viernes, 22 de abril de 2016

"La modernización de la Justicia pasa por el desarrollo de habilidades de su capital humano"

Teresa Martín Nájera, Magistrada de familia en excedencia y formadora, y Mariola H. Quesada, abogado de familia, y también coach y formadora, llevan tiempo elaborando un proyecto para aplicar las herramientas y técnicas de desarrollo profesional a la Administración de Justicia
Diario La Ley. La innovación en Justicia pasa no solo por una imprescindible revolución tecnológica, sino también por el desarrollo de habilidades del capital humano de juzgados y tribunales. Así lo consideran Teresa Martín Nájera y Mariola H. Quesada, que están desarrollando un proyecto para la aplicación de herramientas y técnicas de desarrollo profesional a la Administración de Justicia.
Teresa Martín Nájera, Magistrada de familia en excedencia, coach y formadora, y Mariola H. Quesada, abogado de familia, y también coach y formadora, llevan tiempo elaborando un proyecto para aplicar las herramientas y técnicas de desarrollo profesional a la Administración de Justicia. Entienden que la modernización de la Administración de Justicia pasa, no solo por una imprescindible revolución tecnológica, sino también por el desarrollo de habilidades del capital humano de juzgados y tribunales.

En un momento en el que el debate en torno al funcionamiento y modernización de la Justicia está más presente que nunca, la introducción de técnicas de gestión del talento se convierte, en su opinión, en pilar fundamental para alcanzar esa Justicia moderna y cambiar la imagen que hoy se tiene de nuestros juzgados y tribunales.

En esta entrevista nos cuentan cómo surge el proyecto, en qué consiste y en qué fase de implantación se encuentra.

La Administración Pública española está a la vanguardia en ámbitos como la gestión tributaria o la sanidad. El primer intento de modernizar, desde un punto de vista tecnológico, el funcionamiento de la Administración de Justicia, el sistema Lexnet, no parece estar funcionando como se esperaba.

1.-¿Ha sido un paso demasiado ambicioso? ¿Por dónde creen que habría que empezar?
Mariola H. Quesada: No creo que haya sido un paso ambicioso, era una necesidad para adaptarnos a la revolución tecnológica en la que nos encontramos, y la Justicia no se podía quedar atrás.

Nunca se innova demasiado, lo único que antes de implementar sistemas como Lexnet se debería haber dotado a los juzgados y tribunales de nuevos y mayores recursos técnicos para abordar este reto y esta nueva etapa más «digital» de la Justicia.

Creo que se debería empezar por modernizar definitivamente la imagen de nuestros juzgados y tribunales, tanto a nivel de medios técnicos/tecnológicos como a nivel de desarrollo de habilidades del capital humano que día a día trabaja en ellos. La desmotivación de quienes trabajan en sedes judiciales, y que trasciende en muchos casos a los profesionales que trabajamos en este sector es palpable, y no nos podemos permitir personas desmotivadas ni desilusionadas. Hay que trabajar con y para las personas, y por ello es muy importante que, además de dotarles de medios y soportes técnicos, también puedan contar con soportes para su desarrollo profesional, como formación y talleres en habilidades, inteligencia emocional, comunicación, gestión de equipos de trabajo y diversas herramientas que les faciliten el día a día. Si se mezcla la formación en estas materias y la técnicas de coaching ejecutivo y de equipos, el coste/beneficio está demostrado: en un estudio de Manchester Inc. sobre la estimación del impacto del coaching, se establece un retorno de la inversión de casi seis veces la inversión realizada, y si ello se une con formación, según un artículo publicado en la revista «Public Personnel Management» sobre el impacto de la formación combinada con coaching, se produce un 88% de incremento en la productividad, un incremento del 67% del trabajo en equipo, un 52% en reducción de conflicto y un retorno de la inversión del 529%.

Teresa Martín Nájera: Se trata de innovar en la Administración de Justicia, no sólo en tecnología sino también en capital humano, dotándola de técnicas y herramientas de desarrollo profesional que se están utilizando en el sector empresarial, sobre todo en el mundo anglosajón, desde hace más de 30 años con éxito contrastado. La idea es poner en valor el capital humano para que cada trabajador pueda desarrollar plenamente su potencial y alcanzar la excelencia. Está demostrado que la inteligencia emocional facilita de una forma importantísima el éxito profesional. Estas técnicas se aplican ya en el sector de las grandes empresas y en el sector legal de colegios de abogados en nuestro país y son perfectamente aplicables en la Administración de Justicia.

2.-Para alcanzar esa Justicia moderna e innovadora ¿qué peso tiene la innovación tecnológica y qué peso la innovación en técnicas y herramientas de desarrollo profesional?
TMN: Yo creo que ambas innovaciones son necesarias y deben estar equilibradas. En el momento actual de disminución del gasto en el sector público se debe valorar que el coste presupuestario en innovación y puesta en valor del elemento humano es infinitamente menor que cualquier dotación en medios tecnológicos y sus resultados son altamente efectivos.

