jueves, 31 de octubre de 2013

PP y PNV sacan adelante la Reforma Local en el Congreso de los Diputados y la envían al Senado

Cadenas humanas "abrazan" varios Ayuntamientos   contra la reforma local Diario.es
 
Revista de Prensa. ecodiario. 30 oct (EFE).- La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso ha aprobado hoy el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocido como reforma local, que ahora continuará su tramitación en el Senado.

Concentración vecinal contra la reforma local. diario.es
Además del PP ha votado a favor del texto, al que han sido añadidas una decena de enmiendas, el grupo nacionalista vasco. Por el contrario el PSOE, el grupo mixto, CiU, Izquierda Plural y UPyD han votado en contra.
El Gobierno considera que la reforma clarificará las competencias, garantizará la financiación por parte de las comunidades de los servicios que presten los ayuntamientos y mejorará la transparencia municipal.
La mayoría de las enmiendas de la oposición pretendían la supresión de parte del articulado al considerar que la reforma vulnera la autonomía local, privatiza la gestión de los servicios sociales o los recorta, prima las fusiones de municipios y da más poder a las diputaciones.
 
PP y PNV
El PP ha incluido su propuesta de que las juntas de gobierno de los ayuntamientos puedan aprobar sus presupuestos sin que los haya apoyado la mayoría del pleno de la corporación y que puedan sacar adelante sin necesidad de ese voto medidas como planes económico-financieros o de saneamiento.
El PNV ha pactado con el PP que la coordinación y decisión sobre la forma de prestar los servicios públicos es una labor ligada desde siempre a las potestades de las diputaciones forales.
El portavoz popular, Martín Toledano, en su intervención ha cargado contra el PSOE y se ha mostrado sorprendido por la "dureza" de la intervención del portavoz de CiU, Carles Paramo, pero ha tendido la mano a un posible acuerdo.
Gaspar Zarrías, del PSOE, ha insistido en que su grupo está "frontalmente en contra" y ha sostenido que se ha malogrado una oportunidad histórica para reformar la administración local, ya que es un modelo intervencionista, que no planifica ni simplifica las competencias, ni evita duplicidades y sí abre la puerta a la privatización de los servicios básicos.
Tras reiterar que interpondrán recurso de inconstitucionalidad a la ley, ha subrayado que el ahorro previsto de 8.000 millones por su aplicación saldrá del desmantelamiento de los servicios sociales y del recorte de personal.
Zarrías ha señalado que si se amplían los plazos hasta diciembre de 2015 es porque no quieren que se ponga en marcha antes de las elecciones municipales, que se celebrarán ese año.
Carles Páramo, de CiU, se ha mostrado "absolutamente contrario" a la reforma, que ignora el Estatuto de Cataluña y supone un "atentado a la autonomía local", aunque su grupo está abierto a llegar a acuerdos de última hora si se respeta la autonomía de su comunidad.
Se ha referido a las casi 500 enmiendas presentadas al proyecto que "muestran la escasa sensibilidad y el desconocimiento de la realidad" local por parte del Gobierno.
El portavoz nacionalista vasco, Aitor Esteban ha dicho que se han producido avances en las especificidades de la comunidad autónoma vasca.
Además ha considerado muy importante la enmienda que "cierra el círculo foral vasco" en la reforma y ha solicitado al presidente un pequeño receso antes de la votación para poder llegar a acuerdos con el PP.
La portavoz de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, que ha destacado que en la ponencia del proyecto de ley "no se ha aceptado ninguna enmienda de la oposición", ha indicado que con la reforma se va a "desmantelar" la administración más cercana al ciudadano por "ansias recentralizadoras" del Gobierno.
Tras asegurar que no respeta diversas cartas europeas, ni Estatutos de autonomía, se ha referido a las concentraciones de hoy ante los ayuntamientos para pedir la retirada de la ley y ha insistido en que su puesta en marcha supondrá el cierre o la privatización de numerosos centros sociales municipales.
UPyD lamenta la falta de consenso
Rosa Díez, de UPyD, que ha lamentado "el trámite parlamentario" de la reforma, en referencia a su debate en Comisión sin que tenga que volver al Pleno del Congreso, ha asegurado que el PP no ha tratado de ampliar el consenso.
En su opinión, no resuelve los problemas de la Administración local: ni de financiación, ni la distribución competencial, ni las duplicidades.
La diputada de ERC, incluida en el Grupo Mixto, Teresa Jordá, ha indicado que el proyecto obvia la singularidad catalana e impone a la administración local ser "un apéndice del Estado centralista, además de no contemplar 'las veguerías', "la realidad territorial de Cataluña".
Onitza Enbeitia, de Amaiur, también del Grupo Mixto, se ha referido al "peso histórico" de los municipios en el País Vasco y ha dicho que la reforma es un "ataque a la democracia participativa" y que no se aplique en Euskadi.
Fernández Davila, de BNG, ha comentado que el texto lo que propone es reforzar las diputaciones para el futuro.

miércoles, 30 de octubre de 2013

El INAP financia proyectos de varias lineas de investigación sobre gestión pública

Cada proyecto aprobado contará con una dotación de 15.000 euros
 
El INAP, en el marco de su Plan Estratégico General 2012-2015, ha acordado poner en marcha una línea de financiación abierta para la realización de proyectos de investigación que se inscriban en sus líneas prioritarias de trabajo, mediante una convocatoria permanente que se inicia a partir de mayo de 2013.

 
Líneas de investigación prioritarias del INAP 2013 :
  • -Innovación social
  • -Función pública
  • -Innovación administrativa
  • -Innovación formativa
  • -Estudios territoriales
Condiciones exigidas al investigador o equipo de investigadores:
 
Los investigadores que se presenten a la convocatoria deberán tener la nacionalidad española, si son personas físicas, o tener sede en cualquier ciudad de España si se trata de entidades jurídicas.

