La ministra de Sanidad recibe el Premio CNIS 2025 al mejor proyecto financiado con fondos europeos

El Premio al Mejor Proyecto de Ciudad Inteligente y Sostenible y Nueva Agenda Urbana: “[HSI] Horizonte Sevilla Inteligente” correspondió al Ayuntamiento de Sevilla. +info del desarrollo del XV Congreso del CNIS 2025

Por CNIS.- La XV edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS) ha culminado el jueves 27 de marzo con la entrega de los Premios CNIS 2025, que reconocen a las administraciones, profesionales y entidades que están liderando el cambio hacia una administración más abierta, eficiente y centrada en la ciudadanía.

La gala, celebrada en La Nave (Madrid), fue conducida por Silvia Segovia, especialista en comunicación pública y dinamización de eventos, que puso en el centro a las personas y los proyectos que están transformando lo público.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la entrega del Premio CNIS 2025 al Mejor Proyecto Financiado con Fondos Europeos, que recayó en el Plan INVEAT del Ministerio de Sanidad. La ministra Mónica García Gómez fue la encargada de recoger el galardón, que pone en valor el impacto del proyecto en la modernización del Sistema Nacional de Salud gracias al impulso de los fondos europeos.

Durante su intervención, la ministra destacó que este reconocimiento es fruto de un esfuerzo colectivo: “Recibo este premio como el último eslabón de una gran cadena de trabajo que ha permitido que los fondos europeos lleguen a la alta tecnología de nuestro Sistema Nacional de Salud. Este galardón no es solo del Ministerio actual, sino también de los equipos que me han precedido y, especialmente, de las comunidades autónomas, que han hecho un esfuerzo enorme para renovar sus equipos tecnológicos y mejorar la atención a la ciudadanía”.

Proyectos premiados por categoría:

Además del galardón al Plan INVEAT, el jurado de los Premios CNIS 2025 ha reconocido a un total de trece iniciativas en diferentes categorías, valorando su impacto transformador, su enfoque innovador y su capacidad para mejorar los servicios públicos. Estos son los proyectos y entidades premiados:

Mejor Proyecto Consolidado de Innovación Pública:

“Innovación en la gestión y control del gasto” – Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mejor Modelo de Digitalización:

“Plan de transformación tecnológica de la AECID” – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Mejor Proyecto con Inteligencia Artificial:

“RECAN ANALÍTICA” – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Mejor Proyecto de Incorporación de Tecnologías Emergentes:

“Centro de Automatización Robótica” – Comunidad de Madrid

Mejor Estrategia Integral de Datos:

“Zaintza Datu Gunea” – Diputación Foral de Gipuzkoa

Mejor Sede Electrónica Integral:

“Sede electrónica de Las Rozas de Madrid” – Ayuntamiento de Las Rozas

Mejor Proyecto de Servicios Digitales para la Asistencia a la Ciudadanía:

“EMPLÉATE” – Ayuntamiento de Brunete

Mejor Estrategia de Igualdad Digital Sostenible:

“ENMA” – Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Mejor Proyecto Financiado con Fondos Europeos:

“Plan INVEAT” – Ministerio de Sanidad

Mejor Proyecto de Ciudad Inteligente y Sostenible y Nueva Agenda Urbana:

“[HSI] Horizonte Sevilla Inteligente” – Ayuntamiento de Sevilla

Mejor Iniciativa para la Transformación Cultural:

“Transforma 365” – Ayuntamiento de Alcobendas

Premio Talento Joven:

“Más allá del papel” – Ajuntament de Calvià

Mejor Proyecto GovTech:

“GuardedBox” – GUARDEDBOX SL

Premios especiales CNIS 2025

Premio a la Trayectoria Profesional:

Joaquín Meseguer Yebra – Ayuntamiento de Madrid

Premio Club de Innovador@s Públicos al Innovador/a Más Destacado/a:

Magda Lorente Martínez – Diputación de Barcelona

Reconocimiento Especial CNIS 2024:

Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) – Junta de Andalucía

Medios de comunicación frívolos y alarmistas con las administraciones

"A excepción de los cuerpos de seguridad del Estado y los bomberos. Esta desautorización y desprecio institucional se traslada inevitablemente a todos los profesionales que laboran en las administraciones públicas"

 Por Carles Ramió. esPúblico blog.- Los medios de comunicación nunca han respetado a las instituciones públicas. Su agresividad y falta de sutileza profesional ha fomentado que se confundan determinadas malas prácticas individuales y colectivas con debilidades y deficientes capacidades institucionales. Se trata de la práctica habitual de elevar una anécdota a categoría e incluso de agarrar el rábano por las hojas.

 De esta manera, todas las instituciones públicas del país están desprestigiadas socialmente salvo la excepción de los cuerpos de seguridad del Estado y los bomberos. Esta desautorización y desprecio institucional se traslada inevitablemente a todos los profesionales que laboran en las administraciones públicas. El desprestigio social hacia los empleados públicos es injusto y un ingrediente crucial de desmotivación de este colectivo. Es un problema estructural con el que los profesionales del sector público hemos aprendido a la fuerza a convivir.

Pero la novedad ahora es que los medios de comunicación tradicionales están muy debilitados económica y profesionalmente y, además, compiten con las redes sociales en generar injustas (e incluso disparatadas) alarmas sociales. Han mudado de una crítica general y de trazo grueso a un amplio abanico de escrutinios muy focalizados, casi quirúrgicos, pero armados con imprecisos cuchillos de caza. Desgraciadamente la mayoría de los profesionales de los medios de comunicación tradicionales son precarios proletarios de la información y su única forma de sobrevivir es extorsionando la realidad sin capacidad profesional ni tiempo vara verificar los hechos. Cuando más llamativa sea la noticia más posibilidades tiene que sea publicada sin que medie ningún control de calidad y, mucho menos, de carácter deontológico. El cambio profundo reside que antes solo unos pocos estaban bajo el foco de los medios de comunicación: los cargos políticos más destacados a nivel institucional y de manera muy excepcional algún directivo público que les llamaba la atención, pero ahora cualquier directivo público puede ser objeto de escrutinio de los medios de comunicación. Una vez se han agotado, por reiteración cansina, los grandes escándalos políticos e institucionales se enfoca como objetivo los micro escándalos vinculados a unidades administrativas muy concretas. Se ha pasado de un escrutinio de las administraciones con telescopio a un análisis con microscopio sin que este cambio vaya acompañado de un mayor refinamiento con la gestión de la información. Por tanto, de manera aleatoria ahora cualquier unidad administrativa (organismo autónomo, dirección general, subdirección general o servicio) puede aparecer en forma de escándalo en un medio de comunicación convencional. El resultado es que en la actualidad todos los directivos públicos pueden ser objeto de escarnio por parte de los medios de comunicación y, posteriormente, por las redes sociales. Los problemas y las disfunciones internas, usuales e inevitables en la gestión pública, no solo pueden generar ataques endógenos auspiciados por un MeToo expansivo y, en ocasiones frívolo, sino que estas fricciones de carácter internos derivadas de celos o agravios pueden escalar hasta los medios de comunicación. Los directivos públicos ocupan puestos estratégicos, pero no muy visibles y hasta ahora se sentían «cola de León» y no les solía afectar directamente el escrutinio de los medios de comunicación, pero ahora son (o somos) «cabeza de ratón» en un momento que los medios de comunicación adoptan comportamientos gatunos. Esto no sería ningún problema sino justo lo contrario un avance si los medios de comunicación de manera seria y verificara afloraran prácticas corruptas y una evidente pésima gestión. Pero no suele ser el caso, sino que de manera interesada buscan voces críticas de profesionales intramuros de las administraciones públicas y por el simple hecho de ser críticas las consideran veraces y las hacen públicas. El ejemplo es que aparecen en los medios de comunicación sin ningún tipo de filtro acusaciones de acoso laboral o sexual cuando en algunos casos son denuncias infundadas y que responden a luchas de poder de carácter interno y a lógicas de resistencia al cambio. El daño reputacional a la institución, al denunciado y al directivo público que está por medio puede ser enorme.