MHQ: Ambas tienen un peso fundamental en la modernización de la Justicia, son necesarias. Por supuesto, la innovación tecnológica es hoy un pilar fundamental para que todos podamos trabajar en igualdad de condiciones en cuanto a medios se refiere, y la Administración de Justicia, especialmente juzgados y tribunales, no son un referente en cuanto a innovación tecnológica se refiere. Prueba de ello es que después de tres meses de implantación del sistema LEXNET, sigue siendo caótica la implantación de esta herramienta de gestión que tanto necesitábamos y tantos dolores de cabeza nos está dando. La clave: mejora de los medios tecnológicos para que se adapten a la realidad que vivimos en una sociedad virtual en la que el papel pasará a un segundo plano. Es inevitable. Y por otro lado, la innovación en herramientas y técnicas de desarrollo profesional, combinando formación y coaching aplicables a Justicia, formación que ha de ser impartida y liderada por profesionales que conozcan muy bien el sector.

3.- ¿Qué indicadores identifican en el funcionamiento de la Administración de Justicia que requieran un proyecto como el que proponen?

TMN y MHQ: Coincidimos en que básicamente las necesidades que hemos detectado son: falta de tiempo, de motivación, de reconocimiento y stress. En la Administración de Justicia se imparte formación técnica sobre el uso de nuevas tecnologías y formación jurídica sobre las múltiples novedades legislativas. Sin embargo, no se aportan técnicas de comunicación o liderazgo ni se facilitan herramientas de desarrollo profesional. Este tipo de formación combinada tiene un impacto importante en todos los ámbitos del trabajo, incrementando la motivación, la permanencia en el puesto de trabajo, la satisfacción, la productividad, disminuyendo el número de conflictos y mejorando el ambiente y la gestión del trabajo. Las empresas lo utilizan porque han comprobado sus beneficios económicos, ya que la inversión realizada revierte en un aumento de los ingresos.

4. ¿En qué consiste exactamente el proyecto que han diseñado?
TMN: Hemos diseñado un programa que se adapta como un guante a las necesidades de la Administración de Justicia, ya que tanto Mariola como yo tenemos un conocimiento directo de las dificultades del sector puesto que trabajamos en él.

El programa incluye en talleres prácticos, técnicas de liderazgo transformador, gestión del tiempo, gestión de equipos, comunicación e inteligencia emocional y social que ayudan de manera muy potente a todos los profesionales del sector. La formación en habilidades de autodesarrollo profesional aumenta la eficacia y la satisfacción de las personas que participan en estos programas.

Este proyecto va dirigido a Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y funcionarios de los diversos cuerpos, tanto en los programas de formación inicial como continuada.
Tenemos otro proyecto innovador que consiste en hacer coaching de equipos en los juzgados de familia que lo deseen durante un periodo de 6 meses. Esta metodología es muy poderosa para mejorar el desempeño profesional y ha demostrado tener un alto impacto en las empresas en que se realiza.

MHQ: El proyecto es muy ilusionante y potente, llevamos muchos meses trabajando en él y hemos puesto todo nuestro empeño en hacerlo a medida de las necesidades detectadas y de las sugerencias, peticiones y comentarios de magistrados, jueces, letrados, fiscales y abogados, así como del resto de funcionarios de la Administración de Justicia a los que hemos preguntado sobre sus necesidades.

Hemos realizado un profundo trabajo de investigación gracias al cual hemos llegado a la conclusión de que la formación aislada e impartida irregularmente no tendría el mismo impacto que un proyecto combinado de formación y coaching ejecutivo y de equipos con un enfoque práctico y experiencial –sin teorías-, en el que los resultados serían más potentes a la vista de nuestra experiencia con empresas y organizaciones con las que trabajamos.

El programa integra formación y práctica en comunicación, inteligencia emocional, liderazgo, gestión del tiempo y gestión de equipos de trabajo. Todo ello unido a una prueba piloto que queremos hacer en Juzgados de Familia de Madrid que se presten voluntarios y donde, a través de un proceso de coaching de equipos o grupal, se mejore el trabajo en equipo y podamos conseguir que los integrantes del juzgado sientan los «colores» del mismo con un sentido de pertenencia a su número, es decir, que se sientan y se distingan por pertenecer al Juzgado nº X. Está demostrado que este programa combinado de formación y coaching aumenta la eficiencia y la excelencia de quien participa en ellos y eso es lo que pretendemos.
Sabemos que leyendo estas líneas más de un compañero estará pensando que esto es «imposible», pero todo es posible si se tiene determinación, interés y ganas de ponerse en acción para cambiar lo que hasta ahora funcionaba, pero que podría funcionar mejor.

