lunes, 21 de junio de 2021

El Supremo estudiará mañana -martes 22 de junio- el impacto del fallo del TJUE sobre el abuso de los interinos

La Corte de Luxemburgo instó al alto tribunal a cambiar su postura respecto a los supuestos en que se entiende que hay fraude. Ahora, el TS español deberá mover ficha

Revista de prensa. Irene Cortés. El Confidencial.-  Mañana -martes 22 de junio- es un día decisivo para los interinos españoles. El pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se reunirá este martes para estudiar el impacto de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determinó, entre otras cosas, que alargar un mismo contrato a un temporal también constituye abuso. De esta forma, la corte de Luxemburgo tiró por tierra una doctrina casi arraigada en el alto tribunal español, que defendía que la irregularidad solo se produce cuando se encadenan varias relaciones laborales, y no cuando se prolonga una.

En el pleno de mañana, todos los magistrados especializados en laboral revisarán su postura para ajustarla a la de Europa.Es poco frecuente que el Supremo convoque un pleno; solo lo hace cuando va a fijar una doctrina definitiva sobre una cuestión de gran trascendencia”, relata Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados. La reunión de la sala está, por tanto, más que justificada en este caso: lo que decidan tendrá una afectación sobre un elevadísimo número de trabajadores del sector público en situación de fraude.

La decisión, no obstante, no será retroactiva. El criterio que fijen solo podrá aplicarse sobre las nuevas sentencias que se puedan dictar”. Es decir, que no podrá aplicarse sobre los casos ya juzgados anteriormente por el TS y solo sobre los asuntos que hoy en día se encuentran judicializados y pendientes de resolver. Varios centenares, solo en el Supremo. No obstante, Valero considera que los afectados por una sentencia contraria a la doctrina que se establezca mañana podrán plantear una reclamación al Estado por error judicial reclamando una indemnización por daños y prejuicios causados como consecuencia de la contradicción”. 

Además, el alto tribunal deberá posicionarse respecto al argumento de las dificultades económicas (y, en concreto, la crisis de 2008) que esgrimen muchas administraciones para no convocar oposiciones. Tradicionalmente, el Supremo lo había aceptado como razón válida para justificar la larga duración de los contratos del personal público, pero el TJUE rechazó de pleno que se pueda recurrir a esta “excusa” para cometer abusos. 

Portazo a hacerlos fijos

Entre algunas de las cuestiones que tendrán que resolver los jueces, el letrado destaca la de determinar si un contrato de interinidad en vacante que dure más de tres años es contrario a derecho. Además, deberán decidir cuál será la consecuencia de confirmar el abuso en la relación laboral con un interino: si convertir al temporal en indefinido, en no fijo o limitarse a reconocer su derecho a una indemnización en caso de despido. En esta línea, Valero considera deseable que establezcan una diferenciación entre las personas que superaron un proceso selectivo, pero no consiguieron plaza, y aquellos que entraron directamente a través de la bolsa de trabajo.

El TUE ve ilegal que España tenga a interinos a la espera de convocatorias sin plazo

La cuestión es ciertamente espinosa. El propio Supremo no solo cuenta con posturas contradictorias entre diferentes salas (la de lo Social y la Contencioso-Administrativa), sino que también ha cambiado de opinión a lo largo del tiempo. Así, mientras que hace unos años apostaba por la conversión en indefinidos no fijos (una figura a caballo entre la interinidad y ser fijo), en 2018 cambió su doctrina decantándose por el mero reconocimiento a la compensación por cese. A nivel raso, tanto juzgados como tribunales superiores de Justicia han llegado a reconocer que estos empleados públicos deben ser fijos.

En su sentencia de hace dos semanas, el TJUE apuesta de nuevo por la conversión en indefinidos no fijos. Aunque es una postura novedosa (hace apenas un año y medio, se opuso a esta alternativa), supone un varapalo para gran parte del colectivo, ya que, con esta interpretación, parece cerrar la puerta a que los interinos en situación de abuso sean declarados personal fijo. Ahora bien, en caso de que el TS descarte ambas opciones, el laboralista señala que tendrán que discutir sobre si la indemnización de 20 días que está actualmente prevista para los despidos de los interinos en fraude es suficiente a los efectos de la directiva. “En mi opinión, no es así: debería incrementarse”, asevera.

