Las relaciones laborales entre los juegos del poder

Por Rafael Leopoldo Aguilera Martínez. espúblico blog.-  - Leyendo el “Canto de las horas” de Florencia Luce me he identificado con el fondo de la cuestión planteada en una narrativa novelada en un monasterio de clausura, tras doce años de vida entregada a Dios, a la Iglesia y al prójimo, a través de los votos perpetuos de obediencia, pobreza y castidad. Un verdadero ejemplo del sentir vocacional hasta que la fe no fue suficiente para superar las circunstancias internas de un convento, cuyas relaciones personales y profesionales dentro del marco comunitario se hicieron irrespirables, propias de la salud mental, ante el teje de un microcosmos de intrigas donde las normas estrictas son manipuladas, puestas a prueba en una permanente entre lo que trasciende y la decepción.

No siempre para poder tener una noción de las conductas y comportamientos exentos de cualquier atisbo de sociabilidad y socialización, y respeto al escalafón, a la antigüedad, en un marco de igualdad, méritos y capacidad, se extrapolan desde ese centro de silencio a las relaciones laborales que se hacen visibles, especialmente, en estos tiempos de elevadas tribulaciones materiales, en la propia Función Pública en sus diversas Administraciones Públicas.

Cuando te quiebran la carrera profesional bajo el eufemismo que el regreso a su lugar de origen es necesario y más útil que en donde se prestaba el servicio público, en muchas ocasiones, uno embriagado de un sutil nihilismo vanidoso se cree endiosado que el regreso para a ser para bien, no solo individual, sino colectivo. Hasta que, desde el mismo momento de la llegada, con palabras huecas y piadosas ponen en entredicho la propia capacidad y conocimiento, hasta tal punto, que crees que esa situación será debido a una percepción errónea, cuando no, te culpabilizas e intentas buscar el porqué de tal situación ignominiosa.

Lo primero, comienzan a no estar presente en reuniones necesarias para tener una visión lo más exacta posible a la propia gobernanza y gestión pública, sobre todo, porque después de tantos años de experiencia en la praxis profesional, esperas con ansias ser llamado a reuniones de trabajo para potenciar y fomentar el trabajo en equipo. Pero no, la monja no tuvo más remedio que refugiarse en abrazar la voluntad de Dios.

En nuestro caso, la lectura y la escritura se convierten en un escape del estrés emocional, físico, psíquico y sensorial, al comprobar que quienes deberían con ternura respetar los largos y cansados años de servicio público con sentido vocacional en cumplimiento del ordenamiento jurídico. No, todo se convierte en toda una quimera, no tiene encaje en el sentido común de las relaciones laborales, ni menos aún, en un mínimo de conciencia personal y profesional en la práctica diaria. Pero la conciencia es algo que no se estira al volver la espalda al Derecho Natural y a la Filosofía del Derecho.

Pero la monja, que se llama “Marie” tenía confianza, que su lealtad y fidelidad con el tiempo y la evolución de las cosas cambiarían, volviendo a recuperar ese sentido por el que uno desde que con 17 años accedió a la Función Pública militar con el sentido de vocación de servicio público. Pero no, te dicen que nadie es imprescindible ni necesario, sobre todo sí mantienes con intensidad criterios técnicos, que, aunque no sean la panacea en la resolución de los problemas, si pueden aminorar el desencanto material y espiritual que impregna la impronta de los servidores públicos, sin tener que estar enfrentándose día sí, día también, a los juegos de poder, que lo único que provocan son celos y conflictos.

En todo caso, la monja “Marie” fue llevada a un lugar, que sí bien se relacionaba con la gente, al vender productos del convento, una monja mercantilista, nada que ver con el hecho de abrazar a Cristo como testimonio de amor a Dios y al prójimo a través de la necesaria oración. En un habitáculo en el rescoldo de las tibiezas, desconectado de toda vida municipal. Siempre estaré a favor de los cambios, cómo no voy a estar de acuerdo, pero también estoy plenamente convencido que del árbol caído no se puede hacer leña en el círculo íntimo, y preguntar todos los días, cuánto tiempo te queda para la jubilación, no por la alegría que te debería de producir llegar a la meta, sino por el gozo materialista del “preguntón” de quedar una vacante y cogerla a través de los vericuetos perniciosos del Derecho Administrativo a la carta.

Al final, la monja “Marie” decidió irse. Pero tenía 31 años, tras doce años de vida claustral. Pero con 60 años dónde vas, sí quienes deciden los puestos ofertados están previamente designados y adjudicados por imperativo sin que se lean, al menos, el currículum vitae elaborado con desgana burocrática ante vacantes cuya cobertura están determinados con antelación.

Concluyo este relato novelado. Es la edad, que, tras consagrarte más de tres lustros, llegando al cuarto, pasas de ser funcionario al funcionariato, como expresó en su momento histórico el Diputado constituyente socialista durante muchos años, Ciriaco de Vicente. En fin, todo es un teatro, mejor dicho, una opereta silenciosa, cuyo final melodramático se espera con la impaciencia que dan los sacrificados días mustios y las plegarias noches en vigilia permanente ante la llegada del “ictus” o la “parca”.

Tengo por costumbre en este y todos los artículos ficticios de la realidad, cuando hago un artículo con o sin inspiración telúrica, comenzarlo y terminarlo sin más corrección gramatical, sintáctica o morfológica.  Finalizado, el día 2 de noviembre, tradicionalmente día de los difuntos, le he puesto de título: Las relaciones laborales entre los juegos de poder. He dicho.

Administración pública. ¿La gran olvidada?

