viernes, 9 de junio de 2023

La limitada transparencia de las instituciones constitucionales y autonómicas y sus injustificados privilegios

"Cuando se solicita información pública a las instituciones constitucionales y autonómicas, solo puede solicitarse información en materia de personal, administración y gestión patrimonial"

Por MABLANESCLIMENT. La Ley 19/2013 de transparencia efectúa en el preámbulo la siguiente reflexión:

«Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».

Si ello es así, ¿por qué hay algunas instituciones públicas que sólo se someten a dicho escrutinio de forma parcial? Me estoy refiriendo a las instituciones que, por su mayor importancia, están expresamente recogidas en la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía.

Resulta que, paradójicamente, en lugar de estar sometidas a un mayor grado de transparencia para dar ejemplo como instituciones nucleares que son de nuestra democracia, los artículos 2.1.f) y 23.2 de la Ley 19/2013, de transparencia, les concede 2 privilegios que, en mi opinión, están absolutamente injustificados.

a) Primer privilegio: aplicación parcial de la Ley 19/2013, de transparencia (artículo 2.1.f).

La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, solo tienen que cumplir la Ley de Transparencia, y esto es lo importante y limitativo, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

b) Segundo privilegio: no cabe presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 23.2 Ley 19/2013).

La persona que solicita información pública a cualquiera de las referidas instituciones no puede presentar una reclamación gratuita ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sino que solo puede interponer un recurso contencioso-administrativo, lo que muy pocos ciudadanos pueden hacer teniendo en cuenta el elevado coste económico que ello supone y los años que pasan hasta lograr una sentencia.

¿Cuáles son las razones de interés público que justifican la existencia de estos privilegios? Sinceramente, no lo se, y me gustaría saberlo, la verdad.

Recientemente, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 21/4/2023 (pinchar aquí), ha lanzado un aviso a navegantes, imponiendo 4.000 euros en costas a una persona que se había atrevido a solicitar información al Congreso de los Diputados sobre la elección del Defensor del Pueblo, de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional y de los seis Consejeros del Tribunal de Cuentas (documentación relativa al voto telemático, los manuales, los códigos, los dictámenes e informes técnicos, y las certificaciones que hubiera al respecto).

El Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo con el siguiente razonamiento:

«(…) Esta expresión de actividades del Congreso de los Diputados «sujetas al Derecho Administrativo», resulta sobradamente conocida por esta jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que nuestra Ley Jurisdiccional, en el artículo 1.1, contiene la misma referencia «sujeta al Derecho Administrativo», en concordancia, por lo que hace al caso, con lo dispuesto en el artículo 3.a) de la misma Ley que atribuye a la jurisdicción del conocimiento de los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, en materia de personal, administración y gestión patrimonial (…)

la información solicitada es de naturaleza parlamentaria, desde luego no se trata del ejercicio de actuaciones o actividades materialmente administrativas, ni mucho menos son actos de personal, administración o gestión patrimonial. La información sobre el ejercicio del derecho de voto y el procedimiento de votación seguido en el seno del Congreso de los Diputados, no constituye una actividad sujeta al Derecho Administrativo (…)

De modo que la actividad sobre la que solicitó información no era una materia sobre personal, administración y gestión patrimonial, pero tampoco, conviene insistir, se refería a una actividad materialmente administrativa, pues el ejercicio del derecho de voto por los diputados, la formalización y realización del voto en cualquiera de sus fórmulas, y el procedimiento seguido, evidencia que nos encontramos ante actuaciones netamente parlamentarias que no pueden ser consideradas actividades materialmente administrativas (…)».

En mi opinión, la limitada aplicación de la Ley de Transparencia solo a las actividades sujetas a Derecho Administrativo no está justificada por las siguientes razones:

a) La información derivada de actuaciones políticas, parlamentarias o institucionales de otra índole, es información pública porque cumple con todos los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de transparencia, por lo que cualquier persona tiene el derecho a acceder a la misma, salvo que concurra algún límite o causa de inadmisión (artículos 14 y 18 de la Ley 19/2013):

«Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

b) La actuación sujeta a Derecho Administrativo, circunscrita o limitada a las concretas materias de personal, administración y gestión patrimonial, debe entenderse a efectos jurisdiccionales, es decir, para asignar la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que no existe ningún obstáculo jurídico que impida entender que, junto a dichas concretas materias de personal, administración y gestión patrimonial, también debe considerarse incluida la materia relativa al acceso a la información pública obrante en las instituciones constitucionales y estatutarias.

De hecho, el propio Tribunal Supremo, en la Sentencia que comentamos, destaca que la inclusión de dichas concretas materias de personal, administración y gestión patrimonial bajo la expresión «actividades sujetas a Derecho Administrativo», estuvo justificada para evitar un problema práctico. Lo explica en estos términos:

«Tradicionalmente hemos venido entendiendo, en relación con esa expresión, que la sujeción al Derecho Administrativo se concreta en la realización de funciones materialmente administrativas, a las que se refiere el artículo 106.1 de la CE, cuando alude a la actuación administrativa, cuyo control corresponde a los Tribunales.

Teniendo en cuenta que la sujeción al enjuiciamiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de actos y disposiciones emanados de otros órganos públicos que no forman parte de la Administración, procede cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su contenido y efectos, una naturaleza materialmente administrativa, según señala la exposición de motivos de la LJCA. Añadiendo también que sin intención de inmiscuirse en ningún debate dogmático, que no es tarea del legislador, la Ley atiende a un problema práctico, consistente en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por dichos actos y disposiciones, en casi todo semejantes a los que emanan de las Administraciones públicas».

En mi opinión, mantener la interpretación sostenida por el Tribunal Supremo significa perpetuar una injustificada inmunidad de estas instituciones constitucionales y estatutarias al impedir, de facto, el acceso a la información pública que poseen y que no se refiere a las concretas materias de personal, administración y gestión patrimonial.

