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domingo, 9 de diciembre de 2018

El ERE de la derrota del PSOE andaluz: 2.700 cargos a dedo y miles en la 'Administración paralela'

El ERE previsto en los PLD (puestos de libre designación) y los 25.000 empleos de la Junta de Andalucía bis siembran las alarmas entre los empleados de la función pública sureña

Otra noticia relacionada. El Mundo. El ocaso de 36 años del PSOE en la Junta. 3000 cargos a ´dedo´ en vilo.

Revista de prensa. El Confidencial.- A las ocho de la mañana, nada más cruzar la puerta de la consejería y fichar en la entrada del edificio, el funcionario de la Junta, con más de 20 años de carrera en la función pública andaluza, ya sabía que le esperaba un día atípico. Los compañeros se preguntaban: “¿Y ahora qué pasará?”. El ambiente era gélido, aunque fuera luciera el sol y no hiciera ni frío ni viento. “Me crucé con gente asustada. Ahora todo el mundo quiere borrar su pasado socialista y sus amistades con políticos del PSOE”, cuenta a El Confidencial.

El testimonio de este empleado público refleja gran parte del miedo entre los profesionales de la función pública andaluza ante un hipotético Gobierno en la Junta del PP con Ciudadanos, que conllevará un ERE en el que al menos 2.700 irán fuera… Sin contar con los 25.000 empleados de la llamada ‘Administración paralela’, que cuesta 5.000 millones de euros, y está formada por fundaciones, institutos, consorcios, agencias públicas… La Junta emplea a 243.000 personas.

El BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) ya empieza a echar humo. La Consejería de Salud apenas ha tardado un día en nombrar tres directivos, un puesto de libre designación y una coordinadora en un Gobierno en funciones que, previsiblemente, no conformaría una mayoría tras 36 años ininterrumpidos en el poder.

“Díaz sigue en la tentación de utilizar la Administración como si fuera su cortijo, y eso se ha acabado. Estando en funciones usa el BOJA para colocar 'in extremis' a decenas de cargos de libre designación en el SAS”, denunció Juanma Moreno en su intervención ayer en el comité ejecutivo autonómico del PP andaluz. En el PP prometen estar muy atentos ante la previsible oleada de nombramientos en el BOJA antes de que se consume el nuevo Gobierno.

El 'personal virtual', como se conoce en el argot del funcionariado andaluz, son personas sin un puesto de trabajo físico, que no tienen tareas específicas

En la Junta de Andalucía existen alrededor de 2.200 PLD (puestos de libre designación) que se verán afectados y “habrá que buscarles acomodo”, según cuenta un alto funcionario de la Junta, si hay cambio político. Estos PLD son en su mayoría cargos nombrados a dedo, con perfil político, la manera que ha tenido la Junta de colocar a funcionarios con carné socialista.

Personal virtual
También al menos otras 500 personas dejarían de trabajar como cargos de confianza de las consejerías (se trata de secretarios generales y particulares, personal de gabinete, prensa…). Hay otra figura que es el 'personal virtual', como se conoce en el argot del funcionariado andaluz. Son personas sin un puesto de trabajo físico, que no tienen tareas específicas ni horario asignado. Se trata de plantilla de absoluta confianza del PSOE.

Es el caso, por ejemplo, de un exgerente en un edificio público de Andalucía que cuenta con nivel 30 (el máximo en la Junta, equivalente a viceconsejero o director general) y que cuenta ahora con un puesto eventual con un salario de unos 3.000 euros. No se sabe de dónde sale su sueldo. Fuentes del funcionariado creen que se suprime asignación presupuestaria del personal de cada delegación para pagar a estos ‘virtuales’.

¿Cómo se podrían eliminar esos puestos que están a las órdenes de los delegados de la Junta (uno por cada consejería)? No sería nada extraño que se atrincherara este personal virtual hasta que no se produjera una sentencia de un tribunal de lo contencioso. “Esto es como cuando ganas una batalla: entras en el castillo, pero antes hay que limpiarlo de minas. Se necesita contar con gente que sepa muy bien el terreno y conozca persona a persona quién está trabajando en cada mesa”, explica un funcionario a este diario.

La politización en la Administración autonómica es de tal calibre que a partir de jefe de servicio la mayoría de los funcionarios situados en este nivel y superiores son, como mínimo, próximos al PSOE. Si gobierna el PP se va a encontrar al “enemigo emboscado y con la pistola preparada, humeante… La consigna será hacerles la vida imposible a los nuevos jefes que entren, que no te quepa la menor duda de que así será”.

