miércoles, 28 de septiembre de 2022

El Gobierno propondrá una subida de sueldo a los funcionarios del 3,5%

Hacienda convoca la mesa de negociación de la función pública donde negociará el incremento salarial y ofrecerá rebajar la jornada laboral a 35 horas en la Administración central

Revista de prensa.- ANTONIO MAQUEDAJESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ. El País.- El Gobierno ha convocado para este miércoles la mesa de negociación de la función pública con el fin de negociar la subida salarial de los empleados públicos que se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. En este encuentro el Ministerio de Hacienda propondrá una subida salarial del 3,5% para el próximo año, según varias fuentes sindicales al tanto de las conversaciones. La propuesta del ministerio no tendrá una aplicación directa y estará condicionada al cumplimiento de una serie de variables macroeconómicas, entre las que se encuentran el crecimiento económico o el nivel del IPC. La oferta gubernamental está abierta y sujeta a los cambios que puedan surgir durante la negociación, según advierten estas mismas fuentes. La idea de Hacienda es alcanzar un acuerdo a varios años para repartir el coste de la inflación.

Los sindicatos reclaman, además, que se compense la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante este año. La revalorización salarial de 2022 ha sido del 2%. Sin embargo, el índice de precios al consumo (IPC) subió en agosto un 10,5% interanual y las perspectivas son que la inflación media cierre el año en el entorno del 8,5%. Este será uno de los flecos importantes de la negociación. La inflación subyacente, que no recoge la subida de los precios energéticos procedente del exterior y que por tanto muchos economistas ponen como una referencia más realista, alcanza el 6,4% interanual en agosto. Para el año que viene, el consenso de analistas proyecta una inflación general promedio en el entorno del 4%.

Como parte del paquete para compensar la pérdida de poder adquisitivo, el Ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa varias posibilidades. Entre ellas abrir la mano con la jornada laboral de 35 horas. Esta podría extenderse a toda la Administración General del Estado y serviría para que el resto, sobre todo las comunidades, puedan seguir su estela allá donde no estén en vigor. La reunión de este miércoles tendrá lugar con los principales sindicatos representativos del funcionariado: CSIF, CC OO y UGT.

Un coste de 5.000 millones

Más de tres millones de empleados públicos se beneficiarán de esta iniciativa. Dado que en 2021 se desembolsaron 141.000 millones para pagar las nóminas de todas las Administraciones, el coste de la medida rondaría los 5.000 millones de euros solo por el 3,5% de revalorización, incluyendo al Estado central, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Esta partida se sumaría a los 15.000 millones que costaría subir la partida de pensiones con el IPC. El Ejecutivo argumenta que puede hacer frente a estos incrementos gracias a la buena marcha de los ingresos públicos, que en gran medida están espoleados por la inflación y que hasta julio subían en unos 22.000 millones a pesar de las rebajas de impuestos en la electricidad.

Con este acuerdo, el Gobierno pretende dar una señal al resto de la economía. El Ejecutivo, los sindicatos y el Banco de España han insistido desde hace tiempo en la necesidad de un pacto de rentas para contener el contagio de la inflación y repartir los costes de la crisis de precios. Se trataría de que a la vez se garantice una cierta recuperación del poder adquisitivo a varios años y una moderación en los márgenes empresariales. Máxime cuando gran parte de la inflación procede del exterior debido a unos costes de la energía disparados que han empobrecido al conjunto de la economía.

En el ámbito privado, los agentes sociales han sido incapaces de conseguir hasta ahora un acuerdo salarial a varios años. Por eso, el Ejecutivo considera que la propuesta que presenten a los empleados públicos debe ser un ejemplo para las empresas y representantes sindicales. De hecho, la cifra del 3,5% era la que se barajaba de subida para el año que viene en las conversaciones entre sindicatos y patronal. Las diferencias existían en las cláusulas de revisión para recobrar la capacidad adquisitiva a posteriori.

Refuerzo de la plantilla

El Gobierno trata de contentar a un colectivo numeroso cuando se adentra en un año marcado por las elecciones autonómicas y locales del próximo mayo y las legislativas de finales de 2023.

Además, debe afrontar el reto de renovar a unas plantillas cansadas y envejecidas tras el esfuerzo de la pandemia y años sin apenas renovación de plazas. Por este motivo, el Gobierno aprobó en verano una oferta de empleo público récord con 44.788 plazas para ministerios, justicia, policía y ejército.

El pasado fin de semana, el sindicato CSIF convocó una manifestación para reclamar mejoras salariales y de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. El presidente del sindicato, Miguel Borra, exigió al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año (en línea con la medida adoptada por Francia el pasado mes de julio) y un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra mermado desde 2010, que cifra en un 18%.

CC OO y UGT también plantean la necesidad de cerrar un acuerdo plurianual a tres años que permita mantener el poder adquisitivo al final del periodo. Y este incluiría revisar al alza el incremento del 2% para este año. Además, demandan mejoras en el acceso al empleo público y en la carrera, promoción y clasificación profesional. Así como un proceso más ambicioso de estabilización de las plantillas.

lunes, 26 de septiembre de 2022

El gran engaño universitario

La universidad pública necesita una reconversión, no entregarle más recursos para que siga repartiendo títulos inútiles

Revista de prensa. Por Benito Arruñada.  The Objetive.- Los españoles valoramos lo positivo de la libertad, pero nos cuesta entender que necesita el contrapeso de la responsabilidad. Por eso sufrimos dificultades al diseñar instituciones. Un defecto grave de la Transición reside en que mucha de su obra padece ese desequilibrio y carece, por tanto, de mecanismos eficaces para rendir cuentas. 

Es el caso de las comunidades autónomas, dotadas de poderes para legislar y gastar pero financiadas principalmente por el estado y, por ello, con escaso interés en usar bien los recursos. Es también el caso, agravado, de la universidad pública. La Constitución de 1978 la dotó de «autonomía», pero la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, promulgada por el primer Gobierno de Felipe González, consagró ese reconocimiento constitucional de muy mala manera. 

Sobre todo, porque impuso en las universidades un autogobierno colectivista, de modo que los órganos unipersonales, incluido el Rector, se eligen desde entonces mediante sufragio de los profesores, los estudiantes y el personal no docente. Pese a que el profesorado cuenta con mayoría, su división aumenta el poder de los demás estamentos, mucho más homogéneos a estos efectos. Además de surgir bloqueos, las universidades acaban controladas por los partidos políticos más activos en su ámbito, una consecuencia muy al gusto del legislador de 1983.

La reforma configuró así un monstruo organizativo, único a escala mundial: las universidades públicas ni compiten en el mercado ni forman parte de una jerarquía burocrática, como sí sucede con los hospitales públicos. Como consecuencia, padecen un notable déficit de responsabilidad. 