La solución al problema planteado pasa por considerar que la enumeración de materias incluidas bajo la expresión «actividades sujetas a Derecho Administrativo» no es cerrada o taxativa, sino ejemplificativa, de manera que también habría que considerar incluidas las actividades relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública.

No tienen ningún sentido que los ciudadanos no podamos acceder a toda la información pública que poseen las instituciones más importantes de nuestro sistema democrático, con independencia de si dicha información tiene una naturaleza política, parlamentaria, institucional o de otro tipo. En todo caso, es información pública.

No puede entenderse que, cuando se solicita información pública a las instituciones constitucionales y autonómicas, solo puede solicitarse información en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Se trata de una interpretación muy restrictiva del concepto de información pública que lo desnaturaliza y vacía de contenido.

Finalmente, y por si ello no fuera suficiente, se privilegia injustificadamente a estas instituciones con la imposibilidad de presentar una reclamación gratuita ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dificultando al máximo el control y la fiscalización de las mismas por parte de la ciudadanía. Y ello, a pesar de que, por su importancia, estas instituciones deberían ser las primeras en dar ejemplo de una máxima transparencia y rendición de cuentas.

Por último, conviene traer a colación al maestro Eduardo García de Enterría, quien, en una conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona el día 2 de marzo de 1962, bajo el título «La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo», dijo lo siguiente (pinchar aquí, páginas 186 y 205):

«Proclamar la inmunidad jurisdiccional (…) en estas materias (…) implica ni más ni menos que consagrar que la Administración puede obrar en las mismas sin límite legal ninguno, incluso atropellando los derechos más elementales y más obvios de los ciudadanos, puesto que no existe medio técnico ninguno, ni de imponerle esos límites legales, ni de exigirle el respeto a esos derechos hipotéticamente atropellados (…)

Al concluir este análisis hemos de expresar nuestra esperanza en que la lucha por el Derecho, esa gran empresa de todos los juristas, a la que, desde que salgáis de estas aulas, alumnos organizadores de este acto, vais a ser personalmente convocados, concluya pronto por lograr esa ambiciosa, alta, pero necesaria cota de todo Estado de Derecho que es la de instrumentarse como un Estado de justicia, pero entendiendo esta palabra no en cualquier sentido impreciso o retórico, sino precisamente como justicia judicial plenaria (…)».

miércoles, 7 de junio de 2023

Leyes de Función Pública: ¿fin de un modelo?

"Apenas hay unos pocos casos de aplicación exigente de la evaluación del desempeño con impactos retributivos y en la carrera profesional, como tampoco hay directivos profesionales que ese modelo apliquen"

 Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog,.- Esta entrada perseguía inicialmente plantear una pregunta más que una respuesta. Aunque debo añadir de inmediato que, tras lo que se expondrá, se puede concluir que las actuales leyes de función pública, o (con esa expresión mestiza o bastarda) de empleo público, se muestran cada vez más como instrumentos normativos obsoletos e inadaptados para promover la inevitable transformación que deberá llevarse a cabo en nuestras organizaciones públicas, sobre todo si quieren atender mínimamente los enormes desafíos a los que se enfrenta el sector público a partir de esta tercera década del siglo XXI.

Aunque con precedentes históricos que ahora no interesa traer a colación, lo que se conoce como leyes de función pública son hijas de las reformas administrativas de mediados del siglo XX. Y en ese momento siguen ancladas (aunque se hayan aprobado en desarrollo de un EBEP que, como consecuencia del contexto, ha envejecido a marchas forzadas), con algunos aditamentos que se le han ido añadiendo, muchos de ellos decorativos o sin efectividad prácticamente alguna, como los cantos de sirena a la evaluación del desempeño, la carrera profesional (siempre citada y siempre preterida, aplazada o peor aplicada), la dirección pública profesional (un juego de máscaras carnavalescas de la vieja política, que es la de siempre y la de ahora) o las llamadas cínicas a la ética e integridad en el empleo público, que prácticamente nadie cree y menos aún se aplican o practican. Todavía hoy, casi cuarenta años después de la reforma de 1984, tampoco hemos resuelto cómo casar las agrupaciones funcionariales decimonónicas de los cuerpos (propias de un sistema de carrera cerrado) con la invención ya periclitada (dada la mutación profunda y acelerada de sus tareas) de los puestos de trabajo (elemento innato de un sistema de empleo abierto). Y, al final, nos ha salido un híbrido que nadie sabe bien cómo resolver cabalmente.

También con el paso de los años, descubriendo siempre el Mediterráneo, esas leyes han incorporado llamadas (nunca escuchadas por una política que solo juega al corto plazo o al regate corto) a la planificación estratégica de recursos humanos (el instrumentos menos utilizado en nuestro sector público, al menos en su verdadero sentido, abandono de consecuencias funestas más en estos años de jubilaciones masivas en el sector público); a la apuesta por ofertar públicamente las vacantes necesarias para que la Administración funcione (que,  en no pocos casos, se cubren con el truco del almendruco varios años después de identificadas, mediante el simulacro “selectivo” de estabilización de interinos); o, en fin, a esas relaciones de puestos de trabajo que se han convertido en instrumentos estáticos rígidos en términos de gestión y de blindaje de los derechos de los empleados, cuya inadecuación a las necesidades estratégicas futuras de la Administración son, más que evidentes, sangrantes.

