La situación de interventores y tesoreros tras el Real Decreto-Ley 13/2026

"Conviene aclarar desde el principio a quién afecta el cambio y a quién no. Afecta a los puestos de libre designación, y los puestos de libre designación solo existen en determinadas entidades: en los municipios del modelo de cesión de tributos (las capitales y los de 75.000 habitantes o más), en las diputaciones, cabildos y consejos insulares, en las áreas metropolitanas y en Ceuta y Melilla"

Por Carlos Frías López esPúblico blog.- Este artículo pretende explicar tres cosas. La primera, qué ha cambiado en el régimen de los interventores y tesoreros nombrados por libre designación tras el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, que ha suprimido la autorización del Estado para acudir a ese sistema y el informe previo que se exigía para cesarlos.

La segunda, qué ocurre con el Real Decreto 128/2018, que sigue en vigor y sigue exigiendo ambas cosas, y si puede entenderse tácitamente derogado en ese punto. Y la tercera, qué se gana y qué se pierde con la reforma desde el punto de vista del control interno de las entidades locales.

El Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, nació para actualizar las entregas a cuenta de comunidades autónomas y entidades locales en otro año de presupuestos prorrogados. Ese es su título y ese es su objeto, y quien lo lea por el título no esperará encontrar en él nada que tenga que ver con la habilitación nacional.

Sin embargo, lo hay. En su disposición final primera, después de los suplementos de crédito y de las reglas sobre el superávit, se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, que es el apartado que regula cómo se proveen los puestos reservados a secretarios, interventores y tesoreros. La norma está en vigor desde el 4 de junio y el Congreso la convalidó el día 18, de modo que hoy es derecho vigente.

Y lo es al mismo tiempo que el Real Decreto 128/2018, que dice lo contrario y que nadie ha modificado, lo que abre una colisión normativa de la que me ocupo más abajo.

Conviene aclarar desde el principio a quién afecta el cambio y a quién no. Afecta a los puestos de libre designación, y los puestos de libre designación solo existen en determinadas entidades: en los municipios del modelo de cesión de tributos (las capitales y los de 75.000 habitantes o más), en las diputaciones, cabildos y consejos insulares, en las áreas metropolitanas y en Ceuta y Melilla.

No afecta, por tanto, a los ayuntamientos pequeños. A quienes trabajamos en ellos, donde el puesto se gana por concurso y solo se deja por otro concurso, la reforma no nos quita ni nos pone nada. Pero conviene leerla despacio, y conviene leerla despacio porque dice bastante de cómo se entiende hoy el control interno en la Administración local.

QUÉ DECÍA LA LEY Y QUÉ DICE AHORA

Para entender lo que ha cambiado hay que empezar por lo que había. Hasta junio, cuando un puesto de libre designación tenía encomendadas funciones de control interno, contabilidad, tesorería o recaudación, la ley exigía dos cosas, y las dos pasaban por el Estado. La primera, para sacar el puesto del concurso y llevarlo a la libre designación, era la autorización expresa del órgano estatal competente en materia de Haciendas locales. La segunda, para cesar a quien ocupaba el puesto, era un informe preceptivo y previo de ese mismo órgano.

La ley lo decía con estas palabras: «será necesario informe preceptivo previo del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales para el cese de aquellos funcionarios» que tuvieran asignadas esas funciones y hubieran sido nombrados por libre designación. Dicho de otro modo, el Estado intervenía a la entrada y el Estado intervenía a la salida: sin autorización no había libre designación, y sin informe no había cese.

El alcalde que quería prescindir de su interventor tenía que contárselo primero al Ministerio y esperar a lo que este dijera.

La nueva redacción prescinde de las dos cosas, de la autorización y del informe. De la primera, la autorización para cambiar el sistema de provisión, ya no dice nada. De la segunda, el informe previo al cese, tampoco queda nada, y en su lugar la ley se limita a disponer que el acuerdo de cese «deberá ser comunicado al órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Función Pública» y que esa comunicación «deberá incluir la correspondiente motivación del cese referido al desempeño profesional del funcionario».

Los cambios, por tanto, son tres. Cambia, en primer lugar, el momento, porque lo que antes era un control previo pasa a ser la noticia de una decisión ya tomada.

Cambia, en segundo lugar, el destinatario, porque quien recibe esa noticia ya no es Hacienda sino Función Pública.

Y cambia, en tercer lugar, el alcance, porque la comunicación se extiende a todas las funciones reservadas del apartado 1 del artículo, de modo que alcanza también a la secretaría, que hasta ahora quedaba fuera del informe. Este tercer cambio es el único que amplía algo; los dos primeros reducen.

Hay dos cosas más que anotar: una se conserva y otra se añade. Se conserva la garantía de puesto, porque acordado el cese la corporación sigue obligada a asignar al funcionario otro puesto de su mismo grupo de titulación. Y se añade, casi de pasada, que podrán cubrirse por libre designación los puestos de los titulares de los órganos directivos del artículo 130 a los que no correspondan funciones reservadas.

Queda por ver cómo explica el legislador todo esto, y la respuesta es que lo explica poco. La exposición de motivos lo despacha en una frase, según la cual la reforma obedece a «la necesidad de adaptar esta regulación a los últimos pronunciamientos judiciales recaídos sobre los supuestos en que se viene denegando la autorización de provisión por el sistema de libre designación». La explicación se refiere, como se ve, a la autorización, es decir, a la primera de las dos cautelas. Sobre la segunda, sobre las razones por las que desaparece el informe previo al cese, el preámbulo guarda silencio.

UNA COLISIÓN NORMATIVA: EL REGLAMENTO SIGUE DICIENDO LO CONTRARIO

La ley ha cambiado, pero el reglamento no, y el resultado es una colisión normativa. El Real Decreto-ley 13/2026 dice una cosa y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los habilitados nacionales y que sigue en vigor, dice la contraria. El decreto-ley no lo ha modificado ni lo ha derogado: no contiene disposición derogatoria alguna, ni expresa ni genérica, y se limita a dar nueva redacción al artículo de la ley. De ahí nace el primer problema práctico, porque las dos cautelas que la ley ha suprimido siguen escritas en el reglamento. La primera, la autorización de Hacienda para cambiar el sistema de provisión, sigue en su artículo 45.1. La segunda, el informe preceptivo previo para el cese de quienes ejercen las funciones de los artículos 4 y 5, sigue en su artículo 47.3. Hoy conviven, por tanto, una ley que para el cese solo pide una comunicación posterior y un reglamento que sigue pidiendo un informe previo.

Hay un detalle del reglamento que conviene dejar anotado antes de seguir. Su artículo 47.4 ya establecía que el acuerdo de cese debía motivarse con referencia al desempeño profesional. La exigencia de motivar no es, pues, nueva: en este punto la reforma se limita a subir a la ley lo que ya estaba en el reglamento, y aquí no hay colisión alguna.

¿EXISTE UNA DEROGACIÓN TÁCITA?

La pregunta que plantea esa colisión es si los artículos 45.1 y 47.3 del reglamento siguen vigentes o si han quedado derogados sin que nadie lo haya dicho, es decir, si existe una derogación tácita. No es una pregunta de escuela, porque de la respuesta depende que un cese acordado sin informe previo sea válido o no lo sea. Hay argumentos en los dos sentidos, y conviene exponerlos antes de tomar partido.

A favor de que el reglamento sigue vigente pueden darse dos razones. La primera es que la ley nueva no prohíbe ni la autorización ni el informe: sencillamente no los menciona, y el silencio de una norma no equivale, sin más, a incompatibilidad con otra. La segunda es que el propio apartado 6 comienza remitiendo al Gobierno la regulación, por real decreto, de «las especialidades correspondientes de la forma de provisión» de estos puestos, de manera que el reglamento tendría cobertura para mantener exigencias que la ley ya no recoge.