5. ¿Por qué los Juzgados de Familia para empezar?
TMN: Yo he sido Magistrada de Familia los últimos doce años y Mariola es abogada especializada en familia. Este contacto directo nos proporciona un conocimiento totalmente privilegiado de la situación actual. Y por tanto nos consideramos las personas adecuadas para realizar este tipo de intervención. También quiero aportar mis conocimientos de estas herramientas a mis compañeros.

Por otro lado, las cuestiones que se resuelven en estos órganos judiciales tienen un alto componente emocional, por lo que se hace más necesario el manejo de de habilidades de inteligencia emocional.

MHQ: Como bien dice Teresa, nuestra experiencia nos lleva a pensar que donde podríamos crear más impacto de forma inicial seria en los Juzgados de Familia, que conocemos bien, y donde se está trabajando con asuntos tan sensibles como el interés de los menores. Nos ilusiona comenzar nuestro proyecto en la sede de Madrid.

6. ¿Cuáles son los pasos que han dado hasta ahora?
TMN y MHQ: Hasta ahora hemos realizado un diagnóstico de las necesidades del sector, escuchando y acogiendo las necesidades, sugerencias y comentarios de todos los operadores jurídicos, y después de una fase de investigación, finalmente hemos diseñado y desarrollado nuestro proyecto planificando su implementación.

7. ¿Y cuál es el siguiente paso en el desarrollo del proyecto?
TMN: Estamos en fase de contactar con las diversas Administraciones para presentar nuestros proyectos y esperamos que tengan buena acogida y podamos realizar esa prueba piloto inicialmente en Juzgados de Familia de Madrid.

MHQ: Como ha comentado Teresa ahora vamos a presentar nuestro proyecto que esperamos pueda ser implantado al inicio del próximo año judicial. Sería una magnífica oportunidad para que la Administración de Justicia se apuntara al reto de incluir programas combinados de desarrollo profesional y liderazgo entre sus objetivos del próximo año.

8. ¿Cómo puede su proyecto impactar positivamente en la experiencia del ciudadano/usuario de la Administración de Justicia?
TMN: Las técnicas de comunicación como la escucha activa pueden ser de gran utilidad, así como las habilidades en inteligencia emocional y social. Desde luego que el impacto es positivo, como se ha demostrado en estudios en otras aéreas.

MHQ: Es evidente que personas más inteligentes emocionalmente, que están a gusto con su gestión del tiempo o que tengan habilidades de liderazgo y trabajen mejor en equipo, siempre generarán un ambiente de trabajo más agradable y un clima más positivo en el que la colaboración entre los compañeros es fundamental. Todo ello, necesariamente, ha de trascender e impactar de forma positiva al resto de operadores jurídicos, como abogados y procuradores así como a los propios justiciables.

9.- ¿Qué acogida esperan que su propuesta tenga entre jueces y magistrados?
TMN: Esperamos que sea buena. A mí me hubiera encantado que me facilitaran estas herramientas de liderazgo personal y de equipos, gestión del tiempo, inteligencia emocional y comunicación cuando comencé mi andadura profesional, o en un momento posterior. Yo las he aprendido fuera de mi profesión como Magistrada y descubrí su enorme potencial y la necesidad que existe en la Administración de implementar este tipo de estrategias. Con una inversión pequeña se pueden conseguir grandes resultados.

MHQ: Seguro que buena. Las personas inicialmente ofrecemos alguna resistencia a hacer algo que sea diferente, pero una vez nos arriesgamos, el fruto es muy gratificante y este tipo de programas combinados de formación y coaching causan gran impacto y suelen facilitar el trabajo del día a día.

10. ¿Y qué tipo de «apoyos» y «resistencias» creen que van a tener a la hora de implementar su proyecto?
TMN: Las personas con las que hemos comentado nuestros proyectos hasta ahora se muestran ilusionadas, con ganas de cambios positivos y de obtener herramientas para gestionar mejor su trabajo. Sienten necesidad de avanzar en ese terreno y yo creo que esa necesidad, que yo también sentí, es nuestro mayor apoyo.

La dificultad mayor que encontraremos es la falta de tiempo y la inercia de la rutina.

MHQ: Los apoyos son numerosos por parte de todos y las resistencias pueden venir generadas por la novedad de la propuesta y una necesidad de «pruebas» evidentes de los resultados. Por ello, consideramos que la prueba piloto va a ayudar a medir el impacto de nuestra propuesta.

11. Mariola, ¿cómo surgió la idea de COACHING PARA PROFESIONALES? ¿Por qué su enfoque al sector legal?
COACHING PARA PROFESIONALES surgió de mi necesidad de transmitir a mis compañeros de profesión todo lo estudiado, aprendido y experimentado durante años, y que deseaba materializar en un proyecto que pudiera liderar junto a compañeros que tuvieran formación en habilidades de management y coaching y estuvieran dispuestos a acompañarme en ese proyecto. Lo enfocamos al sector legal porque creo que, tras 25 años de ejercicio, puedo aportar mucho a la profesión formando en habilidades, aunque mi desarrollo profesional está también ligado al coaching para directivos desde mi trabajo como coach en el Instituto de Empresa (IE), donde todo el equipo de coaches estamos teniendo muy buena acogida, y a la formación en liderazgo en el ESIC BUSINESS SCHOOL.

