Pilar Batet: El otro IPC

"Las irregularidades y/o corrupción en la contratación pública tienen cabida desde la preparación del contrato y su adjudicación, hasta en la ejecución del mismo: el fraccionamiento de los contratos; la redacción de los pliegos; los criterios para la adjudicación; los modificados, etc."

Por MPBATET. La Parte Contratante.. blog. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado recientemente por Transparency International, muestra que España no avanza en sus esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción, bajando un punto con respecto al año pasado y obteniendo 60/100 puntos.

Esta puntuación, sitúa a España en la posición 35/180 del ranking global, y se mantiene en el puesto número 14/27 de los Estados Miembros de la Unión Europea, dos puntos por debajo de Portugal y Lituania (62/100) y solo un punto por encima de Letonia (59/100).

El Índice de Percepción de la Corrupción es una clasificación calculada cada año por la organización mundial Transparencia Internacional desde 1995. La organización no realiza las encuestas, el índice se calcula con base en trece fuentes expertas externas (estudios de instituciones internacionales y comités de expertos). Es importante enfatizar en que lo que se mide es la percepción de corrupción, no el nivel real de corrupción y, no por ello, carente de importancia.

España cuenta con un marco normativo de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y, desde hace poco, de protección a denunciantes. Sin embargo, esta normativa ha de mejorarse.

La contratación pública es una materia muy proclive a la corrupción. Al respecto puede verse mi Post “La delgada línea línea entre la irregularidad administrativa y el delito en contratación pública” publicado en la web de la Agencia Valenciana Antifrau. Las irregularidades y/o corrupción en la contratación pública tienen cabida desde la preparación del contrato y su adjudicación, hasta en la ejecución del mismo: el fraccionamiento de los contratos; la redacción de los pliegos; los criterios para la adjudicación; los modificados, etc.

Tras los escándalos que afloraron a la opinión pública antes de la aprobación de la vigente ley de contratos, se adoptaron varias medidas al respecto, entre ellas, se introdujo una norma especial relativa a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, por la que se impone a los órganos de contratación la obligación de adoptar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación (artículo 64 LCSP).

El concepto de conflicto de intereses abarca cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación. En cualquier caso, la declaración de la existencia o inexistencia, de un conflicto de intereses debe ser la consecuencia de la tramitación de un procedimiento contradictorio.

También es importante a fin de prevenir la corrupción, que la Administración pública cuente con un código ético o bien que adopte pautas de integridad institucional para conseguir un modelo de contratación pública más eficaz, más eficiente, transparente e íntegro. Sin embargo, hasta que no cambie el nivel de tolerancia de la corrupción en las instituciones no va a convertirse en una medida decisiva. Para ello, se considera imprescindible la formación en integridad.

Tampoco contamos con herramientas digitales eficaces en la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Ahora se están utilizando algunas aplicaciones para el control de los Fondos Next Generation, pero se ha de trabajar en su utilización de forma generalizada y de una forma sencilla. Lo que también puede ser una ayuda para los Órganos de Control Interno y Externo de la contratación pública.

Por su parte, los Portales de transparencia, parecen que no son tan transparentes como su nombre apunta. En esta cuestión, ha aportado mucho el ingeniero Jaime Gómez-Obregón @JaimeObregon activista informático, autor de herramientas digitales contra la corrupción en las instituciones. Empezó su andadura evidenciando contrataciones irregulares en el Gobierno de Cantabria y, para ello, tuvo que hacer accesible toda la información que almacenaba el Portal de Transparencia. Compartir los resultados de la investigación con los ciudadanos a través de las redes sociales es, desde luego, una de las formas más efectivas de cambiar las malas prácticas en contratación pública.

Los Portales de Transparencia han de mejorar mucho, los datos han de estar limpios y se han de facilitar sin restricciones. No se trata de publicar mucho, sino de cómo se publica, no hay nada como el exceso de información como barrera para su acceso, pues no permite analizar la información en profundidad.

Si no adoptamos medidas efectivas contra la corrupción, la estaremos apoyando de una forma implícita.

La Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa : tótem y tabú

Por José Ramón Chaves. delaJusticia.es blog.- Si la jurisdicción contenciosa controla al poder público y éste muta rápidamente en complejidad, formas e intensidad de intervención, parece lógico que se acometan reformas encaminadas a adaptar el proceso que a todos nos afecta, a exigencias de tutela judicial efectiva, real y rápida.

Dado que se malograron las leyes de eficiencia de la justicia por la convocatoria anticipada de elecciones, y tras el remiendo operado por el Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, parece oportuno dar la bienvenida a las aportaciones serias al sereno debate que requiere reformar la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Y ello porque nuestra ley procesal está sufriendo el desbroce y machete de la jurisprudencia casacional, que no viene mal para aclarar dudas en el sendero de las garantías procesales, aunque lo deseable es que sea el propio legislador el que fije criterio y que la jurisprudencia se quede en la retaguardia (hablamos de cuestiones tan serias como el valor de los informes de los funcionarios, la extensión revisora de la administración, las medidas cautelares posibles, las implicaciones suspensivas cuando se impugnan desestimaciones presuntas, la aportación novedosa de pruebas en vía contenciosa, etcétera).

No olvidemos que nuestra ley (LJCA 1998) en lenguaje freudiano, encarna el ´totem” (los límites del grupo, en este caso, el marco democrático y la tutela judicial efectiva) y el “tabú” (por un lado, la prohibición de indefensión, y por otro lado, la resistencia a una regulación procesal con real igualdad de partes).

Por eso, doy la bienvenida al reciente trabajo sobre las reformas que la LJCA necesita, procedente del catedrático de derechos administrativo, Santiago González-Varas Ibáñez, jurista polifacético e incisivo (su Tratado de Derecho Administrativo, 2018, 4ªed,2020, es una prodigiosa catedral) y a quien debo allá por el cambio de siglo, la iluminación procesal con sus magníficos «Comentarios a la LJCA», 1999, Tecnos.

 El presente artículo (titulado «35 posibles reformas de la LJCA y una propuesta de reforma legal», evoca sutilmente la conocida obra de Neruda, por el amor  del autor a la LJCA y su petición de reforma desesperada), se publica en abierto y gratuitamente, por el Diario La Ley, nª10336, 26 de julio de 2023, de rápida y fácil lectura, encerrado en doce páginas de razonamientos, hallazgos y claves.

Se abre ofreciendo 35 puntos a debate sobre la reforma de la Ley, aspectos realmente críticos, algunos encierran deficiencias clásicas y otras novedosas, pero todas tienen anclaje real y desde el punto de vista de las sorpresas del abogado y el derecho del justiciable a no soportar demoras, contradicciones, lagunas y laberintos.

A continuación, el autor expone su propuesta de modelo, que ciertamente se ofrece retador y a mi modesto juicio, utópico en algunos puntos; en concreto, la meta de obtener sentencias en tres meses como máximo, que, siendo loable y factible en un gran volumen de casos, resulta realmente escurridiza por la fuerza de las garantías, tanto del interés público como privado, y por las estrategias procesales legítimas de los abogados.

Sin embargo, son propuestas razonadas, razonables y fundadas, y por ello dignas de ser conocidas y debatidas.  Son 12 páginas refrescantes frente a la inercia del día a día, pues todos debemos soportar la LJCA que se alzó en 1998 como una moderna autovía, bien pavimentada, pero por el paso del tiempo (y tránsito de vehículos legales pesados) se ha convertido en un camino con baches, pendientes y taludes amenazadores.

 NOTA FINAL.- Con este artículo me despido de los lectores hasta primeros de septiembre, por aquello de que el trabajo dignifica, pero el descanso vivifica. Y como además disfrutaré de cinco días de arte y gastronomía en Roma, estoy ilusionado como un bambino (también hablaré italiano como un bambino de tres años, pues es lo que tiene ser autodidacta de tan bella lengua en tan solo tres meses).

En fin, ha sido un placer poder ser útil con el blog, indicando novedades y comentarios sobre el derecho público y el derecho administrativo en particular. Seguiremos informando, si la fuerza mayor o menor no lo impide. ¡¡Buenas vacaciones, mucha salud y feliz descanso a todos !

¿Qué pasó realmente? Balance de las claves del 23-J

 "El bloque de partidos de la derecha estatal logró su máxima movilización, que desde 2008 se mantiene en torno a los 11 millones de votos"

Por Juan Rodríguez Teruel. Agenda Pública blog.-  Los resultados del 23-J han producido un fuerte impacto emocional entre políticos y observadores, entre la consternación de columnistas y tertulianos cercanos a los partidos de la oposición y el alivio de los partidarios de la mayoría gubernamental. 

Como suele suceder, los trazos gruesos que se utilizan para leer estos resultados en términos de ganadores o perdedores, y de qué gobiernos pueden derivarse de ello, pueden distraernos de aquellas tendencias más de fondo que se han vuelto a manifestar este domingo 23-J. 

Por eso, más allá de las estimaciones electorales y de las explicaciones que podamos dar sobre lo sucedido (aparte de las conjeturas, necesitaremos buenos estudios posteriores para ello), poner esos resultados en perspectiva nos ayuda a entender qué ha pasado realmente y qué podemos esperar en la nueva legislatura, incluidos los márgenes posibles para una eventual (e improbable) repetición electoral.

Para evitar esa distorsión, responderemos telegráficamente los ocho interrogantes que proponíamos observar días antes de las elecciones, manejando los datos del escrutinio provisional del domingo.