De manera, justa o injusta, los cargos políticos son conscientes que pueden ser objeto en cualquier momento de un linchamiento mediático y social. Por este motivo los partidos políticos han visto reducidos de manera drástica sus caladeros para encontrar buenos candidatos a ocupar cargos institucionales. Los candidatos con una dilatada carrera profesional y con prestigio suelen declinar estas ofertas ya que sienten temor a perder su único patrimonio que es el prestigio profesional. Esta tendencia es estructural, pero durante los últimos años es mucho más aguda y crítica. Si esta malévola situación y tendencia se expande a los puestos de dirección pública profesional el daño institucional puede ser enorme ya que va a ser, también difícil, que los profesionales con mayor prestigio acepten a ocupar estos cargos directivos.

Llamamiento a Europa: por una fuerza militar disuasoria común

La UE tiene que reforzar y unir sus ejércitos para seguir siendo un actor con peso político en el escenario global. Pero esto solo se puede defender si se da un paso adelante en la integración europea

Revista de prensa. Por Jürgen Habermas. El País opinión.-  No es que los principales responsables políticos nacionales de Occidente —y, en un sentido más amplio, de los países del G-7— hayan estado siempre en perfecta sintonía en sus perspectivas políticas; pero siempre compartieron ese común entendimiento de fondo respecto a su pertenencia “al” Occidente bajo el liderazgo de Estados Unidos. Este pilar político se ha desmoronado con la reciente llegada al poder de Donald Trump y el consiguiente cambio de sistema en EE UU, aun cuando formalmente el destino de la OTAN de momento siga siendo una incógnita. Desde una perspectiva europea, esta ruptura de época tiene consecuencias de gran calado, tanto para el desarrollo y posible final de la guerra en Ucrania como para la necesidad, la disposición y la capacidad de la Unión Europea de encontrar una respuesta que nos salve ante esta nueva situación. De lo contrario, Europa también se verá arrastrada por la vorágine producida por la superpotencia en declive.

La triste relación entre estos dos preocupantes temas se debe a la incomprensible miopía de la política europea. Es difícil entender por qué los líderes políticos europeos, especialmente los de la República Federal de Alemania, no vieron venir o, al menos, por qué se hicieron los ciegos ante una conmoción del sistema democrático que ya se venía gestando en Estados Unidos desde hacía tiempo. Después de que el Gobierno estadounidense no hiciera ningún intento de evitar mediante negociaciones el ataque ruso, que se había visto venir con el despliegue de tropas, se hizo necesaria la ayuda militar para preservar la existencia del Estado de Ucrania. Pero lo que resultó incomprensible fue que los europeos, en la engañosa suposición de que la alianza con Estados Unidos estaba intacta, se pusieran completamente en manos del Gobierno ucranio, es decir, que sin sentar objetivos propios y sin orientación propia se prestaran a apoyar incondicionalmente la estrategia bélica ucrania.

Un error político tanto o más imperdonable todavía fue que la República Federal de Alemania, confiando ciegamente en la “unidad de Occidente”, eludiera una y otra vez el desafío, ya evidente desde hacía tiempo, de reforzar la capacidad de acción internacional de la Unión Europea. Por eso resulta angustiante la limitada perspectiva desde la que se debate el inusual esfuerzo en curso por rearmar al ejército alemán en un clima de acalorada crispación contra Rusia. Esto reaviva viejos prejuicios. Porque con este rearme, planificado a largo plazo, de lo que se trata no es directamente del destino de Ucrania, que en este momento es particularmente incierto y que causa una preocupación más que justificada, ni tampoco de un posible o imaginario peligro actual para los países de la OTAN proveniente de Rusia. El objetivo general de este rearme es más bien la autoafirmación existencial de una Unión Europea a la que Estados Unidos posiblemente va a dejar de proteger en una situación geopolítica que se ha vuelto impredecible.

La extravagante actuación y el desconcertante discurso del reelegido presidente Donald Trump durante la toma de posesión de su cargo fueron un golpe de efecto que hizo añicos las últimas falsas ilusiones sobre la estabilidad de la potencia líder que es Estados Unidos, incluso en países como Alemania o en la vecina Polonia. Mientras que al menos Michelle Obama fue lo suficientemente inteligente como para no exponerse al espectáculo de este evento fantasmagórico, los expresidentes asistentes tuvieron que soportar impávidos los insultos. La evocación fantasiosa de una nueva edad de oro y los ademanes narcisistas del orador causaban en un telespectador desprevenido, acostumbrado a las ceremonias de investidura de anteriores jefes de Gobierno, la impresión de estar asistiendo a la exposición clínica de un caso psicopatológico. Pero el estruendoso aplauso de la sala y el asentimiento expectante de Musk y los demás magnates de Silicon Valley no dejaron lugar a dudas sobre la determinación del círculo interno de Trump de llevar a cabo la remodelación institucional del Estado según el plan de acción de la Heritage Foundation, conocido desde hacía tiempo. Como siempre, una cosa son los objetivos políticos y otra su realización. Los ejemplos europeos, como la Hungría de Orbán o el régimen de Kaczyński en Polonia, ahora depuesto, solo se parecen a los planes de Trump en lo que respecta a la restricción estatista del ordenamiento jurídico.

Las primeras medidas del nuevo presidente se han centrado en la electoralmente efectiva deportación de inmigrantes ilegales que, en muchos casos, llevaban décadas viviendo en el país. A esto le siguió el cierre, problemático desde una perspectiva jurídica, de importantes programas de ayuda internacional. No es casualidad que estas primeras intervenciones en el aparato administrativo federal, en gran medida ilegales, estén dirigidas por Elon Musk, nombrado comisario “de eficiencia”, quien, tras adquirir Twitter, ya había “saneado” esta organización con un estilo similar. Estas medidas iniciales evidencian el objetivo político de mayor alcance, consistente en un desmantelamiento radical de la Administración estatal, y apuntan a una política económica libertaria. Pero esta caracterización se queda corta, ya que es de esperar que el adelgazamiento del Estado, a largo plazo, siga seguramente de la mano de un cambio a una tecnocracia gestionada digitalmente.

En Silicon Valley llevan tiempo con este sueño libertario de abolición de la política: esta debe ser reconducida a un modo de gestión empresarial dirigida por nuevas tecnologías. Aún no está nada claro cómo estas ideas de largo alcance van a poder ser compaginadas con el estilo de actuación de Trump, con una política de decisiones arbitrarias sorprendentes y desvinculada de las normas establecidas. No solo resulta desconcertante el estilo del dealmaker, de carácter imprevisible, que actúa por interés nacional a corto plazo. Como en el caso de la fantasía obscena de agente inmobiliario sobre la reconstrucción de la desolada Franja de Gaza, es la irracionalidad de esta persona, cuya imprevisibilidad probablemente sea intencionada, la que podría chocar con los planes a largo plazo del vicepresidente o de sus nuevos amigos tecnócratas.

El nuevo tipo autoritario de la era digital no tiene nada que ver con el fascismo histórico

Lo más difícil de predecir es la implementación política del cambio de régimen planeado y puesto en marcha, que, manteniendo a nivel formal una constitución de facto vaciada de contenido, ha de conducir a una nueva forma de dominación tecnocrática y autoritaria. Dado que los problemas que requieren regulación política son cada vez más complejos, un régimen de este tipo respondería a la creciente necesidad de una población despolitizada y aliviada de decisiones políticas trascendentales de disponer de un sistema que funcione por sí mismo. La ciencia política ya lleva tiempo reflejando esta tendencia en su terminología, al hablar de democracias “reguladoras” de forma eufemística. En estos casos, basta la mera celebración formal de elecciones democráticas, con independencia del grado de participación real de votantes informados en un proceso de formación de opinión. Este nuevo tipo de dominación no tiene ninguna similitud con el fascismo histórico. En Estados Unidos no se ven tropas uniformadas, sino una vida normal, salvo un reducido grupo de hordas alborotadoras como las que asaltaron el Capitolio hace cuatro años animadas por su presidente y que después sus miembros fueron indultados del delito de alta traición. Aún son criterios sociales y culturales más o menos inequívocos los que dividen a la población en dos bandos políticos prácticamente iguales. Los procesos judiciales por las flagrantes violaciones de la Constitución por parte del Gobierno todavía se encuentran en los tribunales de primera instancia. La prensa aún no está uniformada, aunque, en parte, se haya adaptado a las nuevas circunstancias. Se están gestando aún las primeras resistencias en las universidades y en otros ámbitos culturales. Pero no hay duda de que este Gobierno actúa con rapidez.