Los ‘tirones de orejas’ a España

Los reveses judiciales del tribunal europeo a nuestro país son relativamente frecuentes. Desde 2004, el órgano de Luxemburgo acumula al menos una decena de fallos en los que lleva la contraria a España y desmonta sus argumentos para justificar la elevada temporalidad del sector públicoque afecta a cerca de uno de cada tres funcionarios, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Así, en marzo del año pasado ya recordó que encadenar contratos de interinos era ilegal, a pesar de que no se pudieran convocar oposiciones. El mes pasado, fue más allá y subrayó que el fraude también se cometía aunque existiera un solo contrato.

sábado, 19 de junio de 2021

La independencia del poder judicial en España

"No debe sorprender que Cataluña sea la comunidad autónoma española de la que más jueces y fiscales piden ser trasladados"

Por Las acometidas contra la independencia del poder judicial, piedra angular del Estado de Derecho, se están convirtiendo en un fenómeno recurrente en el interior de la Unión Europea. El poder ejecutivo en ciertos estados miembros viene desde hace un tiempo interfiriendo en el normal funcionamiento de la labor desempeñada por jueces, fiscales y magistrados, lo que sin duda merma la calidad de la democracia. Polonia o Hungría constituyen el paradigma de esta perniciosa tendencia que, por otra parte, pretende ser emulada por formaciones políticas no sólo situadas extramuros del parlamento.

Asimismo, tampoco debe subestimarse otra constante que tiene como epicentro a España y al nacionalismo catalán como actor principal de un ataque sin precedentes a la legalidad constitucional. Con este modus operandi, el secesionismo persigue un objetivo de mayor envergadura: denigrar la imagen de nuestro país a nivel internacional y proyectar un retrato de sí mismo como un movimiento pacífico, democrático y tolerante. Desacreditar, como sinónimo de subrayar su falsedad, esta autodefinición cargada de pompa y boato fue el objetivo perseguido con la realización el Informe sobre la independencia judicial en España.

Al respecto, en el mencionado documento, el lector hallará un análisis tan exhaustivo como escrupuloso de la verdadera naturaleza y motivaciones del separatismo catalán, cuyos líderes han practicado un activismo militante a través de dos herramientas complementarias. Por un lado, un uso de las instituciones públicas de gobierno para menospreciar la independencia del poder judicial en España, lo que se ha traducido en un incumplimiento sistemático de las sentencias de los tribunales. Por otro lado, a través de un lenguaje deliberadamente ambiguo ha alimentado acciones de acoso a representantes de la judicatura, sin olvidar que animó la celebración de manifestaciones presididas por la violencia contra la sentencia del procés.

Escraches contra jueces por parte de los independentistas catalanes

De una manera más particular, el informe pone el acento en los escraches sufridos por el Juez Pablo Llarena, en la campaña de descrédito a su trayectoria profesional de la que fue víctima el Juez Ramírez Sunyer (en particular tras su fallecimiento) o en los falsos vínculos trazados entre la familia de Ana Magaldi (Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona) y el fascismo mussoliniano. Como resultado de esta concatenación de hechos, no debe sorprender que Cataluña sea la comunidad autónoma española de la que más jueces y fiscales piden ser trasladados.

Pero, ¿ha estado el nacionalismo catalán sólo en esta cruzada contra la independencia judicial? La respuesta es no. En efecto, ha contado con el apoyo desinteresado de otros actores de reparto, como la izquierda abertzale, uno de cuyos rasgos distintivos siempre ha sido negar la caracterización de España como democracia homologable a las de Europa occidental, al mismo tiempo que justificaba la existencia Eta. Igualmente, el populismo de izquierdas de nuevo cuño también ha desempeñado un papel destacado mediante una calculada equidistancia, en función de la cual ha defendido el “derecho a decidir”, omitiendo que tal sintagma no es más que un subterfugio léxico cuya traducción real era y es el derecho de autodeterminación.

jueves, 17 de junio de 2021

Mª Pilar Batet: Facturas sin contrato. Oh, my God!.