El resultado pone de manifiesto cierto contraste entre lo coyuntural y las línea de fondo.

1. La participación no superó el 72%

A pesar de los vaivenes que se dieron a lo largo de la peculiar jornada, al final la participación se mantuvo dentro de los parámetros que se registran desde 2011. Lo que antes hubiera sido una de los datos de participación más bajos de la democracia, ahora es el segundo registro más elevado desde 2008. 

Esto nos indica dos aspectos relevantes. Por un lado, con esa participación no cabía esperar grandes sorpresas en los equilibrios entre los principales espacios electorales. No hubo un desfallecimiento generalizado de uno de ellos. Y cuando lo hubo, en el independentismo catalán, este quedó equilibrado por la plena movilización de todos aquellos que vienen votando en la última década en el conjunto de España.

Reflexionando con más perspectiva, este dato de participación nos indica que, desde 2011, se ha desconectado del proceso electoral entre uno y dos millones de ciudadanos más de los que habrían votado en el pasado. Aunque en 2023 hay dos millones más de votantes en el censo que en 2004, han acudido a las urnas más de un millón menos que entonces. Con cierta fluctuación, es una pauta relativa que ha ocurrido a lo largo de la última década.

Nuestra democracia debe reflexionar por qué se ha encogido una parte de su demos activo.

2.- Se mantuvo el empate técnico entre bloques, aunque la derecha amplió su ventaja.

Como afirmamos hace unos días, hay una tendencia estructural creciente en el electorado español a favorecer el predominio electoral de la derecha. Hace ya algunos años que la tradicional superioridad de la izquierda se disipó. Las elecciones del 23-J confirman esa tendencia.

No obstante, la derecha necesitaba acercarse al millón de votos de ventaja para asegurar la mayoría de gobierno que le pronosticaban algunas encuestas. No lo hizo, y por lo tanto, el escenario que permanecido en un bloqueo que solo Pedro Sánchez está en disposición de romper a su favor.

 Desde 2011, la derecha avanzó a la izquierda en cuatro de las seis elecciones generales celebradas. Sin revertir esa tendencia estructural, la izquierda difícilmente podrá volver a pensar en gobernar sin el apoyo determinante de las fuerzas políticas periféricas de la tercera España.

 3. La derecha alcanza su techo electoral, la izquierda sigue en retroceso.

 A la derecha, los resultados estrictamente electorales le fueron muy bien; a la izquierda no tanto.

 El bloque de partidos de la derecha estatal logró su máxima movilización, que desde 2008 se mantiene en torno a los 11 millones de votos. Desde esa perspectiva, la estrategia de tensión de la legislatura resultó efectiva. No quedó se casi nadie en casa. Las especulaciones sobre la desmovilización causada por el calor quedaron refutadas.

 Por el contrario, la izquierda estatal mantiene su tendencia estructural de encogimiento. La suma de PSOE e izquierda radical recibió menos votos que en abril de 2019, un millón de votos menos que en 2015, y 1,5 millones de votos menos que en 2008. Un decrecimiento en forma de sierra que tendría mala pinta para cualquier analista bursátil.

 Con esos datos, no se puede afirmar que la base social de la derecha se esté expandiendo, pero sí que la de la izquierda se está encogiendo, a pesar del aumento de votantes en el censo español.

 4.- El PSOE logró los ocho millones de votos que le daban opciones para gobernar.

A la izquierda, las elecciones no le fueron muy bien en número de votos, pero al PSOE sí.

 Con perspectiva, el resultado del PSOE sigue estando en los registros más bajos de la serie anterior a 2011. Pero una lectura voluntarista puede insinuar cierta recuperación, si quiere ver en el 23-J el mejor resultado del PSOE desde 2008.

 Si tenemos en cuenta la situación electoral de la socialdemocracia en la mayoría las principales democracias europeas, puede sostenerse que Pedro Sánchez ha salvado  al PSOE, a pesar de los reproches de algunos históricos del socialismo.

 5.- Sumar logró retener la cota de los tres millones de votos.

 Sumar ha logrado ralentizar el declive acelerado en el que se encontraba las expectativas de Podemos, manteniendo la cota de los 3 millones de votos que necesitaba para competir con Vox por la tercera plaza, y que alcanzó en circunscripciones decisivas.

 Es cierto que Podemos parecía aguantar en las encuestas, pero las dudas crecientes sobre esa resistencia se confirmaron en las elecciones municipales y autonómicas: Podemos no se hundiría, pero tampoco aportaría la fuerza suficiente para complementar la del PSOE.

Este 23-J el experimento improvisado por Yolanda Díaz el último año ha evitado repetir el mismo escenario de hace dos meses. No obstante, su camino hacia los registros de IU en el pasado sigue avanzando.

6.- El PP obtuvo un pésimo resultado, quedándose muy lejos de los 9 millones de votos.

Aunque el bloque de derecha alcanzó la máxima movilización de su base social, al PP le fue muy mal.

La campaña del PP ha estado orientada, desde hace meses, a recuperar esos 9 millones de votos que le situaban cerca de poder gobernar en minoría. Los intentos han sido un fracaso rotundo. Apenas movilizó 700.000 votos más que PP y Ciudadanos en las municipales de mayo. 

 De hecho, Feijoo ni siquiera fue capaz de recoger toda la herencia de Pablo Casado y Albert Rivera en abril de 2019, quedándose por debajo de los votos de PP y Ciudadanos entonces (cuando los naranjas ya solo contaban con votos contrarios a Sánchez). 

 7.- Vox obtuvo un excelente resultado, manteniendo sus 3 millones de votos.

El fracaso del PP tiene que ver con la capacidad de Vox de empezar a consolidar un espacio propio que socava paradójicamente las expectativas de gobierno de la derecha. El gran reto del partido de ultraderecha era ser capaz de estabilizar un apoyo en torno a los 3 millones de votantes. Lo ha logrado, y con ello marca un nuevo techo para el PP.

 Es importante subrayar ese logro, se ha conseguido pese a la enorme inestabilidad interna, al bajo atractivo de su programa electoral, y a la pobre atracción por parte de sus líderes nacionales. 

 ¿Significa eso que Feijoo no fue capaz de persuadir a una parte del votante no extremista de la derecha, que siguió apoyando a los de Abascal? ¿Serían capaces Ayuso o Moreno Bonilla de hacerlo mejor, encogiendo a Vox como hicieron en sus respectivas autonomías? El gran enigma que el PP deberá resolver en los próximos meses, si Sánchez acaba formando gobierno y con ello da el golpe final al líder gallego, es cuál de esas dos estrategias es mejor para aplicar al conjunto de España.

 8. El PSC aumentó su distancia respecto al PP… sin llegar al millón de votos diferencial

 Para que Pedro Sánchez mantuviera opciones para continuar como Presidente, no solo tenía que obtener un buen resultado en Cataluña, sino que debía sacarle una diferencia sustantiva al PP en votos y, con ello, en escaños. Lo logró… aunque lejos de los parámetros de antaño.

 No hay que sobredimensionar la victoria socialista en Cataluña. Salvador Illa le dio al PSOE los escaños necesarios para aumentar la representación de 2019. Pero los resultados del PSC están al nivel de los peores registros que el partido obtenía antes de 2011. 

Cabe añadir algo en lo que los analistas no han reparado hasta ahora: ceteris paribus, el PSC habría obtenido menos escaños con los mismos votos si los independentistas más enfados con la dirigencia soberanista actual que se han abstenido hubieran ido a votar, y con ello hubieran arrebatado algunos escaños a PSC, Sumar y PP. Sánchez también les debe a ellos su avance parlamentario.

 Para su fortuna, sucede que el PP actual quedó lejos aún del apoyo social que Aznar estableció durante dos décadas en Cataluña. Eso es culpa en parte de Vox. Pero también de la incapacidad del PP nacional de conectar con una parte importante de los estratos sociales que le votan en otras Comunidades. 

Josep Piqué rompió el techo de la derecha españolista en Cataluña en 2000. Su marcha impidió consolidar ese avance. La victoria de Sánchez Camacho, en este sentido, fue más un espejismo que un signo de recuperación. ¿Ayuso lo haría mejor?

 En todo caso, se puede afirmar que el PP perdió sus opciones de gobernar en Cataluña.

Addenda: El PSOE resiste en Andalucía… en los registros que dejó Susana Díez

Si el PSOE mantiene opciones para gobernar, no solo es gracias a Cataluña, sino también a la capacidad de resistencia en varias regiones claves, entre las que destaca Andalucía (aparte de Madrid y Comunidad Valenciana).

 Los malos resultados de las autonómicas de 2018, apenas recuperados en 2022, alimentaban el horizonte de un realineamiento en beneficio del PP, que desinflara el antiguo bastión electoral socialista.

 El 23-J señala que el suelo del PSOE vuelve a elevarse (sin ir más allá aún de los mejores resultados de esta década pasada), mientras que parece fijarse un techo para el PP entorno a los 1,6 millones. 

 El presidente Moreno Bonilla debería no acomodarse en la mayoría absoluta que obtuvo en junio de 2022. Esta podría no reflejar realmente la verdadera base social de su apoyo.

El Tribunal de Cuentas alerta de que los ayuntamientos privatizan servicios sin justificación

Las entidades locales con menor nivel de rendición de sus cuentas fueron Andalucía con un 35% y Castilla-La Mancha con un 45%.

