"En cuanto al entorno tecnológico, las administraciones públicas se encuentran inmersas en un proceso de trasformación digital en el que los órganos de control interno debemos, necesariamente, ser parte activa"
Por Antonio Arias Rodríguez. Fiscalización.es blog.- Durante los dos días de intensas discusiones y presentaciones del CCIL23, se han compartido valiosos conocimientos y experiencias que sin duda enriquecerán nuestras prácticas y estrategias en este ámbito fundamental. Además, se han identificado tendencias emergentes y áreas de enfoque clave para el fortalecimiento de los procesos de control interno en las entidades locales. Presentamos a continuación un resumen de las principales conclusiones que fueron leídas por Nuria Josa (Diputación de Girona), Inmaculada Grajal (Diputación de Palencia), Jaime Porquet (Diputación de Huesca) y Mercedes Vega (IGAE).
En primer lugar, la eficacia del control interno local y de cómo las medidas incorporadas en el Real Decreto de Control Interno local han venido, por un lado, a impulsar esta eficacia, y por otro, a una definición del objeto del control que incluya todo el perímetro de la entidad local, introduciendo la necesidad de la planificación y el análisis de riesgo:
«Concluimos que las medidas incorporadas están bien orientadas a los fines perseguidos, sin perjuicio de que aún queda mucho camino por recorrer, no sólo en su aplicación sino, a la vista de la experiencia acumulada o los resultados del control externo, en su ajuste o reformulación para adaptarlos a la realidad actual de la gestión local, con una especial mención de los ponentes en este punto a las limitaciones derivadas de la escasez de recursos humanos que está atravesando la administración».
Se habló también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tema central en las administraciones españolas en los últimos tres años, ya que incorpora una gran cantidad de recursos que deben ayudar al impulso y adaptación de nuestra economía a los nuevos retos y una forma novedosa de gestión por hitos y objetivos que impactan de forma directa en nuestros sistemas de gestión financiera y control. Indudablemente, una gestión que se ocupe del impacto de la actuación pública ofrece indudables ventajas, pero lo que no está tan claro es que hayan de abandonarse los sistemas tradicionales de seguimiento y control, con lo que el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos su control deberá añadirse a los sistemas tradicionales, al menos por el momento.
Finalmente, se debatió de cómo, en un entorno de avances tecnológicos vertiginosos en la gestión de datos y la aparición de herramientas como la inteligencia artificial, las administraciones no pueden quedarse al margen y, en consecuencia, tampoco el control interno, sin perjuicio de que no resulten herramientas fácilmente incorporables en nuestro día a día. En este punto los ponentes destacaron también la importancia que adquiere en este contexto la disponibilidad de datos de calidad, que permitan los cruces y análisis necesarios, algo que no siempre ocurre por lo que es importante trabajar en la mejora de estos aspectos
Sobre estos dos últimos temas, analizados en la mesa redonda inicial, se incidió posteriormente en sendos paneles. Así, hubo ocasión de debatir la aprobación de planes antifraude, que se ha convertido en un elemento fundamental en el cambio cultural de los últimos años en la lucha contra el fraude en el uso de fondos públicos, cambio al que no son ajenas las entidades locales en su condición de gestoras de fondos comunitarios y a la normativa que al respecto se aplica en esa gestión, en particular en la del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que trae consigo no solo la elaboración de una serie de requerimientos mínimos, si no también asegurar que existen controles fiables y eficientes de los planes antifraude incluyendo una evaluación de las medidas desplegadas para su prevención, detección y corrección, en particular en dos áreas de especial interés en la actualidad como son el riesgo de conflicto de intereses y la doble financiación
En cuanto al entorno tecnológico, las administraciones públicas se encuentran inmersas en un proceso de trasformación digital en el que los órganos de control interno debemos, necesariamente, ser parte activa. El futuro de nuestra actividad dependerá en gran parte de la estrategia que se defina ahora, por ello, el control interno debe implicarse en las soluciones y definición de nuevos procesos. La trasformación, para ser llevada a cabo con éxito, ha de venir asentada en tres pilares: tecnológico, procedimental y cambio cultural organizativo. La automatización debe permitir, en un futuro próximo, el diseño de un control en función de una monitorización continua de los riesgos y no de normas predeterminadas
El proceso de evolución constante del sector local, traslada al órgano interventor la necesidad de adaptarse permanentemente a un entorno cada vez más exigente y que dista mucho del que, sin demasiados cambios, ha imperado durante casi un siglo, y todavía hoy, sigue caracterizando a buena parte de la profesión.
En este entorno de máxima exigencia, el uso de las TIC ha pasado de ser un elemento auxiliar en la tarea del interventor, a convertirse en un factor determinante en la implantación exitosa de un modelo de control eficaz, se impone por tanto una evolución del papel de los interventores en la que sin abandonar la componente esencial, jurídica y económica, avance en el dominio de habilidades que aporten valor añadido a la organización, a la profesión y refuercen el ejercicio de las funciones tradicionales. Deben ir acompañadas de otros aspectos, como cambios en los procesos selectivos, que permitan seleccionar candidatos con las nuevas habilidades requeridas, o formación específica en otras materias y campos de conocimiento, y el desarrollo de perfiles más de “auditores públicos profesionales” que permitan perfeccionar los controles financieros dejando que sea la tecnología la que desarrolle el control previo.