A favor de la derogación tácita juegan los dos criterios generales con que se resuelven los conflictos entre normas.

El primero es el de jerarquía: la norma con rango de ley prevalece sobre el reglamento, por el principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 de la Constitución.

El segundo es el temporal: la norma posterior deroga a la anterior en todo aquello en que sea incompatible con ella, conforme al artículo 2.2 del Código Civil. El decreto-ley es superior al reglamento y es posterior a él, de modo que los dos criterios apuntan en la misma dirección.

A mi juicio la respuesta es que sí, que existe derogación tácita, y lo creo por tres razones.

La primera razón es que no estamos ante un simple silencio. La ley contenía expresamente las dos cautelas y la reforma las ha retirado.

Cuando el legislador suprime de un precepto una exigencia que antes figuraba en él, lo que hay es una decisión, y un reglamento no puede mantener viva la exigencia que la ley ha decidido eliminar.

La segunda razón es que, en cuanto al cese, la ley no se ha limitado a suprimir: ha sustituido.

Donde había un informe previo de Hacienda hay ahora una comunicación posterior a Función Pública. Los dos mecanismos regulan la misma materia, que es la intervención del Estado en el cese, y la regulan de manera distinta en el momento, en el órgano y en los efectos.

Esa es justamente la incompatibilidad a la que se refiere el artículo 2.2 del Código Civil. Sostener que el alcalde debe pedir antes un informe a Hacienda y además comunicar después el cese a Función Pública es sumar dos regímenes que el legislador ha querido sucesivos y no acumulativos.

La tercera razón es que la autorización y el informe son controles del Estado sobre decisiones de una entidad local, y los controles de esa clase no pueden establecerse por reglamento. Lo tiene dicho el Tribunal Constitucional desde la sentencia 4/1981, de 2 de febrero, y lo ha repetido en la 154/2015, de 9 de julio, y en la 6/2016, de 21 de enero: «los controles administrativos sobre la actividad local deben estar previstos en normas legales», y han de ser además concretos y precisos. Mientras la ley preveía la autorización y el informe, el reglamento se limitaba a desarrollarlos. Retirado ese apoyo, la remisión genérica al real decreto para regular las especialidades de la provisión no basta para sostenerlos, porque un control que solo figura en el reglamento es un control sin previsión legal.

La derogación alcanza, eso sí, solo a lo incompatible, que es lo que dice el Código Civil. Quedan derogados la exigencia de autorización del artículo 45.1 y el informe previo del artículo 47.3.

No lo están la garantía de puesto del artículo 47.1 ni el deber de motivar del artículo 47.4, que la ley nueva no contradice sino que recoge.

Dicho esto, una derogación tácita tiene un inconveniente que una derogación expresa no tiene, y es que nadie la ha declarado. El texto del reglamento sigue publicado como vigente y no he encontrado todavía ningún pronunciamiento judicial sobre la cuestión, lo que no extraña en una reforma que tiene cuatro meses.

Los jueces y tribunales no aplican los reglamentos contrarios a la ley o al principio de jerarquía normativa (artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), pero para que lo digan hace falta un pleito. Por eso la opinión que aquí sostengo no está reñida con un consejo de prudencia. El ayuntamiento que vaya a cesar hará bien en motivar el acuerdo con detalle y en comunicarlo como manda la ley, y si además quiere recabar antes el parecer del Ministerio, nada pierde con ello. El interventor cesado sin informe, por su parte, hará bien en alegar el artículo 47.3, aunque a mi entender ese argumento no debería prosperar.

La colisión, en todo caso, no debería durar. Corresponde al Gobierno acomodar el Real Decreto 128/2018 a la nueva redacción de la ley, y hasta que lo haga quien tenga que aplicar estas normas se encontrará con dos textos publicados que no dicen lo mismo.

LO QUE SE GANA Y LO QUE SE PIERDE

Llegados aquí hay que preguntarse qué se gana y qué se pierde con el cambio, y empiezo por lo que se gana, porque sería injusto decir que la motivación no vale nada. Vale. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de septiembre de 2019 (recurso 2740/2017), dejó establecido que el cese en un puesto de libre designación requiere una motivación que no sea estandarizada ni ajena a los requerimientos del puesto. Que la ley lo recoja ahora expresamente para los habilitados, y que exija además que la motivación se refiera al desempeño, da al funcionario cesado algo concreto que discutir ante un juez.

Lo que se pierde es otra cosa, y es más importante. La motivación y el informe previo no actúan en el mismo momento.

La motivación se revisa después: después del cese, en un pleito largo que el interesado paga de su bolsillo y sigue desde otro despacho, cuando el puesto ya lo ocupa otra persona y el expediente que dio lugar al desencuentro lleva tiempo cerrado. El informe previo, en cambio, actuaba antes: antes del cese, porque obligaba al alcalde a explicarlo a un tercero antes de firmarlo. Y no es lo mismo decidir a solas que decidir sabiendo que alguien de fuera va a leer los motivos.

Esa diferencia entre el antes y el después importa especialmente en este puesto. El interventor de una gran ciudad fiscaliza al mismo órgano que puede cesarlo, y esa es una posición incómoda por naturaleza. La libre designación ya debilitaba esa posición. Lo que compensaba la debilidad era precisamente que el Estado tuviera algo que decir a la entrada y a la salida, con la autorización y con el informe. La reforma retira ese contrapeso y deja en pie la libre designación, que queda así sin aquello que la hacía tolerable.

A la objeción de fondo se suma otra de forma, porque tampoco convence el camino elegido. Una modificación del régimen de un cuerpo de funcionarios, y una modificación con vigencia indefinida, viaja en la disposición final de un decreto-ley sobre entregas a cuenta.

La extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución se justifica, en lo que a esta modificación toca, con la frase que antes se ha transcrito, y solo con ella.

Vuelvo, para terminar, a los pueblos. En los pueblos seguimos en concurso y, como decía al principio, nada de esto nos alcanza de forma directa.

Aun así nos concierne. El informe previo era una de las garantías del control interno que actuaban antes de que el daño estuviera hecho, y por eso su desaparición nos concierne a todos los que firmamos reparos, trabajemos donde trabajemos. Cuando llegue la reforma del Real Decreto 128/2018 para acomodarlo a la ley, habrá ocasión de pedir que el informe vuelva.

FUENTES:

-Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial (BOE núm. 135, de 3 de junio de 2026), disposición final primera.

-Resolución de 18 de junio de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación (BOE de 22 de junio de 2026).

-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 92 bis.6.

-Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, artículos 45 y 47.

-Constitución Española, artículos 9.3 y 86; Código Civil, artículo 2.2; Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 6.

-Sentencias del Tribunal Constitucional 4/1981, de 2 de febrero; 154/2015, de 9 de julio, y 6/2016, de 21 de enero.

-Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 19 de septiembre de 2019, recurso de casación 2740/2017. Roj: STS 2798/2019, ECLI:ES:TS:2019:2798 (CENDOJ).

JR Chaves: Preguntas de un jurista ante la catástrofe ferroviaria ¿Se cobra vidas el Derecho administrativo?

"Soy de los que piensa que la profesionalización y especialización en la cosa pública no se presume: hay que demostrarla, porque nos afecta a todos"

Por JR. Chaves, delaJusticia.com blog.- Tras la tragedia de la colisión de trenes en Urda (Toledo), y superar la conmoción y rabia, llega la inevitable reflexión sobre la fragilidad de la vida y sus circunstancias, porque junto a ella revolotean preguntas incómodas desde mi perspectiva de profesional del derecho administrativo (y al margen de toda ideología pues me temo que ningún gobierno ha estado ni está libre de pecado).