Revista de prensa. Infolibre.es.  El Tribunal de Cuentas ha alertado en uno de sus informes de que algunos ayuntamientos en Castilla-La Mancha y Extremadura externalizaron la prestación de algunos servicios sin emitir informes sobre la insuficiencia de medios que justificara su privatización.

Se trata de una de las conclusiones que saca el Tribunal de Cuentas en el informe de la fiscalización del control municipal sobre la prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos y mantenimiento de parques y jardines de los ayuntamientos de municipios de población entre 50.000 y 100.000 habitantes de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio del ejercicio 2021.

En concreto, el Tribunal de Cuentas apunta a los ayuntamientos de Guadalajara, Mérica, Molina de Segura, Talavera de la Reina y Toledo como los ayuntamientos que prestaron servicios de forma indirecta sin realizar previamente estudios sobre la forma más eficiente.

Por otro lado, los ayuntamientos de Cáceres, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo prestaron servicios sin la debida cobertura contractual. También el informe constata que los responsables de las unidades municipales encargadas del control técnico en los ayuntamientos fiscalizados, a excepción del de Ciudad Real, consideraron insuficientes los medios personales y/o materiales disponibles para el control técnico de alguno de los servicios.

En otro de los informes aprobados recientemente, el Tribunal de Cuentas asegura que solo el 57% de las entidades locales, excluidas las del País Vasco y Navarra, rindieron sus cuentas en los plazos legales establecidos.

Según este informe, las entidades locales con menor nivel de rendición de sus cuentas fueron Andalucía con un 35% y Castilla-La Mancha con un 45%. Por contra están las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana, con el 97%, las de Aragón con el 94%, Madrid con el 90%, Galicia con el 88% y Cataluña con el 86%.

Carles Ramió: Resiliencia y gestión pública

"A partir de ahora el entorno de las administraciones públicas va a ser turbulento con la potencial aparición de crisis y sucesos sobrevenidos, sorpresivos y extraordinarios a los que la Administración pública deberá dar una rápida respuesta"

 Por Carles Ramió. esPúblico blog.- Desde la sobrevenida crisis de la Covid-19 se ha puesto de moda en la jerga administrativa un término bastante odioso: la resiliencia. La necesidad que las administraciones públicas posean, a partir de ahora, elevadas capacidades de resiliencia. La idea es sencilla y no especialmente novedosa. A partir de ahora el entorno de las administraciones públicas va a ser turbulento con la potencial aparición de crisis y sucesos sobrevenidos, sorpresivos y extraordinarios a los que la Administración pública deberá dar una rápida respuesta. En efecto, a partir de ahora la excepción puede transformarse en la regla y desde las instancias públicas es probable que tengamos que atender a acontecimientos excepcionales derivados de crisis de salud pública, problemas vinculados al cambio climático, crisis medioambientales, nuevas situaciones socioeconómicas derivadas de las pendulares crisis económicas que ahora son más agudas y con más externalidades negativas que las crisis acontecidas durante las décadas anteriores, etc.

Por tanto, va a ser necesario disponer de unos modelos de gestión pública más flexibles y contingentes que tengan capacidad para transformarse y poder atender estos escenarios tan cambiantes y sorprendentes. Aquí es donde entra en juego la resiliencia y es necesario reflexionar con profundidad sobre lo que implica exactamente poseer o no esta capacidad. Las respuestas públicas a la crisis de la Covid-19 nos pueden dar pistas sobre los tipos de resiliencia y aprender de los aciertos y, especialmente, de los errores acontecidos durante esta crisis.

Desde mi punto de vista hay varios tipos de resiliencia: a) la resiliencia clásica (que suele ser pasiva); b) la resiliencia activa (que es la que será necesaria a partir de ahora); c) la no resiliencia y, el peor de los supuestos: d) la resiliencia reaccionaria.

La resiliencia clásica consiste en que la Administración posee un modelo de gestión con un conjunto de arreglos institucionales y organizativos que no es capaz de absorber una crisis sobrevenida. Ante esta situación la Administración debe introducir cambios rápidos en su modelo de gestión para atender la nueva excepcionalidad y una vez logrado superar el problema regresar al modelo inicial de gestión. Es decir, la cacareada resiliencia consiste en tener capacidad para cambiar el modelo, pero con el objetivo de regresar lo más rápido posible al modelo de gestión inicial y de carácter estructural. Un buen ejemplo de este escenario es lo que se hizo durante la crisis de la Covid-19 con los mecanismos de contratación pública. La contratación es cada vez más garantista y posee la externalidad negativa, entre otras, que es lentísima. En su momento se requerían con urgencia vital respiradores, mascarillas, etc. y se decidió dejar en suspenso las reglas del juego vigentes de la contratación pública. Una vez superada la situación extraordinaria se volvió a aplicar el régimen de contratación pública exactamente igual que antes.

La resiliencia activa se considera que es la que va a ser necesaria que adopten las administraciones públicas a partir de ahora ya que no es suficiente ser solo resilientes a secas. La resiliencia activa consiste en ser capaces de adaptarnos a una crisis extraordinaria e imprevista pero luego no regresar al modelo anterior sino aprender de esta experiencia e incorporar los aspectos positivos de la misma y limitar las externalidades negativas y así configurar un nuevo modelo de gestión. La resiliencia activa apela a un proceso continuo de transformación y mejora de los modelos de gestión. Siguiendo el ejemplo anterior sobre contratación la sugerencia sería que habría que valorar las buenas prácticas y ventajas de la contratación excepcional durante la fase dura de la Covid-19 y aprender de los errores. Este proceso de aprendizaje debería facilitar alumbrar un nuevo modelo de contratación después de la experiencia. Por tanto, un sistema de contratación en continuo proceso de cambio y de mejora.

Pero también puede acontecer el escenario en que la Administración pública es incapaz de ser resiliente. Un buen ejemplo de ello durante la crisis de la Covid-19 fue el modelo de gestión de recursos humanos. En esta dimensión no se hizo ningún cambio como en el caso de la contratación pública y siguieron las reglas de juego de siempre y no se optó por dejarlas transitoriamente en suspenso. Por ejemplo, no fue posible redimensionamientos de plantilla exprés con transferencias de personal de los servicios públicos en estado de hibernación durante la pandemia (cultura, deportes, etc.) para reforzar los ámbitos de gestión más tensionados (servicios sociales, gestión de expedientes de empleo, etc.). Ahora mismo sería el caso de la tramitación de los expedientes de jubilación que reclaman más efectivos de personal. Por tanto, en materia de gestión de personal se ha manifestado que no tenemos capacidad de resiliencia y habrá que trabajar para que ello sea posible ya que si no se va a convertir en el cuello de botella de la Administración pública para poder atender con ciertas garantías las próximas crisis.

Finalmente, existe un escenario perverso que es la resiliencia reaccionaria que es la peor de todas y que suele pasar desapercibida. Con la crisis de la Covid-19 nos emocionamos con las potencialidades de la Administración digital y con las amplias posibilidades que ofrecía el teletrabajo. Se solía comentar con orgullo que en ambas materias gracias a esta crisis habíamos avanzado muchos años y habíamos podido superar una dinámica de carácter incremental extraordinariamente lenta y desesperante de la mano de múltiples pruebas piloto que no llegaban a ningún puerto (como es el caso del teletrabajo). Aparentemente con la Administración digital y con el teletrabajo hemos logrado la resiliencia activa. Pero considero que no es cierto sino todo lo contrario ya que ha sido un ejercicio de resiliencia reaccionaria que, en diversos aspectos, el nuevo modelo de gestión es peor que el que teníamos antes de la crisis. Si analizamos la atención pública hacia la ciudadanía creo que no hay ninguna duda que ahora es peor que la que practicábamos antes de la crisis sanitaria. Por tanto, se trata de una dinámica de cambio no orientada a la mejora sino todo lo contrario. Es obvio que hay que apostar por profundizar más en la Administración digital y por introducir el teletrabajo en la gestión pública pero lo que no es admisible es implementarlo en detrimento de la calidad de la atención ciudadana. Por tanto, no hay que confundir la resiliencia activa con la resiliencia reaccionaria.

Tiempo de lecturas

"Quienes estrenan despacho tendrían con modestia que leer, por ejemplo, manuales sencillos que se han editado con el fin de facilitar el conocimiento de las Administraciones locales" 

Por Mercedes fuertes. esPúblico blog.- La celebración de las elecciones locales ha conformado Diputaciones y Ayuntamientos con nuevos corporativos. Estrenan algunos sus responsabilidades con el contento de haber sido respaldados por los vecinos y el propósito de atender a tantos asuntos que motivaron su paso decidido para incorporarse a una lista electoral. También repiten otros muchos, quienes conocen ya los pasillos y las salas de reuniones, quienes han tratado con los funcionarios de habilitación nacional que frenaron irregularidades y consiguieron mantener una tesorería saneada, quienes identifican a los trabajadores que desempeñan cada tarea con dedicación de servicio… Incluso para éstos que revalidan la representación, el inicio del periodo que se abre es motivo de animoso impulso porque la campaña electoral les sirvió para hacer recuento de los problemas pendientes de las localidades y prometieron afrontarlos.

Unos y otros habrían de templar los entusiasmos de las celebraciones. El peso de la responsabilidad de la gestión pública así lo requiere. La complejidad de las situaciones y las perspectivas encontradas de los más directos interesados, las penurias económicas de las arcas locales, las dificultades materiales para solucionar algunos conflictos, las carencias de recursos de algunas familias..., entre otros aspectos, impiden atender con ligereza el espacio público.

