Convocados los V PREMIOS Blogs Jurídicos de ORO 2024

Asímismo, se otorgará un PREMIO ESPECIAL, el BLOG JURÍDICO COLOSAL,  que será discrecionalmente otorgado por el Jurado como premio a un blog vivo en el año 2024 en atención a su excepcional impacto en la comunidad jurídica, sea por su capacidad de liderazgo o por su reconocida y singular aportación.

Por José Ramón Chaves García, delaJusticia.com blog.-En el día de la Constitución española de 1978, en homenaje a la “norma de normas”, y para valorar el esfuerzo de los juristas que dedican su tiempo, sapiencia y filantropía a servirnos desde webs, blogs y redes sociales, Globoversia convoca la quinta edición correspondiente a los V PREMIOS BLOGS JURÍDICOS DE ORO – 2024.

Se invita a la participación de todos los interesados con sus propuestas y votos que pueden referirse a cualesquiera blog o artículo de blogs jurídicos, sean españoles o extranjeros (en lengua española). Buena muestra de ellos los encontraremos en el Directorio temático de blogs jurídicos españoles, u otras plataformas que exponen los más consultados como la ofrecida por la web de Notarios y Registradores (aunque referida a diciembre de 2021), la lista de Alex Plana Paluzie, relaciones de blogs jurídicos iberoamericanos, o la valiosa recopilación actualizada de Amalia López Acera.

A continuación les ofrecemos las Bases de la convocatoria de esta quinta edición. Ahora toca la Primera Fase (proponer candidaturas, del 6 al 15 de diciembre) y luego seguirá la Segunda Fase (votación pública sobre los finalistas, del 16 al 31 diciembre). Pasen y lean…

Un sencillo voto por correo electrónico es una bonita manera de agradecer la generosa labor de los blogueros.

Gracias por anticipado por la colaboración de todos los que prestan su tiempo, energías y participación en esta venturosa iniciativa que se enmarca en la Estrategia USAL30 en el fomento de la investigación y sana divulgación del conocimiento como facilidades de nuestra generación hacia las venideras.

Aquí están las BASES… y el anuncio del encuentro de blogueros jurídicos y simpatizantes en Salamanca el 29 de enero de 2025.

PREMIOS BLOGS JURÍDICOS DE ORO – 2024

Tras el éxito de las cuatro primeras ediciones de los Premios Blogs de Oro Jurídico, el GRUPO GLOBOVERSIA promueve la quinta edición 2024 con arreglo a las siguientes 

Bases de la convocatoria

PRIMERA.- GALARDONES

Por el Grupo Globoversia, organización no gubernamental ni lucrativa, se convocan los Premios Blogs Jurídicos de Oro 2024 en las siguientes categorías:

A) BLOGS JURÍDICOS DE ORO, UN PRIMER PREMIO (AMARILLO) y UN SEGUNDO PREMIO (NARANJA).

Se valorará el rigor, originalidad, utilidad, aportación de valor y prestigio del blog en la comunidad jurídica.

B) ARTÍCULOS DE EXCELENCIA. UN PRIMER PREMIO (AMARILLO) y un SEGUNDO PREMIO (NARANJA).

Se otorgarán a los artículos de cualquier blog jurídico publicado en lengua española en el año 2024. Se valorará su relevancia, la amenidad del enfoque, rigor o utilidad jurídica.

Se entenderá que son blogs o artículos de temática jurídica, los insertos en webs que abordan en su contenido el Derecho en sentido amplio, tanto en sus ramas pública y privada, como abarcando la perspectiva del fenómeno jurídico desde la Historia, Filosofía, Tecnología, Sociología u otra disciplina análoga.

Asimismo, fuera de la votación popular, se otorgará el PREMIO ESPECIAL, BLOG JURÍDICO COLOSAL (ORO PULIDO), en sencillo homenaje y tributo a Santiago Ramón y Cajal, que será discrecionalmente otorgado por el Jurado como premio a un blog vivo en el año 2024 en atención a su excepcional impacto en la comunidad jurídica, sea por su capacidad de liderazgo o por su reconocida y singular aportación.

SEGUNDA.- ORGANIZACIÓN

2.1 La organización de los premios corre a cargo de la Comisión designada por el Grupo Globoversia, formada por don José Ramón Chaves García, doctor en derecho y magistrado; don Antonio Arias Rodríguez, doctor en derecho y economista; doña María Ángeles Guervós Maillo, catedrática de derecho tributario de la Universidad de Salamanca; don Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez, funcionario al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; don Enrique López González, catedrático de la Universidad de León; doña Marta Riera López, funcionaria al servicio de la Universidad de Oviedo; don Juan Manuel del Valle, letrado, escritor, y artista; doña Ana Caro Muñoz, jurista y funcionaria al servicio de la Universidad Autónoma de Madrid y poeta; don Francisco José Ojuelos Gómez, abogado y escritor; don César Javier Álvarez Álvarez, jurista y funcionario al servicio de la Administración del Principado de Asturias; don Carlos Juan González López, empresario y mecenas cultural; don José Francisco Adserias Vistué, farmacéutico y experto en TICs; y doña Fátima Lozano Villavieja, funcionaria al servicio de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. En suma, trece personas con piedad, que contarán como Secretario General (Escribano) con don Félix Lasheras Mayo, historiador y humanista.

2.2 La presidencia del Grupo y de la Comisión recae en don José Ramón Chaves García, sin que ningún miembro de la organización perciba remuneración, ingreso ni reintegro o donativo por esta labor. La Comisión actuará de Jurado para todo lo relacionado con la convocatoria.

TERCERA.- PATROCINIOS

3.1 Se cuenta con el patrocinio de Fundación Automáticos Tineo para el fomento de la Cultura, para facilitar la logística y organización del evento.

3.2 Aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en participar en esta V edición como mecenas o patrocinadores de la iniciativa, ya sean empresas o profesionales, bufetes, editoriales u otras actividades, con inquietudes filantrópicas, y que deseen figurar con tal carácter en los Premios, podrán formular tal solicitud durante la primera fase, desde el 6 hasta el 15 de diciembre de 2024, para tratar las condiciones con el Escribano General (escribanoquevedo@gmail.com). Las contribuciones se destinarán íntegramente a financiar premios y actos de celebración o vinculados directamente a su desarrollo, sin que exista ánimo de lucro en su aplicación.

CUARTA.- CRONOGRAMA

QUINTA.- PLAZO DE PROPOSICIÓN DE CANDIDATURAS (6 de diciembre 2024 -15 diciembre 2024)

5.1 Las candidaturas para estos Premios podrán presentarse por cualquier persona física, mayor de edad y de cualquier nacionalidad incluyendo quienes sean los autores, propietarios, administradores o seguidores de los blogs o bitácoras, o de los artículos propuestos siempre que los textos estén escritos en lengua española.

Para ello bastará con enviar la propuesta a la dirección de correo electrónico globoversia@gmail.com, desde las 09:00 horas del día 6 de diciembre de 2024 hasta las 23:59 horas del 15 de diciembre de 2024. Serán propuestas rápidas, gratuitas y no requieren identificarse nominalmente ni registrarse.

Solo se admitirán candidaturas de blogs o bitácoras y de artículos publicados en lengua española, desde cualquier país y cualquiera que sea la nacionalidad de su promotor o autor.

Los blog o bitácoras deben corresponder con un dominio o subdominio propio (por ejemplo, delajusticia.com), pudiendo ser personales o profesionales, caso este último de sitio web que soporte el giro de entidades, empresas, despachos profesionales o grupos (por ejemplo: http://www.bufetekelsen.com), siempre que en este caso cuenten con un apartado dedicado específicamente a la publicación de artículos y que esté explícitamente etiquetado dentro del sitio web como “blog”, webBlog, bitácora, artículo o términos equivalentes.

En todo caso, deberán tener contenido predominantemente jurídico aunque puedan incluir otras materias relacionadas con temas afines al Derecho y la Justicia.

5.2 Las candidaturas propuestas serán enviadas por correo electrónico a la citada dirección de globoversia@gmail.com, que podrá formular cualquier persona, sin necesidad de expresar la identidad personal del proponente, resultando bastante con indicar sencillamente:

A) Cuando se trate de proponer candidaturas para el mejor Blog o Bitácora:

Nombre y copia exacta de los enlaces o links de la dirección del blog o bitácora propuestos.