Este giro era previsible desde hacía tiempo. A principios de los años noventa, con el programa de George H. W. Bush, Estados Unidos se encontraba sin duda en el cénit de una superpotencia: era perfectamente plausible que Occidente pudiera entonces impulsar el régimen de los derechos humanos en todo el mundo. El fin de la Guerra Fría había hecho albergar esperanzas en el florecimiento duradero de una sociedad mundial pacificada. En aquella época surgieron nuevos sistemas democráticos en muchos lugares del mundo. Las intervenciones humanitarias eran un tema importante, aunque los intentos exitosos no llegaran a consolidar su éxito a largo plazo. En 1998 se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La guerra de Kosovo había desencadenado los debates que llevaron al reconocimiento de la “responsibility to protect” [la responsabilidad para proteger]. Pero esta perspectiva idealista cambió a principios del nuevo siglo con la investidura de Gobierno de George W. Bush, que había accedido al poder gracias a una dudosa sentencia del Tribunal Supremo contra Al Gore [sobre el recuento de los votos en Florida]. Y con los atentados terroristas del 11 de septiembre, la posterior declaración de la “guerra contra el terror”, con controvertidas restricciones de los derechos fundamentales y un aumento de los controles en todo el país, el clima político de Estados Unidos cambió radicalmente. Este tenso clima fue el telón de fondo de la agresiva toma de posición contra el “eje del mal” y de la invasión de Irak violando el derecho internacional, de la autorización de prácticas de tortura, del establecimiento de Guantánamo y, en general, del intento de una movilización agresiva de Occidente.

No, una vez destruidas, las instituciones no se pueden restaurar sin más

Después de que Bush fuera reelegido a pesar de todo, este primer mandato pudo percibirse como el punto de inflexión que más tarde resultó ser. Desde entonces, hay voces que hablan del declive de la superpotencia. La elección de Barack Obama, el primer presidente negro, aclamado a escala nacional e internacional, no supuso el cambio esperado. Durante su mandato se impuso también la práctica, cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional, de ejecutar a personas consideradas “enemigas” en cualquier lugar del mundo mediante drones teledirigidos. Y, a más tardar, la victoria en 2016 de un tipo errático como Donald Trump, que en su momento todavía provocó protestas, tendría que haber puesto de manifiesto la fractura político-cultural del electorado, que obviamente tenía causas socioeconómicas más profundas.

Esta elección, a esas alturas, tendría que haber centrado la atención de los europeos en la convulsión de las instituciones políticas en Estados Unidos. Y es que la infiltración plebiscitaria del Partido Republicano, iniciada a finales de los años noventa, había acabado por hundir un sistema bipartidista estable. Hoy en día se ve que instituciones como esta, en largo proceso de descomposición, no pueden ser restauradas en el transcurso de una legislatura, incluso si la propuesta de Trump volviera a fracasar en las próximas elecciones. No menos alarmante es la politización del Tribunal Supremo, que, por ejemplo, absolvió a Trump, justo antes de su reelección, en un caso cometido durante su primer mandato, alegando que los presidentes no pueden ser procesados a posteriori por un delito cometido durante el ejercicio de su cargo. Este veredicto abre las puertas a la política sin consideraciones y errática de Trump en la actualidad.

Será necesario que pase el tiempo para que los historiadores puedan emitir un juicio sobre las interpretaciones encontradas de los antecedentes y de la posible evitabilidad de la invasión rusa de Ucrania. Sea cual sea el veredicto, la situación política después del 23 de febrero de 2022 era inequívoca: con la ayuda de EE UU, Europa tenía que acudir en ayuda de la Ucrania atacada con la suficiente rapidez para preservar su existencia como Estado. Pero en lugar de agitar banderas y gritar consignas de guerra y de aspirar a la victoria sobre una potencia nuclear como Rusia, habría sido más apropiado reflexionar de forma realista sobre los riesgos de una guerra prolongada. Faltó la consideración crítica del peligro de una ruptura con el sistema económico mundial existente y con una sociedad global hasta entonces más o menos equilibrada. También en interés propio, se debería haber intentado lo antes posible entablar negociaciones con esta potencia imperial irracional y desde hace mucho en declive que es Rusia para alcanzar un acuerdo aceptable para Ucrania, pero esta vez garantizado por Occidente. Ya el primer día de la invasión rusa, la consideración sobria de la fecha de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses debería haber convencido a los europeos de la fragilidad de la ya tambaleante Alianza Atlántica.

Para un individuo medianamente ilustrado de mi generación, el triunfalismo autocomplaciente sobre la unidad de Occidente y sobre el resurgimiento de la capacidad de actuación de la OTAN, ya dada por muerta, resultaba fantasmagórico. Igualmente desconcertante era la insensibilidad pública ante el estallido de violencia militar en Europa. Parecía haber desaparecido toda sensibilidad hacia la violencia disuasoria de las guerras y hacia el hecho de que las guerras surgen con facilidad, pero son difíciles de acabar.

Tanto mayor es el espanto en la actualidad al ver cómo el congraciamiento sin principios de Trump con Putin divide a Occidente y pone en tela de juicio el fundamento normativo, invocado con razón, de la ayuda a Ucrania. Aunque los aliados, burlados, puedan seguir justificando su intervención con buenas razones de derecho internacional, ahora, abatidos, ven cómo su éxito depende de la cruda política de poder de Trump. Esto ya lo mostraron los pocos días que Estados Unidos interrumpió su apoyo logístico en el frente de Kursk. Así, Inglaterra y Francia tuvieron que abstenerse a regañadientes en el Consejo de Seguridad ante una moción sobre Ucrania que Estados Unidos había acordado conjuntamente con Rusia y China. Mientras Francia subraya la necesidad de que la Unión Europea solo puede independizarse de Estados Unidos en materia de política de seguridad con la ampliación de su paraguas nuclear a todos los Estados miembros, el primer ministro británico, Keir Starmer, reafirma ante Ucrania la promesa de ayuda, que se ha vuelto más tímida, con una coalición de 30 Estados más o menos dispuestos a apoyar. Por cierto, parece que, cuando se habla de esta “coalición de voluntarios”, a nadie le molesta que se adopte un nombre que George W. Bush introdujo para su guerra al margen del derecho internacional. Resulta desconcertante que la Unión Europea no represente ningún papel político de peso en las negociaciones sobre un posible alto el fuego. Son Estados Unidos y Rusia y, en el mejor de los casos Inglaterra y Francia, los que están negociando sobre y con la propia Ucrania.

¿Sigue EE UU siendo un superpoder? Parece que Trump tiene sus dudas

En cualquier caso, el cambio de rumbo de Estados Unidos con respecto a Rusia, sea cual sea su resultado, no es más que un giro sorprendente en una nueva situación geopolítica que se venía gestando desde hace tiempo y que se ha agudizado con el conflicto de Ucrania. Con independencia del éxito que tenga, parece que, con su acercamiento a Putin, Trump admite que, a pesar de su superioridad económica, Estados Unidos ha perdido la hegemonía mundial y, en cualquier caso, ha renunciado a la pretensión política de ser una potencia hegemónica. La guerra de Ucrania no ha hecho más que acelerar la reconfiguración de las fuerzas geopolíticas: el innegable ascenso global de China y los éxitos a largo plazo del ambicioso proyecto de la Ruta de la Seda de un Gobierno chino con una estrategia inteligente, las ambiciosas pretensiones de la India, su rival, y, por último, las crecientes ambiciones políticas mundiales de potencias medianas como Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudí y otros países. La región del Sudeste Asiático está experimentando cambios similares. No es casualidad que la publicación de obras sobre el reordenamiento de un mundo multipolar haya aumentado de manera notable en la última década. Este cambio en la situación geopolítica, solo agravado por la división de Occidente, sitúa el actual rearme de la República Federal de Alemania en una perspectiva muy diferente a la que sugieren las especulaciones sobre una amenaza actual de Rusia hacia la UE.

En mi opinión, el clima anímico en Alemania, impulsado también por una formación de opinión política unilateral, se ha dejado arrastrar al remolino de una hostilidad recíproca frente a la agresión. Por supuesto, la última resolución del Parlamento alemán cesante es también una señal inequívoca de determinación para no permitir que Ucrania sea víctima de un acuerdo adoptado sin su consentimiento. Pero el rearme alemán, planificado a más largo plazo, persigue sobre todo otro objetivo: los países miembros de la Unión Europea deben reforzar y unir sus fuerzas militares, porque de lo contrario dejarán de contar políticamente en un mundo en proceso de cambio geopolítico y en desintegración. Solo siendo una Unión con capacidad de actuación política autónoma los países europeos podrán hacer valer de forma efectiva su peso económico global común en defensa de sus convicciones normativas y de sus intereses.