La competencia está restringida porque se sustraen a las universidades y centros muchas decisiones relativas a su organización (e.g., planes de estudio) y, sobre todo, a su escala y al producto docente (tipo y número de centros, grados y grupos) así como a la selección de alumnos; amén de que la compensación de individuos y órganos está poco relacionada con su rendimiento. Un indicio de esta falta de competencia es el poder de la Conferencia de Rectores (la famosa CRUE), un baluarte inmovilista contra el que han chocado las reformas de ministros tan diversos como los señores Wert y Castells. Ambos fracasaron en sus intentos de introducir reformas que eran más bien tímidas: el primero, los grados de tres años; el segundo, el nombramiento de rectores por comités ad hoc. De hecho, dentro del sistema público, la competencia sólo aparece en la elección de universidad y carrera por los alumnos.

Cada comunidad financia a sus universidades sin contar con herramientas para controlarlas

Por otra parte, en cuanto a la organización, las comunidades autónomas cuentan con pocos instrumentos para condicionar a sus universidades. Cierto que las financian y que toman, en teoría, muchas de las decisiones que acabo de referir (como las de autorizar centros, grados, escala, etc.). Pero su poder está restringido porque disponen de poca información sobre cómo se usan los recursos, una asimetría informativa agravada por el hecho de que muchos votantes también ignoran el escaso valor de la educación universitaria que reciben sus hijos. En 2022, la situación es aún similar a la de los hospitales públicos 40 años atrás: la mayoría de las universidades hasta carece de contabilidad interna. En esas condiciones, lejos de aplicar un método presupuestario inspirado mínimamente en la asignación con «base cero», la mayor parte de los recursos se fija de antemano como «financiación estructural», con base en la deriva histórica y sin apenas relación con el valor social. Garantiza este statu quo el que los responsables universitarios puedan utilizar a los estudiantes como fuerza de choque en la batalla presupuestaria, ante el pánico que mucho político siente ante las huelgas universitarias.  

En consecuencia, cada comunidad financia a sus universidades sin contar con herramientas para controlarlas. Todo el sistema universitario público sufre así un notable déficit de responsabilidad, al carecer de mecanismos eficaces de rendición de cuentas y tener asegurada la mayor parte de la financiación, al menos la parte relativa a las retribuciones del personal. 

Expansión, capilaridad y endogamia

Dado este deficiente control, no es extraño que, desde los años 1980, autonomías y universidades hayan usado sus márgenes de libertad en beneficio propio, originando disfunciones sistemáticas. Por un lado, ya desde antes de la LRU, se produjo una expansión muy rápida del número de universidades y, sobre todo, del de campus, determinada por el imperativo político de acercar los centros a los usuarios y abaratar el coste residencial de los estudiantes. Como consecuencia, se pierden economías de escala y densidad; y, probablemente, también padece la madurez personal: en 2010, el 70% de nuestros universitarios aún vivía con sus padres, por un 10% de los suecos o un 32% de los franceses.

A esta demanda de un campus en cada campo, se une el interés del profesorado en ampliar y especializar la oferta de titulaciones en un contexto en el que las decisiones de contratación y promoción son poco competitivas. Durante décadas, esas decisiones han sido tomadas de forma endogámica y con dosis no triviales de nepotismo, de modo que cada universidad nombra y promociona a su propio profesorado. Da idea de esta nociva endogamia el que en el curso 2019-2020, un 73,3 % del profesorado de las universidades públicas trabajase en la misma universidad en la que había leído su tesis. Sorprende así menos que sólo el 48,3 % del personal docente tenga «sexenios óptimos», la medida oficial de calidad de la investigación, un dato este último que apunta a que más de la mitad del profesorado apenas investiga.

Da idea de esta nociva endogamia el que en el curso 2019-2020, un 73,3 % del profesorado de las universidades públicas trabajase en la misma universidad en la que había leído su tesis

El resultado de ambos factores de demanda y oferta es que hoy disponemos de decenas de centros y titulaciones pequeñas y con escasa demanda, una situación disimulada por el radical procedimiento de rebajar el nivel de exigencia de las pruebas de selectividad, eliminando en la práctica todo filtro de entrada. El porcentaje de aprobados de la selectividad, que apenas excedía el 70% en los primeros años 1990 se ha situado treinta años más tarde en el 96%. Como consecuencia, la formación media con la que entran los estudiantes tiene que haber disminuido notablemente, tanto por el efecto directo de que aprueban más estudiantes como por el indirecto de que tienden a presentarse a las pruebas estudiantes que en otro caso hubieran desistido, y ello incluso sin considerar la probable degradación de las propias pruebas. 

En paralelo a este deterioro de la calidad de entrada, se han diluido los estándares de exigencia mediante numerosos cambios en las reglas de funcionamiento, relativas al derecho del estudiante a no asistir a clase, la desaparición de los cursos selectivos, la ampliación del número de convocatorias, los regímenes sesgados de revisión de exámenes, la multiplicación de los regímenes excepcionales de evaluación, aplicados, por ejemplo, a deportistas «de élite», los aprobados en comités ad hoc «por compensación» de otras asignaturas, etc. 

La consecuencia es observable en que el cociente entre el número de titulados y el de matriculados (referido a menudo como «tasa de éxito») casi se ha duplicado en los últimos 35 años, pasando del 10,84% en el curso 1985-1986 al 19,03% en 2020-2021. Los estudiantes no sólo entran menos preparados sino que también se les exigen menos conocimientos para obtener la titulación; un derrumbe en la preparación de los graduados que es queja reiterada de muchos mandos intermedios, lo mismo que sus dificultades para encontrar personal competente. (No hagan en esto gran caso a los departamentos de recursos humanos, que no gustan de descalificar… sus propias decisiones de contratación).

Esta masificación y degradación de los estándares ha conformado el mito de que el país dispone de las «generaciones más preparadas», cuando, en realidad, la relajación de los estándares de exigencia podría estar conduciendo a que sean sólo las «generaciones más tituladas»

Como excusa propagandística y autocomplaciente, esta masificación y degradación de los estándares ha conformado el mito de que el país dispone de las «generaciones más preparadas», cuando, en realidad, la relajación de los estándares de exigencia podría estar conduciendo a que sean sólo las «generaciones más tituladas» y, en esa medida, también las más engañadas y quizá, como consecuencia, las más proclives a la frustración y al desengaño.

Tenemos, en definitiva, una universidad dotada de gran autonomía en la asignación interna de recursos y que en buena medida ha venido comportándose en beneficio de sí misma. Veamos a continuación cómo sus mediocres resultados son también observables en unos indicadores internacionales que reflejan la escasa efectividad de nuestra formación universitaria; y en unos indicios que apuntan a que, dentro de las universidades, los recursos se asignan sin prestar atención a la demanda y, por tanto, al valor social de su utilización en usos alternativos.

