Ex altos cargos: tú al Congreso y yo a Iberdrola

Desde 2015, uno de cada cuatro ex altos cargos de la AGE declararon actividades privadas en los dos años posteriores a su cese, entre las que destacan incorporaciones a consultoras, bufetes y asesorías.

Por MIGUEL ÁNGEL GAVILANES y ANTONIO HERNÁNDEZ. Fundación Civio.- Encontrarte con un ex en Madrid será difícil; encontrar un ex alto cargo público en una empresa privada, no tanto. Carmen Calvo y Pablo Iglesias, por ejemplo, pasaron de compartir consejo de ministros a compartir tertulia en la radio. Pero, además de las colaboraciones con medios de comunicación, hay más vida laboral después de la política. Y no solo hablamos de exministros, sino de exsecretarios de Estado, exconsejeros de la CNMV, ex directores generales, entre otros. En los destinos más frecuentes aparecen consultoras como Llorente y Cuenca, PricewaterhouseCoopers o Kreab; despachos de abogados como Gómez-Acebo & Pombo, Cuatrecasas, Uría Menéndez o Cremades & Calvo Sotelo; energéticas como Iberdrola o Enagas, bancos y entidades financieras como Santander, BBVA o Altamar Capital Partners, entre otros.

Los informes que cada semestre elabora la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) dan cuenta, desde 2015, de 1.712 personas que han sido o son altos cargos de la Administración General del Estado (AGE). A 30 de junio de 2021, fecha de cierre del último informe disponible, había 740 personas en activo. Las que abandonaron sus puestos, por ley, no pueden trabajar para una empresa que haya sido beneficiada o afectada por sus decisiones. Al menos, durante los dos años siguientes a su cese y, en este tiempo, deben tener el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses para realizar cualquier actividad.

Cuando decimos que cualquier actividad debe ser autorizada por la Oficina de Conflictos de Intereses nos referimos a toda actividad. Hasta un cameo en La Casa de Papel del expresidente de la Agencia EFE, Fernando Garea. El actual director de El Periódico de España comunicó esta colaboración con Vancouver Media, la productora de la serie, y recibió la luz verde de la OCI en septiembre de 2020.

Casi la mitad de los exministros y ex secretarios de Estado –la mayoría del PP puesto que estuvieron al frente del Gobierno hasta mediados de 2018–, han acabado en el sector privado solo durante este periodo de enfriamiento. Por su parte, los primeros exministros de Sánchez continúan en política y con posiciones destacadas, como Meritxell Batet, presidenta del Congreso, o María Luisa Carcedo y Magdalena Valerio, ambas presidentas de comisiones en la Cámara Baja. Otros siguieron de alguna manera vinculados a lo público. Máximo Huerta, titular por seis días de Cultura y Deportes, que dimitió por verse envuelto en un fraude fiscal, presentó durante dos temporadas un magacín en TVE. Y Carmen Montón, exministra de Sanidad, tras un breve paso por la Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios (Fundamed), organización formada por, entre otros, empresas del sector sanitario y farmacéutico, regresó como Embajadora Observadora Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos tras el archivo del caso máster, sobre el plagio de su tesis de final de máster, que le costó el puesto.

La última renovación del Ejecutivo, la del pasado mes de julio, aún no figura en los informes de la Oficina de Conflictos de Intereses. Así, Carmen Calvo, la exvicepresidenta, e Iván Redondo, el ex jefe de Gabinete de Sánchez, cesados el 10 y el 13 de julio, por poner dos ejemplos, figuran como activos ya que cerraron este listado días antes de su salida. Sin embargo, gracias a la información disponible en el Portal de Transparencia, sabemos que Calvo cuenta con la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para colaborar con la SER. Y Redondo, quien afirmó en La Sexta que sería columnista para La Vanguardia, aún no habría recibido el visto bueno a fecha de publicación de este artículo.

El Tribunal Constitucional entierra el impuesto de plusvalías sobre bases automáticas y no reales

"... podría decirse que la muerte del Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos (hasta que se alce la técnica alternativa que valore la capacidad económica real) supondrá el Incremento de los Litigios con Desenfreno"

Por JR. Chaves. delaJusticia.com blog.- No ha habido sorpresas ante la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales, por vulnerar el principio de capacidad económica del art.31 de la Constitución y nulos «los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales porque establece “un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre ha existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento”.

Sencillamente se trataba de confirmar que no puede tributarse según una ciega regla matemática, al margen de la valoración singular y real del bien sobre el que recae el tributo. Para el Tribunal Constitucional no es aceptable “un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento”.

El Tribunal Constitucional huye de sentencias interpretativas y paños calientes, y corta por lo sano: expulsa esta técnica del ordenamiento jurídico tributario pese a su larga vida aplicándose y los cientos de miles de liquidaciones de este impuesto injustas pero sufridas en silencio, por aquello de que «lo dice la Ley, estará bien», «siempre se hizo así», o «es práctico».  Es cierto que ya se habían tambaleado los cimientos de esta técnica con tres anteriores y sonadas sentencias, pero faltaba el hachazo final, y rematar a la bestia.

Sin embargo, el gozo queda en un pozo para quienes sufrieron en el pasado el expolio pues la sentencia expresamente declara la «intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia” (extremo que se ha hecho público, pese a que la sentencia ya votada no está aún publicada, por lo que no es posible saber si su redacción final aclarará su impacto efectivo).

A expensas de la lectura completa del texto definitivo una vez publicado, estamos ante una  sentencia de futuro y que provocará un pequeño terremoto en el mercado jurídico tributario :

-Que el legislador afine la imaginación y técnicas para la valoración singular y real de los bienes inmuebles sometidos a tributación;

-Que la administración tributaria local frene la máquina de las liquidaciones por este tributo

-Que estime recursos y reclamaciones en curso

-Que sopese atender nuevas solicitudes de devoluciones de lo indebidamente ingresado o rectificaciones de liquidaciones practicadas en los últimos cuatro años.

-Que esté alerta a la catarata de solicitudes de revisión de oficio de liquidaciones firmes

-Que resuene alguna acción de responsabilidad patrimonial frente al estado legislador.

 O sea, con fácil juego de palabras, podría decirse que la muerte del Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos (hasta que se alce la técnica alternativa que valore la capacidad económica real) supondrá el Incremento de los Litigios con Desenfreno.

El precio de la Justicia tributaria es sacrificar la Eficacia recaudatoria, pero está claro que aquélla debe primar sobre esta.