Cada investigador o equipo de investigación sólo podrá presentar una única solicitud, cuyo importe no exceda de 15.000 euros. No podrán solicitar estos proyectos, a partir del año 2014, aquellos investigadores que hubieran recibido financiación durante el año anterior a la presentación de la solicitud.

En caso de ser seleccionado, el proyecto de investigación se ejecutará mediante un contrato con el INAP. En este sentido, sólo podrán contratar las personas naturales o jurídicas, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y puedan acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, según el caso.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las personas físicas realizarán de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 
 
Presentación de solicitudes
Las solicitudes debidamente cumplimentadas habrán de formularse únicamente a través de la sede electrónica del instituto para lo que será necesario disponer del DNI electrónico o de cualquier otro certificado electrónico admitido por las Administraciones públicas, acompañando el currículo de todos los miembros del equipo investigador y el proyecto de investigación que se propone conforme a los modelos establecidos.
 
Evaluación y concesión 
La Comisión de Evaluación de proyectos de investigación designada por el Director del INAP evaluará las solicitudes presentadas, que se responderán en todo caso en el plazo de 3 meses. Dicha Comisión se reunirá periódicamente para analizar las propuestas realizadas y estará formada por:
 
Presidente: El Gerente del INAP
Vocales: La Jefa del Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación del INAP; José Antonio Olmeda, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UNED y 2 vocales externos. 
 
Los criterios  de evaluación utilizados seguirán las directrices de la ANEP (ver documento de preguntas frecuentes FAQ Convocatoria permanente de proyectos de investigación).  
 
El INAP se reservará el derecho de edición del trabajo durante dos años contados a partir de su entrega final. Por su parte, los autores se comprometen a elaborar una versión del resultado de la investigación para su posible inclusión en las publicaciones electrónicas o en soporte papel del INAP y deberán solicitar por escrito al instituto la autorización para la eventual publicación del trabajo de investigación en cualquier otro medio. En este caso, en el trabajo de investigación figurará que ha sido financiado por el INAP. Asimismo, se comprometen también a aceptar la invitación que el instituto, en su caso, les curse para participar en alguno de sus seminarios, encuentros o jornadas con el objeto de exponer los resultados alcanzados en su investigación.

Información sobre la presentación de solicitudes:

La presentación de una solicitud implica el otorgamiento de la autorización de los miembros del equipo de investigación del proyecto para su inclusión como expertos en el Banco de Conocimiento del INAP. El INAP facilitará información sobre la convocatoria en el Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación, en los teléfono 91 273 92 42/43, por correo electrónico en la dirección centroestudios@inap.es y a través de www.inap.es
+ información sobre esta convocatoria, consulte las preguntas más frecuentes en la página web del INAP: FAQ Convocatoria permanente de proyectos de investigación.  
 
Modelos normalizados:
Puede descargarse los modelos normalizados
Las solicitudes con los documentos normalizados se presentarán en el servicio de la sede electrónica, para lo cual es necesario un certificado electrónico.  

martes, 29 de octubre de 2013

Según Sáenz de Santamaría: La morosidad del Estado bajó de 58 a 37 días por la reforma de la administración

 "El objetivo final de esta reforma de las administraciones públicas es que cualquiera pueda entrar en una sola página y ver su posición con respecto a la administración"
 
Revista de Prensa. Europa Press. 28.10.2013. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que ya se han puesto en marcha 216 de las 218 medidas contempladas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), presentado el pasado mes de julio, y que esto ha permitido rebajar la morosidad del Estado con los proveedores a una media de 37 días.
 
Soraya Sáenz de Santamaría en la presentación del
Informe CORA, junto a C. Montoro.
En el Foro Negocio del Instituto de Empresa, Sáenz de Santamaría ha dicho que, tal y como se comprometió el Gobierno, estas reformas se llevarán a cabo "sí o sí" en un plazo de 35 meses. De hecho, ha concretado que sólo hay dos medidas que no se han puesto en marcha, ambas relativas a competencias del Ministerio de Empleo, que ya ha sido "apercibido" por esta cuestión.
 
Según la vicepresidenta, la mitad de esas 218 medidas tienen un nivel de ejecución a día de hoy del 50 por ciento, mientras que hay otro 25 por ciento de esas medidas que se encuentran en una "fase incipiente". Entre las medidas, el Gobierno se comprometía a evitar duplicidades y, si era necesario, eliminar empresas públicas.
 
535 empresas públicas cerradas
 Los datos que maneja el Ministerio de la Presidencia, puntualmente informado por una oficina de seguimiento creada para tal fin, arrojan la cifra de 535 empresas públicas cerradas por las comunidades autónomas, lo que permite un ahorro de 1.500 millones de euros. Por parte del Estado, son 80 las empresas liquidadas y otras 37 se encuentran en fase para echar la persiana.
 
 Dentro de la batería de datos desmenuzados en su intervención, la vicepresidenta ha puesto el acento en las sucesivas reformas legislativas que buscan paliar despilfarros como que, ha puesto a modo de ejemplo, haya 2.500 millones de euros "paralizados" por la falta de una valoración de impacto medioambiental o que la factura en software y hardware de los diferentes ministerios ascienda a 1.500 millones porque cada departamento ministerial contrata por su cuenta el suyo, "siendo muchas veces incompatibles entre sí".  
 