Una formación de valor discutible y muy desigual

En cuanto a los indicadores internacionales, no sólo el paso por nuestras universidades aporta menos valor, medido por su efecto en los ingresos de los graduados universitarios. El panorama en cuanto a las competencias de los graduados es desolador: según un estudio de la OECD, en promedio, las competencias verbales y numéricas del graduado universitario español son similares a las de un neerlandés con educación secundaria. 

Por supuesto que se trata de cifras promedio y que esa diferencia de promedios no excluye que haya graduados españoles con buena formación, pero sí apunta, como otros indicios, a que una gran parte de nuestra actividad y producción universitaria presenta estándares muy bajos, un fenómeno que se manifiesta no sólo entre estudiantes sino también entre centros y titulaciones, y no sólo en cuanto a la formación sino a otros atributos, como la empleabilidad de los graduados e incluso la ocupación de las titulaciones. 

Respecto a la empleabilidad, destaca, por un lado, que si bien la formación universitaria aumenta la probabilidad de empleo, la tasa de desempleo de los graduados españoles (el 10,2% en 2020) es más del doble del 4,86% promedio de la Unión Europea. Por otro lado, confirmando la heterogeneidad del sistema universitario, las diferencias de empleabilidad entre titulaciones son enormes. Cuatro años después de haber terminado la carrera, están afiliados a la Seguridad Social el 98 % de los ingenieros de computadores; pero sólo el 65% de los graduados en Derecho y el 53% de los graduados en Literatura, y gran parte de ambos en puestos que no se corresponden con su nivel de titulación. 

Una distribución trasnochada de los recursos

La desigualdad también es notable en cuanto al uso de los recursos. Si tenemos en cuenta que la «nota de corte» de la selectividad funciona como una valoración implícita de los servicios docentes universitarios, es revelador que un 22,70 % de las titulaciones de grado tenga una nota de corte de cinco puntos sobre un máximo de catorce. La ocupación inicial (el porcentaje de plazas que llega a cubrirse) es tan sólo de un 73,82 % para esas titulaciones con nota de corte de cinco puntos y del 83,17 % para las de seis puntos, mientras que es prácticamente del cien por cien para las superiores a nueve puntos. Además, para los cinco tramos con menor nota de corte, la calidad media del alumnado es similar (la diferencia total en la nota media de admisión es de sólo 1,20 puntos entre los cinco tramos de cinco a nueve); y las bajas tasas de «rendimiento» (entendido como el cociente entre los créditos aprobados y matriculados) de algunos de esos tramos también indican que buena parte de los admitidos quizá no debería haber accedido a estudios universitarios.

En todo caso, pese a estos bajos estándares de entrada, una parte sustancial de la oferta docente queda sin cubrir. En 2021-2022, la tasa de ocupación a escala nacional fue del 99% en Ciencias de la salud pero sólo del 84,5% en Artes y humanidades. La ocupación en la Universidad de Extremadura fue del 71,8%. La media de todas las universidades sigue descendiendo paulatinamente: era del 92,3% en el curso 2013-214 (MU, 2015, 19) y del 91,7% en 2021-2022 (MU, 2022, 34). Este descenso es una señal muy negativa porque, me temo, que está maquillado con unos estándares bajos y decrecientes, tanto en lo relativo a la entrada como a la permanencia.

Si es así, estas acusadas diferencias de ocupación entre universidades, centros y titulaciones deberían dar lugar a una reasignación de la oferta y, consiguientemente, de los recursos para aumentar la oferta de aquellas áreas con mayor demanda y mayor valor social; a la vez, que se reducen la oferta y los recursos de las áreas menos valiosas socialmente. Sin embargo, la continuidad de las diferencias en el tiempo sugiere que esta reasignación de recursos no está teniendo lugar, al menos en el ámbito de las universidades públicas. 

Por el contrario, en vez de reducir capacidad ociosa, las universidades toleran una menor tasa de ocupación y adoptan políticas artificiosas de oferta para encubrirla. Además de reducir los estándares para aumentar su demanda, cabe también interpretar en esta línea la especialización artificial y demasiado temprana de los grados, así como su rechazo a los grados de tres años. 

Un proyecto de ley retrógrado 

En esta situación de las universidades públicas, el Gobierno ha remitido a las Cortes un Proyecto de ley que, más que continuista, pretende aumentar sus recursos (como comenté aquí mismo hace unas semanas) y reforzar algunas de sus peores características.  

Múltiples análisis de la universidad pública coinciden en la necesidad de reformar su régimen de gobierno en línea con que lo que se ha ido haciendo en toda Europa. Recomiendan que cada universidad esté dotada con un órgano de gobierno formado por personas externas e independientes que se encargue de elegir al rector por concurso de méritos. Una vez nombrado, el rector nombraría, a su vez, cargos individuales dotados con poder de decisión, mientras que, en cambio, la competencia de los órganos colegiados se limitaría a las materias estrictamente académicas. 

En lugar de seguir esta ruta, el actual proyecto de ley incluso eliminó la opción contemplada por el anteproyecto del anterior ministro de que los estatutos de cada universidad pudieran establecer un tímido sistema alternativo para elegir rector por concurso abierto, pero a decidir por un órgano en el que contaría con un 70% de votos los representantes de la propia universidad. El proyecto de ley hasta articula la rendición de cuentas de forma que asigna su configuración a las propias universidades obligadas a rendirlas. En concreto, establece que «[l]as universidades, en el ejercicio de su autonomía, deberán establecer mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión». 

Por otra parte, el proyecto pretende eliminar la temporalidad de la contratación y facilitar el acceso del profesorado temporal a la función pública, unas medidas con efectos discutibles y que conllevan un sustancial incremento presupuestario. De entrada, en las actuales circunstancias de nuestro sector público, es dudoso si lo que procede, desde el punto de vista de la equidad y el interés público, es «estabilizar» a los contratados temporales o, más bien, procedería reducir la extraordinaria estabilidad de los funcionarios. Sin embargo, en vez de analizar los efectos de estos cambios y cuantificar su importe, la memoria económica del proyecto de ley los despacha reiterando la ambigua muletilla de que tienen «un impacto económico positivo», dando incluso por supuesto un dudoso efecto positivo que la funcionarización ejercería en la productividad, y desatendiendo, sin embargo, el más seguro incremento que implica en términos de gasto público. 

Reconversión para un mayor valor social

El fracaso de los intentos previos de reforma universitaria, que han quedado paralizados sin introducir más que cambios mínimos, conduce a pensar que cualquier reforma en profundidad es inviable si no va precedida de un cambio en las estructuras de gobierno, para que éstas no actúen como grupo organizado de interés en contra de la reforma y acaben bloqueándola. 