Altos cargos: doble de hombres que de mujeres

A 30 de junio había 740 en activo (sin contar los de entidades autonómicas y locales), la cifra más alta de los últimos años. De ellos, 243 son mujeres y 497, más del doble, hombres.

Por EVA BELMONTE, ANTONIO HERNÁNDEZ y MIGUEL ÁNGEL GAVILANES . Fundación Civio.- Fue un paso adelante y así se contó: en 2018 Pedro Sánchez creó el primer Consejo de Ministros con más mujeres que hombres. Tras la remodelación del pasado verano, el balance está 14 a 8 a favor de las ministras. Pero, al bajar niveles y rascar más allá de esa foto oficial, la cosa cambia. De los 740 altos cargos estatales en activo a 31 de junio, solo 243, un 33%, son mujeres. Así, en términos globales, y contando todos aquellos obligados a rendir cuentas ante la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), la “presencia equilibrada” de hombres y mujeres de la Ley de Igualdad no se cumple, esto es, que haya un máximo del 60% y un mínimo del 40% para cada uno de los dos géneros o, lo que es lo mismo, centrándonos en el incumplimiento más habitual: no puede haber más de un 60% de hombres. Y a esa fecha, cuando se cerró el último balance oficial, suponían un 67%.

Eso sí, hemos estado peor. De hecho, desde 2015 el porcentaje de mujeres ha ido creciendo. El peor dato se dio a finales de 2015 y a mediados de 2016, ambos en época de Rajoy, cuando las mujeres no alcanzaban ni el 22% del total. Y el paso al Gobierno de Sánchez se notó: entre mayo y diciembre de 2018 las mujeres pasaron del 23 al 30%. Aunque seguía sin ser suficiente.

Evolución de la brecha de género en los altos cargos

La Ley de Igualdad establece que los poderes públicos “procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. Algunos de esos 740 altos cargos no han sido nombrados directamente por el Gobierno -como pasa, por ejemplo, con los de la Casa Real- y, por lo tanto, no es su responsabilidad directa. Pero una abrumadora mayoría sí salen directamente de las decisiones que toma el Ejecutivo.

De hecho, si solamente nos fijamos en los ministerios y obviamos otros organismos como el Consejo de Seguridad Nacional o la Casa del Rey, las cifras no mejoran mucho: de ese 33 pasamos a apenas un 34% de mujeres.

Barreras a la transparencia

Los datos de este reportaje salen de los informes de altos cargos que publica la Oficina de Conflicto de Interés, que no incluyen organismos autonómicos y locales pero sí todos los estatales, incluso algunos que nombran a sus propios trabajadores, como la Casa Real. De ahí, hemos extraído los altos cargos en activo a cada cierre de informe. Y nos hemos encontrado con algo curioso: todos están en formatos que permitían copiar los nombres menos los de 2020, cuando se dio marcha atrás y se empezaron a publicar pdf escaneados, dificultando mucho su tratamiento. No es la única barrera a la transparencia. De hecho, lo que se publica de las declaraciones de estos altos cargos es solo un resumen.

Además, la norma añade que el Gobierno atenderá al principio de “presencia equilibrada” -ese 60/40- en la administración general del Estado y los organismos públicos o dependientes de ella “considerados en su conjunto”. Algo que, si atendemos a los datos de la propia OCI, no se cumple.

Pero si vamos más allá de la cifra global hay organismos en los que la situación es mucho peor. Dejando fuera por razones obvias aquellos con un solo alto cargo, la Casa del Rey es el farolillo rojo: diez hombres y solo una mujer, la interventora.

También encontramos suspensos en los organismos dependientes directamente de Moncloa. De hecho, hace solo unos días, Pedro Sánchez vació de mujeres el núcleo duro de Moncloa. Solo once de los 23 ministerios cumplía a finales de junio ese 60/40 mínimo. Dos de ellos, Sanidad y Universidades, lo hacen exactamente al 50%. Y otros dos, Interior e Industria, Comercio y Turismo, cumplen la regla por la mínima, están en el 60/40.

Porcentaje de mujeres y hombres en los organismos al cierre de cada semestre

Otros dos ministerios, Igualdad y Justicia, tienen más de un 60% de un solo género pero, eso sí, en su caso esa mayoría es de mujeres. El incumplimiento más habitual no sorprende: diez ministerios tienen más de un 60% de hombres entre sus altos cargos. El menos paritario en este sentido es Defensa, con un 89% de hombres o, lo que es lo mismo, 41 altos cargos varones frente a cinco mujeres, entre ellas la propia ministra. Le sigue Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 73 hombres (un 85%) frente a 13 mujeres (un 15%).

Récord en el número de altos cargos

El 30 de junio, solo unos días antes de la remodelación del Gobierno y el tradicional meneo en cadena de ministros, secretarios de estado, directores generales y jefes de gabinete, la Oficina de Conflictos de Intereses cerraba su informe semestral, el que da cuenta de quiénes son los altos cargos obligados a presentar declaraciones de actividades y bienes en los organismos públicos estatales y que supone la base de este reportaje. Había 740 altos cargos en activo, una cifra récord. Y, ¿cuándo hubo menos altos cargos? En junio de 2016, con el gobierno en funciones de Rajoy en La Moncloa, cuando eran 641.

Desde el 30 de junio de 2015, fecha de cierre del primero de esos documentos, más de 1.600 personas han pasado por esos sillones.

El bloque más importante de esos 740 altos cargos en activo a 30 de junio de 2021 está en Exteriores, incluyendo sus 121 embajadores. Le sigue el Ministerio de Transportes, inflado gracias a sus 28 presidentes y otros tantos directores de las autoridades portuarias, unos organismos liderados por personas vinculadas a los partidos políticos y donde escasean los perfiles técnicos.

No todos los altos cargos se ven afectados por los meneos de ministros. Ni siquiera por los cambios de gobierno. De hecho, 103 de las personas nombradas desde junio de 2015 permanecen en algún puesto a día de hoy, sin interrupciones. Gobierne quien gobierne. Entre ellos, por ejemplo, el director del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Liderazgo femenino en la Administración Pública

Los próximos 18 y 19 de noviembre se celebrará en Santiago de Compostela el III Congreso de “Mujeres en el Sector Público”

Pilar Moreno. Mujeres en el sector Público -Las mujeres, más de la mitad de la población, históricamente han estado apartadas de los lugares de toma de decisión, no solo en la administración pública sino en todos los ámbitos de la sociedad.