Desde Merkel, Alemania ha castigado con ignorancia los esfuerzos de Francia

En este contexto, se plantea una cuestión de la que nadie ha hablado hasta ahora: ¿puede la UE ser percibida a escala global como un factor de poder militar independiente mientras que cada uno de sus Estados miembros pueda decidir soberanamente, en última instancia, sobre la estructura y el uso de sus fuerzas armadas? Solo con capacidad de acción colectiva, también en lo que respecta al uso de la fuerza militar, ganará independencia geopolítica. Esto, por supuesto, plantea una tarea del todo nueva para el Gobierno alemán. En efecto, tendrá que superar un umbral político de la integración europea que el Gobierno alemán bajo Schäuble y Merkel siempre insistió en evitar, por no hablar de la ignorancia y la pasividad del Gobierno de coalición tripartito en materia europea. ¡Y todo ello en el contexto de los esfuerzos que Francia, nuestro vecino, lleva realizando desde hace muchos años!

Por razones históricas comprensibles, los Estados miembros nuevos y no tan nuevos del este y noreste de la Unión Europea que más reclaman la fortaleza militar son precisamente los menos dispuestos a ello. Por lo tanto, en este caso también, la cooperación más estrecha que los tratados de la Unión permiten a las partes dispuestas de entre sus miembros tendrá que partir más bien de los países del núcleo histórico de la UE. Una enorme tarea en la que Friedrich Merz podría crecer de forma inesperada, precisamente porque la confianza de la población en su capacidad de liderazgo no es que sea abrumadora.

Pero la ola de rearme está provocando reacciones muy diferentes. Y no solo de los de siempre, que celebran el nacionalismo, ya superado históricamente, como si fuera una virtud atemporal, sino también de los políticos que quieren reanimar a una juventud, que con buenas razones ya es posheroica, recuperando el servicio militar obligatorio. Y esto en países que, por buenas razones, casi todos hace tiempo que abolieron o suspendieron el servicio militar obligatorio. En esta abolición del servicio militar obligatorio se refleja un proceso de aprendizaje con el trasfondo de la historia universal, a saber, la convicción, nacida en los campos de batalla y en los sótanos de la Segunda Guerra Mundial, de que ese ejercicio asesino de la violencia es inhumano, aunque, sin duda, esta solución última de los conflictos internacionales, desde el punto de vista político, sin duda solo pueda ser abolida paso a paso. Me asusta ver desde qué sectores, de manera irreflexiva o incluso expresamente con el objetivo de reavivar una mentalidad militar que se creía superada con razón, se está apoyando al Gobierno alemán, que ahora se dispone a llevar a cabo un rearme sin precedentes del país.

Las razones políticas que he mencionado para justificar el fortalecimiento de una fuerza militar disuasoria común de la Unión Europea solo las puedo defender bajo la reserva de que se dé un paso adelante en la integración europea. Para justificar esta reserva debería bastar la idea con la que se fundó y se construyó la antigua República Federal de Alemania: ¿qué sería de una Europa en cuyo centro el Estado más poblado y con mayor poder económico se convirtiera además en una potencia militar muy superior a todos sus vecinos, sin estar integrado de forma obligatoria por el derecho constitucional en una política exterior y de defensa europea común sujeta a decisiones mayoritarias?

La cruzada antiburocrática que viene desde el otro lado del Atlántico

"La Administración Trump olvida palmariamente aquella máxima de Hamilton, reflejada en distintos pasajes de El Federalista, de que no puede haber un buen Gobierno donde no hay una buena Administración"

Por Rafael Jimenez Asensio. Hay Derecho blog.- Cualquier reflexión sobre la transformación de la Administración Pública debe tener actualmente en cuenta el complejo contexto político y existencial que se ha abierto en el sector público en estos últimos meses. Frente a la innegable necesidad objetiva de transformar unas Administraciones Públicas cada vez con más focos de mala administración, en términos de desgobierno, gasto público ineficiente y de mala prestación de servicios a la ciudadanía, es necesario invertir decididamente en una Gobernanza efectiva como medio de fortalecer unas organizaciones y un sistema burocrático que muestran síntomas evidentes de agotamiento o de fatiga de materiales. 

Tampoco la Nueva Gestión Pública supo resolver estos problemas, y menos aún en España donde solo se aplicaron sus aspectos más neoliberales (privatizaciones y externalizaciones), sin que fuéramos nunca capaces de articular una dirección pública profesional que actuara en un marco de responsabilidad gerencial. Así las cosas, en el sector público español el déficit organizativo y de profesionalización e imparcialidad de sus estructuras burocráticas es manifiesto. Y va a más. Si nadie lo detiene. La reciente novela de Sara Mesa (Oposición, Anagrama, 2025) es, desde una entretenida y, a veces, esperpéntica visión, una clamorosa denuncia del mal funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Aquí nuestra reseña de esta novela.

Este evidente déficit estructural de nuestro sector público, con bajas capacidades administrativas y liderazgos ejecutivos cautivos de la política, nos sitúa en una posición de marcada fragilidad frente al feroz ataque que desde el otro lado del Atlántico se está lanzando contra la burocracia estatal (la función pública o el servicio civil), acusándola de innumerables disfunciones, ineficiencias sinfín, burocratismo enfermo o de obesidad mórbida, dispendio de recursos públicos, falta de agilidad e incremento de cargas administrativas, una regulación inflacionaria y cosas por el estilo. En el caso español, resulta más complejo buscar argumentos que frenen ese discurso populista e iliberal, que bajo su simplismo aparente y también por excesos cometidos (véase al efecto el libro de Dunkelman, Why nothing works o «Por qué nada funciona»; y la magnífica entrevista en El Confidencial, realizada por Ángel Villarino), está tomando fuerza al otro lado del Atlántico. El objetivo último de la actual Administración estadounidense es, sin duda, el brutal y directo cuestionamiento de los sistemas burocráticos tradicionales por el tándem Donald Trump/ Elon Musk, mediante la creación de esa estructura atípica que se denomina Departamento de Eficiencia Gubernamental (surgida a partir del Servicio Digital de Estados Unidos, creado por Obama, una agencia que ha dado cobertura a ese Caballo de Troya), cuyo fin confesado es reducir drásticamente el papel del sector público y de su burocracia en aras -se dice- a contener el déficit presupuestario en dos billones de dólares hasta mediados de 2026, el 4 de julio, cuando se conmemoren los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos; momento en el cual, se concluye, la Administración Federal Estadounidense estará ya refundada sobre bases completamente nuevas. Los motivos no confesados parecen ser otros: por un lado, eliminar el saber experto (Tom Nichols, 2025); por otro, restaurar el spoils system, sobre todo en la alta Administración y alta función pública, cuyos directivos tienen una impronta marcadamente demócrata (Noah Smith, 2025); y, en fin, ese desmantelamiento de la burocracia tradicional pretende asimismo eliminar los frenos internos al poder discrecional del ejecutivo y alimentar  la externalización (debilitando los controles internos), y quién sabe sí también una introducción intensiva de la automatización y de la Inteligencia Artificial sustituyendo al trabajo humano y ofreciendo nichos de negocio a las grandes tecnológicas. Este proceso desconocemos cómo terminará; pero sí sabemos que sus primeros pasos ponen de relieve que la función pública profesional e imparcial y la dirección profesional son instrumentos a destruir o ningunear.

Esta operación, que también se vende como transformación, nos advierte que un proceso mal diseñado y conducido de aparente eficiencia gubernamental, puede tener un alto contenido de regreso al pasado, y resultar una suerte de transformación inversa. De hecho, algunas de las tesis que alimentan esa estrategia están inspiradas en el ideario populista del presidente Andrew Jackson (1829-1837), alma máter del spoils system estadounidense que, si bien corregido por la Pendleton Act de 1883, al implantar el sistema de mérito en la función pública, no se asentó hasta bien entrado el siglo XX. Otras beben de fuentes contaminadas como retroalimentar la corrupción pública, endémica durante largos períodos de la existencia de los Estados Unidos, o de mirar hacia otro lado en los evidentes conflictos de intereses. Y hay tesis que derechamente van encaminadas a aplicar el transhumanismo también en la prestación de los servicios públicos en todo lo que sea posible. Veremos cómo evoluciona (o mejor dicho, involuciona) este proceso.