 “De nada me sirve hacer una organización, si no tengo quién la maneje”  (Manuel Azaña, Memorias políticas 1931-1933, Grijalbo, 1978, p. 268)

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- Administración Pública y pactos para la investidura

Una de las personas a quien habitualmente envío las entradas que se editan en este Blog, al remitirle este post que me solicitó en su día la lanzadera de políticas públicas #Españamejor (VER: https://drive.google.com/file/d/1tYjeczRZTQ9jUCWgXT4gYl0UrAMhiXbN/view), me recordaba atinadamente la clamorosa ausencia de cualquier referencia a la Administración Pública en lo que son los pactos multilaterales para hacer viable la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones. Tan solo en el pacto PSOE-Sumar aparecen, al final del texto, una suma desordenada de ocurrencias sobre Administración Pública. Muy pobres, por lo común.

En verdad, eso es así, puesto que cuando la política existencial entra por la puerta, los temas prosaicos de gestión y prestación de los servicios públicos salen por la ventana; más cuando –como mucho- la letra pequeña de los pactos, que por cierto desconocemos por completo, se queda (casi) siempre en medidas de populismo presupuestario, fiscal, social, administrativo o funcionarial.  

Sin embargo, si lo pensamos bien, la Administración Pública sí que ha estado muy presente en todo este proceso de mercadeo político. No hay que ser ingenuos, menos a estas alturas: en esa letra pequeña pendiente aún de concreción, es donde aparece con fuerza inusitada el papel de la Administración, como pieza codiciada por las élites políticas clientelares de determinados territorios. El apoyo en la investidura comporta pasar por caja a cobrar. Nada nuevo. Así entendemos la política en España. Y es solo el principio, los apoyos puntuales innumerables en el tiempo de esa constelación de los partidos que conformarán la presumible mayoría parlamentaria, también exigirá caras facturas. En esas condiciones no solo hará falta una extraordinaria capacidad de equilibrismo político, sino que gobernar este país se asemejará –como decía Schumpeter- a hacerlo “sobre una pirámide de bolas de billar”. Pero no hay que sorprenderse, siempre queda el recurso, como decía Galdós, a la “olla presupuestaria” o, en términos, más gráficos al presupuesto como “la forma numérica del restaurante nacional”. Por eso ansían los partidos el poder estatal, en lo demás poco margen tiene de maniobra un Gobierno que dirige una cada vez más escuálida Administración del Estado. Y que sigue adelgazando, salvo por la zona alta. El Estado como máquina repartidora cargos y de recursos presupuestarios es, al parecer, su (casi) único sentido existencial. Lo demás, está en el alero.

De hecho, la Administración estatal (como “sujeto pasivo”) está presente en buena parte de las líneas genéricas que se han pactado, pues efectivamente se trata de un gradual desguace del poder central en el territorio, mediante interpretaciones “ad hoc” de un marco constitucional que, paradojas de la vida, desconstitucionalizó la organización territorial del Estado. Con esas premisas no es difícil justificar que se cumple la Constitución, aunque sus resultados pongan en cuestión el papel cada vez más secundario y desdibujado de la Administración del Estado en España. 

Lo cierto es que la Administración, como “sujeto activo”, también está presente en los citados pactos, pues lo que “pierde” la Administración del Estado (sea en gestión tributaria, gestión ferroviaria o traspaso de vías férreas, gestión de la Seguridad Social, mejor financiación, gestión de fondos europeos, inversiones y un largo etcétera), lo “ganan” los territorios que tienen valedores políticos en tales pactos, que al fin y a la postre venden votos por recursos, como se hacía antaño en el viejo sistema caciquil decimonónico. La España cantonal, de momento asimétrica, asoma de nuevo. La primera ya sabemos cómo acabó, la segunda veremos.

Política «menuda» y política auténtica en la transformación del sector público: el déficit de capacidades administrativas y hoja de ruta básica para reforzar las Administraciones Públicas.

De lo que no se habla en tales pactos, ni por asomo, es del papel existencial de la Administración Pública y de su sector público como instancia que en su ADN tiene por objeto la mejora e implantación de servicios públicos de calidad a unos costes eficientes en función de los resultados, que es al fin y a la postre lo que se hace en las democracias avanzadas y por lo que suspira la ciudadanía. Los pactos, por lo común, olvidan, la calidad de los servicios en términos de efectividad, hablan de territorios y del lenguaje del poder desnudo; esto es, sobre cómo acrecer las competencias o la financiación de cada nivel de gobierno o territorio. Si bien es cierto que en estos momentos, y especialmente en los últimos años, la Administración General del Estado muestra (lo que no era el caso) auténticos agujeros negros en materia de gestión pública (seguridad social, IMV, inmigración, transporte ferroviario, etc.), no lo es menos que las capacidades administrativas de las Comunidades Autónomas, también de las más beneficiadas por los pactos (dado el valor imprescindible de los votos de los partidos independentistas/nacionalistas para la investidura), no se caracterizan en estos momentos precisamente por su excelencia en la gestión pública.