De un tiempo a esta parte, el deseo de la mujer ha sido recuperar ese terreno que épocas pasadas le arrebataron y con el esfuerzo colectivo se están dando grandes avances en el camino a la igualdad real y efectiva, también en el sector público.

La asociación “Mujeres en el Sector Público” nació con un objetivo claro, unir a las mujeres empleadas públicas para visibilizar su talento y la labor que desempeñan en la administración pública. Que sus aportaciones esenciales, fueran escuchadas en el contexto de mejora constante en la que se han de encontrar el sector público.

El deseo con el que surgió #MujeresSP fue su desaparición. Este hecho pondría de manifiesto que la mujer ya se encontraría en todos los puestos de gestión y decisión más elevados de la administración pública por su talento, constancia y experiencia, rompiendo el techo de cristal existente hasta el momento y habiendo desaparecido el suelo pegajoso en el que muchas se encuentran.

Hasta el momento no ha sido posible el cumplimiento de ese deseo, pero trabajaremos para que la igualdad efectiva inunde todos los rincones de la administración pública.

Con el objetivo de poner en valor el talento femenino,  organizado por la asociación #MujeresSP, con la intención de continuar la labor iniciada en los congresos de 2019 (Madrid) y 2020 (Online).

Santiago de Compostela, en su año Xacobeo, será el marco en el que se producirá el encuentro de las mujeres del sector público inquietas y comprometidas con la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la administración.

Razones por las que no te puedes perder el congreso de mujeres en el sector público

1.-La mejora del capital formativo. El contexto de encuentro en el que desarrollará el Congreso permitirá el debate sobre el liderazgo femenino en ámbitos como el jurídico, la comunicación, el arte, la formación y en los sectores más masculinizados. Un debate enriquecedor que dejará paso a una reflexión tanto colectiva como personal que sin duda mejorará la posición y la visión de la mujer en el sector público.

2.-Desarrollo personal y empoderamiento. La reflexión derivada a las excelentes ponencias programadas en el III Congreso permitirá una introspección de las necesidades de cada una de nosotras y producirá un irrevocable deseo de mejora. Advertir donde estamos, que hemos hecho y qué podemos lograr como mujeres profesionales y como asociación, será un fantástico reto.

3.-La vuelta a la presencialidad. El congreso de Mujeres en el Sector Público supondrá para muchas un reencuentro tras la pandemia de la COVID-19. El intercambio de experiencias y la interacción están aseguradas. Si decides embarcarte en formato online, del mismo modo tendrás la posibilidad de compartir experiencias, en esta ocasión a través de las redes sociales de la asociación. #MujeresSP está presente en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIN y You Tube.

4.-Del networking a la vida real. Las relaciones que se han formado en las redes sociales tendrán su réplica offline. Será el momento de la dervirtualización y la generación de contactos, que sin duda, hará que se continúe tejiendo la extensa red que significa pertenecer a “Mujeres en el Sector Público”

Para conocer todos los detalles del Congreso, conocer como surgió la asociación, las diferencias con el primer encuentro #MujeresSP en 2019 y mucho más te invitamos a escuchar el nuevo episodio #DesdeDentroPodcast. 

El podcast de Gobierno Transparente para La Razón, con la coloración de la Fábrica de Podcast donde Ana Ramos, secretaria de entrada de la administración local y miembro de la delegación territorial de Galicia, y yo misma, Pilar Moreno, secretaria interventora de la administración local, vocal de la Junta Directiva y miembro del grupo de comunicación de la asociación,  os acompañaremos durante 25 minutos para descubriros el programa provisional del congreso y muchas más cuestiones de relevancia de nuestro futuro encuentro.

La asistencia a cualquier jornada o congreso presencial es motivante, pero el congreso de “Mujeres en el Sector Público” lo es más, tanto en presencial como en online.

La energía que transmite el objetivo común que nos une, la fuerza con la que participan cada una de las ponentes y asistentes al evento, las sinergias y colaboraciones que se desprenden de cada ponencia son increíbles.

La puesta en valor del liderazgo femenino, su desarrollo e impulso en la administración, sin duda, mejora el sector público y la prestación de servicios a la ciudadanía.

La participación en el congreso de “Mujeres en el Sector Público”  es revitalizante y una experiencia de empoderamiento, que queremos que lo vivan y lo sientan todas las mujeres del sector público

Teletrabajo en pandemia: De la desigualdad a la corresponsabilidad

 "En nuestras manos, y en las del diálogo social, está el convertir el teletrabajo en un vector genuino de corresponsabilidad entre los ámbitos laboral y familiar que nos permita avanzar en la igualdad de género"

Por José Varela y Susana Romero (UGT). Agenda Pública blog.- Cualquier artículo que hable sobre teletrabajo arranca inevitablemente aludiendo a la pandemia. La irrupción de la Covid-19 conllevó un incremento exponencial que ha persistido, aunque en menor medida, hasta el presente. Tal explosión ha dado lugar a un sinfín de debates sobre las consecuencias económicas, culturales, laborales, sociales o climáticas asociadas al trabajo a distancia.

Entre los debates asociados al mundo laboral se encuentran desde los referidos al cambio cultural y organizativo hasta el de quién debe cubrir los costes asociados a la prestación en el domicilio. Sin embargo, el impacto del teletrabajo en las mujeres ha discurrido más por el terreno de las hipótesis que por el de los análisis fundamentados. Las voces que aseguraban que el teletrabajo en pandemia suponía un retroceso en términos de igualdad entre hombres y mujeres precisaban de una verificación documental, de estudios que convirtiesen la intuición en hechos probados.

Hace escasos días hemos publicado en el Servicio de Estudios de UGT el informe ‘Teletrabajo y Corresponsabilidad’, que perseguía dos objetivos: por un lado, comprobar el impacto de género del teletrabajo en pandemia; y por otro, si dichos indicios de sesgo se confirmaban, qué alternativas existen para convertir esta modalidad laboral en un vector de corresponsabilidad.

Antecedentes

El primer dato que nos llamó la atención al iniciar nuestra investigación fue comprobar cómo el teletrabajo en nuestro país había tenido una clara preponderancia masculina. Desde que el Instituto Nacional de Estadística publicó los primeros datos, allá en 2006, hasta la aparición de la Covid-19 en 2020, el porcentaje de hombres que lo practican es mayor que el de mujeres. Durante los 14 años de la muestra, el trabajo a distancia es mayoritariamente masculino, tanto en términos globales (un 1,3% más, 250.000 hombres más) como territoriales: ninguna comunidad autónoma tenía en 2019 más mujeres que hombres teletrabajando. Además, su frecuencia era mucho más acusada entre los varones, que teletrabajaban más días.