El problema central es que se ha impuesto en la agenda política estadounidense una suerte de cruzada antiburocrática, con precedente en la Argentina de Milei y su difundida imagen de «la motosierra», que puede tener letales efectos de emulación, pues ese discurso populista, libertario e iliberal, está calando en segmentos importantes de la ciudadanía que -abrazando discursos demagógicos- censuran el mal funcionamiento burocrático, que algunas veces es cierto por incompetencia, desdén o imprudencia en gestionar lo público; pero que conviene no generalizar gratuitamente, lo que requiere reforzar las estrategias de transformación del sector público en clave de gobernanza robusta, como medio de legitimar con fuerza el importante papel de una Administración pública profesional, imparcial y efectiva en el funcionamiento del Estado Liberal Democrático de Derecho, al servicio de la ciudadanía. Un reto importantísimo, puesto que Estado Liberal Democrático de Derecho y Administración profesional e imparcial van de la mano. Y el ataque al Poder Judicial es el siguiente paso.

Cabe concluir. Si ha sido siempre importante impulsar una gobernanza robusta para lograr el buen gobierno de las instituciones y de las Administraciones Públicas, la cruzada antiburocrática, de fuerte oleaje, que golpea desde hace muy poco tiempo las democracias occidentales y, particularmente, también la española, obligan necesariamente a multiplicar los esfuerzos en esta dirección, tomándose en serio ese enorme desafío. La Administración Trump olvida palmariamente aquella máxima de Hamilton, reflejada en distintos pasajes de El Federalista, de que no puede haber un buen Gobierno donde no hay una buena Administración.

Las Administraciones públicas y también sus sistemas burocráticos deben abandonar su zona de confort, en la que se encuentran cómodamente asentadas desde hace varias décadas. Desde hace algunos años se viene hablando de Administración defensiva, como aquella que da primacía a los intereses endogámicos del sector público y subordina en ocasiones la atención a la ciudadanía como foco central de la acción administrativa, difuminando así la razón existencial de lo público y pervirtiendo su sentido. Sus efectos son palpables. Y a ello no solo ha contribuido un corporativismo rancio, sino también un sindicalismo público voraz, que ha perdido la brújula de para qué sirve la Administración. Pero, junto a esta tendencia, también se advierte la emergencia de una Política (agresivamente) defensiva, que, entre otras cosas, ha hecho bandera de un mensaje antiburocrático, caricaturizando el papel de la función pública, así como poniendo en entredicho su papel institucional, y que rompe literalmente el ecosistema público de la democracia liberal en lo que afecta al equilibrio entre política y gestión, poniendo en peligro la función existencial de la Administración Pública.

En tal sentido, apostar por una gobernanza robusta en el ámbito del sector público, que refuerce en serio (no de mentiras) el Gobierno Abierto, el alineamiento política-gestión, supere las tradicionales estructuras divisionales o departamentales por estructuras de misión o proyectos, abogue por una dirección y una función pública íntegras, profesionales e imparciales, lleve a cabo una digitalización inclusiva y una verdadera simplificación de procedimientos y trámites, junto con una regulación inteligente, clara, diligente y efectiva, es imprescindible para apuntalar la imagen institucional y la confianza de la ciudadanía en Administraciones públicas que sean efectivas. La apuesta es crucial, pues hoy en día el actual ecosistema político-administrativo está amenazado por parte del populismo iliberal y por las crecientes autocracias, que solo buscan destruir la democracia y, como parte de ella, los sistemas burocráticos profesionales e imparciales, así como politizar más aún y ocupar con total descaro la alta Administración. Un asunto demasiado serio, por la vuelta atrás que todo ello implica. Construir una Administración imparcial y sometida a la legalidad fue tarea compleja. Llevó mucho tiempo. Regresar al pasado nunca es bueno. Menos a ese.

La pública diferencia: el papel de las universidades para mejorar la movilidad social

"Lo importante es tener instituciones públicas de élite, que permitan formar otro tipo de élites basadas en las capacidades personales, y no en el privilegio heredado"

Por Antonio Cabrales. Nada es Gratis blog.-  Hace unos días El Mundo reflejaba unos datos del SIUU sobre colocación y salarios de los egresados de las universidades españolas y me preguntaba la autora del artículo cómo es posible que las universidades públicas, que tienen en general mejores profesores salgan mal paradas. De hecho, esto es cierto, si miramos una titulación con salidas, digamos derecho. Por ejemplo, los egresados en esa titulación de la universidad pública con mayores salarios (y la mejor de todas en el ranking de El Mundo) tienen un salario menor que los de varias universidades privadas. Es decir, el efecto no es solamente de composición de titulaciones, aunque en el agregado eso también afecta. Mi respuesta fue que, en primer lugar, no todas las universidades públicas (o privadas) son iguales. El mercado distingue algo, porque si uno mira los salarios de egresados de las públicas, en general tienden a correlacionar bien con los rankings de prestigio por disciplina (QS, el propio de El Mundo). Pero aparte de esa capacidad, la literatura muestra que los contactos son importantes para encontrar trabajo y que las personas que pueden permitirse una universidad privada por lo general tienen mejores contactos.

Hoy quería hablarles de las implicaciones que pueda tener que esta tendencia dominante en términos laborales continúe, mirando lo que ha pasado en Estados Unidos. Comentaré un artículo de Chetty, Deming y Friedman que estudia justamente los efectos de las admisiones a universidades privadas americanas selectivas. En concreto, el estudio investiga la composición socioeconómica de los estudiantes en universidades privadas de élite y el impacto de la admisión en el éxito social futuro. Los autores analizan si estas instituciones contribuyen a la movilidad social o perpetúan los privilegios.

El estudio utiliza un conjunto de datos que vincula múltiples fuentes. Por un lado los datos administrativos del impuesto sobre la renta para conocer los ingresos familiares y los ingresos de los estudiantes después de la universidad. Por otro, datos de admisión de universidades privadas y públicas selectivas, incluyendo la puntuación de los exámenes estandarizados (SAT y ACT) que se utilizan para las decisiones de admisión y sirven como medida de las capacidades de los estudiantes antes de llegar a la universidad. Son datos de 2,4 millones de estudiantes y permiten a los autores analizar los patrones de solicitud, admisión y matriculación en universidades privadas de prestigio, a las que llaman Ivy-Plus (las Ivy League, más Stanford, MIT, Duke y la Universidad de Chicago) en comparación con universidades públicas de renombre.

Los autores se hacen varias preguntas importantes. Primero, a qué se debe la mayor representación de estudiantes de altos ingresos en las universidades de la Ivy-Plus. Además si asistir a una universidad de la Ivy-Plus tiene un efecto causal en el éxito a largo plazo. Finalmente, cómo influyen las políticas de admisión en la diversidad económica de estas instituciones.

La primera pregunta ya tiene una respuesta interesante, al descomponer el proceso de admisión universitaria en tres etapas. En solicitudes, observan que los hijos de familias con altos ingresos solicitan admisión con una tasa ligeramente mayor que los estudiantes de ingresos medios con resultados comparables en las pruebas. Por tanto, no es un factor muy importante. Por otro lado, el principal factor de desigualdad es que los estudiantes del 1% superior de renta tienen un 58% más de probabilidades de ser admitidos que los estudiantes de clase media con los mismos resultados en los exámenes estándar SAT/ACT. Por último, los estudiantes admitidos de familias con renta alta se matriculan con mayor frecuencia, especialmente a través de los “programas de admisión anticipada”, que benefician desproporcionadamente a los solicitantes con mayores recursos.

Dado que el factor esencial es la admisión, los autores desglosan los tres mecanismos principales que favorecen a los solicitantes con altos ingresos. El primero es que los solicitantes cuyos padres asistieron a la universidad tienen cinco veces más probabilidades de ser admitidos. Además, observan que los solicitantes de escuelas secundarias privadas reciben calificaciones significativamente más altas en actividades extracurriculares y de liderazgo, a pesar de tener credenciales académicas similares. Por último, los estudiantes admitidos por la rama atlética provienen de familias de mayores medios en su mayoría.

Algo muy interesante es que estos factores no se correlacionan con el éxito postuniversitario, mientras que los factores académicas (notas del SAT/ACT, media de la escuela secundaria) son los predictores más sólidos de ingresos a largo plazo y roles de liderazgo. Por tanto, las ventajas de extracurriculares dan facilidades de admisión que se relacionan poco con la eficiencia.