En general, como ya analicé en otro lugar, el déficit de capacidades ejecutivas de las CCAA en España es muy elevado (VER: 10 HIPÓTESIS DÉFICIT CAPACIDADES EJECUTIVAS CCAA). Y está empeorando con el paso del tiempo. No parece preocupar mucho a los gobiernos autonómicos este problema, una muestra más de que viven en su propia “burbuja política” endogámica, aislada de la sociedad y alejada de lo que realmente pasa. Ya no nos vale aquella suerte de plegaria de que la proximidad de las CCAA a la ciudadanía iba a implicar una mejora de los servicios públicos. Eso ya no es así en muchos casos, por cierto cada vez más. Y esas organizaciones públicas autonómicas con estructuras muy politizadas, ancladas en modelos añejos de isomorfismo institucional, con procedimientos tradicionales y un personal con bajos niveles de profesionalización e imparcialidad, difícilmente podrá prestar mejores servicios, probablemente los empeorará. Pero eso es solo una parte del problema. Lo grave, lo que no perciben los gobernantes, es que sin buenas o excelentes capacidades administrativas y de gestión, es materialmente imposible hacer buena política o ejercer el buen gobierno. Es una quimera.

Me objetarán que pactar lo que se quiera o se pueda es la esencia de la política. Y que quienes pactan están haciendo, así, política con mayúsculas. Más bien, en muchos casos, cuando de este objeto (Administración Pública) tratan, hacen política menuda, de la que también se hacía eco Galdós, y que a pesar del tiempo transcurrido sigue siendo la misma ahora que antes. Aquella forma de hacer política pensada siempre a favor “de los nuestros” (por cierto, muy bien descrita por Muñoz Molina en un artículo reciente: https://elpais.com/opinion/2023-11-11/la-corrupcion-tranquila.html), sectaria y excluyente, de impronta clientelar, ahora remozada en vulgar populismo, es la que sigue plenamente vigente en las derechas e izquierdas españolas, que en esto no hay distingos.  

La política de verdad, la auténtica, la que mira por mejorar la vida de los ciudadanos, requiere de forma imprescindible incorporar en la agenda política (olvidada desde la primera década del siglo XXI) la transformación de la propia Administración Pública, lo que exige visión estratégica, liderazgo político y medidas efectivas para articular un correcto alineamiento entre política y gestión, mediante la creación de un modelo de Alta Administración Profesional, alejado del clientelismo y amateurismo hoy en día dominante en términos absolutos en el ejercicio de cargos directivos y de la alta función pública en nuestras Administraciones y en el sector público. Y sobre todo exige mucho coraje político-ejecutivo y continuidad para aplicar en el tiempo las medidas necesarias. Nada de esto se da en nuestros días. Y, en el futuro contexto gubernamental, dominado por las urgencias existenciales y las reivindicaciones permanentes de una amplia hilera de pedigüeños, de quienes depende la continuidad del Gobierno, introducir en la agenda política la reforma integral de la Administración será un objetivo prácticamente imposible.

Pero asimismo esa política de verdad sobre la imprescindible (y, al parecer, imposible) transformación del sector público implica dotarse de unas estructuras organizativas que superen el modelo de silos departamentales y trabajen por proyectos transversales y con una gran capacidad de adaptación. Hagan efectiva la gobernanza multinivel, y no ese pleonasmo propio de ignorantes que se denomina cogobernanza. Remocen y reduzcan el sector público institucional y empresarial, que se asemeja a veces a la cueva de Alí Babá. Igualmente, se requiere la implantación de procesos o procedimientos ágiles, pensados en clave de facilitar la vida a la ciudadanía (y no de empeorarla), simplificar trámites y eliminar cargas administrativas, también las digitales que acosan y desasisten al ciudadano de forma efectiva. La transición digital es una urgencia, como lo es también la transición verde.

Nada se logrará sin un sistema de gestión de personas que capte realmente el talento, mida de verdad (y no con trampas en el solitario) el mérito y la capacidad, abandone esos procesos de acceso que regalan o abaratan las plazas a quienes ya están y abocan a la función pública a estándares de profesionalización muy bajos, así como, last but not least, se implante un modelo de gestión de la diferencia en el empleo público basado en el desempeño. También se debe acotar el papel distorsionador que tiene hoy día el sindicalismo público, de fuerte impronta corporativa en la exclusiva defensa de derechos y privilegios funcionariales, que busca mejoras continuas sin contrapartidas apenas de derechos y responsabilidades, y con olvido de los derechos de la ciudadanía. La función pública atraviesa una profunda crisis como institución, y las soluciones no se atisban porque el problema es cada momento que pasa más grave. El profundo relevo generacional se está acometiendo de forma chapucera, lo que también tendrá serios efectos.

De todo lo anterior, la ristra de pactos (permítaseme la licencia de lenguaje, “choriceros”) que se han hecho en las últimas semanas, nada dice. En realidad, he llegado a la conclusión de que estos políticos son tan cínicos o miopes que ni siquiera ven la necesidad de disponer de estructuras directivas y funcionariales altamente profesionales para hacer mejor gestión, que al fin y a la postre es hacer mejor política. Les da igual, creen en su fuero interno que ellos mismos, con la ayuda “de los suyos” (sus clientelas de partido), se bastan y sobran. Tremendo error. Y ya lo debían haber entendido. Pero, al parecer, son duros de mollera.

¿El reverdecer de la tensión entre politización y corporativismo en España?: Algunos síntomas.

La publicidad de los acuerdos que deben facilitar la investidura ha presentado desgarros sociales, políticos y ciudadanos evidentes. Pero, interesa más aquí destacar la contestación de los altos cuerpos del Estado (al menos de algunos), a través de sus asociaciones, frente a lo que se considera un atropello, mayor o menor en cada caso. Aun así, no es un contexto deseable ni una buena carta de presentación para esa política que todo lo legitima en unos votos que le dio la ciudadanía para hacer otras cosas diferentes a las que se propone llevar a cabo, que tengan que ser los cuerpos de élite del Estado los que le refresquen la existencia de unos límites que la propia política no debiera traspasar nunca y cuáles son las consecuencias de hacerlo. La cruzada política contra los cuerpos de élite viene de lejos, y todo apunta que tras este inicio se acrecentará en los próximos meses y años. La tensión entre politización y corporativismo enfoca muy mal el problema de la Administración, que es holístico e integral y debe resolver adecuadamente esa contraposición falsa. Pues en esa batalla, si se sigue con ella, los dos actores tendrán pérdidas, aunque el eslabón más débil, por su fragmentación y posición institucional, sean los cuerpos del Estado. De ahí a tener un Estado más frágil todavía, va un paso.