Por tanto, los datos de más de una década nos daban la primera certeza y una conclusión: hasta la llegada de la pandemia, el teletrabajo era una herramienta bien aceptada por los hombres, superando en número a las mujeres, lo que supone una magnífica oportunidad para el ejercicio corresponsable de los cuidados y la conciliación familiares.

Primeros meses de la pandemia

Durante el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con la Gran Reclusión, y por primera vez desde que se tienen datos, se invirtió la tendencia y el número de mujeres superó, ampliamente, al de hombres. Se pasó del antedicho 1,3% de hombres más que mujeres a casi cuatro puntos más de mujeres que de hombres; un relevante diferencial de cinco puntos porcentuales casi de la noche a la mañana. 

Una primera conclusión precipitada podría ser que, en una situación de emergencia casi inédita en nuestras vidas, las mujeres acudieron masivamente a los hogares, asumiendo el rol de los cuidados familiares y perpetuando el sesgo de género de cientos de generaciones. Y esta conclusión es precipitada porque el mero hecho de revertir una tendencia de 14 años en términos de volumen no demuestra, per se, nada. Puede deberse a otras cuestiones, como el perfil laboral de los trabajadores, los sectores afectados, los medios disponibles y otras causas. Sin embargo, una vez que se profundiza en los datos los hallazgos se vuelven incontrovertibles.

Entre 2019 y 2020 (incluyendo el periodo de confinamiento), mientras el número de hombres que pasaron a situación de teletrabajo se incrementó en un 86%, el de mujeres lo hizo un 160%. En otras palabras: la pandemia tuvo como consecuencia que el número de mujeres en teletrabajo doblase al de hombres. De hecho, en 2020, sobrepasó por primera vez en la historia al de los varones (un 50,31% del total).

Si se detalla más el análisis y se pone el foco en las edades representativas de ejercer el rol de cuidador (desde los 24 a los 55), los datos –y las conclusiones– son más abrumadoras: entre los 25 y los 34 años, el incremento fue de un 206% en mujeres, por un 109% de hombres; prácticamente el doble. Lo mismo cabe decir respecto al rango de 35 y 44 años (154% frente a 74%) y al de 45 y 54 y 55 o más años. Edades todas ellas en las que las mujeres realizan labores de cuidado de hijos y/o padres.

Cuando se examina en función de la mayor frecuencia del teletrabajo (más de la mitad de la jornada semanal), las conclusiones se consolidan de forma irrefutable. Así, en el caso de los hombres, en casi la totalidad de los rangos de edad se registran subidas casi idénticas, de alrededor del 14% (un dato de gran valor estadístico). Sin embargo, las mujeres con edades representativas de ser madres, o cuando es más usual tener que cuidar a ascendientes, muestran un comportamiento mucho más comprometido, incrementando su frecuencia mucho más, hasta seis puntos porcentuales, que los hombres.

Ante la evidencia contrastada que nos aportan estos datos, se confirma que existe una relación negativa entre teletrabajo en pandemia y corresponsabilidad. Dicho de otro modo, el trabajo a distancia no presenta diferencias el resto de medidas de conciliación familiar (reducciones de jornada, permisos, excedencias) y, por tanto, se suma a las medidas de cuidados con un claro sesgo de género. 

Ante esta evidencia contrastada, se confirma que existe una relación negativa entre teletrabajo en pandemia y corresponsabilidad. Dicho de otro modo, el trabajo a distancia no presenta diferencias respecto al resto de medidas de conciliación familiar (reducciones de jornada, permisos, excedencias) y, por tanto, se suma a las tareas de cuidados con un claro sesgo de género. 

Por tanto, estamos ante un peligro plausible de que el teletrabajo continúe perpetuando roles de género contrarios a una sociedad moderna e igualitaria. Tal evidencia nos obliga a articular medidas de equilibrio y con perspectiva de género, que busquen la plena corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Propuestas de acción

Muchas voces abogan por la necesidad de promulgar leyes estatales o europeas que incidan en esta situación. Se trataría de normas que insten a la adopción de medidas paliativas en todos los sectores, de una forma generalista y transversal.

Nuestra investigación nos permitió comprobar cómo se han aproximado a esta encrucijada nuestros vecinos europeos, obteniendo una lectura muy interesante: los países con menos leyes estatales, pero con mayor diálogo social en el seno de las empresas, son aquellos que más éxito cosechan en teletrabajo y corresponsabilidad. Y de forma complementaria: las leyes generales de impulso al teletrabajo sólo triunfan, en términos de corresponsabilidad, si son fuertemente respaldadas por gobiernos que las respeten y hagan respetar, procurando establecer colaboraciones con aquellas empresas que se demuestren socialmente responsables.

En conclusión, más que una legislación ad hoc, para conformar un teletrabajo corresponsable debe haber un verdadero y fluido diálogo social en empresas y sectores, con leyes paraguas que establezcan unos mínimos aplicables a todas las compañías so pena de ser sancionadas por la autoridad laboral.

Por ello, la parte final de nuestro estudio se dedica a formular una serie de recomendaciones que habría que seguir en el seno de la negociación colectiva en empresas y sectores. 

Aclarar conceptos y desterrar mitos desde el principio de la negociación, incluir al teletrabajo como un indicador básico del plan de igualdad, asociar teletrabajo a adaptación de jornada y flexibilidad horaria, evitando reducciones de jornada por cuidados (mayoritariamente ejercidas por mujeres, con el perjuicio económico y profesional que ello comporta) o instaurar una cultura laboral con perspectiva de género son algunos de los consejos que humildemente proponemos.

