miércoles, 21 de febrero de 2024

Las dificultades intrínsecas del teletrabajo

Por Carles Ramió. esPúblico blog.- Antes de entrar en el análisis sobre las dificultades intrínsecas del teletrabajo quiero dejar asentados tres elementos previos. Por una parte, estoy totalmente a favor del teletrabajo en aquellos puestos que no exigen presencialidad. Por otra parte, llevo 30 años practicando con entusiasmo el teletrabajo (el 95 por ciento de mis textos publicados los he escrito en casa o fuera de mi oficina). Finalmente, es evidente la complejidad de los responsables en dirigir, coordinar, controlar y evaluar a los empleados que realizan teletrabajo, pero lo cierto es que no debería ser mucho más complejo que el ejercicio de las mismas funciones en el trabajo presencial tradicional. En este sentido solo me llama la atención en relación al teletrabajo la dificultad en que el equipo comparta espacios físicos en el que están todos presentes que son imprescindibles para análisis más profundos en los que la interacción antes y después de la reunión es relevante. Hay que reconocer que en la presencialidad física fluye mucho mejor la información informal y la información casual (que surge de manera espontánea mediante la interacción personal) que es esencial para una buena gestión.

En esta entrada quiero hablar de las dificultades intrínsecas a las que se enfrenta el empleado que ejerce el teletrabajo que son diversas y más complejas de lo que aparentemente se suele considerar. Aunque es un error común considerar que el teletrabajo se practica en el domicilio particular del empleado lo cierto es que mayoritariamente suele darse esta situación.

El primer problema al que se enfrenta el teletrabajador es en la libertad que goza para poder organizar su propio trabajo y compaginarlo con otras actividades extralaborales. En teoría todo son ventajas: uno puede aportar laboralmente con el trabajo en casa más que trabajando en la oficina y, junto a este atributo positivo para la institución en la cual trabaja, el empleado puede compaginar mucho mejor sus actividades de carácter doméstico y gozar de una mayor calidad de vida. No hay duda que un trabajador puede aportar mayor calidad y cantidad de trabajo y en paralelo poder compaginarlo con tareas domésticas o de cuidado auto personal. No hay duda que si se desayuna en casa se puede hacer con mayor calidad y a menor coste económico, ir al baño doméstico es más confortable que en el de la oficina, etc. Además, puede aprovechar las interrupciones necesarias en el trabajo para oxigenarse para hacer una lavadora, ordenar la casa, comprar en una franja horaria en la que hay poca afluencia de público, etc.

Si bien todo esto es cierto también es una evidencia que esta posibilidad de compaginar varias dimensiones vitales a la vez tiene su complejidad. Las distracciones en casa suelen ser muy diversas. Uno puede hacerse varios cafés, ir al baño en muchas más ocasiones que en la oficina (es una evidencia que las vejigas son más sensibles en casa que fuera de casa), extenderse más de la habitual en gestiones administrativas domésticas y personales, etc. Las potenciales distracciones e interrupciones pueden ser tantas y tan diversas que pueden llegar a confundir y a dispersar en exceso al teletrabajador. Cuando hace 30 años me inicié en el teletrabajo fui tan consciente de esta problemática que me impuse como metodología algo que el lector me va a calificar como enfermo. Mi técnica consistía en que cronometraba cuando estaba trabajando de manera productiva. Mi objetivo era cumplir al día 8 horas de trabajo productivo. Por tanto, si preparaba un café ponía en pausa el cronómetro, o si iba al baño o incluso si estaba pensando en otras cosas (obvio que también si preparaba la comida, hacia la colada o salía a comprar). ¡No pueden ni imaginar lo que me costaba llegar cada día a las 8 horas de trabajo productivo! Es evidente que este sistema de control taylorista o fordista es más propio de un enfermo, pero para mi fue muy útil para autodisciplinarme (para aprender a teletrabajar). Me había dado cuenta que había días en que estaba teóricamente todo el día trabajando, pero mi productividad había sido muy baja y solo por la vía del cronómetro logré ordenarme y ser productivo. Al cabo de unos años abandoné este sistema pueril ya que había aprendido la dinámica y la rutina de ser productivo en casa sin necesidad de andar con un cronómetro. Ya me he acostumbrado en hacer varias tareas sucesivas y radicalmente distintas disfrutando de una evidente mayor calidad de vida.

Otro tema que resulta curioso es como el teletrabajo está cambiando las viviendas en las que residen los empleados públicos. Es imprescindible que el teletrabajador disponga de un espacio de calidad para poder desarrollar su trabajo profesional. Una habitación habilitada como despacho es la opción ideal pero no siempre posible. Yo empecé mi andadura con un despacho para mi solo, pero a medida que la familia se fue ampliando y los costes de las viviendas incrementado esto ya no fue posible. Desde hace bastantes años tengo habilitado mi despacho en el salón. Curiosamente mi confort ha incrementado, pero ha ido en detrimento de la libertad de mis familiares.  Lo que no he logrado es que dos o más teletrabajadores podamos convivir en el mismo domicilio (situación que todos ejercimos con la pandemia teniendo en cuenta que los hijos tele estudiando tienen las mismas necesidades que un teletrabajador). Cuando necesitamos silencio siempre hay alguno que habla a voz en grito en una teleconferencia o cuando hay varios la cacofonía es un caos insoportable.

