Jueces, fiscales y secretarios judiciales critican el «caos» en la digitalización de la Justicia

Las asociaciones reclaman mayor cooperación entre comunidades autónomas y que se subsanen los fallos técnicos en los programas

Revista de prensa.- ABC.- El plan del ministro de Justicia Rafael Catalá de eliminar el papel en los procesos judiciales cuenta con más detractores que defensores. Jueces, fiscales y secretarios judiciales han creado un frente común contra el llamado «papel cero», un programa de obligada implantación desde el 1 de enero de 2016.

Rafael Catalá, ministro de Justicia

Las voces de la Justicia apuntan a que la forma en que se está llevando a cabo la digitalización de todo lo relativo a las causas judiciales es un «caos», mientras desde el Ministerio son los únicos que defienden su plan de actuación. Pese a ello, nadie se opone a que se implanten estas mejoras, sino todo lo contrario: abogan por que se modernice cuanto antes la Justicia, pero de forma ordenada, no improvisada, y con garantías de su buen funcionamiento.

Fallo en LexNet

El objetivo del proyecto de Catalá pasa por modernizar la Justicia eliminando progresivamente el uso del papel, principalmente a la hora de comunicarse entre los agentes intervinientes en el proceso. Sin embargo, las aplicaciones que ya están en marcha, como es el caso de LexNet, están teniendo grandes problemas técnicos. De hecho, el programa LexNet sufrió una grave brecha en su seguridad hace escasos días que forzó la paralización del servicio: un fallo informático permitió que cualquiera con acceso al sistema pudiera ver las carpetas allí alojadas de todos los abogados españoles sin necesidad de permiso o confirmación.

Si el Ministerio buscaba agilizar la tramitación de las causas con la digitalización, desde las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales alertan de que se ha logrado todo lo contrario. Además, denuncian que en lugar de reducirse el uso del papel, éste ha aumentado considerablemente desde el 1 de enero de 2016.

Problemas de coordinación

Los jueces mostraron la semana pasada en una reunión con el Ministerio de Justicia su firme rechazo contra el expediente judicial electrónico debido a los problemas técnicos que viene ocasionando y su dificultad de uso, además de por la existencia de nueve sistemas procesales distintos ya que algunas comunidades autónomas tienen transmitida esta competencia.

Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), recalca que existe una «diferencia abismal entre territorios» que provoca la «imposibilidad de conectar» los sistemas de los diferentes territorios. La APM reclama una «mayor coordinación entre administraciones, más comunicación entre sistemas informáticos». Además, señala que la digitalización por medio del expediente electrónico es un «sistema precipitado» que se ha realizado «sin valorar los medios técnicos» con los que se cuenta, propiciando que «no sea eficaz» su utilización para los jueces.

Los jueces reclaman mejorar la tramitación del expediente judicial electrónico

En línea con la APM, la asociación Jueces para la Democracia (JpD), en voz de su portavoz Ignacio González, destaca que son partidarios de la modernización de la Justicia pero que resulta necesario acometer «una fuerte inversión», así como evitar que su implantación se lleve a cabo de forma «atropellada». En consecuencia, González señala que desde JpD «exigimos formación y sistemas uniformados entre comunidades autónomas».

Desde Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, su presidenta, va incluso más allá al reclamar que «se paralice» el plan del «papel cero» hasta que se resuelvan los problemas, como en el caso de la firma digital de documentos con la que «se tarda tres veces más que con el sistema antiguo». Por último, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, constata que existen «muchas deficiencias» y «retrasos» en la tramitación del expediente electrónico, aunque reconoce que «el Ministerio está interesado en resolver los problemas».

Fiscalía Digital

Los fiscales, a la par que los jueces, reclaman también soluciones ante los graves problemas técnicos que se han detectado en las aplicaciones informáticas que han de utilizar. Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales, rompe una lanza a favor de la implantación de la Fiscalía Digital, aunque con «garantías y eficacia, y que se solventen los problemas técnicos encontrados».

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, en palabras de su portavoz Miguel Pallarés, reclama que «no se está haciendo adecuadamente y de forma coordinada el tema de la digitalización». Recuerda que «estamos a favor de las nuevas tecnologías», aunque reconoce que «el Ministerio está cerrado en banda» en este asunto. El presidente de la asociación Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, se suma a las críticas de sus compañeros de profesión al destacar que «lo lógico es que tan solo hubiera una aplicación y no cuatro» para los fiscales.

El sindicato de secretarios judiciales denuncia que están «desinformados» respecto a los planes del Ministerio de Justicia

En ese frente abierto a Catalá no solo se encuentran jueces y fiscales. Los secretarios judiciales, denominados ahora Letrados de la Administración de Justicia, también claman contra la forma en que se está llevando a término la digitalización de los procesos judiciales. Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, reconoce que «la situación no es la ideal» y que en España estamos «obsoletos» en tecnología. Realiza un llamamiento a «favorecer la coordinación entre comunidades autónomas» y, especialmente, a que el Ministerio «escuche más al usuario, que es el que realmente tiene que utilizar los programas».

Por parte del sindicato de secretarios judiciales, Abigail Fernández, su portavoz, denuncia que «no hay una línea concreta de actuación» en lo que a ellos les concierne. «Es necesaria una mayor coordinación. Se hace difícil trabajar en estas circunstancias. Estamos desfasados tecnológicamente y no hay plazos, un plan de actuación. Estamos desinformados».

El Ministerio es consciente de las quejas

Las quejas de jueces, fiscales y secretarios judiciales son continuas respecto al plan de Catalá, aunque desde el Ministerio reconocen que no son ajenos a los problemas. «Se trata de un proceso de mejora continua en el que se van abordando diferentes retos sucesivamente. Las aplicaciones van incorporando peticiones avaladas por los contactos que se mantienen con todos los colectivos que las utilizan y van dirigidas a mejorar la experiencia del usuario en su puesto de trabajo», relatan desde Justicia.