12. Teresa, ¿qué impulso lleva a una magistrada con 35 años de experiencia a dejar su Juzgado para dedicarse al coaching profesional?

Es un proceso que requiere su tiempo. Conocí el coaching, me apasionó y me di cuenta de que no podía compaginarlo con mi trabajo como Magistrada por falta de tiempo. Y finalmente elegí el coaching, pero sin olvidar la profesión que me ha aportado tanto durante tantos años. Me encantará compartir con mis compañeros estas técnicas tan poderosas que he echado en falta durante este tiempo.

jueves, 21 de abril de 2016

FEMP: “El Gobierno quiere pagar con los ahorros de los Ayuntamientos los incumplimientos de las otras Administraciones”

El Presidente de la FEMP califica como totalmente insatisfactoria la reunión con el ministro de HYAAPP en funciones. Caballero avanza que en la reunión de la CNAL los Ayuntamientos exigirán recuperar los 5.000 millones de euros de superávit que aportan las EELL.

Nota FEMP.- El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha calificado como “totalmente insatisfactoria” la reunión mantenida con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, “porque veníamos a hablar de la regla de gasto y lo que nos ha planteado es que el superávit de las Entidades Locales, 5000 millones de euros, se use para cuadrar el equilibrio presupuestario que las otras Administraciones Públicas han descuadrado. Y eso no puede ser, no es admisible que los demás gasten más de lo suyo y ahora se quiera que gasten nuestros ahorros para cuadrar las cuentas”.
De izquierda a derecha, el Ministro en funciones,
 Cristóbal Montoro;
 el Presidente de la FEMP, Abel Caballero;
y el Secretario de Estado en funciones, Antonio Beteta.
Caballero ha explicado que el déficit de las Comunidades Autónomas supera los 16.000 millones y el de la Administración Central los 25.000, mientras que los ayuntamientos “no sólo cumplen con creces el objetivo de déficit cero, sino que tenemos un superávit de 5.000 millones”. En ese sentido, el Presidente de la FEMP ha explicado que “puesto que cumplimos el objetivo lo que queremos desde las Entidades Locales es recuperar nuestro superávit para satisfacer nuestras demandas. Las Corporaciones Locales seguiremos aportando equilibrio presupuestario pero que no nos obliguen a aportar los 5000 millones de nuestro superávit para saldar los incumplimientos de otros”.
El Presidente de la FEMP ha anunciado que en la reunión de la CNAL la próxima semana el planteamiento central de las EELL pasará por volver a manifestar que “nuestro ahorro es para gastar nosotros, no para que otros salden sus incumplimientos”.
Con relación a la modificación de la regla de cálculo para el techo de gasto, la FEMP designará un grupo de expertos para la comisión de trabajo que abordará un nuevo marco de la nueva financiación local.

miércoles, 20 de abril de 2016

Óscar Cortés: Empleados públicos y sociedad en red

 "Lo que sí está en juego es su legitimidad y la posibilidad de que el sector público acabe siendo un residuo marginal dentro del escenario social"

Óscar Cortés. Blog i-public@.- Hace ya bastante tiempo que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la tierra . Las grandes transformaciones que se produjeron en nuestro planeta, en su mayoría violentas y sistémicas, tuvieron gran culpa de ello. El resto se debió a la incapacidad de las especies para adaptarse al nuevo ecosistema.

Frecuentemente al sector público se le compara con un gran dinosaurio, por su tamaño, lentitud, obsolescencia, etc.  ¿Es posible pensar que la sociedad en red, las transformaciones derivadas de internet, de la tecnología, pueden llevárselo por delante igual que ocurrió hace miles de años en nuestro planeta con dichas especies?

Pensar en una desaparición total es un absurdo, un escenario que hoy nadie maneja, ni siquiera los más acérrimos enemigos de lo público. Lo que sí está en juego es su legitimidad y la posibilidad de que el sector público acabe siendo un residuo marginal dentro del escenario social.