Una opción muy corriente entre los empleados públicos asociados al teletrabajo es utilizar su segunda residencia como domicilio principal o incluso cambiar la vivienda de una ciudad por una residencia alejada, más confortable internamente y por el entorno donde está ubicada, además de ser más económica. Cuando uno visita un centro público en el que se aplica el teletrabajo (lo usual es dos días a la semana de teletrabajo) uno no deja de asombrarse. Los lunes y viernes la oficina parece un edificio fantasma por la falta de presencialidad. Los jueves y martes una parte importante de los empleados circulan por la oficina con maletas como si fuera un fin de semana largo o antes o después de vacaciones. Los martes, miércoles y jueves la oficina se puede convertir en una olla de grillos debido a las ganas que tienen los empleados de socializar y a que algunos gestores de espacios han redimensionado la oficina como si el teletrabajo estuviera equilibrado durante toda la semana y no existieran días pico (como sucede siempre en la práctica). Otro problema es que cuando un trabajador muda su residencia a un lugar bastante lejano de la oficina o cuando toma como rutina vivir siempre en la segunda residencia al principio todo parece fácil y asumible. Se vive con mayor calidad de vida 4 días a la semana a sabiendas que durante tres días habrá que asumir más sacrificios por motivos de desplazamientos más largos y tediosos. Pero una cosa es la teoría y otra cosa la práctica y los días a los que les corresponde el trabajo presencial se hacen muy sufridos y ya se detecta la tendencia de que los numerosos días de asuntos propios siempre recaigan en los días de trabajo presencial y, casualmente, los días de indisposición igual. Estas dinámicas son naturales y comprensibles pero llevadas al extremo dificultan la calidad de trabajo en su versión más colaborativa. Algunos responsables administrativos me han comentado que desde la pandemia (marzo de 2020, por tanto, han pasado ahora casi cuatro años) no han logrado tener a todos los empleados juntos el mismo día. Obvio que esto no es lógico ni positivo para una buena gestión, en la que circule bien la información y se establezcan las complicidades y alianzas necesarias para un buen despeño transversal, colaborativo, holacrático y holístico orientado hacia la inteligencia colectiva que es lo que aconsejan los manuales contemporáneos de gestión. 

lunes, 19 de febrero de 2024

Los letrados públicos son independientes pero no soberanos, Supremo dixit

 Por José R. Chaves. delaJusticia.es blog. La reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal de 5 de febrero de 2024 (rec.8849/2021) se pronuncia sobre el estatuto de los letrados públicos, al hilo de la autonomía de decisión de los letrados locales para ejercer la facultad que les reconoce el art.54.2 LJCA para solicitar la suspensión del procedimiento judicial si, según su criterio, no tiene sentido sostener la defensa y considera que debe proponer el allanamiento.

Este escenario no es infrecuente:

  1. La administración dicta varios actos similares y son recurridos por distintos interesados, de manera que unos se resuelven antes que otros, por lo que cuando llega la ocasión de contestar al segundo (en el ordinario, o en la vista oral), el letrado intuye que el recurso es la “crónica de una estimación anunciada” por lo que sopesa que la mejor estrategia es el allanamiento, y así evitar inútiles trámites y la condena en costas.
  2. La administración dictó en su día un acto que parecía ajustado a derecho, pero con posterioridad, la demanda incorpora novedosos y poderosos motivos jurídicos o pruebas que no se tuvieren en cuenta por la Administración. Es entonces, cuando el letrado, sabe que la mejor jugada es rendirse y quiere allanarse.

En ambas situaciones de derrota probable, el legislador brinda al letrado público de la posibilidad de solicitar la detención del procedimiento y poder consultar a su Administración para pedirle criterio:¿ nos allanamos o sostenemos nuestro criterio?. Así, el art. 54.2 LJCA establece: « Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquélla. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordará lo procedente». Pues bien, para interpretar ese precepto y perfilar la posición de los letrados públicos, la reciente sentencia  188/2024 del Tribunal Supremo aborda la cuestión de si esa posibilidad legal de que el letrado público solicite la suspensión al amparo del art.54.2 LJCA puede someterse por su propia Administración a instrucciones y criterios previos, o si por el contrario, puede directa y personalmente asumir el riesgo el letrado sin contar con la autorización previa de la Administración.

En suma, un singular y casi insólito pulso entre el letrado público y su administración. Aquél no quiere renunciar a solicitar la suspensión sin placet o visto bueno, y ésta no quiere renunciar a dar instrucciones a su letrado.

Veamos esta interesante sentencia de cerca.

Primero, la cuestión casacional que se admite es la siguiente:1  Determinar si existe una relación de subordinación jerárquica entre un Ayuntamientos y los letrados pertenecientes al Servicio de Asesoría Jurídica Municipal. » 2. Sentado lo anterior, determinar si es posible que un Ayuntamiento pueda dictar una instrucción para que los letrados pertenecientes al referido Servicio de Asesoría puedan ejercitar la facultad de suspensión del procedimiento judicial que regula el artículo 54.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

 A continuación, la Sala deja claro que entre Ayuntamiento y los letrados del servicio jurídico existe una relación de jerarquía:

Para ello partimos de las reglas generales de nuestra Constitución y del EBEP, también aplicable a la Administración local [cfr. artículo 2.1.c)]. Conforme a la Constitución, partimos de que el funcionario trabaja en una Administración que sirve con objetividad a los intereses generales con sometimiento a la ley y al Derecho y es esa objetividad la que lleva al mandato para que el legislador regule un estatuto funcionarial que garantice, entre otros aspectos, que actuará con imparcialidad (cfr. artículo 103.1y 3 de la Constitución).

El EBEP desarrolla esas reglas generales y al regular los fundamentos de la actuación funcionarial se refiere a la jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas [artículo 1.3.j)]; regula también como principio ético que los funcionarios «[a] justarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios…» (artículo 53.3) y, en fin, como principio de conducta que «[o] bedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes» (artículo 54.3).