Y, en fin, como son leyes pensadas exclusivamente en clave endógena, para resolver los problemas internos de personal de las organizaciones públicas, que son los únicos que preocupan a las visiones corporativo-burocráticas y corporativo-sindicales, así como a un empleador (político) de una debilidad supina, hay casos incluso en que la referencia legal a la ciudadanía (que es la destinataria última de esos servicios públicos), más allá de la retórica vacua de los preámbulos, es tangencial e incluso casi inexistente. Ese carácter endógeno o esa introspección vergonzante de la regulación de una institución que por esencia debe estar al servicio de la democracia y de los ciudadanos, se muestra cada vez más en que tales leyes están alejadísimas de las necesidades de la sociedad en la cual se insertan (creando, además, un empleo dual público/privado con diferencias abismales e insostenibles). Y ello se advierte en muchísimos datos, traigamos a colación algunos:

El primero es la penetración, incluso colonización, de la lógica laboral en la institución de la función pública (ahora rebautizada como empleo público), cuyo régimen estatutario ha quedado literalmente hecho trizas. Lo que queda de él, corre riesgo de desaparición.

Pero esa impronta laboral, en segundo lugar, que debiera conducir a una legislación formal menos intensa en su contenido al diferir su concreción a los instrumentos normativos de negociación colectiva (acuerdos y convenios), paradójicamente ha producido el efecto contrario. Las leyes de función pública (o de empleo público) son, hoy en día, el lugar normativo por excelencia para blindar las conquistas sindicales o corporativas, porque lo que está en la ley no se quita (o se quita con muchas más dificultades). No se congela el rango, sino más bien se hiberna glacialmente su contenido. Así nos encontramos con textos normativos que, amén de establecer una retahíla de órganos y procedimientos intrascendentes y formales, son un listado eterno de derechos, permisos, licencias y garantías a los empleados públicos y funcionarios. Los deberes y responsabilidades brillan (casi) por su ausencia. El presupuesto público, auténtico “restaurante nacional” como lo describiera Galdós, todo lo avala.

Por consiguiente, en tercer lugar, las leyes de función pública o de empleo público ya apenas contienen principios estructurales de esa institución, ni su imprescindible filosofía de valor público impregna la norma, pues lo que realmente importa es que regulen hasta la extenuación órganos, técnicas, procedimientos y garantías formales que actúen de pantalla frente a las impugnaciones judiciales y, en especial, salvaguarden los derechos y prerrogativas de unos funcionarios públicos (empleados públicos también) inamovibles de por vida, dado que el fin fundamental de tales textos normativos (explícito u oculto) no es otro que regular ventajas “estatutarias” aplicables a esos colectivos. Lo que pase extramuros, no interesa. Son ecos de “la sociedad”, inaudibles en una Administración cerrada a cal y canto en plena era de la ficticia transparencia y del no menos falso Gobierno abierto.

El cuarto dato es, sin duda, que las herramientas que harían posible racionalizar la gestión de la diferencia en las organizaciones públicas están inactivas o funcionando en modo avión. Apenas hay unos pocos casos de aplicación exigente de la evaluación del desempeño con impactos retributivos y en la carrera profesional, como tampoco hay directivos profesionales que ese modelo apliquen. Los responsables políticos y directivos (que actúan en un modelo de colonización intensiva de la alta administración, en el que ahora se comprobarán sus letales efectos con los innumerables cambios de gobiernos) están “de paso” y (piensan en su fuero interno y lo practican cotidianamente) cuantos menos líos mejor, que los asuntos de personal los carga el diablo. Mejor regalar lo que pidan y tener la tropa tranquila, aunque sea en estado de placidez o en zona de confort, aunque los servicios públicos funcionen peor. La disciplina en el sector público es algo innombrable.

Y el quinto y determinante dato es que esas leyes de función pública o de empleo público se han ido convirtiendo con el paso del tiempo en instrumentos normativos elefantiásicos alcanzando unas proporciones inmensas, porque allí debe estar todo (o eso creen algunos). En realidad, sorprende, por ejemplo, que la Ley de empleo público vasco de 2022 tenga casi 200 artículos (198), la muy reciente ley andaluza 181, la non nata Ley de la Función Pública de la Administración del Estado 145. A ese número ingente de artículos cabe añadir un número importante de disposiciones adicionales, finales y transitorias, lo que superaría con creces los más de 200 enunciados normativos. Pero el número de preceptos no dice nada, más lo hace las páginas que tales textos tienen (la ley vasca tiene 172 páginas de BOE, con letra pequeña; la Ley andaluza ocupa asimismo 172 páginas del BOPA, aún no se ha publicado en el BOJA). Me dirán que eso es un mal de los tiempos y me alegarán, sin duda, el mal ejemplo de otras leyes (por ejemplo, contratos del sector público); pero estamos hablando de un derecho estatutario que se determina(ba) por leyes y reglamentos (¿cuál será la extensión de estos si su norma habilitadora es literalmente diarreica?), sin perjuicio de los márgenes amplísimos que hoy en día se han dejado a los acuerdos y convenios. El “Derecho del Empleo Público” se ha convertido en un burdo listín de procedimientos y requisitos, que solo tienen valor formal; no sirve prácticamente para nada efectivo. La gestión de recursos humanos, dado que es mera aplicación de la norma (sin gestión de la diferencia), se puede automatizar prácticamente toda y se acabaron de un plumazo tantas direcciones, servicios y negociados. Y, además, hacer leyes con esa regulación hiperbólica solo puede tener un doble sentido: blindar derechos y prerrogativas, a espalda de la ciudadanía (que, por cierto, nada se entera de lo que pasa en “el cuarto oscuro” de la Administración; esto es, puertas adentro); y convertirlas derechamente en instrumentos inútiles por su rigidez para una gestión transformadora e innovadora en el ámbito de lo público; que, dicho sea de paso, a nadie importa, y menos aún a nuestra avejentada y ensimismada política.  