Por ejemplo: Blog de la Justicia, https://delajusticia.com

En todo caso, el blog debe haber incorporado y publicado algún artículo durante el año 2024.

B) Cuando se trate de proponer candidaturas al mejor artículo o texto publicado se deberá señalar únicamente el título del artículo y copia exacta del enlace o link correspondiente a la dirección del artículo o texto o contenido propuesto.

Por ejemplo: Se generalizan los planes antifraude: https://fiscalizacion.es/2021/10/03/se-generalizan-los-planes-antifraude/ 

En todo caso, el artículo, texto o contenido debe haberse publicado dentro del año 2024.

Podrán proponerse, desde una misma dirección de correo electrónico, y en el mismo correo electrónico, hasta un máximo de dos candidaturas por la categoría de blogs o bitácoras (A) y otras dos candidaturas por la categoría de  artículos (B). Los correos electrónicos que excedan ese límite de cuatro propuestas en total, se tendrán por no válidos. No deberá el mismo votante usar más de un correo electrónico, ni reiterar sus votos desde la misma dirección de correo.

5.3 El Escribano General elaborará el listado de candidaturas válidas por cada una de las dos categorías, ordenados de mayor a menor número de las propuestas recibidas y las elevará al Jurado para que fije los semifinalistas sometidos a VOTACIÓN POPULAR. Por un lado, un máximo de veinticinco blogs o bitácoras (Blogs de Oro); y por otro lado, un máximo de veinticinco artículos. El Jurado resolverá los supuestos de empate para ajustar el número de propuestas.

5.4 Exclusiones. El Jurado podrá excluir motivadamente los blogs o bitácoras y artículos que se revelen con manifiesta falta de calidad, seriedad o buen gusto, o se revelen maliciosos. Asimismo, se excluirán las candidaturas de artículos que supongan plagios de otros originales sea cual sea la lengua y lugar de publicación en la WEB, detectados mediante aplicaciones tecnológicas antifraude.

SEXTA.- VOTACIÓN POPULAR TELEMÁTICA (V PREMIOS BLOGS JURÍDICOS DE ORO – 2024.

6.1 Los listados definitivos de candidaturas admitidas y finalistas, veinticinco para cada categoría (uno para blogs y otro para artículos) que se someterán a votación popular telemática, serán publicados en los sitios webs: delajusticia.com, fiscalizacion.es, globoversia.com y fundacionautomaticostineo.com, así como divulgados en las redes sociales de mayor difusión.

6.2 La votación telemática será rápida, gratuita y no requiere registrarse. Cualquier persona física, mayor de edad, podrá emitir votos individualmente desde el formulario incluido en la web delajusticia.com cuando se abra la votación popular, desde las 18:00 del día 16 de diciembre de 2024 hasta las 23:59 horas del 31 de diciembre de 2024. Antes de este vencimiento, excepcionalmente y por razones objetivas, a propuesta del Escribano General podrá el Presidente del Jurado prorrogar dicho plazo hasta la medianoche del día 3 de enero de 2025, lo que se hará público a través de las webs divulgativas referidas.

En el formulario de votación de la plataforma: 

No será preciso indicar nombre del votante ni se requiere ningún otro dato personal identificativo, más allá que la lógica constancia del correo electrónico de remisión.

Bastará con indicar el sentido de los votos que se emiten para la categoría

A) BLOGS JURÍDICOS DE ORO, y para la categoría.

B) ARTÍCULOS DE EXCELENCIA, identificando el blog o artículo/s que se votan.

6.3 Cada votante, desde el mismo correo electrónico, podrá formular un máximo de dos votos por cada una de las dos categorías. Se admite que se vote al propio blog o post. Una vez emitido el voto, no podrá cambiarse ni revocarse.

6.4 Queda prohibido para los participantes votar más de una vez, desde el mismo o desde distinto correo electrónico, apelando a la honestidad y buena fe de los votantes. No obstante, los segundos y adicionales votos, o los procedentes de correos electrónicos ficticios o ajenos al titular, que sean detectados por las aplicaciones informáticas antifraude, por el Escribano General o por el Jurado, como claramente encaminados a defraudar las estipulaciones establecidas, no serán computados como votos válidos.

SÉPTIMA.- VERIFICACIÓN Y RECUENTO 

7.1 El control de errores, fraudes y, en general la verificación de la idoneidad y exactitud de los votos, así como la existencia y actualidad de los blogs, bitácoras y sitios webs junto con los artículos publicados votados, y la comprobación y certificación de los resultados de las votaciones, será acometida por el Escribano General.

Ninguno de los miembros del Grupo Globoversia o del Jurado podrá votar ni ser votado en sus sitios webs, blogs o bitácoras y artículos publicados por ellos. Específicamente se excluyen las nominaciones de los blogs delajusticia.com así como fiscalizacion.es, y quedan fuera lógicamente los artículos incluidos en los mismos, por lo que no se computarán las propuestas ni votos que recaigan sobre ellos, ni podrán obtener galardón alguno derivado del Certamen.

Se admite expresamente la participación, y posible galardón, de los blogs premiados o galardonados en ediciones anteriores.

7.2 Las posibles interpretaciones, dudas y controversias serán resueltas por el Jurado, y los empates se zanjarán con el voto de calidad del presidente.

OCTAVA.- PROCLAMACIÓN DE GALARDONADOS (6 de enero de 2025)

8.1 Sobre los diez primeros finalistas según el mayor número de votos obtenidos en cada categoría, el Jurado decidirá motivadamente y previa deliberación.

En la categoría A), los dos blogs de mayor mérito para cada galardón por orden de prioridad, de manera que el primero obtendrá el Blog Jurídico de Oro (amarillo) y el segundo obtendrá el Blog Jurídico de Oro (naranja).

Y en la categoría B), los dos artículos de mayor mérito por orden de prioridad, de manera que el primero obtendrá el reconocimiento al Artículo de Excelencia de Oro (amarillo) y el segundo, el Artículo de Excelencia de Oro (naranja).

Un mismo titular de blog o autor de artículo, no podrá obtener más de un premio de los convocados en la misma edición, correspondiendo en caso de concurrencia final al Jurado adjudicar la categoría o modalidad que considere más ajustada a su mérito.

8.2 El Jurado añadirá hasta un máximo de siete Menciones de Honor para los blogs o bitácoras (Siete magníficos), ya correspondan a los doce blogs finalistas en la categoría A) o a alguno de los doce blogs en que se incluyan los artículos de los finalistas de la categoría B).

8.3 Asimismo, sin vinculación a la votación popular, el Jurado otorgará un PREMIO ESPECIAL, BLOG JURÍDICO COLOSAL (ORO PULIDO), en homenaje y tributo a don Santiago Ramón y Cajal, a propuesta de sus miembros como premio a un blog vivo en el año 2024 en atención a su singular valía e impacto.

8.3 Una vez determinados los blogs o bitácoras y los artículos merecedores de los premios (5 Premiados y 7 con Mención Honorífica), el Escribano General contactará a través de los sitios webs, blogs o bitácoras premiados para determinar la identidad del galardonado y recibir su conformidad para poder proclamarle con el premio correspondiente a su modalidad. Para el supuesto de resultar inaccesible su identidad o de no prestar el autor, administrador o master su conformidad, se entenderá que renuncia y se otorgará al siguiente en reserva según determine el Jurado.

8.4 El Jurado, en nombre del Grupo Globoversia, a propuesta del Escribano General, efectuará la proclamación formal de galardonados para su difusión. 

8.5 Los premios se harán públicos el día 6 de enero de 2025, día de Reyes Magos, a través de los blogs delajusticia.com y fiscalizacion.es, así como de la web de difusión de la Fundación Automáticos Tineo (fundacionautomaticostineo.com) y por cualquier otro medio que se pudiera considerar idóneo.

8.6 Los Premios consistirán, por cada modalidad en:

8.8 Las Menciones de Honor únicamente darán derecho al diploma acreditativo del reconocimiento y a asistir a la ceremonia de entrega y ágape consiguiente, con el Jurado.