En definitiva, estamos ante una gran oportunidad que entraña riesgos severos. En nuestras manos, y en las del diálogo social, está el convertir el teletrabajo en un vector genuino de corresponsabilidad entre los ámbitos laboral y familiar que nos permita avanzar en la igualdad de género. Si no lo conseguimos, volveremos a discriminar a la mujer, como tantas veces a lo largo de nuestra historia

El PSOE ratifica en su congreso la hoja de ruta para descentralizar la Administración

Los socialistas adquieren el compromiso de promover la "desconcentración a partir del traslado total o parcial de las sedes de diversos organismos a distintas ciudades del país"

Revista de prensa. Por Víctor Romero. Valencia Iván Gil. Valencia. El Confidencial.- El PSOE ha dado un paso más para la descentralización de organismos públicos fuera de Madrid, abriéndose no solo a los de nueva creación como se planeaba desde Moncloa, sino también a otros ya consolidados. La enmienda que se ha transaccionado en el debate del 40º Congreso Federal del PSOE así lo recoge: "Con la voluntad de que la Administración General del Estado siga siendo una institución que vertebra y está presente en todo el territorio español, vamos a promover su desconcentración a partir del traslado total o parcial de las sedes de diversos organismos a distintas ciudades del país". 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ya ha manifestado su oposición a la salida de instituciones de su territorio y ha calificado de "ataque a los madrileños" los planes de Moncloa. Por contra, barones socialistas como el valenciano Ximo Puig llevan meses abogando por un esfuerzo para incorporar instituciones estatales en todo el territorio español. Puig abogó por pelear por "utopías" como "una España más justa, cohesionada y desconcentrada", dijo en su discurso de arranque de la segunda jornada del cónclave. 

Los objetivos sobre los que pivota este plan de descentralización se centran en tres pilares. El primero, hacer la Administración General del Estado "más operativa y eficaz"; el segundo fomentar "la igualdad de oportunidades en todo el territorio" y el tercero "fijar población" en las zonas "más afectadas por el reto demográfico". Federaciones como la valenciana han empujado, como señalaban fuentes de su dirección antes del debate, para "ir un poco más allá" del modelo inicialmente propuesto. El resultado final es un punto intermedio, ya que una de sus enmiendas planteaba incluso sacar de la capital "las sedes de los diversos ministerios y demás órganos estatales" para "repartirse y trasladarse a las diferentes provincias".

El modelo planteado hasta ahora por el Ejecutivo se limitaba a descentralizar solamente los organismos de nueva creación, más que trasladar sedes ya consolidadas. Esto es, desarrollar nuevos centros apoyados en la llegada de los fondos europeos previstos en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, por un lado, y crear nuevas sedes por proyectos específicos de grandes organismos, como Renfe, Adif o el CSIC, por el otro. Un ejemplo de esta segunda línea de actuación serían los centros de competencias digitales que Renfe ha instalado en localidades como Miranda de Ebro, Linares, Teruel, Alcázar de San Juan y Mérida, que han ido acompañados de la creación de 400 empleos. 

El Ministerio de Política Territorial, que lidera Isabel Rodríguez, está capitaneando el desarrollo de este plan de descentralización, que pone el foco en experiencias previas como el Centro Nacional del Hidrógeno. Fuentes cercanas a la ministra avanzaban esta semana que el plan estará listo antes de que concluya el año.

En el proyecto de Presupuestos para 2022, se incluyen ya partidas en esta línea para apoyar la Red Nacional de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial, incluyendo el Spain Talent Hub, "destinado a la creación de un nodo de información para atracción y retención del talento", financiar el nuevo Centro Estatal de Salud Pública o el futuro Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Seguridad Social en Soria. Un proyecto, este último, que se justifica por la "apuesta por la descentralización de los servicios públicos" y "actuando como punto dinamizador de la zona".

A la espera de que se cierre el plan en este trimestre concretando los destinos de los nuevos organismos, el Ejecutivo ya ha utilizado el proyecto de Presupuestos para comenzar a poner algunas de sus primeras piedras. Así, en las cuentas para el próximo año, destaca la inversión de 8,8 millones de euros en la creación del Spain Talent Hub, dentro del componente 16 del plan de recuperación referente a la "Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial". Junto a este 'hub', pendiente de localización, se suman otros 10 millones de euros destinados a apoyar la Red Nacional de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial.

Pendiente de localización se encuentra también el nuevo Centro Estatal de Salud Pública, aunque los expertos que han trabajado con el Ministerio de Sanidad se han inclinado en los documentos de trabajo por situarlo fuera de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Los Presupuestos de 2022 le consignan una inversión dentro del componente del plan de recuperación referido a la "Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud" de hasta 37,9 millones de euros, junto a otras actuaciones dirigidas a aumentar las capacidades de respuesta ante futuras crisis sanitarias, como el desarrollo de un Sistema de Información de Vigilancia Pública.

Explora visualmente el proyecto de Presupuestos de 2022 📈

Mientras pasa el filtro de las Cortes, ya puedes consultar la actual propuesta de ingresos y gastos del Gobierno y comparar con presupuestos anteriores.

CIVIO.-Ya tenemos Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Como pasa cada año, su complejidad y el formato de publicación no facilitan su consulta. Por eso, mientras el proyecto pasa el filtro de las Cortes Generales, te lo mostramos de forma visual e interactiva para que puedas explorarlos fácilmente, incluso sin conocimientos previos. Como hacemos desde 2011.

Aquí no solo podrás explorar en detalle cada partida de la propuesta de ingresos y gastos del Gobierno de coalición. También comparar con todos los presupuestos anuales desde 2007, para comprobar la evolución de cada programa de gasto y de cada partida. Por ejemplo, para saber si las prestaciones a desempleados suben o bajan.

Seis cosas importantes a tener en cuenta:

-Recuerda que esto es el proyecto de presupuestos, y que aún tiene que pasar el filtro de las Cortes, lo que no es sencillo -a tenor de lo que hemos visto en los últimos años-.

-Además, en caso de que se acaben aprobando, se trataría de la previsión del gasto, y no se corresponde con lo que finalmente se acabará gastando. Eso último se denomina ejecución presupuestaria. Y es que, entre el gasto presupuestado y lo que finalmente se gasta, existen grandes desviaciones: por ejemplo, Defensa gasta más de lo presupuestado, mientras que no todo lo asignado a I+D se acaba gastando.

-No resulta fácil explorar los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, te recomendamos consultar antes nuestra Visita guiada y conocer antes los errores más comunes que se cometen cuando buceamos en las partidas presupuestarias. Por ejemplo, pensar que las partidas de Educación o Sanidad de los presupuestos reflejan todo el año en España. Y no: eso es lo que gasta el Gobierno, pero el gasto más relevante en Educación o Sanidad está en las comunidades autónomas, que tienen transferidas esas competencias.

-Puedes explorar en detalle cada partida, e incluso comparar con los presupuestos anuales desde 2007. Una pista: puedes usar el buscador para encontrar partidas muy concretas sin tener si quiera que saber dónde se encuentran.