Y, sobre todo, quienes estrenan despacho tendrían con modestia que leer, por ejemplo, manuales sencillos que se han editado con el fin de facilitar el conocimiento de las Administraciones locales.

Durante décadas se han ido precisando pautas de organización y actuación que hay que conocer para garantizar el correcto funcionamiento y gestión de los servicios locales. Por ejemplo, junto a los comentarios de esta bitácora que les ilustrarán, recuerdo también el documento que ha publicado la Federación Española de Municipios y Provincias: «100 preguntas sobre aspectos básicos de la Administración local». Bajo la batuta de Virginia Losa y Joaquín Burgar, son funcionarios locales quienes responden a ese centenar de interrogantes. Un documento que constituye una clara síntesis de conceptos elementales sobre la organización local, el estatuto del concejal, la Administración digital, los cauces de participación ciudadana…

Los nuevos corporativos probablemente se manejan con soltura a través de diversas redes sociales y buscadores, navegan con destreza por los sucesivos enlaces. No obstante, resulta indispensable que sean conscientes de la responsabilidad de su firma electrónica, de las pautas de seguridad para acceder a los expedientes digitales, de los diversos sistemas de información que se han configurado para que las redes públicas garanticen la integridad de las comunicaciones y del contenido de las decisiones.

Es este aspecto de la ciberseguridad uno de los prioritarios en los que hay que insistir. Insistencia que abarca a todos, concejales noveles y corporativos veteranos, funcionarios con trienios y recién ingresados, a todos aquellos que trabajan en las Administraciones públicas, así como a quienes contratan con ellas como establece el Esquema Nacional de Ciberseguridad. El incremento de los ataques a los sistemas informáticos de las Administraciones públicas no cesa y las amenazas son cada vez más sofisticadas. Además, hay que recordar -como reiteran técnicos especialistcocacolas-, que la mayoría de las caídas de los sistemas, la mayoría de los secuestros informáticos y daños tras un ataque (el porcentaje alcanza el setenta por ciento según algunas fuentes) deriva del desconocimiento o de un descuido de alguien que trabaja en la propia Administración.

Son estas cuestiones candentes que han de tomarse muy en serio y de las que es posible aprehender unas mínimas nociones a través de la lectura de sencillas guías, así como escuchando a los propios funcionarios y trabajadores que ya llevan tiempo en esas Administraciones desempeñando sus tareas con dedicación de servicio público.

Hay que escuchar porque es denso el entramado jurídico para la gestión de tantos asuntos que nos interesan a los vecinos: desde la correcta reducción y eliminación de residuos pasando por el adecuado abastecimiento de agua, el mantenimiento de los caminos rurales, la instalación de las nuevas redes de conexión 5G que está financiando la Unión Europea, la mejora del entorno… y tantas otras competencias propias de estas Administraciones.

Hace unas pocas semanas se ha publicado por la Administración General del Estado otro documento con el título: «código de integridad pública». Está dirigido a los altos cargos para explicar lo que es el interés público, cómo hay que cuidar la objetividad, neutralidad e imparcialidad y evitar los conflictos de intereses. Son más de 370 páginas. No entro en las causas que han llevado a divulgar este texto, ni tampoco el retraso en hacerlo. Bastantes sinsabores se hubieran evitado si al inicio de la legislatura se hubieran recordado tales pautas elementales de educación cívica a quienes se vieron nombrados. En lo que ahora me interesa, también a las autoridades locales aprovechará la lectura de este texto que podría condensarse en la máxima que está inscrita en el dintel de algunas instituciones públicas en localidades europeas: “obliti privatorum, publica curate”. Esto es, hay que olvidarse de los asuntos privados y ocuparse de los públicos. 

Viejos desafíos para un nuevo mandato: propuesta de hoja de ruta provincial para el periodo 2023 – 2027

"Los Gobiernos Locales Intermedios pueden fomentar la colaboración y establecer alianzas estratégicas con diferentes actores, incluyendo otros niveles de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, empresas y la sociedad civil"

 Por Borja Colón de Carvajal. El blog de esPúblico.com. Ahora hace tres años, en plena pandemia del COVID-19, un grupo de Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares dieron un paso al frente para reclamar su protagonismo como agentes del cambio en el mundo local en un escenario tan incierto como inesperado.

Aunque no fueron exactamente esos Gobiernos Locales Intermedios quienes promovieron el conjunto de transformaciones que ahora os voy a relatar, sino más bien sus empleados públicos que, sin apoyo institucional ni respaldo político, decidieron sacar fuerzas de flaqueza para organizar un Movimiento que todavía hoy continúa y que pretende – al igual que en 2020 – posicionar al mundo local como eje transformador de la vida de las personas y de los territorios. Me refiero, cómo no, al Movimiento #DipuPower que podéis encontrar aquí http://dipupower.org

Rescatamos los puntos incorporados en el manifiesto fundacional del Movimiento #DipuPower porque considero que pueden ayudar a inspirar a los nuevos equipos de gobierno en la formulación de sus planes de mandato y en el diseño de sus políticas públicas, como una suerte de hoja de ruta provincial para el periodo 2023 – 2027.

1.- Legitimación para abanderar el liderazgo provincial.

Nadie como las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares – entendidos todos como Gobiernos Locales Intermedios – para formular políticas con verdadero impacto sobre el territorio, porque dichas instituciones son exactamente quienes conocen de primera mano la realidad de aquél, sus necesidades, sus características y su verdadera idiosincrasia. Existen otros niveles de Gobierno, sí, con más presupuesto y más músculo humano quizá para abordar cambios más profundos, pero quienes de verdad disponen de la información, el conocimiento y la capilaridad suficiente para llegar a todos los rincones del territorio provincial son los Gobiernos Locales Intermedios.

2.- Ejes vertebradores de la cohesión territorial del mundo local.

Si hay una verdad absoluta en el mundo local en España es que, desde el punto de vista del institucional, son los Gobiernos Locales Intermedios quienes se encuentran en mejor posición para promover políticas públicas sostenibles que tengan repercusión en la calidad de vida de las personas, pero también en la cohesión de territorio en el que conviven. En este sentido, son capaces de articular mecanismos concretos que, con un enfoque integrador, generen sinergias entre municipios, regiones y territorios, consiguiendo con ello una tendencia creciente de fortalecimiento del mundo local sobre la base de tejer alianzas sólida en base a proyectos comunes.

3.- Motores del cambio para lograr la eliminación de las brechas tecnológicas en el mundo rural.

A través de la promoción de las infraestructuras tecnológicas, el apoyo a la formación y a la capacitación digital, el impulso al emprendimiento y la innovación, y la colaboración con otros actores relevantes, los Gobiernos Locales Intermedios pueden facilitar el acceso a la tecnología y mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales. Al hacerlo, contribuyen a la reducción de las disparidades tecnológicas y promueven un desarrollo más equitativo y sostenible en todas y cada una de las partes del territorio provincial, consiguiendo con ello generar un impulso significativo de la tecnología como mecanismo catalizador de las políticas del cambio social en favor de la igualdad de oportunidades.

4.- Promover activamente un proceso de simplificación administrativa de la Administración local.

Los Gobiernos Locales Intermedios pueden promover la simplificación administrativa de manera activa a través de varias estrategias, como, por ejemplo: analizar y revisar los procedimientos existentes, eliminando trámites innecesarios y optimizando los flujos de trabajo; digitalizar trámites y servicios, ofreciendo plataformas en línea a los Ayuntamientos para que estos agilicen sus procesos y reduzcan los tiempos de espera; unificar criterios para garantizar la coherencia y eliminar confusiones; y fomentar la participación ciudadana como mecanismo de retroalimentación para alinear los esfuerzos con las necesidades reales de los municipios y de la sociedad.

5.- Afianzamiento de las infraestructuras críticas como forma de promover la accesibilidad territorial.

Los Gobiernos Locales Intermedios pueden destinar recursos y colaborar con otros actores relevantes para invertir en la mejora y expansión de las infraestructuras críticas, como carreteras, transporte público, redes eléctricas y de comunicaciones, impulsando las colaboraciones con los proveedores de servicios de telecomunicaciones para expandir la cobertura de Internet de alta velocidad y la telefonía móvil en áreas rurales. Pueden impulsar y apoyar, además, proyectos tecnológicos innovadores que mejoren la accesibilidad territorial, como el desarrollo de aplicaciones móviles o plataformas digitales que faciliten la planificación de rutas, la gestión de servicios públicos y la participación ciudadana.

6.- Apoyo técnico, económico y jurídico a los pequeños y medianos Ayuntamientos (PyMEL)

Los Gobiernos Locales Intermedios tienen que poner a disposición de todos los Ayuntamientos – y fundamentalmente a los más pequeños – su experiencia y conocimiento técnico para ayudar a los mismos a abordar los desafíos específicos que tienen en materias como la planificación urbanística, la gestión del territorio, el desarrollo económico local, la protección del medio ambiente, la gestión de servicios públicos o la promoción turística. Su apoyo económico será también fundamental para el desarrollo de las políticas públicas que las nuevas corporaciones locales quieran impulsar, ya sea a través de subvenciones y ayudas para la ejecución de proyectos y programas municipales o el acceso a otras fuentes de financiación a través de convenios con entidades bancarias.  

7.- Actores principales en la lucha contra la despoblación.