Defienden a capa y espada la necesidad de incorporar de forma definitiva en todos los juzgados el proyecto del «papel cero». «La implantación de la tecnología en la Administración de Justicia es un proceso complejoderivado de la complejidad de su propia organización. No obstante, la plena incorporación de herramientas y sistemas digitales en Justicia es un reto inaplazable y un objetivo compartido por todos los organismos y actores que desarrollan su actividad en el sector», afirman fuentes del Ministerio.

Hace escasos días ya se reunieron con jueces y secretarios judiciales para tratar de buscar una solución, mientras que en septiembre está prevista la convocatoria de un Consejo Fiscal para que el fiscal general del Estado transmita una posición común a Justicia. Los próximos meses serán claves para determinar el alcance de las quejas de estos colectivos.

Smart City, sensorización, big data, open data… Conclusión: territorios inteligentes

Por Blog de Víctor Almonacid.- Aunque no pudimos estar en el I Congreso de la Red Localis, sí podemos corresponder a la amable invitación de colaborar en la publicación correspondiente al mismo, a modo de compendio de los diferentes temas allí tratados, y más concretamente dentro del bloque “Nuevos servicios para los municipios del S.XXI: ciudades inteligentes y tecnologías”. 

A continuación compartimos la ficha, sinopsis, estructura y un par de breves cortes de nuestro ensayo, con la doble finalidad de compartir algunas de nuestras reflexiones y de difundir la publicación de mis amigos de Red Localis.

Título: Nuevos servicios para una nueva sociedad. Reflexiones en torno a los datos, las personas, la tecnología y la Administración: ciudades y territorios inteligentes.

Autor: Víctor Almonacid Lamelas. Secretario General del Consell Insular de Eivissa.

ABSTRACT. La sociedad moderna –mejor informada y, en consecuencia, más exigente-, demanda una serie de servicios públicos, especialmente a los Ayuntamientos, que superan con mucho los clásicos servicios de alumbrado, pavimentado y recogida de basura.

Paradójicamente se debe alcanzar este alto nivel en su prestación en un momento de dispersión del concepto “servicio público local”, penetrado por la tendencia –y la necesidad- de colaboración público privada, colaboración “público-pública” y participación ciudadana. Para gestionar este enorme cambio de paradigma resulta preciso poner en marcha una maquinaria, a modo de círculo virtuoso, que nos llevaría de la administración electrónica a la contratación electrónica, de ahí a los servicios inteligentes, y de aquí a los Territorios Inteligentes. 

Yo soy un ciudadano, no de Atenas o Grecia, sino del mundo (Sócrates)

Primera parte. Los servicios públicos locales en la actualidad: ni servicios, ni locales… Ni tan públicos.

1.1. Crisis del concepto servicio público y “megacrisis” del servicio público local.

1.2. Modelo europeo de servicio público.

1.3. Legislación española: Ley de sostenibilidad y Ley de racionalización.

1.4. Necesidad de colaboración público privada.

1.5. Necesidad de colaboración “público-pública” (interadministrativa) y participación ciudadana (open government).

1.6. Ejemplos reales de éxito.

Segunda parte. Primer Círculo Virtuoso (ICV): eGov – eProc – Smart City – Territorio Inteligente.

“…la digitalización del procedimiento es la base, el elemento troncal, del servicio público moderno. Cuando el procedimiento es electrónico estamos muy cerca de la administración electrónica, un concepto más amplio que incluye al anterior. Por otra parte, de todos los procedimientos que debemos digitalizar, el de contratación entronca directamente con los servicios inteligentes, toda vez que la vida de un contrato tiene un par de fases que podríamos denominar procedimentales –preparación y adjudicación- y otras dos de servicio público –esencialmente la ejecución del contrato y también su posible extinción anticipada-. Finalmente, si el servicio público municipal alcanza el nivel de “inteligente”, no tiene sentido que este se ciña a un término municipal, no siendo complicado que se amplíe a partir de esta buena implantación y abarque un territorio de ámbito provincial, insular, o al menos metropolitano o comarcal, o bien empezar directamente por este ámbito territorial supramunicipal”.

2.1 Administración electrónica (eGov)

2.2 Contratación electrónica (eProcurement)

2.3 Servicios inteligentes (Smart City).

2.4 Territorios Inteligentes (supramunicipales e infra regionales).

Tercera parte. Conclusión: los “territorios locales” son la administración del futuro.

3.1 Segundo Círculo Virtuoso (IICV): Conectividad – Big Data – Open Data – Open Government – Smart City.

“…parece claro que, aunque la tecnología no es el fin, sin duda es un medio esencial para permitir este nivel de servicio público, máxime en ámbitos territoriales superiores a los clásicos pueblos y ciudades. Por tanto, el elemento tecnológico primordial para el desarrollo de los servicios inteligentes es la conectividad. Aumentando y sobre todo controlando –en el buen sentido- las conexiones, la Administración obtendrá miles de millones de datos (Big data), bastantes de los cuales podrá compartir con el tejido social y empresarial (Open data), de modo que cada usuario de esta gran cantidad de datos podrá (re)utilizarlos en beneficio de sus intereses, siendo siempre los de la administración de carácter público, y los del resto a veces público (participación ciudadana) y a veces privado (emprendimiento).”

3.2 El futuro.

Otras 40 ciudades -hasta un total de 123- cuentan con financiación pública para desarrollar Estrategias DUSI

Las ayudas de esta convocatoria han ascendido a 297 MM €, que acumulados a los fondos de la primera convocatoria hace que ya se hayan distribuido los 1.013 millones de fondos FEDER. Ver anuncio BOE 

Nota Ministerio de Hacienda y AA.PP.- Un total de 123 ciudades españolas cuentan ya con una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), toda vez que tras la segunda convocatoria celebrada han resultado seleccionadas 40 nuevas ciudades. Como se pudo comprobar en la primera convocatoria, el desarrollo de las estrategias DUSI ha tenido un éxito sin precedentes para las Entidades Locales (EELL), no sólo por la cantidad de recursos que se han destinado, sino por el valor que aportan a los municipios las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que han resultado seleccionadas.