-Puedes insertar tanto la visualización general del proyecto de presupuestos como la de una partida concreta en cualquier página web. Tan solo tienes que pulsar en este icono que hay debajo de cada gráfico e insertar en el editor de tu web el código que se genere: 

-Como en años anteriores, no podremos comparar los Presupuestos Generales con su ejecución mientras el Ministerio de Hacienda no publique los datos de ejecución de forma completa y con la misma estructura, como hemos alertado en infinidad de ocasiones. La ejecución sigue siendo un gran punto ciego, como hace años que denunciamos. Si tuviéramos acceso a los datos de ejecución bien desglosados, podríamos exigir más transparencia sobre los desvíos presupuestarios. Por ejemplo, los del Ministerio de Defensa, que todos los años gasta millones por encima de lo presupuesto, muchas veces mediante partidas “sin tipificar”.

Si quieres toquetear tú mismo los datos, te hacemos la tarea más fácil. Los hemos procesado automáticamente y aquí te los proporcionamos en formatos reutilizables.

Creemos que debería ser el propio Ministerio de Hacienda quien hiciera más esfuerzo para acercar información tan importante como esta a toda la ciudadanía. Este año, por primera vez, habilita una representación visual de los principales indicadores, pero no permite conocer la evolución temporal del gasto público, hacer búsquedas ni explorar al máximo detalle las partidas. En Dónde van mis impuestos sí podrás hacerlo.

No solo nos esforzamos para facilitar la consulta de los presupuestos a cualquier persona, especialmente a quienes no tienen conocimientos previos. También luchamos para lograr más rendición de cuentas sobre el gasto público, exigiendo mejores datos de la ejecución presupuestaria para conocer exactamente cuánto y cómo se gasta.

Si tú también consideras necesarias esta y otras iniciativas, toma partido y únete a nosotros haciéndote socio o socia de Civio.

Somos un proyecto de interés público. Eso implica que trabajamos para ti y para mejorar la sociedad. Si te unes a nosotros, tu aportación será deducible en tu declaración de la renta: con una cuota de 70 euros al año, tu gasto real puede ser, según dónde tributes, de tan solo 14 euros al año. Te demostraremos que merece la pena.

El Gobierno sube otro 2% el sueldo a los funcionarios y acumula ya un 7%

El nuevo aumento en la nómina costará cerca de 3.000 millones en 2022

Revista de prensa. Por Ignacio Faes. El Economista.- El Gobierno anunció que subirá el sueldo de los funcionarios un 2% el próximo ejercicio. El Gobierno de Sánchez acumula un aumento del 7,15% en el salario de los empleados públicos desde el año 2019. Según los cálculos de los sindicatos, esta nueva subida costará al presupuesto cerca de 3.000 millones de euros.

Según apuntaron este martes fuentes de Moncloa, el Ejecutivo permitirá la creación de empleo neto elevando cinco puntos cada una de las tasas de reposición. Al 105 % la que se aplica con carácter general; al 115 %, la de los sectores prioritarios, y al 120 %, la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la administración local.

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, se reunió el martes con las organizaciones sindicales representativas en las Administraciones Públicas UGT, CSIF, CIG y ELA, con la ausencia de CCOO, que criticó que no se trata de una auténtica negociación sino del traslado de una decisión ya adoptada. A la reunión también asistieron los directores gerentes de Función Pública de las Comunidades Autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias.

UGT criticó la subida salarial propuesta por el Gobierno del 2 % porque, a su juicio, supondrá "una nueva pérdida de poder adquisitivo que se sumará a la experimentada este año". En un comunicado, el sindicato asegura que ha trasladado al Gobierno su rechazo a la subida salarial presentada este martes por el Ministerio de Hacienda en la mesa general de las Administraciones Públicas y que irá recogida en los presupuestos generales del Estado para 2022.

A finales de septiembre el Congreso y el Senado aprobaron sus presupuestos con el visto bueno a subidas del 2 % para los funcionarios de las Cortes Generales, cifra que suele coincidir con el resto de alzas en la administración pública. De acuerdo con el último boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas, a 1 de enero de 2021 la plantilla de empleados públicos ascendía a 2.710.405 personas, de los que el 53,78% se concentra en las comunidades autónomas, el 21,39 % está en la administración local, el 18,98% pertenece a la Administración Estatal y el 5,85% trabaja en las Universidades.

Se trata del séptimo año consecutivo que suben los salarios públicos, después de otros seis años de congelación y recortes justificados en la anterior crisis. En 2010 llegó el primer recorte, del 5 %, y en 2012 fue el segundo con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, que posteriormente fue devuelta. La congelación se aplicó durante cinco años (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) y no fue hasta 2016 cuando volvieron a incrementar las retribuciones de los funcionarios.

Los sindicatos rechazan la subida

CSIF mostró su rechazo a la propuesta del Gobierno para una subida salarial del 2% en 2022 para los funcionarios, ya que la considera "insuficiente" en relación a la inflación, por lo que exige al Ejecutivo que compense a los empleados públicos "la pérdida acumulada de poder adquisitivo".

Así lo indicó en un comunicado tras la reunión mantenida por los sindicatos desde las 9.00 horas con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, en el marco de la Mesa General de las Administraciones Públicas, en la que el Gobierno presentó a los representantes de los sindicatos la subida salarial y la tasa de reposición que serán incluidas en el proyecto de Presupuestos.

Ministros, género y nombramientos políticos en España

 "La presencia de mujeres en puestos políticos designados dentro del Ejecutivo, más allá de las ministras, recibe menos atención"

Por Bonni Field. Agenda Pública blog.- España es uno de los líderes mundiales en presencia de mujeres en los gobiernos. La remodelación del Ejecutivo que Pedro Sánchez llevó a cabo en julio pasado no fue una excepción. De los 22 ministros actuales, 14 son mujeres y ocho, hombres. Al anunciar la remodelación, el presidente destacó que el Gobierno volvería a ser un modelo de «paridad de género».

Cuando asumió el cargo por primera vez en 2018, Sánchez se ganó la atención internacional por conformar un Consejo de Ministros con un 65% de mujeres. La presencia femenina disminuyó en 2020, cuando el presidente y los socialistas acordaron el Gobierno de coalición con Unidas Podemos. No obstante, Sánchez designó 11 mujeres y 11 hombres. De hecho, España había tenido por primera vez un Gobierno paritario en 2004, bajo la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, las mujeres han dirigido diversos ministerios, incluidos los de Defensa, Vivienda, Economía, Igualdad, Hacienda y Educación.