Si esto ocurriera sería terrible. ¿Por qué? Algunos motivos:  

  1. Lo público articula las relaciones sociales y económicas, armoniza intereses contrapuestos.
  2. Lo público vertebra cualquier territorio.
  3. Lo público dota de cohesión a la sociedad.
  4. Lo público contribuye a la equidad y a la justicia social.
  5. Lo público puede suponer un motor económico, en determinadas circunstancias y determinados sectores.
  6. Lo público contribuye a la competitividad y al progreso.
  7. Lo público es clave para la mejora de los índices de desarrollo humano y bienestar en términos de salud , educación, seguridad y riqueza. 
  8. Lo público equilibra los fallos del mercado y actúa en determinados segmentos "no rentables" para el mismo.
  9. Lo público proporciona las redes de protección
  10. Y por último lo público es (sobre todo) el valor de lo intangible
Deficiencias
¿De qué depende entonces que no haya más "fallas de legitimidad" de las que desgraciadamente ya vienen sufriendo las AAPP? De varios factores: algunos tienen que ver con las fuerzas (externas)   y cómo le van a impactar. Pero otros con la capacidad del propio sector público para reposicionarse frente a vectores de cambio intensos como los derivados de la tecnología y las transformaciones sociales inducidas por ella. Un ejemplo, ¿cómo se relaciona la Administración con las nuevas generaciones Y , Z que vienen?

Frente a esta disyuntiva los profesionales públicos no pueden, no deben mirar hacia otro lado. No pueden esperar a que sean los políticos quienes vayan a marcar el paso, dar la orientación o las pautas necesarias: el asunto escapa de sus intereses / competencias. No pueden encerrarse en su castillo pensando que es un asunto que no va con ellos: sí que va porque son ellos los que componen y dan continuidad a las organizaciones afectadas.

La respuesta pasa por los profesionales. Son ellos quienes tienen que arremangarse y enarbolar esta bandera con decisión y responsabilidad. La pregunta es ¿cómo? Una premisa básica: conocer lo que está pasando, comprenderlo , interiorizarlo y, por último, actuando en consecuencia.

Otro post de interés para gestores públicos: 

martes, 19 de abril de 2016

Los ayuntamientos y diputaciones aùn financian 4.348 entes autónomos. Sevilla y Barcelona encabezan el ranking

El Cabildo de Tenerife financia 42 entes autónomos mientras que las diputaciones de Soria y La Coruña solo a uno


Aún existen 1.788 entidades mercantiles y  1.089 organismos autónomos locales. Le siguen los 579 consorcios,  471 asociaciones,  356 fundaciones y  55 entidades públicas empresariales.

Revista de prensa. Inés Calderón.- Sueldos Públicos. Los entes locales mantenían con actividad un total de 4.348 organismos públicos, según los datos del Ministerio de Hacienda, tras reducir en 61 la cifra total durante el último ejercicio. Con ello, se culminaba el sexto año consecutivo de reducción de entes a cargo de ayuntamientos y diputaciones.
Sede del Cabildo de Tenerife
No obstante, se observa una relajación en el ritmo de eliminación de entes el año pasado: según el informe, el descenso de 2015 fue del 1,4 por ciento frente al 5,8 por ciento de 2014 y a niveles superiores al seis por ciento en los años anteriores. De hecho, es una rebaja muy inferior a la de 2011, el año en el que más se esforzaron por recortar, cuando se eliminaron 539 entidades, un ocho por ciento de las existentes en ese momento.

Estos organismos satélites alcanzaron su punto más alto en 2009, cuando se sumaban 5.924 entes. A lo largo de estos seis años, la cifra se ha rebajado en 1.576 hasta situarse en los 4.348 existentes en 2015. Los datos de Hacienda indican que el saldo del año pasado se produjo como consecuencia de la creación de 36 entes públicos dependientes de las instituciones locales y de la eliminación de otros 97 organismos satélites. Con ello, se alcanzó el nivel existente en el ejercicio 1999.


Sevilla, Barcelona y Reus, a la cabeza de los entes satélites
Según el informe, de los 4.348 entes, la mayor cifra corresponde a sociedades mercantiles, de las que existen 1.788, seguido de organismos autónomos, de los que hay 1.089. Le siguen los 579 consorcios, las 471 asociaciones, las 356 fundaciones y, finalmente, las 55 entidades públicas empresariales.

De media, cada ayuntamiento cuenta con 2,6 entes dependientes de media, mientras que los consejos insulares, cabildos y diputaciones cuentan con 8,5 de media. Sin embargo, si sólo se tienen en cuenta con grandes municipios, la media sube a 24,5.

Según Hacienda, Sevilla, Barcelona y Reus son los ayuntamientos con más entes dependientes, con 48, 46 y 28, respectivamente. Entre las diputaciones, cabildos y consejos insulares, el récord corresponde al Cabildo de Tenerife, con 42, y a la Diputación Provincial de Vizcaya, con 32. Por el contrario, las diputaciones de Soria y A Coruña sólo cuentan con un ente dependiente cada una.

lunes, 18 de abril de 2016

Novedad editorial: La transparencia en la Administración Local

Carmen Mª Cañadas Barón ha redactado para CEMCI un breve manual para divulgar y ayudar a los ayuntamientos para adaptarse a la Ley de Transparencia y mejorar la calidad democrática de las entidades locales.
Índice:
 I. Introducción: primera aproximación al concepto de transparencia y acceso a la Información.

