lunes, 28 de julio de 2025

Hay Deerecho: La captura del Estado como corrupción: el caso Montoro

 Hay Derecho blog.- Hace apenas un mes, como respuesta a las investigaciones judiciales que tienen como protagonistas a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, entre otros, publicamos un editorial titulado «Una corrupción intolerable y sistémica» (aquí). Afrontábamos una de las formas clásicas y más evidentes de corrupción en nuestro país: aquella que va ligada a la contratación pública, especialmente a la obra pública. Un escándalo ante el que el Gobierno reaccionó hace tan solo unas semanas presentando un «Plan estatal de lucha contra la corrupción» que valoramos como una oportunidad perdida y ofrecimos razones para el escepticismo en otro editorial (aquí).

Pues bien, en este breve lapso de tiempo nuevamente tenemos que volver a pronunciarnos ante el descubrimiento de otro caso de corrupción gubernamental que está siendo objeto de investigación judicial: el caso Montoro. Sin entrar ahora a valorar el curso de la investigación penal y su posible desenlace, existen elementos suficientes para señalar importantes patologías que muestran otra forma de corrupción: la captura del Estado por intereses privados a través de la mediación de consultoras que, puertas giratorias mediante, son capaces de influir con notable eficacia en el proceso público de tomas de decisiones. 

Una patología que tampoco es nueva y cuyo tratamiento es conocido, pero lleva años obviándose por quienes tienen la responsabilidad de aprobar las correspondientes medidas. Y es que ese círculo vicioso entre quienes ostentan responsabilidades de gobierno y luego tienen la posibilidad de seguir influyendo en la trastienda política ya desde el sector privado es muy lucrativo, lo que, además, permite reunir en la misma empresa a expolíticos de todos los colores. Una realidad que hemos normalizado y que sigue ocurriendo a día de hoy, con consultoras con la presencia de relevantes ex cargos de los principales partidos que intervienen en asuntos públicos.

Como venimos señalando desde la Fundación Hay Derecho desde hace años, la intervención paliativa tiene unas líneas claras: en primer lugar, una adecuada regulación de las puertas giratorias y de los conflictos de intereses; y, en segundo lugar, una regulación de la actividad de los lobbies que garantice la transparencia en el proceso de toma de decisiones públicas. Así lo viene reconociendo la Comisión Europea que en sus informes desde que evalúa la situación del Estado de derecho en nuestro país incluye recomendaciones a este respecto. En el último de ellos, publicado este mismo mes de julio, recomendaba a España específicamente que «continúe el procedimiento para la aprobación de la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés» -la cual lleva años en el tintero, todo sea dicho-; y añadía la necesidad de impulsar «el expediente legislativo para robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la independencia y la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses». También el GRECO viene insistiendo en estos aspectos en sus distintas evaluaciones. 

Más allá, otro aspecto a subrayar son las carencias de nuestro procedimiento legislativo. Como hemos estudiado en el «Informe Parlamento» (aquí), la tramitación de las leyes a nivel parlamentario está completamente devaluada y necesita actualizarse para tener un procedimiento más participativo y enriquecido a través de opiniones expertas, con debates abiertos y plurales, que ayudarían a prevenir desviaciones e intoxicaciones por intereses privados negociados a oscuras.

Además, según se ha publicado, en el caso Montoro podríamos encontrarnos con otra patología especialmente grave: la posibilidad de que un ministro haya tenido acceso a información de contribuyentes que haya podido ser usada para fines políticos. Una desviación de particular relevancia donde actuaciones sensibles de poderes públicos se ponen al servicio espurio de causas políticas. Lo hemos visto también con la conocida como «policía patriótica» o, más recientemente, está siendo enjuiciado el Fiscal General del Estado por revelación de secretos para alimentar el relato gubernamental, en un caso donde también se intuye que haya podido haber cruce de información entre Fiscalía y Gobierno. 

En definitiva, este tipo de corruptelas muestran la necesidad de que la ciudadanía sigamos exigiendo respuestas contundentes para enfrentarnos a las distintas formas de corrupción y, en especial, a la captura del Estado por poderes privados desviándolo de los intereses públicos. En la Fundación Hay Derecho lo hemos recogido como una de las actuaciones prioritarias con ocasión de nuestro décimo aniversario. Es nuestro compromiso exigir «que las autoridades y poderes públicos actúen en favor del interés general» realizar «una vigilancia estrecha sacando a la luz lo que está pasando con el funcionamiento general de las instituciones» 

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