Sentada la relación de jerarquía en favor del Ayuntamiento sobre sus letrados, se establece el matiz de la autonomía funcional de éstos:

Tratándose de funcionarios que ejercen la defensa procesal de la Administración, las reglas generales expuestas confluyen con las que informan las relaciones entre el abogado y su defendido según el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo (artículos 47 y 48). Si en el ámbito privado el cliente debe respetar la independencia y libertad del abogado, la Administración debe respetar el principio de conducta al que se refiere el artículo 54.3 antes citado y que aleja la idea de subordinación como exigencia de una actuación ciega o acrítica; la llamada a la lealtad y buena fe que se exige al funcionario tiene su correlato en el ejercicio de la abogacía, basado en el principio de confianza recíproca y en la obligación del abogado de informar sobre el estado y viabilidad del asunto

Finalmente señala que la potestad del art.54.2 LJCA está sometida a la potestad de organización del Ayuntamiento sobre la facultad de su defensor de interesar la suspensión del procedimiento judicial y que regula el artículo 54.2 de la LJCA ya transcrito. Tal facultad tiene por fin obtener la suspensión del trámite de contestación a la demanda si es que ese defensor, desde su pericia y autonomía profesional y funcional, cuestiona la legalidad de lo impugnado, razón por la que solicita del órgano judicial esa suspensión para plantear su parecer a la Administración a la que defiende.                                                                                Este precepto regula una incidencia procedimental que se desenvuelve en la lógica del allanamiento, pues la duda o convicción del defensor de la Administración sobre la ilegalidad de lo impugnado puede desembocar en esa forma anormal de terminación del proceso. Que deba plantearlo a la Administración evidencia que es la parte, no su defensor, quien dispone de la pretensión con el resultado de allanarse y no oponerse a la pretensión del demandante, o bien mantener la oposición y pretender su desestimación. Así se deduce del artículo 75.1 de la LJCAen relación con el artículo 74.2: el letrado no puede allanarse sin autorización de su defendido, la Administración, que es quien dispone de la pretensión.                                                                                                           En el contencioso-administrativo el defensor de la Administración no sólo actúa conforme a las reglas generales del ejercicio de la abogacía, sino con sujeción a un régimen funcionarial, tanto en lo orgánico o estatutario como en lo funcional. Es en ese ámbito funcional, que no procesal, en el que tiene cabida que la Administración se dirija a los funcionarios que integran sus servicios jurídicos impartiéndoles órdenes o instrucciones sobre cómo deben ejercer la facultad procesal que le otorga el artículo 54.2 de la LJCA. Esto no deja de ser sino la traslación a ese ámbito de la obligación que tiene todo abogado de informar sobre la viabilidad del asunto y del correlativo derecho del defendido a ser informado. Si exigir esa información al abogado es un derecho del cliente, tratándose de una Administración hay que entender que está facultada para exigirlo e impartir instrucciones sobre cómo hacerlo.

En consecuencia, se fija la siguiente doctrina casacional:

1º Para actuaciones contenciosas, los letrados integrantes de un servicio jurídico municipal actúan conforme a las reglas del ejercicio de la abogacía y, como funcionarios, con sujeción al principio de jerarquía, subordinados al ayuntamiento para el que prestan sus servicios, debiendo desempeñar esas funciones con sujeción a los principios de actuación, éticos, de conducta y a los deberes que prevé el EBEP y conforme a los criterios de actuación profesional que fije esa Administración.

2º Como consecuencia, el Ayuntamiento al que defienden puede dictar instrucciones u órdenes de servicio que ordenen la actuación de esos servicios jurídicos para ejercer la facultad que les concede el artículo 54.2 de la LJCA. Esta ordenación no es de naturaleza procesal sino de régimen organizativo o interno.

Por tanto, estamos ante una doctrina casacional lógica, y  es que el defensor, sea público o privado, debe actuar con fiel respeto a las instrucciones de su cliente.

Eso sí, esta sentencia trasciende del mundo local, pues los fundamentos y consecuencia de su doctrina son aplicables no solo a los letrados consistoriales o locales, sino a los letrados autonómicos e incluso a los abogados del Estado (salvo que su normativa reguladora disponga expresamente otro criterio). Es más, podría incluso proyectarse la sombra de la potestad de organización de cualquiera administración sobre las funciones de cualquier cuerpo o escala de funcionarios mediante instrucciones.

miércoles, 14 de febrero de 2024

¿Inteligentes? Primero, responsables

"Tres Comunidades Autónomas (Andalucía, Castilla y León, y Madrid) han fijado fechas distintas para el envío de la documentación a sus Consejos de Cuentas contribuyendo al desconcierto. Un despropósito que habría que suprimir"

 Por Mercedes Fuertes. esPúblico blog.- Cada día las páginas de los periódicos nos dan la buena nueva de un artilugio o un dispositivo anudado con frecuencia al adjetivo «inteligente«. En el ámbito de la actuación administrativa se extienden programas informáticos que agilizan la tramitación de los procedimientos, se incorporan sensores por el territorio municipal y en las propias instalaciones que prestan servicios públicos con el fin de analizar el cúmulo ingente de información para mejorar su eficacia e incrementar el control. Con el apoyo de las Administraciones provinciales y autonómicas se están consolidando redes de comunicación que pueden ayudar a los ayuntamientos con escasos vecinos. Recuerdo dos que corresponden a Comunidades Autónomas muy extensas y con mejor población, lo que supone un mayor esfuerzo y superior coste económico.