Una figura muy utilizada por su agilidad es el reconocimiento extrajudicial de crédito  con fundamento en el principio del enriquecimiento injusto.

Por  MPBATET. Facturas sin contrato. Oh, my God!. La Parte Contratante blog

1.- Introducción. Existe un gran debate sobro cómo resolver el pago de las prestaciones realizadas sin la tramitación del debido expediente de contratación en supuestos como los siguientes:

Contratación verbal.

Fraccionamiento irregular del objeto del contrato.

Modificaciones no tramitadas.

Ausencia de crédito adecuado y/o suficiente.

Procedimiento de licitación incorrecto.

Lo que es evidente es que la Administración ha de evitar un enriquecimiento a costa del contratista.

Vamos a ver de forma esquemática algunas perspectivas del problema y de la solución, si bien, la casuística es diversa y la inseguridad jurídica elevada.

2.- Reconocimiento extrajudicial de crédito.  Una figura muy utilizada por su agilidad es el reconocimiento extrajudicial de crédito (art. 60.2 RD 500/1990, de 20 de abril), con fundamento en el principio del enriquecimiento injusto.

Características:

-Corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera.

-Solo para las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores que no hubieran podido aplicarse al presupuesto y que no fueron debidamente adquiridas. Estamos ante un mecanismo presupuestario que supone una excepción al principio de anualidad presupuestaria, por lo que no es posible utilizarlo para facturas del propio ejercicio.

-En teoría, este reconocimiento no convalidaría en ningún caso las contrataciones nulas de pleno derecho.

En este sentido, se pronunció por ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 de Oviedo, n.º 48/2017, de 12 de junio, en aplicación de lo expuesto en el Dictamen del Consejo de Estado 1724/2011 de 21 de diciembre, así como en el Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, n.º 33/2016, de 11 de febrero de 2016,  señalando que los vicios puestos de manifiesto son de nulidad de pleno derecho, al haberse incurrido en omisión total del procedimiento de contratación aplicable y haberse incurrido en una falta gravísima de dotación presupuestaria, “Por tanto, el punto de partida de la actuación municipal está viciado en la medida en que entre la pretendida opción entre revisión de acto nulo y ejecución extrajudicial de crédito, en realidad y a juicio de este Juzgado, no tenía otra alternativa que seguir la primera”.

Sin embargo, ante una relación de 31 facturas por importe total de 23.067,26 € , y por importes de 16,37 €, 60,54 €, 360 €, entre otros, la Sentencia nº 2697/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 26/06/2020, en su fundamento de derecho segundo señala: “En el presente supuesto, a la vista de la naturaleza de los débitos que motivaron el acuerdo plenario municipal, resulta evidente la sinrazón y la desproporción que supone, remitir el pago a los proveedores al previo procedimiento de la revisión de oficio, ex art. 102 de la Ley 30/92 -y con posterioridad, art. 106 de la Ley 39/15-, y ello cuando por demás no consta de qué situaciones contractuales pueda tratarse exactamente, siendo de cualquier modo ínfimas las cuantías concernidas.”

3.- Revisión de oficio de los actos nulos.  Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos (art. 106 LCSP). Este procedimiento requiere:

-Previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

El art. 39 LCSP, dispone que son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señalando también otras causas específicas como la falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, la carencia o insuficiencia de crédito, etc.

4.- Procedimiento de responsabilidad patrimonial. Viene regulado en los arts. 32 y siguientes de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Se ha planteado la opción de acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial para que el empresario sea resarcido por las prestaciones realizadas en cumplimiento de un contrato nulo. Sin embargo, parece que habría que descartar esta opción puesto que el TS ha entendido que la doctrina del enriquecimiento injusto posee autonomía frente a la responsabilidad patrimonial.