Los Gobiernos Locales Intermedios cuentan con capacidades y recursos significativos para abordar el desafío de la despoblación en el mundo rural. Tienen un conocimiento profundo de las necesidades y particularidades de su territorio, lo que les permite diseñar estrategias y políticas específicas para combatir la despoblación, como son, por ejemplo, la  planificación territorial que promueva un equilibrio entre áreas urbanas y rurales o el fomento de la actividad económica a través de incentivos fiscales, ayudas y subvenciones que impulsen la creación de nuevas empresas y el desarrollo de proyectos en sectores estratégicos como la agricultura sostenible, el turismo rural, las energías renovables o la industria agroalimentaria.

8-. Adoptar una posición de mejora continua en la gestión de los servicios públicos locales.

Estableciendo mecanismos internos para evaluar y mejorar constantemente sus propios procedimientos, los Gobiernos Locales Intermedios pueden promover una revisión regular de las políticas y los programas existentes, la identificación de áreas de mejora y la implementación de medidas para optimizar su desempeño, pudiéndose adaptar con ello rápidamente a los cambios y desafíos emergentes, y proporcionar soluciones más efectivas a las necesidades de los ciudadanos y de los municipios.

De la misma forma, los Gobiernos Locales Intermedios pueden fomentar la colaboración y establecer alianzas estratégicas con diferentes actores, incluyendo otros niveles de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, empresas y la sociedad civil. Estas sinergias permitirían compartir conocimientos, recursos y buenas prácticas, y fomentan la co-creación de soluciones más efectivas y sostenibles.  

En conclusión, las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares o Gobiernos Locales Intermedios, tienen una oportunidad magnífica para volver a demostrar que, en el territorio de las provincias, ellos son los principales players para impulsar y consolidar proyectos de transformación que repercuta en la calidad de vida de las personas que viven allí y en el fortalecimiento de las instituciones que los gobiernan, debiendo para ello hacer una apuesta decidida por la innovación y la dirección pública profesional como ejes tractores del cambio.

Rafael Jiménez Asensio: El baile de los altos cargos

 “El Gobierno necesita pensar en el porvenir” (Harold J. Laski, La gramática de la política, Comares, 2002, p. 376).

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- En época electoral hay que cuidar mucho lo que se escribe. La sensibilidad está a flor de piel, más aún en un país altamente polarizado, sin espacios intermedios, que se han achicado hasta la extinción. Sin embargo, hay un tema por el que la atención mediática está pasando de puntillas, siempre más preocupada por el ruido de la política que por su (in)efectividad.

En España, tras el 28 M, se han renovado las mayorías políticas en varias de las Comunidades Autónomas que celebraron procesos electorales. Esa renovación ha alcanzado también a innumerables Ayuntamientos y, asimismo, ha llegado a Diputaciones provinciales y otros gobiernos locales intermedios. Y, donde no ha habido alteraciones de mayorías, ha habido cambios de caras y, asimismo, se advierte un apetito de las fuerzas políticas minoritarias por entrar, allí donde puedan, a morder poder; esto es, a capturar para su particular cesto político cargos públicos que repartir entre sus acólitos y responsabilidades públicas que conlleven presupuesto o permitan ser escaparate de la acción política, aunque a veces tensando la cuerda hasta lo indecible, cuando no tomando medidas estrambóticas que repugnan la más mínima cordura.

Ha llegado, por tanto, época de cambios no solo en las estructuras gubernamentales, sino también, por efecto dominó, en una amplísima nómina de altos cargos y asimilados, de personal directivo de las densas y espesas entidades del sector público autonómico y local, así como de la amplia y extensa nómina de asesores; un personal eventual que aún se sigue configurando con el oscuro e impropio manto “funcionarial”. Lo cierto es que, de ahí los nervios, hay muchísimas poltronas a repartir, sin contar las que vendrán luego de esas también múltiples entidades que cínicamente y sin ningún rubor nuestras leyes llaman “autoridades o administraciones independientes”, (casi) absolutamente colonizadas por los apetitos políticos, que los diferentes partidos utilizan (en espurios y cerrados acuerdos propios de un cártel) para desactivar de raíz un sistema de pesos y contrapesos que en este país nunca ha funcionado, y no lo hará milagrosamente de repente ni tampoco de forma fácil.  

España, con sus multiplicados gobiernos y administraciones territoriales, así como con su cultura política caciquil revestida de clientelismo, ofrece (junto a Italia, incluso superándola) una evidente singularidad europea en lo que a intensidad de la colonización de la alta administración por la política respecta. Esa categoría tan hispana, además con reflejo incluso constitucional, de los altos cargos, luego acogida con fervor por las leyes, ha ido ensanchando su perímetro y número hasta adquirir tintes de figura propia de una obesidad mórbida. Pronto la política percibió que debía ampliar su capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales y administrativas, y en línea con el spoils system aplicado castizamente penetró con descaro en el virginal cuerpo administrativo con la pretensión de llegar (casi) a sus entrañas. No lo pudo hacer del todo, porque esa voraz política colonizadora tropezó con el aparente valladar de una cada vez más desfigurada y empobrecida función pública profesional (que bien ha procurado la política siempre reducirla a cenizas; y a fuer de ser sinceros lo está casi consiguiendo). Ese pretendido dique de contención de la función pública profesional tenía de siempre agujeros negros que se han ido ampliando, tales como aquellos que toleran nombramientos discrecionales por libre designación y libre cese en la alta función pública, por mucho que se empeñen los tribunales de justicia de poner puertas al mar. También el número de tales nombramientos ha crecido sin medida. La confianza política o personal es su motor. La pérdida de esa confianza, su muerte civil. Hablar de Administración pública profesional con esos mimbres, es un insulto a la inteligencia.

Así las cosas, no cabe dudar lo más mínimo que los cambios de Gobierno comportan en España auténticos movimientos sísmicos en la sensible alta Administración y en la propia alta función pública española. Miles o decenas de miles, según los casos, de posiciones directivas se ven afectadas por esos cambios. En tal contexto, el alineamiento política y gestión es un pío deseo, seimpre incumplido. Con tales oscilaciones, la memoria institucional se borra por completo y el capital directivo, si es que ha llegado a construirse (pues en muchos casos no ha habido ni tiempo ni madera humana para asentarse) se elimina de un plumazo. Quien ha colaborado con el enemigo (nunca adversario) tiene que ser borrado, independientemente de cuál haya sido su gestión directiva y cuáles sean sus competencias profesionales; pues lo determinante no es qué se hizo o cómo, sino con quién. Excelentes profesionales de la gestión son cesados (son las reglas del juego que todos conocen) o, si son funcionarios, reconducidos a matar moscas en un despacho, cuando no recluidos al mero olvido en sus iniciales destinos. Los nuevos gobernantes comienzan, una vez más, con una página en blanco y la preceptiva limpieza política (propia de pueblos bárbaros) de lo hecho, cuando no con la más absurda y estúpida negación de lo antes impulsado y con nuevas caras. Su primera lección es fulminar de un plumazo a los que antes estaban, normalmente sin pestañear ni valorar las competencias y trayectorias de quienes mandan al depósito de cadáveres. Los colaboracionistas con el enemigo no tienen encaje en la nueva nómina del poder. Comienzan a reescribirse las políticas con otros renglones torcidos. Así hasta el infinito.

Entre quienes llegan de nuevo y son ungidos por la púrpura y los galones del poder, el frenesí por revertir lo puesto en marcha “por los otros” se convierte en letanía. Lo cierto es que quienes son ahora llamados a asumir altos cargos y niveles asimilados deben pertenecer, sin duda, al círculo de amigos políticos o militantes de las fuerzas políticas que asumen el poder: las competencias profesionales y menos aún su acreditación, brillan por su ausencia. La captación de savia directiva en el sector público español se hace por métodos tan peregrinos como buscar a «los nuestros» en los partidos (hoy prácticamente vacíos de talento gestor) y sus aledaños (simpatizantes o no significados nunca «con los otros»), o entre vínculos familiares o de amistades, donde un grado universitario, licenciatura o máster, regalado sin apenas exigencia alguna por ese magnánimo sistema universitario español, se convierte en patente de corso para iluminar un pobre currículum, en no pocas ocasiones sin experiencia laboral previa más allá de los anchos y extensos campos de la política. Debería estar totalmente prohibido asumir cargos directivos o asesores en el sector público sin haber previamente acreditado una experiencia profesional mínima y unos conocimientos sólidos de gestión.

Pero no seamos ingenuos. No se olviden que en un sistema político de partidos atravesado de secular clientelismo esas malas prácticas se han trasladado a todos las fuerzas políticas, las de vieja o las de nueva hornada. El hecho determinante es que nada puede funcionar cabalmente en el sector público de un país que muestra semejante forma de fulminar y reclutar capital directivo en sus organizaciones públicas. Llevo muchos años trabajando y analizando el sector público español (estatal, autonómico, foral y local), particularmente la función directiva, y puedo constatar fehacientemente que, con excepciones muy contadas, el perfil de los altos cargos y del personal directivo ha ido cayendo los últimos años hasta límites casi intolerables. Personas sin ninguna experiencia profesional, con unas competencias muy discutibles o marcadamente orientados por la impronta de satisfacer al partido o partidos que gobiernan, en algunas ocasiones (lo que es peor) sin ningún sentido institucional, son aupadas a responsabilidades directivas públicas. Esa deriva solo se atenúa, en parte, con el nombramiento de altos funcionarios para tales niveles de responsabilidad, pero aún así ser funcionario por sí solo no prevé buen desempeño directivo y, además, siempre puede más el corazón político que la racionalidad gerencial. El corporativismo, que pronto lo veremos reflotar de nuevo, tampoco es la solución existencial a una función directiva desprofesionalizada. Y el funcionario que a ello se presta, será condenado al ostracismo eterno por «los otros»; marcado con una cruz en la frente. Esto va de bandas rivales, por si no se han dado cuenta.

