Tras la Huelga General del 29-M, ... la Ley de Presupuestos

El gobierno adelanta a los representantes de UGT, CCOO y CSIF que se congelarán los sueldos de los empleados públicos durante 2012 pero con 37,5 horas semanales de trabajo

Tras el día de la Huelga General del 29-M, convocada contra la última reforma laboral, que afecta al personal laboral de todas las administraciones, los empleados públicos esperan ahora el contenido del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 al que dará luz verde el ejecutivo en su sesión del Consejo de Ministros del viernes 30 de marzo. Hasta ahora solo se sabe que los gastos previstos para el presente ejercicio serán muy restrictivos para poder cumplir los objetivos de déficit público, fijado definitivamente en el 5,3% del PIB, tras unos tiras y aflojas con Bruselas. Lo que está aún por conocer es si el Capítulo I de las distintas administraciones públicas -AGE, CCAA y AALL- se verá recortado para cuadrar las cuentas o simplemente se congelarán, tras los recortes de 2010 y 2011. Por lo que informan los sindicatos de la función pública de UGT, CCOO y CSIF, cuyos representantes se reunieron el miércoles 28 de marzo en la Mesa de la Función Pública con la directora general de la Función Pública, Carmen Sánchez, la representante del Gobierno solo les confirmó la congelación salarial y la elevación de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales para todos los empleados públicos, además de la reducción de la tasa de reposición de efectivos al 10%, incluidos, como novedad, los cuerpos de Policía Local y Bomberos.

Ya se conoce el articulado de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

-Una web del Ministerio de la Presidencia da acceso al texto del proyecto de ley: http://www.leydetransparencia.gob.es/
-La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios garantizará el cumplimiento de la futura ley
-Hasta el martes 10 de abril se podrán hacer sugerencias. El texto del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que fue presentado tras el Consejo de Ministros del pasado viernes 23 de marzo, ya está disponible para su consulta y periodo de información, tras el cual el gobierno lo revisará y lo presentará en público previsiblemente el próximo el 17 de abril en Brasilia, coincidiendo con la reunión del Open Government Partnership, una iniciativa internacional de gobierno abierto a la que España se ha adherido. Posteriormente se tramitará en el Congreso de los Diputados y Senado, trámite que durará al menos otros seis meses. La primera parte de la ley está referido a la transparencia y al derecho de acceso a la información pública -arts.1 a 22-, mientras que la segunda -arts 23 hasta el 28.- se pide y exige mayor responsabilidad a los cargos públicos, a la vez que detalla las infracciones al buen gobierno. La futura Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos vigilará el cumplimiento de la ley.
Según el gobierno, "Esta norma incorpora una innovación radical en nuestro ordenamiento jurídico y una importante contribución a la calidad de nuestra democracia, ya que supone un ambicioso refuerzo de los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los gestores públicos.
Por un lado, ampliamos y garantizamos el derecho de acceso a la información pública, sometiendo toda la información relativa a la actividad administrativa al escrutinio del ciudadano y haciendo de la transparencia una exigencia activa de publicidad y permeabilidad de la gestión pública. Por otro, imponemos una mayor responsabilidad a los gestores públicos, articulando, con rango legal, una serie de exigencias éticas generales y también de obligaciones de actuación concretas para todos los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
En coherencia con el propio sentido de apertura, transparencia y lealtad democrática que anima esta Ley, abrimos este trámite de consulta pública.
Queremos que los beneficiarios de esta Ley se sientan involucrados en su gestación y les ofrecemos, de esta forma, la posibilidad de que realicen las apreciaciones, sugerencias y críticas que consideren oportunas para mejorar el texto del Anteproyecto. Damos, en todo caso, la bienvenida a la aportación de los ciudadanos y animamos a todos a participar en este trámite, con la voluntad de que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno refleje fielmente el espíritu con el que nace, que no es otro que fortalecer la confianza de los españoles". Reacciones. Unas horas después de hacerse público el contenido de la ley, varios analistas ya han hecho sus valoraciones, coincidiendo en darle la bienvenida pero, a la vez, cuestionando su alcance. Es el caso de Info Access Europa, un organización civil muy activa en asuntos de transparencia, que considera que la ley es aún muy restrictiva. Por su parte el magistrado J.R. Chaves, del blog jurídico contencioso.es, augura una eventual judicialización de la norma.