Una vez realizado ese cambio en el gobierno universitario, sería el momento de abordar una reestructuración sustancial, reasignando los recursos hacia los usos socialmente más valiosos, corrigiendo las deficiencias y desigualdades observadas en cuanto a manipulación de estándares, empleabilidad de los graduados, pruebas de selectividad y ocupación de titulaciones y universidades. Se trataría de una reconversión similar, al menos en cuanto a su profundidad, a las que sufrieron en el pasado el acero o la construcción naval, y que debería incluir la reestructuración e incluso el cierre o fusión de algunas universidades y, sobre todo, de titulaciones, centros y departamentos.

Claro está que, por un corto tiempo, todos los implicados, desde profesores a contribuyentes y estudiantes, también podemos seguir autoengañándonos.

domingo, 25 de septiembre de 2022

Los funcionarios preparan su primera gran protesta contra el Gobierno de Sánchez: "Nos lleva a la quiebra"

Miguel Borra, presidente de CSIF, exige una mejora salarial para los trabajadores públicos y denuncia que el Ejecutivo se niega a negociar.

Relacionado. EP. Hacienda convoca a sindicatos para iniciar la negociación de los sueldos en las administraciones públicas

Revista de prensa. DANIEL VIAÑA. El Mundo.- «Hay que protestarle a este Gobierno, que es el que con sus políticas nos está llevando a la quiebra social y económica en la que está España. Y sus políticas son también las que han hecho que España tenga una inflación superior a la de otros muchos países». Miguel Borra (Zaragoza, 1968) es el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato con una muy importante presencia en el sector público y creciente también en el ámbito privado, y que mañana (sábado 24 de septiembre) ha convocado una gran manifestación en Madrid contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esperan congregar a «decenas de miles de personas», y ser un «canal legítimo y democrático» para que empleados públicos y también del sector privado protesten. Pero sin duda, uno de sus principales objetivos es conseguir subidas salariales para los funcionarios, petición que no deja de ser impopular en un momento tan complejo como el actual y en el que se exige un pacto de rentas para que la inflación no se desboque todavía más.

«¿Lo único que no puede subir son los salarios de los trabajadores? Ha llegado el momento de decirle a este Gobierno 'basta'. Los empleados públicos llevamos colaborando 12 años en el pacto de rentas. La primera y única vez que nos bajaron el sueldo fue durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Nos quitó entre el 5% y el 10%, y desde entonces llevamos acumulada una pérdida de poder del 20%. Una médico, por ejemplo, ha perdido el poder adquisitivo equivalente a trabajar gratis 18 meses en la última década», explica Borra en conversación con EL MUNDO.

Desde el sindicato denuncian, además, que el Gobierno hasta el momento se había negado totalmente a negociar con los representantes sindicales de los funcionarios, y que sólo tras la convocatoria de la manifestación han recibido la llamada del Ejecutivo. «El Ministerio de Hacienda y Función Pública nos acaba de convocar para iniciar la negociación de los sueldos en las Administraciones Públicas en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado. La primera reunión será el próximo miércoles», explicaban ayer a última hora de la tarde fuentes del CSIF, que inciden en que la llamada es el «fruto de la presión sindical y de la manifestación que tenemos convocada para este sábado».

Será la primera vez en la que tengan la ocasión de conocer a María Jesús Montero porque, como prosigue Borra, todavía no se han reunido con la actual ministra, que llegó al cargo en julio del pasado año en sustitución de Miquel Iceta. «Nunca ha habido negociación salarial con este Ejecutivo», profundiza.

sábado, 24 de septiembre de 2022

Si la transformación digital de las AAPP fueran canciones verano

Entender el riesgo de que sean las modas las que dicten las iniciativas que se emprenden

Por Sergio Jiménez.- Aunque ya casi ni os acordéis, hace unas semanas era verano y estábamos de vacaciones… al menos bastantes. Las vacaciones y el verano tienen cosas muy buenas a disfrutar, aunque las cosas van por barrios: hay quien adora estar con la familia y hay quien la odia, hay gente de playa y gente de montaña, incluso hay quienes deciden no gastar las vacaciones y quedarse en las ciudades casi desiertas. Sin embargo, hay un consenso casi unánime respecto a una plaga del verano. No hablo de las medusas, ni de la salmonela, ni de la programación televisiva (sea lo que fuera eso), sino de la canción del verano. Esos temillas pegadizos, bailables y generalmente tontorrones que se repiten una y otra y otra y otra vez nos machacan de manera redundante forman parte de nuestra vida. Y sin embargo, lo repetimos año tras año (jroña que jroña, decían en el anuncio) como si no fuera bastante una pandemia y una guerra para acabar con monstruosidades adicionales.

Las canciones del verano no dejan de ser la mezcla de una industria metiendo en agenda productos esperando que tengan un buen éxito que les dé ingresos. Sin embargo, en vez de buscar temas buenos (que para que negarlo, el talento no siempre aparece) u originales, van a lo seguro, conseguir lo facilón que se pegue a las cabecitas del público. También es verdad que el público entra en el juego, a veces por gusto (os juro que tenía un amigo que coleccionaba los Caribe Mix, pero no de manera irónica, sino de verdad) y otras porque pasa como cuando comes demasiados churros: solo te das cuenta de lo que te pesa cuando pasa un rato.

Así que he pensado ¿por qué no hablar de cómo abordamos la transformación digital como si los proyectos fueran canciones del verano? Suena raro, pero creedme, al final quedará claro. Aviso, puede ser que se os pegue algo y estéis todo el día tarareando.

La canción del verano olvidable

La canción del verano olvidable es una categoría asignable a casi todas las canciones. Son esas canciones que llegan, te machacan todo el verano, se la sabe hasta tu ascendencia dos o tres generaciones (tu abuela te la puede tararear), y cuando llega septiembre, se te olvida. Es algo así como Yo quiero bailar de Sonia y Selena (baila, baila, bailando va). Esto incluye canciones graciosas (Déjame que te acaricie el Chou Chou, o Vaya vaya, aquí no hay playa).

Este es el caso de muchos proyectos digitales que entran en un fervor loquísimo, y de repente, se quedan estacionados porque pasa la moda o la urgencia legislativa que lo impulsaba. Aquí entran, por ejemplo, las apps, o no pocos proyectos de internet de las cosas. Entra la moda, arrasa y las ves hasta en la sopa. Luego pasan unos años y si te he visto no me acuerdo.

La canción del verano profesionalizada

Otro caso es el de la canción del verano hecha por quien se ha profesionalizado en la canción del verano. Verano tras verano esta persona vuelve con sus canciones que no son las mismas, pero que se parecen entre ellas una barbaridad. El caso es que, por un lado, las canciones son pegadizas. Por el otro, como le has visto toda la vida, acabas cogiéndole cariño y apreciando su arte. No hace falta que os diga que hablo de Georgie Dann.

Para mí, el Georgie Dann de la administración electrónica son las sedes electrónicas. En realidad, nadie les ha pillado el puntillo, ni le gustan especialmente, ni están muy bien, pero entre el tiempo que llevan con nosotros y la insistencia en el modelo, al final uno se sentiría tan perdido entrando a un ayuntamiento sin un botón de sede, como un verano sin oír La barbacoa.