Y, así, no es difícil concluir que nunca en España hubo tantos gobiernos y administraciones públicas, tantos altos cargos y personal directivo, así como tanto personal eventual, o tan generosas retribuciones para los clientes políticos, y nunca funcionó peor el sector público español y (salvo también excepciones muy puntuales) muy rara vez se prestaron peores servicios a la ciudadanía. Lo que a nadie importa, pues en este país, vacua retórica política aparte y más aún en período electoral, el porvenir de España y de sus gentes apenas entra en ninguna agenda política; pues sin transversalidad es imposible llegar a pactos estratégicos ni a soluciones de futuro que no cambien radicalmente con los ciclos políticos. Cuando el motor sustancial de la política (nunca confesable) es, en verdad, intentar por todos los medios mantener o, en su caso, recuperar el mayor número de poltronas que permitirán durante un tiempo vivir a sus huestes enchufadas al presupuesto público o condenadas a buscar (como diría Galdós) un comedero público donde esperar pacientemente a que las tornas vuelvan a su lugar, algo muy serio pasa en este país

Así, no se sorprendan si –según datos proporcionados por Emilio Lamo de Espinosa y Juan Díez Nicolás- casi el 90 por ciento de la ciudadanía española no tiene confianza alguna en los partidos políticos ni tampoco en la propia política. A pesar de ello, erre que erre, los partidos siguen con su grosera e intensa (también corrupta) colonización institucional y su política de vía estrecha. ¿Despertarán algún día? No lo parece; pues esto viene de lejos y no es un problema de leyes (que además deberán aprobar ellos haciéndose el harakiri) ni tampoco de cambios cosméticos, sino de transformaciones profundas. Y esas solo se pueden hacer por medio de pactos de Estado. ¿Renunciarán los actuales partidos de cargos públicos a satisfacer a sus innumerables y respectivas huestes de clientes políticos que han alimentado o tienen expectativas de alimentar con innumerables poltronas en un futuro más o menos lejano? Y si así fuera, lo cual es absolutamente improbable, ¿quién se aproximaría a ellos? Respondan ustedes.

Un caso de burocracia privada, divertido si no fuese real

 Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.- Cuando se critica la burocracia se está criticando a los empleados públicos, considerando que por el hecho de serlo son torpes, retardatarios o maliciosos. Una leyenda negra, porque existe lo que podría llamarse “burocracia privada”, que vuela bajo el radar de las críticas. Lo ilustraré con lo que me sucedió ayer, y que refleja que no es un problema de ser o no funcionario, sino de ser idiota o no serlo.

Veamos ese sucedido. Lo expondré en tono lúdico aunque con hechos totalmente reales. Hace tres días me telefonearon de la empresa de transportes Nacex, y con amabilidad un empleado me indicó que no habían encontrado a nadie en mi domicilio para recoger un paquete a mi nombre y que, si no me importaba, lo dejarían en un establecimiento cercano que actúa de centro suyo de recogida. Me personé ayer en el local, que era un cruce de locutorio y bazar chino, y paso a relatar fielmente lo sucedido:

– Buenos días. Vengo a retirar un paquete depositado a mi nombre por la empresa Nacex.

Un individuo de unos cuarenta años, con aspecto físico de Torrente, el de las películas, me respondió desde el interior de un mostrador, donde estaba sentado en una silla frente a un ordenador:

– Sí, este es el punto de recogida de Nacex.

En ese preciso momento, vi a sus espaldas un paquete con el formato de mi envío (una revista de El Consultor), así que le digo sonriendo:

-Creo que es ese que tiene usted a sus espaldas. Lo reconozco.

El individuo se volteó, tomó el paquete y lo miró con atención de desactivador de explosivos, para proclamar:

– José Ramón Chaves García.

-Ese soy yo. – Asentí con la cabeza.-

Torrente puso el paquete a su lado, miró el ordenador y dijo:

– Pues no puedo dárselo. No está en mi lista.

– No sé de qué lista se trata— Repuse sonriendo—, pero es mi paquete y vengo a recogerlo identificándome con el DNI, así que puede dármelo.

– No – me miró como si le hubiese apuntado con una pistola- No puedo dárselo porque su nombre no figura en la lista de los que tienen listos sus paquetes para recogerlo. No es posible.

– Oiga – Mi voz se elevaba. – La empresa NACEX me telefonea y me envía un SMS en que me indica que puedo recoger aquí mi paquete ( levanté mi móvil para enseñárselo); el paquete va a mi nombre, no suyo ni del vecino; y estoy identificado. ¿Qué problema hay?

– No puedo dárselo. No está en mi lista, y cruzó los brazos.

Sin duda ese mequetrefe no estaba en la lista de los listos. Ni que su lista fuese el censo electoral para poder votar.

– ¿Por qué? Dígame una razón.

– Porque no está en mi lista y si se lo doy, y más adelante está en mi lista, y vuelve a buscar su paquete, yo no podré dárselo y me buscaré problemas.

– Pero, ¡óigame! – intenté buscar la sutura de la lobotomía de su cerebro– ¿Tengo aspecto de ir pidiendo paquetes que ya he recibido a la misma persona que me lo ha dado?,¿Quiere que le firme una declaración jurada?…

-Lo siento. No está en mi lista.

Me debatí entre las lágrimas y el impulso homicida. Aunque ningún juez me condenaría, me contuve. Estuve a punto de decirle que él estaba en la lista de los imbéciles, en lugar destacado, pero le dije:

-¿Puede usted llamar a Nacex y aclarar la situación?

– No – Tiene que ser usted el que los llame y que ellos lo incluyan en mi lista, caballero.

Acertó en lo de “caballero”, porque las máquinas de coca-cola si no funcionan las zarandeas o golpeas como desahogo, y en cambio opté por considerar que la inescrutable justicia divina me estaba haciendo pagar por algún error del pasado. Así que Apoyado en el mostrador y mirándole airado, llamé a NACEX. Tras hablar con una computadora (Pulse 1, si desea información, etcétera; al no decirme la voz pregrabada qué número debía pulsar para alertar a la empresa de que habían contratado a un capullo, Pulsé “Cualquier otra incidencia”).

Por fin, una voz humana me escuchó el caso y me dijo: ”Basta con que usted se identifique con el DNI y se lo tiene que dar”. Le repliqué:

-Le acabó de explicar a este guardián de listas que estoy identificado y se niega.¿Por qué no habla usted con él?

El empleado de NACEX al otro lado del teléfono me dijo: “Aguarde, que voy a pasarle con un compañero”.

 ¡ Y me ponen una musiquita interminable! Mientras Torrente parecía afanarse en unos papeles (tengo fundadas razones para pensar que los barajaba pues ya tenía también razones para pensar que no sabía leer, visto lo visto).

Transcurridos quince segundos estallé:

– ¡ A tomar viento…! (Los italianos tienen una expresión muy bonita: e poi vaffanculo).

Y me fui.

Suelo ser muy tolerante, pero se ve que soy tan imperfecto que pierdo los estribos ante los imbéciles. Sacan lo peor de mí. Eso me hizo pensar en lo bonito que es mi país que tolera inútiles asumiendo responsabilidades que les quedan grandes, pero también pensé en la fortuna de que el tal Torrente no fuese funcionario, porque poco favor haría a la cosa pública. No quiero imaginarle en la sanidad pública e informando al paciente de que “aunque traiga los dientes en su mano rota, no pueden atenderle porque no está en la lista”.

En fin, quede lo dicho, para que pensemos en la gran lotería para que te atienda alguien sensato en el ámbito privado o público. Y para que pensemos en la legión de empleados públicos que calladamente, con discreción y eficacia nos atienden cada día, como reflejé en mi ensayo titulado “Ser funcionario en tiempos difíciles. Motivos de orgullo y claves de supervivencia” (Wolters Kluwer,2019). Creo que una lectura amena, cargada de citas y anécdotas… y actualidad. Pero lo auténticamente bueno, es haberme desahogado aquí de mi mala experiencia, y haber comprendido lo dicho por Einstein: «Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro».

El gobierno retira medallas del mérito en el trabajo a Franco y otros altos cargos

Se aprueba, siguiendo el mandato del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática, 70 años después de que se concediera.

EVA BELMONTE. Fundación Civio.- El BOE del 18 de julio recoge nueve decretos que retiran medallas del mérito en el trabajo concedidas a miembros de la dictadura franquista. La más relevante es la concedida al propio dictador, Francisco Franco. En su caso recibió una condecoración especial, creada en su honor: la Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo, que hoy se le retira. Fue el 18 de julio de 1953. Hoy, mismo día pero 70 años después, llega al BOE su revocación.

También se anulan las que recibieron otros ocho altos cargos de la dictadura: Enrique Pla i Deniel, José León de Carranza y Gómez-Pablos, José Luis de Arrese Magra, José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés, José Solís Ruiz, Juan Yagüe Blanco, Jesús Romeo Gorría y José Antonio Girón de Velasco.