 De esta forma, Sáenz de Santamaría ha hecho un repaso a medidas impulsadas por el Ejecutivo como el proyecto de ley para la unidad de mercado, la tarjeta única sanitaria, la actualización "al siglo XXI" del Código Mercantil, la factura electrónica o la ley de deuda comercial. En este punto, ha comentado que el Estado ha logrado reducir en el último trimestre la morosidad con los proveedores de 58 a 37 días de media, 21 en el caso específico del Ministerio de Presidencia.
 
Los funcionarios y la meritocracia
En un debate moderado por el exlíder de CCOO José María Fidalgo y en el que también ha participado el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, la vicepresidenta del Gobierno ha reconocido que se trata de una materia "árida" y con medidas "difíciles de plasmar", entre otras cosas porque precisan de la colaboración de las comunidades autónomas y de otras instituciones como las universidades.
 
Sáenz de Santamaría ha tenido palabras de reconocimiento para la labor que están llevando a cabo, en este sentido, los gobiernos regionales, en algunos casos con iniciativas "pioneras" para mejorar la eficiencia de las administraciones públicas, para lo que, ha dicho, "se necesita implicar a los funcionarios y a los ciudadanos".
 
 También ha dicho que los funcionarios en España están "bien preparados" y que, por lo general, el país cuenta con una "buena administración". "Contrariamente de lo que se piensa", ha especificado, no hay más empleados públicos que en la media de Europa y, además, la tasa de reposición es actualmente de diez salidas por una nueva contratación.
 
 No obstante, Sáenz de Santamaría ha sostenido que el Gobierno trabaja para incorporar elementos de meritocracia y mejorar, en un futuro, las condiciones de permanencia y retribución salarial del funcionario público.
 
 "Del mismo modo que cualquier ciudadano puede en cualquier momento acceder a la web y ver todas sus posiciones en el banco, el objetivo final de esta reforma de las administraciones públicas es que cualquiera pueda entrar en una sola página y ver su posición con respecto a la administración", ha resumido. Leer+

lunes, 28 de octubre de 2013

Cristobal Montoro entregará el 27 de noviembre los Premios de Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2012

 
El acto tendrá lugar el día 27 de Noviembre  en la sede central del CSIC en Madrid en un acto de AEVAL -IVª Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos- presidido por el ministro Cristóbal Montoro
 
El pasado día 23 de julio el BOE publicaba la resolución del Mº de Hacienda y AAPP por la que se resolvían los premios de Calidad e Innovación Pública 2012 convocados por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, AEVAL.

Los premiados de la edición del año 2012 han sido los siguientes:

 Información de Bilbo Eskualdea
Premio Ciudadanía a las Buenas Práctica en los Servicios Públicos a la práctica Realización del Programa de Formación en Tecnologías de Información y Comunicación y del Programa de Formación Audiovisual de Aragón  del Centro de Tecnologías Avanzadas presentada por el Centro de Tecnologías Avanzadas del Instituto Aragonés de Empleo.

 Accésit a las siguientes prácticas: Plan PICAS (Plan de Impulso a la Competitividad y Ahorro de la Sociedad). Proyecto de Innovación Administrativa para la eliminación y reducción de cargas administrativas en la Sociedad de Catarroja, presentada por el Ayuntamiento de Catarroja; Menos es Más. Recepción de competencias y simplificación de procesos, presentada por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Barcelona.

Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Interna a la práctica Aplicación del cambio para la transformación de la Generalitat de Cataluña en Girona hacia un nuevo modelo organizativo y funcional, presentada por la Gerencia de Servicios Comunes de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en Girona.

Accésit a las siguientes prácticas: Moderniza 6.0. Plan de Modernización de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, presentada por la Diputación Provincial de Alicante; Gestión de Eficiencia Energética y de Instalaciones en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, presentada por el Vicerrectorado TIC, Calidad e Innovación y Dirección General de Infraestructuras y Espacios de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Proceso de liderazgo. Evaluación de los Líderes en los Organismos de la Administración Periférica del Ministerio de Defensa. Mejora del Liderazgo, presentada por la Subdelegación de Defensa en Burgos.

Premio a la Excelencia en la Gestión Pública a la candidatura presentada por Bilbo Eskualdea (Comarca Bilbao) de Osakidetza.

Accésit:  Centro de Atención Integral a las Drogodependencias del Ayuntamiento de Getafe y por el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén.

Nota: El BOE del 28 de octubre de 2013 ha publicado la Orden HAP/1988/2013, de 23 de octubre, por la que se convocan los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública de 2013

Ver post sobre la IVª Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos

viernes, 25 de octubre de 2013

El Congreso tramitará las 400 enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición a la Reforma Local

 Los grupos de izquierda ven en el proyecto de ley intenciones privatizadoras en la prestación de los servicios públicos. Tb se pide la supresión de las Diputaciones Provinciales
 
Revista de Prensa. Ecodiario. 24.10.2013. Los grupos parlamentarios de la oposición han registrado en el Congreso de los Diputados más de 400 enmiendas parciales para modificar el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en las que han vuelto a denunciar que el texto supone un ataque al mundo local y un intento de recentralización por parte del Gobierno.
 
Badajoz tiene la sede Diputación en la capital  y, en la ciudad
de Mérida, la  sede del gobierno autonómico
De este modo, el PSOE ha aprovechado este nuevo trámite parlamentario para volver a mostrar su rechazo frontal a una ley que califican de "hachazo" al mundo local y que tachan de antidemocrática e inconstitucional. 