La canción del verano que realmente quieres olvidar

Hay canciones del verano que te provocan un odio profundo. ¿Por qué? pues es una mezcla entre que son un horror (o te lo parecen), que se repiten una y otra vez y que, por ello, los medios la meten en el círculo informativo. Entonces tienes la canción cuando la oyes en la calle, te la ponen en la radio, la ponen en tik tok y en el telediario te cuentan el fenómeno que es (porque se han enterado en tik tok). Este es el caso de Luis Fonsi y despacito.

Para mi este es el caso de las plataformas de contratación. Las tienes hasta en la sopa, no son ni buenas y todo el mundo habla de ellas (aquí soy un poco culpable, para que negarlo). Uno piensa que el mundo sería un poco mejor sin ellas, pero oye, parece que es un fenómeno inevitable de la humanidad, así que al menos, que saquen una versión unplugged que no sea horrible

La canción del verano moderna

La canción del verano moderna es una canción que no responde a los cánones habituales de canción del verano y que suele ser de alguien rompedor y muy de moda. Como es alguien de reconocido prestigio, visibilidad y muy distinto (y hasta te puede gustar), pero siempre tendrás la duda de si a toda esa gente le gusta de verdad o le gusta porque cualquiera se atreve a decir que no le gusta sin riesgo a quedar como una antigualla. En este caso estoy pensando en algo como Despechá, de Rosalía.

La canción del verano moderna son los proyectos tipo blockchain, IA, Smart Cities, IoT, etc, etc, etc. Como decía no es necesariamente mala, pero siempre te queda la duda de si muchos de los que corren a abrazarla (y a ponerla en su tono de móvil si esto fueran los 2000) lo hacen porque les gusta o porque es mejor parecer moderno que parecer no moderno.

La canción del verano que no era una canción del verano pero salió en verano

Hay canciones del verano que asociaremos más o menos a verano, pero que realmente no lo son, simplemente, como a Jessica Rabbit, las han pintado así. En este caso la canción ha tenido la suerte (o la desgracia) de pillar el verano, ha tenido éxito y entonces no sabes si es canción del verano o una canción buena. Es el caso, por ejemplo, de What’s up de Four Non Blondes.

En el caso de la Administración Pública pondría aquí el software de virtualización de equipos de trabajo, sobre todo a raíz de la pandemia. ¿Es una canción del verano, o es una gran canción que se puso de moda en verano? Supongo que lo sabremos con el paso de los años.

Las canciones del verano extraordinarias

Hay canciones del verano que son la leche, así como os lo digo, la leche. Desde la versión de Little Less Conversations de Elvis hecha por Junkie XL, a Good Vibrations, Surfin’ USA de los Beach Boys o Maria de Blondie no es que sean canciones del verano buenas, es que son historia de la música.

Una canción del verano no tiene por qué ser mala por ser una canción del verano. O mejor dicho, que algo sea popular, fácil, y muy acogido por industria, AAPP y ciudadanía, no tiene por qué ser malo. No se trata de que digamos “a mi me gustaba más la gestión por SMS antes de que fuera mainstream”, sino de apreciar cosas que se hacen bien y nos facilitan la vida. Cosas como la carpeta ciudadana que acaba de sacar la AGE es un ejemplo claro.

Pero, ¿qué tienen de malo las canciones del verano?

La verdad es que, más allá de que gusten más o menos, las canciones del verano no tienen nada malo como obras en sí misma. Vale que no sean especialmente originales, ni muy complejas, pero el problema no es tanto de la canción, como de la repetición y la reiteración sin sentido que hace que suene en todos los momentos (incluso los más inoportunos) y que nos hartemos de ellas. El problema está en que al final, si solo eliges canciones porque son fáciles y pegadizas y no porque te gusten, acabas teniendo una selección musical muy poco memorable.

Con los proyectos digitales pasa lo mismo: no se trata de elegir lo que más oigas, repitan, o parezca más atractivo o milagroso, sino lo que tenga sentido usar. Si no, al final, puedes acabar con mucha canción mediocre, alguna repetida, cosas que no entiendes y solo tendrás algún proyecto realmente bueno por chiripa. Haz la lista de proyectos tecnológicos que más te guste, pero que sea la tuya y no la que te pongan más veces.

viernes, 23 de septiembre de 2022

Consideraciones supremas poniendo coto al poderío de la Agencia Tributaria

 Por JR Chaves. delaJusticia.com blog.-  Corren tiempos en que la sensación de debilidad del ciudadano ante el poder público se incrementa. Paradójicamente, muchos piensan que lo de “ciudadano” o “persona” es muy digno, pero “como administrados vivíamos mejor”.

Por eso resulta muy saludable tropezarse con alguna sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo que planta cara a la administración tributaria y que pone coto a las prerrogativas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, paradigma de administración independiente («la más grande en independencia«, en términos folklóricos), aunque a la vista de su singular Estatuto le queda grande lo de “Administración” y le queda corto lo de “independiente”.   

Como recordé en mi penúltima obra (“Derecho Administrativo Vivo, Bosch 2021), un magistrado del Tribunal Supremo en la década de los noventa, aprovechó su voto particular frente a la sentencia mayoritaria que avalaba el traje legal “a la medida del poder recaudatorio”, para bautizar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria como auténtico “Guantánamo tributario” … por la falta de garantías.

Ahora nos ocuparemos de la cornada asestada por la reciente sentencia de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2022 (rec.3311/2020), cuyo interés no lo es tanto el caso singular (la posible extemporaneidad de un recurso de la administración tributaria frente a una resolución de un Tribunal económico-administrativa), como el talante y principios aplicados con solvente firmeza.

 El problema es pintoresco porque hace reverdecer la cuestión clásica de la personalidad jurídica única y de sus órganos, ya que la Agencia Tributaria se escudaba en que el plazo para recurrir debía contarse desde que se notificaba a un órgano concreto (Director del departamento de Inspección Financiera) y no cuando lo conocía otro órgano de la propia Agencia Tributaria, la ORT.

La Sala tercera parte de una sentencia suya anterior en que advertía:

"El principio de buena administración inferido de los artículos 9.3 y 103 de la Constitución, a efectos de verificar que el recurso de alzada ordinario se ha interpuesto dentro de plazo, exige que exista en el expediente administrativo constancia documental o informática de la fecha de la notificación de la resolución a los llamados órganos legitimados para interponerlo, aunque ello únicamente rige en el caso de que no haya un conocimiento previo acreditado, por otros órganos de la misma Administración, del acto revisorio que se pretende impugnar, en cuyo caso es indiferente el momento posterior en que tal resolución llegue a conocimiento interno del órgano que debe interponer el recurso, que puede ser ya tardío en caso de haberse superado el plazo máximo de interposición, a contar desde aquel conocimiento”.

