El Gobierno autorizará para enero de 2015 la devolución de una cuarta parte de la paga extra de 2012

La medida afectará a la AGE y el resto de administraciones solo podrán devolver la extra si eso no les impide cumplir con su meta de déficit público.

 

Revista de prensa. El País. 25.9.2014.- Los empleados públicos cobrarán a principios del próximo año el 25% de la paga extra que el Gobierno les suprimió en 2012. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, horas antes de reunirse con los representantes sindicales para avanzarles las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que hoy aprobará el Consejo de Ministros. "Procederemos a devolver parte de la paga extra del año 2012, sólo se puede parte", deslizó el ministro en los pasillos del Congreso de los Diputados. "En torno a una cuarta parte", detalló.

 

Cristóbal Montoro, Ministro de HAPP y Antonio
Beteta, secretario de Estado de AA.PP.

Los empleados públicos recibirán un pago en metálico correspondiente a los 44 días devengados entre el 1 de junio hasta el 14 de julio, cuando se aprobó el decreto de suspensión de la paga de Navidad. Precisamente algunos tribunales ya habían dictado sentencias que obligaban a varias administraciones a restituir estos 44 días porque consideran que los funcionarios ya habían generado ese derecho salarial cuando se les suprimió la extra. Incluso el Supremo había expresado sus dudas sobre la supresión de la paga extra de 2012. Por las dudas sobre su legalidad y porque el Ejecutivo quiere lanzar un guiño a los funcionarios antes de las elecciones del próximo año, los presupuestos recogerán esta devolución en metálico que apenas le costará 230 millones de euros.

 

El Gobierno cifra el coste total del reembolso de esos 44 días en 1.220,7 millones de euros para todas las administraciones públicas. De esa cantidad, 230 millones corresponderían al Estado; 774 millones a las comunidades y 215 a los Ayuntamientos. Cuando el Ejecutivo decidió suspender la paga complementaria de Navidad de 2012 esperaba ahorrar algo más de 5.000 millones, aunque el recorte fue menor porque no tuvo en cuenta el efecto de las retenciones en el IRPF a los funcionarios.

 

Montoro explicó ayer en el Parlamento que esta medida afectará a los trabajadores públicos de la Administración General del Estado (AGE) -funcionarios, personal laboral, eventuales y otros empleados públicos-. Advirtió de que el resto de administraciones solo podrán devolver la extra si eso no les impide cumplir con su meta de déficit público. "Las que no lo puedan hacer porque están muy lejanas de la consecución de sus objetivos de déficit o no tengan recursos presupuestarios, no lo harán, pero lo hará la Administración General del Estado", subrayó al tiempo que se mostró dispuesto a "habilitar" medidas para que las comunidades autónomas y Ayuntamientos puedan reintegrar, al menos, la misma cantidad.

 

Reunión con los sindicatos de función pública

Durante la reunión con los representantes sindicales, Montoro evitó precisar cuándo restituirá el resto de la paga extra suprimida en 2012. Según los sindicatos presentes en la reunión (UGT, CC OO y CSI-F) les reconoció que "no hay previsión al respecto". Pero los sindicatos no descartan que el Gobierno se guarde cierto margen para antes de las elecciones del próximo año.

 

El titular de Hacienda confirmó a los funcionarios algo que ya se temían. Volverá a congelarles el sueldo por quinto año consecutivo. Desde 2010, cuando el Ejecutivo de Zapatero, les recortó la nómina un 5% de media, el salario de los empleados públicos se ha mantenido constante con independencia de la subida del IPC.

 

No obstante, habrá que ver si el Gobierno permite subidas en algunos complementos salariales o subidas a los trabajadores de otras administraciones que tengan más margen presupuestario.

 

El Gobierno también avanzó a los sindicatos que "elevará en una cuantía más significativa la tasa de reposición -el número de contrataciones públicas por cada baja". Montoro admitió que en los últimos años ha sido "extraordinariamente exigente". Desde 2010 la sustitución de los funcionarios que causaban baja por jubilación estaba congelada. Solo se permitía una tasa de reposición del 10% para sectores de servicios básicos como sanidad, educación, fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado e inspección tributaria. "Ya estamos en condiciones porque la plantilla pública está en los rangos de 2003 y 2004, y vamos a cambiar esa tasa de reposición que hemos tenido en los tres últimos años", aseguró el ministro que informó a los sindicatos que la tasa de reposición subirá hasta el 20%. "Queremos que no salga tanta gente de la función pública que no se repone", indicó.

 

El sindicato CSI-F criticó las medidas avanzadas por Montoro porque considera que "da nuevamente la espalda a los empleados públicos con una nueva congelación de sus retribuciones, por quinto año consecutivo y agravará el deterioro de los servicios públicos". Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, calificaron ayer como insuficiente la devolución de solo el 25% de la paga extra de diciembre de 2012. Méndez señaló que la medida "devuelve una parte ínfima de la reducción del poder adquisitivo de los empleados públicos