Mientras tanto, con un subsistema de función pública o de empleo público anclado en tiempos pretéritos y con una vocación endogámica insultante, la vida sigue. Quien piense que con esos mimbres la Administración Pública será un actor de transformación del sistema económico y social, o es un cínico mentiroso o un osado estúpido que nada entiende de lo que realmente está ocurriendo desde hace años en nuestro sistema político-institucional y, más concretamente, en el subsistema de empleo público.  Hace mucho tiempo, en efecto,  que se han encendido innumerables luces de alarma que nadie «desde el interior» quiere ver sobre el mal o pésimo funcionamiento de algunos servicios públicos, mientras tanto estamos en un país inmerso en batallas políticas existenciales (“el gran barullo”, que diría Galdós) que apenas nos dejan percibir, salvo cuando lo padecemos, lo que es más terrenal e importante: la institución de la función pública fue creada para servir a la ciudadanía, y solo garantizando su efectividad, profesionalidad e imparcialidad plenas podrá alcanzar ese digno papel que constitucionalmente tiene asignado en la prestación de servicios de auténtica calidad. Y nada o muy poco de ello se salvaguarda en estos momentos. Lo demás es cuento chino, o español. Que, a estos efectos, da lo mismo.

martes, 6 de junio de 2023

Un vis a vis con la Administración pública, ¿objetivo imposible?

 La atención presencial directa en las oficinas administrativas está implícita en la esencia de lo que es la función pública

Revista de prensa. Por Valentín Pich*. Cinco Días.- A día de hoy, podemos afirmar, no sin prudencia, que hemos logrado superar la pandemia. Poco a poco se ha ido recuperando la normalidad, que en su día se vio truncada por las estrictas y necesarias medidas sanitarias que nos abocaron a formas virtuales de relación profesional y personal a las que no estábamos acostumbrados. Es cierto que, si tuviéramos que sacar alguna conclusión positiva de todo esto, una de ellas sería precisamente la aceleración en el desarrollo de nuestra digitalización de cara a la tramitación electrónica en muchas de nuestras gestiones diarias. En este sentido, hay que poner en valor el esfuerzo realizado por nuestras Administraciones públicas –contemplado en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025– para ofrecer servicios digitales fácilmente utilizables y accesibles que propicien una relación ciudadano-Administración eficiente y no discriminatoria.

Sin embargo, si los cambios disruptivos son, en algunos casos, sustitutivos de procedimientos que han quedado obsoletos, en otros resulta conveniente que no desbanquen del todo a los primigenios, sino que sean complementarios de estos. En cuanto a las gestiones con las Administraciones públicas, el mayor uso de medios electrónicos por parte de estas ha traído consigo la reducción de la prestación de sus servicios de forma presencial a un amplio rango de la ciudadanía. Desde la Administración siempre se había tenido presente que ambos tipos de gestión, telemática y presencial, habían de sumarse; sin embargo, a pesar del esfuerzo que se está realizando para conseguir normalizar el servicio de asistencia más tradicional, resulta necesario agilizar este proceso con objeto de ofrecer una atención más ajustada a cada colectivo que permita identificar las necesidades de los más vulnerables, que, por su edad o situación personal o económica, no disponen o desconocen el uso de los medios digitales para presentar, por ejemplo, la solicitud de una prestación o cualquier escrito de alegación. De hecho, según datos del INE, el 61% de los españoles que intentó hacer alguna gestión online con la Administración pública durante el pasado año tuvo alguna dificultad durante el trámite. Una vez que han ido desapareciendo a todos los niveles las restricciones que impuso la pandemia, están aflorando importantes problemas, tanto para profesionales como particulares, a la hora de demandar atención presencial en las oficinas de las diferentes Administraciones públicas –locales, autonómicas y centrales–. No es solo que en la mayor parte de ellas no se atienda a nadie sin cita previa, es que la obtención de dicha cita se convierte a veces en una misión imposible, generándose un cuello de botella y, muy probablemente, una duplicación de trámites al haberse cursado estos de manera errónea por carecer de un necesario asesoramiento presencial; todo ello con la consecuente pérdida de eficiencia económica, a lo que habría que sumar la merma de reputación por la potencial creación de un mercado negro de citas, algo que no queremos acabar de creernos, pero sobre lo que ya ha advertido incluso el Consejo Económico y Social. 

A modo de ejemplo, la espera para obtener una cita presencial con la Tesorería de la Seguridad Social no baja de los 15 días, cita esta que además ha de pedirse electrónicamente –con lo que volvemos a toparnos con un hándicap para aquellos solicitantes con menor experiencia digital o escasos recursos de conectividad– o bien de manera telefónica, en muchos casos sin respuesta.

Con respecto a la demanda de la ciudadanía de mayores oportunidades de atención en el servicio que presta la Administración, tenemos un ejemplo claro en el éxito que está teniendo en esta campaña de renta el plan Le llamamos, gracias al cual el contribuyente tiene un trato directo y personalizado con empleados de la Agencia Tributaria, algo que está funcionando y que da una idea de que, de alguna manera, la tramitación digital –aunque positiva y que permite aligerar la atención presencial– tiene carencias.

Es evidente que el sistema de cita previa constituye un elemento de mayor eficiencia en la relación con la Administración, reduciendo los tiempos de espera y agilizando los procesos de gestión. Sin embargo, no debemos olvidar que esta vía se impuso como obligatoria, con razón, motivada por la pandemia, y que esta obligatoriedad pudiera no poder extenderse una vez superada la circunstancia excepcional que la ocasionó; algo que está recogido en nuestro Código Civil, en el que se contempla que “la normativa de ámbito temporal no se aplicará a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”.

La pretensión de tener una atención presencial directa en nuestras oficinas administrativas, sean generales, autonómicas o locales, está implícita en la propia esencia de lo que es la Administración pública como instrumento al servicio de los ciudadanos. Que además esta sea ágil no es un fácil, y dependerá de adecuar dotación y presencialidad del personal a la demanda creciente de servicios, sobre lo que, afortunadamente, parece que ya se está trabajando. Esperemos que la extensión de la digitalización no frene la normalización de la asistencia presencial, y que todo ello sirva para desterrar de una vez de nuestra gestión administrativa el famoso “vuelva usted mañana”, ahora en digital.