La presencia de las mujeres en política

A menudo se aplaude la presencia de las mujeres en los cargos políticos. Una razón es que se considera justo que ocupen su lugar en las instituciones, pues constituyen aproximadamente la mitad de la población. Además, ver a las mujeres en política puede inspirar a otras y a niñas a interesarse e involucrarse. Ellas también pueden aportar intereses o perspectivas diferentes.

Los medios de comunicación, activistas y académicos prestan mucha atención a la presencia femenina en los parlamentos, en los gabinetes gubernamentales y, por supuesto, a las que son jefas de gobierno, como presidentas o primeras ministras.

Sin embargo, la presencia de mujeres en puestos políticos designados dentro del Ejecutivo, más allá de las ministras, recibe menos atención. No obstante, estos cargos son importantes a la hora de diseñar e implementar las políticas públicas. Dado su liderazgo en la representación de las mujeres, España ofrece un laboratorio fructífero para examinar el género y los nombramientos políticos.

Mi estudio reciente investiga los nombramientos que hacen los ministros y las ministras dentro de sus propios ministerios. Estos altos cargos tienen responsabilidades de gestión, un papel funcional en la jerarquía ministerial y suelen ser responsables de un área de políticas. Ayudan al ministro/a a lo largo del proceso de formulación e implementación de esas políticas. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el secretario de Estado para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, o la directora general de Política Económica en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Las ministras y ministros suelen referirse a las personas nombradas como su equipo.

Las mujeres en los equipos ministeriales

Si la representación femenina en la política importa, deberíamos prestar atención a su presencia en ‘todo’ el ‘aparato’ de políticas públicas. Al inicio del primer Gobierno de Sánchez (2018), más del 40% de los nombramientos en los ministerios fueron de mujeres. Esto lo sitúa por delante de sus predecesores en España, aunque por debajo de la paridad.

Mi estudio sobre estos nombramientos entre 1996 y 2018 muestra que los hombres eran aproximadamente el 74%. Si bien la presencia de las mujeres en general aumentó, al final los hombres las siguieron superando en número en una relación de 2 a 1. Como término medio, ellas ocuparon una proporción menor en los equipos ministeriales que en el Consejo de Ministros.

Tabla 1.- Nombramientos políticos en España (%)

Notas: Cálculo de la autora al inicio del Gobierno. bDatos de la autora. Se refiere a nombramientos a lo largo del mandato del Ejecutivo. Además, las mujeres tenían más probabilidades de ocupar cargos en equipos ministeriales en los que tradicionalmente se consideran como portfolios ‘femeninos’; por ejemplo, Igualdad o Servicios Sociales. Hubo menos mujeres nombradas en ministerios con connotación masculina, como Defensa o Interior.

¿Traen ellas a más mujeres a la política?

Una pregunta importante es qué fomenta la inclusión de la mujer. Un mecanismo podría ser que las mujeres incorporan a otras a la política.

Ellas pueden valorar la diversidad de género más que los hombres; pueden tener más mujeres en sus redes; o pueden ser menos propensas a depender de los estereotipos de género, que limitan las nociones de lo que las mujeres pueden o deben hacer.

Pero quizás esto no sea así. Puede que no tengan autoridad política para traer a otras mujeres; o que teman dar la impresión de tener prejuicios si lo hacen; o que padezcan los mismos sesgos que los hombres, o se enfrenten a limitaciones e incentivos similares.

¿Trajeron las mujeres a más mujeres en España? La respuesta aquí es al mismo tiempo afirmativa y negativa.

A lo largo de los 22 años de nombramientos, las ministras, como individuos, no nombraron a más mujeres que sus colegas masculinos, y eso es así incluso después de controlar estadísticamente por otros factores potencialmente importantes. Ese hallazgo puede socavar la tesis de que la presencia femenina importa para conseguir una mayor igualdad de género.

No obstante, mis entrevistas con 30 ex responsables de ministerios y otros hallazgos cualitativos sugieren que los contextos políticos relacionados con el género, en los que los ministros y ministras decidieron los nombramientos, sí importaron.

El balance de género dentro de las instituciones políticas en general fomentó u obstaculizó la representación de la mujer. En contextos más equilibrados de género, los ministros y las ministras nombraron a más mujeres.

Además, los incentivos son importantes. Cuando hubo metas gubernamentales y del partido fuertes y explícitas para promover la representación femenina, tanto mujeres como hombres nombraron a más mujeres para sus equipos ministeriales. Esto ocurrió particularmente durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Sobre la base del trabajo de las feministas dentro del partido, el presidente enfatizó a los ministros y ministras la importancia de nombrar mujeres, con resultados demostrables.

¿Qué lección puede aprenderse?

España demuestra que hay procesos de larga duración en marcha. No obstante, hay algunas implicaciones prácticas a corto plazo. Sobre todo, que el liderazgo cuenta. Los y las jefes de Gobierno y líderes de los partidos pueden enfatizar la importancia de formar equipos diversos. Algunos ministros y ministras –u otros con el poder de abrir o cerrar puertas– pueden tenerlo en mente; otros no. Hacer hincapié en ello es importante.

Los ministros y ministras también deben tenerlo en mente al formar sus equipos. Su importancia puede perderse por razones prácticas, como la necesidad de formar un equipo rápidamente; también, debido a prejuicios, inconscientes o no. Como me explicó una ministra, si no se solicitan expresamente currículos de mujeres, no es descartable que no los obtenga.

Antonio Arias: Se generalizan los Planes Antifraude

"La regulación concreta la obligación de recabar, en un formato electrónico “que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, información identificativa relativa al perceptor final de los fondos”.

Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- El final del mes de septiembre nos aportaba la esperada  noticia de la regulación de las obligaciones formales que la percepción de fondos europeos Next Generation incorpora para las Entidades ejecutoras. Da cierta intranquilidad evaluar la cantidad de datos a aportar. Algo que será durante los próximos meses el quebradero de cabeza de muchos interventores y jefes de contabilidad en las Administraciones Públicas cuyas Autoridades estarán justificadamente preocupados para lograr cumplirla.

Por una parte, la Orden HFP/1031/2021, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades Púbicas para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Incluso exige información sobre perceptores finales de fondos: beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas. Una prevision que en palabras del Ministerio Hacienda “no son contemplados con el alcance requerido en la dinámica de gestión tradicional”. La regulación concreta la obligación de recabar, en un formato electrónico “que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, información identificativa relativa al perceptor final de los fondos”.