Por ello, han registrado 45 enmiendas parciales, todas ellas de supresión, ya que, tal y como aseguró el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, "no es un problema de chapa y pintura, sino de modelo", por lo que es necesario "desmontar el coche y montarlo entero".
Entre otras cosas, los socialistas proponen suprimir el punto en el que se fijan las competencias propias de las entidades locales al considerar que el reparto que deja sin autonomía a los municipios para llevar a cabo políticas de interés local.
También piden eliminar el artículo en el que se plasman los mecanismos de coordinación entre administraciones y en el que se fija la delegación a las Diputaciones Provinciales de determinados servicios. Según el PSOE, dicho artículo, además de "vulnerar la autonomía local", tiene un "marcado sesgo ideológico" y persiguen la privatización de la gestión de los servicios sociales.
IU: "Ni racionalización ni sostenibilidad"
En esta misma línea, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han vuelto a reflejar en sus 62 enmiendas registradas sus principales quejas contra la reforma, como son el recorte de la autonomía local o el exceso de poder que se le otorga a las diputaciones, e incluso piden cambiar el título de la norma por el de 'Proyecto de Ley del Gobierno y la Autonomía Local', ya que consideran que los términos 'racionalización' y 'sostenibilidad' "esconden un eufemismo de privatización y recorte de servicios públicos municipales".
En esta línea, proponen aumentar de 14 a 24 las competencias propias de las entidades locales, incluyendo, por ejemplo, la prestación de servicios sociales y de promoción, inserción e inclusión sociales. También denuncian que la limitación del número de cargos públicos con dedicación exclusiva supone "un ataque a la democracia" y piden que la ley no entre en vigor hasta después de las elecciones municipales de 2015.
Asimismo, UPyD ha registrado 65 enmiendas, en las que pide, entre otras cosas, suprimir las Diputaciones Provinciales en el plazo de seis meses y fomentar la fusión de municipios. A este respecto, proponen un plazo de seis años para que las Comunidades Autónomas lleven a cabo todos los procesos de fusión y ninguno de las entidades tenga más de 10.000 habitantes.
CIU pide reconocer "singularidad" de Cataluña
Por su parte, CiU, además de insistir en la necesidad de reconocer a las entidades locales menores y defender que la prestación de los servicios sociales corresponde a los municipios, hace hincapié en muchas de sus 56 enmiendas parciales registradas en la necesidad de que la reforma local respete las competencias autonómicas y, en su caso, el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
A este respecto, piden añadir un punto mediante el que se reconozca la "singularidad" del sistema institucional de la Generalitat de Cataluña y sus "competencias exclusivas" en materia de régimen local contempladas en su Estatuto de Autonomía y que no se apliquen en la Comunidad Autónoma una serie de artículos de la ley.
Asimismo, en cuanto a las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales, los nacionalistas catalanes proponen que el caso de que el presupuesto por habitante de un municipio supere en más de un 25% la media de los de su misma dimensión, dichos miembros puedan percibir la cantidad correspondiente al de un grado superior.
PNV: Reconocimiento de la peculiaridad foral
Por su parte, el PNV ha registrado 26 enmiendas parciales, así como otras dos presentadas de forma conjunta con el PP y que son fruto del acuerdo alcanzado el pasado jueves que motivó la retirada de la enmienda de totalidad de los nacionalistas vascos a cambio del compromiso de respetar el régimen foral vasco.
En ellas se garantiza, por ejemplo, que los territorios históricos del País Vasco seguirán conservando su régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen económico-financiero. En el resto de sus enmiendas, PNV solicita un mayor respeto a la autonomía local o que se reconozca como competencia propia la prestación de los servicios sociales. Leer+
 
Noticia relacionada. El gobierno aplaza a 2015 la reducción de cargos políticos.

jueves, 24 de octubre de 2013

Huelga en toda la enseñanza pública

Docentes, padres y alumnos participan hoy en la huelga educativa con más organizaciones convocantes de la Historia.

 Revista de Prensa. El Mundo. Una quincena de agrupaciones de todos los signos con sus correspondientes siglas ha llamado a faltar a clase en toda España en protesta por la reforma educativa, los recortes, el endurecimiento de las becas o el incremento de las tasas universitarias.
 
Si algo ha conseguido el ministro José Ignacio Wert es tener en contra a casi todos los integrantes de la enseñanza, tanto de la pública como de la concertada. Porque se cuentan con los dedos de una mano los que defienden su ley: apenas el PP ( y no todos) y las patronales CECE y Escuelas Católicas.
 
Enfrente tendrá hoy a todo un clamor pidiendo su dimisión en la segunda huelga -después de la del 9 de mayo- convocada al mismo tiempo por representantes de profesores, familias y alumnos. Otro 'mérito' del ministro ha sido lograr que los padres marchen tras la pancarta acompañados de sus hijos adolescentes y vean con buenos ojos que estos se salten las clases.
 
El problema de tantos convocantes es que cada uno tiene razones distintas para llamar a la huelga y, por eso, no se van a manifestar todos a la vez y en los mismos sitios. Hay, podría decirse, tres grandes grupos. Leer+

¿Hay Derecho ? : La Diputación, esa gran desconocida

La Diputación Provincial, esa gran desconocida…y algunos datos para empezar a conocerla. Post de ¿Hay Derecho?

 "Los ciudadanos nunca visualizan a candidatos a diputados provinciales, o a presidentes de diputación, y aún menos asistirán a ningún debate sobre los programas o proyectos que abordarán las diputaciones"

24 octubre, 2013 |  Juan Luis Redondo          
Dentro de la compleja arquitectura institucional española, las diputaciones son grandes desconocidas para los ciudadanos. A aquellos que vivimos en comunidades autónomas uniprovinciales nos resulta particularmente ajena esta institución, pero el resto de los ciudadanos tampoco parecen muy familiarizados con las funciones que desempeñan.
 
