Opinión: La justicia se moderniza, la justicia rejuvenece

"La imagen que muchos tienen de la justicia, de montañas de papel y retrasos, será cosa del pasado"

 Revista de prensa. Cinco Días. Por Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia. La imagen mental que muchos ciudadanos tienen de la Administración de Justicia está asociada a montañas de papel y retrasos. Aunque la realidad de la justicia se aleja ya bastante de esa imagen, el Real Decreto Ley 6/2023, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, va más allá: supone un avance sin precedentes en la digitalización hacia un servicio moderno y accesible. La norma es heredera del proyecto de Ley de Eficiencia Digital, que cumplió todos los trámites de publicidad e informes. La apuesta del nuevo equipo del Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, ha permitido que el texto se publicase en el BOE un mes después de la toma de posesión del nuevo ministro.

Esta ley regula el uso de medios digitales, de forma obligatoria para las Administraciones públicas y las personas jurídicas. Para las personas físicas, se reconoce como un derecho, garantizándose expresamente y por primera vez una atención especial a las personas de mayor edad. 

Un paso de gigante en esta modernización de la justicia es la puesta en marcha de la Carpeta Justicia, espacio virtual donde los ciudadanos accederán de manera integrada a sus certificados, notificaciones judiciales, citaciones y procedimientos en toda España, a imagen de la conocida Carpeta Ciudadana.

También da respuesta a reivindicaciones de los profesionales, como la conciliación o el derecho a la desconexión digital. La posibilidad de realizar trámites telemáticos sin desplazamientos reforzará su competitividad, permitiéndoles trabajar en todo el territorio.

Las actuaciones telemáticas se regulan a fin de unificar criterios hoy muy dispares, aportando seguridad jurídica con plenas garantías procesales. El juez o jueza siempre estará en sede judicial y decidirá, como regla general, sobre la presencia física o telemática de los comparecientes, manteniéndose la publicidad de las vistas. La presencia digital se asegura con el uso de sistemas de identificación y autenticación, seguros y sencillos de utilizar, como Cl@ve PIN o certificado digital. También se definen espacios seguros desde los que poder comparecer telemáticamente con la asistencia de funcionarios. El ahorro en costes y tiempos de espera y desplazamientos será de una magnitud difícil de calibrar.

La nueva norma refuerza el papel del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, expresión de la cogobernanza en la Administración de Justicia. Gracias a ella, como destacó el ministro Bolaños en su comparecencia en el Congreso, estamos construyendo una justicia que responde a nuestro modelo de país, promoviendo la igualdad de los ciudadanos. El proyecto cuenta con una inversión de 410 millones de euros de los fondos de recuperación, destinados a proyectos país aprobados por la Conferencia Sectorial de Justicia. La completa interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión procesal, demanda histórica de la justicia, está a la vuelta de la esquina. Y se ha ampliado a todo el ecosistema digital del país.

Justicia también quiere liderar el uso de las tecnologías emergentes, como la robotización y la inteligencia artificial, considerando sus aspectos éticos y humanísticos, entendiéndolas siempre como herramientas de ayuda que nunca comprometan la independencia judicial.

En definitiva, esta norma es una enorme oportunidad para la justicia española, referente fuera de nuestras fronteras. Así lo recogen el primer informe de la UE sobre el estado de la Década Digital, el informe DESI o el ranking europeo de la justicia publicado por la Comisión. Y, sobre todo, estos cambios permitirán mejorar el servicio público, eliminar brechas, ampliar el acceso a la justicia, resolver de manera más eficiente los conflictos y avanzar hacia una justicia de los cuidados, donde los más desfavorecidos o necesitados sean los que más se beneficien de este pilar del Estado de derecho que es el servicio público de justicia.