En este sentido, la STS de 25 de octubre de 2010, determinó: “A la vista de lo anterior y como la Sala de Instancia, a pesar de que acepta la realidad de los defectos formales en la contratación, valora, conforme a la doctrina de esta Sala que cita, las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, a partir de la realidad de una contratación verbal de aumento de obra (…), esta Sala en casación ha de partir de esa realidad apreciada por la Sala de Instancia, y que acredita la existencia de una contratación aunque sea defectuosa, a la que no es aplicable, como se pretende el régimen establecido para los supuestos de responsabilidad patrimonial (…)”.

5.- Teoría del enriquecimiento injusto. Los requisitos del principio del enriquecimiento injusto, según ha determinado la jurisprudencia son los siguientes:

-El aumento del patrimonio del enriquecido;

-El correlativo empobrecimiento de la parte actora;

-La concreción de dicho empobrecimiento representado por un daño emergente o por un lucro cesante;

-La ausencia de causa o motivo que justifique aquel enriquecimiento y,

-La inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del citado principio.

Véase las STS 12/01/12; de 16 de abril de 2002 (recurso 6917/1996 ), 23 de junio de 2003 (recurso 7705/1997 ), 18 de junio de 2004 (recurso 2000/1999 ) y 11 de julio de 2005 (recurso 5557/2000).

Sobre el plazo de prescripción aplicable a este tipo de acción, el Supremo considera que debe quedar sujeta al plazo de prescripción de las acciones personales (cinco años tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, quince para las acciones nacidas antes de su entrada en vigor), y no al plazo de un año previsto para la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración. 

6.- Regulación sobre la omisión de la función interventora. El art. 28 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, viene a introducir el procedimiento contenido el artículo 156 de la LGP de omisión de fiscalización a las entidades locales, estableciendo la tramitación del expediente los siguientes aspectos:

-Será el Presidente quien lo apruebe o el Pleno si fuera éste el competente por el tipo de obligación o gasto.

-Será el interventor el que aprecie la posibilidad y conveniencia de revisión de los actos (Responsabilidad a todas luces improcedente).

-Por razones de economía procesal solo sería pertinente instar el procedimiento de revisión cuando sea presumible que el importe de las indemnizaciones fuera inferior al que se propone en la factura.

Hay que distinguir dos supuestos:

A.- Cuando el acto sea anulable:

Nada obsta a la aplicación de la figura del reconocimiento extrajudicial con fundamento en el principio del enriquecimiento injusto.

B.- Cuando el acto sea nulo de pleno derecho, las posibilidades son:

-O bien, se acudirá a la figura del reconocimiento extrajudicial con fundamento en el principio del enriquecimiento injusto.

En esta opción se primaría la economía procesal, frente a la legalidad, que parece que avoca necesariamente a la revisión de oficio de los actos nulos.

-O bien, se instará la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho, en todo caso, cuando las indemnizaciones se presuman inferiores a la propuesta realizada por el contratista.

En definitiva, si el importe de las “indemnizaciones” coincide con el importe de la factura, el principio de economía procedimental justificaría que se prescinda de la revisión de oficio y se acuda a la vía del reconocimiento extrajudicial de crédito con fundamento en el principio de enriquecimiento injusto. 

El problema es que la excepcional previsión de un sistema de convalidación de un gasto se ha convertido en una práctica generalizada que propicia el uso abusivo de la figura.

Entendemos que el acuerdo de convalidación del expediente económico tan sólo afecta a la eficacia de la obligación para permitir su pago y que el procedimiento para las obligaciones sin contrato contraídas en el propio ejercicio, sería similar a fin de aplicar el principio del enriquecimiento injusto.

