Malversa el funcionario que se cobra con ingenio lo que cree justo

"España es tierra de pícaros lo sabíamos, pero bien estaría saber que el Estatuto Básico del Empleado Público sienta algunos principios de contenido ético que lamentablemente no se enseñan en la Universidad ni en las oposiciones: integridad, ejemplaridad y honradez"

Por JR CHAVES, delaJusticia.com blog.- No son extrañas las quejas de algunos funcionarios de que trabajan más de lo que cobran, de que hacen horas extraordinarias sin retribución, o incluso algunos maliciosamente bajan su rendimiento en pueril represalia.

 Lo que resulta realmente infrecuente es que un funcionario, en el caso que veremos, se trataría de un funcionario de habilitación nacional que considera que el Ayuntamiento no le paga de forma justa por su dedicación, el cual se aprueba a sí mismo los pagos que cree justos y merecidos por su labor.

Tan expeditivo proceder de cobro ha merecido la condena penal por delito de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial lo que ha sido confirmado por la reciente sentencia de la sala penal del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2023 (rec.404/2021) , en tono didáctico y claro.

Veamos.

Primero, la sentencia fija lo que es notorio: "Ninguna duda cabe -es innecesario buscar apoyo como hace el recurso en textos legales o dogmáticos- del derecho de cualquier funcionario a percibir los emolumentos justos establecidos por su prestación de servicios. Tampoco es tema controvertido el régimen financiero de los entes locales"

Pero precisa que no autoriza a cobrárselo por decisión propia: "Pero desde esas indubitadas premisas no puede aterrizarse, por mucho empeño que se ponga en ello, como pone el recurrente, en la legitimidad de los desvíos de fondos para cobrar, fuera de cualquier cauce legal y sin previa consignación presupuestaria, lo que voluntariosamente y, probablemente, con argumentos materiales extrajurídicos atendibles, se considera merecido por horas extraordinarias o trabajos por encima de lo exigible, en estimación realizada por el propio interesado, incluso aunque fuese razonable y creyese contar con una tácita anuencia"

Deja claro el ánimo de enriquecimiento propio del delito de malversación: "En su comportamiento está presente un ánimo de enriquecimiento. Es obvio: no está facultado para por sí y ante sí, al margen de todo acuerdo regular, decidir que se le deben determinadas cuantías como gratificaciones por renuncia a vacaciones, horas extraordinarias u otros servicios"

En cuanto a la malversación el recurrente cuestionaba el ánimo de lucro. Se trataría de pagos debidos por trabajos prestados cuya retribución legítima no quedaría cubierta con la norma establecida. La Sala responde: "La tesis no convence. El recurrente, por sus funciones y formación, ha de conocer perfectamente que no cabe esa autoasignación de gratificaciones por justas que puedan parecerle. Sin una aprobación a través de los procedimientos legales y por los órganos competentes, las cantidades no son debidas y se invade el art. 432 CP. El comportamiento podrá merecer un juicio más indulgente en la medida en que hay un propósito de compensar sobre-esfuerzos laborales que el jurado ha considerado acreditados. Pero eso ni anula el ánimo de enriquecimiento, ni neutraliza el delito de malversación, especialmente grave, como enfatizó el representante del Ministerio Fiscal en la vista, por venir perpetrado por quien por sus funciones está específicamente llamado a controlar y supervisar el manejo de fondos públicos; es agravante de su correcta asignación"

Tampoco basta que el alcalde mire para otro lado pues: "Una vaga y genérica, y no plasmada luego en actuaciones concretas regulares, anuencia del alcalde-presidente, tampoco legitima la actuación"

Se aclara que tal conducta produce perjuicio pues: "El perjuicio causado es evidente: si no se debían esas cantidades, al hacerlas suyas el recurrente empobreció a la Corporación. Quien presta un favor a otra persona, sin pacto previo para una ulterior retribución, no queda por ello legitimado para sustraerle el dinero que suponga una, a su parecer, justa compensación. Hay que insistir: legalmente no había nacido un derecho del acusado a esos abonos que no eran debidos en tanto no habían sido aprobados".