NOVENA.- CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS (Miércoles, 29 DE ENERO DE 2025)

9.1 La entrega de los premios se efectuará al responsable de la autoría o promotor de cada uno de los dos blogs o bitácoras premiados, así como al autor o autores de los artículos de excelencia, o a la persona física en la que deleguen, así como la entrega de acreditación a los finalistas calificados con Mención de Honor, en un evento que será anunciado oportunamente.

Se celebrará en la ciudad de Salamanca el miércoles, 29 de enero de 2025, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. De no ser posible tal reunión por razones de fuerza mayor, tendrá lugar el acto mediante plataforma telemática Zoom u otra alternativa que decida el Jurado.

9.2 Asimismo, las personas físicas galardonadas, participantes en la ceremonia de entrega y en otros posibles eventos que se celebren por la organización sobre los premios, por la aceptación del premio se entiende que autorizan el posible uso de su imagen personal para cualquier actividad informativa, divulgativa o promocional en los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, exclusivamente en relación a los premios otorgados.

DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN DE LA BASES

10.1 La participación en los Premios Blogs Jurídicos de Oro supone la aceptación completa de las presentes Bases, que se publicarán en delajusticia.com, fiscalizacion.es y Santiago Ramón y Cajal.

10.2 Las cuestiones y los demás asuntos que no estén considerados en estos premios y que no estén contemplados en las presentes Bases serán resueltos por el Jurado antes citado y en caso de planteársele alguna reclamación o conflicto es el único órgano facultado para interpretar las presentes Bases. Sus decisiones serán ejecutivas e inapelables.

DECIMOPRIMERA.- INFORMACIÓN

Más allá de las webs de difusión de los galardones (delajusticia.com y fiscalizacion.es) el Escribano General atenderá las consultas sobre las bases, incidencias o dudas que le sean formuladas a través del correo electrónico: escribanoquevedo@gmail.com.

Se agradece vivamente la difusión de las Bases y la participación de los interesados con sus propuestas de candidaturas y votos. Aquí está crónica de la entrañable ceremonia de la última edición.

El País: Así son los primeros asesores científicos del Gobierno desde la Democracia: “Nuestro trabajo no es hacer política”

Biólogas, ingenieras o psicólogos: se estrenan los 22 altos cargos encargados de aportar evidencias basadas en la ciencia a la toma de decisiones

Revista de prensa. Nuño Domínguez El País.-   Una bióloga que busca microbios en los lugares más hostiles del planeta, una ingeniera que aplica las matemáticas a la toma de decisiones colegiadas, un psicólogo especialista en radicalización yihadista, o una experta en la interacción emocional de personas y robots. Son algunos de los nuevos asesores científicos del Gobierno, que acaban de ser elegidos para servir en cada uno de los 22 ministerios esta legislatura.

Es la primera vez desde la llegada de la Democracia que se crea oficialmente esta figura dentro del Ejecutivo. El pasado verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de este cuerpo, junto a otras medidas para poner a España en el camino de otros países que llevan años, incluso décadas, empleando este tipo de expertos y dando un lugar preeminente a la evidencia científica en la toma de decisiones. Los 22 elegidos formarán parte del gabinete de cada ministro, que será quien pueda cesarlos, y tendrán el máximo nivel salarial dentro de la administración para cargos de confianza.

La selección de estos nuevos profesionales coincide con uno de los momentos políticos más críticos para el Gobierno por acusaciones de corrupción y supuestas filtraciones interesadas. A pesar de este clima, el presidente del Gobierno, Sánchez ha querido reunirse este martes con los nuevos asesores en el palacio de la Moncloa en una reunión a puerta cerrada.

“Da vértigo”, reconoce Elena González-Toril, que ha comenzado esta semana su nuevo trabajo como asesora científica de la ministra de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Madrileña de 51 años, doctora en biología molecular con 25 años de experiencia, González-Toril ha cambiado su trabajo como científica del Centro de Astrobiología (CAB), cerca de Madrid, para formar parte del círculo más selecto de asesores de Robles. Su especialidad es estudiar “los límites de la vida”: microbios capaces de sobrevivir en los entornos más hostiles que se puedan imaginar, desde las aguas del río Tinto, en Huelva, a las de la Antártida. Pero no ha sido elegida solo por eso, sino por su capacidad de aportar un resumen breve, de un folio y medio, que compendie el conocimiento científico existente sobre un tema concreto, sea cual sea, sin dejarse llevar por su opinión personal. Una de sus mayores bazas es llevar años colaborando con científicos e ingenieros del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, organismo de investigación perteneciente a Defensa del que forma parte el CAB. “Nuestro trabajo no es hacer política, sino tratar de quitarle carga política a la información científica y ser objetivos”, explica. Aunque “asusta cambiar radicalmente de ambiente”, “estoy entusiasmada con este reto”, añade.

El nuevo cuerpo de asesores son 12 mujeres y 10 hombres, todos doctores, con una media de edad de 47 años, según la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC). Este nuevo organismo de Presidencia del Gobierno ha coordinado la selección junto a un grupo asesor en el que están representadas las sociedades científicas y médicas, los rectores de universidades públicas y las reales academias. Los candidatos tenían que ser doctores con una larga experiencia científica, haber trabajado previamente como asesores y tener habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Los elegidos salen de un total de 1.601 candidatos presentados. El Ministerio de Ciencia es uno de los que recibió más solicitudes, unas 900, y el de Defensa, el que menos.

Estos especialistas “no serán el sabio que susurra al oído del ministro”, explican en la ONAC. Su trabajo es más el de intermediarios honestos que sinteticen el consenso o disenso científico sobre cualquier asunto para que los que toman las decisiones cuenten con la ciencia como un factor clave, al igual que ya tienen sobre la mesa factores políticos, económicos, legales y presupuestarios. Sus informes para los ministros serán públicos, aseguran las mismas fuentes.

La mayoría de los consultados dice que se meten en esto para devolver parte del dinero y el tiempo que el Estado ha invertido en ellos. “La investigación científica no debe quedarse exclusivamente dentro de los laboratorios o la universidad; debemos ser útiles a la sociedad”, explica Manuel Moyano Pacheco, psicólogo de la Universidad de Córdoba, que será el nuevo asesor científico del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Este cordobés de 44 años forma parte de la red de alerta sobre radicalización de la Comisión Europea. Ha sido asesor de decenas de instituciones sobre riesgos derivados de la exclusión social, prevención de la radicalización, los delitos de odio, emergencias, desapariciones, criminalidad y violencia en todas sus formas. “La gestión de riesgos debe hacerse desde un prisma que tenga en cuenta aspectos deliberativos y precautorios, especialmente cuando no tenemos conocimiento sobre un determinado fenómeno. La ciencia será el tercer pilar”, opina. “El objetivo es que podamos maximizar la información y el conocimiento científico en los procesos de toma de decisiones con el fin de reducir la incertidumbre”, añade.

Ninguno de los cinco perfiles consultados militan en ningún partido, algo que esperan que siga así. “Lo bonito de este puesto es que ya ha sido concebido para no ser político”, resalta Isabelle Hupont Torres, ingeniera informática y de telecomunicaciones que se “enamoró” de la Inteligencia Artificial a principios de la década de 2000, cuando aún era un campo poco conocido. Esta científica francoespañola de 42 años resalta que su ciudad y su nacionalidad están en Zaragoza, donde trabajó en el Instituto Tecnológico de Aragón realizando proyectos de transferencia de Tecnología. Se especializó en Francia en el estudio del rostro humano y la interacción de personas con robots sociales, especialmente en población de edad avanzada y niños con autismo. También ha trabajado en el sector privado con empresas que desarrollaban tecnologías de reconocimiento facial, donde uno de los clientes eran las fuerzas de seguridad de España. Hasta ahora, Hupont Torres trabajaba en el Centro Común de Investigación de Sevilla, donde ha sido asesora de la nueva ley europea sobre Inteligencia Artificial. Ahora será asesora en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a las órdenes de Diana Morant. “Me parece tan pionero y bonito que mi país apueste por esto”, dice, y que “seamos una figura totalmente apolítica”, que no “dudé en tirarme a la piscina”.