Una vez examinado esto, se pasa a evaluar el efecto causal de asistir a universidades Ivy-Plus. Para hacer esta evaluación los autores comparan a los estudiantes admitidos aleatoriamente a partir de listas de espera con los rechazados, garantizando que los grupos sean estadísticamente similares, salvo por su resultado de admisión. Este diseño aísla el efecto de asistir a una universidad de prestigio de la autoselección estudiantil. Los resultados son llamativos. Asistir a una universidad de prestigio aumenta en un 60% la probabilidad de alcanzar el 1% de renta más alta. Los estudiantes de universidades de prestigio tienen el doble de probabilidades de asistir a escuelas de posgrado de élite. Tienen el triple de probabilidades de trabajar en empresas prestigiosas (por ejemplo, bufetes de abogados, consultoras o fondos de inversión de primer nivel). El efecto se concentra en alcanzar puestos de élite, no en aumentar los ingresos promedio de todos los estudiantes.

Un dato importante es que otros estudios no observaban efectos grandes (o incluso no encontraban efecto alguno) de asistir a estas universidades (por ejemplo Dale y Krueger o Ge, Isaac y Miller o Mountjoy y Hickman). La razón es que las investigaciones previas se centraron en las rentas medias en lugar de en los resultados profesionales de excelencia. Lo que demuestran Chetty, Deming y Friedman es que las universidades de élite sirven como puertas de entrada a las élites de poder en lugar de simplemente aumentar los ingresos.

Los autores sugieren una serie de reformas para mejorar la inclusividad del sistema, como eliminar las preferencias por hijos de exalumnos y deportistas, o dar ligeras preferencias a estudiantes de bajos ingresos con alto rendimiento.

Pero para mí lo esencial es que piden emular a las instituciones públicas emblemáticas, que no muestran un sesgo de admisión similar hacia los estudiantes adinerados. Yo francamente no creo que las universidades privadas vayan a reformarse. Si hacen lo que hacen, es por un motivo concreto. Estos estudiantes adinerados proporcionan muchos ingresos y no van a renunciar a ellos. Por tanto, lo importante es tener instituciones públicas de élite, que permitan formar otro tipo de élites basadas en las capacidades personales, y no en el privilegio heredado. Vamos, barriendo para casa, la pública diferencia, el lema que adoptó mi universidad hace tiempo.

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Función Pública acuerda con los sindicatos que el personal laboral público pueda acceder a la jubilación parcial

En una reunión con CC OO y UGT, el ministro López pacta la incorporación de una tasa adicional que de pie a la aplicación de este derecho

Revista de prensa. Por Gorka R. Pérez. El País.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acordado con los representantes de los sindicatos CC OO y UGT este lunes la incorporación de “una tasa adicional” que permita que el personal laboral se pueda acoger a la jubilación parcial, según han anunciado ambos sindicatos a través de una nota conjunta. “De esta forma se da solución al planteamiento de las organizaciones sindicales para garantizar que el personal laboral de las administraciones públicas pueda disfrutar también del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre con este Ministerio y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril”, señalan las centrales.

Respecto a esta tasa, CC OO y UGT -que por la tarde han participado en una segunda reunión en la que también ha estado presente CSIF-, han matizado que “no computaría sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado”, lo que daría pie a la convocatoria de más plazas de empleo público, y que de esta forma “se pueda aplicar la jubilación parcial”, al tiempo que se tiene “a alguien en sus puestos”. Además de la incorporación de esta tasa, en esta primera reunión también se ha acordado modificar la normativa vigente “para que no se pierda este derecho”. 

Una fuente sindical celebra el éxito del compromiso arrebatado al Gobierno, ya que recuerda que, pese a que es el Estatuto de los Trabajadores el que rige sobre el personal laboral amparando el acceso a esta modalidad de retiro anticipado, en la práctica no se estaba produciendo por la falta de personal público y la dificultad añadida para las Administraciones de encontrar un relevista a tiempo completo que ocupase el tiempo liberado, un requisito indispensable.

Pese a que el encuentro, demandado durante semanas por los sindicatos, ha dado comienzo a media mañana, y se ha extendido durante algo más de dos horas, este aspecto ha sido el único en los que los sindicatos CC OO y UGT (CSIF no había sido convocado) han logrado arrancar un compromiso al Gobierno.

El acercamiento vespertino tampoco ha sido especialmente fructífero, y fuentes conocedoras de la negociación detallan que no se ha profundizado en ninguna de las demás reclamaciones sindicales. Esto es, la aplicación de la revalorización salarial del 0,5% a la que el Gobierno se comprometió en el anterior acuerdo marco. Esta se ha abordado, pero desde el Ejecutivo se han limitado a señalar, como en anteriores ocasiones, que se llevará a cabo “en cuanto sea posible”. Las fuentes sindicales consultadas temen que esta alza sea tratada como un arma arrojadiza por parte del Gobierno para tratar de convencer al resto de fuerzas parlamentarias en su búsqueda de apoyos para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Del mismo modo, tampoco se ha puesto sobre la mesa ninguna senda de negociación inicial para definir los incrementos salariales de los más de tres millones de trabajadores públicos en los próximos años, toda vez que el anterior acuerdo caducó el pasado diciembre. “No se ha concretado nada, todo está en el aire”, confía una persona presente en el diálogo social, que advierte de que en anteriores ocasiones, frente a un escenario similar, se ha utilizado la figura del real decreto para aprobar subidas para los trabajadores públicos.

Pese al encuentro de este lunes, en CSIF afirman que estarán “vigilantes” y no descartan mantener el calendario de protestas callejeras que iniciaron el pasado miércoles frente a la sede de Hacienda y las delegaciones de Gobierno en distintas ciudades del país. CC OO y UGT, por su parte, reconocen en la nota emitida tras el primer encuentro que han instado al Gobierno “a aprobar lo antes posible la subida salarial del 0,5% pendiente”, sin especificar ningún plazo.

Pacto caduco

Ninguno de los dos encuentros de este lunes ha servido para desbloquear la última subida pendiente del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI que establecía una senda de mejoras salariales para el trienio 2022-2024, y que fue suscrito en octubre de 2022 entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CC OO y UGT, puesto que CSIF se quedó fuera. Esa subida, que estaba ligada al comportamiento del IPC durante el periodo referido, no había sido aplicada pese a haberse dado las circunstancias establecidas en el pacto -que la inflación acumulada en estos tres años fuera mayor al 8%-, y había quedado en el limbo desde que caducó el pacto en diciembre de 2024.

Esta parálisis ha molestado sobremanera a todos los sindicatos, especialmente a CSIF, que rechazó participar en el anterior acuerdo por considerar que los aumentos no corregían la pérdida de poder adquisitivo que venían arrastrando los trabajadores públicos. “Los empleados públicos han perdido un 9% de poder de compra desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo, y más de un 20% desde los recortes de 2010 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero”, ha recordado este sindicato tras la reunión de la tarde. El 0,5% pendiente de aplicación se estima que tendrá un coste aproximado de 700 millones de euros para las arcas del Estado.

Alzas automáticas

“No hay razón alguna para que no se aplique”, lamentó la semana pasada Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública y secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, que adelantó también la celebración de una movilización ante Hacienda para el próximo 8 de abril, martes, que no ha sido oficialmente desconvocada. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no dejen a un lado los derechos que tienen los trabajadores públicos por razones políticas internas”, se sumó también Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos.

La citación de Función Pública para este lunes también fue celebrada por CSIF, que exige, entre otras reclamaciones, no solo “aprobar cuanto antes la subida de este año y el 0,5% adicional, correspondiente a 2024″, sino que las subidas salariales que se aprueben a partir de ahora para este colectivo se produzcan ”de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)“.

Jesús Fernández-Villaverde: Pensiones y racionalidad (y III)

La situación electoral en España hace prácticamente imposible cualquier reforma. PSOE y PP dependen del voto de los mayores de 65 años, por su peso demográfico y porque su apoyo es mucho más sólido en este grupo que entre los jóvenes

Por Jesús Fernández-Villaverde.- La mano visible.- El Confidencial.es.- Con esta tercera entrada concluyo mi serie sobre pensiones y racionalidad. En la primera entrada, resumí la preocupante situación de nuestro sistema público de pensiones. En la segunda entrada, expuse tres ideas clave: la “hucha de las pensiones” es un fraude contable, el déficit creciente del sistema amenaza con hundir nuestras cuentas públicas y muchas supuestas soluciones (como recortar el despilfarro en el gasto público) no lo son. Si no ha leído esas entradas, le recomiendo hacerlo. Es posible que allí encuentre respuesta a muchas de sus dudas y no repetiré aquí las mismas ideas de nuevo.