Concurso de traslados 
A mitad de diciembre está previsto que se convoque un concurso de traslado al que aspiran 20.000 funcionarios en toda Andalucía. Es un concurso muy esperado por los empleados públicos andaluces. Entre los funcionarios cunde el pánico en estos momentos ante la posible suspensión de este concurso que les permitiría trabajar más cerca de su domicilio y subir de nivel. Se trataría de una promoción horizontal que esperan también como tabla de salvación los PLD que irán fuera con el cambio de Gobierno. Sin esta promoción, por ejemplo, un funcionario de Almería podría ser trasladado a Huelva.

"Cirugía de bisturí"
Fuentes próximas al PP no quieren convertirse en “los malos de la película” y cambiarán los puestos con “cirugía de bisturí”. “No se quiere dar la imagen de revancha o de guerracivilismo. Hay personal PLD muy necesario. Conviene ser cautos y esto no es nada de ‘ahora, a por el botín”, subrayan estas fuentes conocedoras de la sed de poder de los cuadros de los populares andaluces. “La Administración paralela cuenta con personal con derechos laborales consolidados. No vamos a despedir a funcionarios, que se sepa, no todos son enchufados”, insisten estas fuentes del partido.

Un problema mucho más grave surge en la Administración paralela. El 20 de marzo de 2017 se publicaron en el BOJA los presupuestos de explotación y de capital de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria, fundaciones y consorcios del sector público andaluz. Están conformadas por agencias administrativas a las que se les atribuye la ejecución de programas específicos de la actividad de una consejería, la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas.

Las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades prestacionales

Antes del análisis de sus números, convendría explicar su naturaleza jurídica. A las agencias de régimen especial se les asignan funciones que implican ejercicio de autoridad y requieren especialidades en su régimen jurídico, mientras que las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

Las sociedades mercantiles con participación mayoritaria (50%) ejecutan actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, actuando bajo el principio de la libre competencia y en ningún caso podrán ejercer potestades administrativas. Es el Consejo de Gobierno quien las crea.

Las fundaciones del sector público andaluz constituyen organizaciones sin ánimo de lucro para la realización de fines de interés general y donde más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia son nombrados por la Junta de Andalucía, a través de cualquiera de sus instituciones, entidades, órganos, organismos autónomos o empresas.

Consorcios
Mientras, los consorcios son constituciones de administraciones públicas y otras entidades públicas o privadas, organizaciones personificadas de gestión para la consecución de finalidades de interés común, en que la designación de más de la mitad de los miembros de sus órganos de dirección corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía o a cualquiera de las entidades del sector público andaluz.

La clasificación de cada ente como perteneciente o no al sector público andaluz tiene diferentes interpretaciones, según se consideren por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Cámara de Cuentas o la propia Junta de Andalucía.

En un informe al que ha tenido acceso este diario se toma como referencia el 'Inventario de entes de la Comunidad Autónoma de Andalucía' con su situación a 1 de febrero de 2017, publicado en la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ya que los otros órganos se alimentan de la información facilitada por la propia Junta de Andalucía.

Atendiendo a ese inventario, el sector público andaluz está formado por:
Descripción
Número
Agencias administrativas
12
Agencias de régimen especial
3
Agencias públicas empresariales
19 (*)
Sociedades mercantiles con participación mayoritaria
26(**)
Fundaciones y consorcios
36
Sociedades mercantiles con participación minoritaria
112
TOTAL
208
(*) Incluye el Instituto Andaluz de Finanzas que, aunque aparece en la estructura de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, aún no está creado.
(**) Tres de ellas se encuentran en liquidación, Promonevada SA, Apartahotel Trevenque SA y Sierra Nevada Club Agencia de Viajes SA.

En este estudio se especifica que las fórmulas de financiación de las diferentes entidades, según se indica en la Ley de Presupuestos, “se sustentan en las transferencias de financiación (explotación o corrientes, y de capital), transferencias de asignación nominativa que únicamente se financiarán con fondos europeos o transferencias finalistas, subvenciones regladas y nominativas, encomiendas de gestión, ejecución de contratos y los ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio”.

