El primer
ministro, Boris Johnson, está dispuesto a entrar en una guerra política para
reformar el servicio civil en plenas negociaciones del posBrexit y la pandemia
del covid-19
Revista de prensa.- CELIA MAZA. LONDRES.- El Confidencial.com.- “Se avecina una gran
tormenta sobre el Civil Service”, vaticinaba Dominic Cummings, el todopoderoso asesor del primer
ministro Boris Johnson, en una reciente reunión con su equipo. Y, en
efecto, los primeros temblores del terremoto que va a sacudir los cimientos del
sistema público británico han comenzado a provocar las primeras grietas. El
hombre que verdaderamente mueve los hilos en Downing Street —si quedaba alguna
duda, fue disipada durante la pandemia— se dispone a llevar a cabo la
mayor centralización del Estado en la historia reciente de Reino Unido.
Cummings quiere revolucionar la Administración pública con
expertos procedentes del campo de la ciencia, la empresa y la tecnología -con
especial atención sobre todo lo relacionado con la inteligencia artificial
(IA)-. El pasado mes de enero, el estratega ya publicó un anuncio en su blog
donde decía, literalmente, “se buscan raros e inadaptados” para esta misión. Pero
la reforma está siendo cada vez más piramidal y lo que realmente preocupa a los
analistas es que se termine con un “ejército” estilo Trump que ejecute las
políticas sin tan siquiera cuestionarlas. La fórmula en democracia no suele
salir bien.
Mientras los políticos vienen y van, el conocido Civil
Service (o servicio civil) ha sido desde 1853 el engranaje clave de la
maquinaria del Reino Unido. Se trata de una organización constante e imparcial
que no solo está ahí para llevar a cabo los planes de las administraciones
elegidas en las urnas, sino también para brindar asesoramiento y
estabilidad al Gobierno de turno.
Sedwill es el tercer funcionario de alto rango que deja su
puesto por desavenencias con el Número 10 en apenas unos meses. En
febrero, Sir Philip Rutnam abandonó su oficina en el Ministerio del
Interior y hace apenas un par de semanas Sir Simon McDonald hacía lo
propio con Exteriores. De los grandes departamentos, el único superviviente que
queda es Sir Tom Scholar, en el Tesoro, pero quizá no por mucho tiempo.
Así que, definitivamente, “la gran tormenta” ha llegado.
¿Centralizar o descentralizar?
Según Cummings, el análisis que se está realizando de su
estrategia es erróneo. Se trata de una “invención de la prensa” porque, según
defiende, él no quiere centralizar el poder del Estado. Todo lo contrario. Su
plan pasa por “aligerarlo” y dar más independencia a los
departamentos gubernamentales individuales.
Seguramente, los medios también habrán “malinterpretado” el
absoluto control impuesto al resto de asesores, que tienen prohibido comer con
periodistas y temen ser pillados por la red de espías que el estratega ha creado en todos
los restaurantes de la zona de Westminster. O puede que también se eche la
culpa a las supuestas 'fake news' ante el hecho de que el comité de
Inteligencia y Seguridad no se haya reunido desde las elecciones de diciembre
(el parón más prolongado de los últimos 25 años) porque Cummings quiere
controlar quiénes van a ser sus miembros. "The Dom factor" —el factor
Dominic—, lo ha llegado a llamar el mismísimo 'The Telegraph', biblia para los
'tories'.
Lo cierto es que en Reino Unido siempre ha habido un
sentimiento de que el primer ministro tiene mucho poder oficial, pero
pocos recursos para imponerlo. En definitiva, puede tirar cuando quiera del
freno de mano, pero eso no lleva implícito que el coche se detenga. Y esto ha
creado diferentes batallas entre el funcionariado y gobiernos de todo signo
político, desde el liderado por Margaret Thatcher -que ya en su día quiso sustituirlos
por ejecutivos empresariales- hasta el de Tony Blair. Con todo, lo que se ha
emprendido ahora es una auténtica guerra contra el funcionariado.