Quienes piensan en el ámbito de la política, y son legión, que la democracia es meramente el recuento de los votos y su traducción en mayorías y minorías, y que a partir de ahí todo vale, es muy probable que en su fuero interno no hayan entendido (ni quieran entender, lo que es más grave) absolutamente nada de lo que es un Estado Constitucional social y democrático de Derecho, cuya esencia última es la limitación del poder. Nada nuevo bajo el sol. Ya ha pasado otras veces en nuestra historia. Y testigo y actor de ello fue precisamente Manuel Azaña como Presidente del Gobierno, como expuso en un artículo publicado hace cuarenta años en el diario El País, el profesor Teodoro González Ballesteros: https://elpais.com/diario/1983/03/01/espana/415321202_850215.html. Mejor, no les digo como acabaron estas experiencias de confrontación directa entre política y gestión funcionarial. Pero se lo pueden imaginar: con la ruina de ambas. Y del país.

En defensa del Estado de Derecho

Por José Ramón Chavez.- delaJusticia.com blog.- Ante los muros que se alzan amenazadores para el Estado de Derecho con el anunciado pacto entre partidos para la investidura inminente de un nuevo presidente del gobierno de España, no renunciaré a mi sueño de un Estado de Derecho real.

Cierto que nuestro Estado de Derecho era manifiestamente mejorable hasta la fecha, pero ahora se vuelve manifiestamente debilitado con los cambios legislativos que se anuncian y singularmente con la amnistía anunciada.

Por ello, me he sumado a las personas del mundo jurídico, encabezadas por el prestigioso don Tomás Ramón Fernández, que se relacionan a continuación asumiendo una declaración que, resultando totalmente ajena a colores ideológicos, está totalmente implicada en defensa del Estado ante los nubarrones de arbitrariedad inadmisible.

Si no comparten este criterio, respeto las razones que tengan para ello porque me han enseñado la virtud del pluralismo y la tolerancia. Pero si comparten nuestra opinión conjunta, tal y como se expresa en la Declaración incorporada a este enlace, que está en todas las lenguas oficiales, ahí mismo podrán suscribirla, plasmando nombre y profesión, pues creo que no sobra el coraje cuando se trata de luchar contra el advenimiento de un Estado de «no» Derecho.

En breve, se hará pública la cosecha de esta iniciativa, que se promueve desde varias plataformas y entre ellas desde el blog de Diego Gómez.

Gracias a todos, en nombre de todos.

La madre de todas las barbaridades jurídicas: un pacto infumable

"Vaticino que este pacto “contra natura” y contra razón, no conseguirá paz alguna, y a corto plazo, estallará por los aires el supuesto acuerdo, pues la paloma y el zorro tienen distintas metas y medios"

 Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com, blog..-Me siento triste y dejaré el silencio para los corderos.

Como español, como ciudadano y como jurista de a pie, a título estrictamente personal, quiero comentar que asisto patidifuso a lo que se presenta como un pacto entre dos partidos políticos (PSOE-Junts) que sacuden los cimientos de un Estado por un puñado de votos para obtener una investidura de gobierno.

Siempre he considerado que la política es el arte de la negociación, de la búsqueda de acuerdos, de avanzar en la cristalización práctica de las ideas, como he pensado que el pluralismo político es sanísimo, pero todo dentro de la Constitución. Además, siempre he pensado que el PSOE era un partido de Estado, con grandes cabezas, buena tradición y sentido común, pero ahora asisto asombrado a una escenificación de un pacto concertado con quienes aprendieron el consejo de Nicolás MAQUIAVELO: “No intentes ganar por la fuerza lo que puedes ganar con la mentira”.

Me permitiré un análisis de urgencia de este Pacto.

Veo que se habla literalmente de:

"… Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catunya que, de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de ley orgánica) representa legítimamente al pueblo de Catalunya”

Pero… ¿y las demandas mayoritarias del Estado español, incluida Cataluña, que se han expresado en un código penal (que tiene carácter de ley orgánica) y que ha provocado condenas penales por delitos, pues representa la voluntad legítima del pueblo español sobre lo que es delito y lo que merece ser castigado?

"… dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".

Cuando una organización contumaz en sus fines ilícitos, con sus dirigentes condenados pretende negociar con un Estado con solvencia internacional, ¿quién tiene razones para desconfiar de quién?, ¿tiene sentido que una parte del Estado negocie con el todo?, ¿debe el Estado renunciar a su capacidad de negociar y decidir como persona jurídica internacional para acudir a un mediador internacional?

"… Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña".

¿Cómo?… “de entrada” (o sea, como medida perentoria y para abrir boca), modificar la LOFCA (que es tan ley orgánica como el Estatuto de Cataluña), y que reconozca la singularidad (¿por qué lo llaman “singularidad” cuando quieren decir “privilegio”?) y que facilite la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña (¿dónde queda la solidaridad financiera impuesta por la Constitución y lo factores de compensación de las enormes inversiones del Estado en todas estas décadas en Cataluña?).

