El caso de Ana Garrido es, quizá, el que más se ha mediatizado y, sin duda, el que ha desencadenado unas penas más duras. Pero no le ha salido gratis.
Por Daniel Toledo. Revista de prensa CTXT.- El sábado 23 de junio, (12 h.) una quincena de denunciantes de
casos de corrupción piensan plantarse frente al Congreso para reclamar a los
poderes públicos más apoyo a sus causas. Quizá por su número no formen un grupo
muy impresionante, pero lo realmente sobrecogedor es que, con ellos, a la
capital también llegan las caras más olvidadas, las voces menos protegidas de
algunos de los peores casos de corrupción del país.
Lo que piden con esta
concentración frente al Congreso es simple: que el Gobierno español aplique las
directivas de la Comisión Europea que exhortan a los Estados miembros a
proteger a los denunciantes de corrupción o de infracciones en empresas.
Porque, muy a menudo, frente al revuelo mediático que generan los casos de
corrupción activa o pasiva, malversación de fondos, cohecho o estafas, entre el
fragor del circo político y mediático olvidamos que en la mayoría de los casos
no son los abogados del Estado ni la Fiscalía quienes destapan estas
irregularidades ocurridas en las instituciones.
Son, por el contrario, los
funcionarios públicos y trabajadores de empresas, ciudadanos de a pie que
arriesgan empleo, sueldo, salud y vida privada para denunciar que nuestros
ayuntamientos, nuestras concejalías, nuestros gobiernos regionales y nuestros
ministerios están siendo secuestrados por intereses privados. El Congreso va a
tener que mirar a los ojos a la trama Gürtel, a la venta de pisos de protección
madrileños a fondos buitre, al caso Acuamed, a la corrupción en el municipio de
Castro Urdiales, al caso Palau, y a otra treintena de denunciantes de
corrupción, tanto pública como privada, que apoyan esta concentración y sus
demandas. Hablamos con algunos de los que estarán en la concentración.
Ana Garrido, más de 10 años de lucha
Denunciante, en 2009, de las
irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte que dieron comienzo a
la trama Gürtel, Ana Garrido resume para CTXT: “Lo que necesitamos es una ley
integral de protección al denunciante, y que sea efectiva”. En concreto, los
denunciantes acusan al Gobierno de llevar dos años incumpliendo la Directiva de
la Comisión Europea de diciembre de 2015, por la que se les daba a los Estados
miembros de plazo hasta el 3 de julio de 2016 para elaborar leyes que protejan
a los denunciantes de infracciones.
El Gobierno español ya está
siendo objeto de varias investigaciones por parte de la Comisión Europea y,
posteriormente, del Tribunal de Justicia de la UE, por no “implementar la
legislación de la UE para denunciantes”. Además, en marzo de 2018, el Tribunal
de Justicia admitió a trámite la denuncia de un extrabajador de la farmacéutica
Boehringer, que acusó a España de no protegerle como mandan las directivas en
su litigio con su antigua empresa por posible tráfico de datos personales
sanitarios en Andalucía y Extremadura.
Según cuenta Ana Garrido, “ahora
la protección de peritos y testigos no nos incluye a nosotros, ya que va más encaminada
a otro tipo de testigos, (viene) de la época de los confidentes de ETA. Ya
llevamos dos años negociando en el Congreso de los Diputados con todos los
grupos parlamentarios. Ciudadanos sacó una propuesta que fue aprobada, pero
lleva dos años paralizada (…) y de esto responsabilizo a todos los grupos
parlamentarios sin excepción”.
El caso de Ana Garrido es, quizá,
el que más se ha mediatizado y, sin duda, el que ha desencadenado unas penas
más duras. Pero a Ana no le ha salido gratis. “Yo denuncié en enero de 2009, y
a pesar de haber ganado la sentencia por acoso en el Supremo, después de
recurrir y recurrir y haber ganado (contra el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte), a mí se me ha truncado la vida. Mi historia no ha terminado. Ahora
estoy por mercadillos vendiendo bisutería y sigo de pleitos, fruto de la época
brutal en que hubo una campaña de desprestigio contra mí, diciendo auténticas
barbaridades sobre mi persona que no las voy a dejar pasar. O sea que esto, aun
cuando te dan la razón, ya te han destrozado la vida”.
Como es bien sabido, el caso Gürtel ha terminado con condenas que suman 351
años, y con indemnizaciones que superan los 105 millones de euros. Pero Ana
Garrido lleva sufriendo más de 10 años los efectos de la desprotección casi
absoluta de los que, como ella, se niegan a formar parte de la corrupción, una
lacra que desde la transición se ha convertido en especie autóctona de nuestras
administraciones públicas.
