"La publicación de información relativa a seguimiento y evaluación sigue presentando un grado de cumplimiento muy bajo: sólo se publica esta información para el 28,3% de los planes susceptibles de publicarla"
Por MABLANESCLIMENT.- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Informe de Evaluación del cumplimiento, por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG), efectuado entre el 24/01/2023 al 16/02/2023 (pinchar aquí), ha destacado los siguientes 25 puntos a mejorar:
–Respecto de la localización y estructuración de la información (3)
1.- No se estructura conforme al patrón definido por la LTAIBG la información de relevancia jurídica.
Las cinco letras del artículo 7 de la LTAIBG no tiene reflejo en sendos accesos, lo que facilitaría la localización y accesibilidad a la información.
2.- Salvo excepciones puntuales, todas las informaciones reconducen a la búsqueda por ministerios, lo que no facilita obtener información agregada. La cuestión se complica cuando se obtiene un elevado volumen de registros.
3.- La inclusión de información de entidades del sector público institucional –entre ellas, entidades vinculadas-, no contempladas en la delimitación de la Administración General del Estado que realiza la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ámbito ya de por sí muy amplio al que se debería limitar este Portal.
Siguen sin existir criterios homogéneos a los que responda la información que se proporciona de estas entidades del sector público institucional estatal, que pueden aparecer en algunos apartados de información y no en otros, con una extensión variable e incluso, con dudas sobre su actualización.
Esta circunstancia entorpece la búsqueda de información, pudiendo inducir a confusión y a la creencia de que no hay más información de estas entidades que la que ofrece el Portal.
Junto a ello, también se ha localizado para algunas informaciones, registros que corresponden a la Casa Real, Fiscalía General del Estado o Juzgados y Tribunales, por ejemplo, que claramente, no forman parte de la Administración General del Estado.
– Respecto de la publicación de contenidos (14)
Información Institucional, Organizativa y de Planificación (3)
4.- El Registro de Actividades de Tratamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea sigue sin publicar, para cada actividad de tratamiento, los contenidos que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos. No se ajusta, por lo tanto, a los requerimientos de la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5.- La publicación de los organigramas de la Administración General del Estado en el Exterior se efectúa mediante un enlace a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, pero la información que se publica en la página que abre este enlace no contiene los organigramas sino información de carácter general.
Se recomienda publicar información sobre los organigramas de las Embajadas, Oficinas Consulares y representaciones permanentes ante organizaciones internacionales. La página que abre el enlace existente en el Portal no contiene esta información.
6.- Aunque la información relativa a planes y programas ha mejorado sustancialmente, todavía un 26% de los planes publicados no está vigente, más de la cuarta parte de los que sí lo están, corresponden a organismos vinculados o dependientes, los contenidos del 6,8% no se relacionan con el contenido material de esta obligación, el 56,3 % no publica todos los ítems informativos que la LTAIBG establece para esta obligación y un 12,8% sigue presentando problemas de accesibilidad a la información porque los enlaces están rotos.
La publicación de información relativa a seguimiento y evaluación sigue presentando un grado de cumplimiento muy bajo: sólo se publica esta información para el 28,3% de los planes susceptibles de publicarla.
No se publica información sobre los indicadores de medida y valoración del cumplimiento de los objetivos que contemplan, para el 36,5% de los planes evaluables.
Se recomienda, continuar con el proceso de depuración de la información relativa al grupo de planificación. Resulta muy llamativo la escasa presencia de informes de valoración del cumplimiento de planes y programas, lo que podría deberse a una infra-notificación por parte de los Ministerios.
Información de Relevancia Jurídica (4)
7.- Siguen subsistiendo la mayoría de los déficits que han venido señalándose en las evaluaciones realizadas en 2021 y 2022. El elemento Directrices e Instrucciones sigue requiriendo una revisión en profundidad, descartando toda aquella información, que actualmente supone más de tres cuartas partes de la información publicada, que no se ajusta al contenido material de esta obligación. También es importante señalar, que el 84% de las informaciones que cumplen los criterios de contenido, vigencia y accesibilidad, corresponden al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
8.- No se ha localizado información relativa a los anteproyectos de Decretos Legislativos. La falta de resultados no equivale necesariamente a la inexistencia de información y en el caso de que se diese esta circunstancia, debería informarse expresamente.
9.- Sigue sin crearse un acceso específico para los Proyectos de Reglamentos, lo que obliga a buscar esta información entre la que se publica en el apartado normas en tramitación.
10.- Aunque se ha creado un acceso específico para los Anteproyectos de Ley, éste se ubica en el apartado Más Transparencia, lo que puede inducir a considerar que se trata de información voluntaria y no obligatoria.
Información Económica, Presupuestaria y Estadística (6)
11.- Continúan observándose gran parte de los déficits evidenciados en 2021 y 2022. Sigue sin incluirse, en la ficha resumen de contratos, los campos desistimientos o renuncias y modificaciones de contratos adjudicados.
En el primer caso, para evitar que los ciudadanos interesados en esta información se vean obligados a efectuar una búsqueda en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En el segundo, esta información no es obtenible directamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ya que no se contempla entre los criterios búsqueda que utiliza el buscador de licitaciones.
La única forma de acceder a esta información es entrando en cada una de las licitaciones, lo que, evidentemente, constituye una considerable barrera al conocimiento de esta información muy relevante desde el punto de vista de la rendición de cuentas.
Dado que el volumen de modificaciones es presumiblemente muy bajo, esta información podría ser suministrada por los propios Ministerios.
12.- No se ha resuelto la falta de publicación del presupuesto en la información sobre las encomiendas de gestión y no se publica información de las subcontrataciones derivadas de éstas.