El objetivo de esta tercera entrada es doble: primero, justificar que el problema del sistema público de pensiones va más allá de un mero reto presupuestario, pues sus resultados violan principios básicos de justicia intergeneracional, y segundo, proponer reformas que lo encaminen hacia un escenario más sostenible. Estas reformas son económicamente viables y no muy radicales, aunque, me temo, casi imposibles políticamente.

Para ello, contaré con la inestimable ayuda de Jon González, quien publica casi a diario en X datos de la mejor calidad sobre pensiones, distribución intergeneracional y economía española en general. Es una de las (pocas) personas a las que sigo con rigurosa regularidad y recomendaría a todos mis lectores que hagan lo mismo. Además, Jon tiene una página en Substack, La Promesa Generacional, donde desarrolla estas ideas en más detalle. Como ha abordado estos temas con mucha más inteligencia y detalle de lo que yo podría, le pedí que colaborase en esta entrada. Jon, con una generosidad inaudita, aceptó. Por ello, a partir de ahora, cambiamos a la primera persona del plural.

Empecemos con la justicia intergeneracional. En el primer gráfico, presentamos la renta per cápita equivalente por grupos de edad seleccionados empleando datos del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles. Esta renta se calcula a partir de la renta total de los hogares y ajustándola por el tamaño de estos (parte de la tesis doctoral de Jesús fue precisamente cómo efectuar este ajuste por el tamaño de los hogares con cuidado). A partir de este momento, y para ahorrar espacio, renta querrá decir siempre renta per cápita equivalente.

El primer grupo de barras muestra lo que llamamos renta de mercado ampliada: salarios, alquileres, intereses, etc. Simplificando solo un poco, esta es la renta que los españoles reciben antes de impuestos y transferencias públicas. 

Como en casi todas las economías avanzadas, la renta de mercado ampliada sigue una curva con forma de joroba a lo largo del ciclo vital: crece con la edad a medida que los trabajadores ganan experiencia laboral (y con ella, mayores salarios) y acumulan activos. La renta de mercado ampliada suele alcanzar su punto máximo alrededor de los 55 años. A partir de ahí, los salarios medios empiezan a descender: muchos trabajadores se jubilan y, entre quienes no lo hacen, reducen sus horas de trabajo. Aunque los ingresos por activos siguen aumentando hasta edades avanzadas, a partir de los 65 años la caída de los ingresos laborales es tan pronunciada que la renta de mercado ampliada disminuye. Por ejemplo, mientras que las personas entre 50 y 65 años tienen una renta media de 32.685 euros, las de 65 a 85 años apenas alcanzan 12.462 euros (calcular esta cifra para los mayores de 85 años es más complejo por razones técnicas).

En el segundo grupo de barras añadimos las prestaciones públicas monetarias, como pensiones, desempleo e ingreso mínimo vital, para obtener la renta bruta. La joroba sigue presente, pero es mucho menos pronunciada: las personas entre 50 y 60 años tienen una renta bruta de 37.309 euros, apenas 6.206 euros más que la de quienes tienen entre 65 y 85 años. 

Pero la renta bruta debe cumplir con todas sus obligaciones fiscales: impuestos y cotizaciones sociales. El tercer grupo de barras muestra el resultado de estas deducciones: la renta disponible. Y aquí viene la sorpresa: las personas entre 65 y 85 años terminan con la renta disponible más alta de todos los grupos de edad. Nuestro estado del bienestar, con un sistema fiscal progresivo y transferencias públicas, convierte la joroba en una pendiente.

La situación apenas cambia si consideramos la renta disponible extendida, que incluye prestaciones públicas en especie como educación y sanidad. El cuarto y último grupo de barras muestra precisamente esa renta disponible extendida. Ahora la pendiente es aún más pronunciada: las personas entre 65 y 85 años tienen 1.551 euros per cápita más al año que el segundo grupo con mayor renta, las personas entre 50 y 65 años.

Desde una perspectiva de justicia intergeneracional, ¿alguien cree que este resultado es justo? ¿Por qué quienes tienen entre 65 y 85 años deberían disponer de más renta disponible extendida que cualquier otro grupo de edad? 

Planteemos el siguiente experimento: reducir los impuestos a las personas de entre 30 y 40 años y ajustar las prestaciones monetarias de quienes tienen entre 65 y 85 años. Con ello, la renta del primer grupo pasaría de 23.327 a 24.327 euros, mientras que la del segundo se reduciría de 28.569 a 27.860 euros. Este ajuste cumple con tres condiciones clave:

Impacto neutral en la renta total de los hogares en España: dado que hay 5,9 millones de personas entre 30 y 40 años y 8,3 millones entre 65 y 85 años, la redistribución es perfectamente equilibrada.

La sanidad de los mayores permanece intacta: no se recorta ni un céntimo en su atención sanitaria.

Los mayores de entre 65 y 85 años seguirían disfrutando de la renta disponible extendida más alta de todos los grupos de edad en España, con 27.860 euros, es decir, 842 euros más que el segundo grupo con más recursos (las personas entre 50 y 65 años).

¿Quién puede argumentar que la situación actual (23.327 euros vs. 28.569 euros) es más justa que nuestra propuesta (24.327 euros vs. 27.860 euros)? Y antes de que alguien nos acuse de “enfrentar” a un grupo contra otro: los recursos fiscales son los que son. Fantasear con “que todos tengan más” no es una solución, sino simple pensamiento mágico.

Pero lo realmente preocupante es el deterioro de la situación en la última década. El segundo gráfico emplea datos del Instituto Nacional de Estadística para mostrar la evolución de la renta media en España en euros de 2024 para dos grupos: mayores de 65 años y personas entre 18 y 64 años. Mientras que a principios de la década pasada ambas rentas eran similares (en 2010, 15.495 euros para los mayores de 65 años vs. 15.734 euros para las personas entre 18 y 64 años), desde entonces la brecha entre ellas se ha ampliado de forma clara (en 2024, 17.208 euros para los mayores de 65 años vs. 15.161 euros para las personas entre 18 y 64 años).* 

España no tuvo más remedio que aplicar un duro ajuste fiscal tras la crisis del euro, con recortes salariales y subidas de impuestos. El gráfico deja en evidencia que este ajuste ha recaído exclusivamente sobre quienes tienen entre 18 y 64 años, cuya renta per cápita en 2024 sigue por debajo de la de 2008. En contraste, los mayores de 65 años no solo han estado completamente protegidos de cualquier ajuste, sino que su renta ha aumentado de manera considerable. Este resultado no tiene sentido. 

El resultado de estos ajustes es que, según la Encuesta de Coste Laboral, el salario bruto medio anual de los trabajadores por cuenta ajena al cierre de 2024 era de 27.977 euros. Si se eliminan las cotizaciones sociales, el salario comparable se reduce a 26.169 euros, apenas un 5,8% por encima de la pensión media de jubilación de quienes trabajaron por cuenta ajena, que asciende a 24.727 euros. Dado que el trabajo por cuenta ajena conlleva costes adicionales no reembolsables —como transporte, vestuario profesional y comidas fuera de casa— lo más probable es que la pensión media de jubilación sea ya más generosa en términos reales que el salario medio anual por cuenta ajena una vez descontadas las cotizaciones sociales. Además, mientras que en la última década los salarios han caído un 1% en términos reales (según la misma fuente), la pensión media de jubilación ha aumentado un 16% en ese mismo periodo.

No estamos defendiendo que la renta real de los mayores de 65 años no deba estar protegida en tiempos de crisis. Pero lo que no es admisible es que no solo no asuman ni un céntimo del ajuste, sino que encima lo agraven para los demás al incrementar aún más su renta per cápita.

Nuestros dos gráficos conectan con el argumento de la segunda entrada: imaginemos que, eliminando gasto superfluo, las administraciones públicas logran 50.000 millones de euros adicionales (o la cifra que más rabia le dé al lector). ¿Deben destinarse automáticamente a pensiones? ¿No sería más sensato reducir el déficit público para que los jóvenes enfrenten menos deuda en el futuro? ¿O invertir en vivienda? ¿O en combatir el cambio climático? 