Nótese que el Tribunal Supremo arroja primero el as de oros, pues invoca el principio de buena administración, y luego expone las consecuencias de la personalidad jurídica única, aunque no lo explicita didácticamente, pues seguramente le da rubor jurídico tener que recordar al abogado del Estado que todos los órganos de la Administración “son Administración”, o sea, que no existen Administraciones siamesas, en que cada departamento u órgano tiene personalidad propia, sino Administraciones unitarias y sus departamentos y órganos son meros “tentáculos” de la misma. Por eso la sentencia considera que una Administración conoce un acto si se prueba que llegó a cualquiera de sus órganos.

La Sala Tercera se escandaliza porque la Agencia Tributaria pretendía escudarse en que si un órgano de la Agencia Tributaria, la ORT, la Oficina de Relación con los Tribunales, recibía un escrito, no podía negarse que lo conociese la entidad a que pertenece; la sentencia incorpora una clara y brillante argumentación que explica la perversión de que una Administración pretenda ignorar lo que conocen sus órganos:

La entrada en la ORT había tenido lugar, previamente, el 2 de diciembre de 2014, lo que resulta indubitado y no ha sido contradicho. Las siglas ORT significan Oficina de Relación con los Tribunales y, por lo tanto, no puede ser inocuo ni irrelevante, sin faltar a las más elementales exigencias de la buena fe, suponer que la entrada de la comunicación en esa oficina -que se inserta también dentro de la AEAT, con una función y finalidad específica de relaciones con los Tribunales- tuviera lugar en esa fecha, con efectos para toda la Agencia, que es la persona jurídica, anterior incluso a la del acuerdo antes mencionado, por el que se ordena la ejecución. Negar conocimiento de lo que ya conoce la citada ORT constituye una infracción clamorosa e incomprensible del principio de buena administración y, en conexión con él, del de buena fe, incluso del de eficacia administrativa ( art. 103 CE).

Aceptar lo contrario sería tanto como reivindicar una especie de derecho o excusa de un órgano administrativo para ocultar información a los demás de la misma organización, escamoteando lo que en él se conoce, así como el derecho de cualquier órgano, incluso directivo, de la misma Administración -que sirve, dice la Constitución, esto es, debe servir, los intereses generales, según el artículo 103 CE- de pretextar el desconocimiento de una resolución, solo porque no ha llegado en concreto a un órgano determinado dentro de esa organización, dotada, es de decir una vez más, de personalidad jurídica única”.

Por si fuera poco, dado que el litigio versa sobre una Administración independiente (Agencia Tributaria) que pretendía impugnar un acuerdo de un órgano administrativo de control tributario como es el Tribunal Económico-Administrativo, se añade una espléndida soflama contra la prepotencia de las Administraciones:

"En todo caso, resulta fundamental la idea de que esta posibilidad de recursos de alzada impropios -porque los promueve la propia Administración ante un órgano de la Administración- entraña, como hemos señalado de forma constante y reiterada, aun con evidente reconocimiento legal, un privilegio de la Administración que afecta de lleno a los derechos de los ciudadanos (a los que se priva del carácter favorable para ellos de la cosa juzgada administrativa, en su favor, creada en la resolución del TEAR estimatoria, enervando su validez y eficacia mediante una especie de autorrecurso). Como prerrogativa irritante y descompensada que es, en la medida en que, además, pospone, incluso neutraliza, el acceso a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, ha de ser vista con cierta cautela, incluso con recelo, a fin de evitar que la Administración, en el seno de una concesión legal exorbitante y privilegiada -la de corregir sin atenerse a las rigurosas reglas de la revisión de oficio el criterio que no le agrada de los órganos revisores propiamente administrativos, integrados en la propia Administración recurrente-, elija además a placer la fecha que le convenga bien para aparentar una notificación de la que no hay constancia directa, solo con indicar la que bien le encaje a posteriori con el plazo legal"

 Y concluye:

 "A tal respecto, si unos órganos no se ponen en contacto con otros y omiten la necesaria comunicación de lo que por razón de su cargo conocen, tal proceder negligente entraña una grave patología indebida del funcionamiento desde la perspectiva del principio de buena administración -y la buena fe- del que no puede obtener la Administración ventaja alguna, conforme al aforismo de que nadie se puede beneficiar de sus propias torpezas (allegans turpitudinem propriam non valet).

De postre, un varapalo para que las administraciones que quieran oír, oigan:

"Estamos, en suma, ante un recurso (de alzada, dice la ley) ordinario que, además, incorpora un privilegio de la Administración de necesaria interpretación restrictiva, por lo que no se puede poner en tela de juicio la idea capital aquí de que el conocimiento de la ORT o, previamente, el de la Delegación de Hacienda, hace presumir sin posibilidad de prueba en contrario el de cualquier órgano de la misma administración pública, que no puede así ampararse en la ignorancia o desconocimiento del acto que se trata de recurrir sin quebrantar las más elementales exigencias de la buena fe, con el fin de prolongar los plazos, incluso de rehabilitarlos una vez consumidos"

Quede aquí esta importante sentencia como ejemplo de sentido común con gotas de equidad, sobre dogmática clara.

sábado, 17 de septiembre de 2022

Ni limitar los litros ni cortar el agua: cambiar las tuberías públicas es lo que más ahorra

Mientras la atención se centra en el bajo nivel de los embalses y pantanos, las redes de abastecimiento pierden más de 1,7 millones de m3 de agua al día por fugas y averías. España pierde el 25% del agua que consume por la falta de inversión en infraestructuras

Revista de prensa.- Por Leire Rueda. El Confidencial.- La escasez de agua ha sido uno de los temas del verano. Desde Galicia hasta Málaga, pasando por Andalucía o Cataluña, entre otras regiones, muchos municipios incluso han aplicado restricciones de consumo o han cerrado las duchas de la playa para ahorrar. Pero, mientras que desde las instituciones se pide a la población que haga un consumo responsable, las redes públicas de suministro están dejando escapar agua sin control.

Ya se habla de este líquido tan cotidiano como el oro del futuro. Es un recurso cada vez más limitado y esa idea ha terminado de calar con la sequía, que ya no es exlusiva de los países del sur, sino que está llegando a gran parte del territorio europeo, donde el bajo nivel de los embalses, sumado al aumento de las temperaturas, ha despertado las alarmas. Para reducir el déficit hídrico, se han ido implantando medidas que lo hagan frente, y evitar que las infraestructuras pierdan agua es una de las estrategias destacadas en la agenda europea.

En España, según la estadística sobre el suministro y saneamiento del agua del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 25% del agua urbana que distribuyeron las empresas de suministro a las redes de abastecimiento en 2020 no llegó a los usuarios. Esa cantidad que se pierde de media puede ser mayor según el caso. Baste citar el ejemplo de Jaén, desde donde el concejal de Contratación, Control Servicios Públicos y Proyectos Municipales, Francisco Lechuga, aseguraba el mes pasado al diario 'Ideal' que la reparación de tres fugas subterráneas en el Estadio de Victoria les permitirá reducir a la mitad el consumo de agua del establecimiento.