“Esto nos pasa a todos los
denunciantes”, continúa Garrido, “ellos juegan con dinero público y van contra
nosotros con denuncias a veces falsas. Por eso consideramos muy importante
poder tener una cobertura jurídica gratuita. Tenemos la que tiene cualquier
ciudadano, que es la del turno de oficio, pero hay que comprender la complejidad
de nuestros casos, sin menospreciar la labor de los abogados de oficio, pero
tienen que llevar a alguien que entienda muchísimo de acoso, de temas
laborales, etc. Lo que necesitamos es representación y cobertura jurídica”. Y
termina con una reflexión: “Si nosotros hemos recuperado dinero a las arcas del
Estado a cambio de truncar nuestras vidas, ¿cómo tienen la desfachatez de
decirnos que crear un juzgado especializado en casos como el nuestro no tiene
presupuesto?"
Azahara Peralta y el caso Acuamed: lodos tóxicos y
sobrecostes
Iba a ser la obra de
descontaminación hídrica más importante y con mayor presupuesto de la historia
de España. Los trabajos de limpieza del embalse de Flix (Tarragona) se
adjudicaron en 2008, pero diferentes irregularidades los han mantenido
bloqueados hasta finales de mayo de este año. Fue Azahara Peralta, junto a
algunos de sus compañeros, quien se negó a firmar los sobrecostes que la
empresa FCC exigía antes de finalizar la obra.
“Mi despido fue el 31 de julio de
2015”, cuenta Peralta a CTXT, “pero las presiones empezaron más o menos en
septiembre de 2014. (Por aquellas fechas) cambiaron al director de Ingeniería y
Construcción que había hasta ese momento (Francisco Valiente), y que fue uno de
los denunciantes también de este caso, en realidad el principal denunciante.
Luego fuimos denunciando otras personas que estábamos viendo esas presuntas
irregularidades, pero a raíz de que a él le sustituyeran de su puesto y
pusieran a otra persona que tenía connivencia con el contratista de la obra, es
cuando empiezan a decirme que (…) tengo que llegar a algún acuerdo para desencallar
el tema”.
El llamado caso Acuamed no sólo
investiga unos sobrecostes en los trabajos de descontaminación de 36,9 millones
de euros (que, gracias a Peralta y sus compañeros, nunca se llegaron a
aprobar). Los responsables de Acuamed y otros investigados en la trama también
llegaron a planear, presuntamente, verter ácido clorhídrico para cubrir los
lodos tóxicos que aún quedaban en el lecho del embalse de Flix. “En enero de
2015 me comunican que van a hacer una auditoría a la obra, lo que no me tomé a
mal, porque las auditorías están para hacerlas. Pero al final se demostró que
fue una auditoría ficticia para quitarnos de en medio”.
Como tantos otros, Azahara
Peralta decidió luchar en los tribunales. “Mi juicio se celebró en noviembre de
2017, y la sentencia de la jueza fue que mi despido había sido totalmente nulo,
además de haber sufrido acoso por parte de mis superiores para que firmase
ciertas irregularidades. Ahora mismo la empresa lo ha recurrido y estoy a la
espera de si el Tribunal Superior de Justicia (de Madrid) considera lo mismo
que la jueza de instrucción”.
Igual que en el resto de los
casos repartidos por todo el país, Peralta afirma, desde su experiencia, que
“no hay ninguna protección para la gente que denuncia cualquier tipo de corrupción.
Acuamed es una sociedad anónima, pero su accionista principal es el Estado, así
que los gastos (judiciales) los pagamos todos”.
Por increíble que parezca, la
empresa Acuamed continúa recurriendo las sentencias de los jueces y costeando
los gastos de los procesos con dinero público. Mientras, los extrabajadores y
denunciantes tienen que costear esos procesos con dinero propio, sin ningún
tipo de ayuda por parte del Estado. “Al final te encuentras muy solo, y aunque
esto se lo cuentas a tus amigos y a tus familiares, no llegan a sentir la
soledad que genera el hecho de que, supuestamente, has intentado defender el
erario, y te castigan por ello”.
Plataforma por la Honestidad
Como también asegura la
denunciante de la trama Gürtel, Ana Garrido, la única ayuda que en la
actualidad pueden esperar los denunciantes viene, exclusivamente, de
iniciativas ciudadanas. “Yo estoy en la Plataforma por la Honestidad”, comenta
Peralta. “Es una organización que reúne a bastantes denunciantes. En la medida
que pueden, colaboran económicamente, por lo menos para cubrir los gastos de
defensa legal. En mi caso he renunciado a esto porque hay gente que lo necesita
muchísimo más que yo y a mí aún me quedan algunos ahorros. En mi vida hubiera
pensado que iba a destinarlos a algo así”.
Jaime González, el cártel del fuego
El pasado verano, CTXT habló con
Jaime González sobre los casos de corrupción en las mesas de contratación de la
Junta de Andalucía. En concreto, González había destapado la connivencia entre
algunas empresas de medios aéreos de extinción de incendios, como Faasa, con
algunos funcionarios de la Junta, para manipular los contratos en favor de
intereses privados. Igual que muchos denunciantes de casos de corrupción en
administraciones locales o regionales, a Jaime González le esperaba un infierno
del que aún no ha conseguido salir.