En concreto, por un lado, el «ecosistema de territorio rural inteligente» de Castilla-La Mancha entre cuyos proyectos está el cambio de las bombillas para que las nuevas gradúen su intensidad dependiendo de la proximidad de quien pasea; un mejor control del consumo de agua en los edificios, la comprobación de quién accede a las instalaciones municipales, incluidas las bibliotecas, los pabellones deportivos; el cuidado de los mayores ante posibles caídas… También en Castilla y León, la Administración autonómica, con apoyo de las nueve Diputaciones provinciales, ha instalado más de tres mil sensores que afectan alrededor de cuatrocientos municipios. Ofrecen información sobre la cantidad del caudal del agua y su calidad, la ocupación de los contenedores de residuos y basuras, puntos de riesgo en las calzadas ante las heladas, calidad del aire… Y lo mismo ocurre en otras Comunidades Autónomas que atienden tanto a la carencia de recursos de los Ayuntamientos de escasa población como a las utilidades provechosas de los avances tecnológicos.

Todo ello debería contribuir a estudiar la reforma del mapa local o, al menos, el contenido del ámbito de sus competencias, qué servicios han de prestar, con qué recursos… Lo que, a mi juicio, no habría que tocar es exigir el cumplimiento riguroso de las mínimas obligaciones que ha de satisfacer cualquier Administración pública. Me refiero a todas aquellas que van anudadas a asegurar su actuación objetiva e imparcial, la atención de todos los intereses afectados, la adecuada gestión de su Hacienda… en resumen, esa normativa común de las Administraciones públicas y que es controlada por la Jurisdicción contenciosa, el Tribunal de Cuentas e, incluso, indirectamente, por los ciudadanos con las peticiones de información o las denuncias de infracciones.

En este sentido, apunto a una cuestión que me preocupa desde antiguo.

El Tribunal de Cuentas ha publicado el último informe de fiscalización relativo a 2022 hace unas semanas. Junto a ese texto -riguroso de expresión y con información completa- difunde un resumen claro y didáctico que debería repartirse en todos los municipios. No solo para que lo conocieran los vecinos de aquellos ayuntamientos incumplidores. También todo ciudadano que entrara en  dependencias municipales. Resulta indispensable advertir si los gestores públicos dan cuenta o no de cómo usan el dinero del que disponen, de cómo administran esos recursos escasos, qué obligaciones económicas contraen… Que existan funcionarios que se ocupen de estas tareas, que las autoridades locales hayan salido de las urnas, no implica que los ciudadanos nos desentendamos totalmente del resultado de esa actividad pública. Tal actitud despegada conduce a cierta inconsciencia en los asuntos comunes y, como bien explica Rodrigo Tena en su último libro a una «Huida de la responsabilidad» con el riesgo de que campe el abuso y la desviación de poder.

En ese Informe, el Tribunal resalta que más de la mitad de las entidades locales incumplieron la obligación legal de rendir cuentas en plazo, esto es, antes el 15 de octubre. A ello contribuye que tres Comunidades Autónomas (Andalucía, Castilla y León, y Madrid) han fijado fechas distintas para el envío de la documentación a sus Consejos de Cuentas contribuyendo al desconcierto. Un despropósito que habría que suprimir.

La cifra es muy alta (¡más de la mitad!) y, además, hay que tener en cuenta otro elemento que entorpece la comprensión indispensable para un mínimo análisis completo: no hay ninguna información de las Administraciones locales del País Vasco y Navarra, ya que en esas dos Comunidades Autónomas su normativa propia les permite prescindir de incorporar los datos a la plataforma informática, común y nacional, de rendición de cuentas. Dislate que habría que rectificar.

Otras consideraciones de este Informe generan preocupación. Entre ellas resalto: a) casi mil quinientas Administraciones locales son «reincidentes«, llevan, al menos, tres años sin remitir información. ¿Por qué no tiene consecuencias esta transgresora actitud?; b) las más incumplidoras son las mancomunidades de municipios, lo que permite preguntarse ¿cómo integran los servicios municipales cedidos cuando ese deber básico se incumple?; c) no tiene que ver especialmente el tamaño del municipio pues el Ayuntamiento de Barcelona está entre los incumplidores. ¡Un Ayuntamiento con tantos medios y con un presupuesto que supera los 2.500 millones de euros! ; o, en fin, d) la mayoría de los ayuntamientos de más de cincuenta mil habitantes no han enviado sus cuentas consolidadas.

Es cierto que algunos ayuntamientos han sufrido ataques informáticos. El caso de Sevilla es conocido pero hay otros que padecieron el secuestro de sus sistemas. Hay que insistir en la necesidad de satisfacer todas las previsiones del «esquema Nacional de seguridad» en toda España.

La conclusión del Informe es demoledora: una extensa mancha de incumplimientos en un ámbito tan esencial como es la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. Las recomendaciones con las que termina el Informe las hemos leído en otros documentos similares previos: multas coercitivas a las autoridades incumplidoras, privación de subvenciones y otras ayudas públicas… Y han sido desatendidas por las Cortes Generales. Incomprensible. Por ello, habría que insistir: avances con dispositivos eficaces (que no inteligentes), de acuerdo, pero antes hay que cumplir con responsabilidad.

lunes, 12 de febrero de 2024

La confidencialidad en materia de seguridad aérea y el derecho a la libertad de expresión e información

"En mi opinión, el TJUE efectúa una interpretación excesivamente amplia del límite de la confidencialidad"

Por MABLANESCLIMENT. -El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Sentencia de fecha 18/1/2024 -Asunto C-451/22 (pinchar aquí), se ha pronunciado sobre una cuestión prejudicial planteada en relación con la solicitud de información sobre la destrucción de un avión cuando sobrevolaba el este de Ucrania, presentada por empresas que operan en el sector de los medios de comunicación.