7.- Medidas a adoptar. El Tribunal de Cuentas en el Informe nº 1.415, de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018, además de recomendar a Gobierno que proceda a la revisión normativa de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito para que se establezcan los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado y se regule su procedimiento, propone a las entidades locales el establecer en las bases de ejecución del presupuesto, el procedimiento de aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito limitando su utilización para la imputación al presupuesto de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho. Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de acuerdo con la normativa de aplicación -o cuyos vicios se hubieran subsanado por tratarse de supuestos de anulabilidad-, no deberían tramitarse como reconocimientos extrajudiciales y se deberían llevar a presupuesto previo expediente de modificación de créditos.

8.- Abono al contratista del beneficio industrial. No es una cuestión pacífica si procede reconocerse a la contratista el abono del beneficio industrial. La prohibición de enriquecimiento injusto aplicada por el Tribunal Supremo a favor de compensar los daños a los contratistas de buena fé. Dependerá por tanto, de la existencia de concurrencia de culpa o mala fe en la conducta del contratista.

Es relevante el Dictamen 574/2020 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en el que indica “En cualquier caso, y como se ha indicado anteriormente, el principio de prohibición del enriquecimiento injusto, en su condición de principio general del derecho, justificaría igualmente y a juicio de este Consell, salvo en los supuestos de culpa, dolo, o conducta maliciosa de la contratista, entre otros, el deber de la Administración de abonar las prestaciones efectivamente realizadas incluyendo el beneficio industrial. Así al amparo de dicho principio, el Tribunal Supremo en distintas sentencias se ha mostrado favorable a incluir el expresado beneficio industrial (SSTS de 28 de octubre de 1997, 11 de mayo de 2004 y 14 de octubre de 2015, entre otras).

En el caso planteado en el citado Dictamen, el Consell entiende que al no disponer de elementos que permitan saber qué conocimiento tenía la empresa contratista de que la contratación se encontraba al margen de la legalidad ni contaban acreditadas las circunstancias que permitan apreciar una mala fe o voluntad maliciosa, no debería excluirse el beneficio industrial.

miércoles, 16 de junio de 2021

Más de la mitad de los ciudadanos de la UE cree que su gobierno está influenciado por unos pocos intereses privados.

Barómetro Global Anticorrupción-Edición Unión Europea 2020: Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto la preocupación de los ciudadanos de la UE por la corrupción política y los vínculos entre las empresas y los gobiernos. Consulte el informe completo con información de España haciendo click aquí

Nota de Transparency España. Madrid, 15 de junio de 2021. El Barómetro Global de la Corrupción (GCB- Global Corruption Barometer)- de la Unión Europea publicado hoy por Transparencia Internacional, revela que casi dos tercios de los ciudadanos de la Unión Europea piensan que la corrupción política es un problema en su país. En esta edición del GCB se han encuestado a más de 40.000 personas, preguntando por las opiniones y experiencias personales de los ciudadanos sobre la corrupción. Los resultados ponen de manifiesto algunas tendencias preocupantes en toda la región.

Casi tres de cada diez residentes en la UE declararon haber sufrido corrupción de forma directa, ya que se vieron obligados al pago de soborno o a la utilización de relaciones personales para acceder a los servicios públicos. Esto equivale a más de 106 millones de personas.

La encuesta revela que mientras los gobiernos se esforzaban por gestionar la pandemia por COVID-19 la atención sanitaria fue un particular foco de corrupción. Aunque solo el 6% de las personas admite haber pagado un soborno por la atención sanitaria, el 29% de los residentes de la UE recurrió a contactos personales para obtener atención médica. En España, por el contrario, solo un 2% admite haber pagado sobornos para la obtención de algún servicio público en los últimos 12 meses, sin embargo, resulta preocupante que un 40% admite haber utilizado relaciones personales para acceder a servicios públicos.   Además, la mayoría de los ciudadanos no considera que su gobierno haya gestionado la pandemia de forma transparente.

“La UE suele considerarse un bastión de la integridad, pero estos resultados muestran que los países de toda la región siguen siendo vulnerables a los insidiosos efectos de la corrupción”, afirmó Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparency International. “Durante una crisis sanitaria, utilizar las conexiones personales para acceder a los servicios públicos puede ser tan perjudicial como pagar sobornos. Se pueden perder vidas cuando las personas con contactos obtienen una vacuna o un tratamiento médico antes que las personas con necesidades más urgentes. Es crucial que los gobiernos de toda la UE incrementen sus esfuerzos para garantizar una recuperación justa y equitativa de la pandemia en curso.”