Aunque el término tiene en Reino Unido una connotación
distinta. Mientras que existen actualmente alrededor de seis millones de
'public servants' (aquellos que trabajan para las instituciones públicas), solo
hay unos 420.000 'civil servants' que recorren Whitehall, la gran avenida
pegada a Westminster donde se encuentran todos los ministerios. Los sueldos
iniciales rondan las 25.000 libras anuales, una cifra que podría duplicarse en
el sector privado. Pero los que logran ascender, aparte de la satisfacción de
servir al país y lidiar con asuntos de Estado, normalmente son premiados con
títulos de 'Sir' o incluso 'Lord'. Y en la cultura británica, eso da mucho
pedigrí e influencia.
Las pruebas de acceso son de lo más peculiares. Según
ha podido saber El Confidencial, uno de los requisitos para entrar en el
departamento de Exteriores, por ejemplo, es ser capaz de vender ante una mesa
de expertos que se hacen pasar por hombres de negocios un programa (ficticio)
que quiere llevar a cabo el Gobierno británico pero que va en contra de los
intereses de otro país aliado, cuyo embajador (ficticio) está sentado también
como comensal. Y todo ello, claro, sin poner en peligro las relaciones
diplomáticas.
¿Reforma o guerra?
El asesor principal del primer ministro quiere ahora
reformar la Oficina del Gabinete —creada originalmente para supervisar y
centralizar el Servicio Civil—, ya que considera que la organización está
“inflada” y es “ineficiente”.
“¿Hay margen de mejora? Por supuesto que sí y ningún
funcionario respetuoso diría lo contrario”, señala Lord Kerslake, quien en
su día fue responsable de la Administración pública para el Ministerio de
Comunidades, en 'The Guardian'. “Pero es poco probable que la reforma vaya a
salir bien si el Gobierno empieza una guerra”, advierte.
“Peor aún, este Ejecutivo parece estar preparándose para
utilizar las dificultades que conlleva el Brexit y las deficiencias en la
gestión de la pandemia como razones para socavar la imparcialidad de los
funcionarios. Hay una narrativa perniciosa que une estas cuestiones y
defiende el modelo estadounidense de designar para el Servicio Civil a
personas que estarían completamente comprometidas con la política del Gobierno
y la llevarían a cabo sin cuestionamientos. En la era del presidente Trump, dudo que haya muchos
interesados en esto. Pero podría suceder con sigilo. Por lo que es necesario
un escrutinio exhaustivo de lo que puede ocurrir ahora en Whitehall”, añade.
Como parte de esta gran reestructuración, Downing Street
también plantea cambiar la sede de determinados departamentos de Londres a
otras zonas del país, para “reducir la distancia entre el Gobierno y el
electorado”, en concreto aquel que votó por el Brexit.
“Debemos estar más cerca de ese 52% que votó por salir de la UE para
entender de primera mano sus motivaciones”, señala el jefe de Gabinete, Michael Gove. El que a efectos
prácticos sería ministro de la Presidencia, siempre ha sido gran aliado de
Cummings. Las nuevas oficinas podrían establecerse en el norte de Inglaterra,
en el conocido como 'muro rojo', donde el electorado votó por los 'tories' por primera vez desde la II
Guerra Mundial para asegurarse de que se llevaba a cabo el divorcio
con el bloque.
Por otra parte, el primer ministro presidirá a partir de
ahora tres nuevos comités sobre prioridades nacionales, internacionales y
económicas para establecer estrategias con ministros del gabinete individuales
encargados de que las políticas se implementen en Whitehall. Desde el Número
10, aseguran que el nuevo sistema se inspira en la estructura utilizada para
las negociaciones del Brexit y la respuesta a la emergencia sanitaria inicial
ante la pandemia. Aunque, de momento, no ha dado más detalles.