Estas empresas solicitaron información al Ministro de Justicia y Seguridad de los Países Bajos, al amparo de la Ley holandesa reguladora del acceso a la información en poder de la Administración, sobre la destrucción de un avión que conectaba Ámsterdam (Países Bajos) con Kuala Lumpur (Malasia). La destrucción del avión se produjo el 17/7/2014 cuando atravesaba la parte del espacio aéreo ucraniano. 

La solicitud de información fue denegada por la Administración holandesa, aplicando el límite de la confidencialidad previsto en el artículo 15 del Reglamento (UE), nº 376/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil.

El órgano judicial de apelación (Consejo de Estado de Países Bajos), plantea la cuestión prejudicial al TJUE razonando que, aunque el legislador de la Unión pretendió establecer un régimen de confidencialidad específico en el ámbito de la seguridad aérea, sin embargo, ese régimen de confidencialidad no impone una prohibición completa y absoluta de divulgación de las informaciones comprendidas en su ámbito de aplicación.

Dicho órgano jurisdiccional estima que dicha confidencialidad debe interpretarse a la luz, por un lado, del derecho a la libertad de expresión y de información que el artículo 11 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) garantizan de manera general a toda persona y, por otra parte, de los derechos y del papel específico de «perro guardián» que el segundo de estos artículos reconoce a los órganos de prensa, como recordó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 8 de noviembre de 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hungría (CE:ECHR:2016:1108JUD001803011).

Por su parte, las empresas del sector de los medios de comunicación consideran que, aun admitiendo que dicho régimen de confidencialidad sea aplicable con exclusión de cualquier otro régimen, debería interpretarse respetando el derecho a la libertad de expresión y de información consagrado en el artículo 10 del CEDH, de manera que debería ser posible que las empresas que operan en el sector de los medios de comunicación obtengan la comunicación de determinada información que pone en juego un interés general importante, como es el caso de la relativa al suceso catastrófico de la destrucción de un avión.

El TJUE llega a una solución de equilibrio, negando, por una parte, el acceso a los documentos relativos a la notificación de sucesos en la aviación civil debido a la confidencialidad de los mismos, y permitiendo, por otra parte, que el público y las empresas de medios de comunicación busquen información de otras fuentes o por otros medios, y que las autoridades nacionales puedan divulgar parte de la información.

Entre otras declaraciones, destacamos las siguientes:

a) El artículo 15 del Reglamento n.º 376/2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, impide a toda persona acceder libremente a los datos y a la información, y, por tanto, tener conocimiento de su contenido, independientemente del suceso al que se refieran y, por tanto, del interés que estos puedan tener eventualmente para el público.

b) La confidencialidad absoluta del artículo 15 del Reglamento nº 376/2014 impide a las empresas de medios de comunicación tener acceso a dicha información para fines periodísticos, en el marco de las actividades preparatorias de búsqueda, investigación y recopilación de elementos inherentes a la libertad de los medios de comunicación y al objetivo último de la actividad periodística, consistente en comunicar información al público y en alimentar el debate público (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2022, Autorité des marchés financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, apartados 68 y 69 y jurisprudencia citada).

c) Dicho artículo 15 solo se aplica a la información sobre accidentes, incidentes graves u otros sucesos que puedan suponer un riesgo significativo para la seguridad aérea recopilados o en poder de las autoridades públicas competentes en virtud de dicho Reglamento. Por lo tanto, no impide que el público y las empresas de medios de comunicación busquen información al respecto de otras fuentes o por otros medios.

d) La obligación de confidencialidad establecida en el repetido artículo 15 del Reglamento n.º 376/2014 se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que las autoridades o los órganos jurisdiccionales nacionales competentes decidan de oficio, en determinadas situaciones precisas y respetando requisitos estrictos, hacer pública parte de esta información.

e) El artículo 13, apartados 11 y 12 , del Reglamento n.º 376/2014, que debe interpretarse a la luz del considerando 32 de este Reglamento, faculta a los Estados miembros para publicar no solo informes destinados a informar al público sobre el nivel general de seguridad en la aviación civil, en particular mediante información agregada y anonimizada, sino también informes de sucesos específicos, siempre que estos sean anonimizados.

f) El tan repetido artículo 15 del Reglamento n.º 376/2014 deja a salvo la posibilidad que el artículo 14, apartados 3 y 4 , del Reglamento n.º 996/2010, confiere a la administración de justicia o a la autoridad nacional competente de decidir divulgar, en la medida en que sea estrictamente necesario para una finalidad autorizada por la ley y respetando las condiciones establecidas en dichas disposiciones y en el Derecho nacional aplicable, determinada información relativa a un accidente o incidente grave en el que intervenga una aeronave que haya sido objeto de una investigación de seguridad.

g) Finalmente, el 15 del Reglamento n.º 376/2014 no afecta a la posibilidad de que la autoridad encargada de la investigación de seguridad decida, con arreglo al artículo 15, apartados 4 y 5 , del Reglamento n.º 996/2010, informar a las víctimas del accidente o incidente grave de que se trate y a sus familiares o sus asociaciones, así como publicar cualquier información sobre el procedimiento de investigación y los posibles informes preliminares, conclusiones o recomendaciones a los que dé lugar. Asimismo, en virtud del artículo 16 del mismo Reglamento, dicha autoridad tiene la obligación de publicar el informe final al que da lugar dicho procedimiento.

El TJUE responde al cuestión prejudicial planteada declarando que el artículo 15 del Reglamento n.º 376/2014 , en relación con el derecho a la libertad de expresión y de información consagrado en el artículo 11 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, debe interpretarse en el sentido de que la información en poder de las autoridades nacionales competentes sobre un «suceso» relativo a la seguridad aérea, en el sentido del artículo 2, punto 7, de dicho Reglamento, está sujeta a un régimen de confidencialidad que tiene como consecuencia que ni el público ni las propias empresas de medios de comunicación tengan derecho a acceder a ella de forma alguna.