*Valentín Pich es Presidente del Consejo General de Economistas de España

sábado, 3 de junio de 2023

Los municipios ingresan con el IBI el doble que en el pico del boom inmobiliario

 Los ayuntamientos españoles recaudaron 13.000 millones por este impuesto. En Madrid el recibo medio asciende a 564 euros. 

Revista de prensa. Cinco Días .- La campaña electoral para los comicios municipales del pasado domingo puso en el foco a los candidatos que prometieron reducir en sus localidades el tipo efectivo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). A priori, estas propuestas de relajación fiscal serían arriesgadas para las cuentas de los consistorios, ya que el IBI es la figura impositiva que sustenta con creces la mayor parte de sus ingresos. Sin embargo, los ayuntamientos tienen asegurados unos recursos elevados aunque rebajen los tipos, por lo que pueden permitirse estas promesas sin correr grandes peligros. Sin ir más lejos, en 2022 los ingresos por este tributo doblaron los registrados en los años previos a la crisis financiera.

Las localidades españolas recaudaron el pasado año más de 13.170 millones de euros gracias al IBI urbano. Si a esta cantidad se le unen los 480 millones relativos al IBI rústico y los 550 millones del impuesto sobre los bienes inmuebles de características especiales (BICE), la recaudación total superó los 14.000 millones, un máximo en la serie actualizada ayer por la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda.

Todas estas cifras, detallan fuentes conocedoras del sector, se explican no tanto por un aumento de la fiscalidad directa –es decir, de los tipos efectivos–, sino por la subida consolidada de las bases imponibles, que vienen a ser el valor de los inmuebles.

La factura final del IBI, es decir, la cuota líquida, es el resultado de aplicar el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable en cuestión. Esta, a su vez, se obtiene tras aplicar las reducciones o exenciones permitidas en cada caso al valor catastral de la vivienda. Es decir, mientras las revisiones catastrales sigan aumentando los valores, los consistorios pueden rebajar los tipos sin minorar drásticamente sus ingresos.

En España, el Real Decreto Legislativo 2/2004 establece que el tipo de gravamen mínimo del IBI será del 0,4%, llegando el máximo hasta el 1,1%, siempre en el caso de los bienes inmuebles urbanos. Los gobiernos locales, por ello, tienen un margen relativamente amplio para establecer un tipo de gravamen u otro, así como las diferentes exenciones y bonificaciones aplicadas.

La ciudad de Madrid, por ejemplo, tiene en vigor desde 2023 el tipo municipal al mínimo permitido. El programa marco para el 28M del PP, el gran ganador de las elecciones, propone a su vez una “reducción del impuesto de bienes inmuebles de forma progresiva”, a la par que promete impulsar “la aplicación de bonificaciones medioambientales para aquellos inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para los vehículos eléctricos o sistemas de aprovechamiento de energía solar y actuaciones de eficiencia energética”, añade el documento.

La realidad que muestran los datos oficiales del Catastro refleja que los ayuntamientos de toda España han ido aumentando año tras año los ingresos por IBI pese a las rebajas impositivas que se han visto en varios de ellos. Los más de 13.000 millones de euros registrados en 2022 en el IBI urbano, de hecho, multiplican por dos a los 6.500 millones que se recaudaban en los años del pico del boom inmobiliario, cuando los precios de la vivienda eran notablemente superiores a la media con la que cerró el pasado ejercicio. Según los datos del Consejo General del Notariado, el precio del metro cuadrado de las casas cerró en España en los 1.615 euros en 2022, frente a los 1.790 euros del año 2007. Desde Tinsa, por su parte, recuerdan que el precio de la vivienda acumula una caída del 20% desde los valores máximos alcanzados hace 15 años.

Según los datos del Catastro, los ayuntamientos de la provincia de Madrid fueron los que más ingresos obtuvieron con este impuesto, superando los 2.500 millones de euros en conjunto. Teniendo en cuenta que se registraron unos 4,5 millones de recibos, el pago medio ascendió a los 564 euros. En plazas como la propia capital la cifra se explica por el valor catastral medio de las viviendas, de los más elevados del país. A continuación, se situó el abono medio de 514 euros de la provincia de Barcelona, con ingresos conjuntos que superaron los 2.000 millones. El podio lo completó Girona, con 431 euros, seguida de Baleares y Málaga (429 y 417 euros).

jueves, 1 de junio de 2023

La complejidad de las oposiciones: reflexiones vinculadas a la Generalitat de Cataluña

"Las externalizaciones forman parte del paisaje administrativo, aunque también es cierto que la eficacia y eficiencia de muchas de estas dinámicas dejan mucho que desear por la falta de capacidad de control de la propia administración externalizadora"

Por Carles Ramió . espublico blog.-  Es indudable que los procesos selectivos en las administraciones públicas son complejos y mucho más en los últimos tiempos debido a que los procesos de estabilización obligan una mayor concurrencia de candidatos. El caso de las oposiciones organizadas por la Generalitat de Cataluña celebradas el día 29 de abril de 2023 era especialmente complicado tanto por la presencia de candidatos (unos 13.500) como por los diferentes perfiles que se examinaban (los distintos grupos del cuerpo general y distintos grupos, cuerpos o perfiles especializados). En cambio, el tipo de prueba era bastante sencilla de organizar ya que se utilizaba la metodología de los test.

No dudo que se tratara de una cierta prueba de estrés para esta Administración, pero en absoluto puede considerarse como una situación excepcional. Hace años hacer este tipo de pruebas era algo ordinario en nuestras administraciones públicas y no se detectaron grandes problemas e incidencias. Sin ir más lejos el pasado 7 de mayo Correos organizó unas pruebas selectivas en las que participaron 55.000 candidatos en cerca de 50 sedes repartidas por el territorio y todo funcionó sin ningún tipo de incidencia remarcable. Las administraciones públicas poseen conocimiento y experiencia suficiente para realizar estos tipos de procesos selectivos e incluso otros mucho más complejos como es el caso de las pruebas de selectividad en el que se movilizan decenas de miles de candidatos en cada autonomía o los procesos selectivos de los MIR.

