Hay Derecho blog.- Hace apenas un mes, como respuesta a las investigaciones judiciales que tienen como protagonistas a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, entre otros, publicamos un editorial titulado «Una corrupción intolerable y sistémica» (aquí). Afrontábamos una de las formas clásicas y más evidentes de corrupción en nuestro país: aquella que va ligada a la contratación pública, especialmente a la obra pública. Un escándalo ante el que el Gobierno reaccionó hace tan solo unas semanas presentando un «Plan estatal de lucha contra la corrupción» que valoramos como una oportunidad perdida y ofrecimos razones para el escepticismo en otro editorial (aquí).
Pues bien, en este breve lapso de tiempo nuevamente tenemos que volver a
pronunciarnos ante el descubrimiento de otro caso de corrupción gubernamental que
está siendo objeto de investigación judicial: el caso Montoro. Sin
entrar ahora a valorar el curso de la investigación penal y su posible
desenlace, existen elementos suficientes para señalar importantes patologías
que muestran otra forma de corrupción: la captura del Estado por
intereses privados a través de la mediación de consultoras que, puertas
giratorias mediante, son capaces de influir con notable eficacia en el
proceso público de tomas de decisiones.
Una patología que tampoco es nueva y cuyo tratamiento es conocido, pero
lleva años obviándose por quienes tienen la responsabilidad de aprobar las
correspondientes medidas. Y es que ese círculo vicioso entre quienes
ostentan responsabilidades de gobierno y luego tienen la posibilidad de seguir
influyendo en la trastienda política ya desde el sector privado es muy
lucrativo, lo que, además, permite reunir en la misma empresa a expolíticos de
todos los colores. Una realidad que hemos normalizado y que sigue
ocurriendo a día de hoy, con consultoras con la presencia de relevantes ex
cargos de los principales partidos que intervienen en asuntos públicos.
Como venimos señalando desde la Fundación Hay Derecho desde hace años,
la intervención paliativa tiene unas líneas claras: en primer lugar, una
adecuada regulación de las puertas giratorias y de los conflictos de
intereses; y, en segundo lugar, una regulación de la actividad de
los lobbies que garantice la transparencia en el proceso de toma de decisiones
públicas. Así lo viene reconociendo la Comisión Europea que
en sus informes desde que evalúa la situación del Estado de derecho en nuestro
país incluye recomendaciones a este respecto. En el último de ellos, publicado
este mismo mes de julio, recomendaba a España específicamente
que «continúe el procedimiento para la aprobación de la ley sobre la actividad
de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público
obligatorio de grupos de interés» -la cual lleva años en el tintero, todo sea
dicho-; y añadía la necesidad de impulsar «el expediente legislativo para
robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de
patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la
independencia y la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de
Intereses». También el GRECO viene insistiendo en estos
aspectos en sus distintas evaluaciones.
Más allá, otro aspecto a subrayar son las carencias de nuestro
procedimiento legislativo. Como hemos estudiado en el «Informe
Parlamento» (aquí), la tramitación de
las leyes a nivel parlamentario está completamente devaluada y necesita
actualizarse para tener un procedimiento más participativo y
enriquecido a través de opiniones expertas, con debates abiertos y plurales,
que ayudarían a prevenir desviaciones e intoxicaciones por intereses privados
negociados a oscuras.
Además, según se ha publicado, en el caso Montoro podríamos encontrarnos
con otra patología especialmente grave: la posibilidad de que un
ministro haya tenido acceso a información de contribuyentes que haya podido ser
usada para fines políticos. Una desviación de particular relevancia
donde actuaciones sensibles de poderes públicos se ponen al servicio espurio de
causas políticas. Lo hemos visto también con la conocida como «policía
patriótica» o, más recientemente, está siendo enjuiciado el Fiscal General del
Estado por revelación de secretos para alimentar el relato gubernamental, en un
caso donde también se intuye que haya podido haber cruce de información
entre Fiscalía y Gobierno.
En definitiva, este tipo de corruptelas muestran la necesidad de que la ciudadanía sigamos exigiendo respuestas contundentes para enfrentarnos a las distintas formas de corrupción y, en especial, a la captura del Estado por poderes privados desviándolo de los intereses públicos. En la Fundación Hay Derecho lo hemos recogido como una de las actuaciones prioritarias con ocasión de nuestro décimo aniversario. Es nuestro compromiso exigir «que las autoridades y poderes públicos actúen en favor del interés general» y realizar «una vigilancia estrecha sacando a la luz lo que está pasando con el funcionamiento general de las instituciones»
No hay comentarios:
Publicar un comentario