 En la primera convocatoria presentaron estrategias prácticamente la totalidad de los municipios de más de 50.000 habitantes y el 44% de los de entre 20.000 y 50.000 habitantes, con un resultado que supuso que prácticamente el 70% de los municipios de más de 20.000 habitantes fueran capaces de plantear y desarrollar estrategias DUSI.

 En esta segunda convocatoria cabe resaltar que prácticamente todos los municipios mayores de 20.000 habitantes que podían optar a estas ayudas han presentado estrategias. Como ya sucedió en la primera convocatoria, todas las estrategias han sido valoradas de manera independiente por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales y el Ministerio de Fomento, contando asimismo con la calificación de tres departamentos sectoriales expertos en los temas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Red.es), Transición hacia una Economía Baja en el Uso de Carbono (IDAE) e Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza (Fondo Social Europeo), así como las redes temáticas competentes en materia de Medio Ambiente y de Igualdad de Oportunidades. A las reuniones de la Comisión de Valoración han asistido más de 30 expertos, así como representantes de la Comisión Europea.

En la convocatoria actual se han incluido ayudas por el 30% de la dotación total del Programa operativo de Crecimiento Sostenible de FEDER, que ascienden a 297,5 millones de euros, lo que acumulado a la primera convocatoria, completa prácticamente los 1.013 millones de ayuda FEDER que están incluidos el Eje Urbano para todo el periodo de programación.

 En la segunda convocatoria se mantuvieron los tres tramos de ayuda de la primera convocatoria:  Para ciudades o áreas funcionales mayores de 100.000ü habitantes la ayuda máxima a cofinanciar ha sido de 15 millones de euros.  Para ciudades o áreas funcionales mayores de 50.000 yü menores de 100.000 habitantes, la ayuda máxima a cofinanciar ha sido de 10 millones de euros.  Para ciudades o áreas funcionales mayores de 20.000 yü menores de 50.000 habitantes, la ayuda máxima a cofinanciar ha sido de 5 millones de euros.

De las 40 Estrategias seleccionadas, 13 se destinan a EELL de más de 100.000 habitantes o capitales de provincia o de Comunidad Autónoma, que serán gestionadas por la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano; las otras 27 Estrategias serán gestionadas por la Dirección General de Coordinación de competencias con las CCAA y las EELL. 

Nueva convocatoria de Estrategias DUSI

Resueltas la primera y segunda convocatoria correspondientes a los recursos FEDER inicialmente programados para este Eje Urbano, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha decidido convocar una tercera convocatoria, que alcanzará 344 millones de euros, procedentes de la revisión técnica del Marco Financiero Plurianual.

La Tarjeta Social Universal incluirá más de 450 prestaciones

La Tarjeta Social Universal englobará las prestaciones económicas a cargo de las Administraciones Públicas y permitirá identificar las situaciones a través de un mapa de prestaciones

Revista de prensa. Agencias.- La Administración General del Estado y las comunidades autónomas han identificado más de 450 prestaciones que formarán parte de la Tarjeta Social Universal. El Grupo de Trabajo para el diseño e implantación de dicha tarjeta se ha reunido hoy, bajo la presidencia del subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, para avanzar en la coordinación de las Administraciones Públicas para el impulso de la Tarjeta Social Universal. 

La tarjeta social servirá para ofrecer una mayor transparencia a los programas sociales gestionados por las distintas Administraciones Públicas y mejorará la eficiencia y la coordinación de las diferentes Administraciones en el diseño e implementación de su política social con el objetivo de evitar situaciones de vulnerabilidad. 

  

En la reunión mantenida el jueves, se ha puesto de manifiesto la buena evolución de  la primera parte de los trabajos preparativos orientados a la identificación de las prestaciones y situaciones subjetivas que formarán parte de la Tarjeta Social Universal. En este tiempo, se han identificado más de 450 prestaciones públicas y situaciones subjetivas que formarán parte del proyecto. 

La Tarjeta Social Universal englobará las prestaciones económicas a cargo de las Administraciones Públicas y permitirá identificar las situaciones a través de un mapa de prestaciones. 

Acreditación

El proyecto incrementará la capacidad de las distintas Administraciones Públicas de mejorar el diseño de las políticas sociales. Asimismo, servirá como mecanismo de acreditación, simplificando trámites administrativos y potenciando la capacidad de impulsar políticas sociales por parte de las Administraciones y el Tercer Sector.  

El subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, ha destacado que ya se han iniciado los procesos de intercambio de información entre los distintos organismos de la Administración General del Estado y algunas comunidades autónomas, y ha anunciado que, una vez culminado con éxito el proceso de identificación de prestaciones, las distintas Administraciones tendrán que avanzar en esta segunda fase del proyecto. Esta fase implicará la interconexión de los sistemas de información de las Administraciones Públicas afectadas. 

La reunión de seguimiento de hoy se produce tres meses después de la constitución del Grupo de Trabajo y es fruto de un mandato de la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero. En este tiempo, se han celebrado también dos reuniones con los interlocutores sociales en el marco de la Mesa de Diálogo Social sobre plan de choque por el empleo, desempleados de larga duración y tarjeta social. 