Sin embargo, en mi opinión, el razonamiento de la Sentencia del TJUE sobre la afectación del derecho a la libertad de expresión y de información es llamativamente conciso. Así, en el apartado 75 de la Sentencia, se dice que «Además, este artículo no vulnera, en sí mismo, la libertad de opinión y de expresión», sin aclarar por qué no lo vulnera. Y en el apartado 76 de la Sentencia se dice que «En estas circunstancias, procede considerar que el artículo 15 del Reglamento n.º 376/2014 no vulnera el contenido esencial del derecho consagrado en el artículo 11 de la Carta», sin mencionar, siquiera brevemente, cuáles son esas circunstancias.

Parece que para el TJUE, en la medida en que existe la posibilidad, aunque sea remota e improbable, de que los medios de comunicación puedan buscar información «en otras fuentes o por otros medios», que tampoco se enumeran ni siquiera a título de ejemplo, y que las autoridades, de oficio, pueden revelar de forma controlada determinada información, como decimos, para el TJUE, la confidencialidad que impide ejercer el derecho de acceso a la información respecto a los sucesos aéreos no vulnera necesariamente el derecho a libertad de expresión y de comunicación.

En mi opinión, el TJUE efectúa una interpretación excesivamente amplia del límite de la confidencialidad, ya que impide acceder a «todos» los documentos relativos a la notificación de sucesos en la aviación civil y, además, de forma ilimitada en el tiempo, de manera que el derecho a la libertad de expresión e información se ve dificultado más allá de lo razonable. A efectos prácticos, estos documentos son considerados indebidamente como secretos oficiales, sin haber sido declarados expresamente como tales y sin límite temporal alguno.

jueves, 8 de febrero de 2024

Obras fuera de ordenación con propietarios fuera de la ley : el Supremo fija límites

"..nuestra doctrina jurisprudencial, que reafirmamos, ha precisado que en las edificaciones sometidas a dicho régimen no resultan posibles obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, ni siquiera, aunque vengan exigidas por las disposiciones aplicables a la actividad que en ellas se ejerza"

Por José R. Chaves. delaJusticia.es blog.- A veces se dan obras ilegales contra las que no se puede reaccionar por haber caducado las acciones para restablecer la situación anterior. Entonces, el propietario (sea el que hizo en su día las obras clandestinas o bien un adquirente de buena fe) desearía saber qué puede hacer en su propiedad, pues la siente como un islote en medio de edificaciones legales.

En otras ocasiones, el propietario que se ha “salvado por los pelos” de demoler la edificación, por el mero transcurso del tiempo con inactividad de la Administración, sigue “jugando peligrosamente” y continua ampliando la edificación sabiendo que pisa terreno ilegal. En este caso puede que no tenga tanta suerte y que la Administración desenfunde las acciones de restablecimiento de la legalidad. Entonces se plantea:¿Ha perdido los beneficios de la caducidad de la edificación ilegal original o solo puede reprochársele el exceso?

Esa es la cuestión abordada por la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2024 (rec.3642/2022), que razona la situación y posibilidades.

Primero explica que no puede tener igual trato lo ilegal que lo legal:

En principio, dado el origen antijurídico de las obras realizadas, y a salvo de lo que prevea el legislador autonómico, competente por razón de la materia, la situación jurídica de asimilado a fuera de ordenación no puede implicar el otorgamiento al propietario de una edificación que se halla en esta situación, de las mismas facultades de las que dispone un propietario de una edificación, en situación legítima de fuera de edificación, conforme a los criterios previstos en el artículo 60.1 TRLS 1976.

A continuación precisa que no se le prohíbe hacer menos pero tampoco se le autoriza a hacer más:

"En este sentido, nuestra doctrina jurisprudencial, que reafirmamos, ha precisado que en las edificaciones sometidas a dicho régimen no resultan posibles obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, ni siquiera, aunque vengan exigidas por las disposiciones aplicables a la actividad que en ellas se ejerza (  STS de 29 de abril de 2002, recurso de casación núm. 4065/1998  ). Únicamente resultará posible la realización de las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato, la conservación del inmueble, así como de aquellas obras imprescindibles para garantizar la seguridad de los usuarios del inmueble, por ejemplo, la ampliación de la anchura de la escalera de evacuación (  STS de 23 de marzo de 1999, recurso de casación núm. 1294/1993  ) o la mejora de los sistemas de protección contra incendios (  STS de 11 de diciembre de 1998, recurso de apelación núm. 8402/1992  )".

Por tanto concluye:

En consecuencia, los usos o actividades pretendidas en las edificaciones que se hallan en situación asimilable a fuera de ordenación, (1) además de la necesidad de que no se opongan a los permitidos por el planeamiento para la zona de que se trate, (2) se requiere que no precisen de la realización de obras que excedan de las estrictamente autorizables (pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato, la conservación del inmueble y las obras tendentes al mantenimiento de las condiciones de seguridad).

A continuación advierte que el paso del tiempo no convalida lo hecho, aunque la caducidad de las acción administrativa para restablecer la legalidad haya operado, pues:

Las obras así llevadas a cabo seguirán siendo ilegales por disconformes con la ordenación urbanística aplicable, sin que resulte admisible una sanación de la ilegalidad por el mero transcurso del tiempo.

Y aquí viene la doctrina casacional que sale al paso de un problema: ¿ si el propietario excede las obras permitidas fuera de ordenación, pierde la caducidad ganada y puede la Administración demolerlo todo?