Hay que recordar que fue el gobierno Foral de Navarra el primero de España en anunciar una Ley de Transparencia, actualmente en tramitación en su Parlamento.

Manuel Arenilla Sáez, nuevo director del INAP

Su blog colaborativo con Andrés Morey es uno de los más activos y rigurosos sobre Función Pública de nuestro país

Manuel Arenilla, natural de Valencia, es Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid (1987) y Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (2005). También es excedente del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y un activo blogger junto son su colega Andrés Morey.

Arenilla asume la dirección del INAP en un momento de recortes presupuestarios pero a la vez también en un entorno de grandes retos y profundos cambios en las distintas administraciones públicas. ¡¡ Enhorabuena y muchos éxitos ¡¡. Ver video

La ONG Acces Info Europe lanza una nueva web para comprobar la eficacia de la Ley de Transpariencia que anuncia el gobierno

tuderechoasaber.es pretende replicar el éxito de la web inglesa Whatdotheyknow.com (más de 100.000 solicitudes en cuatro años)

• La nueva web se podrá usar para pedir información a cualquier institución pública española, ya sea un ente nacional, autonómico o local.
• Una de cada dos solicitudes de información en España no obtiene respuesta alguna de los organismos públicos, lo que se conoce como “silencio administrativo”.

Madrid – 22 de marzo, 2012 – Hacer peticiones de información a las instituciones públicas de una manera sencilla, centralizada y gratuita ya no es una utopía. tuderechoasaber.es se encargará desde hoy de enviar las solicitudes de sus usuarios a la administración adecuada para cada gestión, avisar al solicitante cuando se produzca una respuesta y publicarla. Esta web, pionera en España, es un proyecto conjunto de la organización de derechos humanos Access Info Europe y de la Fundación Ciudadana Civio.
“En España nuestro derecho de acceso a la información pública es muy limitado. Deberíamos poder pedir información detallada sobre temas como los recortes en los servicios públicos o la financiación y endeudamiento de los partidos políticos”, afirma Victoria Anderica, coordinadora de campañas y proyectos en Access Info Europe.“Con tuderechoasaber.es solicitar esta información será tan sencillo como mandar un e-mail”.
España está a la cola en cuanto a transparencia: es el único de país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta aún con una ley de acceso a la información. Es decir, no se reconoce por ley el derecho a solicitar información de las instituciones públicas. Una de cada dos solicitudes de información realizadas (el 54%) no obtiene respuesta alguna de los organismos públicos (“silencio administrativo”), según ha constatado Access Info Europe en su último monitoreo a las instituciones públicas españolas. Sólo el 20% recibió la información solicitada. tuderechoasaber.es nace para ayudar a reducir las barreras entre la administración y la sociedad.

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Cristobal Montoro: "Los ayuntamientos no son oficinas de colocación"

Revista de Prensa. Europa Press. Sevilla 20.03.2012. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que los ayuntamientos y la administración pública "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles".
En el Punto de Encuentro Económico de la Fundación Antares Foro, Montoro ha impartido una conferencia bajo el título 'Las reformas que impulsan el cambio', y ha señalado que "los ayuntamientos no están para contratar gente sino para contratar gente que sirva a la ciudad y no al revés".
Asimismo, como funcionario de carrera, Montoro ha dicho no concebir "nunca" la función pública como "una seguridad en el empleo". "En la función pública se está al servicio de los demás y hay que quitarse esta mentalidad de que el que trabaja para un servicio público lo tiene todo hecho", ha subrayado.
"Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "eso es lo que hay que evitar de una vez por todas".

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Las medidas excepcionales también llegan a los empleados públicos de la Xunta de Galicia

Legislación. La Xunta de Galicia publicó el pasado 17 de marzo en el BOE la Ley 1/2012, de 29 de febrero, de medidas temporales en determinadas materias del empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia. La ley en su exposición de motivos indica que: "[...] tiene como objetivo poner a disposición de la Administración autonómica, así como de las entidades a las que sea de aplicación, una serie de instrumentos que permitan conseguir una mayor eficiencia en los recursos públicos y obtener una mayor productividad de los recursos humanos.