El Grupo de Trabajo está compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, las ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

Operación salida de la administración electrónica

"Un proyecto tecnológico que va con retraso es un horror. Un proyecto que arranca si o si, antes de estar preparado es directamente un infierno de (como poco) meses"

 Por Sergio Jiménez.- Analítica Web Pública.- Con motivo de la llegada del éxodo masivo veraniego todos podemos deleitarnos con los artículos habituales sobre la operación Salida. No me refiero a los millones de desplazamientos, las lamentables muertes, el precio de las gasolinas, o los reportajes sobre fiestas patronales. Me refiero a los artículos de consejos prácticos para la operación salida. Esta situación me recuerda un poco al supuesto éxodo masivo al procedimiento electrónico que supuso la llegada de las leyes 39 y 40 de 2015. 

Bueno, es verdad que no es que podamos llamarlo “masivo”, pero en todo caso, es complejo, importante y lo bastante serio como para que adaptemos parte de estos consejos a las Administraciones Públicas. Hablemos de la Operación Salida de la Administración electrónica.

Poner el coche a punto

Antes de comenzar el viaje conviene revisar el estado del coche. Esto suele suponer mirar los niveles y las ruedas, que es algo que puedes hacer solo. Luego, si el coche tiene tiempo, o lleva un rato sin revisar, conviene hacer un chequeo en el taller.

En el caso de las organizaciones públicas tendríamos estos dos niveles. En primer lugar, conviene hacer un inventario de cómo está la organización de personal, parque informático, procedimientos, etc. Todo ello a un primer nivel. ¿Por qué? Porque es mejor saber lo que falta y esperar a que las cosas estén bien a que “las ruedas patinen” en mitad de un proyecto, y generes una base de datos con información sensible en un entorno no seguro. Luego están las revisiones más en profundidad. Si, por ejemplo, tenemos que sacar un nuevo sistema de contabilidad adoptado a una nueva norma muy posiblemente ni lo sepamos ni tengamos manera de hacerlo. Ahí sí que podemos ir al taller.

No seas tacaño. Si crees que el coche no está muy allá, es mejor salir de dudas que jugarse la vida en un ataúd con ruedas.

Lleva el material de emergencia para los pinchazos

Siempre puede haber pequeñas averías que podemos resolver si tenemos el equipo y aprendemos a hacerlo. Es decir, si se pincha una rueda y tenemos lo necesario para repararla (incluido el chaleco y los triángulos), podemos evitar perder tiempo y dinero llamando a la grúa.

En el caso de la Administración electrónica ocurre lo mismo. Uno no está del todo preparado para ataques como los recientes casos de ransomware, especialmente cuando estos son muy avanzados. Pero al menos tener una política de seguridad, un antivirus y los parches de seguridad aplicados nos puede evitar un sofoco y dedicar tiempo y dinero a arreglar las cosas.

¿Te da miedo no saber cambiar la rueda? No te preocupes, no es tan difícil, basta con acudir a un curso o, si ya te ha pillado, siempre habrá alguien que te pueda ayudar, pero yo prefiero ayudar a tener que ser ayudado.

Cumple el código de circulación

Hay dos muy buenas razones para cumplir las normas. La primera, para que no te multen. La segunda, para no matarte.

En el caso de la Administración electrónica hay normas que hay que aprender en lo que te corresponde. Como mínimo los Esquemas Nacionales y la Ley de Protección de Datos tienes que tenerlas bien presentes. A esto hay que añadir estas que aún no están tan detalladas o claras (las propias leyes 39 y 40) pero, como diría cualquier guardia de tráfico “el desconocimiento de la ley….”Es decir, hay que conocer qué podemos hacer y qué no podemos hacer, o puede pasar cualquiera de las dos cosas.

Antes de salir, estudia y planifica el itinerario

No improvises un viaje largo. Antes de salir estudia a qué hora estarás mejor, tendrás menos tráfico, te molestará menos el sol, etc. Además, es buena cosa que tengamos presentes los itinerarios alternativos, los posibles puntos de descanso o repostaje, etc.

Antes de iniciar un proceso de adaptación a la Administración electrónica es conveniente que te plantees cosas similares. ¿Cuándo puedo hacerlo? ¿En qué momento no será relegado por otro proyecto, o por una tarea muy absorbente como la preparación de los presupuestos? ¿Cuándo podría y debería frenar un poco el proyecto? Si no avanza lo bastante rápido ¿Qué otros proyectos podría iniciar para compensar parones o retrasos?

Como diría Starscream:

Uno no puede hacer el primer movimiento sin tener claro el último

No te obsesiones con la hora de llegar

Las cosas tardan lo que tardan. Obsesionarse con una hora de llegada es exponerse a no descansar, correr asumir riesgos, etc. Es una experiencia muy mala llegar muy tarde, o que el viaje dure el doble, pero es una experiencia mucho peor tener un accidente de tráfico.

Un proyecto tecnológico que va con retraso es un horror. Un proyecto que arranca si o si, antes de estar preparado es directamente un infierno de (como poco) meses. Si hay que demorar el proyecto, demórarlo, pero no lo arranques si la cosa no está en condiciones de funcionar, o directamente perderás todo tu crédito, fiabilidad y legitimidad de tu organización

Organizar el equipaje

Tener mucho equipaje es algo consustancial a unas largas vacaciones. Cuando uno lo mete en el maletero se puede encontrar con que no todo entra. Así que tienes que dejar cosas en casa, o tienes que darle vueltas a cada bulto hasta que todo queda sin quitarte la visibilidad ni suponga un riesgo de golpearte la cabeza.

En el caso de las organizaciones públicas el equipaje es la cultura y el conocimiento de la organización.Hay una parte del bagaje organizativo que no va a entrar en este nuevo viaje (como las compulsas). Hayotros que directamente tendrás que ubicarlos o recolocarlos. Cuando llegues, vas a poder disfrutar mucho de ellos, pero posiblemente, para transportarlos tendrás que ponerlos donde menos te piensas, o desinflarlos. La cuestión es que no debería ni impedirte ver lo que pasa, ni darte en la cabeza cuando menos te lo esperas.