La encuesta explora otras áreas relacionadas con la corrupción, como los vínculos entre las empresas y la política, ya que más de la mitad de los encuestados piensa que su gobierno está influenciado por unos pocos intereses privados. En la mitad de la UE, los banqueros y los ejecutivos de las empresas son percibidos como más corruptos que cualquier institución del sector público. En general, más de cinco de cada diez personas creen que las grandes empresas suelen eludir el pago de impuestos, y que además recurren a sobornos o relaciones personales para conseguir contratos. En este contexto, la percepción del 64% de los ciudadanos encuestados en España considera que el gobierno está influenciado por los intereses privados.

Casi un tercio de las personas cree que la corrupción está empeorando en su país, mientras que casi la mitad afirma que su gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción. Además, solo el 21% de las personas piensa que los funcionarios corruptos se enfrentan a consecuencias adecuadas.

La sensación de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para combatir la corrupción, y la percepción de que los funcionarios corruptos pueden actuar con impunidad, afecta negativamente a los niveles de confianza tanto en los gobiernos nacionales como en las instituciones de la UE. Menos de la mitad de los ciudadanos de la UE confían en su gobierno nacional. Sin embargo, las instituciones de la UE obtuvieron mejores resultados (56%), el índice de confianza sigue siendo relativamente bajo.

“Estos resultados deberían ser una llamada de atención tanto para los gobiernos nacionales como para las instituciones de la UE. La corrupción está socavando la confianza de los ciudadanos y los responsables políticos deben escuchar las preocupaciones de los ciudadanos”, concluyó Michiel van Hulten, Director de TI-UE. “Hay muchas medidas inmediatas que pueden ser adoptadas para remediar estos problemas como ser el aumento de la transparencia de los grupos de intereses (Lobby) tanto a nivel de la UE como nacional y la lucha contra la elusión fiscal. Es indispensable transponer de forma eficaz y urgente las políticas de la UE para proteger a los denunciantes y luchar contra el blanqueo de capitales a las legislaciones de los EEMM”.

Consulte el informe (incluye los datos de España)  haciendo click aquí.

martes, 15 de junio de 2021

Guía para los responsables de adopción de decisiones en la contratación pública y monitoreo colaborativo.

Transparencia Internacional.- La pandemia por COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de muchos gobiernos de responder a las necesidades de las comunidades de manera rápida y eficiente. Los organismos públicos se enfrentan a un mayor escrutinio y a un aumento de expectativas de prestación de servicios y de proyectos significativos para acelerar una recuperación equitativa de la crisis.

En la UE, los Estados miembros han acordado un presupuesto sin precedentes de 1,8 billones de euros para el período 2021-2027. El flujo extraordinario de fondos a invertir y la necesidad de gastarlos cuanto antes, aumentan considerablemente los riesgos de fraude y corrupción.

Los responsables de adopción de decisiones de la UE tienen la oportunidad de colaborar con la sociedad civil y mejorar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación pública a través de los Pactos de Integridad (PI)Transparency International, en colaboración con la Comisión Europea, llevó a cabo una prueba piloto de los Pactos de Integridad en 18 proyectos de contratación pública de 11 países de la UE entre 2015 y 2021. 

Asimismo, Transparency International España, en el marco del proyecto “Implementación y evaluación de las políticas de integridad corporativa en el sector privado: un enfoque holístico”, firmó y desarrolló cuatro Pactos de durante los años 2016 a 2018, concretamente: Dos con la Comunidad Castilla y la Mancha, uno con la Generalitat Valenciana y otro con el Ayuntamiento de Madrid. La implementación de los Pactos de Integridad demuestra que la herramienta proporciona un marco flexible para que las autoridades mejoren los resultados de la contratación y, en última instancia, la confianza de la ciudadanía.