La grave situación presupuestaria y la necesidad de reducir el déficit público para conseguir una situación de equilibrio sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, y preservando el principio de solidaridad entre la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Galicia, hacen necesario adoptar una serie de medidas extraordinarias, urgentes y de carácter temporal en materia de contención de gastos en el capítulo I de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia. [...]".Sin entrar en mayores valoraciones, destacar que:
-Regula la jornada de 37,5 horas estándar (art. 5),
-Se ajustan los permisos de asuntos propios a la legislación básica estatal, con el consiguiente aumento de horas.

- Suspende o modifica determinados preceptos de los convenios colectivos laborales (complementos en caso de baja (art. 2) y acción social (art. 3)

- Establece un procedimiento de acceso a la prolongación del servicio activo para funcionarios (art. 4)

- Se elimina el complemento de ex-alto cargo.

-Se adecúan los órganos y directivos a la norma estatal recientemente promulgada.

-Se establecen medidas excepcionales a la provisión de puestos.

Seguramente en breve veremos otras comunidades autónomas que adoptarán medidas similares. Pero echo en falta otras medidas de ajuste que no sean tan lineales y que permitan a nuestras administraciones salir reforzadas de la crisis para seguir sirviendo a la sociedad de manera más eficaz y eficiente. El detalle de trabajar más horas no implica necesariamente más productividad, sobre todo si el producto/servicio obtenido no aumenta en mayor proporción que el aumento horas, salvo que se reparta entre menos personas.

La Generalitat convoca a los sindicatos para negociar los recortes a los interinos y la movilidad del resto de empleados públicos

Revista de Prensa. La Vanguardia. 19.03.2012. El gobierno catalán ha aceptado la petición de los sindicatos de dar más tiempo a la negociación del plan de empleo para los empleados públicos de la Generalitat y les ha convocado este próximo miércoles, día 21, a una reunión de la Mesa general de la Función Pública.

La reunión servirá para debatir las enmiendas que presenten los sindicatos al plan anunciado el pasado viernes y que provocó su rechazo frontal, tras denunciar que la Generalitat pretendía aplicar en la administración la reforma laboral del Gobierno del PP. Los sindicatos CCOO, IAC y UGT habían emplazado este mediodía por carta a la Generalitat a convocar el miércoles la Mesa de la Función Pública para trata de negociar un plan que temían que el Govern quisiera aprobar en la reunión del ejecutivo de mañana, martes. En la carta, remitida a la secretaria de Administración y Función Pública, Pilar Piferré , los tres sindicatos aseguran que "la complejidad" de la propuesta sobre racionalización y optimización del personal de administración de la Generalitat obliga a contar con datos de los que no disponen ahora para poder analizar la situación.
Fuentes del Departamento de Gobernación han señalado que la aprobación del plan por parte del Consell de Govern nunca estuvo prevista para mañana y que el documento se hará llegar ahora al consejo técnico, organismo por el que deben pasar las iniciativas gubernamentales antes de ponerlas en consideración del ejecutivo.

Reducción de jornada y salario para los interinos: El plan de empleo, previsto para el período 2012-2014, contempla la aplicación a partir del 1 de abril de la reducción en un 15 % de jornada y sueldo para 6.800 interinos y abre la puerta a traslados geográficos y funcionales para un máximo de unos 45.000 funcionarios y personal laboral.
En concreto, el plan de empleo habilita a los diferentes departamentos de la Generalitat a adoptar medidas de reorganización de tareas y funciones, modificación de jornada y horarios y cambios de adscripción de puestos de trabajo para el personal funcionario y personal laboral. La Generalitat, como principio general, buscará voluntarios y priorizará la proximidad geográfica en la movilidad respecto de la localidad donde prestan servicios, aunque también prevé comisiones de servicio "forzosas", en circunstancias "urgentes y coyunturales", según reza el documento entregado a los sindicatos. El plan excluye de su aplicación al personal docente no universitario y al estatutario del Institut Català de la Salut (ICS).