Mónica García Melón, ingeniera industrial barcelonesa de 56 años, es consciente de que deja su cómoda cátedra en la Universidad Politécnica de Valencia para “afrontar una de las mayores preocupaciones de los españoles”. Su especialidad académica son los análisis de decisiones multicriterio. Crea modelos matemáticos aplicados a la toma de decisiones. Hasta ahora ha aplicado estas técnicas a asesorar a ayuntamientos y comunidades autónomas, por ejemplo sobre las trabas para la instalación de placas solares individuales. A partir de ahora, uno de sus objetivos será aplicar los mismos métodos a escala nacional como asesora del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de Isabel Rodríguez. “Yo me daría por satisfecha si conseguimos ampliar la oferta pública de vivienda, pero de verdad”, confiesa. En concreto, ansía “lograr un sistema de adjudicación basado en criterios sociales que sean inclusivos, transparentes y trazables”.

Este lunes Rüdiger Ortiz Álvarez decía estar algo “desubicado”. Era su primer día como asesor del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Cuando este diario habló con él, ni siquiera se había reunido por primera vez con el gabinete de la nueva ministra, Sara Aagesen, recién nombrada. Natural de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), de 36 años, Ortiz conoce bien el paño, pues trabajaba en la Oficina C del Congreso de los Diputados. Allí ha coordinado informes sobre inteligencia artificial y salud, neurociencia, incendios, y gestión sostenible de costas, y también ha participado en otros. “Esto es lo más fuera de mi zona de confort que he estado en toda mi vida, pero me apetece mucho”, señala.

Los responsables de la ONAC tienen dos pesadillas. Una, que estos nuevos técnicos encajen en sus destinos y que sean de utilidad para los ministros y sus equipos sin ser marginados. La segunda es que esta nueva figura tenga continuidad en el tiempo. Por ahora son cargos de confianza vinculados al ministro del ramo y a lo que dure la legislatura. Pero se ha modificado el real decreto del organigrama oficial de los gabinetes ministeriales para incluirlos. De esta forma, si el Gobierno cambia de signo y quiere prescindir de este cuerpo, tendrán que eliminarlo a propósito.

En verano, Pedro Sánchez anunció la creación de un nuevo “ecosistema” de asesores científicos dentro del Gobierno para dotar a España con un sistema usado en muchos otros países y también en la Unión Europea. La coordinación corresponde a la ONAC, que tiene un presupuesto anual de 10 millones de euros y que dirige el sociólogo Josep Lobera. Esta nueva oficina de Presidencia del Gobierno también está poniendo en marcha una unidad de apoyo al asesoramiento científico. Además, controlará la oferta de convocatorias puntuales con proyectos específicos. Habrá también un grupo asesor durante emergencias y crisis que se está coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional, órgano asesor del presidente del Gobierno.

Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del CTBG

 Por Camila Cella, coordinadora de Políticas Públicas de TI-E.- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es la autoridad administrativa independiente encargada de promover la transparencia y garantizar el acceso a la información pública en España. Su objetivo es verificar que todos los ministerios cumplan con sus obligaciones de publicidad activa, publicando la información relevante para la rendición de cuentas, tal como exige la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). 

De acuerdo con lo establecido en su  Plan de Evaluación para 2024, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publica en su página web los informes de evaluación del cumplimiento por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. 

En el día de la fecha, ha publicado en su página web el acceso a su informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, con un análisis detallado de los contenidos publicados de la Administración General del Estado (AGE) a través del Portal de la Transparencia. El Portal de la Transparencia depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, adscrita a la Secretaría de Estado de Función Pública. 

El Consejo reconoce los avances, aunque reitera la necesidad de continuar implantando las medidas necesarias para alcanzar el nivel exigido por la Ley de Transparencia.  

El acceso al informe definitivo y otros recursos de interés está disponible en el siguiente enlace. 

Desde Transparencia International España, se valora la publicación de este Informe que da cuenta de los desafíos en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de publicidad activa publicados en el Portal del Transparencia de la Administración General del Estado y se insiste en la necesidad de mejorar la eficacia de los marcos legales y los portales de transparencia para un efectivo acceso a la información pública en España.  

Al respecto, cabe señalar algunas propuestas de mejora del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE), formuladas desde TI-España en el proceso de Consulta Ciudadana previa, para la elaboración del V Plan de Gobierno Abierto 2024-2028, dentro del cual se propone considerar:  

• El diseño intuitivo y accesible para la ciudadanía de todas las edades y de todos los niveles de habilidad digital, con el fin de que la información se encuentre de manera accesible, rápida y sencilla.  

• Una información detallada sobre gastos y contrataciones incluyendo información detallada sobre proveedores, montos de los contratos, criterios de selección de contratistas, principales empresas proveedoras del Estado, si se trata de una contratación con fondos europeos o no, etc. Se propone presentar la información sobre contrataciones públicas como datasets (conjunto de datos) que permitan el entrecruzamiento de dicha información con otras bases de datos, a los fines de prevenir riesgos de corrupción y potenciales conflictos de intereses para lo cual se propone la utilización de un sistema de Inteligencia Artificial (IA) de detección temprana (a través de alertas). 

• La integración de visualizaciones gráficas de datos para hacer que la información sea más comprensible y accesible, utilizando gráficos, mapas, infografías, y otros elementos visuales  

• La incorporación del enfoque de género en la presentación de la información pública del Portal: esto implica recoger, analizar y difundir datos desglosados por sexo. El acceso oportuno a información suficiente, precisa y actualizada es esencial para diseñar, aplicar y supervisar políticas públicas eficaces, y para integrar mejor el género en las políticas anticorrupción.

Congreso PSOE: Debates políticos pendientes

 "A falta de conocer las enmiendas que la militancia proponga a la ponencia oficial del Congreso del PSOE, me preocupa que algunos debates políticos importantes  sobre la situación política española y europea, no tengan  lugar en el Congreso de Sevilla"

Revista de prensa. Ramón Jáuregui. La hora Crítica- Ese  fue mi primer pensamiento después  de leer el texto que la Comisión Ejecutiva ha circulado entre las bases del partido. Más parece un programa electoral construido sobre la base de un argumentario muy gubernamental (”lo que hemos hecho”) y sobre una especie de programa de gobierno a corto y medio plazo para la España que gobernamos.

 Está bien. Ningún reproche por eso. Es bueno que nuestros debates  toquen  tierra y se concreten  en acciones de gobierno y en propósitos y objetivos para un partido que gobierna. Pero, sinceramente, creo que falta  plantear, sugerir o suscitar debates muy profundos sobre  algunas de las realidades y de las dificultades con que nos encontramos a nuestro alrededor para impulsar  y desarrollar nuestros ideales.  

Por ejemplo, enfrentar el avance populista y la crisis de las democracias liberales en el mundo entero (mucho más después de las amenazas procedentes de Estados Unidos con Trump ). O ,recordar y describir las amenazas que sufre la Europa de hoy por las crisis acumuladas que se anuncian en  una legislatura que se vislumbra trascendental. Incluso me parece muy notoria la ausencia de una reflexión sobre el contexto internacional tan absolutamente desordenado e inestable y hostil en el que se sitúa nuestro país junto a toda Europa. Y , por supuesto, reconocer y reflexionar sobre las dificultades de una alianza de gobierno para llevar a cabo  nuestro propio proyecto para España, tanto en lo territorial como en lo social. 

 Las democracias están en crisis en todo el mundo. Una suma de factores las están debilitando  y amenazas que creíamos del siglo pasado ,reaparecen con inusitada fuerza, alimentadas por nuevos  fenómenos propios de una globalización ingobernada. El factor migratorio, por ejemplo, el desorden y la incertidumbre de un mundo multipolar, la polarización política, cada vez más frecuente en casi todos los países y unas redes sociales que han destruido el edificio deliberativo público, están favoreciendo la aparición de los llamados” hombres fuertes “, que transforman democracias originarias, en regímenes iliberales, devaluando los contrapoderes del Ejecutivo (oposición, libertades, opinión pública, etcétera) para perpetuarse en el poder, hasta el punto de negar la alternancia, como bien sabemos, núcleo  de la democracia misma. Alrededor del 70% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos o semi democráticos.