 Si realizásemos una encuesta entre la población española probablemente la única función que podrían identificar los ciudadanos, y no todos, sería la de prestar apoyo y servicios a los municipios más pequeños. Concretar en qué consiste este apoyo no resultaría fácil para la mayoría de estos ciudadanos.
 
Por empezar con un poco de historia, las Diputaciones aparecen con la Constitución aprobada en Cádiz en 1812, que reorganiza el sistema de administración territorial del Estado. Las diputaciones nacen para gobernar las provincias. En el año 1833 se aprueba una nueva configuración en provincias que ha permanecida prácticamente inalterada hasta nuestros días. En la Constitución del año 1978 se establece que las Diputaciones deben prestar sus servicios a los Ayuntamientos que integran la provincia, para garantizar la solidaridad y el equilibrio entre los municipios, prestando mayor atención a aquellos que cuentan con menos recursos para poder cumplir con los servicios de competencia municipal. La principal norma legal que rige el funcionamiento de las Diputaciones es la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 
Poca visibilidad
Uno de los aspectos que contribuye a la poca visibilidad de las diputaciones es su modelo de elección indirecta. El programa de gobierno, o los candidatos a Diputados provinciales, nunca se someten a un proceso electoral directo. Su elección, como refleja la Ley 7/1985, se realiza de forma indirecta a partir de los resultados de las elecciones municipales. Los votos obtenidos por cada partido político en las circunscripciones delimitadas por los partidos judiciales, determinan el número de diputados provinciales asignado a cada partido, que se elegirán entre los concejales o alcaldes. El Pleno de Diputados provinciales elige al Presidente de la Diputación. Los ciudadanos nunca visualizan a candidatos a diputados provinciales, o a presidentes de diputación, y aún menos asistirán a ningún debate sobre los programas o proyectos que abordarán las diputaciones. Este déficit de legitimidad democrática debería constituir por sí mismo una razón suficiente para cuestionar esta institución. No es la única.
 
A pesar de esta escasa visibilidad, las diputaciones manejan un presupuesto nada desdeñable. Las diputaciones provinciales gastaron en 2012, 5.382 millones, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda. Esta cifra asciende al entorno de los 22.000 millones si se suman las diputaciones forales y los consejos y cabildos insulares. Las diputaciones forales, que cuentan con competencias específicas de recaudación de impuestos en los territorios forales suponen la mayor parte de este presupuesto. Dejando a un lado, para el objeto del análisis de este post, a las diputaciones forales, los más de 5.000 millones que gastan el resto de Diputaciones es una cantidad nada desdeñable. La deuda de estas administraciones asciende a 6.979 millones en el primer trimestre de 2013, frente a los 5.392 millones registrados en 2007, un 23 por ciento más desde el inicio de la crisis. Estos datos, recogidos en un informe del Círculo de Empresarios (ver aquí y aquí), deberían causar un notable estupor, especialmente si tenemos en cuenta que estas instituciones apenas si tienen competencias.
 
Menos competencias
Las competencias de las diputaciones provinciales fueron reduciéndose a medida que se desarrollaba el modelo de comunidades autónomas. Dentro de las competencias típicas que podemos encontrar en una diputación, cabe identificar dos grandes grupos: servicios sociales, y cooperación con ayuntamientos / desarrollo de infraestructuras.
 
En el primer grupo, el de servicios sociales, se encuadran programas de empleo, de formación, de atención a dependientes, de apoyo a instituciones culturales, de apoyo a actividades deportivas, de ayuda a emprendedores, etc., etc. La mayoría de estos servicios se plasman en la concesión de subvenciones. Dentro de estos servicios, muchas diputaciones cuentan también con residencias para mayores, instalaciones culturales, o incluso hospitales propios. Leer+
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miércoles, 23 de octubre de 2013

Montoro promete recuperar los moscosos y el CSIF pide la devolución de la paga extra de Navidad de 2012

 El sindicato ha pedido a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas a los PGE para recuperar la paga extra de Navidad de 2012
 
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer martes en el Congreso de los diputados durante  el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 que "en cuanto la recuperación económica lo permita" el Gobierno recuperará parte de los tres días de libre disposición -los llamados 'moscosos'- de los empleados públicos -2,6 millones-  que se recortaron a la mitad en julio de 2012.
 
Además Montoro hizo grandes elogios al trabajo de los empleados públicos durante los años crisis y en los que se han recortado retribuciones y derechos sociales.

Mientras tanto, el sindicato de la función pública CSIF aprovechó la fecha del debate para reclamar " que el Gobierno incluya un crédito extraordinario en los próximos Presupuestos Generales del Estado para devolver la paga extra devengada antes de la entrada en vigor del decreto de recortes, tal y como están reconociendo los tribunales de justicia en todo el Estado y la Defensora del Pueblo."
Para ello, CSI-F ha remitido al Gobierno esta propuesta, así como al resto de los grupos parlamentarios para que incluyan esta petición en las enmiendas parciales durante la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas del próximo año.
La noticia en El País

martes, 22 de octubre de 2013

X-23-0. Madrid: Jornada-Debate. Plan de Acción de España en materia de Gobierno Abierto

La información recabada en esta Jornada de Debate será utilizada para la elaboración del Informe Independiente de Progreso de España
Gigapp invita a ciudadanos, funcionarios públicos y a representantes de la sociedad civil a participar en esta Jornada de Debate sobre los avances, desaciertos, cuestiones pendientes y propuestas respecto del Plan de Acción de España en materia de Gobierno Abierto.