La información sobre subcontrataciones sólo es obtenible si se proporciona expresamente ya que, aunque el documento que contiene la encomienda, prevea esta posibilidad, no puede proveer la información que exige la LTAIBG: procedimiento de adjudicación, adjudicatario y cuantía.
13.- Todavía es necesario profundizar en la revisión de la información sobre cumplimiento y calidad de los servicios, que sigue incluyendo contenidos no relacionados, información no vigente y enlaces rotos.
14.- Desde el punto de vista de la transparencia y rendición de cuentas, no parece asumible que, en las fichas resumen de las Cartas de Servicios de diversos Ministerios, se informe sobre la fecha en que se ha efectuado una evaluación de cumplimiento de sus compromisos, pero no se proporcione acceso al informe de evaluación.
15.- Debería valorarse la implantación en el Portal de la posibilidad de búsqueda por Ministerio para la información sobre compatibilidades, que actualmente solo se puede filtrar por organismo.
16.- En cuanto a la información estadística necesaria para el cumplimiento y calidad de los servicios que se prestan, debe continuar la revisión de este apartado. Un elemento fundamental, es la comprensión del contenido material de esta obligación que, como lleva indicándose desde 2021 por el CTBG, debe estar referido al cumplimiento (en el sentido de rendimiento) de los servicios públicos y administrativos y prestaciones que gestiona cada Ministerio. Por ejemplo, tiempos de espera para acceder al servicio/prestación, tiempos de tramitación, volumen de actividad generada, etc.
Y por otra parte, respecto de la calidad con que se prestan, la información a publicar sería la relativa al cumplimiento de los compromisos contemplados en las cartas de servicios, los resultados de los estudios de análisis de demanda y satisfacción de usuarios, quejas y sugerencias recibidas, autoevaluaciones conforme a modelos de excelencia, informes relativos a las certificaciones de calidad obtenidas, etc. Es decir, resultados individualizados, para cada Ministerio y cada Programa, de los programas que integran el Marco General de Calidad de la AGE, información de la que disponen los distintos Ministerios.
Información Patrimonial (1)
17.- Sigue constatándose en 2023 que no se publica información de los ministerios de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Igualdad y Universidades.
Respecto de la calidad de la información publicada
18.- Se mantiene un importante volumen de registros que carecen de vigencia.
Según el Boletín Estadístico del Portal de Transparencia, correspondiente al mes de enero de 2023, actualmente, el Portal contiene 681.458 registros. Solamente el volumen de registros relativos a contratos anteriores a 2022 (487.708, con registros publicados desde 2014) y de registros relativos a retribuciones de altos cargos y máximos responsables, también anteriores a 2022 (5.950, con registros publicados desde 2013), suponen el 72,4% de los registros publicados.
Debería abordarse una depuración de la información publicada, eliminando registros que carecen de vigencia y que, además, entorpecen el acceso a la información.
Un mayor número de registros no equivale a un mayor nivel de transparencia, si la calidad de la información publicada y su relevancia para la rendición de cuentas.
19.- Se ha localizado información obsoleta sin efectuar un examen en profundidad de esta circunstancia –lo que, por ejemplo, hubiese supuesto en el caso de los convenios, abrir uno a uno los 8.242 registros publicados– simplemente por la denominación del enlace a la información, referido a un año o periodo de tiempo ya superado.
20.- Se ha detectado un escaso volumen de contenidos publicados para determinadas obligaciones.
Por ejemplo, y como se ha señalado en los correspondientes apartados de este informe, sólo se han localizado 94 planes o programas que cumplan los criterios de contenido, vigencia y accesibilidad, 17 informes de seguimiento de planes o programas o 102 informes relativos al cumplimiento de los servicios.
No parece lógico pensar que este número de registros refleje la realidad de las actividades de planificación y seguimiento de las actividades que se realizan en el conjunto de la Administración General del Estado.
21.- Se ha observado que, para algunas obligaciones, la fecha de la información más reciente publicada, está ampliamente superada.
Por ejemplo, la información más reciente, relativa a directrices e instrucciones publicada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 corresponde a 2013, en el caso del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a 2014, en el de Sanidad a 2015. Ambas cuestiones parecen apuntar a un problema de infra-notificación de contenidos por parte de los Ministerios al Portal.
22.- Todavía sigue localizándose, incluso para información correspondiente a 2023, información publicada en el apartado de un Ministerio que corresponde a otro, por ejemplo, contratos de las Confederaciones Hidrográficas dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Antes de su publicación, debería comprobarse si la información que se asigna a un determinado Ministerio corresponde realmente con su ámbito competencial.
23.-Respecto de la accesibilidad a la información, es preciso seguir haciendo referencia a dos cuestiones: el uso de fuentes centralizadas para la publicación de algunas informaciones y la existencia de enlaces rotos.
Debería valorarse el recurso a fuentes centralizadas para la publicación de diversas informaciones del bloque Información Económica, Presupuestaria y Estadística. El CTBG ha señalado las dificultades de manejo que estas fuentes tienen para los ciudadanos, porque no incluyen todos los datos establecidos por la LTAIBG relativos a las distintas informaciones obligatorias y porque, como ocurre con la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones), existen limitaciones en cuanto a la posibilidad de descarga de la información.
24.- Sigue observándose que, para algunas obligaciones, no se publica información de un Ministerio sin que se explique la razón de esta falta de publicación.
25.- Es necesario que, en el caso de que no hubiera información que publicar respecto de una determinada obligación, se señale expresamente esta circunstancia.
La Administración General del Estado debe seguir esforzándose en mejorar el Portal de Transparencia, en cumplimiento del Informe de Evaluación del año 2023 efectuado por el CTBG.
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