¿Hay Derecho?. ¿Remunicipalizar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos? Depende…

"No estaría de más que los poderes públicos realizaran con cierta periodicidad un análisis de si ciertos servicios deben contar con una intervención pública o si las fuerzas del mercado pueden proveer suficientemente los mismos"

Blog ¿Hay Derecho?. Miguel A.M. de Pablos- Una de las propuestas del programa económico de las fuerzas políticas que han ganado en las pasadas elecciones municipales en Barcelona, Madrid y en otras ciudades es “remunicipalizar” los servicios públicos entregados a la gestión privada en los últimos años.

Barcelona en Comú, la agrupación que ha aupado a Ada Colau a la alcaldía de Barcelona, propone reconsiderar “la gestión privada del abastecimiento de agua, la privatización de aparcamientos municipales o la ampliación de la Ronda Litoral”. Ahora Madrid, por su parte, estaría considerando recuperar la gestión directa de la recogida de basuras y quizá otros servicios conexos como la limpieza viaria, el cuidado de parques y jardines, la reparación de aceras. El programa de Ahora Madrid dice en concreto que “se procederá a remunicipalizar por todos los cauces los servicios municipales privatizados, para que sean públicos y de gestión 100% pública”.
 

De hecho, según algunos medios de comunicación (aquí y aquí, por ejemplo) estaríamos ante una tendencia a nivel internacional hacia la recuperación de la gestión pública directa de esos servicios públicos. Se da la casualidad, sin embargo, de que, durante el mes de junio, el Banco Mundial está organizando un curso en Coursera sobre las fórmulas de colaboración público-privada (conocidas como PPP por las siglas de su denominación más común en inglés: public-private partnerships). Según el Banco Mundial, los PPP son una fórmula válida (entre otras) para atraer financiación y mejorar las prestación de servicios públicos. A este curso masivo se habrían apuntado más de 20.000 personas…

Lo correcto

El contraste entre la tendencia que se adivina en España y el interés que parece haber por ahí fuera me ha parecido muy notable. ¿Dónde está pues el punto de vista correcto? ¿Es bueno dejar que la empresa privada participe en la gestión de los servicios públicos? ¿O es mejor, por el contrario, que las Administraciones públicas recuperen la gestión directa de esos servicios? Pues la respuesta a estas preguntas es que… depende. Sí, siento la falta de conclusión, pero así es…

Pero, antes de nada, conviene hacer un par de precisiones. La primera es sobre el mismo concepto de servicio público: en ocasiones las Administraciones públicas (y la opinión pública en general) tienden bastante a la inercia a la hora de considerar qué es un servicio público. Servicios públicos suelen ser los que se prestaban tradicionalmente por uno cualquiera de los niveles de gobierno (con una tendencia expansiva por el crecimiento del Estado de Bienestar hacia nuevas áreas de acción). No estaría de más, sin embargo, que los poderes públicos realizaran con cierta periodicidad un análisis de si ciertos servicios deben contar con una intervención pública o si las fuerzas del mercado pueden proveer suficientemente los mismos. Pensemos por ejemplo en los polideportivos municipales: quizá convendría una reflexión sobre si debe existir una intervención directa de los ayuntamientos proveyendo de servicios de deporte a los vecinos o si, por el contrario, existe una oferta suficiente por parte de las empresas privadas en presencia. Este análisis debería permitir priorizar unas políticas públicas sobre otras, cosa especialmente importante en tiempos de escasez presupuestaria…
 

La segunda cuestión tiene que ver con lo que consideramos “gestión directa”. Lo cierto es que es difícil pensar en algún servicio público en el que no haya una intervención, siquiera sea ancilar y subsidiaria, de la empresa privada. Incluso la policía, las prisiones, los juzgados necesitan proveedores de materiales, empresas de mantenimiento, prestadores de servicios como limpieza, lavandería, etc. etc. Las Administraciones Públicas están, de hecho permanentemente contratando con empresas privadas para una multitud de servicios auxiliares, sin los cuales no podrían funcionar. Por tanto, más que hablar de “gestión 100% pública” el debate debe situarse en la elección de una serie de modos o herramientas de intervención pública a la hora de prestar los servicios públicos. Así, se podría hablar de un continuo que iría desde la gestión completamente pública hasta las fórmulas de colaboración público-privada, pasando por soluciones intermedias como contratos de servicios, prestación por empresas públicas, prestación por sociedades mixtas, concesiones, etc. etc.
 

Llegados a este punto, interesa destacar que la elección de la fórmula concreta de prestación de un determinado servicio público no es una cuestión apriorística. Permitir una mayor o menor participación de empresas privadas en la gestión de los servicios públicos puede ser buena en algunos casos y contraproducente y/o más cara en otros. La participación privada puede atraer financiación, puede aportar soluciones innovadoras, puede empezar a prestar servicios más rápidamente (en el caso de servicios de nueva prestación) y puede ofrecer sustanciales mejoras en la eficiencia a la hora de prestar los servicios públicos. Pero no necesariamente siempre es así en todos los sectores y en todas las circunstancias. En muchas ocasiones la participación privada se ha tornado ruinosa o no estaba justificada desde el principio (véase por ejemplo la discusión propuesta en esta Guía del Banco Mundial, pp. 31 y siguientes).
 

Se impone, pues, que los poderes públicos realicen una evaluación previa de las posibles opciones y si es conveniente la participación de las empresas privadas. En los últimos 25 años se han desarrollado metodologías para realizar ese análisis (Value for Money, análisis de coste-beneficio, Public Sector Comparator, etc.) y responder a la cuestión de si una determinada política pública debe ser llevada a cabo y, en su caso, si es mejor que la prestación del servicio público lo haga directamente la Administración o la otorgue a empresas privadas.
 

Es completamente comprensible que los nuevos gobiernos municipales de Madrid, Barcelona y otras ciudades quieran enmendar una política favorecedora de la gestión privada de los servicios públicos en el pasado que ha tenido seguramente más sombras que luces (véanse por ejemplo los análisis que ha hecho Nada Es Gratis sobre la gestión privada de la sanidad pública aquí, aquí, aquí y aquí, que han hecho hincapié en la falta de análisis, evaluación y transparencia). Pero sería un error (de hecho el mismo error, pero de distinto signo) tomar la decisión de optar siempre por la gestión pública directa: en algunos casos, esta decisión puede significar peores servicios y un coste mayor para el contribuyente.
 

Las nuevas autoridades municipales harían bien en cambiar el foco del debate desde las posiciones ideológicas (“lo público es siempre mejor” frente a “las empresas privadas son siempre más eficientes”) hacia los procedimientos y la evaluación de políticas públicas. En aquellos casos en los que la gestión privada no haya dado resultados satisfactorios, habrá que recuperar la gestión directa pública; en caso contrario, sería poco lógica la remunicipalización. En el caso de nuevos servicios o extensión de los existentes (por ejemplo, la extensión de la educación infantil de 0 a 3 años), la evaluación de opciones debería permitir tomar una decisión sobre si es mejor (más barato, eficiente y que permita esa extensión con más rapidez) que el servicio lo preste directamente la Administración o que permita la prestación por empresas privadas.
 

Este cambio de foco daría a las nuevas administraciones municipales una imagen de seriedad (demostrando que no se trata de “bárbaros extremistas bolivarianos colectivistas”, por mencionar algunos de los epítetos que han cosechado últimamente) y a las empresas privadas presentes en el mercado seguridad jurídica y predecibilidad.