Teniendo en consideración esta experiencia, esta guía práctica tiene como objetivo ayudar a las autoridades de la UE a incorporar los Pactos de Integridad en sus planes y programas como un instrumento adicional para proteger las inversiones estratégicas del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y los fondos de recuperación, fortaleciendo los controles dentro de los procesos de contratación y reforzando la confianza de la ciudadanía en la Administración Pública.

lunes, 14 de junio de 2021

Transparencia gasta en abogados privados más del doble que hace tres años

El CTBG pagó el pasado año 60.850 euros a bufetes por la defensa y representación en pleitos promovidos por el Gobierno frente a los 32.912 euros de 2018 

Revista de prensa. ANTONIO SALVADOR  . El Independiente.com.- .  El gasto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en abogados privados para que le represente ante los tribunales de Justicia se ha duplicado en los últimos tres años, lo que da una idea de la litigiosidad que mantiene la Administración General del Estado ante muchas de las resoluciones que este órgano dicta amparando las reclamaciones formuladas por los ciudadanos.

La autoridad independiente que vela por el cumplimiento de la transparencia en las administraciones públicas recibe ofertas hasta este miércoles para la contratación del servicio de defensa y representación jurídica en aquellos casos en los que no puede recurrir a la Abogacía del Estado por colisión de intereses. Según se detalla en el pliego de cláusulas administrativas, consultado por este diario, el presupuesto máximo asciende a 80.000 euros (impuestos no incluidos) y el plazo de ejecución de la prestación del contrato será de un año (a contar teóricamente desde el próximo 22 de julio).

De adjudicarse en dicha cantidad, el incremento sería del 31 % en relación con el gasto generado en 2020. El CTBG abonó por este concepto 60.850,19 euros, casi el 60 % a Escárate Asesores SLP (36.353,70 euros). Este despacho de abogados y auditores madrileño es el que ha ganado los concursos convocados por Transparencia desde 2018.

54 procedimientos en 2020

En concreto, los procedimientos judiciales en los que el CTBG precisó asistencia y representación de abogados privados el pasado año fueron 54: 33 ordinarios, 14 en apelación y siete en casación. Esta cifra es ligeramente inferior a la registrada en 2019, cuando se contabilizaron 65 pleitos en total (39 ordinarios).

Según detalla el Consejo de Transparencia en su web, siete de los recursos contencioso-administrativos promovidos por el Gobierno correspondían al Ministerio de Justicia, seguido de los de Trabajo y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (5 cada uno), Hacienda (3), Ciencia e Innovación (2) y Agricultura y Pesca (1).

En 2020, el CTBG adjudicó el servicio a Escárate Asesores por 65.340 euros (incluido el 21 % de IVA). Dos años antes se había llevado el encargo por 32.912 euros (impuestos incluidos) tras obtener una puntuación de 71,69 puntos e imponerse a las otras ocho firmas que aspiraban a firmar el contrato: Juan Francisco Mestre Delgado, Roquetas Torras Sociedad Civil Profesional, G. Cueto Legal SL, María Luisa Zulema Rodríguez de la Plaza, Arpinum Asociados SL, Iliana Núñez Osorio, Bufete Prolegue SL y Colón de Carvajal Solana Cardona Abogados SLP.

El CTBG adjudicó el servicio por 32.912 euros en 2018; ahora lo ha sacado a licitación por 80.000 euros

En su comparecencia del pasado jueves ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados, el presidente del CTEBG, José Luis Rodríguez, calificó de «inconcebible» que este organismo carezca de un servicio jurídico atendiendo a que su función principal es la «garantía de un derecho». Tampoco se justifica teniendo en cuenta la «complejidad técnica» de las reclamaciones y el «abundante número de procesos» al que tiene que hacer frente.

Rodríguez volvió a quejarse de las «carencias» que sufre el organismo, con una dotación de personal «notoriamente insuficiente» para gestionar «de manera eficiente» la carga de trabajo que soporta -tiene la misma plantilla que cuando echó a andar (24), pese al notable incremento del número de reclamaciones que gestiona- y con un presupuesto que está a la cola respecto a otras autoridades administrativas independientes. 