II. Alcance de la Ley de transparencia en el ámbito local.

III. Principales retos de la transparencia en la administración local: contratos, organización y funcionamiento.

IV. Reflexiones finales. Bibliografía.


PEDIDOS. Publicaciones CEMCI. Plaza Mariana Pineda, 8.C.P. 18009 - Granada
Teléfonos: 958 24 72 14 - 958 24 72 15. Fax: 958 24 72 21


Correo electrónico: aurena@cemci.org. Página web: www.cemci.org

sábado, 16 de abril de 2016

Transparencia: Publicidad y privacidad de la identidad y retribuciones de los empleados públicos

"En cuanto a las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y la identidad de las personas que desempeñan cada puesto de trabajo, son datos meramente identificativos, por lo que debe prevalecer la publicidad"

Por Emilio Guichot. Blog EsPúblico.- En la entrega anterior expusimos el régimen general de las relaciones entre publicidad y privacidad en la nueva normativa sobre transparencia. En esta nos planteamos la polémica sobre el tratamiento que ha de recibir la información sobre identidad y retribuciones de empleados públicos, que bien merece una atención monográfica.

Transparencia y Buen Gobierno,
de Elisa de la Nuez
.
En primer lugar, ha de señalarse que la Ley de Transparencia prevé expresamente la publicidad activa de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos de la LBRL, en la que “se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares”, así como las retribuciones percibidas por los altos cargos y máximos responsables de las entidades sujetas a ella así como las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo. Esta segunda previsión plantea la ambigüedad derivada de la falta de una definición de alto cargo en el ámbito local.

Fuera de estos casos expresamente previstos por la propia LT, puede solicitarse acceso por publicidad “pasiva” a otros datos. La materia ha sido objeto de un Informe de 23 de marzo de 2015 suscrito conjuntamente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a solicitud de la Oficina Para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), convertido después en Criterio interpretativo 1/2015, de 24 de junio, sobre el alcance de las obligaciones, de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal en materia de acceso a la información pública sobre sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), catálogos, plantillas orgánicas, etc. y las retribuciones de sus empleados o funcionarios. 

Sus principios –aplicables sólo a la Administración del Estado, pero que como veremos tienen una clara vis expansiva –son los siguientes. En cuanto a las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y la identidad de las personas que desempeñan cada puesto de trabajo, son datos meramente identificativos, por lo que debe prevalecer la publicidad. Sólo puede limitarse cuando en un caso concreto en relación con un determinado empleado público y su situación específica prevalezca su derecho a la protección de datos, por ejemplo, si revelara datos especialmente protegidos como datos de salud.

La privada productividad
Respecto de los datos económicos, los datos de sueldo, complemento de destino y específico se incluyen con carácter genérico – sin asociación al nombre de personas concretas, “disociados” en la terminología de protección de datos– en la Ley de Presupuestos que se publica en el BOE. Ahora bien, si se piden en relación con una persona determinada, se convierten en datos personales. Los complementos de productividad se dan en atención al rendimiento de cada empleado y por tanto son datos personales. El criterio aquí es que si la información contribuye a un mejor conocimiento de la organización y funcionamiento o de la asignación de recursos públicos, hay un interés público superior en el acceso. Y se considera que en la información referente a puestos de trabajo de mayor nivel de responsabilidad y autonomía en la toma de decisiones o cuya provisión se realiza con un cierto grado de discrecionalidad o se justifica por una especial relación de confianza como regla general prevalece, y no así en los demás casos.

De este modo, prevalece la transparencia en relación con los órganos directivos no incluidos en el art. 8 LT, el personal eventual y los puestos de libre designación (PLD) en este caso en orden decreciente a su nivel de responsabilidad ya que han de ser funcionarios, apreciarse la idoneidad de los candidatos y la provisión se basa en procedimientos con publicidad y concurrencia. Así, sería mayor en un vocal asesor nivel 30 que en un consejero técnico nivel 28 y así sucesivamente, siendo el nivel del puesto un criterio de gran relevancia para la ponderación.

En todo caso, el CTBG y la AEPD expresan que estas reglas son de aplicación a la publicidad “pasiva” y podrían ser diferentes –en el sentido de menos favorables a la transparencia– si se trata de publicidad activa, dada la potencialidad de difusión de este medio y, por ende, de afectación a la protección de datos personales. Sin embargo, no se aclara en qué divergirían ni cómo se evita que información que se ha facilitado por publicidad “pasiva” se transmita por cualquier medio.

Pues bien, precisamente, es de notar que diversas leyes autonómicas de transparencia han previsto de forma expresa la publicidad activa de las RPT, con mención de la identidad de los titulares de los puestos y de sus retribuciones. Entre ellas, lo ha hecho la Ley murciana y en aplicación de ella el Gobierno autonómico volcó en su Portal de Transparencia los datos de sus empleados públicos –excluido el personal sanitario y educativo–.