Una parte de esa cantidad malgastada es aparente, causada por la imprecisión de los contadores, consumos autorizados, pero no medidos o, en última instancia, fraudes. Con todo, más de la mitad del total de pérdidas que se cuantifican, un 60%, representa un volumen real de agua. La razón de que no llegue al final del trayecto está en las fugas, averías y roturas de las redes públicas que transportan el agua. 

Así, en España se perdieron más de 650 millones de m3 de agua en 2020: 1,7 millones de m3 al día. Esa cantidad sería suficiente para llenar anualmente el embalse Antevelo, en Huelva, o mil veces el estanque del Retiro de Madrid. Con ese volumen de desperdicio, el buen mantenimiento de redes de abastecimiento juega un papel fundamental a la hora de ahorrar en consumo, incluso por encima de los hogares. “Realmente, las pérdidas que se dan en casa son muy inferiores a las que se dan en redes”, asegura Gonzalo Delacámara, experto internacional en gestión económica de los recursos naturales.

Dentro de España, hay algunas comunidades con redes que echan a perder más cantidad real de agua. Las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, son los territorios donde más se desperdició en el año de la pandemia, con una media del 25% de agua perdida. Las siguen Canarias y Extremadura, que desprecian un quinto de lo que se suministró a las redes públicas. El caso madrileño es la excepción española, siendo la región que menos agua malgastada tiene con diferencia, un 4% en 2020, mientras que el resto supera el umbral del 10%. Pero tener la red con menos pérdidas no garantiza que no sucedan episodios como el de esta semana, cuando la rotura de una tubería de abastecimiento del Canal Isabel II ha causado una inundación en la M-30 a la altura de Marqués de Vadillo por la que se estiman pérdidas de seis millones de litros. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya alertó en 2020 de este problema que afronta España en su sistema de abastecimiento. Algunas localidades ya han reducido su nivel de pérdidas durante los últimos años. Es el caso del municipio valenciano de Benetúser, que cambió en 2017 su red de abastecimiento, entre otras cosas, para arreglar las averías causadas por la antigüedad de las infraestructuras. Gracias a la iniciativa de municipios como Benetúser, en 10 años, la Comunidad Valenciana ha reducido más de un 30% la cantidad desaprovechada desde 2010.

Un caso más reciente es el de Málaga. Este mes, la Administración ha obligado a los pueblos a invertir en las estructuras de abastecimiento para reparar las fugas. Esta medida la ha tomado la institución malagueña tras observar que algunas localidades “prácticamente tiran la mitad de lo que conducen”, afirmaba el presidente de la institución a este periódico hace varias semanas.

España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de agua total malgastada (real y aparente). La media de los países que son miembros de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua (EurEau) fue del 23% entre 2012 y 2015. España, que se ha mantenido rondando el 25% de pérdidas anuales toda la pasada década, se coloca entre los primeros y queda por encima de países como Italia, Irlanda, Rumanía o Noruega.

Una cuestión económica

Para solucionar este problema, hay que mirar a las estructuras, y la inversión es clave. Aunque Países Bajos tuviera menos proporción de cantidad perdida que España, la aportación económica que han hecho las instituciones al ámbito del agua ha crecido entre 2007 y 2017. Todo lo contrario que en España, donde la cantidad del PIB destinado al agua ha bajado, según el estudio de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) de 2020. 

Los expertos matizan que la reparación de las redes compete a las administraciones locales, ya que los sistemas de abastecimiento operan a nivel municipal. Algunas instituciones, como la de Málaga o Benetúser, ya se han puesto manos a la obra, pero su esfuerzo lo eclipsan aquellas donde la ausencia de actividad perpetúa el desperdicio y la aparición de más fugas. “Tenemos una red en la que hay que hacer inversiones, y no se están haciendo”, apunta Delacámara, experto en gestión económica de recursos naturales.

Esta falta de inversión impide el buen ritmo de la mejora de las instalaciones. Las redes de abastecimiento tienen un porcentaje de renovación del 0,43% al año, un punto y medio por debajo de lo que AEAS y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA) consideran idóneo. A ese paso, tardaremos 200 años en cambiar todas las redes, cuando las asociaciones expertas recomiendan que no pasen más de 50.

Pero el escaso margen de beneficio retrasa la renovación de los canales de abastecimiento. ¿Sale rentable renovar las redes para evitar las pérdidas? En el mundo del suministro de agua, existe el concepto de nivel económico de fuga, que compara el coste de reparación con el ahorro que se consigue, para estimar si sale a cuenta o no.

El suministro de agua se realiza por municipio y al final el margen dependerá del coste de la red municipal y de la cantidad de pérdidas que tenga cada una. En Madrid, por ejemplo, Delacámara señala que “a un coste razonable, sería difícil ir más lejos”, ya que la cantidad de agua desperdiciada que reporta la comunidad es aceptable. Además, incluso con todas las reparaciones, apunta el experto, es muy difícil conseguir una red que no genere ninguna pérdida. Pero, a su juicio, el beneficio no debería ser una excusa para dejar de hacer las debidas reparaciones, ya que a la larga no hacerlo genera más problemas y los arreglos y renovaciones llevan tiempo.

viernes, 16 de septiembre de 2022

Enmienda a la totalidad al anteproyecto de ley de Información Clasificada

Por RAMÓN SORIANO.- blogsPúblico.es .- El 2 de agosto de 2022 se aprobó en primera vuelta el anteproyecto de ley de Información Clasificada, que ya había sido anunciado por el Gobierno en las sesiones parlamentarias sobre el estado de la nación y que forma parte del Plan Anual Normativo 2022 del Gobierno.

Cuando hablamos de amnistía en España nos referimos a la ley de amnistía de 1977, ley fundamental para que muchos procuradores en Cortes y ciudadanos aceptaran el cambio político desde el interior del régimen dictatorial, pero nos olvidamos de que hubo con anterioridad una previa "ley de amnistía", la ley de secretos oficiales de 1968, ya que esta ley al clasificar materias, que podrían comprometer a los represores franquistas, con plazo sine die imposibilitando una futura desclasificación, estaba permitiendo una amnistía de hecho, objetivo principal sin dudas de esta ley. Decía el liberal Thomas Paine en su polémica con el conservador y tradicionalista Edmund Burke que nunca las actuales generaciones pueden imponer su derecho a las futuras. Parece ser que le ha llegado la hora del fin de su pretendida imposición eterna a la "primera ley de amnistía" de 1968, si es que el anteproyecto de ley de Información Clasificada llega a ser aprobado por el Parlamento. Pero presenta, como veremos, espaciados agujeros por donde los represores escaparán totalmente impunes. Al final, entre los delitos prescritos y los no prescritos, pero amparados por los largos plazos de la clasificación del anteproyecto de ley, pocos represores van a rendir sus cuentas. Sin necesidad de contar con las enormes tijeras del PP, que nos ha prometido recortar las páginas del BOE escritas por el actual Gobierno de coalición.

