"Solo UGT ha validado esta propuesta y el sindicato de funcionarios CSIF la rechaza porque no elimina la tasa de reposición, recorta plazas de personal laboral y no garantiza la ejecución de los plazos"
Revista de prensa. Por Raquel Pascual. El País.- El Gobierno tiente previsto aprobar en breve una nueva oferta de empleo público que supondrá un nuevo récord. Recoge alrededor de 40.121 nuevos puestos (la oferta de 2023 fue de 39.574) incluyendo tanto plazas de turno libre (nuevo acceso) como de promoción interna en la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. El texto aún no es definitivo y solo ha sido respaldado enteramente por UGT, por lo que las cifras finales que ha facilitado este sindicato podrían variar ligeramente antes de su próxima aprobación por el Consejo de Ministros. No obstante, fuentes del Ministerio de Transición Digital y para la Función Pública aseguran que “con este volumen de empleo, que incluye tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre como de promoción interna, se garantiza la generación de empleo neto”.
Sin embargo, el sindicato de funcionarios CSIF ha rechazado el acuerdo porque
“mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto, se pierden
plazas de personal laboral respecto al año anterior y no garantiza la ejecución
de los plazos”. Las centrales CC OO, CIG y ELA, también presentes en la Mesa
General de negociación de la Administración General del Estado (AGE), tampoco
han respaldado la oferta del Gobierno para el empleo público estatal. Así desde
la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, explican que su rechazo
obedece a que la propuesta de Escrivá “es, desde el principio de la
negociación, pobre en términos cuantitativos y cualitativos” e impide recuperar
efectivos y reducir el grave problema envejecimiento de las plantillas. Además,
desde esta central acusan a los responsables gubernamentales de haberse negado
a modificar las cifras en las sucesivas reuniones.
Pese
al rechazo de la mayoría de las centrales que forman esta mesa, el Ejecutivo
tramitará de manera inmediata el real decreto por el que se apruebe la oferta y
será aprobado por el Consejo de Ministros antes de publicarse en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). Así, las cifras definitivas aún podrían sufrir alguna
variación antes de recibir el visto bueno definitivo del Ejecutivo, insisten
fuentes de la negociación, que esperan la aprobación final de esta propuesta la
próxima semana. En cualquier caso, según el borrador al que ha tenido acceso
este diario, para el turno libre, se convocarán 20.840 plazas, frente a las
21.162 del año pasado. De estas destacan casi 15.000 puestos de funcionario,
2.124 de personal laboral o 2.525 de Justicia.
A
estas casi 21.000 plazas del turno libre se suman los puestos promoción interna
de funcionarios en ejercicio. En este capítulo se sacarán como mínimo 10. 600
plazas, siempre según el citado borrador. Además, la oferta incluye nuevos
empleos para las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(unas 6.520 en turno libre y más de 2.100 en promoción interna). Con todo, el
total de la oferta de empleo pública de 2024 se elevará, por primera vez, por
encima de los 40.100 nuevos puestos.
Este
año se mantendrá la denominada tasa de reposición, que ha limitado fuertemente
la oferta de empleo público desde 2012 e impide la sustitución de todas las
bajas en determinados sectores. El ministro de Función Pública, José Luis
Escrivá, se ha comprometido a que dicha tasa no quede eliminada hasta 2025,
pero los sindicatos han incluido en la negociación de este texto la necesidad
de “superar” que la tasa de reposición sea el principal indicador que guía la
elaboración de la oferta de empleo público.
En
el documento elaborado por Función Pública se precisa que la oferta de este año
se lleva a cabo en el marco de la prórroga de los Presupuestos de 2023, por lo
que “continua la senda de recuperación del empleo público emprendida en años
anteriores, no limitándose solo a reponer la pérdida de efectivos, sino también
a posibilitar la generación de empleo neto”. Al
mismo tiempo, se impulsará en su lugar la planificación de Recursos Humanos de
la Administración General del Estado para una concreción más completa y
orientada de la Oferta de Empleo Público.
Según
ha informado UGT, esta oferta también mantiene las medidas dirigidas a agilizar
los procesos selectivos, que se prevé que se convoquen antes del 30 de
noviembre de 2024, acumulada o separadamente con la oferta de 2023. Asimismo,
apuntan que el documento mantiene el compromiso de reserva de un 10% de las
plazas para la inclusión de personas con discapacidad, y de ellas un 2% se
reservan para personas con discapacidad intelectual. Respecto a los procesos de
estabilización, que afectan a más de medio millón de temporales en la
actualidad, “el documento recuerda la necesidad de que finalicen antes del 31
de diciembre de 2024 para que se consolide la tasa de temporalidad por debajo
del 8%”, indican desde este sindicato.
Todo
esto no ha sido suficiente para sumar a un acuerdo sobre esta oferta a CC OO y
a CSIF. Esta última central ha precisado este miércoles que las plazas que se
van a ofertar no solucionan el déficit de 43.000 plazas que acumula la
Administración General del Estado correspondientes al periodo 2010-2020 y
advierten que esta situación se agravará porque el 60% de la plantilla se
jubilará a lo largo de los próximos diez años. Por todo esto, además de
rechazar la oferta que ultima el departamento que dirige, José Luis Escrivá,
CSIF ha anunciado que se manifestará en Madrid el próximo jueves 27 de junio frente
al Ministerio de Hacienda -de quien dependen los empleados públicos- en protesta por el deterioro de las
administraciones públicas y para exigir la última parte de la subida salarial
pactada para este año.
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