Lo hizo con el visto bueno de la AEPD, que en su informe 281138/2015, de 20 de julio de 2015 admitía claramente que estando prevista la comunicación en la ley murciana, contaba con la base legal que exige la LOPD.

Sin embargo, ante la repercusión mediática y entre el personal afectado, la Administración autonómica reculó e hizo desaparecer los datos del Portal. Pidió un informe a la AEPD y al CTBG estatal.

RPT transparente
El CTBG evacuó su informe el 27 de octubre de 2015. Viene a decir que la publicación de las RPTs, con todo el contenido previsto en la normativa autonómica, es en este caso estricto cumplimiento de la decisión del legislador autonómico y que el competente para determinar si dicha publicación pudiera infringir el derecho a la protección de datos es la AEPD y no el CTBG, que, no obstante, y como líneas generales, apunta que no se trata de datos especialmente protegidos y la publicación está prevista por ley, siendo además datos que en su mayor medida  han sido publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de la legislación autonómica que obliga a publicar todos los acuerdos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario.

La AEPD, sin embargo, y contra su criterio inicial, en su informe de 21 de octubre de 2015 parece apuntar –con ambigüedad–que deberían aplicarse los criterios sobre publicidad pasiva de datos de empleados públicos estatales, y, aún más, que tratándose de publicidad activa debería serse aún más restrictivo. Recuerda que en esos textos se recordaba la necesidad de dar audiencia a los posibles afectados por aplicación del artículo 19.3 LT – sin embargo, debe señalarse que ese artículo de aplicación sólo al derecho de acceso, no a la publicidad activa, como es el caso de la Ley murciana–. En fin, parece que la Agencia, a la vista del revuelo originado, en un informe suscrito por Abogado del Estado distinto de su informe anterior, se decanta por un reproche al propio legislador murciano y, lo que resulta ya a todas luces abusivo, ¡ha iniciado un procedimiento por infracción derivado de comunicación inconsentida de datos personales!

Se muestran así varias disfunciones. El legislador básico no ha resuelto la cuestión, y el autonómico se ha decantado por una mayor publicidad de la mínima básica. Si se considera que ello supone una solución desproporcionada y por ello lesiva del derecho a la protección de datos, debe ser el Tribunal constitucional el que lo resuelva por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad que pueda planteársele. La colaboración de la Agencia española de Protección de Datos en los criterios de interpretación de la Ley de Transparencia está prevista respecto del CTBG, pero no respecto de las autoridades de acceso a la información autonómicas. Menos aún para enmendarle la plana, por sí mismo, al legislador. 

Creo que en este caso la que debería haberse pronunciado sobre si el responsable del Portal de Transparencia autonómico ha interpretado correctamente lo previsto en el artículo 13.2.b) y f) de la Ley de Transparencia murciana es la autoridad de control murciana, el Consejo de transparencia de la Región de Murcia, y no la AEPD (la AEPD lo ha hecho, todo hay que decirlo, a instancias de la Administración autonómica) y resolver en la lógica de la ponderación que se encuentra en el artículo 15 LTBG, al que remite el artículo 25.2 de la Ley murciana. Si considera que el artículo 13.2.b) y f) imponen la publicación de las retribuciones pero que interpretado a la luz del artículo 15 LTBG ha de discriminarse en función del tipo de personal, probablemente pueda llegar a una interpretación conciliadora (puede encontrar apoyo además en alguna jurisprudencia comunitaria que vincula el nivel de publicidad de datos personales a lo estrictamente indispensable para la opinión y debate público). 

En todo caso, hay que señalar que, como indiqué, se trata de información relevante sobre la organización y el gasto público y también puede alcanzarse una solución diversa, de publicidad de todas las retribuciones, como ocurre en algunos países. Es la conclusión a la que a primera vista parece que llegó el legislador murciano y que sólo el Tribunal constitucional podría declarar contraria al derecho a la protección de datos.

 *Emilio Guichot es Catedrático acreditado de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla.

viernes, 15 de abril de 2016

Jiménez Asensio: Una función pública demasiado estancada

"Parece obvio resaltar que, el sistema de empleo público existente, desincentiva de forma radical la aparición de tales capacidades “nuevas” o de “valor añadido” 

No cabe duda de que el cerebro creativo busca pensamientos y formas de comportamientos que favorezcan la chispa de la novedad, la idea, el entusiasmo de volver al trabajo” (Lamberto Maffei, Alabanza de la lentitud, Alianza Editorial, 2016, p.116)

Blog La Mirada Institucional. Rafael Jiménez Asensio.- Hace algunos años, Francisco Longo se refería al estado de la función pública como una suerte de “agua estancada”. Con esta metáfora se pretende describir a una institución paralizada, cuya movilidad o adecuación a los nuevos tiempos es, hoy por hoy, inexistente. El entorno gira a velocidad de vértigo y la función pública tiene problemas de adaptación enormes, muestra una rigidez fuera de lo común. Impropia de nuestro tiempo.