Descansa cuando toque

Un largo viaje en coche es algo más arriesgado de lo que parece. El cansancio es algo que no se nota siempre, así que es mejor para cuando te toca que esperar a que sea muy tarde. Tráfico dice cada 2 horas o 200 kilómetros.

En el caso de los proyectos tecnológicos y las organizaciones, la situación es similar. Aunque no lo parezca, someter a una organización al continuo estrés de proyectos de cambio como estos, tiene un coste energético. La gente, incluso cuando sale bien, se cansa, tiene que armonizarlo con su trabajo normal, asimilar lo que ha aprendido. Evidentemente, la prisa de la ley es (supuestamente) grande, pero no por correr más llegamos antes. Cuando acabes uno (o una etapa), toma aire, recapitula y piensa como ir a mejor.

Respeta a otros conductores y al sentido común

Aunque te sepas las normas (todas) y tengas suficiente frescura para tomar decisiones conforme a ella, por encima de eso está el sentido común y la cortesía con otros conductores.

Conducir, como gestionar cambios, es una tarea en la que la planificación corresponde a una esfera, pero la toma de decisiones llega mucho más lejos. Uno no planifica cuando va a ceder el adelantamiento al conductor que viene muy pegado detrás. Simplemente valora la circunstancia y estima que es más seguro dejarle pasar. En el caso de un cambio, ocurre lo mismo, a parte del plan, gestionar a las personas, los apoyos políticos, proveedores o partners son cosas que se salen del plan inicial pero que hay que decidir.

Como norma general, en los proyectos, como en la carretera, cuanto más seguros estemos cada uno de nosotros, más seguros estaremos todos.

Y con esto es posible que tengáis un buen viaje y un buen proyecto de Administración electrónica. Pero, en todo caso, pasad unas buenas vacaciones.

Cataluña: "Alta tensión política y Función Pública"

"Cuando la política actúa con vocación de pirómano y no hay bombero alguno que apague el incendio, la función pública deja de ser un cortafuego y se puede convertir ella misma fácilmente en pasto de las llamas"

“Fracasé rápidamente en el intento de aislarme en un pequeño entorno privado y protegido, y el motivo fue sencillamente que no existía tal entorno” ( Sebastian Haffner, Historia de un alemán. Memorias 1914-1033, Destino, 2006, p. 223)

Por Rafael Jiménez Asensio.- Blog la Mirada Institucional.- La función pública es una institución siempre sensible a las crisis políticas. Su afectación  es mayor o menor en función de varios factores. En esta entrada analizaré únicamente tres de ellos. Y, a partir de ahí, extraeré algunas hipótesis o escenarios de futuro. A saber: 

El primer factor es el grado de consolidación real de la institución de función pública. Esta institución tardó mucho tiempo en asentarse. Y no lo ha hecho de forma efectiva más que en las democracias avanzadas. No fue una batalla fácil ni corta en el tiempo. En nuestro caso su proceso de afincamiento ha sido largo y desigual, ofreciendo aún espacios en los que sus pilares básicos no se han desarrollado plenamente u ofrecen algunas patologías estructurales.

No se puede hablar de institucionalización plena de la función pública salvo que se cumplan tres exigencias conceptuales básicas: 1) Profesionalización, vinculada principalmente con sistemas de acceso y carrera profesional basados en la libre concurrencia en condiciones de igualdad y en el principio de mérito; 2) Imparcialidad, principio existencial de la función pública, que debe ser respetado plenamente por quienes ejerzan circunstancialmente el poder; y 3) Garantía de inamovilidad del funcionario, poniendo así a este al abrigo de la (arbitrariedad) política.

Pues bien, las crisis políticas, sobre todo aquellas que implican procesos revolucionarios, insurreccionales (de cualquier carácter) o rupturistas, comportan habitualmente –con mayor o menor intensidad- el desfallecimiento de los tres presupuestos que sirven de base a la institución.

En tales contextos de crisis, la profesionalización se puede ver quebrada en el acceso (por ejemplo, a través de las “oposiciones patrióticas”, como las que se llevaron a cabo sin ir más lejos en el primer franquismo) o en la multiplicación del empleo público temporal, siempre muy vulnerable a la presión política. En esos complejos escenarios la imparcialidad es preterida, pues lo único que se exige en tales momentos son lealtades inquebrantables. Y, en fin, consecuencia de lo anterior, tal como estudié hace treinta años en la tesis doctoral (Políticas de selección en la función pública española 1808-1978, MAP, 1989), se ponen en marcha procesos de “selección negativa” (así los denominó Alejandro Nieto) que conllevan “purificaciones”, depuraciones, ceses en masa o purgas (dependiendo el tipo de régimen) en las plantillas de empleados públicos. Esas nóminas de empleados quedan así diezmadas y se reponen con fieles al nuevo sistema. Pero debe quedar claro que esas denostadas prácticas no son propias ni exclusivas de este país, pues ha habido innumerables precedentes, también en aquellos países que hoy en día representan las democracias más avanzadas. 

Imparcialidad

El  segundo factor, estrechamente relacionado con el anterior, es el grado de politización que sufre la institución de función pública, entendido como penetración de la política en su estructura y funcionamiento. Si la profesionalización de la función pública es dominante, la politización es anecdótica o residual. Pero si aquella es débil y los valores básicos de la función pública no están plenamente asumidos (imparcialidad y neutralidad o mérito, entre otros, así como sometimiento al orden constitucional y a la Ley), la politización puede jugar como un factor de perturbación de primera magnitud en determinadas crisis políticas. En esos escenarios de debilidad institucional, el funcionario deja de actuar como decía Weber sin ira y sin prevención (ya no está alejado funcionalmente de la lucha política partidista), pasando a convertirse en una suerte de soldado de la política alineado exclusivamente con ella, con olvido por tanto de su papel existencial. Algo impropio de un sistema democrático y de una función pública profesional.