En este ámbito, durante el Congreso se ha discutido sobre la calidad de las auditorías de cuentas y cómo gestionarla. Desde 2020 se ha venido implantando como una obligación indubitada la función de auditor de cuentas de los órganos de intervención de las entidades locales en un contexto caracterizado por la dispersión y falta de homogeneidad de las características del sector público institucional local. Este proceso de aprendizaje no ha sido fácil y ha requerido de la adaptación de los perfiles de interventor local mediante programas de formación sobre las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas al sector público español.
La búsqueda de la calidad de los trabajos de auditoría es irrenunciable y debe ser el objetivo de las organizaciones, sean públicas o privadas, por profesionalidad y reputación, si bien, esa búsqueda de la calidad se puede realizar por diversos caminos; desde la mejora de los procesos de supervisión en caso de que se contraten los trabajos de colaboración en las auditorías hasta la implantación de sistemas más sofisticados con departamentos de calidad siguiendo de forma estricta las normas internacionales. El factor clave es la escalabilidad que es dónde debemos trabajar a partir de ahora.
Cuando en los trabajos de auditoría se contrate la colaboración de firmas privadas es muy importante trabajar adecuadamente tanto el Pliego Técnico como la memoria justificativa, para establecer unos requisitos mínimos de calidad técnica y de equipos de auditoría, así como los requisitos técnicos de ejecución del contrato. Esto, y disponer de aplicaciones informáticas que nos ayuden a desarrollar y controlar el procedimiento de auditoria en todas sus fases, nos va a ayudar a tener un mayor control en la supervisión de los trabajos de auditoría y una mayor calidad de los equipos y de los informes.
Como en los congresos anteriores, parte del contenido del programa se ha dedicado específicamente al control interno en los pequeños municipios, abordando cuestiones tales como la superposición de funciones de secretaría e intervención, que pone en riesgo la actuación objetiva e independencia que se requiere del órgano controlador, riesgo que cabe mitigar a través de la colaboración de los servicios de asistencia a municipios o la creación de agrupaciones de municipios, pero que también requiere de medidas internas de los propios secretarios interventores, que sobre todo en el inicio del desempeño de su función deben analizar cuáles son y cómo realizar las funciones de control interno encomendadas.
Sin olvidar la necesidad de realizar un análisis crítico de la adecuación de la normativa de control a este tipo de entidades, valorando la oportunidad de abordar cambios normativos que contemplen en la norma la realidad del pequeño municipio.
Si existe o no un cambio de cultura del control en las entidades locales, sean grandes o pequeñas, puede ser discutible, pero hay aspectos que apuntan hacia cambios de fondo:
Por un lado, se está avanzando en la sistematización del control posterior, lo cual ayudará a una mayor homogeneidad en los trabajos y a una mayor comparabilidad entre entidades; asistimos también a un desarrollo de la sistemática antifraude, que nos recuerda que el control interno no es responsabilidad exclusiva de la Intervención, el desarrollo del control posterior abre la posibilidad a una evaluación de las políticas públicas facilitando formas de participación y opinión ciudadana; y por último, se está extendiendo en el ejercicio del control la aplicación de técnicas de análisis de datos que se generan en la gestión para obtener de ellos información para el mejor ejercicio de sus funciones de control. Todo ello sin olvidar, para una consolidación del modelo, las tendencias internacionales que apuntan a la implementación de sistemas de control integral.
Este contexto fortalecerá, y ser interventor o interventora se verá como una auténtica profesión de futuro, apasionante y tecnológicamente avanzada, ofreciendo un evidente atractivo en la competencia para captar nuevo talento.
Un nuevo reto para el control interno serán las nuevas reglas fiscales, que tras haber estado suspendidas durante los ejercicios 2020 a 2023 debido a las diversas situaciones de emergencia, se reactivarán, reformadas, en 2024. Aunque la reforma sigue en discusión en el seno de la Unión, cabe esperar que el texto quede definitivamente cerrado en una de las reuniones del Consejo Europeo de Asuntos Económicos y Financieros pendientes de celebrar en este ejercicio 2023, bajo la presidencia española.
Por el momento contamos con los datos comunicados por el Gobierno de España a la Comisión Europea en el marco del Programa de Estabilidad 2023-2026 (se prevé un superávit del 0,2% para el conjunto del subsector local en 2024), que se verán revisados con ocasión de la presentación, antes del próximo 15 de octubre, del borrador de Plan presupuestario anual. Por su parte, la Comisión Europea recomienda a las administraciones españolas que el crecimiento neto del gasto primario en 2024 no sea superior al 2,6%. Es deseable que este horizonte quede algo más despejado en las próximas semanas, de cara a la elaboración por los ayuntamientos de los presupuestos 2024 y la liquidación de los del ejercicio 2023.
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