¿Cómo es posible que los contratos de mantenimiento del sistema de seguridad y suministros de ferrocarriles hayan sufrido demoras inherentes a estudios, licitaciones, reclamaciones y suspensiones? ¿No es hora de replantearse que una Ley de Contratos cuajada de trámites y garantías de legalidad preventiva debería dejar paso a algo más de eficacia y celeridad?, ¿Cuántos hospitales sufren déficits de suministros por estar los contratos en el limbo administrativo?

Lo de la eficiencia, objetivos transversales y ramificación de modalidades contractuales se ha convertido en un laberinto endiablado para las empresas y para los funcionarios.

¿Tendrá que ver con el mantenimiento de los sistemas y las medidas de seguridad, la austeridad derivada de eso que se llama sostenibilidad, unido al ahorro en seguridad para gastar en frivolidad?

Creo que los presupuestos formalmente equilibrados esconden desequilibrios serios al confundir lo necesario y lo prescindible (todos cuestan, pero el riesgo de escatimar es distinto en unos que en otros).

¿La liberalización del sector ferroviario, bajo vientos europeos, tolera que las compañías que comparten mismos itinerarios tengan distintos sistemas de control de seguridad?

Me temo que, como el pasajero de la barca, podemos consolarnos diciendo que el agujero de la vía de agua no está de nuestro lado.

¿Acaso en la España de la planificación, donde proliferan planes y programas de lo humano y lo divino, no se ha podido aprobar una planificación de infraestructuras ferroviarias, obras públicas o mantenimiento que realmente alcance el estándar de servicio y seguridad que merecen los españoles?

Quizá los planes cumplen la misión de ser aprobados con más fogueo que munición, y relajando la vertiente de prevención, con olvido de escenarios excepcionales.

¿Es aceptable que los Entes públicos desenganchados de la administración central nutran sus directivos mediante contratos de alta dirección o designación sobre criterios de afinidad, gratitud o sencillamente para que no estorben mientras cobran?

Lo de la huida del derecho administrativo se ha convertido frecuentemente en refugio de paniaguados de corbata larga y ética corta.

¿Y qué decir del reclutamiento del personal de segundo y tercer nivel de tales entes públicos, en régimen laboral y sistema de concurso, aligerados habitualmente de pruebas objetivas de experiencia y capacidad?

Soy de los que piensa que la profesionalización y especialización en la cosa pública no se presume: hay que demostrarla, porque nos afecta a todos.

¿Tanto hablar de algoritmos y automatización, o del principio de precaución en medioambiente, y no hay espacio para hablar de compromisos de seguridad en el servicio ferroviario?

Hay paradojas que estremecen, pues se nos llena la boca de lo electrónico y lo algorítmico y de la vigilancia del planeta, pero nos olvidamos de velar para llegar vivos en un tren de cercanías o lejanías.

¿El “protocolo” que dicen haber aplicado antes de la fatal colisión, qué tipo de norma o criterio jurídico es?

Me pregunto qué garantías de aprobación ha superado ese “protocolo” para que haya fallado, y por qué otros “protocolos” de otras líneas ferroviarias de otros países no fallan.

¿Está preparada la Administración para afrontar con rigor, seriedad y justicia las múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a varios sujetos, en cuantías diferentes y por distintos conceptos?

Lo del que rompe, paga, en el caso de la Administración se convertirá en un clamor de suplicantes frente a un muro impasible que recortará o inadmitirá todo lo posible. Competencia de unos u otros, intervención de jurisdicción penal, etcétera. Y con tiempo, y recursos interminables… hasta que las voces de los reclamantes se agoten y entierren como muchos parientes.

Pero lo que más me llama la atención y duele es saber que los viajeros que ocupaban el AVE y el Iryo siniestrados quedaron en manos del permiso dado al maquinista para circular con normalidad (a 200 km/h)… hacia la anormalidad de la colisión; y lo hicieron bajo la protección de dos capas de seguridad: (i) la informática falló y (ii) la humana que era un grupo de frívolos que dictaminaban del siguiente tenor: “Joder tronco, el (Iryo) 6076 no funciona”.

Si el destino de cientos de personas está en manos de estos humanos… algo ha fallado en quien los recluta, en quien los forma o en quien los controla…

Me temo que no hay “un fallo humano”, sino “muchos fallos de muchos humanos”.

Llegados a este punto, soy de los que creo que se impone la categoría del “derecho catastrófico”, como rama jurídica emergente, que impone no solo la perspectiva de la reparación o indemnización, sino la perspectiva preventiva pues la seguridad es el deber primario de una Administración que merezca tal nombre. Porque me temo que también ha fallado el Derecho administrativo…

Dicho esto, vaya el mejor de mis abrazos y condolencias para quienes han sufrido en sus carnes o de sus allegados este infortunio, y con ello mi aplauso a los empleados públicos que han sabido estar y están a la altura para reparar el daño causado y aliviar a quien difícilmente puede encajarlo (fuerzas policiales, médicas y protección civil).

Como dicen en mi querida tierra de acogida gallega… Nunca Máis

Accidentes ferroviarios y responsabilidad penal por omisión

"No es responsable el último eslabón de la cadena de malas o inexistentes decisiones. Hay más responsabilidades"

 Por Norberto J. de la Mata Barranco*. Almacén del Derecho blog.- - Hay algo que no acabo de entender. Un accidente es un suceso imprevisto, repentino e involuntario que provoca un daño. Ante un accidente ferroviario en el que pueden morir un centenar de personas, caben dos conclusiones: 1.ª) ha sido un fallo técnico, informático o mecánico; y 2.ª) ha sido un error humano. Bien. Pero, claro, si optamos por la primera conclusión, tendremos también que preguntarnos si hay alguna persona detrás de ese fallo y quién. Y, si optamos por la segunda conclusión, tendremos que preguntarnos a quién hay que atribuir ese error.

¿Por qué ha fallado el sistema LZB? ¿Ha fallado el sistema ASFA-AV? Si no han fallado, ¿es el sistema informático el que ha fallado? Y en todos estos casos, ¿quién es el responsable del fallo? Si entendemos que es un accidente fortuito, podremos decir que no hay nadie responsable, pero no es esta la norma (ni siquiera lo es ante catástrofes ambientales): habrá alguien responsable de prevenir, controlar, supervisar, revisar, sustituir, coordinar. ¿Quién?

¿Por qué se da desde el Centro de control de ADIF una orden de “adelante a marcha normal” que no se debió dar? Porque alguien se equivoca. Aquí parece estar claro quién. Pero, ¿es (solo) de esta persona la responsabilidad? Habrá que ver su grado de negligencia al dar dicha orden. Pero habrá que ver también el grado de negligencia de quien permite que una persona, únicamente una persona, sea quien tome una decisión relevante para la vida de más de quinientos viajeros. Que en 2026 el control aéreo, ferroviario o de una línea de metro dependa de una sola persona no es de recibo. Es más, se antoja inverosímil. Que son necesarios, ante la posibilidad de riesgos catastróficos, sistemas de doble o triple control parece evidente. Entonces, ¿por qué ese “adelante” no tiene supervisión, humana o informática? ¿Por qué no hay ningún mecanismo que impida llevar a término una orden «incorrecta»?

En el vigente Código Penal español, el artículo 5 dice que “No hay pena sin dolo o imprudencia”, el artículo 12 dice que “Las acciones u omisiones sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley” y los artículos 142 y 152 prevén responsabilidad para el homicidio imprudente y para las lesiones imprudentes. La imprudencia no se define, pero debe entenderse, según explican doctrina y jurisprudencia, como la “infracción de la norma de cuidado”.