En fin, que España es tierra de pícaros lo sabíamos, pero bien estaría saber que el Estatuto Básico del Empleado Público sienta algunos principios de contenido ético que lamentablemente no se enseñan en la Universidad ni en las oposiciones: integridad, ejemplaridad y honradez.

NOTA.- Ya está abierto el plazo de inscripción gratuita al XX  CURSO SOBRE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, en Santander, los días 11 y 12 de mayo de 2023, en que tendré el gusto de participar según el Programa con participación de espléndidos ponentes

¿Es posible la aclaración o subsanación de las ofertas técnicas o económicas?

"Es viable formular aclaración de la oferta ya presentada solo en los casos en que pueda advertirse un error en la misma que afecte a aspectos puramente formales o a errores de carácter material o aritmético..."

Por M. P. Batet. - La parte contratante blog.-  La legislación contractual permite la corrección de defectos subsanables a la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y a la declaración responsable, tal y como se regula en los arts. 95 y 141.2 y 326.2.a) LCSP, sin embargo, no establece ningún precepto similar respecto de la oferta económica ni de la oferta técnica. 

Nos encontramos ante una cuestión eminentemente casuística, que exige examinar las concretas circunstancias de cada caso: de qué tipo de error se trata, qué indican los pliegos, y qué efectos que produciría sobre la oferta la subsanación o modificación de la misma. 

Lo que es evidente es que debe rechazarse una subsanación que comporte una modificación de la oferta técnica o económica, que sería extemporánea y contraria a los principios de igualdad, inalterabilidad de las ofertas y transparencia. Tal y como ha indicado la jurisprudencia europea, es el licitador quien debe soportar las consecuencias del incumplimiento de su deber de diligencia en la redacción de la oferta.

Sin embargo, la posibilidad de solicitar aclaraciones de las ofertas, sin modificar las mismas, encontraría amparo en el principio de buena administración (RTARC Castilla y León, 43/2014, con base en la STJUE de 10 de diciembre de 2009, asunto T-195/08). También avalaría la subsanación de la oferta, el principio de concurrencia, que aboga por favorecer la admisión de licitadores al procedimiento proscribiendo que puedan ser excluidas proposiciones por la presencia de errores fácilmente subsanables (STS, de 21 de septiembre de 2004).

El principio de igualdad de trato de los operadores económicos tampoco sería un obstáculo para que la entidad adjudicadora requiriese a un licitador con la finalidad de que aclare una oferta o subsane un error material inviable del que adolezca la misma, siempre que dicho requerimiento se envíe a todos los licitadores que se encuentren en la misma situación, de que todos los licitadores sean tratados del mismo modo y con lealtad y de que esa aclaración o subsanación no equivalga a la presentación de una nueva oferta (STJUE de 11 de mayo de 2017, asunto C-131/16)).

El límite de la aclaración estaría, por tanto, en que no puede suponer una modificación de los términos de la oferta, bien por variar su sentido inicial, bien por incorporar otros inicialmente no previstos (RTACRC 362/2016 y 1097/2015). Lo decisivo es que la aclaración no propicie el otorgamiento de un trato de favor a un interesado en detrimento de los demás licitadores, en el sentido de que diera lugar a que aquél, después de conocer el contenido de las otras ofertas, pudiera alterar la proposición inicialmente formulada.

El TACRC, en Resolución nº 256/2018, entiende adecuada la exclusión de la empresa que oferta un descuento del 10,00%, mientras que el precio de la oferta de un producto supone un descuento del 10,20%, siendo que el porcentaje de descuento debía ser el mismo para todos ellos. La recurrente se pregunta qué sentido tiene hacer una oferta distinta en uno de los conceptos que no le otorga más puntos e indica que el órgano de contratación hubiera tenido que modificar, reduciéndolo, el precio ofertado para hacerlo coincidir con el porcentaje de descuento ofertado.