La Sala niega que se pierda la caducidad ganada pues no ha renunciado el particular a ella, así que:

¡Resulta evidente que la conducta, reprobable jurídicamente, del propietario a la hora de realizar obras no autorizables sobre una edificación que se halla en situación asimilable a la de fuera de ordenación supone un claro incumplimiento del régimen jurídico al que se somete dicha edificación, lo que podrá implicar, en su caso, la iniciación de un procedimiento sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada por las nuevas obras realizadas. Pero de este hecho no puede deducirse una renuncia tácita a la facultad obtenida por prescripción ni, por tanto, una pérdida de la caducidad ganada por el transcurso del plazo para el ejercicio de la acción de restitución de la realidad física alterada, pues de su actuación no solo no se revela una voluntad de renunciar al beneficio de la facultad obtenida por prescripción, sino la contraria1.

Y fija doctrina casacional:

"La realización de obras que exceden de la mera conservación, ornato, seguridad o salubridad sobre edificaciones en situación asimilada a fuera de ordenación, por haber caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, no supone, de modo inexorable, la pérdida de la caducidad ganada"

miércoles, 7 de febrero de 2024

Opinión: La justicia se moderniza, la justicia rejuvenece

"La imagen que muchos tienen de la justicia, de montañas de papel y retrasos, será cosa del pasado"

 Revista de prensa. Cinco Días. Por Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia. La imagen mental que muchos ciudadanos tienen de la Administración de Justicia está asociada a montañas de papel y retrasos. Aunque la realidad de la justicia se aleja ya bastante de esa imagen, el Real Decreto Ley 6/2023, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, va más allá: supone un avance sin precedentes en la digitalización hacia un servicio moderno y accesible. La norma es heredera del proyecto de Ley de Eficiencia Digital, que cumplió todos los trámites de publicidad e informes. La apuesta del nuevo equipo del Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, ha permitido que el texto se publicase en el BOE un mes después de la toma de posesión del nuevo ministro.

Esta ley regula el uso de medios digitales, de forma obligatoria para las Administraciones públicas y las personas jurídicas. Para las personas físicas, se reconoce como un derecho, garantizándose expresamente y por primera vez una atención especial a las personas de mayor edad. 

Un paso de gigante en esta modernización de la justicia es la puesta en marcha de la Carpeta Justicia, espacio virtual donde los ciudadanos accederán de manera integrada a sus certificados, notificaciones judiciales, citaciones y procedimientos en toda España, a imagen de la conocida Carpeta Ciudadana.

También da respuesta a reivindicaciones de los profesionales, como la conciliación o el derecho a la desconexión digital. La posibilidad de realizar trámites telemáticos sin desplazamientos reforzará su competitividad, permitiéndoles trabajar en todo el territorio.

Las actuaciones telemáticas se regulan a fin de unificar criterios hoy muy dispares, aportando seguridad jurídica con plenas garantías procesales. El juez o jueza siempre estará en sede judicial y decidirá, como regla general, sobre la presencia física o telemática de los comparecientes, manteniéndose la publicidad de las vistas. La presencia digital se asegura con el uso de sistemas de identificación y autenticación, seguros y sencillos de utilizar, como Cl@ve PIN o certificado digital. También se definen espacios seguros desde los que poder comparecer telemáticamente con la asistencia de funcionarios. El ahorro en costes y tiempos de espera y desplazamientos será de una magnitud difícil de calibrar.

La nueva norma refuerza el papel del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, expresión de la cogobernanza en la Administración de Justicia. Gracias a ella, como destacó el ministro Bolaños en su comparecencia en el Congreso, estamos construyendo una justicia que responde a nuestro modelo de país, promoviendo la igualdad de los ciudadanos. El proyecto cuenta con una inversión de 410 millones de euros de los fondos de recuperación, destinados a proyectos país aprobados por la Conferencia Sectorial de Justicia. La completa interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión procesal, demanda histórica de la justicia, está a la vuelta de la esquina. Y se ha ampliado a todo el ecosistema digital del país.

Justicia también quiere liderar el uso de las tecnologías emergentes, como la robotización y la inteligencia artificial, considerando sus aspectos éticos y humanísticos, entendiéndolas siempre como herramientas de ayuda que nunca comprometan la independencia judicial.

En definitiva, esta norma es una enorme oportunidad para la justicia española, referente fuera de nuestras fronteras. Así lo recogen el primer informe de la UE sobre el estado de la Década Digital, el informe DESI o el ranking europeo de la justicia publicado por la Comisión. Y, sobre todo, estos cambios permitirán mejorar el servicio público, eliminar brechas, ampliar el acceso a la justicia, resolver de manera más eficiente los conflictos y avanzar hacia una justicia de los cuidados, donde los más desfavorecidos o necesitados sean los que más se beneficien de este pilar del Estado de derecho que es el servicio público de justicia. 

lunes, 5 de febrero de 2024

Sanidad se abre por primera vez a revelar el precio de medicamentos que Civio reclama desde 2019

Tras más de cinco años liderando una lucha desigual para que cualquiera pueda conocer esa información, los laboratorios pueden quedarse cada vez más solos en el lado de la opacidad.

Por Civio.- Llevamos muchos años peleando, también en los tribunales, para que el precio real que las administraciones pagan por los medicamentos sea público. Hoy, por fin, podemos contarte una buena noticia: el Ministerio de Sanidad promete que va a dejar de oponerse a esa transparencia. Y es que el precio real y las condiciones de financiación por nuevas terapias, que pueden llegar a alcanzar o superar el millón de euros por paciente, se negocian de forma opaca entre el Gobierno y la industria farmacéutica y son auténticos secretos de Estado. Tras más de cinco años liderando una lucha desigual para que cualquiera pueda conocer esa información, los laboratorios podrían quedarse cada vez más solos en el lado de la opacidad.