Hago a continuación relación de los principales apartados del anteproyecto de ley que deberían ser reformados y mejorados:

Plazos demasiado largos para la desclasificación. Comparados con los plazos de los países de nuestro entorno son plazos que no se justifican y responden a un propósito de excesivo oscurantismo en el conocimiento de las materias clasificadas. Hasta el diputado proponente del anteproyecto en nombre del PSOE se ha quejado del largo plazo de 50 años para las materias de alto secreto. Nuestro país ha atravesado unas circunstancias peculiares, que no se dan en otros Estados europeos occidentales: una guerra civil, una prolongada dictadura de 40 años, el terrorismo de ETA, el terrorismo de Estado de los GAL, varios golpes de Estado en una difícil y oscura transición hacia la democracia, salpicada de tremendos hechos criminales, como el asesinato de los abogados de Atocha. Precisamente estos hechos aconsejarían la aminoración del plazo de 50 años. Nos encontramos ante una contradicción: en Europa los plazos de algunos Estados son más cortos, cuando no están afectados por las graves circunstancias del nuestro y por la extendida demanda de la sociedad española de conocer esas circunstancias.

 Inacción de la Comisión parlamentaria. La comisión parlamentaria de gastos reservados -vulgarmente conocida como Comisión de secretos oficiales-, constituida con ocasión del reciente caso Pegasus, es una convidada de piedra en el texto del anteproyecto de ley. Ya nos sorprendió en el reciente caso Pegasus que esta comisión ni siquiera estuviera constituida, es decir, que prácticamente no existía. Un ejemplo del escaso interés de nuestros representantes por los asuntos reservados. De esta comisión dice el texto que "el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada en cualquier categoría se hará por medio de la Comisión parlamentaria reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados" (art. 36.1). Nada más. Debería tener un papel y funciones más relevantes, y entre ellas la de emitir un informe previo antes de decretar el Consejo de ministros o cualquier otro órgano dotado de competencias clasificatorias que una materia sea objeto de clasificación o desclasificación. Y la lógica función de control sobre el funcionamiento en todos sus aspectos de la Información Clasificada. Si una de las funciones clásicas del Parlamento es el control del Gobierno, se impone de suyo que esta comisión debe controlar al Consejo de ministros que es quien clasifica, reclasifica y desclasifica materias y particularmente la gestión de la información clasificada llevada a cabo por el Ministerio de la Presidencia. Es preocupante que el texto del anteproyecto no hable de las funciones de la Comisión parlamentaria y minusvalore al Parlamento, al dejar manos libres al Gobierno.

Categorías de clasificación de las materias no bien deslindadas. El anteproyecto legislativo muestra una extraordinaria vaguedad, que deriva de la utilización del único criterio cuantitativo en la identificación de las categorías. La única diferencia entre las categorías "alto secreto" y "secreto" es la expresión "extremadamente grave" o "grave" de la amenaza o perjuicio para el interés de España. Coinciden en ambas categorías el motivo -amenaza y perjuicio-, el fin -el interés de España- y el ámbito de actuación -las mismas áreas afectadas-. La única diferencia -insisto- estriba en si el hecho es "extremadamente grave" (art. 3.2) o simplemente "grave" (art. 3.3). Por lo tanto, la apreciación del Gobierno es también extremadamente subjetiva y discrecional a la hora de catalogar las materias. Me hago cargo de la dificultad de la clasificación, pero el asunto es asimismo suficientemente grave para el derecho fundamental a la información de las personas como para exigir el uso de criterios cualitativos, que sirvan de guía para la corrección de la discrecionalidad del Gobierno. Creo que, al menos, una definición de las categorías y el enunciado de supuestos relevantes incluidos en ellas habrían ayudado a la actividad clasificatoria, impidiendo incurrir en incoherencias en la comparativa de las categorías aplicadas.

Demasiados cargos con competencia para clasificar. Es uno de los pasajes que llama más la atención: la lista amplísima de autoridades con funciones clasificatorias de materias, que por su naturaleza deberían estar encomendadas a pocos. En las categorías "confidencial" y "restringido" las competencias están atribuidas a 15 cargos y el último de ellos con una formulación indeterminada y abierta, que facilita la discrecionalidad administrativa: "las autoridades autonómicas competentes en materia de policía". Son demasiados cargos para clasificar, es decir, para cubrir con un tupido velo materias y comportamientos, impidiendo su conocimiento durante largo tiempo. Me remito a los hechos de militares quejosos del excesivo celo clasificador de determinadas instituciones militares. Y no son cargos que clasifiquen en pocas materias y por poco tiempo, sino todo lo contrario. Clasifican en prácticamente todo: desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, intereses económicos o industriales, funcionamiento de los servicios públicos, prevención, detección e investigación de delitos... y por si fuera poco se añade al final: "cualquier otro ámbito que pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España". Y la clasificación dura de 4 a 10 años. Ya solo faltaría que el anteproyecto permita que las universidades creen una titulación de formación de clasificadores con matrícula abierta.

Mordaza de la libertad de información. No en uno sino en dos capítulos. Primero: se establece un régimen de altísimas sanciones respecto a infracciones muy graves o graves consistentes simplemente en el acceso o difusión de información clasificada (art. 41.1). No se especifican más detalles ni circunstancias. E igualmente sin más detalles se aplica la multa de un millón a tres millones de euros en el caso de infracciones muy graves y de cincuenta mil a un millón de euros en el de las infracciones graves (art. 42). Hubiera sido más coherente bajar el montante de las multas e introducir penas de privación de libertad, como se hace en otras leyes de similar contenido. Con estas sanciones es fácil pensar que los periodistas y demás profesionales de la información no traten asuntos ni difundan información en casos de interés público, y que puedan estar afectados de clasificación, ya que no se conocen las materias clasificadas.

Segundo: un paso positivo del anteproyecto es permitir el recurso ante el Tribunal Supremo contra la clasificación de "cualquier persona directamente afectada por su contenido o que acredite un derecho o interés legítimo" (art. 37), pero un paso a medias, porque no permite que también puedan solicitar la desclasificación profesional de la información, investigadores, representantes de organizaciones de interés social sin ánimo de lucro, etc., que persigan la defensa de ese "interés de España", que tanto aparece en el anteproyecto como razón de ser de la clasificación.

Son tantas las lagunas, los errores y las incoherencias del anteproyecto de ley de Información Clasificada que debe ser sometido a estrecho examen y revisión, cuando en segunda vuelta sea aprobada como proyecto de ley por el Consejo de ministros. Susceptible de una enmienda a la totalidad en toda regla.