En este supuesto, entiende el tribunal que “Lo único cierto en este caso es que la oferta no se ajusta el pliego, pero no hay una evidencia de que la intención de la recurrente era realizar una oferta distinta. Un error fácilmente subsanable hubiera sido que el porcentaje expresado fuera incorrecto, pero que la cantidad reflejada supusiera un descuento igual porcentualmente al resto. Pero esto no es así, de forma que el órgano de contratación hubiera tenido que modificar, reduciéndolo, el precio ofertado para hacerlo coincidir con el porcentaje de descuento ofertado, o bien, dar traslado a la ahora recurrente, para que modificase su oferta. Todo ello, sin tener constancia de que ha existido un error.” 

En el mismo sentido, por ejemplo, ver la RTACRC 601/2022.

Indica la doctrina, que es viable formular aclaración de la oferta ya presentada solo en los casos en que pueda advertirse un error en la misma que afecte a aspectos puramente formales o a errores de carácter material o aritmético, sin abrir la posibilidad de una modificación sustancial de la proposición (RTACRC 447/2022, en la que se cita la R. 821/2018). 

Sería improcedente excluir la oferta económica cuando basta efectuar una simple operación aritmética para salvar el error de cuenta que afectaba a la oferta de esta empresa, al no haber multiplicado los precios unitarios ofertados por el número de anualidades del contrato (RTARC Castilla y León 43/2014 y 44/2014).

Por el contrario, cuando un candidato formule una oferta imprecisa o no ajustada a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, permitir que el poder adjudicador le pida aclaraciones al respecto entrañaría el riesgo, si finalmente se aceptara la oferta del citado candidato, de que se considerase que el poder adjudicador había negociado confidencialmente con él su oferta, en perjuicio de los demás candidatos y en violación del principio de igualdad de trato” (STJUE de 29 de marzo de 2012, asunto C-599/10).

A pesar de la amplia doctrina y jurisprudencia, en muchos casos que se nos presentan a diario, no es fácil elegir la opción correcta, y pueden venir con dificultades añadidas, como cuando el error lo ha cometido el único licitador en el procedimiento.

Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, las regiones que más han aumentado su deuda

Solo hay una comunidad en España -Navarra- que ha disminuido el porcentaje de deuda con respecto a su PIB en comparación con hace diez años

Revista de prensa. El Banco de España. | Carlos Luján (Europa Press).- Andalucía, Murcia y Valencia son las tres comunidades autónomas que más han incrementado su porcentaje de deuda con respecto al PIB desde el año 2013, hace diez años, mientras que Navarra se sitúa como la única región que la ha reducido, según los últimos datos publicados por el Banco de España y recogidos por Europa Press.

Andalucía es la comunidad autónoma cuya deuda con respecto al PIB más ha aumentado en diez años, ya que, si en 2013 su endeudamiento era del 18%, el último trimestre de 2022 fue del 21,4%, un incremento de 18,4 puntos. En euros, Andalucía tenía en 2013 una deuda de 21.441 millones, mientras que en 2022 era de 37.870 millones.

En segundo puesto se encuentra la Región de Murcia, que ha visto incrementada su deuda desde 2013 en un 14,7%. Hace diez años debía el que por entonces era el 20,9% de su PIB (5.543 millones de euros), mientras que en el último trimestre del año pasado la cifra de endeudamiento era del 32,2% (11.395 millones de euros).

La Comunidad Valenciana, en tercer lugar, ha incrementado su deuda en diez años en 12,8 puntos. Si en 2013 debía 32.459 millones de euros (el 34,4% con respecto a su PIB de entonces), a finales de 2022 la región tenía un endeudamiento de 55.032 millones (44,4%).

