendian a los Ayuntamientos dentro de su ámbito territorial de actuación, no se percibe, donde solo existen Comunidades Autónomas y Municipios, es más a veces las mismas recaban de los Municipios, produciéndose verdaderas distorsiones, de las cuales se ven perjudicadas un vez más los entes territoriales de menos población.

Es por ello por lo que consideramos que las Diputaciones Provinciales constituyen una verdadera figura institucional que asegura, mejor que cualquiera otra, la vertebración y cohesión territorial y asegura la recepción de servicios de calidad a los ciudadanos-vecinos de Municipios españoles de escasa población.

Para ello lanzo las siguientes propuestas a favor de la potenciación de las Diputaciones Provinciales españolas:

-Mayor vinculación de todo tipo entre Diputaciones Provinciales y las Entidades Locales de la “España vaciada” y para evitar su despoblamiento, por mecanismos, que aseguren y propicien la vuelta de población a las mismas, ya que las Diputaciones Provinciales y las Entidades Locales forman parte de una misma comunidad política y juegan en la misma división y el mismo equipo.

-Nueva configuración constitucional de las Diputaciones Provinciales en donde se garantice su existencia, en las mismas condiciones que las Comunidades Autónomas y para  cerrar las discusiones y debates sobre su posible supresión, ya que la regulación de las mismas tiene un solo artículo en la Constitución que es el  articulo 141, mientras que la regulación de las Comunidades Autónomas dispone de todo un Capitulo dentro del Título VIII.   -

       .

-Reconocimiento en el texto Constitucional y en la Ley Básica de Administración Local de “competencias propias” provinciales, no competencias genéricas y mal definidas, sino un elenco de competencias que aseguren su pervivencia y que coincidan con las que están desarrollando en la actualidad las Diputaciones Provinciales con la añadiduría de las que correspondieran, con el advenimiento, de las Nuevas Tecnologías., tan necesarias en el Mundo rural y para limitar la llamada “brecha tecnológica”.

-La instauración de un marco financiero estable en la próxima reforma de la Ley de Haciendas Locales, mediante la asignación directa, de un porcentaje del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que a su vez reciben las Comunidades Autónomas del Estado. En este caso abogamos porque el 5% del 25% que reciben las Comunidades Autónomas del Estado, pase directamente a las Diputaciones Provinciales sin pasar por las Comunidades Autónomas, lo que es un porcentaje no muy elevado y perfectamente asumible.

-Activar los procesos de “descentralización total del Estado”, es decir, la Descentralización instaurada en la CE de 1978, suponen traslado de competencias y de recursos financieros y fiscales del Estado a las Comunidades Autónomas, pero el proceso se paró ahí. El espíritu de la descentralización de la CE de 1978 inspira que se produzca la “descentralización total”, es decir, que parte de las competencias y recursos financieros y fiscales que reciban las Comunidades Autónomas del Estado las cedan a su vez a las Diputaciones Provinciales y a los Municipios, “cosa que hasta ahora no se ha efectuado” y creo que es difícil que se efectúe, debido al poder que han acumulado las Comunidades Autónomas.

-Transferir recursos y competencias a las Diputaciones Provinciales como entidades territoriales ideales para emprender la lucha contra la despoblación rural (cuestión de moda durante las campañas electorales y luego olvidadas) y conseguir, como ocurre en los países del Norte de Europa, el aseguramiento de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, con independencia de que se resida en zona urbana o rural.