Alguien debe haber olvidado que ese pacto abre la caja de Pandora de los males, que hay una parte insaciable en sus peticiones y que todo paso o concesión que se haga, primero, perjudicará al resto de España y será irreversible. Un camino hacia el caos.

"… La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato"

¿requisito… para gobernar?, ¿imprescindible… para destruir la seguridad jurídica? No veo que la supuesta “anormalidad política institucional y social” reclamase tamañas concesiones antes del último resultado electoral. El borrón y cuenta nueva se hace con quien se arrepiente, pero no con quien afirma y lo deja por escrito (al menos quien avisa no es traidor) como Junts, que “considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017”.

"… se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas"

¿Judicialización de la política o más bien el Pacto pretende la politización de lo justo? Acaso puede el Estado aceptar que sus leyes, su aplicación por el poder judicial, con sentencias que han sido sometidas a procesos con todas las garantías, sentencias lastradas por “politización”. ¿Puede el partido político que sostiene a un poder del Estado (Ejecutivo) cuestionar el poder judicial y el modelo constitucional de la división de poderes, con la irrenunciable independencia del poder judicial?

¿Acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas? Acaso se quiere que la Administración con su presupuesto que pagamos todos, o el parlamento que nos representa a todos, se ponga de rodillas ante un puñado de agitadores que perdieron toda legitimidad cuando se pusieron “fuera de la Ley”.

"La ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio"

¿Pero no es el Estado el único sujeto internacional relevante?, ¿Y por qué ningunear a las demás Comunidades Autónoma en su presencia en la Unión Europea, o ya puestos, a los municipios de gran población?

Por si fuera poco, el Pacto sigue la vieja técnica contrabandista de «digamos poco, genérico y bien salpimentado de buena voluntad» que ya una comisión ulterior pondrá por escrito lo que ahora no se puede decir. Se trata de meter el pie en la puerta…

Lo más curioso es que es la mesa de negociación la que “pone deberes al parlamento de la nación”, o sea, no nacen las leyes del parlamento (de arriba hacia abajo), que para eso elegimos diputados y senadores, sino que incurrimos en lo denunciado por John LOCKE en su Tratado de Gobierno: «El legislativo no puede transferir el poder de hacer leyes a otras manos: como no es más que un poder delegado del pueblo, quienes lo tienen no pueden traspasarlo a otros».

La gran paradoja de ese “Pacto” es que ni hay forma jurídica para cumplirlo en sus pretenciosos e ilegítimos términos, pero tampoco hay forma de sancionar a las partes que lo incumplan.

Seguramente cuando los negociadores afinaban el acuerdo, no tenían en cuenta la regla de oro del veterano jugador: «Si estás jugando al póquer y miras alrededor de la mesa y no sabes quién es el tonto, eres tú». 

Un disparate. Me temo que la próxima edición de cualquier manual de Derecho Constitucional español comenzará diciendo: “Érase una vez…”. Quizá es cuestión de Sociología Política y debemos recordar lo que decía Max WEBER (Ensayos): “En una democracia el pueblo elige un líder en quien confía. Entonces el líder elegido dice: ‘Ahora cállate y obedéceme’. Entonces el pueblo y el partido ya no serán libres de interferir en sus asuntos”.

Dicho esto, vaticino que este pacto “contra natura” y contra razón, no conseguirá paz alguna, y a corto plazo, estallará por los aires el supuesto acuerdo, pues la paloma y el zorro tienen distintas metas y medios.

El problema será la tremenda herida en el Estado de Derecho Español, donde la división de poderes se ve desequilibrada por el peso de un gobierno lastrado con pactos indigeribles, donde la seguridad jurídica deja de existir, donde las sentencias firmes no tienen firmeza, y donde las leyes no son fruto de razones sino de intereses.

En fin, a ver si me despierto de esta pesadilla… aunque me temo que “cuando despierte… el Pacto seguirá ahí”.

Los servicios jurídicos están sujetos a la normativa de contratación pública, aunque deberían ser objeto de regulación sus especialidades (y II)

"El Estado de Bélgica ha podido excluir de la aplicación de ley de contratos públicos a determinados servicios jurídicos y eso se ha hecho incluso con el aval ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea"

Por Jaime Pintos Santiago y María Dolores Fernández Uceda - El informe incluye una consideración jurídica relativa a las distintas opiniones doctrinales y jurisprudenciales que se han ido emitiendo en torno a la contratación pública de los servicios jurídicos. La Junta Consultiva de Contratación Pública de Cataluña manifiesta ser conocedora de los diferentes pronunciamientos, con discrepancias, que han emitido los órganos consultivos específicos en materia de contratación pública respecto de la sujeción de los servicios jurídicos a la normativa de contratación pública, y más específicamente de los servicios de representación y defensa legal de las entidades del sector público mediante abogado.

Así, el Informe 4/19 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, además de señalar que la exclusión de estos servicios jurídicos de la Directiva no comporta que «estos contratos tengan que ser obligatoriamente excluidos del ámbito de aplicación de la legislación interna» y que «la prestación de servicios consistentes en la defensa legal de las Administraciones Públicas mediante abogado (…) nunca puede ser calificada como contrato sujeto a regulación armonizada cualquiera que sea su valor estimado», afirma que este hecho «no implica que no puedan calificarse como contratos de servicios a los efectos de la aplicación de las reglas sobre contratación pública». Además, y afirmando que comparte el criterio de varios informes de la Abogacía del Estado, también señala que el «régimen jurídico [de servicios consistentes en la defensa legal de las Administraciones Públicas mediante abogado] será el que corresponda conforme a los criterios de la Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las directivas sobre contratación pública, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 1 de agosto de 2006».