Detrás de estas tres comunidades está Extremadura, la cuarta región con más incremento de deuda (8,9 puntos), colocándose en 2022 con un 21,4% del total de su PIB. En quinto lugar, está Aragón (7,1 puntos de aumento), con un 21,5% de endeudamiento a finales del año pasado; mientras que Cataluña se sitúa en sexta posición (6,3 puntos más de deuda), con un porcentaje de aumento del 33,4% de adeudo en el último trimestre.

 Castilla-La Mancha y Castilla y León han incrementado su deuda en desde 2013 en un 5,8%; Cantabria, en un 5,5%; Asturias, en un 3,9%; La Rioja, en un 3,3%; Baleares, en un 3%; Madrid, en un 2,8%; País Vasco, en un 2,1%; Canarias, en un 1,9% y Galicia ,en un 1,8%.

Navarra es la excepción

De todas las comunidades autónomas, Navarra es la única que ha disminuido el porcentaje de deuda con respecto a su PIB en comparación con hace diez años.

Si en 2013 el porcentaje de su endeudamiento era del 18,2 puntos de su PIB de entonces, en el último trimestre de 2022 la cifra fue de 14,1 puntos, una reducción del 2,4%. En euros, Navarra debía en 2013 3.136 millones, mientras que a finales de año debía 3.158 millones.

El Índice Smart Cities España de 2023 analiza la accesibilidad de las ciudades

Barcelona es la ciudad más inteligente, seguida de Madrid y, Valencia. Santa Cruz de Tenerife, Lleida, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria y Ciudad Real son las ciudades españolas más accesibles, según el Índice Smart Cities España (ISCE) de 2023.

Por smartcity.es.- El Índice Smart Cities España de 2023 ha analizado indicadores como la disponibilidad de datos sobre accesibilidad, en el que Madrid ocupa la primera posición.

La segunda edición del Índice Smart Cities España, que tiene el objetivo de promover el desarrollo, avance y consolidación de las ciudades inteligentes del futuro, incluye un total de 138 indicadores y 8 apartados relacionados con la accesibilidad. Abarca 50 capitales de provincia, las 2 ciudades autónomas y, por primera vez, Alcobendas, Cerdanyola del Vallès, Ibiza, Granollers, Mollet del Vallès y Santa Coloma de Gramenet.

Según datos de Fundación ONCE, cerca de un 15% de la población está compuesto por personas con discapacidad, sin contar con las personas mayores. En este sentido, el ISCE apunta que uno de los aspectos más relevantes para considerar que las ciudades son inteligentes es que permitan que toda la ciudadanía, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, pueda acceder y utilizar los servicios públicos, los canales de participación y las infraestructuras urbanas. No obstante, según los datos arrojados, la mayoría de los territorios estudiados se encuentran lejos de obtener un resultado óptimo en esta materia.

Rendimiento promedio de las ciudades del 48,32%

Como resultado global del Índice Smart Cities España de 2023, la urbe que cuenta con un mayor grado de cumplimiento para alcanzar el estatus de ciudad inteligente es Barcelona (79%), seguida de Madrid (74,1%), Valencia (67,6%), San Sebastián (66,6%), Bilbao (66%), Málaga (65,4%), Valladolid (63,4%), Alcobendas (62,7%), A Coruña (62,7%) y Vitoria (61,5%). Sin embargo, presentan margen de mejora en accesibilidad e inclusión.

En materia de accesibilidad, el documento ha analizado ocho indicadores. Es el caso de la inclusión digital de la población mayor (cuántas personas de 65 años o más disponen de ordenador o tablet o se han conectado a Internet en los últimos tres meses). Burgos, Lleida y Melilla lideran este apartado.

Otro indicador se refiere a los recursos de comunicación y recursos digitales universitarios accesibles, en el que Cádiz, Zamora y Las Palmas de Gran Canaria encabezan el listado. En cuanto a la accesibilidad en la estrategia local de smart city, destacan Albacete, Alicante y Almería. En el apartado de disponibilidad de datos sobre accesibilidad, Madrid, Lleida y Barcelona ocupan las primeras posiciones.