Muchos jubilados argumentan que se sacrificaron mucho para que España creciera. Es cierto, pero también emitieron cantidades masivas de CO₂ en el proceso. Por tanto, es razonable pedirles que asuman parte del coste que la transición energética impone sobre el presupuesto público.

¿Qué medidas pueden reconducir el sistema hacia una situación más sostenible presupuestariamente y, al mismo tiempo, más justa intergeneracionalmente? Para no alargarnos en exceso, presentaremos solo cuatro propuestas, pero todas ellas de gran impacto. En los siguientes párrafos, tomaremos ampliamente como referencia la entrada de Jon en Substack, Reforma de las pensiones en España: Propuesta para un sistema sostenible. En esa entrada, el lector interesado encontrará más detalles y medidas adicionales, como la reforma del seguro de desempleo para mayores de 52 años, un tema que, por claridad, preferimos no abordar aquí. 

Primero, el cupo vasco y la aportación navarra deben incluir el porcentaje del presupuesto de la Seguridad Social que se financia con impuestos o deuda pública (que, al final, son impuestos futuros). Cuando se diseñaron estos regímenes fiscales durante la Transición, las cotizaciones sociales bastaban para cubrir los gastos del sistema, pero hoy ya no es así. En 2024, el Estado transfirió 54.005 millones de euros a la Seguridad Social (cifras provisionales), un dinero que sale de los impuestos de todos los españoles que no tributan a las haciendas forales. Mientras tanto, los contribuyentes vascos y navarros no aportan ni un solo euro a ese esfuerzo. 

Este privilegio territorial no solo es injusto, sino que genera incentivos perversos. Actualmente, los diputados del País Vasco y Navarra pueden votar subidas de pensiones que benefician a sus propios pensionistas sin que sus territorios contribuyan a financiarlas, ya que el sistema está en déficit incluso antes de esas subidas. Para corregir esta anomalía, habría que calcular con precisión qué parte del déficit corresponde a competencias no transferidas (ya que el País Vasco gestiona algunas prestaciones sociales que otras regiones no), pero en términos generales, el País Vasco debería empezar a pagar unos 3.000 millones de euros y Navarra unos 900 millones.

Segundo, la pensión de viudedad necesita una reforma para reducir la dependencia de los supervivientes del sistema público y fomentar su reincorporación al mercado laboral. En las generaciones más jóvenes, con una brecha laboral mucho menor, esta pensión debería limitarse en cuantía y duración mientras la persona esté en edad de trabajar.

Tercero, debemos recuperar un sistema que incorpore explícitamente la relación entre ingresos y gastos en el cálculo de las pensiones. La Ley 23/2013, de 23 de diciembre introdujo dos elementos clave para garantizar un futuro más sostenible: un factor de sostenibilidad que ajustaba la pensión inicial según la esperanza de vida a los 67 años y un índice de revalorización que vinculaba las pensiones a la evolución del número de beneficiarios, su coste y los ingresos del sistema. Aunque no era perfecta, fue una de las pocas reformas estructurales del gobierno de Rajoy. Si se hubiese mantenido en vigor, la situación actual sería muy distinta y esta serie de artículos no sería tan necesaria.

Desafortunadamente, la ley tuvo una corta vida. La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones derogó el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, sustituyéndolos por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, una sobrecotización finalista destinada a alimentar un fondo de reserva de la Seguridad Social que, como explicamos en la segunda entrada, no es más que un fraude contable.

La mejor forma de implementar esta reforma es adoptar un sistema de cuentas nocionales similar al de Suecia. Este modelo introduce un registro individualizado de contribuciones, donde cada trabajador acumula un saldo virtual basado en sus aportaciones y en el crecimiento medio de los salarios. La pensión final se calcula en función de la esperanza de vida y del saldo nocional acumulado, asegurando así una vinculación directa entre contribuciones y prestaciones, con una posible corrección para garantizar un mínimo para las pensiones más bajas.

Es importante entender que un sistema de cuentas nocionales sigue siendo público, de reparto y gestionado al 100% por la Seguridad Social. No hay ninguna inversión de las cotizaciones sociales; el sistema simplemente registra cuánto ha contribuido cada trabajador.

Una ventaja clave de este modelo es que crea incentivos claros para retrasar la jubilación a cambio de una pensión mayor. Esto ayudaría a aumentar la edad efectiva de jubilación, algo necesario dada la evolución demográfica. Además, resulta lógico: el nivel de salud medio de una persona de 65 años en 2025 es muy superior al de 1975. Un sistema de protección social debe reflejar este cambio y facilitar (aunque no imponer) jubilaciones más tardías. No tiene sentido, por ejemplo, que un catedrático deba jubilarse obligatoriamente a los 70 años si sigue siendo productivo en docencia e investigación.

El problema de este modelo es que generará pensiones menos generosas que las actuales, ya que buscamos equilibrar un sistema con un déficit creciente. Pero hacer recaer todo el ajuste en los trabajadores jóvenes sería inaceptable: el esfuerzo debe repartirse entre todas las generaciones. Por ello, podemos reintroducir un mecanismo de revalorización progresiva para las pensiones actuales, sustituyendo la indexación automática a la inflación por un sistema similar al de la Ley 23/2013. Este índice consideraría inflación, crecimiento del PIB y el equilibrio financiero del sistema. 

Este mecanismo en ningún caso reduciría las pensiones en términos nominales. Sin embargo, dado que la revalorización podría situarse por debajo de la inflación durante la transición, el poder adquisitivo real de los jubilados actuales se ajustaría de forma progresiva y sostenible. 

Como con las cuentas nocionales, se podría establecer un umbral mínimo de revalorización (por ejemplo, la inflación) para pensiones inferiores a un cierto nivel (80%-90% del salario mínimo), asegurando que los pensionistas con menos recursos no pierdan poder adquisitivo.

Cuarto, debemos introducir un componente complementario de capitalización dentro del sistema. Esto se puede lograr mediante fondos de inversión colectiva con costes de gestión mínimos. Un buen ejemplo es la mutualidad sin ánimo de lucro para profesores universitarios en Estados Unidos, en el que uno de nosotros, Jesús, participa como miembro.

El objetivo no es generar beneficios para bancos o aseguradoras, sino ofrecer un sistema transparente, seguro y con costes mínimos para el trabajador. Recuperar el espíritu de las antiguas mutuas sociales, pero actualizado a las vidas laborales contemporáneas puede ser una solución eficaz.

Con esto concluimos esta serie de tres artículos. A pesar de haber escrito casi 9.000 palabras (incluidas las respuestas de Jesús a muchos comentarios), no hemos podido abordar todos los aspectos con la profundidad que merecen; eso requeriría un libro entero. Solo nos queda una última reflexión. 

La situación electoral en España hace prácticamente imposible cualquier reforma de este tipo, incluso con matices en los detalles. Tanto PSOE como PP dependen del voto de los mayores de 65 años, no solo por su peso demográfico, sino porque su apoyo es mucho más sólido en este grupo que entre los jóvenes, donde otros partidos como Vox han ganado mucho terreno. En el caso del PSOE, este efecto se refuerza por sus preferencias ideológicas, y en el caso del PP, por la ausencia de una visión clara de

¿Qué pasará si no hacemos nada? Hay dos escenarios posibles. El primero es el de la decadencia gradual: seguimos aplicando ajustes parciales mientras la situación de los jóvenes empeora sin cesar. Poco a poco, más y más jóvenes optan por abandonar España para escapar de impuestos asfixiantes o, si se quedan, postergan la formación de hogares, renuncian a tener hijos o simplemente dejan de invertir en su propio capital humano, pues el retorno a esta inversión es prácticamente nulo. Peor aún, los que emigran no son los menos capacitados, sino aquellos con más iniciativa y menos tolerancia hacia el inmovilismo. Con una base impositiva menguante, la única opción es subir aún más los impuestos a los que se quedan, entrando así en un ciclo autodestructivo del que es difícil salir. 

El segundo escenario es el del colapso abrupto: una crisis severa -quizás una guerra, un colapso financiero o un shock externo- nos empuja a un ajuste brutal e inmediato, como el que sufrió Grecia durante la crisis del euro. En lugar de reformas graduales y ordenadas, nos veremos obligados a aplicar recortes desesperados, con consecuencias mucho más dolorosas para todos.

El tiempo dirá cuál de los dos escenarios se materializa. Pero lo que está claro es que, si seguimos sin hacer nada, es poco probable que haya un tercero en el que todo se arregla mágicamente.