La Junta Consultiva de Cataluña no acaba de comprender esta remisión a la Comunicación Interpretativa de la Comisión, pues tendría razón de ser en caso de que el legislador estatal hubiera optado por excluir estos contratos del ámbito de aplicación de la LCSP, haciendo uso de la posibilidad establecida por el legislador europeo que, en palabras del TJUE anteriormente reproducidas, «no obliga a los Estados miembros» a someter estos contratos a las normas de adjudicación de contratos públicos, en tanto que en este caso resultaría de aplicación necesaria para garantizar el respeto a dichos principios.

También alude al Informe 5/2022, de 31 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, con el que coincide en el sentido de que corresponde a los legisladores nacionales determinar si los servicios jurídicos excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 24/2014/UE mediante los apartados c y d del artículo 10 deben someterse a las normas de adjudicación de contratos públicos y que el legislador nacional, al transponer la Directiva en la LCSP ha determinado excluir de la Ley unos determinados servicios, como son los servicios de arbitraje y conciliación, pero con respecto al resto de prestaciones de servicios jurídicos, únicamente, ha determinado que no están sujetos a regulación armonizada. Igualmente, coincide en afirmar que «la LCSP recoge contratos que no están sujetos a regulación armonizada, tanto por su objeto cómo por su importe, pero en ningún caso, establece una normativa específica para estos contratos no sujetos a regulación armonizada, independientemente del motivo, por lo que la solución debe ser igual para ambos supuestos y, que no puede ser otra que la sujeción a la LCSP» y que «el legislador nacional, al llevar a cabo la transposición, tenía competencia para determinar la exclusión de los servicios jurídicos ya excluidos en la directiva europea (…) y, sin embargo, no los excluyó, por lo que debe entenderse que los mismos están sujetos a las disposiciones de la LCSP».

Así mismo, se hace eco del Informe 1/2023, de 14 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, con el que no comparte la interpretación consistente en entender estos servicios excluidos de la LCSP, pues no parece posible interpretar que la voluntad del legislador estatal fuera excluir estos servicios de la LCSP –exclusión a la que no está obligado el legislador interno por la Directiva, como ha señalado el TJUE– y que materializara esta exclusión considerándola comprendida en la referencia genérica a negocios que tienen por objeto propiedades incorporales, para después recogerlos en el precepto que excluye su consideración de contratos sujetos a regulación armonizada, en este caso ya refiriéndose con detalle a la enumeración de los servicios que incluye. Tampoco le parece razonable entender que la opción del legislador estatal sea la misma en la LCSP y en la normativa de sectores excluidos, y que las recoja en una (el Real Decreto-ley 3/2020) haciendo referencia expresa a su exclusión y no en la otra (la LCSP).

No obstante, sí comparte con la Junta Consultiva aragonesa la observación sobre la falta de una justificación necesaria, tanto respecto a la opción de no excluir estos contratos de la LCSP como posibilita a los legisladores internos y hace respecto de su propio ámbito la Directiva, como también respecto de este régimen diferente entre ambas normas de transposición de la Directiva.

Tampoco coincide en la argumentación de la Junta Consultiva de Aragón que considera que para el TJUE «este tipo de relación jurídica» está excluida de las normas de contratación pública, si bien la Junta Consultiva de Cataluña señala que dichos argumentos son idóneos para instar al legislador a dicha exclusión, o incluso a regular, como mínimo, las especialidades que requiere la contratación de estos servicios, pero no para entender producida la exclusión en la LCSP vigente.

Como ya dijimos[1] resulta que la Junta de Aragón no llega precisamente a esa conclusión, sino a una reinterpretación propia de la Ley, que además es contradictoria con la emitida también no hace mucho por otra Junta Consultiva, la de Canarias. He ahí lo que nosotros queremos cuestionar de nuestro “Sistema Nacional de Contratación Pública” (si es que posible hablar de uno en concreto) ¿Tienen estos órganos la capacidad de entes cuasi jurisprudenciales que puedan emitir tales juicios? Creemos que no ¿Tienen atribuidas competencias cuasi legislativas como para hacer interpretaciones “contra legem”? Con toda seguridad no. ¿Contribuyen las mismas a otorgar seguridad jurídica? Entendemos que no. ¿Se coordinan las Juntas Consultivas al igual que lo hacen los Tribunales? ¿Dónde está nuestro sistema de Gobernanza en contratación pública? ¿Qué límites tiene? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Qué competencia les corresponden a sus componentes? ¿Es centralizado o descentralizado? ¿Está coordinado? Sabemos que como tal no están reconocidas en nuestro Derecho positivo estas juntas consultivas como parte del sistema de Gobernanza, al igual que no lo están los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, pero lo cierto y verdad es que la práctica de la contratación pública supera con creces los límites de lo teórico y aterriza en la praxis más pura del Derecho administrativo y en ella tienen un papel estelar todos estos órganos de “gobernanza”.

Si en su momento pretendíamos abrir un debate y poner de manifiesto lo que ya se está convirtiendo en una práctica habitual de los órganos con competencia en materia de contratación pública, práctica que consideramos impropia y generadora de mayor inseguridad jurídica, ahora ya entendemos que las derivadas tendrían que ser otras.