Por otra parte, el artículo 11 señala que “Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación”, haciéndose responsable de ellos, según también explican doctrina y jurisprudencia, a quien esté en situación de “garante”, esto es, a quien está en situación de haber podido influir en que el siniestro no se produzca o no con la dimensión con que se produce.

Quizás podamos encontrar en este tipo de “accidentes” responsables que en momentos inmediatamente previos al siniestro tomaron malas decisiones, como la de dar una orden equivocada. También quizás podamos encontrar responsables por omisiones en la revisión informática, mecánica, de seguridad o de control inmediato de todo ello. Y quizás sean suficientes cuando estemos ante actuaciones que prescinden de todo tipo de protocolo, que denotan indiferencia ante la norma o ignorancia deliberada. Cuando, por ejemplo, ante un “programa de cumplimiento normativo”, eluden actuar como se les indica en el mismo. Pero, en el resto de casos, lo que hay que preguntarse no es solo “quién dio la orden”, sino “por qué la pudo dar” sin que existiera ningún tipo de control que verificara su corrección.

¿Por qué hay un tren parado en la vía? La respuesta no puede ser “porque se ha averiado”.

Y, en todo caso, ¿por qué se ha averiado? La respuesta no puede ser “porque los trenes se averían”.

¿Por qué nadie le avisa a su responsable (maquinista) de que viene otro tren por la misma vía? La respuesta no puede ser “porque no hay obligación de hacerlo” o “porque a alguien se le ha olvidado” o “porque no se ha considerado necesario”.

¿Por qué no se avisa al tren que va por la misma vía de que hay un tren parado? La respuesta no puede ser “porque se pensaba que no lo estaba” o “porque se pensaba que no lo estaría cuando el que circula llegara al lugar de parada”.

¿Por qué se dice a este tren que circule a “marcha normal”? La respuesta no puede ser, simplemente, “por error”.

¿Por qué se permite que se dé esa orden sin ninguna supervisión o sin ninguna medida informática de control? La respuesta no puede ser “porque no está previsto”.

Los accidentes ocurren fortuitamente. Pero la mayoría de los mal llamados accidentes no son fortuitos (porque muchas veces lo que parece imprevisto sí se pudo o se debió prever). Son sucesos derivados de la toma de decisiones cuando menos «imprudentes«, “por acción o por omisión”. Y esas decisiones no empiezan y acaban con una orden en el momento final. Empiezan mucho antes. Empiezan cuando se permite el funcionamiento de una infraestructura crítica sin ningún tipo de garantía de que no vaya a ocurrir un siniestro. Sustituciones de vías, sustituciones de sistemas de seguridad, controles, supervisiones, mantenimientos, etc., son consustanciales a dicho funcionamiento y la responsabilidad está en quien teniendo la encomienda de llevarlas a cabo no lo hizo, sí, pero también en quien debía haber efectuado dicha encomienda. Y continúan cuando se permite un sistema de actuación en un Centro de Control en el que “una persona” decide sin ningún otro tipo de apoyo o codecisión.

Y de todo ello no es responsable el último eslabón de la cadena de malas o inexistentes decisiones. Hay más responsabilidades. Y, judicialmente, deben concretarse. Porque es muy fácil aludir a un “error humano” sin preguntarse cuánto ha contribuido quien así se pronuncia a dicho error. Aun por omisión.

*Norberto Javier De La Mata Barranco es Catedrático de Derecho penal de la Universidad del País Vasco.

Licitaciones desiertas: qué dicen los datos abiertos y qué puede hacer el servicio de contratación antes de publicar

 "El contrato negociado sin publicidad permite aprovechar el trabajo ya hecho cuando la causa fue otra (un plazo corto, un mercado que no se enteró), pero no resuelve un presupuesto por debajo del mercado"

 Por Pablo Matheis. La parte contratante blog.-  Pablo Matheis publica por primera vez en este blog . El autor, desarrolla Licia, una herramienta que reutiliza los datos abiertos de contratación pública para las empresas que licitan.

Una licitación desierta es, para el servicio de contratación, trabajo que hay que repetir: un pliego redactado, informado, aprobado y publicado que termina sin adjudicatario porque nadie se presentó o porque ninguna oferta resultó admisible. Y, para quien espera el servicio, el suministro o la obra, un retraso que rara vez estaba en el calendario.

Es una situación que cualquiera que trabaje en contratación conoce, pero que pocas veces se mira en conjunto. Los datos abiertos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y de Tenders Electronic Daily (TED) permiten hacerlo: cada resolución, de adjudicación o de declaración de desierto, queda publicada, y basta con contarlas.

La cifra de conjunto

Contando cada par licitación–lote como un procedimiento y dejando fuera los contratos menores, el 8,9 % de los 830.655 procedimientos con resultado publicado en PLACSP y TED hasta el 7 de octubre de 2026 quedó desierto: 74.165 procedimientos. El denominador son solo los procedimientos resueltos, adjudicados o desiertos; los desistimientos y las renuncias no entran ni en un lado ni en el otro.

Uno de cada once puede parecer poco. La media, sin embargo, esconde diferencias muy grandes entre mercados.

Dónde se concentran:

Por división del vocabulario CPV, las tasas más altas están muy lejos de la media:

-servicios inmobiliarios (CPV 70): el 34,5 % de 5.220 procedimientos;

-servicios de hostelería y restauración (CPV 55): el 20,5 % de 19.513;

-servicios de transporte, sin contar los de residuos (CPV 60): el 18,4 % de 23.102;

-alimentos y bebidas (CPV 15): el 16,1 % de 13.688.

En el otro extremo, los servicios de tecnologías de la información (CPV 72) quedan desiertos en el 4,7 % de 37.687 procedimientos, y los de arquitectura e ingeniería (CPV 71), en el 5,5 % de 51.841. Las obras (CPV 45), que son el mayor volumen, están en el 10,9 % de 129.250.

Una advertencia de método: una licitación que publica códigos de dos divisiones cuenta en las dos, así que las filas no se pueden sumar para obtener el total. Cada división es un mercado, no una porción de una tarta.

¿ Por qué quedan desiertas ?

Los datos dicen cuántas y dónde, no por qué. Pero el reparto por sectores apunta en una dirección reconocible. Los mercados donde más se repite son aquellos en los que el coste se mueve deprisa (alimentos, combustible y personal en el transporte y la restauración) o en los que el contrato se parece más a una explotación o a un arrendamiento que a una compra (inmuebles, bares y cafeterías de edificios públicos). En ambos casos, la explicación más frecuente no es un error del órgano, sino un presupuesto base de licitación calculado con precios que ya no son los del mercado cuando el anuncio se publica: el expediente se preparó meses antes, con un estudio de costes que entonces era correcto.

Hay otras causas conocidas: una solvencia que pocas empresas del entorno pueden acreditar, un plazo de presentación ajustado al mínimo para un pliego complejo, un lote único que obliga a cubrir un ámbito que las empresas locales no alcanzan, o un mercado sencillamente pequeño, como ocurre en muchos municipios. Ninguna de ellas se puede afirmar para un expediente concreto mirando solo una tasa. Por eso estas cifras no sirven para juzgar a ningún órgano en particular, sino para saber en qué mercados conviene revisar dos veces antes de publicar.

Qué se puede hacer antes de publicar?

La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ya ofrece las herramientas. Se trata de usarlas donde el riesgo es mayor.

Contrastar el presupuesto con el mercado del momento. El artículo 102.3 pide a los órganos de contratación que cuiden de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, mediante la correcta estimación de su importe atendiendo al precio general de mercado. En los sectores con tasas altas, revisar el estudio de costes justo antes de publicar, y no solo al iniciar el expediente, es probablemente la medida con más efecto.

Preguntar al mercado. Las consultas preliminares del artículo 115 permiten contrastar precios, plazos y solvencia con las empresas antes de fijarlos, con la publicidad y las garantías de igualdad de trato que el propio artículo exige.