Sin control
El control de este circuito económico es difícil de cuantificar, sobre todo la parte que afecta a sociedades mercantiles con participación minoritaria, pero también es cierto que el mayor peso económico recae en el resto de figuras. El presupuesto de gastos de las agencias administrativas y agencias de régimen especial se financia en gran medida con transferencias de la consejería de adscripción de cada una de ellas.

Para el conjunto de las agencias, estas transferencias representan en torno al 90% y el 100% de los ingresos totales liquidados. A pesar de lo alto de estos porcentajes, la información que se exige para la presentación de las cuentas anuales de cada una de las entidades presentan muchas deficiencias denunciadas por la propia Cámara de Cuentas (ejemplos: falta de información en las memorias, errores de imputación, no se han equilibrado las cuentas de pérdidas y ganancias con las transferencias…).

Este estudio detalla así el personal y gasto de personal:
PLANTILLA MEDIA
GASTOS DE PERSONAL
Entidades públicas empresariales
19.557
798,97 (M€)
Fundaciones públicas
3.379
104,63 (M€)
Consorcios
96
3,76 (M€)
TOTAL
23.052
907,36 (M€)

La plantilla media de 23.000 personas es una cifra aproximada; la mayoría de fuentes consultadas por El Confidencial elevan la cifra a 25.000. ¿Son a dedo estas 25.000 personas? No se sabe al cien por cien. Ciudadanos ha solicitado una auditoría para saber exactamente cuántos son, qué puesto tienen y la categoría. La Junta nunca ha dado los datos precisos. Ni siquiera la Cámara de Cuentas ha podido saberlo, ya que esta analiza datos que aporta la Junta: no investiga.

En la entrevista a este diario concedida por Juan Marín, candidato del partido naranja a la Junta de Andalucía, manifestó su compromiso de “no echar a ningún empleado público por tener carné del PSOE”, pero sí exigiría responsabilidad. “Esto va de que tengamos a los mejores profesionales al servicio de los andaluces y no al amiguete del partido o al exalcalde de turno o a mi familiar al frente de la gestión. En la Junta hay magníficos profesionales, pero no podemos permitir que siga haciéndose lo que ha pasado hasta ahora. Hay 2.330 cargos públicos designados a dedo en Andalucía. Eso acabaría al día siguiente”.

"¿Les vamos a dejar sin comer?"
Los entes instrumentales no se encuentran en una situación especialmente boyante. Su endeudamiento con las entidades de crédito ascendía en 2015 a 1.249,44 millones de euros (un 3,7% del total) y si se considera la deuda total (incluida deuda comercial, deuda con administraciones públicas y deuda con empresas del grupo) asciende a 4.772,04 millones de euros.

Y es que, como relata un funcionario de la Junta, un alto cargo de la Administración pública le dijo que no podría suprimir la Administración paralela. “¿Cómo vamos a echar a esa gente? ¿Les vamos a dejar sin comer?”. “Ellos”, explica este empleado público, “lo miran todo desde el punto de vista de los votos”. Cuestión de favores. Y de clientelismo opaco.

viernes, 13 de julio de 2018

Politikon: La desmesurada sustitución de altos cargos tras el cambio de gobierno

"Son mayoría los países que no reemplazan ni a senior ni a middle managers (Austria, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda), lo que implica que sólo sustituyen a los ministros y, como mucho, a sus gabinetes"

Por Fernando Gutiérrez. Blog Politikon.- El BOE lleva un mes escupiendo nombramientos. Tras la moción de censura el relevamiento de altos cargos en la Administración General del Estado (AGE), Organismos Autónomos y empresas públicas ha sido casi total: secretarios y subsecretarios de Estado, directores y subdirectores generales, gabinetes y un largo etcétera. El quítate tú para ponerme yo tampoco ha cambiado en esta ocasión.

Este proceder es tóxico, porque lesiona los incentivos de los funcionarios y la continuidad de la Administración y genera tratos de favor o premios de lealtad a personas de la cuerda que no siempre cuentan con la formación o experiencia adecuadas. Esto no es nuevo, pero es un problema grave y debe cambiar: una administración íntegra, competente, eficaz y comprometida con el interés público requiere estabilidad e independencia de la influencia política, dos aspectos que el actual sistema compromete.