Si el Estado de Bélgica ha podido excluir de la aplicación de ley de contratos públicos a determinados servicios jurídicos y eso se ha hecho incluso con el aval ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es obvio que una mejor regulación al efecto podemos darnos, entre otras razones, más allá de cuestiones basadas en la confianza en la que se ampara el hecho de esta exclusión, por el simple hecho de que no existe en estos momentos contrato público, ni procedimiento legal que pueda dar cabida a un asunto en todo su itinere procesal a lo largo de nuestro sistema judicial, desde su actuación en primera instancia hasta su finalización en la última de ellas. No existe. No existe contrato público ni procedimiento ni excepción legal que permita esa realidad fáctica procesal y necesaria por su idoneidad para satisfacer las necesidades públicas de un procedimiento judicial. Siendo así, ¿Cómo lo resolvemos, con parches “alegales” o con le reconocida y posible exclusión del ámbito de aplicación de la LCSP? El sentido común, que es el menos común de los sentidos, y los principios generales aplicables a la contratación pública nos dirían que es por la segunda de las opciones, aunque siempre cabe la posibilidad de terminado un contrato cambiar totalmente en mitad del proceso de abogados y procuradores, aplicando precisamente el más común de los sentidos.

Como ya se dijo en el Ciclo “Conferencia de los lunes” del Consejo General de la Abogacía Española[2], es hora que otros actores entren en juego[3], como el recién aludido, en la forma modélica a la que lo han hecho con anterioridad otros Colegios Profesionales, como los de arquitectura e ingeniería, para defender los derechos de sus colegiados y profesionales en lo que respecta a las normas de aplicación a la contratación pública, que tan ventajoso les ha resultado desde el punto de vista de la calidad aplicable a los servicios de carácter intelectual, reconocidos así por Ley con un régimen jurídico singular al resto, sobre todo en lo que respecta a los criterios de adjudicación.

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[1] Los servicios jurídicos de representación y defensa en juicio prestados por abogados ¿están excluidos de la LCSP? 14 de abril de 2023.

[2] Véase Conferencia de Jaime Pintos Santiago el 20 de junio de 2022.

[3] Acción ya solicitada con anterioridad a Colación de la meritada Conferencia.

Un Plan pensando en los funcionarios locales

 " La Unión Europea está destinando desde hace años fondos a la modernización del sector público, a la digitalización de los servicios, a la formación de funcionarios, al intercambio de información en las redes de expertos y de escuelas de Administración".

Por Mercedes Fuertes López. esPúblico blog. La Comisión Europea acaba de anunciar un plan dirigido a mejorar el funcionamiento de todas las Administraciones de los Estados miembros, incluidas regionales y locales. Los Ayuntamientos con menos recursos son objeto de menciones reiteradas pues se insiste en que están infradotados financieramente y que carecen de expertos en sectores concretos. El documento tiene como referencia COM (2023) 667, de 25 de octubre, y su origen se aloja en propuestas previas del Comité de las Regiones y del Parlamento Europeo. Por el momento, solo se puede consultar en alemán, francés e inglés, los tres idiomas entre los que tenemos que elegir a la hora de leer la documentación de las instituciones europeas ante la desidia de las autoridades españolas por cuidar tanto el patrimonio común como la riqueza y proyección del español.

Un inicial prejuicio escrupuloso, la falta de competencia de la Unión Europea para incidir en las Administraciones públicas internas, ha de quedar apartado. Salvo para quienes quieran quedar atrapados en la miopía de cuestiones exclusivamente locales que impiden atender con mirada limpia al entorno actual porque -además de ser una constante histórica- en estos momentos resulta más indispensable aunar esfuerzos.

Lo que interesa a la Comisión Europea al precisar los objetivos de este plan se resume en dos ideas. Una, el cumplimiento de las metas fijadas relativas a la digitalización de los servicios públicos, lo que presupone una interconexión y unas prácticas administrativas suficientemente ágiles y eficaces. Dos, asentar la estructura que evite las grietas que empiezan a alarmar en la estructura del Estado de Derecho, así como el decaimiento en la lucha contra la corrupción.

Ambos objetivos tienen sólido fundamento. Son numerosos los estudios y análisis previos que han señalado las carencias y retrasos en la digitalización de servicios, deficiencias en la interconexión para facilitar información, deterioro en la lucha contra la corrupción. Recuerdo únicamente que, en julio de este año, la Comisión Europea publicó el último informe sobre la situación de algunos aspectos esenciales que garantizan el Estado de Derecho y ahí ya destacó su preocupación ante los datos recogidos: faltan medidas eficaces que condenen la corrupción, que protejan los intereses financieros, se advirtió de la insuficiente rendición de cuentas, así como también de la progresiva debilidad de los medios de comunicación social ante la distribución desigual de la publicidad institucional o la insuficiencia de transparencia en la información pública.

Todo ello ha alumbrado este Plan

Es cierto que la Unión Europea está destinando desde hace años fondos a la modernización del sector público, a la digitalización de los servicios, a la formación de funcionarios, al intercambio de información en las redes de expertos y de escuelas de Administración. Lo que ahora se pretende con este nuevo Plan es ofrecer una especie de paquete conjunto de acciones (se ha bautizado como «ComPAct») que consiga un singular «Espacio Administrativo Europeo» caracterizado por contar con una Administración de calidad. Ha de ser un ejemplo para otros Estados, en particular, los que pretenden adherirse a la Unión.

¿Cómo fomentar e incitar la mejora en la Administración? Los pilares y arbotantes en los que ha de apoyarse una Administración de calidad son conocidos desde hace muchos, muchos años. ¿Desde cuándo se habla de que los funcionarios han de contar con méritos y capacidad probada? ¿Desde cuándo que han de existir profesionales que dirijan con solvencia las políticas públicas? ¿Desde cuándo la necesidad de una leal coordinación y cooperación para garantizar la coherencia de las actuaciones? En fin, se reiteran los principios conocidos para que los ciudadanos confíen en una Administración íntegra y responsable. Lamentablemente también nosotros presenciamos argucias, componendas, tergiversaciones que debilitan la profesionalidad y neutralidad de las Administraciones, que hacen que el nepotismo y el clientelismo campen en el sector público.