Esta retirada de medallas se aprueba siguiendo el mandato del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática, que establece que “las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, podrán revisarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, así como con los requisitos para su concesión”.

LA JUVENTUD ATRACADA (O EL FRACASO DEL PACTO INTERGENERACIONAL)

 "Al final, detrás de este populismo fiscal, se esconde la realidad, que no es otra que el atraco fiscal a los jóvenes (…) Los déficits recurrentes (…) unido al aumento de los gastos asociados a la edad, constituyen un atraco perfecto a los jóvenes” (Conde-Ruíz/Conde Gasca, p. 115)

“La generación de mayor edad (…) tendrá que sostener a la generación más numerosa de personas de edad avanzada que jamás haya existido” (Minouche Shafik, p. 215).

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- En mi visita solidaria (aún haré más) a la Librería LAGUN, de la que era (aún soy) cliente habitual, antes de su inminente cierre como consecuencia continuada del descenso implacable de las ventas, un espacio cultural que desaparece de una ciudad que en tales cosas (y en otras tantas), dentro de su aparente éxito y glamour, declina a ojos de quien esto escribe, adquirí –entre otros- el libro recientemente aparecido en el mercado editorial La juventud atracada. Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes (Península, junio, 2023). Sus autores son José Ignacio Conde-Ruiz, reconocido economista, y su hija Carlotta Conde Gasta, estudiante de Físicas. Como es obvio, el peso principal de la primera redacción corrió a cargo del padre y la adaptación (relativa, como cuando se escribe sobre un tema tan prosaico como es la economía) fue obra de la inteligente mano correctora de su hija para hacerlo legible por las personas de su edad, que también redactó el capítulo relativo a “¿Qué planeta vamos a dejar a nuestros jóvenes”, un tema trascendental del que se ha ocupado incisivamente el historiador Philipp Blom en sus dos últimas obras traducidas en España (Lo que está en juego y El gran teatro del mundo), siguiendo las tesis y predicciones sobre el Apocalipsis climático expuestas en su día por el maestro Bruno Latour (¿Dónde aterrizar?).

La juventud atracada es un libro que desde su dedicatoria a sus constantes llamadas en el texto va dirigido a los jóvenes, a los que cabe recomendar encarecidamente se sumerjan en sus interesantísimas páginas, pues a partir de ellas podrán conocer cabalmente cómo a su generación (ya sea a los millennials más jóvenes o a los de la generación Z) se les está hurtando su presente y futuro existencial. Aunque, en verdad, tendrían que leerlo también los mayores o viejos, llámesenos como se quiera, así como todos aquellos que se aproximan o se acercan a la jubilación, pues este trabajo pone de relieve el fracaso más absoluto en España a la hora de establecer un pacto intergeneracional, cuyas causas son innumerables, pero que los autores sitúan principalmente en lo que denomina “la demografía política”, cuyo datos actuales y los que vendrán son sencillamente letales para los jóvenes, pues las capacidades de imponer su agenda sobre las de los mayores o viejos es, hoy por hoy, imposible.

Una política cada vez más populista (siempre me ha gustado por su acierto la expresión del profesor Conde-Ruiz de populismo fiscal, que rememora las expresiones galdosianas de “la olla presupuestaria” o del “presupuesto como restaurante nacional”) sabe donde tiene sus nichos electorales, y el más importante cuantitativamente hablando es el de los jubilados, que seguirá creciendo con el paso del tiempo. Tampoco cabe olvidar al nicho de los empleados públicos que también se computa por millones (aunque menos), si bien este no se aborda en el libro, aunque condiciona una parte importante del gasto público con no pocas medidas (algunas muy recientes también) de populismo fiscal. El peso de los votantes mayores de 65 años, en efecto, irá creciendo desde el 25 por ciento actual (frente al 21 por ciento de los jóvenes de 18 a 34 años), hasta situarse en el 37 por ciento en 2050, con lo cual nuestra tradicional política arrugada y “menuda” (concepto también galdosiano) seguirá haciendo esos juegos malabares con la pretendida reforma del sistema de pensiones para seguir haciendo esas reformas que tanto nos gustan propias de “El gatopardo: cambiar todo para que no cambie nada”.

El argumento central de los viejos está bien recogido en las primeras páginas del libro: “Ahora también somos muchos votantes. ¿Qué político de turno va a proponer algo que nos incomode? Estamos tranquilos: ya pueden llegar nuevos partidos políticos que aquel al que se le ocurra cambiar las cosas para perjudicar al estrato más numeroso no saldrá elegido”. Y esta es, en efecto, una de las claves del problema tratado. No la única ni mucho menos, pues el libro es muy rico al abordar aquellos temas que hipotecan a los jóvenes y condicionan su existencia futura en este país llamado España. Así, el dato ya citado de la letal demografía política, con un índice actual de fecundidad de 1,13 hijos, de las más bajas del mundo (lo que conllevará que en 2050 haya tres personas trabajando para sostener, algo imposible, a dos pensionistas), pasando por un capítulo como es el relativo a cómo se reparte el gasto público, o poniendo el foco en el gasto en pensiones que hipoteca (e hipotecará, de no corregirse) el margen fiscal para invertir en políticas palanca de inversión (educación, crisis climática, vivienda, etc.), absolutamente desatendidas o con una dedicación fiscal infinitamente más baja que no equilibra ni de lejos el brutal crecimiento del gasto en pensiones.

No cabe duda que frente a los cantos de sirena de la necesaria reconfiguración de un nuevo pacto social que tome como uno de sus ejes el pacto intergeneracional (tal como describió magistralmente Minnouche Shafik, en su imprescindible obra Lo que nos debemos unos a otros. Un nuevo contrato social, Paidós, 2021: ), en España la justicia intergeneracional la estamos olvidando por completo ahogada –como señalan los autores- en un “egoísmo generacional” y en un populismo fiscal (por unos y por otros) de vía estrecha incapaz de ir más allá de sus narices, endosando a las generaciones de jóvenes y a las venideras el relativo bienestar presente de los actuales ciudadanos, mayores o viejos (y de los funcionarios), por el que los actuales jóvenes deberán pagar una elevada factura, que se añadirá a la que hoy ya pagan por la baja inversión en educación y en vivienda, lo que hace materialmente imposible en muchos casos su emancipación y los condena a la precariedad existencial, sin apenas empleos fijos (de verdad) y cobrando menos que sus familiares jubilados.

El libro está plagado de interesantes reflexiones, muchas de ellas ya recogidas en las innumerables contribuciones académicas del profesor Conde-Ruiz. Entre ellas cabe destacar, un tanto aleatoriamente, las siguientes: “El estado del bienestar es una gran familia: si los jóvenes no están bien preparados y además no son suficientes, no van a poder hacerse cargo de pagar las pensiones de todos los mayores” (…); “La emisión de deuda debería usarse para momentos de recesión o para afrontar situaciones excepcionales, y no para pagar los gastos corrientes que las generaciones actuales no quieren pagar” (…); “Los jóvenes no se están beneficiando de este gasto que van a tener que pagar en el futuro, pues el déficit actual se explica porque los mayores no quieren pagar los impuestos necesarios para hacer frente a los gastos que demandan del Estado” (…); “En estos momentos, casi el 50 por ciento del gasto total se destina a programas que favorecen a los mayores y, si nos centramos en la protección social, el 82 por ciento de las transferencias va a la edad o a los mayores; “Sabemos que la gerontocracia es creciente y cada vez tendrá más peso en las elecciones: o bien conseguimos que miren más allá de su ombligo, o acabarán por extraer todo el margen fiscal disponible a través de un gasto en pensiones cada vez mayor (en el año 2023, el gasto social ha aumentado 26.000 millones, de los cuales más de 20.000 constituyen un incremento en la partida de pensiones)”. Y cierro esta serie con esta sensata reflexión sobre una sociedad aclimatada al Carpe diem e ignorante del futuro: “Si no parece importarnos el bienestar de los jóvenes actuales, que al fin y al cabo son nuestros hijos o nietos, ¿cómo nos va a preocupar el de las generaciones que aún no han nacido?”

El libro concluye con una batería de soluciones (“Cómo podemos ayudar a los jóvenes”) entre las que cabe destacar la propuesta de aumentar el altavoz político de los jóvenes, la introducción de reglas fiscales a favor de la equidad intergeneracional y potenciar que el plan europeo Next Generation EU no se termine convirtiendo (el riesgo es evidente) en un Old Generation, pues de no adoptarse medidas inmediatas y efectivas los jóvenes (con mayor talento, que son muchos) terminarán “votando con los pies”, y marchándose a otros países, para que mientras tanto esta pobre España y su inútil política intente resolver vanamente sus problemas (en verdad, seculares) de su imposibilidad de reformar absolutamente nada, y donde (casi) nadie mira al largo plazo y la vulgar política que nos invade menos.

En fin, lean este libro que, aun siendo formalmente de divulgación, es una excelente puerta de entrada a los problemas económico-financieros de España y sobre todo cómo tales (malas) decisiones políticas y fiscales salpican en la cara de nuestros jóvenes, a los que los gobiernos, la sociedad, y la legislación, los están maltratando y, peor aún, ofreciéndoles un futuro encadenado a pagar la fiesta que sin ningún pudor ahora nos estamos dando a cuenta suya.