Por esta razón resulta sorprendente el caos que llegó a un esperpento sin matices en las oposiciones celebradas por el gobierno autonómico catalán. No funcionó absolutamente nada: tiempos de espera injustificados para que los opositores pudieran acceder a sus pruebas que, en algunos casos, superaron las seis horas y tuvieron que suspenderse. Aulas no bien dimensionas en las que los candidatos estaban literalmente unos encima de otros e incluso algunos tenían que hacer el ejercicio sin tener mesa y asiento. Exámenes en los que se solicitaban los datos personales cuando por confidencialidad deberían ser clasificados mediante códigos, falta de vigilancia en algunas aulas que fomentó un trabajo colaborativo entre los candidatos a la hora de rellenar las respuestas con la posibilidad de consultar los teléfonos móviles para buscar las respuestas correctas. Las aulas donde estaban los candidatos con necesidades especiales (lactantes, diferentes niveles de discapacidad) fueron las más descuidadas y con menor apoyo logístico. La guinda del esperpento fue que cuando un opositor exigía ir al baño el vigilante se lo prohibía, pero otro vigilante que estaba en la otra punta de la sala dijo en voz en grito “este sí que puede ir al baño que es un discapacitado”. Su discapacidad se hizo pública ante decenas de personas. Parece que los procesos selectivos están exentos de los rigurosos protocolos de protección de datos.

Un ingrediente que llama poderosamente la atención es que esta Administración externalizó una parte importante de este proceso a una empresa privada. Las externalizaciones forman parte del paisaje administrativo, aunque también es cierto que la eficacia y eficiencia de muchas de estas dinámicas dejan mucho que desear por la falta de capacidad de control de la propia administración externalizadora. Pero en este caso se trata de una externalización que llama la atención por dos motivos: a nivel estético no parece muy acertado externalizar una actividad tan interna como es un proceso selectivo que debería ser ejecutado sin dificultad por los medios de la propia administración. Por otra parte, hay serias dudas jurídicas que la custodia de las pruebas, la vigilancia de las mismas y su evaluación sean funciones que pueda desarrollar un organismo privado. Las interferencias, fugas de información y posibilidades de manipulación de los resultados por diferentes intereses no está claro que puedan ser evitados de manera segura. Usualmente el garantismo en estos procesos suele ser extremo: custodia de los exámenes en cajas fuerte y traslado de los mismos por los cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, hemos pasado de un modelo garantista y seguro a un modelo flexible con elevadas posibilidades de externalidades negativas graves.

La Administración de la Generalitat reaccionó con rapidez ante este espectacular desaguisado: anunció que denunciaría a la empresa por incumplimiento de contrato, anuló todas las pruebas realizadas asegurando indemnizaciones a todas las personas afectadas (una estimación conservadora implica un impacto en las arcas públicas de un mínimo de un millón de euros) y cesó a la directora general de la función pública (alto cargo que llevaba poco más de tres meses en su puesto y que no tenía ninguna responsabilidad directa ni indirecta en este proceso siendo uno de los casos más palmarios de ejercer el papel pasivo pero sangriento de cabeza de turco). Reaccionar con rapidez, acentuada por la cercanía de las elecciones municipales, no significa una buena calidad de la respuesta. Es extraño que la nueva directora general de la función pública sea la que hasta entonces era la subdirectora de la temática y seguramente mucho más implicada, aunque sea indirectamente, en el defectuoso proceso que su superiora.

Pero esta reacción parece claramente insuficiente ya que parece que no va dirigida a la esencia del problema ya que no están nada claros los siguientes elementos:

-La empresa emitió un comunicado en el que explicaba que el proceso selectivo no estaba externalizado completamente y que su diseño implicaba una cogestión entre la Administración y la empresa. En este sentido, todo parece indicar que la Administración era responsable de la organización de los centenares de aulas, de su dimensionamiento y de comunicar a los opositores la sala donde tenían que ir. También parece que es la Administración la que tenía que encargarse que las pruebas llegaran a sus destinos. Todas estas actividades resultaron fallidas y el responsable de su mala gestión fue la propia Administración.

-Una vez descubrimos la naturaleza de la externalización en la que la empresa se encargaba de la vigilancia del proceso y de la corrección de las pruebas (ambos temas delicados en extremo) que al ser test se podían hacer de manera mecanizada. Con esta información quizás pueda considerarse excesiva que esta externalización ha sido tan generosa en términos económicos (un millón y medio de euros IVA incluido).

-La empresa se va a defender y seguramente va a ganar el pleito con la Administración. Va a utilizar probablemente a los mejores abogados defensores (tal vez abogados del Estado en excedencia) que no van a tener grandes dificultades en demostrar los evidentes fallos y carencias de la propia Administración que hacían imposible un desarrollo normal de este proceso.

-Pero tampoco tengo dudas de que seguramente la empresa también falló durante estas pruebas selectivas. Haciendo una rápida búsqueda de información fue fácil detectar que esta empresa había subcontratado a otras empresas para ejecutar distintas tares (la subcontratación es un tema espinoso en las externalizaciones). Llama especialmente la atención que una de estas empresas subcontratadas puso un anuncio en las redes buscando vigilantes solo dos días antes del proceso selectivo (anuncio publicado el 27 de abril cuando la prueba era el 29 de abril a primera hora de la mañana). No hay que ser visionario para especular que quizás había un déficit de vigilantes y que, con toda seguridad, no estaban adecuadamente formados para asumir su tarea.

