“La intención es devolver lo que resta de la paga lo antes posible, y podría ser en enero o en febrero”. Real Decreto-ley 10/2015, 12/09/2015, recuperación 26,23% de la paga extra del 2012. Ver BOE 12.9.2015. Ver Informe de Cosital sobre el RDL 10/2015
Revista de prensa. Diario Cinco Días.- Después de más de cinco años de recortes y sucesivas congelaciones salariales, la próxima cuesta de enero será más llevadera para los empleados públicos dependientes de la Administración central del Estado y de aquellas otras administraciones que decidan sumarse a la iniciativa del Ministerio de Hacienda.
Y es que el departamento que dirige Cristóbal Montoro comunicó hoy a los sindicatos de la función pública que su intención es devolver el 50% restante de la extra suprimida en 2012 a partir del próximo mes de enero, tal y como se había comprometido hasta ahora.
Sin embargo, fuentes del sindicato CSI-F aseguraron que el mensaje trasladado por los técnicos de Hacienda, con quienes mantuvieron una reunión de trabajo ordinaria, fue mucho más concreto. “Manifestaron que el abono se realizará ese mismo mes y podría consistir en un único pago, lo que supondrá unos 750 euros de media”, explicaron desde la central que preside Miguel Borra.
“La intención es devolver lo que resta de la paga lo antes posible, y podría ser en enero o en febrero”, suavizaron desde Hacienda horas después de que saltara la noticia. Además, las mismas fuentes explicaron que el pago se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, junto a la subida salarial prevista del 1% para este colectivo.
Con este tercer desembolso, el Gobierno habría saldado la deuda pendiente con los empleados públicos, a quienes ya devolvió un 25% de dicha paga en enero de este año. A esa devolución se sumará en los próximos días otro 26,23%, –que equivale a 48 días de trabajo– que el Gobierno reintegrará una vez apruebe el real decreto correspondiente en el Consejo de Ministros de hoy.
Por su parte, fuentes de UGT precisaron, en línea con lo comunicado por Hacienda, que el Gobierno mantiene su “intención” de que el pago se efectúe en el mes de enero, pero recalcaron que “no está decidido”, ya que entre otras cosas no se sabe quién gobernará España para entonces.
El real decreto que tiene previsto ratificar mañana el Gobierno, tal y como anunció la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, incluirá también la recuperación del día de libre disposición moscoso que faltaba por reintegrar de los tres que se suprimieron en 2012, hasta completar el total de seis con los que todos los empleados públicos contaban al inicio de la crisis.
Asimismo, restituirá la regulación de los días de asuntos particulares en virtud de la antigüedad, los denominados canosos. De esta forma, los trabajadores de la Administración contarán con cuatro de estos días por cada cinco años de servicio a partir de los primeros 15 años, dos adicionales con el sexto trienio y uno más desde el octavo y sucesivos. Estas medidas tendrán un carácter “básico potestativo”, lo que significa que serán de aplicación tanto en la Administración General del Estado, como en las regiones y en los ayuntamientos, tal y como reclamaban los sindicatos. No obstante, dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada administración.
Hacia la recuperación del status previo a 2010
Tal y como ocurrió antes del verano, cuando Gobierno y funcionarios acordaron una subida salarial del 1% para el próximo ejercicio, los sindicatos reaccionaron hoy a este anuncio de forma positiva, aunque coincidieron en que esperan que estas mejoras tengan continuidad.
De esta forma, desde la central CSI-F se espera que los empleados públicos, sea cual sea la Administración para la que trabajen, recuperen la estructura salarial previa a 2010, cuando se produjo la primera rebaja de retribuciones del 5% decretada por el Ejecutivo socialista.
“Desde entonces, se ha producido una pérdida de poder adquisitivo del 25%”, señaló ayer el sindicato liderado por Miguel Borra en un comunicado.
En este sentido, CSI-F reclama que las cuentas públicas del próximo año incluyan una subida salarial del 2,5% para equipararla a la pactada por los agentes sociales en el ámbito privado (esa cifra sería la suma del 1% previsto para este año y del 1,5% para 2016). Asimismo, la organización lleva tiempo solicitando la creación de un fondo adicional para los colectivos de trabajadores de las administraciones que tengan salarios más bajos y que la devolución de la paga extra se haga con rango de norma básica, para asegurar su reintegro en el conjunto de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Por último, exigieron una tasa de reposición generalizada del 100% en todas las administraciones y un refuerzo adicional por encima de ese volumen en aquellos sectores con mayores necesidades de plantilla. Y también, pidieron que los Presupuestos eliminen los recortes practicados en las nóminas por baja médica.
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