«Para que el Estado español cuente con un órgano garante de la transparencia y del acceso a la información pública alineado con sus homólogos europeos y que cumpla con los estándares exigidos por la Unión Europea y el Consejo de Europa urge completar la creación del Consejo», defendió el presidente del Consejo de Transparencia, quien reiteró que las «carencias» afectan a la estructura orgánica al carecer de una secretaría general.

viernes, 11 de junio de 2021

El Gobierno dice que no incumple la Directiva en materia de interinos y que trabaja para prevenir y sancionar el abuso de temporalidad

 Confilegal. El Gobierno asegura que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «no ha puesto en ningún momento en cuestión la falta de transposición de la Directiva 1999/70/CE, sino que, a través de su sentencia de marzo de 2020, lo que expresó fue su preocupación por el uso abusivo de la temporalidad por el sector público español».

Así se expresa el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta por escrito a la pregunta formulada el pasado 4 de mayo por el senador de Compromís Carles Mulet. El Gobierno no reconoce estar incumpliendo la Directiva, tal y como expresa en el texto con fecha de 3 de junio, que se ha conocido hoy.

«El mandato de la sentencia del TJUE, por ese motivo, pasa por encomendar a las autoridades españolas la introducción de ‘medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar, el uso abusivo de la temporalidad'», afirma.

Precisamente, agrega, «en esa línea trabaja el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como ya ha señalado en numerosas ocasiones el ministro de este Departamento».

Respecto a procesos selectivos y una posible indemnización, que plantea el TJUE en el punto 3 de dicha sentencia, el Gobierno responde que deben ser los jueces españoles quienes resuelvan este problema y definan la sanción a plantear. Vuelve a hablar de la figura de indefinidos no fijos, que la propia sentencia del TJUE de 20 de marzo no ve como adecuada o una indemnización equivalente al despido improcedente.

En concreto, indica que «debe interpretarse en el sentido de que incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en ‘indefinidos no fijos’ y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa disposición».

Carles Mulet cree que la respuesta «es más de lo mismo. El Gobierno vuelve a interpretar a su conveniencia las sentencias del TJUE, sin dar datos concretos ni compromisos de lo que hará pese a que el ministro Miquel Iceta se comprometió en abril a presentar un plan de choque para frenar la temporalidad este mes de junio».

Sindicatos mayoritarios y algún que otro senador han pedido que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) se retire. Al mismo tiempo las negociaciones en la mesa en la que está el Ministerio y sindicatos sigue detenida y no se sabe cuándo se va a reanudar.

A juicio de este senador, “el Gobierno da una patada hacia adelante con esta respuesta pero deja sin resolver el problema dejando en manos de los juzgados españoles como interpreten el posible abuso que haya en cualquier administración del país”.

En su opinión, “es importante que el ministro Iceta aclare lo que va a hacer realmente y en qué está pensando para resolver un problema que afecta a más de 800.000 profesionales y a sus familias y que no sería lógico que se judicializara totalmente, como parece que pudiera pasar en las próximas semanas”.

Esta respuesta se contradice con las propias declaraciones de Iceta en el Senado que públicamente ya dijo que algo se había hecho mal en materia de funcionarios interinos y abuso de temporalidad y que habría que buscarle una solución. 

En esta contestación no se habla para nada de plazos ni de la actividad concreta de Iceta y su equipo sobre este tema. Solamente se señala de forma escueta que una frase que señala que en esa línea trabaja el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como ya ha señalado en numerosas ocasiones el Ministro de este Departamento”, destaca Mulet.

Respecto a la alusión que hace en dicha respuesta sobre los tribunales nacionales, Mulet reconoce que hasta ahora nuestros jueces han sido un apoyo improvisado a las tesis del Gobierno en materia de interinidad, “ahora con lo que establece la última sentencia del TJUE veremos si nuestros tribunales siguen en sus criterios o los modifican”.