Las comunidades autónomas debatirán en el Senado con gobierno y oposición sobre la reforma local

La cita, forzada por senadores de la oposición,  está fijada para el próximo día 26 de noviembre

 

Revista de prensa. EP.12.11.2013.- El Gobierno, las comunidades autónomas y los partidos políticos tendrán oportunidad de debatir en el Senado el próximo día 26 el proyecto de reforma local presentado por el Gobierno y que se encuentra aún en tramitación en las Cortes Generales, con el rechazo de una amplia mayoría de la oposición.

 

Fachada del Senado

El debate tendrá lugar en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que se reunirá por segunda vez en esta legislatura para analizar el impacto autonómico del denominado proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según ha informado el presidente de la Comisión, Juan José Imbroda.

 

 Se da la circunstancia de que el Gobierno andaluz ha acordado este mismo martes solicitar la convocatoria urgente de este órgano del Senado para abordar la repercusión de este  proyecto de Ley que, a su juicio, "vulnera la autonomía de los municipios y el marco competencial vigente desde hace más de treinta años".

 

Convocatoria forzada 

La primera reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas  tuvo lugar a finales del pasado mes de octubre para estudiar también el impacto autonómico de otra ley del Gobierno, en ese caso de la reforma educativa, la conocida como Lomce. En ambos casos ha sido la oposición en bloque la que ha forzado su convocatoria.

 

 Para ello, los grupos han recurrido al Reglamento del Senado, que obliga a convocar la Comisión General si lo piden 25 senadores con el objeto de analizar la incidencia autonómica de las leyes, lo que han logrado uniendo sus votos los representantes de PSOE, CiU, Entesa pel Progrés de Catalunya, PNV y Grupo Mixto.

 

 Todos ellos acusan al PP, con mayoría absoluta en el Senado, de no haber reunido una sola vez esta comisión en dos años de legislatura y de paralizar las comparecencias pendientes de miembros del Gobierno, incluida la del presidente Mariano Rajoy. Para estos casos, sin embargo, el Reglamento no permite forzar una sesión de trabajo.

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