Una nueva cultura política en la dirección estratégica de la administración pública (I)

"Sin planificación, apuntalada por el poder político, es imposible la transformación"

 Por Carles Ramió. esPúblico blog.- La dirección de las administraciones públicas la ejerce la política: los dirigentes políticos electos y los políticos designados por el partido político o los partidos políticos que acceden al gobierno.  Los procesos de toma de decisiones públicas tienen un innegable carácter político. La dimensión política es la gran especificidad de la Administración pública: es el ingrediente que le otorga legitimidad democrática y reconoce que la defensa del bien común y del interés general no tiene un carácter meramente técnico sino esencialmente político.

Nunca hemos estado de acuerdo con los sueños más o menos implícitos y ocultos de determinados académicos y sectores sociales que dibujarían una Administración pública dirigida de manera tecnocrática basada en la meritocracia del conocimiento y de las competencias. Una ensoñación de carácter racionalista que desprecia el santo grial de la democracia. En un momento en que la política y la clase política está especialmente desprestigiada en casi todo el mundo es una buena oportunidad para salir en su defensa. Los innegables avances de las administraciones públicas democráticas en derechos sociales, en políticas y servicios es un activo de nuestra historia reciente que hay que vincular a la política. La política y la clase política como la energía y el motor de la mejora y el refinamiento de las políticas y de los servicios públicos.

En todo caso no todo es oro lo que reluce en el vector político en relación con la gestión pública y hay que explicitar dos grandes déficits de carácter estructural en las administraciones públicas del país: por una parte, una excesiva elasticidad de la política que no suele limitarse a ocupar puestos directivos y estratégicos y tiene la manifiesta tendencia a invadir el espacio estrictamente técnico, gerencial y meritocrático: ausencia clamorosa de dirección pública profesional, puestos de libre designación, eventuales enredados en la gestión pública ordinaria, etc. Por otra parte, también es denunciable la abdicación estructural de la política y de su clase dirigente en renovar y modernizar las organizaciones públicas adoptando un rol abúlico que cede la agenda en materia institucional y organizativa a los sindicatos y al corporativismo profesional. Una política enfocada en políticas, servicios y en sus resultados pero que se inhibe sobre el funcionamiento de procesos, estructuras y gestión del personal.

Estos dos déficits de la dimensión política en relación a la organización pública han tenido un efecto devastador ya que han debilitado las instituciones y las organizaciones públicas logrando un oxímoron difícil de conseguir: lograr, al alimón, inestabilidad e inmovilidad institucional. Unas administraciones incapaces de renovarse, transformarse o modernizarse, pero manifiestamente inestables. En efecto, la penetración de la política hasta el tuétano organizativo y de carácter técnico configura administraciones inestables, con cambios de rumbo aleatorios de carácter técnico y profesional sumidos en una lógica pendular en función de los resultados electorales.

Planificación

Esta abulia política hacia el funcionamiento interno de la Administración pública hasta ahora “solo” había tenido como consecuencia la falta de renovación de las organizaciones públicas. Sin planificación, apuntalada por el poder político, es imposible la transformación. Pero en este momento esta falta estructural de planificación y de preocupación por las capacidades institucionales y organizativas de la Administración están teniendo consecuencias mucho más graves. Muchos ámbitos de la Administración pública están en situación de colapso por falta de planificación, especialmente en materia de recursos humanos y asociada al gran relevo intergeneracional que acaba de iniciarse: registros civiles, tramitación de pensiones, prestaciones del Ingreso Mínimo Vital, expedientes de empleo durante la pandemia, etc. están en una grave situación de derrumbe. Además, si no se toman medidas rápidas y muy complejas en poco tiempo van a colapsar los dos grandes servicios públicos del país: el sanitario y el educativo. La inhibición política en materia organizativa tiene sus consecuencias por un déficit de estrategia y de planificación.

Por otra parte, la política institucional del país hace unos años que ha entrado en una nueva dinámica que la hace mucho más compleja que en décadas anteriores. Ha quedado atrás una dinámica política de carácter bipartidista que aportaba una gran estabilidad, incluso en forma de mayorías absolutas. Ahora se ha impuesto un sistema multipartidista, usual en los sistemas parlamentarios, en que las mayorías son exiguas y se impone la necesidad de gobernar en coalición. Los gobiernos de coalición representan la normalidad en los sistemas parlamentarios clásicos, pero en España no han sido necesarios hasta la última década (salvo en el caso de los gobiernos municipales) y se está improvisando una cultura de gobierno en coalición que requiere de un exigente aprendizaje.

Relevos

Forma parte de la rutina democrática los cambios de gobierno en las administraciones públicas cada vez que se agota un mandato y se produce un relevo político. Se retira un equipo político y entra otro distinto. Esta dinámica representa la esencia de la legitimidad democrática de la Administración pública. Pero, aunque se trate de un fenómeno natural no deja de ser un proceso complejo y traumático. Los que se van suelen estar confundidos y dolidos por la pérdida del poder y los que entran entusiasmados y motivados para tomar el relevo y demostrar de manera pueril que ellos son mejores tanto en su proyecto como en sus capacidades. Es habitual que los cargos políticos, tanto salientes como entrantes sean noveles en estas lides de transición de un equipo político hacia otro. Por tanto, es normal que no sepan muy bien cómo hacerlo, pero lo más `censurable es que no suelen plantearse ni preocuparse por estos procesos de remplazo político: suele dominar la improvisación y el estado anímico de unos y otros y el resultado suele ser un desastre que sufren nuestras administraciones públicas como instituciones. No es un tema menor el tercer gran actor que participa de este proceso representado por los directivos y los empleados públicos cercanos a la dirección política de cada institución. No solo les toca observar de manera pasiva estos momentos de transición, sino que participan activamente en ellos y es usual que lo vivan con sufrimiento por los comportamientos poco elegantes tanto de los equipos políticos entrantes como salientes.

En España sufrimos de una mala cultura política en materia institucional: buena parte de nuestros políticos desconocen los complejos entresijos de la realidad administrativa y carecen de estímulos para intentar comprenderla. La falta de conocimiento en la materia les hace vulnerables y se comportan en la Administración guiados por el recelo, la desconfianza y la improvisación. Todas estas malas prácticas se agudizan en los momentos más críticos del proceso político e institucional que es cuando ingresan o emigran los equipos de gobierno.