La politización puede adoptar, de todos modos, muchas otras caras: por ejemplo, llenar la alta administración de fieles al partido o partidos en el poder para que hagan de motor de la voluntad política explicitada a veces como mera decisión. También la politización supone multiplicar sin freno los puestos de libre designación en la Administración pública (muestra viva de la colonización política), con la finalidad de disponer así de un ejército de correligionarios que trasladen de forma muda las decisiones políticas, por muy contestadas que pudieran ser estas desde el plano técnico; o más sutilmente politizar es, asimismo, llevar a cabo una presión directa o indirecta sobre una función pública que en su estado de debilidad muestre escasa beligerancia con el poder. La expresión más extrema de esta forma de actuar es la que se dio en regímenes totalitarios. En estos últimos, el impresionante testimonio de Haffner recogido en el libro que abre esta entrada es inigualable, sobre todo para observar también cómo una función pública profesional (como era entonces la alemana) cae gradualmente en las redes de una expresión política total.

Y, en tercer lugar, un factor sustantivo en ese complejo binomio entre función pública y crisis política se encuentra en la naturaleza que esas crisis adopten. La Historia nos muestra muchos ejemplos, tal vez demasiados. Por no salir de nuestro marco y tampoco del propio de las democracia avanzadas, es cierto que en todo proceso revolucionario que supone la caída de un régimen anterior se suman con mayor o menor intensidad todas y cada una de las patologías descritas. Se pudo ver, así, en la Revolución francesa, pero también en los distintos modelos constitucionales que se ensayaron a partir de entonces en Francia desde 1789 a 1873, por no ir más lejos. A tal efecto, tanto el libro de François Furet (La révolution I y II, Hachette, 1988) como las imprescindibles impresiones de Tocqueville sobre la Revolución de 1848, dejaron claras esas tendencias de depuración de los escalafones funcionariales en momentos de honda perturbación política. Aunque ello no fue exclusivo de Europa. En este punto, los dos tomos del último libro de Fukuyama traducido al castellano (Los orígenes del orden político; y Orden y decadencia de la política, Deusto, 2016) son reveladores. No puede haber Estado democrático sin una función pública profesional e imparcial. 

Cesantías

En España, ya los liberales gaditanos implantaron a inicios del siglo XIX el denostado sistema de cesantías. Pero Fernando VII fue mucho más agresivo, al perseguir sin descanso a cualquier funcionario adicto a la causa constitucional e implantar más adelante (tras el trienio liberal) un sistema de purificaciones que describe magistralmente Benito Pérez Galdós en su obra El terror de 1824. 

Tras esa larga etapa de oscurantismo, volvió con fuerza el sistema de cesantías, pues los funcionarios dependiendo de la adscripción a una u otra opción política retornaban a sus puestos o eran sencillamente laminados por un cese fulminante. Y esto se produjo independientemente de cuál fuera la naturaleza del sistema político-constitucional o del gobierno de turno (conservador, moderado, liberal, progresista, republicano o franquista). En este sentido, un excelente libro para comprobar esa noria permanente de ceses y nombramientos de funcionarios marcados por una visión sectaria de la política (tan arraigada en nuestras mentalidad) es, sin duda, la obra colectiva Política en penumbra (Siglo XXI, 1996). Ese es el legado institucional heredado. Y, a pesar del tiempo transcurrido, todavía muestra huellas evidentes.   

Pero, tras ese largo calvario, la institución de función pública (también en España, aunque de modo desigual y más tardío), echó raíces firmes. Las depuraciones masivas (al menos en Europa occidental) dejaron de darse, aunque los regímenes cambiaran de signo. La institución de función pública, por tanto, adopta una alta resistencia ante las crisis (y también ante las presiones) políticas, en especial cuando mayor es su grado de consolidación institucional y menos politizada está. Ello no quiere decir que, ante una crisis política grave, la institución de función pública no padezca, pero si se dan las premisas de una Administración impersonal (en términos de Fukuyama), la defensa de la institución y de sus miembros siempre es mucho más efectiva frente al mal gobierno, el aventurerismo político o al mero desorden o caos institucional. 

Los problemas, sin embargo, no acaban ahí. Si se producen colisiones frontales entre orden constitucional y decisionismo político (legalidad versus legitimidad; o el retorno a la escena política del viejo enfrentamiento entre Kelsen y Carl Schmitt, saldado históricamente a favor del primero), el desgarro de la función pública puede ser un efecto inducido del contexto. En ese marco nadie, absolutamente nadie,  se libra de que la polarización política intensa traspase los muros de contención (más aún si estos son débiles o frágiles) de la función pública. Decir lo contrario es ignorar el pasado. 

En esa hipotética circunstancia se abriría, así, un aparente dilema: ¿Qué “legalidad” obedecer?: la que es fruto de la decisión o la inserta en el orden jurídico constitucional vigente. Una función pública profesional no tiene dudas de alineamiento frente a esa cuestión. Plantear tal dilema, por ejemplo, en Alemania, Francia o Canadá, es un absoluto dislate. Plantearlo aquí como mera especulación también tiene, en principio, una respuesta clara y unívoca. Mas pueden surgir algunas dudas, por lo antes expuesto. La función pública solo se desgarra ante las crisis políticas graves cuando sus pies son de barro. Si se produce el derrumbe de la institución, la profesionalidad, imparcialidad e inamovilidad, pueden transformarse en valores inertes. Y si así fuera, la institución quedaría absolutamente  capturada, que es como decir muerta. 

En verdad, pese al énfasis que se pueda exponer en el discurso político, se trata de un falso dilema. Cualquier funcionario, al margen de su propia ideología, procedencia o nivel, lo sabe. La función pública está al servicio de la sociedad, pero asimismo sujeta a un orden jurídico-constitucional del que no puede fácilmente desembarazarse. Un funcionario conoce perfectamente las consecuencias que se anudan a tal conducta.