                                                          Objetivo de la Jornada

El objetivo de esta Jornada es abrir un espacio presencial, plural e independiente que acoja y aliente el debate de este tema tan importante.
En este espacio es imprescindible la participación de la ciudadanía, de la academia, de funcionarios públicos, así como de miembros de la sociedad civil vinculados con procesos de reformas administrativas orientadas a mejorar la transparencia, promover el acceso a la información pública y el open data, combatir a la corrupción y promover mecanismos de participación ciudadana y colaboración en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas.
La información recabada en esta Jornada de Debate será utilizada (junto con la información proveniente de la participación en la encuesta sobre el Plan de Acción y los formularios habilitados en esta web, y aquella proveniente de fuentes gubernamentales y de entrevistas en profundidad), para la elaboración del Informe o Reporte Independiente de Progreso de España.
Programa: Se discutirá el borrador de Informe de Autoevaluación del Gobierno Rogamos a los participantes su lectura y reflexiones.
9:30 Acreditación de asistencia y Bienvenida
9:45 "Plan de Acción de España y la autoevaluación del gobiernoCésar Nicandro Cruz-Rubio. (Investigador GIGAPP. Investigador IRM-OGP)
10:00 "La transparencia en España. Especial referencia a la nueva Ley" Jesús Lizcano. (Presidente de Transparencia Internacional España)
10:20 "¿Está España avanzando hacia un Gobierno Abierto?" Victoria Anderica. (Access Info Europe)
10:40 "Progresos y situación del Open Data en España"David Cabo (Civio Fundación Ciudadana)
11:00 "Comentarios al borrador de Informe de Auto-evaluación del Plan de Acción de España con la Alianza para un Gobierno Abierto" Evaluación colaborativa 
César Calderón Avellaneda (Pensamiento Público), Diego Álvarez (Analizo.info), Antonio Galindo, Luis Miguel Martínez (Ayto. Valdemoro), Lorenzo Cotino (derechotics.org), J. Félix Ontañón (Miembro de OpenKratio), Luis Morales, David Fernández (Novagob), J. Ignacio Criado (UAM y Novagob) y Miguel Angel Gonzalo (webmaster Congreso Diputados).

11:20 Debate abierto: avances, desaciertos y cuestiones pendientes
12:00 Reflexiones sobre el futuro del gobierno abierto en España Manuel Villoria Mendieta (Universidad Rey Juan Carlos)
12:30 Debate para la identificación de propuestas
a) Estrategias de apoyo para el logro de los compromisos ya asumidos
b) Estrategias y propuestas de inclusión para el próximo Plan de Acción
13:30 Revisión e integración de propuestas
14:00 Cierre de la Jornada y entrega de certificados
(sólo para participantes registrados en web www.gigapp.org/gobiernoabierto)

lunes, 21 de octubre de 2013

Renovales " La Reforma de las AAPP necesita la involucración efectiva de todas las administraciones y empleados públicos"

Revista Muface: Entrevista con Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de Presidencia y responsable del Informe CORA:
 
"El modelo de colaboración entre el sector público y privado para la prestación de la asistencia sanitaria que MUFACE articula está consolidado y ofrece numerosas ventajas"

Entrevista. ¿Cuáles son las líneas maestras del informe que ha elaborado la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)?

 La reforma que afrontamos tiene un carácter exhaustivo e integral. No se trata de proporcionar unas vagas orientaciones, sino de definir y desarrollar medidas que afectan a aspectos concretos y palpables de todos los ámbitos de la realidad administrativa.
Jaime Pérez Renovales
Para alcanzar un objetivo tan ambicioso se requiere, además de un trabajo riguroso, la confluencia de otros factores como el apoyo al máximo nivel, que se puso de manifiesto con la participación del presidente del Gobierno en las reuniones esenciales de la CORA y por el hecho de que la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración depende directamente de la vicepresidenta del Ejecutivo. En segundo término, es necesaria la aplicación de un mecanismo que asegure la ejecución de la reforma, con la creación de la oficina que acabo de mencionar y el establecimiento de unos calendarios de implantación de cada medida. En tercer lugar, la aceptación de la validez de muchas prácticas del sector privado y su incorporación a la gestión pública. Y, por último, la involucración efectiva en la reforma de todas las administraciones y empleados públicos.
 
El objetivo de esta reforma es alcanzar una "Administración más eficiente, cercana, fiable y transparente". ¿Cómo hacer realidad esa definición?

Para conseguir ese objetivo se ha realizado un análisis centrado en cuatro ejes: la identificación de las duplicidades administrativas, tanto entre diferentes administraciones públicas, como las interadministrativas; la eliminación de trabas burocráticas para lograr una mayor simplificación administrativa; la gestión centralizada de los servicios y medios comunes; y la revisión del marco institucional. Como conclusión el Informe CORA propone 217 medidas que se suman a todas las adoptadas desde el principio de la legislatura, como las relativas a la disciplina presupuestaria, la transparencia pública, la racionalización del sector público o la mejora de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas.
 
Duplicidades
La iniciativa del Gobierno también pretende establecer un sistema administrativo sin duplicidades. ¿Cuáles destacaría como las más llamativas en la actualidad? ¿Algunas supondrían entrar en conflicto con las comunidades autónomas?

En el ámbito de las duplicidades se han planteado 118 medidas, de las que siete tienen carácter horizontal y 111 carácter sectorial, dirigidas a la aplicación del principio "una Administración, una competencia". Varios ejemplos pueden ilustrar la orientación de estas medidas, como que en algunos supuestos la solución más eficiente puede ser la asunción de funciones de organismos autonómicos por los entes estatales, como en el caso del Instituto Geográfico Nacional, la Agencia Estatal de Protección de Datos o la Agencia Estatal de Meteorología.
 