 Nuestras democracias también sufren. La izquierda política debe afrontar estos factores que debilitan nuestros edificios democráticos. La separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la polarización política y la fractura social consecuente, las tentaciones partidarias en los nombramientos institucionales y desde luego, el daño de las redes y la manipulación de los nuevos instrumentos de comunicación ,son factores ,entre otros muchos, que reclaman una reflexión seria y medidas urgentes desde nuestras posiciones políticas.

 Cuando yo era  un joven antifranquista, creía que la democracia era sólo un paso intermedio para la justicia social y la igualdad de oportunidades, auténticos objetivos del socialismo democrático, decíamos nosotros. Hoy, creo que los socialistas debemos tener claro que la democracia no es la forma ,es el fondo .Que no es un instrumento o un medio sino que es , el único Marco en el que pueden alcanzarse esos objetivos y que la democracia es también ,por ello ,uno de los  fines de nuestros ideales. En definitiva ,que, “Socialismo es libertad”, como titulamos nuestro primer congreso en España  después de la dictadura.

 Por todo eso, creo que nuestro partido debe reflexionar sobre cómo reforzar, regenerar y mejorar nuestra democracia y creo que el plan lanzado por el gobierno a ese respecto debiera ser una oportunidad para proponer nuevos consensos sobre nuestra democracia y abordar como mínimo reflexiones y propuestas para:

Reforzar la separación de poderes y en particular evitar la politización de la justicia y viceversa. Bueno será recordar que seguimos teniendo pendiente un acuerdo sobre la fórmula de elección del Consejo del Poder Judicial .En este mismo ámbito, me parece imprescindible recordar que todos los ejecutivos en todo el mundo están devaluando el poder legislativo y abusando de los decretos leyes, como consecuencia de la necesidad de las acciones ejecutivas inmediatas en  un mundo cada vez más veloz y concatenado .Pero, un Poder Legislativo fuerte que no se limite a ratificar las políticas del Ejecutivo, es particularmente necesario en estos momentos. No olvidemos que es el poder directamente elegido por los ciudadanos.

Hacen falta compromisos concretos para garantizar la independencia de los órganos institucionales y para evitar la tentación partidista en sus nombramientos .El prestigio de las instituciones es un elemento nuclear de la confianza ciudadana en la democracia. Cuando se deteriora la confianza en las instituciones democráticas, se lesiona gravemente la credibilidad de la democracia.        

 Sería bueno consensuar medidas en materia de libertades , especialmente de la libertad de expresión, pero también de transparencia  sobre la propiedad de los medios y la publicidad institucional ,en el marco de una política que favorezca el fortalecimiento de una sociedad civil más organizada, de un edificio deliberativo público más sano y de unos contrapoderes (“Checks  and balances”), más sólidos, en nuestro ejercicio democrático.

Otro de los grandes debates del momento es el que nos  remite al desorden geopolítico actual y a los desafíos europeos ante un mundo hostil a nuestros valores y a nuestras aspiraciones. La llegada de Trump a la Casa Blanca ,no hace sino agravar un escenario en el que las guerras, bélicas, comerciales y tecnológicas, se extienden en un contexto de  grave crisis de las organizaciones internacionales y arbitrales, desde Naciones Unidas a la OMC, desde el multilateralismo a la gobernanza económica de un sistema  productivo y financiero globalizado. Ese desorden geopolítico y esa desgobernanza económica es letal para una izquierda que aspira a un multilateralismo ordenado y a una cooperación internacional en las grandes causas supranacionales.

 Europa está amenazada no solo por la guerra de Ucrania y por los peligros de su vecindad con Rusia. Otras amenazas, menos vitales pero muy preocupantes ,nos enfrentan a un futuro incierto, podríamos incluso decir que hostil .El mundo que se está configurando en este siglo XXI ese  que creíamos cargado de esperanzas y expectativas, es ajeno a muchos de nuestros valores y compite ferozmente con nuestros intereses .Amenazas tecnológicas ,comerciales y geopolíticas  se suman a las bélicas y cuando creíamos haber construido una unión supranacional capaz de pilotar y liderar el mundo de la democracia y de la paz, hemos descubierto que nuestra embarcación sufre múltiples vías de agua en un mar tormentoso.

Tenemos problemas de demografía porque somos pocos y viejos , pero no aceptamos a  los inmigrantes .Tenemos problemas de innovación, de energía, de competitividad, de defensa y no somos capaces de armonizar nuestras decisiones y de adoptar políticas que solo pueden prosperar si son de todos y se adoptan  urgentemente .Los informes Letta y Draghi ,han marcado una hoja de ruta para la Unión Europea y el socialismo democrático debe de seguir siendo eje vertebrador de ese gran proyecto y de esa gran ambición que es hacer de Europa un modelo de sociedad democrática,  de justicia y de igualdad  y una vanguardia en la construcción de un orden multilateral de paz y de cooperación.

 EL PSOE es clave en el proyecto europeo actual y  tiene ante sí un panorama deprimente en el ámbito partidario europeo, por la reaparición de unos nacionalismos estatales anacrónicos y reaccionarios y por el avance de las derechas extremas en muchos de  los países europeos. Situarnos ante ese horizonte y reflexionar sobre nuestro” patriotismo constitucional y europeo”, sobre nuestro cosmopolitismo internacional, planteando horizontes, señalando caminos, ofreciendo pedagogía política, aunque pueda parecer utópica, es imprescindible.

 Por último España .Yo creo que está muy bien señalar la necesidad de reformas de nuestra Constitución para muchas cosas, pero el acto consecuente es reconocer que eso solo se puede hacer con todos y que un proyecto tan ambicioso reclama instalar en el país una base cultural del consenso y un aprecio por el pacto que no tenemos. Surge así un clásico de nuestros debates congresuales: la política de alianzas. Es decir , cuál es  nuestro marco de alianzas y de relaciones con el arco parlamentario español. Desde el cordón sanitario con la ultraderecha , a las posibilidades de entendimiento con el PP en las llamadas políticas de Estado. Desde nuestra disposición al pacto con nuestras izquierdas y con los nacionalistas , a nuestros límites para con algunas de sus reivindicaciones.Muchos ciudadanos españoles quieren saber si nuestro proyecto para España se materializa en la actual coalición y si esta se proyecta como base política de largo plazo o nuestro proyecto tiene vocación de mayoría propia.

 Hay una  corriente de pensamiento político en España que interpreta la moción de censura de 2018 como el comienzo de una nueva etapa, en la que un nuevo pluralismo partidario nos condena a dos únicas opciones de gobierno: el PSOE junto a otras izquierdas y algunos nacionalismos, o el PP ,con otros nacionalismos, o con Vox .Quienes establecen ese punto de inflexión, interpretan que el régimen del 78 y  los consensos del bloque  de constitucionalidad, son tiempos pasados y ubican al PSOE al frente de una mayoría progresista y Plurinacional para construir la España del futuro .

 Pero, esta perspectiva tiene algunos inconvenientes serios que un Congreso como el nuestro debería de abordar, porque esa dicotomía perpetúa el” bloquismo” actual y  acentúa una peligrosa polarización política y social en España .Además , impide grandes pactos de Estado, necesarios en un país de estructura territorial compleja y multinivel para atender problemas urgentes y compartidos. Vivienda o inmigración son un buen ejemplo .Por último, desprenderse de aquellos consensos vertebradores   de nuestras fracturas históricas, es una apuesta de futuro, que merece algunas reflexiones serias en nuestro partido.

 Algo parecido ocurre con la política territorial de España. Defender la España plural y la diversidad territorial para enfrentar los problemas de nuestro modelo autonómico, exige, a mi entender, concretar la propuesta federalista del PSOE y  definir los contenidos de nuestro” impulso federalista”. Puede resultar inoportuno en la acción gubernamental del momento, pero me parece muy necesario para devolver la confianza ciudadana al PSOE como el partido vertebrador de la España autonómica y como el impulsor de una verdadera reforma  Federal. 