-Es también evidente que la Administración convocante hizo una dejación de funciones en su ejercicio de controlar la externalización ya que no detectaron el punto anterior que era suficiente motivo de alarma para paralizar el proceso.

-No deja de ser sorprendente que se partiera de un optimismo excesivo para hacer en un solo día pruebas tan diversas y a un volumen tan enorme de candidatos. Se podría haber optado por hacerlo durante varias jornadas: por ejemplo, de cara a su repetición se ha organizado mediante dos jornadas con la mitad de candidatos en cada una de ellas para que el proceso sea más manejable.

-No deja de llamar la atención que se hagan al alimón pruebas a todos los grupos y perfiles profesionales cuando legalmente los candidatos tenían el derecho de presentarse a más de un grupo (por ejemplo, administrativo y auxiliar administrativo) y vieron limitada su capacidad de libre concurrencia ya que todas las pruebas se celebraban el mismo día y en idéntico horario y que sepamos no hay ningún candidato que pueda gozar del don de la ubicuidad.

Seguro que en este retrato y diagnóstico dejo en el tintero otras barbaridades acometidas el día de autos y también es probable que no afine hasta el último detalle sobre lo que realmente ocurrió. En todo caso la radiografía, en términos generales, es bastante completa. El mal reputacional que se ha infringido a esta Administración y a todo el sector público del país es algo que no va ser fácil de reparar. La deslegitimación social de la Administración pública es muy grave ya que los ciudadanos han quedado estupefactos y de manera inmediata han pensado “si la Administración es incapaz de organizar bien sus propios procesos selectivos como va a estar capacitada para proveernos de servicios públicos complejos”. La motivación y reputación de los magníficos empleados públicos está por los suelos y es muy injusto.  Este tema es de tal gravedad que no se subsana con dimisiones: aunque sorprende que la actual secretaria de la función pública, la consejera y el anterior secretario de función pública (que es el que preparó el contrato de externalización y que ahora ocupa un alto cargo muy importante en otro ámbito de la misma Administración) se hayan ido de rositas. Pero difícilmente se resuelva el tema con dimisiones debido a ¿qué especialista en la materia va a aceptar hacerse cargo ahora de la función pública catalana? La gravedad de la situación aconsejaría que liderada su subsanación el propio presidente de la Generalitat ya que el resto de la cadena de mando ha quedado seriamente en entredicho.

miércoles, 31 de mayo de 2023

¿Cuánto ganan los nuevos alcaldes de España? Así será la nómina de los primeros ediles

El mejor pagado es el de Madrid, que percibe 108.517 euros anuales, seguido de Barcelona (100.000 €) y Bilbao (98.018 €). El salario medio de los alcaldes de capitales de provincia es 61.737 euros.

 Revista de prensa. 20minutos.es En los últimos días, hay una pregunta que se cuela en las conversaciones vecinales de los municipios españoles: "¿Cuánto cobra el alcalde?". La respuesta es tan amplia como localidades tiene el país, pues la cuantía varía en función de los criterios fijados por la ley y lo que establezca cada Ayuntamiento. Puede ir desde los cero hasta los 108.518 euros al año. 

Las cifras de los sueldos de los regidores las recoge el Ministerio de Haciendo a través del sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISAP). Los últimos datos, correspondientes al año de 2021, muestran el salario de 7.024 alcaldes. Otros 1.104 no declararon sus honorarios o la información estaba incompleta, los cuales aparecen en este listado. 

En la siguiente tabla se recogen los sueldos anuales de todos los alcaldes que declararon sus ingresos en el año 2021. Están ordenados de mayor a menor cuantía y no se incluyen complementos ni dietas.

Las cantidades recibidas están reguladas por una serie de normas, donde el tamaño del municipio es el factor más importante. Las ciudades con más de 500.000 habitantes marcan el límite salarial, que se establece en 116.160,05 euros anuales. Esta cantidad es superior, por ejemplo, a de los 90.010 euros que gana el presidente del Gobierno, según establecen los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

El factor que marca la diferencia entre unos alcaldes y otros es la dedicación al puesto. Normalmente, los municipios con mayor población tienen alcaldes con dedicación exclusiva, donde el salario es más alto. Si no emplean la totalidad de su tiempo no tienen un sueldo fijo y cobran por asistir a los plenos. Lo mismo sucede con los municipios de menos de 1.000 habitantes.

Alcaldes de capitales de provincia

Entre los más de 7.000 alcaldes, cabe destacar a los que gobiernan en las capitales de provincia donde se tiene constancia (48). El mejor pagado es el de Madrid, que percibe 108.517,80 euros anuales, seguido de Barcelona (100.000,04 €) y Bilbao (98.018,40 €). Por debajo, cierran la lista Zamora (36.108 €), Oviedo (22.200 €) y Teruel, que con 14.956,44 euros dista mucho del resto de iguales.

El salario medio anual de los 48 regidores es de 61.737,12 euros, muy por encima del salario medio en España, que actualmente se encuentra en 25.200 euros anuales. El País Vasco es la región donde más cobran sus alcaldes capitalinos, con una media de 92.695 euros entre Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

lunes, 29 de mayo de 2023

Vivienda, salud mental o familias: las leyes que ya no se aprobarán por el adelanto electoral

El adelanto electoral para el 23 de julio obliga a suspender el Pleno del Congreso de esta semana y deja en el limbo más de 60 leyes

Revista de prensa. Cadena Ser.- La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio ha obligado a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso desde este martes, cuando se hará efectiva la disolución de la Cámara. Además, paraliza la tramitación de todas las iniciativas en marcha, con lo que se van a quedar sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.

Una vez se publique el decreto de disolución, solo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mediados de agosto. De entrada, ya se han suspendido oficialmente las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces que estaban convocadas para este martes.