Carlos Sebastián, en un reciente libro (España estancada. Por qué somos poco eficientes, Galaxia Gutenberg, 2012), que nos sirve también de inspiración al enunciado de este Post, se hace eco de cuál es “la actitud ante la actividad laboral y profesional” de los ciudadanos españoles a partir de la Encuesta Europea de Valores. Así, esos datos nos dicen que los españoles son los europeos que menos valoran que el puesto de trabajo sirva para desarrollar la propia iniciativa (14 %; en titulados superiores 21 %), o para asumir responsabilidades (14 %) o, asimismo, para aprender habilidades nuevas (20 %). En la función pública estos porcentajes probablemente bajarían. Lo cual es sencillamente alarmante. Es verdad, como también reconoce Sebastián, que “la reducida presencia del principio meritocrático en nuestra sociedad, típica del Estado clientelar es, tal vez, una de las causas de esa baja valoración”.

Ni qué decir tiene que esas actitudes lastran de forma directa nuestras posibilidades de crecimiento económico. El capital humano, como una de las infraestructuras de desarrollo, es de baja calidad, más aún en el actual sector público. Y ello nos conduce a esa máxima tan transitada de la importancia de las personas en las organizaciones. Las instituciones son “la sombra alargada de un hombre”, como nos recodaba hace ya mucho tiempo Emerson (“Confianza en sí mismo”, Ensayos, Cátedra, 2014, p. 83).

“Para decirlo sin rodeos, hoy la tarea más importante para cualquier gestor consiste en crear un ambiente de trabajo que inspire una contribución excepcional; que justifique un flujo de pasión, imaginación e iniciativa” (Gary Hamel, pp. 186-187)

Un gurú del Management, como es sin duda Gary Hamel (Lo que ahora importa; Deusto, 2012), ponía el dedo en la llaga al visualizar las capacidades humanas que se debían desarrollar en las organizaciones del futuro para ser competitivas, discurso que cabe aplicar también a las organizaciones públicas. Y, a tal efecto, establecía una jerarquía de capacidades. Las tres más bajas, de menor a mayor, eran la obediencia, la diligencia y la experiencia. Estas, a su juicio, no añaden valor en términos competitivos, pues según este autor “se están convirtiendo en bienes de consumo globales”. Si son las únicas que se aplican, su organización “perderá”. Las tres superiores, también de menor a mayor importancia, eran la iniciativa, la creatividad y la pasión(o implicación). Como bien señala la cita que se sobrepone a este párrafo, esta es la tarea más importante de cualquier gestor público en relación con las personas que tiene a su cargo.

Quijotes que se resisten
¿Incentivan o desincentivan las organizaciones públicas la iniciativa, la creatividad y la pasión o implicación en el trabajo? Parece obvio resaltar que, el sistema de empleo público existente, desincentiva de forma radical la aparición de tales capacidades “nuevas” o de “valor añadido”. La función pública vive absolutamente ajena como institución a la promoción de la iniciativa, la creatividad y la implicación (o, si se quiere, sentido de pertenencia). Y no vale echar mano de la existencia de altos funcionarios y directivos (“Quijotes de ‘La Mancha’” o “Agustinas de ‘Aragón’”) que con toda su buena fe promueven la innovación en el sector público. Hay un buen número de personas y organizaciones que trabajan correctamente en esa dirección, pero en el océano de la función pública son islas minúsculas. Tal vez con el paso del tiempo obtengan algún resultado. Pero, hoy por hoy, el problema es institucional. Y los beneficios magros, cuando no retóricos o, en no pocos casos, de apropiación personal.

Sin una profunda y consistente reforma de la función pública que interiorice tales jerarquías de competencias y las despliegue sobre la organización del empleo público (estructuras y puestos de trabajo) y la gestión de las personas en su más amplio alcance (selección, formación, evaluación, carrera profesional, retribuciones, integridad, etc.), nada absolutamente se conseguirá. El tiempo pasa inexorablemente y las oportunidades se pierden. La institución languidece entre una política indiferente, un corporativismo inmovilista y un sindicalismo renuente al cambio. Alguien debería dar una vuelta de tuerca a un problema enquistado. ¿Quién? Difícil respuesta.

Reformar las instituciones es algo que –como bien ha señalado recientemente Fukuyama- no resulta precisamente sencillo. Y menos en un país en el que los “insiders” boicotearán una y otra vez cualquier movimiento en esa dirección, pues su hábitat natural son las plácidas aguas estancadas: no les perturban que les echen monedas o piedras de ínfimo tamaño. Esas aguas requieren removerse con fuerza y empeño, también con visión. Nada de eso aparece en el “confortable” mundo de lo público. Pasará factura.