Las universidades madrileñas alertan de que no pueden “garantizar la calidad del servicio público” por la asfixia de Ayuso

 “Si la situación actual es crítica, en pocos años podría volverse catastrófica”, afirman los rectores, que han convocado consejos de gobierno extraordinarios para este jueves"

Revista de prensa. Por Elisa Silió.- El País.- El próximo jueves por la mañana, y de forma simultánea, los rectores de las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) van a someter a votación en consejos excepcionales “acciones extraordinarias” pactadas entre ellos para tratar de salir vivos de la absoluta miseria en la que les ha posicionado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el que peor invierte por alumno (21% menos que la media) pese a su enorme renta per cápita regional (36,5% más). En una carta abierta que harán pública, y a la que ha accedido este diario, alertan de que con la “inestabilidad económica del sistema” no pueden “garantizar la calidad del servicio público”. Los rectores piden que se enmienden los presupuestos (solo ha subido un 0,9% la partida) durante su trámite en la Asamblea, que se aumente “considerablemente” la partida de infraestructuras, que se elabore “de inmediato” un modelo de financiación plurianual y que se garantice que se baje la precariedad de las plantillas como exige la reforma universitaria.

“El borrador de presupuestos aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades”, señalan los rectores en su carta en el que inciden en su “profunda preocupación”. “Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento [se invierte 12 veces menos que en 2007] y seguridad en condiciones adecuadas”.

Hace casi un mes se supo que el presupuesto solo aumentaría un 0,9% pese a las buenas palabras de la Consejería de Educación, sabedora de su quiebra. “La partida se mantiene en la misma e idéntica cuantía que en 2024, pues la aparente (y mínima) subida corresponde únicamente a una parte del incremento salarial que ya fue aplicado a los empleados públicos en este mismo año 2024 con respecto a lo inicialmente presupuestado para el mismo año”, recuerdan los rectores. “Esto, sumado al aumento de los costes salariales y al encarecimiento de la energía, servicios y productos, representa un retroceso en términos reales para la financiación universitaria”. Con la partida actual, los campus cubren el 80% de los sueldos, según sus cálculos. Completan con las matrículas de los universitarios.

Las universidades califican su situación de “prácticamente insostenible”, “crítica y que en pocos años podría volverse catastrófica”. Cuentan con “una subvención nominativa de cuantía inferior a la de 2009 en euros de ese mismo año, por tanto, sin tener en cuenta ni siquiera la inflación”, lo que contrasta con “un aumento acumulado del 34,9% en el IPC entre enero de 2009 y septiembre de 2024 (según el INE)”. Otras comunidades han solventado esta brecha con planes plurianuales. Y recalcan los rectores que el artículo 55 de la LOSU (la Ley Orgánica del Sistema Universitario) “establece de forma clara la obligación de las administraciones públicas de garantizar los recursos necesarios para la suficiencia financiera de las universidades”.

El sistema público madrileño cuenta con 30.000 profesores y personal técnico de servicios, y 220.000 estudiantes, la segunda cifra más alta de España. “La falta de inversión compromete gravemente las condiciones necesarias para garantizar un entorno adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”, inciden los rectores. A ello se une que la Comunidad se niega ahora a cofinanciar 1.100 profesores ayudantes doctor con el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades, como el resto de comunidades, también las del PP, aunque en verano abrazó con dudas el acuerdo.

La guerra con la presidenta ya es abierta, pese al perfil conservador de casi todos los rectores, que sin embargo hacen una férrea defensa de la educación pública como motor económico y de ascensor social. Ayuso, como Donald Trump o Jair Bolsonaro, trata a menudo a la universidad como un nido de protesta y vandalismo: “A lo largo de los años, hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos...”, señaló una vez. Y más concretamente, hace 12 días cargó contra la Complutense en el marco del caso Begoña Gómez: “Toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense”. Este lunes, el rector Joaquín Goyache, tras recibir presiones de sus profesores, publicó una carta en la que recriminaba a la presidenta “desmerecer” a su institución con expresiones “injustas y falsas”, reduciéndola así a una “caricatura ideológica”.

La Complutense es la institución peor posicionada. El 2023 se saldó con un déficit económico no financiero que ronda los 60 millones de euros y el consejo de gobierno no conoce los datos de 2024 ni las previsiones para 2025. En el consejo celebrado este martes el rector Joaquín Goyache no ha revelado ninguno, lo hará en un claustro (con mayor representación de todas las categorías) este viernes.

El drama se viene cociendo desde hace una década, pero con las sentencias ganadas en el Tribunal Supremo al Gobierno de Esperanza Aguirre, los rectorados han ido tapando huecos pese a estar infrafinanciados. Pero esa partida de 456,2 millones de euros se ha agotado y el pasado abril los rectores alertaron en un acto conjunto ―el primero tras años de ahogamiento― de que necesitaban 200 millones más (un 18% más de presupuesto) para “salvar los muebles”. Hasta entonces, en vez de valerse de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) para hacer causa común, cada rector intentó seducir al gobierno regional y librarse de la quema. La Complutense, por ejemplo, condecoró en enero de 2023 a Ayuso como alumna ilustre entre abucheos; mientras que año y medio después comunicaba a sus decanatos que debían de recortar un 30% sus presupuestos, ya de por sí exiguos, para no cerrar la puerta.

El siguiente rejonazo llegó este julio, cuando los rectores conocieron un primer borrador de la ley de educación superior y se escandalizaron. Consensuaron entonces una carta al consejero Emilio Viciana en la que denunciaban una invasión de la norma en sus competencias. Entre otras cosas, la ley pretende esquivar la desaparición de los colegios mayores que segregan por sexo a la que obliga la Ley Orgánica del Sistema Universitario y el castigo a los escraches y el vandalismo, ya recogido en la Ley de Convivencia nacional. Es decir, Ayuso buscó el enésimo choque frontal con el Gobierno de Pedro Sánchez, que desveló que acudiría a los tribunales si la iniciativa salía adelante. Según la ministra Diana Morant, Madrid destina el 0,4% del PIB a universidad, por debajo de la media del 0,55%.

Hasta el último minuto los rectores confiaron en que Ayuso no les abocase a la ruina, pero el 31 de octubre se confirmó que la partida subía un 0,9%. Con la dana del día 29 en mente, los rectores, que pensaban convocar a los medios, optaron por retrasar su reacción. No era el momento de el “qué hay de lo mío”. Y el pasado 21 de noviembre se reunieron con el consejero Viciana que terminó con cualquier esperanza, solo se aviene a quizás financiar algún proyecto puntual. Al frente de Hacienda esta Rocío Albert, profesora en excedencia de la Complutense y conocida lobista de las universidades privadas, incluso compaginándolo con su cargo político. Pronto Madrid aprobará su decimocuarta privada.

¿Ha llegado el momento de un pacto Faústico en la universidad?

 "Yo creo que el gobierno de Madrid debería insistir en que las universidades consigan objetivos de excelencia para mejorar su financiación. ¿Es un pacto Fáustico? Puede ser, pero es un pacto necesario"

Nota. Esta entrada se publicó originalmente como una tribuna en El Mundo el 20 de noviembre de 2024.

Por Antonio Cabrales. Nada es Gratis blog.- Sigo la polémica de la financiación de las universidades públicas madrileñas con preocupación y con una cierta perplejidad. Preocupación porque al fin y al cabo soy un empleado, y parece que la financiación actual no da ni para pagar los salarios. Perplejidad porque el argumento de que la Comunidad de Madrid tiene que pagar “al menos los salarios” es muy raro cuando se entiende cómo funcionan las universidades públicas.

Las universidades reciben del estado unas cantidades de dinero para realizar su misión: educativa, de investigación y de transferencia de conocimiento. Pero al revés que muchos otros organismos de la administración gozan de una considerable autonomía de gestión. En la práctica esto quiere decir que administra los recursos para llevar a cabo su misión con mucha libertad, aunque siempre dentro del marco legal correspondiente, como es natural. Por ejemplo, la administración no decide cuántos profesores, ni de qué tipo, tienen que tener en plantilla. Algo que, por ejemplo, pasa en Alemania. A mí el sistema español me parece mejor que el alemán porque es más probable que un rector sepa si hace falta un catedrático más de economía aplicada, o uno de derecho constitucional a que lo haga un funcionario de la consejería correspondiente. Y, de hecho, muchos rectores, con buen criterio, dejan que los departamentos administren sus presupuestos para configurar el tamaño y composición de sus plantillas.