¿Qué propone ahora la Comisión Europea? Más financiación para atraer a jóvenes con talento al sector público; así como una mejor formación en los ámbitos de análisis de datos, digitalización y ciberseguridad. Se recuerda que este año se han asignado 23 millones para esta finalidad y que antes de que concluya 2024 han de estar incorporadas las nuevas exigencias establecidas en la Directiva bautizada como NIS2; del mismo modo que ha de consolidarse a finales de este año el sistema para poder compartir los datos de todas las Administraciones públicas de la Unión Europea.

Igualmente se insiste en fomentar la colaboración y el intercambio; impulsar consorcios y asociaciones locales, financiar estancias para incrementar las experiencias, compartir conocimientos y comparar el desarrollo de otras prácticas administrativas e, incluso, incorporar un «pasaporte de competencias básicas».

Instrumento destacado es el «apoyo técnico» para aquellas zonas que se están estancando. Se realizarán estudios para determinar estrategias, actuaciones que atraigan inversiones, conexión entre «valles de innovación», planes que favorezcan el desarrollo regional.

Se anuncia la fijación en el calendario de un «día anual de la Administración local». En principio, para realizar debates y compartir experiencias. Sin embargo, ello no ha de impedir que celebremos un día a las Corporaciones locales, a sus trabajadores. Quizás así algunos empiecen a distinguir entre lo que debe ser, por un lado, la fiesta del pueblo, de esa «patria chica», y, por otro, el reconocimiento de la Administración local que está viviendo su metamorfosis. En fin, una nueva muestra más del atractivo de la Administración local sobre la que giran las políticas públicas más cercanas a la ciudadanía.

ComPAct: la excelencia en la función pública

"Esperemos que esta iniciativa europea de crear una sección de Administración Pública en la plataforma EU Academy permita que la educación de élite tenga futuro, estableciendo una red de centros de excelencia para, a través de ellos, lograr mejorar la preparación de los altos cargos de la Administración española"

Por Teresa Moreo Marroig -El blog de esPublico.com. Gracias a Jiménez Asensio, localizo una nueva Comunicación de la Comisión Europea titulada «Mejora del Espacio Administrativo Europeo», publicada el 25/10/2023[1], en la que se proponen un conjunto de medidas concretas para ayudar modernizar las administraciones públicas de los estados miembro, satisfacer las necesidades de las personas y las empresas de toda Europa y reforzar la colaboración entre los países, de modo que puedan abordar juntos los retos comunes.

 El proyecto, que es voluntario, se conoce con el nombre de ComPAct y se basa en tres pilares de actuación con diferentes medidas. El Pilar 1 lo conforma una Agenda de Capacidades para la Administración Pública, que incluye hitos tales como crear una red de centros de excelencia y establecer el intercambio de cooperación entre administraciones públicas. Otro objetivo que quiero destacar es establecer un programa de la UE sobre la dirección en la Administración Pública, creando una sección de Administración Pública en la plataforma EU Academy (https://academy.europa.eu/).

A modo de la ENA francesa, podría ser una escuela de altos funcionarios. Un vivero de las élites que han de dirigir nuestra Administración y puedan afrontar la necesaria reforma de la función pública, que tanta falta hace en España. La lista de “énarque” franceses (alumno egresado de la École Nationale d’Administration; ENA) que han sido presidentes de la República, ministros o presidentes de altas instituciones francesas e internacionales es muy extensa. Pompidou, Giscard d’Estaing, Chirac y el propio Macron. Incluso durante el gobierno de Mitterrand, que no se formó en la ENA, la quinta parte de los ministros de también eran “enarque”.

Pero la ENA fue suprimida el 31 de diciembre de 2021 y reemplazada por el L’Institut Naticional du Servic Public (INSP) desde el 1 de enero de 2022. Representaba la excelencia del alto funcionariado francés, envidiado en otros países como España, pero, las presiones de los chalecos amarillos, que movilizaron a más de tres millones de franceses la hicieron sucumbir por clasista, fundamentalmente por los criterios de ingreso. Los más talentosos o preparados pertenecían también a las clases más privilegiadas. Corto es el recorrido del INSP para poder afirmar si la excelencia que producía la ENA se ha rendido ante el populismo.

Esperemos que esta iniciativa europea de crear una sección de Administración Pública en la plataforma EU Academy permita que la educación de élite tenga futuro, estableciendo una red de centros de excelencia para, a través de ellos, lograr mejorar la preparación de los altos cargos de la Administración española. En mi trayectoria como servidora pública han venido a mi mente frases tópicas como “No hay malos soldados, solo malos generales” o aquello de ““Qué buen vasallo sería, si tuviese buen señor”, mensajes con tacha de ser políticamente incorrectos o paternalistas pero que definen muy bien la situación real de muchas de nuestras administraciones territoriales. Tomando prestadas las palabras de mi amigo Antonio Arias, el problema es que los políticos carecen de argumentario para el debate administrativo y en cualquier refriega técnica o jurídica salen trasquilados. Merita formación, calidad y excelencia de los que nos dirigen. Bienvenida sea la iniciativa comunitaria.

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[1] En francés: https://rafaeljimenezasensio.files.wordpress.com/2023/10/com-2023-667-compact-fr.pdf