Dividir en lotes cuando el objeto lo permite. El artículo 99.3 hace de la división en lotes la regla general, y un lote más pequeño abre la puerta a empresas que no pueden cubrir el contrato entero.

Ajustar la solvencia al objeto. Una solvencia exigida por encima de lo necesario no protege la ejecución; reduce el número de empresas que pueden presentarse.

Dar plazo. Los plazos mínimos de presentación son eso, mínimos. En un pliego con mucha documentación técnica, unos días más pueden decidir si una pyme llega a presentarse.

Y si queda desierta?

Cuando un procedimiento abierto o restringido queda desierto porque no se presentó ninguna oferta, ninguna oferta adecuada o ninguna solicitud de participación, el artículo 168 a) 1.º permite acudir al procedimiento negociado sin publicidad, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato y sin que en ningún caso pueda incrementarse el presupuesto base de licitación ni modificarse el sistema de retribución.

Ese último inciso es la clave práctica. El negociado sin publicidad permite aprovechar el trabajo ya hecho cuando la causa fue otra (un plazo corto, un mercado que no se enteró), pero no resuelve un presupuesto por debajo del mercado. Si los datos del sector y las consultas apuntan a que el precio era el problema, volver a licitar con un presupuesto actualizado suele ser el camino más corto, aunque no lo parezca.

Cómo comprobar las cifras

Todas las cifras de este artículo salen de los anuncios de resolución publicados en PLACSP y TED, sin contratos menores, y se recalculan cada día con su muestra en https://licia.es/licitaciones-desiertas, donde también se pueden consultar por división CPV y descargar en CSV.

La asesoría jurídica en los municipios de gran población: funciones, límites y titularidad

"La labor consultiva tiene además una dimensión preventiva: puede facilitar que los servicios gestores detecten contradicciones entre propuestas, normas y antecedentes"

Por Diana Antuña.- esPúblico.com blog.- La complejidad de los municipios de gran población explica que el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) haya separado funciones antes asociadas genéricamente a la secretaría municipal. Dentro de ese modelo, la Asesoría Jurídica no es simplemente un grupo de letrados ni una denominación alternativa de la Secretaría: es el órgano administrativo previsto en el artículo 129 LRBRL para prestar asistencia jurídica al alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos. Su cometido comprende asesoramiento jurídico y representación y defensa judicial del ayuntamiento, sin perjuicio de las atribuciones expresamente reservadas a otros órganos.

La STC 143/2013, de 11 de julio vincula su existencia obligatoria con la configuración de un ejecutivo local capaz de gestionar la mayor complejidad administrativa de estos municipios. La pregunta relevante no es solo si existe una asesoría, sino qué funciones corresponden a esta, cuáles son propias de la Secretaría General del Pleno y qué alcance tiene la potestad municipal de organización.

1.- Un órgano necesario con dos vertientes funcionales

El artículo 129.1 LRBRL identifica dos dimensiones inseparables de la asistencia jurídica: la consultiva y la contenciosa. La primera permite examinar la legalidad de proyectos, decisiones y actuaciones sometidos al órgano por el alcalde, la Junta de Gobierno Local y los órganos directivos. La segunda comprende la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, con respeto a las reglas procesales y de postulación aplicables. Que el órgano asesore jurídicamente no significa que asuma por ello la dirección política, la resolución de expedientes o todas las labores ordinarias de instrucción administrativa. Artículo 129 LRBRL.

Esta caracterización expresa una función institucional: ofrecer criterio jurídico al ejecutivo y sostener la posición procesal de la corporación. Conviene distinguir entre el órgano, su titular y los letrados o empleados adscritos. La atribución legal al órgano no convierte automáticamente a cada integrante en titular ni sustituye las reglas de distribución interna del trabajo, representación procesal y organización del personal.

La asistencia consultiva: objeto y método

El asesoramiento no se reduce a pronunciarse sobre la validez abstracta de un acto ya redactado. Puede contribuir a identificar la norma habilitante, comprobar la competencia del órgano que se propone actuar, examinar la adecuación del procedimiento y advertir riesgos de impugnación antes de adoptar una decisión. Es una aplicación funcional de la atribución del artículo 129.1 LRBRL, no un catálogo cerrado de informes legalmente exigibles. La forma concreta de solicitar y documentar esta asistencia dependerá de las reglas aplicables y de la organización municipal. Artículo 129.1 LRBRL.

Debe separarse la consulta jurídica de la decisión administrativa. El informe proporciona razones para decidir dentro de la legalidad; no sustituye la competencia del alcalde, de la Junta de Gobierno o del órgano directivo ni hace desaparecer su deber de motivar cuando proceda. Del mismo modo, la posibilidad de consultar una cuestión no significa que cualquier expediente requiera un informe previo de la Asesoría Jurídica. Para calificar un informe como preceptivo es indispensable localizar una previsión normativa aplicable, o identificar claramente una exigencia de la propia ordenación interna sin atribuirle por ello rango legal.

La labor consultiva tiene además una dimensión preventiva: puede facilitar que los servicios gestores detecten contradicciones entre propuestas, normas y antecedentes. Esa utilidad aconseja precisar por escrito el objeto de la consulta y distinguir la valoración jurídica de las apreciaciones técnicas, económicas o de oportunidad que corresponden a otros órganos. Se trata de una pauta de buena organización, no de una nueva competencia exclusiva impuesta por el artículo 129.

Defensa judicial y continuidad institucional

La mención conjunta al asesoramiento y a la defensa en juicio muestra que el legislador quiso dotar al ayuntamiento de una asistencia jurídica que acompañe tanto la formación como la defensa de sus decisiones. En la práctica, conocer los antecedentes administrativos puede ayudar a explicar la posición municipal ante los tribunales; a la inversa, las controversias judiciales permiten detectar problemas recurrentes que conviene comunicar a los órganos competentes. Estas conexiones funcionales no autorizan a prescindir de los requisitos procesales de representación y defensa ni a presumir que toda intervención en un procedimiento judicial deba realizarla personalmente quien ostenta la titularidad del órgano. Artículo 129.1 LRBRL.

Importa igualmente diferenciar la defensa en juicio del ayuntamiento, expresamente mencionada en el precepto, de las necesidades jurídicas de otras entidades con personalidad propia dentro del sector público municipal. La extensión de la asistencia a cada una de ellas exige examinar su régimen particular y los instrumentos jurídicos que la prevean; no debe deducirse sin más de la referencia legal al ayuntamiento.

2.- Fronteras con la Secretaría General del Pleno

La cláusula inicial del artículo 129.1 preserva el artículo 122.5.e) LRBRL. El asesoramiento legal al Pleno y a sus comisiones corresponde al secretario general del Pleno, funcionario con habilitación de carácter nacional. La ley establece cuándo ese asesoramiento resulta preceptivo: entre otros supuestos, si lo ordena la Presidencia o lo solicita un tercio de los miembros con antelación suficiente; si se requiere mayoría especial; si una ley lo exige para materias plenarias; y, en el control de los órganos de gobierno, a solicitud de la Presidencia o de al menos la cuarta parte de los concejales. No cabe, por tanto, presentar a la Asesoría Jurídica como sustituta general de la Secretaría del Pleno. Artículos 122.5.e) y 129.1 LRBRL.

También debe distinguirse el asesoramiento jurídico —actividad material del órgano del artículo 129— del asesoramiento legal preceptivo como función pública reservada. El artículo 92 bis LRBRL remite, para los municipios de gran población, al título X; y la disposición adicional cuarta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, prescribe que la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo se ejercen en los términos de dicho título y de la disposición adicional octava LRBRL. Esta especialidad obliga a identificar en cada caso el órgano competente y el fundamento preciso de la obligatoriedad del informe; no basta trasladar mecánicamente las reglas propias de los municipios de régimen común.