Como informa  eldiario.es, el Ministerio de Sanidad ha manifestado un cambio de postura y, por primera vez, se declara dispuesto a hacer público el coste real de dos medicamentos para el sistema público de salud. Se trata de Yescarta, un tratamiento de Gilead contra dos tipos de cáncer de la sangre (linfomas) cuyo coste Civio pugna por conocer desde 2019, y Veklury, un antiviral del mismo laboratorio que persigue la campaña No Es Sano. Pero estos no son los únicos frentes judiciales abiertos en los que, durante todos estos años, Sanidad se ha puesto del lado de las farmacéuticas: aquí puedes consultar todos nuestros juicios.

Fuentes del Ministerio han declarado a ese medio que “no podemos seguir dilatando el caso y que hay que dar pasos adelante en esta materia […] En cuanto se nos notifique que lo hagamos, enviaremos los datos pertinentes”, señalan. Desde Civio consideramos una buena noticia este cambio de postura, y estaremos muy atentos a los detalles (cómo, cuándo y qué se publica), más allá de esta promesa.

Que, por primera vez, el Gobierno no se ponga del lado de las farmacéuticas, sino del lado de quienes queremos que haya transparencia sobre cuánto se está pagando por medicamentos tan caros es un giro muy relevante. Pero pensamos que el ministerio debe revelar además las condiciones específicas de financiación de cada uno de los fármacos y retirarse del resto de procedimientos judiciales abiertos. Por ejemplo, el de Luxtura, en el que Civio se enfrenta a la oposición de Sanidad y Novartis.

Cinco años persiguiendo avances en transparencia

En Civio estamos convencidos de que, por este oscurantismo los países y sus sistemas públicos negocian a ciegas y peor con los laboratorios. Desde 2015 Civio ha sido pionero en arrojar luz sobre esto de dos formas: localizando contratos públicos de hospitales y administraciones donde se colaba el precio real de un fármaco, y usando la Ley del Medicamento y la Ley de Transparencia, llegando a juicio si hacía falta.

Cuando un fármaco va a ser financiado por el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad debe dictar una resolución detallando el coste real y las condiciones acordadas en secreto. Desde 2019 pedimos a Sanidad todas las resoluciones que ha emitido para costear tratamientos carísimos dentro de la sanidad pública. Así lo hicimos con las terapias CAR-T (Kymriah y Yescarta), destinadas a tratar distintos tipos de cáncer, cuyo precio tope supera los 300.000 euros. Luego repetimos con Luxturna, un fármaco contra la pérdida de visión, que presenta un coste máximo cercano a los 700.000 euros. Y después con Zolgensma, el tratamiento que sirve para una enfermedad neuromuscular degenerativa y cuyo precio máximo ronda los dos millones de euros por paciente. Muchas luchas durante muchos años con un mismo resultado, al menos hasta ahora: siempre hemos recibido un portazo como respuesta.

Nuestras victorias procesales

2020. La primera victoria fue convencer al Consejo de Transparencia (CTBG), con la ley en la mano. Gracias a los argumentos de Civio en el caso Yescarta (Gilead), este órgano cambia de criterio y acepta por primera vez que los costes de los medicamentos no deben ser opacos.

Julio de 2023. Caso Luxturna (Novartis). Primera sentencia en España, favorable a Civio, que avala que el precio y las condiciones de financiación de los medicamentos sean públicos.

Septiembre de 2023. Caso Zolgensma (Novartis). Se desestima el recurso de la farmacéutica en primera instancia. Segunda sentencia favorable a Civio nos ha dado la razón. El laboratorio lo ha recurrido.

Enero de 2024. Caso Yescarta (Gilead). Sentencia favorable a Civio que desestima el recurso de Sanidad. Gilead, en un procedimiento paralelo, se opone a que este precio sea público y ya ha recurrido.

Todos los documentos de nuestros juicios.

A la espera de cómo se materialice -si lo hace- este compromiso, desde Civio vamos a seguir adelante en todos estos procesos, cueste lo que cueste, llegando al Tribunal Supremo si hace falta, para conocer en detalle no sólo el precio, sino también las condiciones de financiación acordadas en secreto. Si cualquier empresa usase los mismos argumentos que las farmacéuticas para pedir confidencialidad sobre sus contratos con la administración, estaríamos abonando aún más el terreno a la corrupción.

Este giro llegaría después de años defendiendo que el interés de toda la ciudadanía debe primar sobre los intereses privados de los laboratorios. En este tiempo han jugado un papel clave nuestro abogado y patrono Javier de la Cueva y Ángela Bernardo, subdirectora de Civio, que lidera nuestras investigaciones y lobby pro-transparencia en sanidad.

El buen trabajo y la insistencia tienen recompensa, sí, pero sin el compromiso y la generosidad de nuestros más de 1.700 socios y socias no podríamos estar dando la batalla para que el interés general prevalezca sobre las negociaciones opacas y las cláusulas de confidencialidad que exigen los laboratorios, que han tenido la sartén por el mango durante años.

NO a la opacidad del coste real de los medicamentos para la sanidad pública

¿Imaginas que el coste de una obra pública, o de cualquier otro contrato del Estado, fuera secreto? Pues eso es lo que pasa con el coste real de algunos medicamentos para las arcas públicas.

Si tú también piensas que el interés público de la ciudadanía a saber cómo se gasta el dinero público prima sobre los intereses privados y comerciales de algunos laboratorios, apoya esta causa. Únete a más de 1.700 socias y socias que nos ayudan a proteger el futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud de negociaciones opacas y tratos secretos llevando nuestra lucha por la transparencia a los tribunales.

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