El ISCE también ha analizado la existencia de recursos para la atención a la ciudadanía con discapacidad: intérprete en lengua de signos en los plenos del ayuntamiento, servicio Atendo/Acerca dentro de las estaciones de tren o servicio Dialoga de ayuda a personas con discapacidad auditiva en la comunicación e información, entre otros.

Los indicadores con un mayor rendimiento medio en las ciudades analizadas son disponibilidad del servicio Atendo/Acerca (83,3%), inclusión digital de la población mayor (65,5%), accesibilidad en la estrategia de smart city (65%), recursos digitales universitarios accesibles (57,9%) y recursos de comunicación universitarios accesibles (54,5%).

Por el contrario, los indicadores con mayor margen de mejora son la disponibilidad del servicio Dialoga (35,3%), la presencia de lengua de signos en plenos del ayuntamiento (19%) y la disponibilidad de datos sobre accesibilidad (15,5%). El rendimiento promedio de las 58 ciudades evaluadas en esos indicadores de accesibilidad es del 48,32%.

Publicado en: Ciudades Inteligentes

El proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración Pública

 La participación en los procesos de evaluación del desempeño será obligatoria para todo el personal que se encuentre en situación de servicio activo

Por Andrea Roselló -esPúblico blog.-  El Gobierno ha aprobado en Consejo de ministros extraordinario el proyecto de Ley de Función Pública y en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 24 de marzo de 2023 se publicó dicho proyecto.

Esta Ley se aplica a la Administración del Estado y tiene por objeto el desarrollo legislativo recogido en el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el anteproyecto de Ley se preveía en la disposición adicional cuarta que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, se procedería a adoptar los procedimientos de selección del personal en la Administración Local. Esta disposición se ha suprimido y ahora en la Disposición final cuarta prevé que la Ley será aplicable con carácter supletorio al personal funcionario al servicio de la Administración Local en los términos previstos en el artículo 92.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, de acuerdo con las peculiaridades del régimen local y la potestad de autoorganización, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.

Las principales novedades que presenta el proyecto son:

-El grupo B

Se añade el grupo B y para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del título de técnico de grado superior de formación profesional.

-La evaluación del desempeño

Cabe destacar que en cuanto a la evaluación del desempeño la Ley será objeto de desarrollo reglamentario, esto ha sido muy criticado por los técnicos del Ministerio de Hacienda, ya que, al remitirse al desarrollo de posteriores reglamentos para concretar aspectos esenciales de la ley, difumina y desluce su contenido.

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual anualmente se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o el logro de resultados de los empleados, con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos.

La participación en los procesos de evaluación del desempeño será obligatoria para todo el personal que se encuentre en situación de servicio activo o asimilada.

La conducta profesional se valorará conforme al código de conducta establecido en el capítulo VI del Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y se presumirá positiva salvo valoración negativa expresa y motivada.

Desaparece del proyecto de Ley (antes se contemplado en el anteproyecto de Ley):

la valoración negativa de la conducta profesional implicaba una valoración global negativa y llevaba aparejada, en su caso, la incoación de las correspondientes actuaciones en materia de régimen disciplinario.

Los resultados negativos de la evaluación del desempeño daban lugar a la no valoración del mérito de la experiencia durante los procesos de selección y provisión y a la remoción del puesto obtenido por concurso.

El/la funcionario/a removido seria adscrito provisionalmente a un puesto de la estructura orgánica, acorde con el progreso de su carrera profesional consolidado y en la misma localidad en el que se encuentra el puesto del que fue removido.

-Carrera horizontal

La carrera horizontal consiste en el reconocimiento del desarrollo profesional del personal funcionario de carrera mediante su progresión a través del ascenso en un sistema de tramos, definidos como las etapas sucesivas del reconocimiento de desarrollo profesional que son resultado de una evaluación objetiva y reglada sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

La carrera profesional tendrá carácter voluntario y se ordenará conforme a las siguientes reglas:

En cada grupo o subgrupo de personal funcionario existirán 4 tramos

A quienes accedan por el sistema de promoción interna se les reconocerá la experiencia profesional en el grupo o subgrupo de origen.