Por otra parte, el Informe CORA recomienda la supresión de 90 observatorios en diferentes áreas de las administraciones autonómicas, por su redundancia con otros. Finalmente, no siempre se ha apreciado la conveniencia de la supresión: mientras que las funciones de los 13 tribunales de cuentas autonómicos podrían ser asumidas por el estatal, no sería eficiente que, con la normativa hoy en vigor, el Consejo de Estado lo hiciera respecto de los informes de los 16 órganos consultivos equivalentes que existen en el ámbito autonómico.

En cuanto a los posibles conflictos que señala, no tienen por qué presentarse ya que todas las administraciones llevan tiempo involucradas en este propósito de racionalización, eficacia y ahorro de los recursos públicos. Instituciones tan emblemáticas como los defensores del pueblo autonómicos se han suprimido en tres comunidades, y otras cuatro, que lo tenían previsto en sus estatutos, no lo han llegado a crear.

También se ha señalado que para acometer dicha reforma es necesaria la implicación ciudadana. ¿Cómo piensan vincular a la ciudadanía en este proceso?

 La CORA ha desarrollado sus trabajos en colaboración con la sociedad. El propio informe señala que se constituyó un consejo asesor en el que han estado representados el Defensor del Pueblo, las organizaciones empresariales y representativas de empleados públicos (CC.OO., UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME), el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de Consultoría, cuyas valiosas aportaciones han servido para elaborar numerosas propuestas. Por otro lado, se abrió un buzón de participación ciudadana a través del que se han recibido 2.239 sugerencias que se han mostrado muy útiles para detectar materias susceptibles de mejora.

viernes, 18 de octubre de 2013

El PNV se desmarca del resto de la oposición y pacta con el gobierno aspectos de la reforma local

El PNV y el PP acuerdan  respetar  el papel y la autonomía de las diputaciones forales vascas
 
Revista de Prensa. El Mundo 17.10.2013. El primer trámite de la reforma local en el Congreso ha dejado un acuerdo entre el PNV y el PP para garantizar el papel y la autonomía de las diputaciones forales cuya primera consecuencia ha sido la retirada in extremis, por parte de los nacionalistas vascos, de la enmienda a la totalidad. No obstante, sólo significa una puerta abierta al diálogo que no implica un futuro apoyo. "Es un margen de confianza", dicen.
 
Aunque quien ha llevado todas las negociaciones con el PP ha sido el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cerraron vía telefónica el acuerdo.
 
Este pacto ha llegado después de que la vicepresidenta del Gobierno y una delegación del PNV, encabezada por Andoni Ortuzar, se reunieran a primeros de octubre en Vizcaya, encuentro en el que los jeltzales trasladaron su preocupación por "la involución" que, en su opinión, se está produciendo en el Estado de las Autonomías con leyes que "invaden competencias y desvirtúan" los Estatutos, no sólo el de Gernika, sino también el del resto de comunidades del Estado.
 
Ha sido el principal desmarque en un debate donde el resto de grupos de la oposición ha pedido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que retire la reforma local, por creer que ni ahorrará ni simplificará la administración.
 
PSOE: Desmantelamiento de servicios públicos
El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha tachado el proyecto de "tropelía" y "chapuza", ha dicho que tendrá un efecto "demoledor" en el municipalismo y ha insistido en que tiene elementos de inconstitucionalidad en los que se basará su grupo para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
 
Zarrías, quien ha recordado que el PSOE derogará esta ley si vuelve a gobernar, ha acusado a Montoro de mentir al apuntar que supondrá un ahorro de 8.000 millones y ha subrayado que lo que significará es el desmantelamiento de los servicios públicos y nuevos recortes al Estado del bienestar porque abre "de par en par" la gestión de los servicios públicos locales al sector privado con la mediación de las diputaciones provinciales, que podrán hacerse cargo de las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son más del 85 por ciento del total.
 
Desde la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras ha advertido de que con esta reforma culmina "el bienio de la demolición del Estado social" por parte del PP, que "engaña" a la ciudadanía defendiendo reformar un Estado "mal ordenado" cuando lo que en realidad quiere es imponer su "proyecto neoliberal de menos Estado y menos democracia". La diputada de IU cree también que con esta ley se pretende hacer un "trasvase de servicios públicos a unas pocas manos", las de "grandes empresas privadas", mientras se pierden "decenas de miles de empleos".
 
CiU y UPyD.
El diputado de CiU, Carles Pàramo, ha atacado la propuesta por considerar que modifica "a peor" la administración más próxima y que empeorará y encarecerá los servicios. "Podemos entender que no sirve para España, pero desde luego no sirve para Cataluña", ha subrayado el también alcalde de Roses (Girona.
 
Rosa Díez, como portavoz de UPyD, también ha sido muy crítica: "Es una ley que tiene como consecuencia más opacidad, menos democracia, un reforzamiento del bipartidismo y de los chiringuitos relacionados con el bipartidismo", ha dicho Díez sobre la reforma, que a su juicio no resuelve los problemas de financiación o de duplicidades entre las administraciones y "está hecha para mantener el control clientelar de las instituciones locales".
 
Noticia relacionada: Guerra de alcaldes a la puerta del Congreso. El Mundo

jueves, 17 de octubre de 2013

Antonio Beteta niega que los servicios sociales sean víctimas de la Reforma Local, ley que inicia hoy su debate en el Congreso

Los municipios deberán hacer públicos los costes de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.
 
Revista de Prensa. EP. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha defendido la separación clara de competencias entre administraciones que se establece en la reforma local y ha negado que los servicios públicos se vayan a resentir por ello, porque se establecen suficientes mecanismos para poder cubrir esos servicios.
Servicios sociales para mayores en la capital
 En un encuentro informativo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Beteta ha rechazado interpretaciones como la de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales; este colectivo considera que al fijar que la competencia en esta materia es de las comunidades, muchos municipios dejarán de prestarlas sin que nadie les sustituya en esa función.
 