“Con el sistema que tenemos”,
aseguraba González a CTXT, “establecido no por los gobiernos autonómicos, como
te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la
Constitución de 1978, la situación actual es que es muchísimo más fácil echarme
a la calle a mí inventándose cualquier excusa, por vana que sea, que echar a un
corrupto, haga lo que haga”. Un mes después de que su caso saliera en las
páginas de CTXT, la Administración de Susana Díaz suspendió de empleo a
González y le abrió un expediente sancionador.
Jaime González, funcionario de
mesa de contratación, denunció que el Plan Infoca 2015-2018 para prevención de
incendios forestales, de la Junta de Andalucía, servía a una colusión ilegal de
empresas de extinción de incendios, colusión que al final se descubrió que
alcanzaba a otras 10 comunidades autónomas españolas, así como a Portugal,
Italia, Francia y Chile. En relación a su denuncia contra algunos compañeros y
superiores, Jaime González relató a CTXT una secuencia de acontecimientos que
pone los pelos de punta:
“Primero, en los juzgados no hay
medios para impulsar una acusación de este tipo, en el que hay involucrados
tales cantidades de dinero y tales volúmenes de documentación; segundo, un
abogado de la Junta les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita;
tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, y si
el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix (Manuel Moix) o De Llera
(Emilio De Llera), mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las
causas de corrupción, que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos
están aforados y se han de juzgar por jueces que ellos mismos han nombrado;
sexto, los delitos del título XIX del Código Penal, delitos contra la
Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes (la
prevaricación es el único delito del CP que no conlleva cárcel, sólo
inhabilitación), y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no
ha surtido efecto”.
La revancha del denunciante: Carlos Martínez Viña
La historia de Carlos Martínez
Viña difiere en algunos aspectos de las anteriores. Él, harto de enfrentarse
sin apoyos, no sólo a quienes denunció, sino también, según él, “a la falta de
intención deliberada de jueces y fiscales para acatar las leyes”, acabó por
renunciar y seguir con su vida. “Estaría muy bien que se aplicase (la Directiva
de diciembre de 2015 de la CE), pero aquí lo importante es que los fiscales y
los jueces, en general, no quieren, no les da la gana aplicar lo que ya está
por escrito”.
Carlos Martínez estuvo, durante
22 años, en el área de control de cursos de formación para desempleados y
trabajadores en el INEM, primero, y, ya desde 1991, en el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC). Sus problemas comenzaron en 2004, cuando “empecé a preguntar a
los formadores si la cantidad prevista para ellos en estas subvenciones les
llegaba o no. El 95% de formadores me informaron de que el 30% de las
subvenciones para cursos de parados y trabajadores no llegaba a su destino”.
Como primera medida, sus superiores
le prohibieron preguntar a los formadores sobre los fondos recibidos, a lo que
Martínez se negó: “Llegué a emitir unos 100 informes desfavorables, lo que creó
un gran escándalo en el SOC. Se quejaron mis jefes, se quejaron los centros,
que eran centros importantes, patronales como el CECOT (Confederació
Empresarial Comarcal de Terrasa), que es una de las patronales catalanas más
importantes, los sindicatos…”. Finalmente, a Carlos Martínez le llegó una carta
informándole de que le desposeían de sus funciones.
“Fui a la Oficina Antifraude de
Cataluña en 2011”, continúa Martínez, “y allí me dijeron que no veían delitos
económicos, sólo irregularidades administrativas. Fui también al Tribunal de
Cuentas en Madrid, y misma respuesta, y eso que les expliqué que los formadores
sólo recibían una tercera parte de las subvenciones. Fui a Fiscalía de
Cataluña, y lo mismo, todos archivaban”.
A la concentración de Madrid
asiten, además de Carlos Martínez, otros 4 denunciantes en materia de formación
de desempleados y trabajadores de Alicante, Euskadi, Logroño y Cádiz: “Te estoy
hablando de unos 12.000 millones de euros desviados en toda España, desde el
año 1994, y en Andalucía se estima en 3.000 millones, según la UDEF. Y la cosa
sigue como estaba”.
Martínez reconoce que, en un
determinado momento, acabó hartándose y dejándolo pasar. “Yo perdí el juicio en
2008, el juez dijo que era mi personalidad conflictiva la que generó el
problema, y que no sufrí acoso laboral. Mi abogado lo quiso recurrir, pero yo
lo dejé correr. Hasta que, hace pocos años, he encontrado a más denunciantes
que están viviendo una experiencia muy parecida. Cada uno de nosotros pensaba
que estaba solo. Esta reunión de Madrid va a ir genial para conocernos, para
consolidar lazos entre todos, incluso psicológicamente”.
También es noticia. El País. Este sábado 300.000 aspirantes para ingresar en distintas AAPP