El Dictamen 016/2026, de 14 de enero, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana defiende que el catálogo general del artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018 no se extienda automáticamente al régimen especial. El propio dictamen recoge un criterio diferente de la Secretaría de Estado de Función Pública respecto de la distribución de funciones no reservadas expresamente; por ello, su conclusión debe leerse como criterio consultivo y no como resolución judicial definitiva. este Órgano consultivo estima, sin perjuicio del parecer expuesto por la Secretaría de Estado de Función Pública, y, en su caso, del criterio que, en última instancia, puedan adoptar los órganos judiciales, que, el régimen de asesoramiento jurídico del artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018 no debería extenderse directamente a los municipios de gran población.

Un modelo de distribución funcional, no una secretaría única

La especialidad del título X se entiende mejor al contemplar conjuntamente tres piezas: el secretario general del Pleno, al que corresponde el asesoramiento legal al Pleno y sus comisiones; el órgano de apoyo al concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local, con las funciones fijadas en el artículo 126.4 LRBRL y en la disposición adicional octava; y la Asesoría Jurídica, destinada a la asistencia al ejecutivo del artículo 129. No son nombres intercambiables para una misma competencia. El órgano de apoyo desempeña asimismo las funciones de fe pública de actos y acuerdos de órganos unipersonales en los términos y con las salvedades de la disposición adicional octava.d) LRBRL. Artículos 122.5, 126.4 y 129 y disposición adicional octava LRBRL.

Este reparto obliga a responder por separado tres preguntas cuando se prepara un expediente: quién tiene la competencia material para decidir, qué órgano debe emitir el asesoramiento legal que la norma exige y quién realiza los actos de fe pública. Reunir esas tareas bajo la expresión genérica «servicios jurídicos» puede ocultar diferencias que afectan a la validez y trazabilidad de la actuación administrativa.

El debate interpretativo aparece con especial intensidad cuando se pregunta si el elenco de informes del artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018 se proyecta íntegramente sobre los grandes municipios. El Dictamen valenciano de 2026 contrapone la tesis de una aplicación automática del régimen general a la especialidad del título X y de la disposición adicional cuarta del propio real decreto; toma partido por esta última lectura. Pero también reproduce el criterio de la Secretaría de Estado de Función Pública conforme al cual, fuera de lo reservado a la Secretaría General del Pleno, la corporación debe determinar la atribución del asesoramiento entre los órganos directivos respetando el régimen especial. Esa discrepancia aconseja evitar afirmaciones absolutas sobre todos los tipos de expediente. En el resto de supuestos de asesoramiento legal, no expresamente reservados al secretario general del pleno en la normativa citada, será la Corporación Local la que determine a qué órgano directivo le corresponde el citado asesoramiento, respetando en todo caso, lo dispuesto en el título X de la Ley 7/1985, y en la disposición adicional octava de la mismaLos supuestos de asesoramiento preceptivo quedan limitados a los expresamente previstos en el Título X de la LRBRL, en particular, a los establecidos en el artículo 122.5.e) para la Secretaría General del Pleno

3.- Contratación pública: atribución específica y debate sobre el contrato menor

Existe una atribución legal especialmente importante que no se agota en el tenor del artículo 129. La disposición adicional octava, letra e), LRBRL asigna al titular de la Asesoría Jurídica las funciones que la legislación de contratos atribuye a los secretarios municipales, exceptuada la formalización de los contratos en documento administrativo. Esta previsión debe ponerse en relación con la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que contempla informes jurídicos en distintas actuaciones contractuales. La consecuencia no es una competencia universal sobre toda la tramitación contractual: se trata de identificar las funciones jurídicas concretas asignadas por la legislación de contratos y la excepción legal a la formalización. Disposición adicional octava.e) LRBRL.

La contratación menor ilustra la necesidad de prudencia. El Dictamen 016/2026 del Consell Jurídic Consultiu en relacion al informe jurídico también en contratos menores;  se inclina por la no preceptividad general, sin excluir informes facultativos o exigencias justificadas por la organización municipal.

 Alcance de la previsión contractual

La disposición adicional tercera.8 LCSP habla, entre otras actuaciones, de informes en la aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución. En el ámbito del título X, su lectura debe coordinarse con la atribución al titular de la Asesoría Jurídica prevista en la disposición adicional octava.e) LRBRL. Ello permite distinguir entre el deber de recabar un informe cuando la legislación lo establezca y la identificación de quien lo emite en el municipio de gran población. Son cuestiones diferentes: la regla organizativa de atribución no crea por sí misma todos los supuestos posibles de informe. Disposición adicional tercera.8 LCSP y disposición adicional octava.e) LRBRL.

También es relevante la salvedad sobre formalización en documento administrativo. Al excluirla expresamente de la atribución al titular de la Asesoría Jurídica, la LRBRL impide entender que toda función históricamente confiada a la secretaría municipal en materia contractual se haya desplazado sin excepciones. La contratación exige, por tanto, leer conjuntamente norma sectorial, regla organizativa especial y acto concreto del procedimiento.

En los contratos menores el desacuerdo recogido por el dictamen consultivo no gira principalmente en torno a la conveniencia de controlar la legalidad, sino en torno a si la expresión legal «aprobación de expedientes de contratación» comprende el procedimiento especial del artículo 118 LCSP.   Este Órgano consultivo se alinea en la tesis mantenida por la Junta de Contratación de la Xunta de Galicia y por Junta Consultiva de Canarias, acerca del carácter no preceptivo del informe del servicio jurídico en los contratos menores

4.- Funciones y Limites Autoorganización y límite de la instrucción de expedientes

La autonomía municipal permite ordenar puestos, recursos, circuitos de consulta y coordinación jurídica, pero exige respetar el núcleo de funciones legalmente establecido. La diferencia entre emitir un informe sobre un expediente y tramitarlo hasta propuesta de resolución es sustancial: en el primer caso se presta asistencia jurídica; en el segundo se asumen tareas instructoras. Como ejemplo de aplicación judicial, la Sentencia 76/2015, de 28 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón anuló la asignación a la Asesoría Jurídica y sus letrados de la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial. Consideró insuficiente para justificarla la relación de puestos de trabajo y las convocatorias invocadas por el ayuntamiento.

El alcance de la sentencia

El litigio no versaba sobre la posibilidad de que los letrados examinaran la legalidad de una reclamación patrimonial, sino sobre la asignación de la tramitación administrativa hasta la propuesta de resolución tras una reorganización municipal. El juzgado consideró que el artículo 129 LRBRL delimitaba las atribuciones de la Asesoría Jurídica y que la relación de puestos de trabajo y unas convocatorias previas no bastaban para ampliarlas en los términos pretendidos. Su respuesta fue anular la resolución individual impugnada y declarar que la tramitación discutida no correspondía al órgano ni a sus letrados adscritos. la controversia se centra en la discrepancia acerca del derecho aplicable.a partir de su vigencia, las funciones de la Asesoría Jurídica aparecen delimitadas en dicho precepto, por lo que la atribución de otras distintas no es conforme a derecho.

Esta resolución es relevante como advertencia contra la confusión entre asesorar e instruir, pero debe situarse en su contexto. No convierte toda intervención de los letrados en expedientes de responsabilidad patrimonial en improcedente; tampoco decide necesariamente el reparto de cualquier otro municipio con normas y circunstancias diferentes. La pregunta jurídica precisa es qué tarea se encomienda, mediante qué instrumento, a qué puesto y con qué fundamento normativo.