El secretario de Estado ha explicado que los servicios sociales siempre han sido de competencia autonómica; a los municipios les compete la evaluación de situaciones de necesidad social y la atención inmediata de las personas excluidas o en riesgo de estarlo.
 
 Sobre todo lo demás, la nueva ley dejará sentado que son responsables las CCAA; podrán sin embargo delegar estas competencias a los ayuntamientos siempre que les paguen adecuadamente por ello; si no lo hacen, el Estado abonará ese dinero reteniéndolo de la participación de esa autonomía en los ingresos del Estado.
 
Servicios sociales pero con supéravit
 Además, y como tercera vía, los municipios podrán prestar servicios sociales que la autonomía no quiera ofrecer, siempre que estén en situación de superávit.
 
 A su juicio, este "menú de colaboraciones y todas voluntarias" abre la puerta a que los servicios estén cubiertos. Y que se cubran además con eficiencia, ha subrayado, ya que una de las prioridades de la ley, ha admitido, es que se cumpla en todo caso el principio de equilibrio presupuestario.
 
 Antonio Beteta ha defendido como otra de las claves de la reforma que obliga a las administraciones locales a ser transparentes con el coste de los servicios que prestan. Desaparecido el polémico coste estándar, la obligación de no superar un precio del servicio, los municipios deberán ahora calcular publicar el coste efectivo de los mismos. Los vecinos tendrán así amplia información y podrán comparar unos municipios con otros, ha dicho.
 
En este punto, Beteta ha rechazado la acusación del PSOE de que la ley está pensada para favorecer la privatización de servicios públicos. Según ha dicho, se deja la puerta abierta que un servicio se preste de forma directa o indirecta, pero se deberá informar de por qué y del coste final obtenido, datos que los vecinos podrán comparar con la calidad del servicio que se recibe.Leer la noticia completa. Europa Press
 
Noticia relacionada: La Reforma de los ayuntamientos desmantelará un tercio de los Servicios Sociales. Europa Press

miércoles, 16 de octubre de 2013

Vicente Esteve: Evolución de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos españoles

Vicente Esteve*. Los empleados públicos han soportado parte del ajuste fiscal y del proceso de devaluación interna desde que comenzó la crisis económica en 2008, pero la pérdida de poder adquisitivo es brutal si tomamos como referencia el año 1981
 
En esta entrada del Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales ilustramos este problema utilizando algunos gráficos elaborados por el Blog ciencia explicada.
 
Sólo haré tres comentarios:

i) La pérdida del poder adquisitivo de 1981 a 2014 (si se aprueba definitivamente la congelación salarial para 2014 y se cumplen las previsiones de inflación de 2013 y 2014) de un empleado público medio será del 38,88% (véase primer y segundo gráfico). Dicho en román paladino: al empleado público le falta en su nomina actual más de 1/3 de su salario bruto. 

ii ) Y lo curioso es que se ha perdido poder adquisitivo, tanto en periodos de crisis económica como en años de bonanza económica.

iii) Por último,  en el periodo 1992-2011 el salario nominal medio español creció siempre por encima del nivel de precios (véanse gráficos ), y el salario real creció (ganancia de poder adquisitivo) un 19,54% (cifra sesgada a la baja al incluir el salario medio tanto a los empleados del sector privado como a los empleados públicos). Por el contrario, en el mismo periodo el salario real de los empleados públicos cayó (pérdida de poder adquisitivo) un 34,49%.
 
*Vicente Esteve es Catedrático de Economía en la Universidad de Valencia e investigador asociado en el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá y en el Instituto Universitario de Economía Regional de la Universidad de La Laguna.

Noticia relacionada: Portugal estudia recortar los sueldos a los funcionarios. Expansión

martes, 15 de octubre de 2013

La polémica reforma local inicia su andadura el jueves en el Congreso de los Diputados con 10 enmiendas a la totalidad

El PP espera aplacar algunas críticas de sus propios alcaldes incluyendo enmiendas durante la tramitación parlamentaria
 
Post de Estudiconsultoría: Diez puntos críticos de la Reforma Local- Rafael J. Asensio
 
Alcaldes y concejales de PSOE, IU, CiU, CC,  CHA, ICV y la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) anunciaron  en Madrid que acudirán al Tribunal Constitucional  si el Gobierno no retira de inmediato el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que iniciará su debate el próximo jueves en el Congreso de los Diputados con la defensa y  votación de las enmiendas a la totalidad.
Ayto de Sevilla. Andalucía es la región donde
existe mayor confrontación con la
reforma local.
Más de 2.000 ediles de diferentes partidos y procedentes de varias comunidades autónomas participaron el pasado domingo en un acto celebrado en Madrid, en el que se leyó un manifiesto mostrando su posición "radicalmente contraria" al texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 26 de julio, tras varios aplazamientos y cambios en los borradores inicial.
 
 El texto que se debatirá esta semana  se publicó en el boletín del Congreso el pasado 6 de Septiembre.     
 
El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, señaló que el hecho de que "miles de alcaldes de todos los partidos menos PP" estuvieran en el acto 'es la muestra más evidente rechazo que en el mundo local existe ante esta ley'.

Noticias relacionadas:
- Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales. El País
- El presidente de la FEMP quiere la unidad del mundo local. Diario Montañés
Para el presidente de la FEMP, la clarificación y simplificación de competencias que, a su juicio, contiene la Ley supone un "gran avance" para los gobiernos locales.
-La Asociación Catalana de Municipios contra la reforma local del gobierno. Europa Pres
-Cayo Lara, IU, califica la norma de "contrarreforma". Diario.es