Nada de lo anterior implica –y de necios sería no reconocerlo- que a la institución de la función pública se lo pongan fácil en determinados contextos, menos aún si la alta tensión política contagia y se traslada al sistema burocrático. Y ello se puede dar cuando se invoque, por un lado, el Derecho sancionador “propio” y, por otro, se saque a pasear al Derecho penal y a los tribunales de justicia.

Cuando la política actúa con vocación de pirómano y no hay bombero alguno que apague el incendio, la función pública deja de ser un cortafuego y se puede convertir ella misma fácilmente en pasto de las llamas. El edificio funcionarial puede quemarse totalmente o tener destrozos de tal magnitud que lo hagan poco menos que irreconocible en un futuro inmediato. El espacio burocrático se puede transformar, así, de forma burda e irresponsable, en campo de batalla político.

Seguridad Jurídica

Pero que nadie se llame a engaño. Cuando surgen crisis políticas graves, la seguridad jurídica (y sobre todo la inamovilidad) de los funcionarios públicos, por muchas lecciones (impostadas) de normalidad que se quieran dar, entra potencialmente en una tierra de arenas movedizas o, si se prefiere, en un campo minado. Todo el mundo pretende ponerse a salvo. La tensión política se transforma en tensión existencial en lo que a la vida funcionarial respecta. Hay mucho en juego. El temor y la incertidumbre se apoderan de una cotidianeidad que se ha visto (¿sorpresivamente?) alterada de raíz. Ley de vida. Si esto se produce, retornarán (si no lo han hecho ya) viejos debates que presumíamos cerrados para siempre. Qué poco hemos aprendido. 

Víctor Almonacid: Toda la actualidad sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Por Blog de Víctor Almonacid.- Hay muchas posibilidades de que el próximo jueves 27 de julio vea la luz la nueva Ley de Contratos del Sector Público – acceda a su texto aquí y a toda la documentación aquí-. Es por ello que ahora es un buen momento para recopilar toda la documentación que tenemos al respecto de la importante e inminente Ley, como siempre buscando la utilidad común (profesionales, opositores, curiosos…). Felices vacaciones-

La contratación pública (electrónica) que viene

¿Qué hay que negociar en el procedimiento negociado?

Las instituciones de la UE pueden hacer más para facilitar el acceso a su contratación pública

Contratación pública: ¿puede licitar una empresa que no ha sido invitada?

Directivas Europeas de Contratación Pública y borrador de la nueva Ley de Contratos

¿Qué es una central de compras?

Publicidad y acceso a la información en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)

¿Qué es la Compra Pública Innovadora (CPI)?

La licitación electrónica YA es obligatoria

La contratación electrónica en la futura LCSP

Breve aproximación a la inminente Ley de Contratos del Sector Público

Acuerdos de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica sobre Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por el que se establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 842/2011. 

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades del Sector Público Local (viene del mandato de la Ley 40/2015, de régimen jurídico: “Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda” (art. 53.1 LRJ).

Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y en el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos. (BOE de 4 de julio).

Noticia: “La Comisión de Hacienda cerró el día 5 de julio en el Congreso el informe de ponencia de la nueva Ley de Contratos del Sector Público“.

Noticia: EL JUEVES 27 DE JULIO EL CONGRESO APROBARÁ EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (vía contrato de obras).

Para saber más:

Comunidad de prácticas de contratación pública

Contrato de obras (web sobre contratación pública). También en Twitter.

Hashtag #contrataciónpública en Twitter

WIKICONTRATACIÓN

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Nuevas métricas para la formación corporativa

"Al final, el no evaluar se está convirtiendo también en un factor de inercia (por si no tuviéramos  pocos)  para no cambiar"

Por Jesús Martínez. Blog Trabajo Colaborativo.- Hace unos días, en la entrada ¿Necesitamos nuevas métricas para la gestión del conocimiento?, concluía que en esta fase en la que se encuentra la gestión del conocimiento, más orgánica, en la cual ya se superaron las etapas en lo que lo importante era el conocimiento explícito depositado en grandes plataformas tecnológicas, las herramientas para medirlo  no  han evolucionado de la misma manera.

Tuvimos la suerte de contar con Javier Martínez Aldanondo que nos vino a decir que si el programa de gestión del conocimiento estaba bien diseñado, debía de responder a un problema concreto detectado que, a su vez, debía estar ligado a un indicador de producción o de mejora de la empresa. Y aquí ya no había más evaluación posible.

La presentación os la podéis bajar desde aquí). Y esta esta foto , tenéis un esquema que la resume.

Es este el mismo planteamiento que aparece en el muy recomendable blog Conversation Matters de Nancy Dixon . Recoge una entrevista al CKO de Microsoft, en el que nos dice básicamente lo mismo que Aldanondo.

Ésta es la pregunta N. Dixon y la respuesta de J.C. Monney  

Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a Jean-Claude Monney , para un proyecto en el que trabajaba para USAID. Él es el CKO de Microsoft Services, la mayor División de Microsoft con más de 22.000 personas. Una de las preguntas que le hice fue:  "¿Conoces la investigación completada o en curso que demuestre el valor o la eficacia de la Gestión del Conocimiento en la entidad?”.

Eficacia

Su sorprendente respuesta fue: “Todo el mundo habla de eficacia como si fuera el Santo Grial.   ¡Es la pregunta incorrecta! KM es clave para proporcionar ideas, por ejemplo, sobre cómo mejorar las ventas y el marketing, pero KM no es el que define el beneficio. No se puede medir el ROI del conocimiento".

