El caso de este trabajador de la oficina de empleo de Extremadura ha llegado hasta el Defensor del Pueblo y tiene una investigación abierta por otros motivos por el Ministerio de Trabajo
Revista de prensa.- Por Juan Carlos Nieto El Pais.es.- es de esos funcionarios que, en 2019, cuando trabajaba en la oficina que canaliza ayudas sociales de la Junta de Extremadura, dirigió un escrito a la dirección provincial de Badajoz al ver que mucha gente vulnerable quedaba fuera de las ayudas porque no llegaban a tiempo las citaciones. Él, que antes había trabajado en Correos, sabía que esas cartas no suelen llegar porque los domicilios de estos ciudadanos están en lugares apartados, mal señalizados o conflictivos. Su carta logró revertir la situación.
Esta vez la ha vuelto a liar. Tanto que su caso ha llegado hasta el Defensor del Pueblo. Actualmente Juan Carlos Nieto, de 57 años, casado y con un hijo, es funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo INEM, en Mérida (Badajoz). Su trabajo consiste en facilitar certificados de prestaciones para tramitar una ayuda social, un bono o un apoyo de Cáritas o Cruz Roja. Sin embargo, durante años ha atendido a gente que no había solicitado cita previa cuando la oficina estaba vacía, había cancelaciones o aparecía un hueco en la agenda.
Por esta razón, la dirección del SEPE ha abierto un procedimiento disciplinario contra él por una supuesta falta grave derivada de la atención a usuarios sin cita previa y por la expedición de certificados de prestaciones necesarios para tramitar ayudas sociales. Nieto se expone a una sanción de seis meses de empleo y sueldo por una falta grave por desobediencia a superiores y una falta leve por descuido o negligencia. “Las citas están programadas cada 15 minutos y muchas gestiones se resuelven antes. Además, existe un porcentaje significativo de ausencias. Hay momentos durante la jornada en los que la oficina está vacía o semivacía y es entonces cuando ayudamos a quien lo necesita”, explica sobre una situación que describe de “surrealista”.
“Yo soy funcionario por las mañanas, pero el resto del día soy un ciudadano normal que tiene que hacer trámites en Hacienda, en el banco, en los servicios de salud… Así que como trabajo de este lado también sé lo que supone enfrentarte a la administración", explica.
Cuando describe su jornada de trabajo, Nieto explica que a una oficina como la suya puede llegar “un empleado despedido de Telefónica, un maestro interino, un camarero eventual o un jornalero”. Pero también llega “gente mayor que no sabe hacer un trámite así en internet o migrantes que no dominan el idioma”, y que dependen de esa ayuda para comer. Y pone un ejemplo: “Si alguien llega hoy, su solicitud se procesa el 19 de junio, pero se formaliza el 3 de julio y el ingreso le llegará el 10 de agosto. En muchos casos es gente que vive al día y necesita ese dinero para vivir y, si no se atienden esos casos, lo estarán pasando muy mal hasta septiembre. No puedo mandarlos a casa cuando no hay nadie en la oficina”.
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social señalan a EL PAÍS que el expediente abierto no se limita “a la cuestión planteada”, es decir, a la atención sin cita previa. “Concurren múltiples motivos que, por razones de confidencialidad y respeto a todas las garantías del procedimiento, no se pueden hacer públicos”, asegura.
Sin embargo, en el expediente sancionador consultado por este periódico no hay referencia alguna a otras cuestiones y se centra en denunciar que el trabajador “omite las indicaciones” de su superiora, “compromete a las compañeras” y es “discriminatorio” hacia quienes sí han solicitado cita previa.
“No es cierto que haya otros asuntos”, insiste Juan Carlos vía telefónica desde Mérida, abrumado por la respuesta social, pero también asustado con la posibilidad de pasar seis meses sin cobrar y con un hijo adolescente. El asunto incluso ha escalado hasta el Defensor del Pueblo, que ha pedido explicaciones al Ministerio de Trabajo mientras recordaba “que en los últimos años ha recibido numerosas quejas ciudadanas en las que se planteaban las dificultades con las que se encuentran para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo”.
Nieto entiende que es “lógico y normal” que exista la cita previa para ordenar la atención y evitar esperas. Sin embargo, cerca de un 30% de las personas no acude a la cita y, en otros casos, el trámite se resuelve en pocos minutos. “Por lo que hay muchos momentos en los que no hay nadie en la oficina y yo no puedo mandar a casa a alguien porque el sistema no le ha dado hora”.
Desde luego, el funcionario rebelde no se ha convertido en la persona más querida de la oficina al ver cómo exige eficientar el trabajo con mejoras tan sencillas como que “las máquinas que distribuyen los turnos se adapten también a la gente que no tiene cita cuando hay huecos libres”.
Juan Carlos Nieto, funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el viernes en Mérida (Badajoz) jorge armestar
El caso de Nieto tiene similitudes con el camino emprendido por anónimos testarudos que lograron importantes cambios en el día a día de mucha gente. Como Carlos San Juan, un médico jubilado de Valencia que puso en marcha la campaña “Soy mayor, no idiota”, con la que obligó a los bancos a no cobrar comisiones por atender en ventanilla a los mayores de 65 años. O Anna González, que después del atropello de su marido cuando iba en bicicleta logró una reforma en el Código Penal que agrava la pena en caso de abandono del lugar del accidente. O Cristina Arce, la madre que logró reunir miles de firmas y endurecer la Ley de Espectáculos en Madrid tras el fallecimiento de su hija. En esta ocasión, una semilla surge en una oficina pública extremeña para facilitar la vida a los ciudadanos.
La sanción de la Inspección de Servicios a Juan Carlos Nieto tendrá que ser ratificada por la Subdirección General de Recursos y Organización, el órgano encargado de estudiar las presuntas irregularidades.
En cuanto a la calidad del servicio, Trabajo asegura que en su oficina no hay retraso en las citas y tampoco a la hora de reconocer las prestaciones. “En caso de que puntualmente hubiera demoras, la simple solicitud de la cita sirve como justificante de que la persona usuaria ha iniciado la tramitación de la prestación y, por tanto, no computaría a efectos de plazos”, señalan fuentes del ministerio.
Sin embargo, la sanción a Nieto es un runrún que se mueve por Mérida y ha activado a sus vecinos. El miércoles, alrededor de un centenar de personas se concentraron ante la oficina del SEPE de Mérida. Aquel día Nieto salió durante su media hora de descanso y les agradeció el apoyo: “No pido caridad ni compasión. Es, simplemente, hacer el trabajo por el que me pagan y por el que todos vosotros también pagáis con vuestros impuestos. Mi obligación era atender a quien tenía delante cuando había tiempo para hacerlo”, les dijo.
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