Por ese motivo pedir que se paguen “al menos los salarios” es tener un poco de cara (ojo, no sé si es lo que han hecho los rectores). Si yo fuera el consejero les respondería que les dejo que se administren el dinero para que no me mareen con cuánta gente tienen que contratar. Si no les da el presupuesto, que prescindan de alguien.

Una solución es dejar a la consejería que audite plantillas y decida cuántos profesores hacen falta en cada sitio. Y si realmente hacen falta, se les paga. Pero creo que eso sería un error mayúsculo, aparte de que probablemente es técnicamente inviable. Imaginen la escena de un auditor con formación financiero/contable/legal diciéndole al catedrático de biología molecular que el ayudante doctor número tres no es necesario. Me recuerda a la anécdota de aquel colega que (hace muchos años en tiempos menos ilustrados) fue a la biblioteca de su universidad a pedir que se suscribieran a una nueva revista científica. Respuesta del bibliotecario (al que dado el momento del tiempo me puedo imaginar con una colilla de cigarrillo medio consumida entre los labios): “¿Pero ya te has leído todas esas de ahí?”.

Una solución mucho mejor que le recomendaría al consejero es hacer un “acuerdo Fáustico” con las universidades (en recuerdo del que hace en la leyenda alemana Fausto con Mefistófeles vendiendo su alma por algún bien terrenal, que dependiendo de quién la cuente es la juventud, el conocimiento, o simplemente dinero y placer). Voy a argumentar que aparte de solucionar el problema de la universidad se puede convertir en un modelo para otras negociaciones con otros proveedores de servicios públicos esenciales.

El pacto consiste simplemente en ofrecer mejoras presupuestarias condicionadas a que todo (o una parte muy importante de) el presupuesto dependa de la calidad de los servicios que provee la universidad.

Empecemos por la docencia. La mayoría de la gente va a la universidad para mejorar sus posibilidades profesionales. ¿Lo consiguen? La respuesta inequívoca es que sí, no haga caso de aquel viejo refrán de que la universidad es una fábrica de parados. Este país es una fábrica de parados, aunque ese es otro tema, pero la universidad lo mitiga razonablemente bien. Y los salarios de los universitarios son considerablemente mayores en media a los de los que no estudian. Pero esto no es igual para todas las universidades ni todos los grados o másteres. Y esto no es demasiado sorprendente. Las universidades reciben financiación en general por el número de los estudiantes en las aulas, no por el número que encuentra un empleo, ni por su salario. De manera que los incentivos de los claustros para que sus estudiantes encuentren empleo son, en el mejor de los casos, muy limitados. Así que mi primera recomendación es que las universidades cobren por los estudiantes que encuentran trabajo, y por los salarios que ganan los primeros años desde que se gradúan. Así, si un grado no consigue colocar bien a sus estudiantes, habría incentivos serios para mejorar su formación, o en caso de que sea imposible, cerrarlos o reducir su tamaño para que esos graduados tengan más posibilidades.

Siguiendo por la investigación, aquí también la universidad cumple. Las publicaciones científica de España son más o menos lo que le corresponde dado su PIB. Pero hay países como Estados Unidos o Gran Bretaña que publican mucho más de lo que les corresponde (y ojo que esto tiene en cuenta que son más ricos). Si se utiliza una medida del impacto de esas publicaciones tampoco salimos muy mal, ni muy bien. Podríamos pensar, bueno, pues ya está, ¿no? Yo creo que no. Si alguien nos dijera que la selección española de fútbol no gana nunca un título despediríamos sin contemplaciones al entrenador y buscaríamos nuevos jugadores. Además, por mucho que el fútbol contribuya a la felicidad privada, no tiene el impacto que tiene la ciencia de excelencia en el crecimiento económico. Y me temo que, dados los desafíos demográficos, tecnológicos, y climáticos que nos van a llegar en las próximas décadas más nos vale crecer. Necesitamos más ciencia, y sobre todo más ciencia de excelencia. Por esto mi segunda recomendación es también sencilla. Que las universidades cobren por el número de citas que reciben sus artículos (una buena medida de la importancia e impacto de los mismos) normalizada al campo de estudio (no todos lo campos citan igualmente).

La última misión importante es la transferencia de conocimiento a la sociedad. En realidad, la docencia también es transferencia de conocimiento. Pero cuando se habla de transferencia tendemos a referirnos a aplicaciones de los descubrimientos científicos.  En algún sentido es la plasmación concreta de la ciencia que se hace en los claustros universitarios. En este ámbito yo veo más problemas. Estamos en el décimo puesto de Europa por solicitud de patentes europeas. Tanto por PIB como por volumen de publicaciones deberíamos estar más arriba. La innovación es la forma más concreta con la que la ciencia apoya el crecimiento económico. Y como ya he indicado, ese crecimiento debe ser una prioridad absoluta para nuestro país. Y con esto llega mi tercera recomendación. Páguese a las universidades por el volumen de patentes, y por las citas de esas patentes en otras solicitudes de patentes (una buena medida del impacto de las mismas). También por el volumen de contratos de innovación y transferencia que obtengan de terceros.

Yo creo que el gobierno de Madrid debería insistir en que las universidades consigan objetivos de excelencia para mejorar su financiación. ¿Es un pacto Fáustico? Puede ser, pero es un pacto necesario. El único que me parece que tiene sentido en estos momentos. Podría poner a la comunidad de Madrid a la vanguardia económica de Europa. Y daría ejemplo a los ciudadanos de que la gestión de los recursos se hace pensando en su bienestar, y no en el de los empleados de esos servicios públicos. Los empleados deberíamos aceptarlo para demostrar nuestro compromiso con el servicio a esos intereses. De paso recuperamos tanto políticos como servidores públicos la confianza de los ciudadanos, que buena falta nos hace. Así que ya saben, dinero por goles, un buen pacto Fáustico.

La liberalización de cercanías y media distancia: ¿un puente a favor de la competencia?

"La experiencia de nuestros vecinos europeos demuestra que la liberalización del transporte ferroviario de cercanías puede ser beneficiosa para los usuarios, pero también conlleva desafíos"

 Javier Campos Nada es Gratis blog.-Desde 2020 hasta ahora, la liberalización de los servicios ferroviarios de alta velocidad ha supuesto, sin duda alguna, no solo un soplo de aire fresco para un sector de gran importancia en nuestro país, sino que se ha traducido en la práctica en un notable incremento del número de viajeros y de la oferta de servicios, así como en una reducción significativa de las tarifas medias como resultado de la competencia entre Renfe Viajeros y dos operadores privados. Este blog ya ha subrayado en varias ocasiones la relevancia para la movilidad interurbana y el sistema de transporte en su conjunto que tiene el ferrocarril de larga distancia (véase aquí, aquí o aquí, por ejemplo) y, a pesar de algunos incidentes técnicos y de los conocidos desencuentros y críticas desde instancias ministeriales (frutos tal vez de un desconocimiento de qué significa la competencia realmente, como señala aquí Juanjo Ganuza), la mayoría de los economistas que nos dedicamos a estos temas seguimos calificando este proceso como positivo e, incluso, insuficiente.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta pública para recabar información con vistas a la próxima licitación de los servicios públicos de transporte de viajeros en ferrocarril de cercanías y media distancia. Se trataría de un cambio fundamental para un sector que transporta anualmente cerca de 500 millones de viajeros – muchos de ellos residentes en las periferias de nuestras grandes ciudades y con ingresos medios o bajos – y que, a diferencia de la alta velocidad, debe explotarse cumpliendo obligaciones de servicio público (OSP) que requieren compensación por parte del Estado. Tanto las posibles implicaciones desde el punto de vista de la cohesión territorial y social, como los potenciales efectos sobre las cuentas públicas y las externalidades viarias (congestión y contaminación) resultan bastante evidentes. Lo que no resulta tan claro es la actitud que adoptará finalmente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quien se muestra reacio por ahora a adelantar los plazos, no prorrogando los actuales contratos de exclusividad que tiene Renfe Cercanías, lo que podría hacer que el proceso de liberalización pueda dilatarse hasta 2031.