Pues bien, también creo que podemos hacer extensiva  la crisis de indicadores de evaluación tradicionales a la formación corporativa. Durante mucho tiempo nos hemos sentido culpables por no haber evaluado suficientemente la formación. Ha habido intentos meritorios de ir más allá de los primeros niveles de Kilpatrick, pero no hemos pasado habitualmente del nivel de asistencia y satisfacción.

Por ello es lícito preguntarnos ¿ al igual que en la gestión del conocimiento podría ser que también estén en crisis  las métricas para evaluar la formación? ¿Hemos de seguir insistiendo poniendo medios y recursos para llegar a los niveles superiores de Kilpatrick? ¿Vale la pena?

Hay una aportación de Robin Hoyle en su obra Informal Learning in Organizations que me ha hecho reflexionar.

Afirma Hoyle que en programas de amplio espectro como son los de aprendizaje informal,  es muy difícil aislar los diferentes componentes que se ponen en juego.  Con ello entiende que no debemos estresarnos por mantener criterios de evaluación estrictos fruto de parámetros organizacionales anteriores. Habla, directamente, de ir a la evaluación del rendimiento. Y, como mucho, de establecer métricas suaves para saber si la salud del programa de aprendizaje informal es la adecuada.

Con lo cual, y siguiendo el razonamiento de Hoyle,  si vamos a escenarios en los que las aportaciones de las propuestas formales son ya sólo una pequeña parte de los aprendizajes totales (escenarios 70 20 10, por ejemplo), ¿tiene sentido aislar programa por programa  para saber cuál es el porcentaje de su aportación al resultado final?

Conseguir objetivos

Quizás,  debamos dedicar más esfuerzos en evaluar bien el rendimiento y confiar en el buen criterio, y la autonomía de las personas, para saber elegir aquello que les ayuda a conseguir sus objetivos profesionales y organizativos.

Es lo que al final, Joaquín Azcue, director de formación de Universitas Telefónica  nos venía a decir, en una visita reciente, cuando le planteamos si seguían los criterios de  KilPatrick para evaluar los programas que desarrollan en su Universidad Corporativa. Nos decía que ya hacía tiempo que se habían olvidado de Kilpatrick y que ahora lo único que les preocupaba era si habían detectado deseo de volver en los participantes.  Si volvían les había sido útil. Lo aprendido les había servido para  mejorar su cuenta de resultados cuando debían de volver a sus áreas de negocio. ¿Acaso importa algo diferente?

No es un planteamiento, como pudiera parecer,  simple.  Creo que debemos seguir reflexionando sobre ello y ser valientes para intentar ir un poco más allá del bucle de no evaluamos porque no tenemos  medios, pero si los tuviéramos, con los ajustes necesarios  a los programas, seguirían siendo útiles ( fruto de la evaluación).

O sea, al final, el no evaluar se está convirtiendo también en un factor de inercia (por si no tuviéramos  pocos)  para no cambiar.

Una campaña reivindica que se garantice la atención presencial en oficinas públicas

El sindicato CGT critica la imposición de la Administración electrónica y Podemos lo llevará al Congreso

Revista de prensa.- Paco Cerdá. Diario Levante. No solo ha sido el caso del parado de Alzira que denuncia que no tener correo electrónico le ha impedido conseguir un certificado oficial que necesitaba. El avance de la Administración electrónica está dejando a damnificados en cunetas, poco visibles pero tremendamente incómodas para quien no sabe utilizar internet y necesita interactuar con la Administración. El sindicato CGT ha iniciado una campaña bajo el lema «No todos estamos preparados» en la que critican la «imposición de la Administrcación electrónica"

«Para solicitar una cita previa o realizar una gestión necesitamos un ordenador, internet, impresora, tinta, o pagar una llamada a un 901 para terminar hablando con una máquina. No todos los ciudadanos disponen de estos recursos ni de los conocimientos necesarios para gestionarse ellos mismos los trámites administrativos», explica Isidoro Calderón, dirigente sindical de CGT. Unidos Podemos ha recogido la queja y presentará proposiciones de ley en el Congreso y el Senado que piden modificar la ley para garantizar la atención presencial en la Administración pública, en claro retroceso desde la entrada en vigor a principios de año de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CGT alude a dos ejemplos que son habituales en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo INEM. En su web está claramente indicado: la cita previa es «imprescindible para la atención en oficina de prestaciones». ¿Y cómo se coge cita previa? Ha de ser en la página web, mediante una aplicación de teléfono móvil o, en todo caso, a través de un teléfono 901 (con coste) al que responde una máquina. Tres procedimientos con los que ciertas personas están muy poco habituadas.

Recurrir a gestorías

Tanto en las oficinas del SEPE como en las del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para realizar gestiones en torno a las prestaciones por desempleo, jubilación o pensiones, es necesario interactuar antes con la red o con un teléfono 901 de llamadas automatizadas. «Si una persona va a pedir un certificado, le darán un nombre de usuario y una contraseña para operar por internet, le enviarán un SMS con un código, o le demandarán un correo electrónico. Y muchas de estas personas no tienen conexión a internet o son analfabetos digitales», señala a Levante-EMV Isidoro Calderón.

Esta situación, aseguran, está llevando a la población más desfavorecida a recurrir a gestorías, locutorios, imprentas o abogados para poder hacer gestiones tan esenciales como solicitar un certificado negativo de prestaciones para solicitar el acceso a un comedor social. Por ello, CGT exige que se garantice la atención presencial a los ciudadanos en las oficinas de las Administraciones públicas. En las que compete al Estado en las sedes de la Seguridad Social, en los servicios de Empleo, en las delegaciones de Hacienda.

El objetivo es que los cauces telemáticos sean una opción y nunca una imposición, porque «no todos los trabajadores disponen de estos recursos ni de los conocimientos necesarios para gestionarse ellos mismos los trámites administrativos», subraya el sindicato. Su propósito es desatar un movimiento de respuesta social para exigir que los avances tecnológicos no deje descolgados digitales ante la Administración.