Una organización que preserve las reservas legales

Al definir el funcionamiento interno del servicio conviene diferenciar los informes exigidos por norma, las consultas facultativas, la defensa procesal y la gestión ordinaria de expedientes. La primera categoría requiere especial atención al órgano competente y al momento de emisión; la segunda permite adaptar la asistencia a los riesgos jurídicos; la tercera se rige también por las reglas procesales; y la última corresponde al servicio gestor salvo atribución válida en contrario. Esta clasificación es una herramienta analítica, no una enumeración legal de puestos.

La STC 143/2013 avala que el legislador estatal establezca la existencia necesaria de la Asesoría Jurídica dentro del modelo organizativo común, pero no convierte la autoorganización municipal en irrelevante. El municipio conserva espacio para dotar al órgano de medios y articular su colaboración con otros servicios, siempre dentro de las competencias que la legislación asigna a cada uno. Resulta especialmente importante que la organización sea comprensible para quienes preparan propuestas de acuerdo: la coordinación jurídica funciona mejor si el circuito de consultas se conoce antes de la firma, no cuando surge el litigio.

5.- El titular de la Asesoría Jurídica: órgano directivo, requisitos y nombramiento

La referencia final debe hacerse a la persona titular, que no se confunde con un letrado asesor adscrito al servicio. Conforme a los artículos 129.2 y 130.1.B) LRBRL, la titularidad tiene carácter directivo y corresponde a la Junta de Gobierno Local nombrar y separar a quien la desempeñe. El artículo 129.2 exige titulación en Derecho en los términos legales y, además, la condición de funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional o de funcionario de carrera del Estado, de una comunidad autónoma o de una entidad local perteneciente a un cuerpo o escala para cuyo ingreso se exija la titulación indicada por el precepto. La designación por la Junta no elimina esos requisitos ni transforma por sí sola la actividad jurídica en una función partidista. Artículos 129.2 y 130 LRBRL.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 180/2011, de 23 de febrero rechazó que el desempeño histórico de labores de asesoramiento y defensa judicial en Santiago de Compostela otorgase, sin nombramiento por la Junta de Gobierno Local, el derecho a ser reconocido como titular del órgano directivo. La resolución diferencia el puesto técnico de asesor jurídico del órgano directivo introducido por la reforma de 2003. Se trata de una decisión sobre la pretensión individual y la organización municipal allí examinadas, no de una autorización para prescindir de las condiciones legales de acceso ni de la independencia del juicio jurídico. El de titular de la asesoría jurídica es un puesto distinto al de asesor jurídico, con cometidos diferentes, pues, entre otros, tiene el específico de asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, y con diferente forma de provisión, ya que es nombrado por la Junta de Gobierno Local.

La diferencia entre ocupar un puesto jurídico y ostentar la titularidad

El supuesto resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia permite apreciar por qué el desempeño efectivo de numerosas tareas jurídicas, incluso durante años, no equivale al nombramiento para el órgano directivo. El recurrente ejercía labores de asesoramiento y defensa de la corporación, pero pretendía el reconocimiento del puesto de titular de la Asesoría Jurídica. La Sala consideró distintos el puesto técnico que desempeñaba y el órgano del artículo 129 LRBRL, surgido con la reforma del gobierno local de 2003; destacó que no constaba acuerdo de nombramiento de la Junta de Gobierno Local. 

El hecho de que el actor, en su condición de funcionario, haya desempeñado como titular del puesto de asesor jurídico, las funciones propias de dicho puesto, tanto en la esfera consultiva o de asesoramiento como en el ámbito de la defensa jurisdiccional, no le otorga el derecho a que se reconozca al puesto de asesor jurídico que desempeña el carácter de directivosin que resulte suficiente a esos efectos que el recurrente haya desempeñado durante muchos años el asesoramiento y la defensa del Concello de Santiago de Compostela en juicio y fuera de él.

La diferencia no debe interpretarse como una desvalorización del trabajo técnico de los letrados. Precisa, más bien, dos planos de responsabilidad: el ejercicio profesional de funciones jurídicas y la titularidad de un órgano directivo legalmente configurado. La persona titular ocupa una posición institucional específica; quienes integran el servicio pueden desarrollar tareas consultivas y de defensa dentro de sus puestos sin que por ello se altere su vínculo funcionarial, su puesto o el modo legal de nombramiento del titular.

El calificativo de directivo tampoco permite equiparar la asistencia jurídica a la conveniencia política de cada decisión. Los órganos de gobierno deciden dentro de sus competencias; el servicio jurídico examina y expone el marco jurídico aplicable. La sentencia gallega emplea expresiones relativas al carácter político de la designación y a criterios de oportunidad al distinguir ambos puestos. Leídas en el contexto del litigio, esas expresiones explican la distinta forma de provisión y la relación institucional del cargo; no deben extrapolarse como una dispensa de los requisitos del artículo 129.2 LRBRL o como una autorización para emitir valoraciones jurídicas al margen de la legalidad. La sentencia apelada, siguiendo los argumentos de esta misma Sala y Sección en la sentencia de 4 de noviembre de 2009 (rollo de apelación no 562/2008), diferencia el puesto del actor como asesor jurídico del Concello, que tiene carácter exclusivamente técnico y se rige por criterios de legalidad y profesionalidad, y el de titular de la asesoría jurídica

En definitiva, la titularidad combina dirección institucional del servicio, responsabilidad en la asistencia al ejecutivo local y las atribuciones específicas que otras leyes confieran, especialmente en contratación pública. Su legitimidad descansa simultáneamente en la habilitación legal del órgano, la concurrencia de los requisitos personales, el nombramiento por el órgano competente y el respeto a las funciones de Secretaría y de los restantes servicios municipales. Ese equilibrio -no la acumulación indiferenciada de tareas jurídicas- define el lugar de la Asesoría Jurídica en el municipio de gran población.

Estado del bienestar e incremento de la productividad en la Administración pública

" Los tres grandes pilares de nuestro sistema de bienestar sufren un desgaste considerable: una sanidad pública saturada, una educación fatigada y crecientemente privatizada en los ámbitos de la formación profesional y la educación superior, ademàs de los servicios sociales"

Por Carles Ramió. esPublico blog.- Suele afirmarse con frecuencia que nos encontramos en una encrucijada crítica, y en esta ocasión la afirmación resulta plenamente certera. Las dinámicas políticas presentes y futuras generan una evidente inquietud, cuya causa radica habitualmente en una dinámica económica inestable y socialmente insatisfactoria. Si focalizamos la atención en el ámbito de la gestión pública, el principal problema reside en la consolidación de una intuición social, cada vez más respaldada por la evidencia empírica, de que el modelo de Estado del bienestar se encuentra sumido en una profunda crisis.

Los tres grandes pilares de nuestro sistema de bienestar sufren un desgaste considerable: una sanidad pública saturada, una educación fatigada y crecientemente privatizada en los ámbitos de la formación profesional y la educación superior, y unos servicios sociales que, si bien mantienen cierta solidez para los colectivos más desfavorecidos, resultan inexistentes para amplios sectores sociales expuestos a una creciente vulnerabilidad.

Cunde la sensación de que la gestión pública ha alcanzado sus límites operativos y de que, con su deterioro, terminará arrastrando al sistema tradicional de bienestar. Una sociedad inmersa en el malestar tiende a crisparse, lo que erosiona progresivamente el consenso y el apoyo a las instituciones democráticas, derivando en un clima de resignación y desafección. La situación resulta compleja: los recursos públicos no pueden incrementarse debido al agotamiento de la presión fiscal, mientras que las necesidades sociales aumentan de forma continuada a causa del crecimiento poblacional y, muy especialmente, de su envejecimiento. A escala macroeconómica, la Europa continental afronta serias dificultades para sufragar el gasto público requerido, dado que asume el 50% del gasto social mundial mientras que solo aporta el 25% del producto interior bruto global. Esta brecha demuestra que el problema de fondo no es estrictamente de ingresos, sino de insostenibilidad matemática si no se logra elevar la productividad de manera sustancial.