Estas son las leyes que no verán la luz:

Ley de familias. La ley de familias fue aprobada en el Consejo de ministros el pasado marzo en segunda vuelta y ya se había iniciado su tramitación en el Congreso. Sin embargo, la norma, que introducía tres tipos de permisos remunerados para cuidar a los hijos, a familias y convivientes, no verá la luz finalmente. Además, la ley ampliaba el número de beneficiarios del cheque de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años, antes solo era para madres trabajadoras y ahora iba a incluir a las madres en paro, pero se quedará sin efecto. Asimismo, preveía que las familias monomarentales tuvieran los mismos beneficios y derechos que las numerosas, y no se ampliarán.

Ley de vivienda. Aunque la ley de vivienda entró en vigor el pasado viernes, después del vuelco electoral, podría quedar sin efecto en muchos ayuntamientos y comunidades que van a pasar a ser regidos por el PP, que se opone a la norma. Las 50.000 viviendas de la Sareb, las 43.000 de nueva construcción, las 20.000 en terrenos del ministerio de defensa son anuncios de campaña que se tienen que desarrollar en los próximos meses.

Olvido oncológico. Otra de las leyes que decae, que fue uno de los grandes anuncios de Sánchez en campaña, era garantizar el derecho al olvido oncológico. Esta norma pretendía acabar con la discriminación a los pacientes que habían superado un cáncer en un periodo de cinco años. En primer lugar, la norma suprimía las cláusulas a la hora de contratar hipotecas y seguros de vida, y la prohibición de exigir el historial médico a la hora de contratar cualquier servicio.

Salud mental y ELA. La ley de salud mental también se queda en el limbo. La normativa contemplaba unas ratios mínimas de profesionales formadas, al menos, por 8 psiquiatras, 18 psicólogas clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. Asimismo, las mejoras para los pacientes de ELA tampoco serán tramitadas.

Ley de enseñanzas artísticas. La ley de enseñanzas artísticas estaba en tramitación en el Senado por la vía urgente, pero se queda paralizada. Esta norma establecía la homologación de las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo de la Educación Superior, equiparándolas a las universitarias; y las enseñanzas artísticas profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Es decir, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector. Tenía previsto afectar a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes, pero finalmente no verá la luz.

Ley del cine y la cultura audiovisual. La ley del cince y la cultura audiovisual estaba en tramitación, a falta de pasar por el Senado. Era una de las iniciativas cuya tramitación estaba más avanzada, a falta de completar el paso por el Senado. Esta norma pretendía fortalecer las industrias de este sector y consolidar a España como plataforma de inversión y país exportador de productos audiovisuales, con la cuota de series internacionales también a las plataformas de pago.

Decreto contra la sequía. El decreto contra la sequía fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo y el Congreso tenían pendiente convalidarlo este jueves. El decreto incluye ayudas directas a los agricultores y ganaderos, que podrían obtener la reducción del 20% en los módulos del IRPF y acceder a líneas de créditos ventajosas, así como el complemento de hasta un 70% en la financiación de las pólizas por sequía o los 355 millones dedicados a cubrir la necesidad de usar más piensos. Ahora, el trámite queda en manos de la Diputación Permanente.

En materia laboral, se concedía un aplazamiento del pago en las cuotas a la Seguridad Social y se equiparaba la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio.

Ley del desperdicio alimentario. La ley de desperdicio alimentario ya fue aprobada en el Congreso y le quedaba el último trámite parlamentario en el Senado. Esta norma proponía acabar con el desperdicio de más de 1.300 millones de kilos de comida, no solo en los hogares, sino en todos los eslabones de la cadena de producción.

Interraíl y descuentos para jóvenes. Al igual que el decreto de la sequía y ayudas directas a los agricultores, el Congreso tenía pendiente dar luz verde a la financiación del 50% del Interrail por Europa para jóvenes de 18 a 30 años durante este verano, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Tampoco se aplicará ya un descuento del 90% en los trenes y autobuses que dependan del Estado y un 50% en los trenes de Alta Velocidad para las fechas indicadas.

Ley de movilidad sostenible. Estaba previsto que la ley de movilidad sostenible entrara en vigor en el último trimestre de 2023, pero con el adelanto elctoral, no verá la luz. Esta norma establece la imposición de peajes en el centro de las ciudades para reducir las emisiones contaminantes.

Medidas anticrisis. La prórroga de las medidas anticrisis, como las ayudas frente a la inflación, las rebajas fiscales para la factura de la luz o la rebaja del IVA de los alimentos, estaba pendiente. El Gobierno no ha decidido si las prorrogará, pero a través de real decreto podrían alargarlas.

Más de 60 leyes no verán la luz. Con todo, las leyes aprobadas por el Consejo de ministros que no verán completada su tramitación en el Congreso son: la ley de seguridad nacional, la trasposición de directivas europeas para la lucha contra el fraude, la de equidad del sistema nacional de salud, la ley de eficiencia digital de la Justicia, la ley del cine, la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, la ley de familias y la del derecho de Defensa.

Tampoco podrán ser aprobadas ya en esta legislatura la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para ampliar permisos de paternidad y maternidad, la que persigue que estas circunstancias sirvan para la suspensión de juicio oral y la que reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones.

También decaerá la norma con medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, la Ley de Puertos, la de protección de trabajadores agrarios, la ley de economía social, la de financiación del transporte público urbano e interurbano, la reforma de la Ley de Seguridad Social, el nuevo régimen fiscal de Baleares y la que introducía novedades en el canario. Otras leyes que no verán la luz en esta legislatura es la ley de bomberos forestales, el plan de Justicia 2030, la ley del defensor del cliente financiero, o la ley de función pública.

La disolución de las Cortes da al traste también con dos reformas el Reglamento del Congreso, una que buscaba regular los 'lobbies' y otra destinada al control parlamentario de las proposiciones no de ley y las mociones. Asimismo, la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado y la 'operación Cataluña' no podrá concluir sus trabajos en esta legislatura.