Por si no fuera poco, en ese mismo boletín encontramos la Orden HFP/1030/2021, por la que se configura el sistema de gestión del citado PRTR. Una norma que complementa la anterior e incorpora un tipo de especial actuaciones, de las que debemos destacar, como hace el diario El País de ayer, que “toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» (ver su artículo 6) que le permita “garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables”. Todo ello en el marco de las obligaciones que la Unión Europa impuso a España como beneficiaria de los cuantiosos fondos Next Generation.

Así, en anexo se incorpora un cuestionario de autoevaluación relativo al estándar mínimo de riesgos específicos de la entidad de que se trate, y en otro la “orientación sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses”.

En el artículo 5 fija el contenido mínimo del «Plan de medidas antifraude»:

-Aprobación antes de 90 días desde la entrada en vigor (1 de octubre) o desde que se tenga conocimiento (¡puf! que vaguedad) de la participación en la ejecución del PRTR.

-Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección y persecución.

-Realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad en los procesos clave de la ejecución de los fondos y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude.

-Medidas preventivas adecuadas y proporcionadas.

-Medidas de detección ajustadas a las señales de alerta.

-Medidas correctivas ante un caso sospechoso, con mecanismos claros de comunicación.

-Procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos y la recuperación de los Fondos de la UE.

-Procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.

-Por último, “definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés”. En ese sentido, es obligatoria la suscripción de una declaración por quienes participen en los procedimientos.

En este sentido contamos con la reciente publicación del Consello de Contas de Galicia “El control externo y fomento de la integridad: experiencias en la prevención de la corrupción” editado por Aranzadi y coordinado por la Conselleira Begoña Villaverde.

El texto incluye no sólo el trabajo premiado sino otras interesantes contribuciones y experiencias de profesionales del mundo del control público relativas a la prevención de la corrupción. El Consello de Contas de Galicia ya cuenta con mucha práctica en esta materia, de la que ha sido pionera en España. Ya está convocada la siguiente edición, no la dejes pasar.

Sobre este espinoso asunto debemos recordar otra reciente aportación a la cultura antifraude. Así, el reciente Premio Ferran Termes otorgado a la obra “Conflictos de interés y autoevaluación de riesgo de fraude en fondos europeos. Next generation UE”. Su autor es Julio García Muñoz, Director de Control Interno Universidad de Castilla-La Mancha y Coordinador profesional de su Master Oficial on line en Auditoría Pública.

¿Somos iguales a la hora de acceder a la información pública?

 Por Peggy Marinello.- Agenda Pública blog.- En su novela El Castillo, Franz Kafka describe el desamparo del protagonista, que tiene que realizar interminables trámites en un laberinto burocrático y sólo obtiene información confusa. El autor critica, desde lo absurdo, la falta de transparencia, la distancia y la complejidad del entramado de la Administración.

¿Quién no ha sentido, en alguna ocasión, desesperación a la hora de acceder a información pública? ¿Quién no ha deseado mayor claridad para entenderla? Solicitarla para obtener una beca, tramitar una subvención, conocer oportunidades de formación profesional, saber a quién dirigirse en caso de violencia de género, acceder a estadísticas nacionales o al Presupuesto municipal, etcétera. Nuestro día a día está marcado por la necesidad de acceder a información pública como condición previa para ejercer derechos fundamentales (educación, salud, vivienda, trabajo, entre otros) y acceder a servicios públicos básicos.

En los últimos meses, la gestión de la crisis de la Covid-19 ha vuelto a poner en el centro de la agenda pública la importancia del acceso a la información. Medidas sanitarias, aforos, limitación horaria, requisitos para los desplazamientos, contagios… la actualización, claridad y accesibilidad de la información pública han sido fundamentales para la ciudadanía; y, en ocasiones, su ausencia ha sido objeto de críticas.

Pero ¿somos iguales a la hora de acceder a la información pública? Si los textos normativos, como la Declaración Universal de Derechos, incluyen el acceso a la información entre los derechos universales, la realidad es muy distinta, en particular para un colectivo: las personas con discapacidad. La falta de claridad y de accesibilidad se convierten en barreras infranqueables, que agravan las situaciones de desigualdad y de discriminación que puedan sufrir estas personas.

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial (2021), más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir, una de cada siete. La gran mayoría vive en países en desarrollo, y el 80% es pobre. No resulta difícil entender el proceso de acumulación de desigualdades, y la merma de derechos, que afecta a estas personas. Si el acceso a la información es una condición previa para acceder a derechos, que ese acceso se vea limitado para las personas con discapacidad y que éstas vivan en gran parte en países en desarrollo, implica la urgencia priorizar la discapacidad en las políticas de cooperación al desarrollo y asegurar su derecho a la información.

Según un estudio promovido por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) para analizar el acceso a la información por parte de las personas con discapacidad en cinco países latinoamericanos (Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú), aunque los sistemas legislativos nacionales incorporan el derecho a la información no existen mecanismos de fiscalización, por lo que su cumplimiento es bajo. Además, según este estudio, realizado con la colaboración de los programas de la Unión Europea ‘EUROsociAL’ y ‘Bridging the Gap’, las entidades encargadas del acceso a la información tienen deficiencias de financiación que sería indispensable para cumplir con medidas de accesibilidad, como los portales webs públicos, la contratación de intérpretes en señas, y de formación en materia de discapacidad. Por su parte, los funcionarios y funcionarias encargados de las políticas de discapacidad carecen de formación para implementar medidas de accesibilidad a la información.

No obstante, existen algunas buenas prácticas, que tienen que marcar el camino en el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública por las personas con discapacidad. Así en Paraguay, con el apoyo de Bridging the Gap, la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad ha desarrollado vídeos en lengua de señas, bpara brindar información sobre mecanismos de prevención del contagio por Covid-19. Existen otros ejemplos de buenas prácticas, en América Latina y también en Europa, que nacen del esfuerzo conjunto de las organizaciones de personas con discapacidad y de las administraciones públicas. Crear espacios para compartir estas buenas prácticas es indispensable para fortalecer los marcos normativos y las instituciones. Éste es precisamente el papel que puede desempeñar la cooperación internacional: compartir conocimientos, fortalecer instituciones, asegurar los derechos y, al final, la dignidad de las personas con discapacidad.