ADENDA. ELOGIO A LAS LIBRERÍAS: Y eso sí, cuando lo compren, si lo hacen en formato de papel (y no en e-book), acudan a las librerías más próximas para adquirirlo. Es la única forma de salvar esa destrucción aparentemente intangible de los espacios de cultura ciudadana que son las librerías y sus libreros. Nada como interactuar con ellos y ver con nuestros propios ojos, amén de tocarlos, los propios libros; abrirlos, acariciarlos, hojear sus contenidos … Cuando tales librerías desaparezcan de verdad, los ciudadanos seremos más estúpidos y menos cultos, más ensimismados y con menor capacidad de comprensión, por mucha digitalización que tengamos “tan a mano”.

En palabras de Dante, recogidas por Roberto Casati (Elogio del papel. Contra el colonialismo digital, Ariel, 2015, p.110): “No fuisteis creados para vivir dispersos”.

Elisa de la Nuez: Pactos posibles y pactos necesarios

"Parece que por una especie de maldición bíblica estamos condenados a un bibloquismo estéril, del que nacen inevitablemente gobiernos débiles, rehenes de sus respectivos extremos ideológicos" 

Por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Hay Derecho blog.- El pequeño revuelo organizado en torno a las declaraciones de Felipe González sobre la conveniencia de los pactos entre los grandes partidos en la presentación del muy interesante monográfico sobre pactos de la Nueva Revista pone de relieve, una vez más, la enorme distancia que media entre las reflexiones de expertos, ex políticos y ciudadanos de a pie sobre la necesidad  o incluso la urgencia de pactos transversales sobre lo que podríamos llamar “cuestiones de Estado” o más modestamente reformas estructurales y la realidad del debate político actual, y más en tiempos de campaña electoral.

Efectivamente, parece que por una especie de maldición bíblica estamos condenados a un bibloquismo estéril, del que nacen inevitablemente gobiernos débiles, rehenes de sus respectivos extremos ideológicos -incluidos los partidos que impugnan directamente el consenso constitucional- y que tienden al ruido incesante y a una gestión ideologizada y profundamente inoperante particularmente en torno a las banderas de las guerras culturales o identitarias. Esto no sólo lo hemos vivido en esta última legislatura en el gobierno de coalición, con ejemplos clamorosos de incompetencia técnica e ideologización extrema en el Ministerio de Igualdad, sino que ha sido y es la tónica en los gobiernos independentistas catalanes. Y también ha hecho su aparición también en otros gobiernos autonómicos de la mano de Vox. Es la amenaza que se cierne ahora mismo sobre varios gobiernos regionales tras las elecciones del 28M a la vista de la imposibilidad de pactos más transversales no ya sólo formar Gobierno sino, sencillamente, para abordar temas complejos puntualmente.

Por último, es el marco casi por defecto de los debates políticos en nuestros medios de comunicación, hasta el punto que decir algo tan obvio como que otro tipo de pactos son mucho más necesarios y más deseables para salir de la inercia y del estancamiento y abordar las reformas estructurales pendientes en España desde ya más de dos décadas parece una excentricidad.  Algo que parece de un elemental sentido común cuando todos los indicadores apuntan a un estancamiento (cuando no a un empeoramiento) en muchos ámbitos, desde el económico hasta el institucional, pasando por la educación o la sanidad.

Efectivamente, en productividad y renta per cápita no hemos mejorado absolutamente nada desde finales del siglo pasado. En calidad institucional y lucha contra la corrupción empeoramos empeorando lentamente año tras año, como constatan los estudios internacionales. Lo mismo ocurre con la desigualdad. Nos estamos alejando de los países más prósperos y avanzados de Europa e incluso nos superan países que se han incorporado mucho más tarde a la Unión Europea, como los países bálticos y algunos del este de Europa. Los indicadores de Portugal mejoran, los nuestros no. Como ya dijo Carlos Sebastián hace muchos años en su libro del mismo título, España se encuentra estancada. O, puesto en palabras del reciente estudio de Funcas dirigido por Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez después de un primer impulso la sociedad civil española ha entrado en una larga pausa o, si se prefiere, en una relativa decadencia.

Miremos donde miremos es fácil ver los síntomas, ya hablemos de educación, de sanidad, o de unas Administraciones Públicas que empiezan a hacer aguas, acumulando problemas de gestión y de capacidad muy evidentes que empiezan a impactar en la ciudadanía de manera muy directa, ya se trate de tramitar las pensiones, el ingreso mínimo vital, la simple homologación un título, o cualquier otra gestión relativamente sencilla y vital para un ciudadano, por no hablar de la imposición de una cita previa abiertamente para realizar muchos de estos trámites que es abiertamente ilegal. Por lo demás, es un secreto a voces que los empleados públicos no han vuelto a los niveles de actividad previos a la pandemia, por decirlo elegantemente. También hay que recordar las plantillas están muy envejecidas y que no dispone de muchos perfiles que serían críticos para prestar servicios con eficiencia, como los analistas de datos. A cambio, eso sí, seguimos reclutando auxiliares administrativos como en 1980.

En mi opinión lo más importante, aunque quizás es menos vistoso, es la incapacidad creciente por parte de cualquier gobierno de gestionar con una mínima competencia y de afrontar políticas públicas transformadoras que, inevitablemente, exigen amplios consensos, capacidad suficiente y plazos más o menos largos para dar frutos. Ya hablemos de sostenibilidad de pensiones, de cambio de modelo productivo, cambio climático, reforma de las Administraciones Públicas, de justicia, de educación, de brecha generacional, de la España vacía, de igualdad -o de lo que cada lector prefiera- ninguno de estos grandes problemas estructurales se puede abordar con unas mínimas garantías de éxito por un solo partido, o por un solo bloque ni a golpe de legislación improvisada y con falta de calidad técnica. Es imprescindible el consenso, el manejo sosegado de los tiempos -esto no va de una legislatura–y la voluntad de aunar todo el talento disponible. Desgraciadamente, no parece que ni nuestra clase política ni nuestros medios de comunicación estén en esa pantalla, como se dice ahora.

Precisamente lo que vemos es todo lo contrario; griterío, frivolidad, incompetencia y un debate público profundamente viciado. Hasta tal punto nos hemos acostumbrado a la situación que no nos damos cuenta de que no es normal que la campaña electoral (y ya todo es campaña electoral) se desenvuelva en torno a comparecencias del presidente del Gobierno en medios que él mismo califica de “hostiles” (suponemos que los demás serán “afines”) para reivindicar no ya su gestión sino su persona. O que el líder de la oposición rehúya los debates electorales o sobre políticas públicas. Tampoco que las entrevistas a uno y otro se hagan en programas de entretenimiento con un formato muy poco adecuado para el discurso político serio. No podemos sorprendernos, por tanto, que la conversación pública gire en torno al último tuit ocurrente o disparatado lanzado muchas veces por los propios partidos. La democracia sentimental (por usar la terminología de Arias Maldonado) consiste, al parecer, en impedir la existencia de un debate público debate mínimamente racional e informado sobre las cosas que de verdad importan.

En ese sentido, el debate electoral se parece más a una especie de combate existencial, donde sólo hay blancos y negros, sin matices. El adversario político es el enemigo a batir o incluso a veces el Mal (así con mayúsculas) con el que hay que acabar como sea, dado que su posible victoria se percibe agónicamente como una amenaza ontológica. De ahí que se actúe en consecuencia: todo vale cuando la propia supervivencia (política, se entiende) está en juego, incluida la instrumentalización de las instituciones de todas puestas descaradamente al servicio de intereses de partido. Proliferan los discursos reduccionistas y profundamente irracionales, fundados en el miedo, una de las emociones más primarias y más destructivas de los seres humanos. La polarización afectiva es un terreno abonado para las guerras culturales y dificulta los pactos y acuerdos transversales, que pueden verse como “traiciones” por parte de un electorado convenientemente enfervorizado.

No obstante, conviene advertir que la polarización en España es un fenómeno “top-down”, es decir, viene de arriba abajo y es una estrategia esencialmente partidista, que ha sido frecuente épocas electorales pero que ahora se ha enquistado. La realidad es muy diferente: en España existen grandes consensos sociales, por ejemplo, sobre el Estado del bienestar, la necesidad de hacer frente al cambio climático, la conveniencia de mejorar la sanidad y la educación públicas, la igualdad de género, etc, etc. En este sentido, los datos que pone de relieve Juan José Toharía en el ejemplar de la Nueva Revista dedicado a los pactos al que me he referido al principio son muy impactantes. No sólo el 84% de los ciudadanos consideran que los actuales políticos y los partidos son un problema, sino que la mayoría son muy favorables a los acuerdos y pactos entre partidos, poniéndose de manifiesto una más que notable discrepancia entre lo que la clase política cree que piensan sus electores y lo que éstos realmente piensan y desean.

En ese sentido, según los datos que ofrece su empresa Metroscopia, la ciudadanía considera que la propensión a dialogar y negociar debe ser permanente y generalizada, no circunstancial y puntual. El 65% piensa, además, que es un signo de madurez política y de responsabilidad. Dicho de otra forma, la ciudadanía no comparte la actitud profundamente antidemocrática de sus representantes de estigmatizar al adversario político como enemigo con el que no se puede llegar a acuerdo alguno. La sociedad está por los pactos, los políticos no. La conclusión, ante unas elecciones generales, es bastante sencilla: nos corresponde a los ciudadanos hacer ver que los pactos transversales sobre cuestiones sobre las que existe un amplio consenso, no sólo son necesarios, sino que deben de ser posibles.