Los ascensos de tramo se producirán de forma consecutiva y exigirán, para poder acceder al tramo superior, un período mínimo de cinco años de servicios efectivos en el caso del primer tramo y de seis años en los siguientes.

-Retribuciones

Las retribuciones complementarias son de carácter fijo y periódico.

En las retribuciones complementarias de carácter fijo aparece el complemento de carrera que será el mismo para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que tenga reconocido el mismo tramo. De tal manera que las retribuciones complementarias de carácter fijo son: el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de carrera.

Las retribuciones complementarias de carácter variable son:

-El complemento del desempeño: retribuye el rendimiento o el logro de resultados de las empleadas o empleados de acuerdo con lo dispuesto en el Titulo V de la Ley (evaluación del desempeño).

-El complemento por servicios extraordinarios (antes conocido por gratificación por servicios extraordinarios): retribuye los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria o la actividad extraordinaria desarrollada en el puesto de trabajo que dé lugar a una prolongación previamente autorizada del horario obligatorio.

-Entrada en vigor

En cuanto a la entrada en vigor se prevé la entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de unas determinadas materias que entrarán en vigor cuando se hayan desarrollado reglamentariamente, entre ellas la evaluación del desempeño.

Pistoletazo de salida en el BOE para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo

Coincidiendo con las elecciones municipales, 12 comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla, celebran comicios para sus asambleas el 28M. La campaña irá del 12 al 26 de mayo. Los electores que residen en el extranjero podrán votar  en las oficinas consulares entre el 17 y el 25 de mayo o por correo

Por EVA BELMONTE Civio.-   El BOE recoge el 4 de abril la convocatoria electoral para las municipales del 28 de mayo. El mismo decreto incluye además las elecciones a consejeros de los cabildos insulares canarios y las de Ceuta y Melilla. La campaña electoral arranca la medianoche del jueves 11 al viernes 12 y finaliza a las doce de la noche del 26 de mayo.

En paralelo, las comunidades autónomas que celebran elecciones ese mismo 28 de mayo también han publicado sus convocatorias de elecciones. Además de, en la mayoría de casos, elecciones a entidades menores como pedanías. Son Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Illes Balears, Madrid

Comunidad autónoma	Diputados  diputadas a elegir	Notas
Aragón	67	18 por Huesca, 14 por Teruel y 35 por Zaragoza
Asturias	45	34 en la circunscripción central, 6 en la occidental y 5 en la oriental
Illes Balears	59	33 por Mallorca, 13 por Menorca, 12 por Ibiza y 1 por Formentera
Canarias	70	9 generales más 3 por El Hierro, 8 por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, 4 por La Gomera, 8 por Lanzarote, 8 por La Palma y 15 por Tenerife
Cantabria	35
Castilla-La Mancha	33	7 por Albacete y por Ciudad Real, 5 por Cuenca y Guadalajara y 9 por Toledo
Extremadura	65	36 por Badajoz y 29 por Cáceres
La Rioja	33
Madrid	135
Murcia	45
Navarra	50
Comunitat Valenciana	99	35 por Alicante, 24 por Castellón y 40 por Valencia

Además, el BOE también publica el proceso de votación para los electores que residen en el extranjero, que podrán hacerlo en las oficinas consulares entre el 17 y el 25 de mayo o por correo. Lo hace después de que la ley electoral se modificara el año pasado para eliminar el voto rogado.

El 17 de junio se procederá a la constitución de las corporaciones locales, incluida la elección de alcalde. Si el proceso electoral  estuviese recurrido se pospondrá hasta el 7 de julio.

Aprender en la era de la distracción

Ahora que se acaba el primer trimestre del año, hago repaso y veo que en estos 3 meses he participado en tres entrevistas, las tres recuperables en la plataforma YouTube.