Creo que muchos usuarios comparten la percepción de que los servicios de cercanías en España han sido la ‘hermana pobre’ de un país que presume de tener ‘la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo’. Diariamente los medios de comunicación y las redes sociales se hacen eco de quejas de los usuarios sobre baja puntualidad, saturación, escasa frecuencia en algunas rutas y falta de inversión en renovación de infraestructuras en estos servicios. Asumiendo que siempre resulta difícil pronunciarse sobre una política cuyos detalles aún no han sido definidos, me gustaría exponer de manera concisa cuáles son – de acuerdo con algunas evidencias disponibles en Europa – las posibles ventajas y riesgos asociados al proceso de liberalización del ferrocarril de cercanías y media distancia en nuestro país.

Las promesas de la liberalización

Uno de los principales argumentos tradicionales a favor de la liberalización es que la competencia – incluso aunque solo sea por el mercado en la licitación de rutas con OSP – suele impulsar una mejora en la calidad de los servicios ofertados. Con una adecuada definición de los parámetros técnicos de la licitación, la posibilidad de que varias empresas compitan en o por las rutas de cercanías generaría incentivos suficientes para que todas intentaran mejorar en aspectos tales como la puntualidad, la limpieza, el confort y la frecuencia de los trenes. La experiencia en otros países europeos como el Reino Unido, donde se introdujo competencia en los servicios de cercanías a través de concesiones, ha demostrado mejoras en algunas rutas específicas, aunque no en todas, tal como señalan acertadamente algunos estudios comparativos. Del mismo modo, la liberalización del transporte de cercanías y media distancia podría traducirse en tarifas más asequibles mediante la aparición de servicios ‘low-cost’ y/o de ofertas puntuales, un efecto ya observado tanto en nuestro país como en Francia al liberalizarse los servicios de larga distancia y que, en el caso de cercanías podría generar ganancias para personas con menos recursos (véase, por ejemplo, la comparación que realizan Beria et al. ,2012 para cuatro países europeos).

Igualmente, con la entrada de operadores privados, cabe esperar un incremento en la inversión en infraestructuras y en la modernización de las flotas de trenes. En países como Alemania y Suecia, se ha observado que la liberalización de los servicios de cercanías redujo la antigüedad media de la flota y trajo consigo la renovación de algunas estaciones, financiadas en parte por las empresas concesionarias. ADIF, responsable de las infraestructuras en nuestro país, podría beneficiarse de estos recursos adicionales para acometer mejoras muy necesarias en ciertas rutas regionales y estaciones que necesitan urgente modernización. La liberalización permite trasladar parte de la inversión y del coste de mantenimiento a los operadores privados a través del cobro de tasas de acceso a la infraestructura, un elemento regulatorio crítica que ha generado no pocas fricciones en el sector de la alta velocidad. En todo caso, un diseño justo de las tarifas de acceso permitiría aliviar la presión sobre el presupuesto público y alcanzar un mayor grado de eficiencia, haciendo que en última instancia sean los usuarios quienes paguen el coste real de los servicios. También pueden obtenerse ganancias de eficiencia a partir de la mayor flexibilidad para adaptar horarios y servicios en función de la demanda que tienen generalmente los operadores privados, lo que podría mejorar la cobertura y frecuencia en rutas menos transitadas. Esto ha funcionado bien en Alemania, donde los operadores han implementado nuevos servicios, más personalizados.

Retos y riesgos de la liberalización en cercanías

Frente a las potenciales ganancias que se derivan de las promesas anteriores, la liberalización también acarrea riesgos y desafíos que es necesario considerar. Por ejemplo, uno de los efectos negativos más criticados en países como el Reino Unido – donde la liberalización conllevó privatizaciones que el nuevo gobierno laborista ha anunciado que va a revertir – fue la excesiva fragmentación de los servicios. La coexistencia de múltiples operadores puede generar complicaciones para los usuarios, como la dificultad de usar billetes combinados o la pérdida de conexiones fluidas. Esto puede traducirse en un servicio menos integrado y fluido, afectado por mayores tiempos de conexión. La liberalización también podría derivar en subidas de precios en rutas menos rentables o en horarios con baja demanda y, en ausencia de una regulación clara o un diseño deficiente del marco concesional, podrían desatender servicios menos lucrativos, afectando a los usuarios que dependen de ellos. En el Reino Unido la apertura a la competencia en el mercado llevó a que algunas rutas y horarios se volvieran prohibitivamente caros, mientras que en países con sistemas concesionales, como Suecia, algunas licitaciones tuvieron que ser replanteadas englobando rutas rentables y no rentables, permitiéndose implícitamente algunos tipos de subvenciones cruzadas.

Frente al carácter comercial de la alta velocidad, no debe olvidarse que el ferrocarril de cercanías y de media distancia sigue siendo un servicio esencial para la movilidad diaria de millones de trabajadores, estudiantes y ciudadanos, tal como lo reconoce la propia normativa comunitaria. Igualmente supone, complementando la red de carreteras, una garantía de conectividad mínima para decenas de ciudades y pueblos de nuestro país. Sin la supervisión adecuada, la entrada de operadores privados podría implicar una pérdida de control del Estado sobre el funcionamiento operativo de un servicio crucial para nuestra economía, por lo que la futura licitación debería incluir parámetros muy claros en relación con el control de la calidad de los servicios, la igualdad en el acceso a las infraestructuras, la coordinación entre entidades públicas y privadas y la facilitación de una intermodalidad sostenible. En Alemania, por ejemplo, donde existen numerosos operadores de cercanías, se ha demostrado que el sistema regulatorio es altamente eficiente, pero también muy complejo y proclive a los conflictos institucionales.

Finalmente, y a pesar de que en teoría la liberalización debe promover la inversión, también existe el riesgo de que – tras la transferencia a operadores privados de algunos corredores – se reduzca la inversión de ADIF en dichas rutas, o se generen conflictos con los operadores privados por su cuantía o priorización. Un plan multianual de inversiones, transparente y, por supuesto, evaluado económicamente como siempre hemos defendido aquí, podría disminuir sustancialmente esta incertidumbre. De nuevo, no sería nada deseable que ocurriera en España lo mismo que en el Reino Unido, donde tanto las empresas como el gobierno se enfrentaron a críticas muy duras por priorizar los beneficios antes que la renovación de las infraestructuras, generando problemas de seguridad y de calidad que aún persisten en algunos servicios.

Conclusiones

La experiencia de nuestros vecinos europeos demuestra que la liberalización del transporte ferroviario de cercanías puede ser beneficiosa para los usuarios, pero también conlleva desafíos. En Alemania, el modelo de concesiones en el que distintas empresas compiten por áreas de servicio ha dado buenos resultados. Los operadores están sujetos a estrictas regulaciones y deben cumplir con estándares de calidad, lo cual ha redundado en una mejora significativa en la frecuencia de los servicios y en la inversión en algunas infraestructuras, aunque también se ha criticado que las concesiones a veces no favorecen las rutas menos rentables. Suecia es otro ejemplo de un modelo mixto (véase un resumen aquí). Los operadores privados tienen una presencia importante, pero el Gobierno mantiene un control sobre las conexiones estratégicas y garantiza tarifas asequibles para todos los usuarios. Esto permite ofrecer servicios asequibles y de calidad en rutas que de otro modo no serían rentables. Por el contrario, otros países, como Francia, Italia o la República Checa, tampoco tienen todavía claro el modelo de desregulación de su transporte ferroviario de cercanías, a pesar de las exigencias de Bruselas.

En definitiva, para que la liberalización del ferrocarril de cercanías en España sea un éxito, será fundamental diseñar un modelo concesional en el que el Estado mantenga un alto grado de control sobre los estándares de calidad y accesibilidad, tanto con incentivos como con penalizaciones. La postura del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de su titular no parece en estos momentos demasiado favorable a tender puentes hacia las empresas privadas (especialmente las que tienen respaldo público de otros gobiernos), pero nunca se sabe. En todo caso, esperaremos a que el proceso comience para no nos embarcarnos en un tren que no nos lleve a ninguna parte.