El Gobierno, pretende aplicar a la AGE y CC.AA las mismas exigencias en materia de remuneraciones y límites en altos cargos y personal de confianza que va a imponer con la reforma local.
Revista de prensa. el confidencial 15.6.2013. El presidente del Gobierno ha decidido ponerse en persona al frente de la anunciada y retrasada reforma general de la Administración, un compromiso de Mariano Rajoy desde el principio de la legislatura que también forma parte de las recomendaciones de Bruselas y de los recordatorios que desde el PP hace José María Aznar.
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| Mariano Rajoy con Ángela Merkel |
El Gobierno dedicará casi toda su actividad de la próxima semana (miércoles, jueves y viernes) a vender la principal reforma que debe acometer en toda la legislatura: poner orden en el entramado de competencias, funciones, servicios y sector público de los tres niveles de la Administración: central, autonómica y local. Ante la complejidad de la tarea y después de un año sin arrancar, el Ejecutivo nombró una comisión de expertos y altos cargos para “levantar un mapa” de la Administración y proponer todo tipo de cambios para simplificar, ahorrar y modernizar su funcionamiento.
Bajo la tutela de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la Comisión para la Reforma de las Administraciones (Cora) ha terminado ahora su informe de análisis y propuestas de reforma y Rajoy ha querido presidir la reunión prevista para el próximo miércoles y que su intervención ante la misma se ofrezca en abierto para los medios de comunicación.
El informe será aprobado como tal en el Consejo de Ministros del viernes y presentado después por la propia Sáenz de Santamaría y por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El texto tendrá que plasmarse después en proyectos de ley, decretos y reglamentos ministeriales para el ámbito de la Administración central; pero también en acuerdos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en todo lo que toca a delimitación de competencias o reformas de leyes autonómicas. “Hay tarea para todo el resto de la legislatura”, según insisten en fuentes gubernamentales.
La reforma de la Administración (para reducirla al tamaño lógico con respecto a la economía nacional) y la de las pensiones son las principales asignaturas que Bruselas considera pendientes para el caso del Gobierno español.
El objetivo de la reforma, además de acabar con la duplicidad de funciones y servicios entre las distintas administraciones, es introducir criterios de eficiencia y sostenibilidad económica en todo el Estado. El Gobierno, pretende aplicar a la Administración central y a los gobiernos regionales las mismas exigencias sobre coste estándar de prestaciones, criterios objetivos y jerárquicos en materia de remuneraciones y límites en altos cargos y personal de confianza que va a imponer a los ayuntamientos con la reforma local.
Reducir el aparato burocrático
El problema que tiene el Ejecutivo con la Administración autonómica es el blindaje de competencias del que se dotaron la mayoría de los gobiernos regionales en la etapa de Zapatero. Rajoy carece de competencias para aplicar directamente esas reformas y tendrá que recurrir al convencimiento, los acuerdos o las restricciones financieras para que las Autonomías reduzcan su aparato político y burocrático.
Además, cuando esa racionalización afecta a los estatutos se requiere a veces cambios por la vía de mayorías cualificadas, lo que obliga a contar con la oposición aunque el ejecutivo local de turno sea del PP. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, donde los socialistas e IU impiden reducir a la mitad los miembros de la Asamblea autonómica como propone el Partido Popular.
Para reforzar la venta del informe sobre la reforma de la Administración, entre el presentación de Rajoy y la que harán Sáenz de Santamaría y Montoro después del Consejo de Ministros, el Gobierno también prepara para el próximo jueves un foro de altos cargos para insistir en el calado del proyecto. El acto incluirá dos mesas redondas: la primera a cargo del ministro de Hacienda y la subsecretaria del mismo departamento, Carmen Platero, y una segunda con el titular de Industria, José Manuel Soria y el subsecretario de Presidencia y presidente del CORA, Jaime Pérez Renovales.
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