Por Jesús Martínez blog. Aprendizaje  y trabajo colaborativo blog. - óLa primera de ellas, para Abra Laboratorio de Aprendizaje, fue una reflexión/comentario sobre dos importantes libros que están marcando la evolución de lo que entendemos por conocimiento y aprendizaje. Confronté las obras de Daniel Innerarity, La Sociedad del Desconocimiento y el de Marina Garcés, Nueva Ilustración Radical.  Son 27 minutos que, si no tenéis demasiado tiempo, os pone al día de los otros dos videos.

El segundo vídeo es una entrevista que mantuve con Virginio Gallardo de Humannova.  Durante más de una hora – y de forma bastante entusiasta- estuve detallando lo que entiendo por aprendizaje colaborativo y las diferentes experiencias que se han promovido en los últimos años.

Finalmente, con Javier Martínez Aldanondo, en su espacio Cadabra, hace escasas semanas, hablamos de lo que para mí está siendo ahora una prioridad: cuidar la atención para (re)aprender de forma más eficiente.  

Para la agenda de los próximos meses, y partiendo de las tesis de Daniel Innerarity en la Sociedad del Desconocimiento, he estado explorando algo que, a mi juicio, está pasando bastante desapercibido.  La invasión, por parte de inputs informacionales masivos, en esta segunda década de siglo, de un bien tan escaso como es la atención. Y si consideramos la atención como la puerta al aprendizaje, ya tenemos el conflicto bien definido. Y no solo afecta a la (previsible) esfera individual, sino también a la organizacional y, por extensión, a la social.

Y debatir sobre ello es relevante por cuánto su (posible) mejora parte de premisas individuales (autodisciplina y nuevos hábitos) pero no se agota aquí. Se ha definido la figura del optimismo cruel cuando ante problemas muy complejos y extendidos se ofrecen soluciones simples.  La atención ahora ya ha de ser considerada (Gerard Bronner ,  Johann Hari, etc) un asunto político. En el ámbito organizativo, ante la avalancha de conectividad que trajo la pandemia, una mínima cautela indica que debemos evaluar nuestras organizaciones y examinarlas bajo la premisa de la evitación de la mente de colmena hiperactiva que definió en sus obras Cal  Newport.

La mente de colmena hiperactiva indica una forma de trabajar basada en la conversación continua, alimentada por mensajes no estructurados ni programados, enviados por canales digitales como el correo electrónico y la mensajería instantánea.

Afortunadamente, se están promoviendo líneas de acción que pueden ser prometedoras. Próximamente tendremos la oportunidad de desarrollarlas.

 En el Congreso EDO (17, 18 y 19 de mayo) en dos espacios:

-El simposio Gestión del Desconocimiento junto a Joaquin Gairin, Ismael Peña-López (Escola d’Administració Pública de Catalunya), Marcelo Lasaña (Protea Becoming Adaptive), Ricard Ruiz de Querol (freelancer) y María Cano Bonilla (Videocation)

-La conversación temática Aplicaciones Prácticas en la Gestión del Desconocimiento, en la que tendremos intervenciones  de Daniel Innerarity (Universidad del País Vasco), Jordi López-Camps, Javier  Martínez Aldanondo ( y dos personas más aún por  confirmar)

También, en los próximos meses, en el ciclo Aprender en la era de la Distracción, para Abra Laboratorio de aprendizaje.

Para acabar, os recuerdo las cuatro grandes conferencias del Congreso:

Conferencia 1: Cuando hacemos cosas juntos: Otra inteligencia colectiva es posible. Amalio Rey

Conferencia 2: Condiciones Facilitadoras para el Aprendizaje Organizacional y la Gestión del Conocimiento. Delio Ignacio Castañeda Zapata

Conferencia 3: Practices and tools to improve teams performance [Prácticas y herramientas para mejorar el rendimiento de los equipos]. Ana Neves

Conferencia 4: “Moonshot thinking” para transformar la disrupción en oportunidad. Ivan Bofarull