Aparentemente no existe salida para este dilema. Sin embargo, sí la hay si se dispone de visión estratégica a largo plazo y de la determinación necesaria para adoptar un conjunto de medidas sustantivas. La solución debe articularse sobre dos grandes estrategias estrechamente interrelacionadas: incrementar la productividad mediante la tecnología y adaptar el modelo de gestión de personas de las administraciones públicas a un entorno más contingente y exigente.

En primer lugar, resulta imprescindible fortalecer tecnológicamente a la Administración pública. Históricamente ha existido una correlación directa entre el uso de la tecnología y el incremento de la productividad. Con la irrupción de la inteligencia artificial, este incremento puede ser exponencial, tal como señala la literatura especializada para las organizaciones que logren integrarla eficazmente. Este escenario es plenamente aplicable a las administraciones públicas en sus dos grandes vectores de actividad: la gestión burocrática, mediante la automatización de trámites repetitivos para liberar capacidad operativa, y la gestión gerencial y asistencial, donde la IA actúa como un copiloto experto que optimiza la toma de decisiones en sectores críticos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, permitiendo intensificar la atención humana directa. No obstante, no se trata de una solución milagrosa ni inmediata. Requiere definir una estrategia compleja orientada a perfeccionar el modelo de digitalización y a consolidar un marco sólido de gobernanza de datos que permita articular eficazmente el uso de algoritmos y robótica. Países avanzados en esta materia, como Estonia o Dinamarca, señalan el camino a seguir.

Ahora bien, la renovación tecnológica de la gestión pública resultará insuficiente si no se transforma en profundidad el modelo clásico de gestión del empleo público. El factor esencial de cualquier organización reside en sus profesionales. En el futuro próximo, esta realidad no solo se mantendrá, sino que adquirirá un carácter aún más determinante: se precisará un elevado grado de talento y compromiso público para generar valor público en este nuevo entorno. El modelo actual de función pública evidencia un desgaste estructural que alcanza niveles insostenibles. Nos encontramos ante una paradoja: los empleados públicos son buenos profesionales y se esfuerzan activamente, pero no logran responder a las expectativas del sistema. El problema no reside en los empleados públicos, sino en el marco regulador e institucional de la función pública. Este desacople genera desgaste y desmotivación, alimentando una dinámica crecientemente negativa.

Por todo ello, resulta imprescindible transformar de manera radical el sistema de gestión de personal. Esto exige implantar sistemas de acceso más ágiles, reformar los incentivos con retribuciones variables y consolidar una auténtica carrera horizontal que valore el desempeño técnico y profesional sin forzar el salto a la estructura jerárquica. Asimismo, es preciso flexibilizar los esquemas tradicionales de estabilidad laboral absoluta, dotando a las administraciones públicas de un margen técnico de contratación temporal vinculado a proyectos de alta especialización que nacen y concluyen con rapidez, combinado con externalizaciones diseñadas con rigor técnico y justificación objetiva. Algunas de estas medidas colisionarán con inercias corporativas y sindicales basadas en consensos que han quedado desfasados. Por tanto, se necesitará determinación política y la búsqueda de respaldo social: en última instancia, corresponden a la ciudadanía, a través de sus representantes legítimos, las decisiones sobre el futuro del sistema, y no, como ha sido habitual, a los actores internos de la organización.

Si no se abordan estas dos líneas de trabajo de forma rápida e inevitable, los servicios públicos continuarán deteriorándose y el proceso de privatización se acelerará. En este escenario, el Estado del bienestar quedará reducido a una mera declaración formal y, sin él, el respaldo a la democracia se erosionará de forma irremediable, dejando el terreno expedito a dinámicas de demagogia y descontento social.

El País: Más de setenta economistas progresistas crean una alianza para promover un reparto más justo de la riqueza

 La plataforma ‘Acelerando la prosperidad compartida’ se presentó el martes 13 de octubre en Madrid apadrinada por referentes internacionales como Acemoglu, Zucman o Rodrik

Revista de prensa. Por Belén Carreño. El País.- Cómo hacer que una economía en expansión se cuele en los bolsillos de quien más lo necesita. Solucionar este reto es lo que se han propuesto varias decenas de economistas españoles del espectro progresista, que se han organizado bajo el nombre Acelerando la prosperidad compartida y que se presenta este martes en Madrid. Aunque no descartan seguir ampliando la plataforma, ya han reunido a setenta colegas y han creado un Consejo Científico con figuras tan reseñables como el Nobel de Economía Daron Acemoglu, Dani Rodrik o Gabriel Zucman.

La red nace del liderazgo de la economista catalana Mònica Martínez-Bravo, profesora en el CEMFI tras su salida del Gobierno de Salvador Illa y doctora en Economía en el MIT (Massachusetts), que ha ido sumando a perfiles muy diversos pero que tienen el mismo objetivo: mejorar las herramientas en política pública para conseguir que la prosperidad sea compartida. “La iniciativa busca movilizar la mejor evidencia científica al servicio del debate público con un objetivo explícito: mejorar el bienestar material de la clase trabajadora”, dicen sus impulsores, que se han unido de forma independiente a las instituciones, aunque prevén que dos ministros (Pablo Bustinduy y Carlos Cuerpo) participen en la puesta de largo de la iniciativa.

La dificultad para hacer llegar la riqueza que se genera, cada vez mayor, a todas las capas de la sociedad es una de las preocupaciones más acuciantes de la ciencia económica en los últimos años. Los indicadores tradicionales, como el PIB o el PIB per cápita, se quedan muy cortos para calibrar si el bienestar está llegando de forma justa a los ciudadanos. Que los ciclos de fuerte crecimiento estaban ligados a la desigualdad de rentas es algo que los economistas llevan estudiando desde los años sesenta al percibir que en países emergentes, especialmente en Latinoamérica, esta falta de distribución equitativa paralela a periodos de fuerte expansión económica era una constante.

Pero en los últimos años, el fenómeno se ha extendido a países con economías muy consolidadas, donde las mejoras están siendo capturadas por la cúspide de la escalera de rentas coincidiendo con un vaciamiento de las clases medias que cada vez tienen más problemas para conservar su poder adquisitivo. En este contexto, la presidencia sudafricana del G-20 encargó un panel internacional sobre desigualdad coordinado el Nobel Joseph E. Stiglitz y también han sido múltiples las propuestas para gravar la riqueza. Otros grupos de trabajo van en la misma dirección como el grupo liderado por Naciones Unidas Beyond GDP, que pretende crear nuevos indicadores económicos. También se enmarcaría el Consejo Global para la nueva economía hacia el Bien Común que copresiden Carlos Cuerpo y la economista Mariana Mazzucato, que aglutinará de forma horizontal las iniciativas que resuenen en la academia con casos prácticos para presentar un manual de cómo conseguir esa meta compartida en el último trimestre de 2027.

La crisis de la llamada asequibilidad es el nuevo gran problema de los países occidentales. “La iniciativa conecta el debate español con la frontera del conocimiento económico mundial y aporta a la conversación internacional la experiencia de un país que ha logrado avances notables en empleo y salarios, pero que sigue sufriendo una profunda brecha patrimonial y generacional”, aseguran los autores en declaraciones a EL PAÍS. Su intención, añaden, es tender puentes entre la ciencia económica y la acción política.

Los ponentes que se encargarán de vestir de largo la presentación de la red muestran la diversidad de su base. Estarán Judit Vall, profesora de Economía de la Universitat de Barcelona; Nacho Álvarez, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y antiguo asesor económico de Podemos y Miguel Almunia, profesor de Economía en CUNEF.