El relevamiento de personal de mayor escalafón es desmesurado en España en comparación con los países de nuestro entorno. Según la OCDE, los gabineteros y los senior managers en nuestro país son sustituidos casi en el 100% de los casos (secretarios y subsecretarios de Estado, directores y subdirectores generales). Mientras, en el siguiente nivel –middle managers– se sustituye hasta en un 50% de los casos (funcionarios de los grupos A1, que tras estar en “comisión de servicios” regresan a su puesto original). Sólo permanecen los del siguiente grupo (asimilables a funcionarios del grupo A2). Aunque estos datos se circunscriben al ámbito de la AGE, nada induce a pensar que la situación en la administración autonómica sea diferente.

Caso insólito en la zona euro
Entre nuestros vecinos en la zona euro, la situación no sólo es distinta, sino diametralmente opuesta, dando lugar a un grado de reemplazo infinitamente menor. En primer lugar, hay países en donde ni siquiera cambia el gabinete del ministro (Alemania, Luxemburgo, Holanda). En segundo lugar, son mayoría los países que no reemplazan ni a senior ni a middle managers (Austria, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda), lo que implica que sólo sustituyen a los ministros y, como mucho, a sus gabinetes. Y en tercer lugar, incluso los países en que sí hay cambios de senior y middle managers (Italia, Grecia) lo hacen en menor proporción que España. La anomalía es pues inmensa.

Esta lesiva dinámica tiene un componente inercial: repetir lo que ya hicieron los anteriores (lo mismo que hemos visto, desgraciadamente, en RTVE). El eslogan soterrado y revanchista de los cambios de gobierno se reduce, sencillamente, al “ahora venimos nosotros”.

Lo irónico es que esta anomalía no procede sólo de una costumbre arraigada, sino de la propia Ley. El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece en su artículo 12.1 que “es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial…” y que, según dice el 12.3, “El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento”.

Como en tantos otros ámbitos, la ley respalda e informa el funcionamiento de la Administración. Cambiar la ley puede ayudar de manera decisiva a acabar con las anomalías y prácticas centenarias de la Administración.

Pero para cambiar la ley tiene que haber voluntad. Y aquí sucede como con RTVE: en la oposición reclamas cambios institucionales pero en el gobierno eres continuista en beneficio propio. Esto mismo ha sucedido con el relevamiento de altos cargos: una década después de la entrada en vigor, el EBEP aún no ha sido desarrollado. Las leyes de la Función Pública de la AGE y el Real Decreto del Personal Directivo que podría desarrollar los artículos citados (restringiendo o modulando el relevamiento) siguen en el cajón.

Con todo, este no es el único problema de la gestión pública de RR.HH., sino que existen otros:

Primero, no se realizan encuestas entre los trabajadores públicos. En Europa son habituales y regulares tanto a nivel ministerial como centralizadas, sobre aspectos como motivación, adecuación de habilidades al puesto, integridad o conciliación.

Segundo, la Administración no exprime la información para una planificación integral y estratégica de la plantilla. Hay informes regulares y públicos de la Secretaría de Estado de la Función Pública (SEFP) que se utilizan, en teoría, para los programas de formación, la planificación de contrataciones o la negociación salarial. Pero se circunscriben a características “externas” (administración en la que se trabaja, ámbito geográfico, género, nivel o tipo de contratación) pero no “internas” (formación, experiencia, movilidad, satisfacción), por lo que no se utilizan (ni son aptos) para la evaluación de desempeño o productividad de los trabajadores públicos.

Pruebas de  rendimiento
Y tercero, a diferencia de la zona euro, España realiza escasas pruebas de rendimiento a la plantilla. Carece de un sistema obligatorio y estandarizado, por lo que no toma decisiones de RR.HH. en base a decisiones sobre la productividad. Pero en paralelo, España utiliza con mayor frecuencia los incentivos salariales, con alzas permanentes o bonus esporádicos. Por tanto, estamos en el peor de los mundos: los ministerios pueden incentivar y premiar a discreción, en un proceso poco transparente, que no se basa en el establecimiento de objetivos o incentivos claros ni tampoco en pruebas de rendimiento.

En definitiva, el relevamiento de altos cargos que traen consigo los cambios de gobierno es excesivo, lesivo e injustificado. Los gobiernos entrantes tienen incentivos a mantener este sistema, pero unos pocos retoques legales bastarían para empezar a cambiar tan arraigada costumbre. Con todo, existen otros muchos problemas en la gestión pública de RR.HH. La conclusión general de todo ello es la misma de siempre: la reforma de la Administración sigue siendo una asignatura pendiente en este país.