"Si bien estas últimas cuatro décadas han sido favorables para el municipalismo español, en la actualidad el entusiasmo social es mucho menor que en los años 80 y 90 porque los desafíos son nuevos y quizás mayores"
Por
Luis Barbado. Gestores Públicos blog. El miércoles 3 de abril se cumplen 40
años de las primeras elecciones democráticas de 1979, celebradas tras el largo
paréntesis de la dictadura franquista, periodo que abarcó desde 1939 hasta 1975. Aunque fue la UCD la que formalmente
ganó aquellas primeras elecciones locales con el 30,6% de los votos, por
primera vez los ciudadanos hicieron una decidida apuesta en las urnas por los candidatos de izquierda -sobre todo en
las grandes poblaciones, logrando el 41,3% de los votos entre PSOE (28,2%) y
PCE (13,1%)- y que, gracias al acuerdo
alcanzado entre ambos, los candidatos socialistas se hicieron con las alcaldías
de muchas grandes y medianas ciudades y no pocos pueblos.
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Pasquall Maragall, alcalde de Barcelona
en el periodo 1982-1997 |
El entusiasmo que generó
la renovación de los ayuntamientos con carismáticos alcaldes progresistas activó
un
viento de cola al PSOE que tuvo un largo recorrido durante al menos dos
mandatos, hasta 1987 y en algunos casos incluso hasta 1991, a pesar de que en las primeras corporaciones
locales eran inexpertas y carecían de recursos para afrontar grandes cambios en
pueblos y ciudades, todavía muy descuidadas por las secuelas del rápido y desordenado desarrollismo
de las dos décadas anteriores. Las carencias de infraestructuras y equipamientos eran más evidentes en los barrios
y pueblos periféricos de las grandes urbes.
Ese entusiasmo por el
nuevo municipalismo tuvo como primera
consecuencia política la llegada a la presidencia del gobierno de Felipe González en 1982, cargo que ya no
abandonaría hasta 1996.
En esos primeros años de
los ayuntamientos democráticos, al menos hasta 1987,
una vez superada la crisis económica del petróleo y la incorporación a la Unión
Europea, las nuevas corporaciones gestionaron con más voluntarismo y gestos que planes estratégicos e inversiones. Tras los primeros años del gobierno de Felipe González se
sentarían las bases de un Estado moderno y empezarían a contar con más recursos económicos –propios
por la confección de los primeros padrones completos de IBI y por mayores transferencias
del Estado y de las recién constituidas
CCAA-, nuevas normas (la primera versión de la Ley de Bases del Régimen Local, Ley 7/85, y la de Haciendas Local,
Ley 39/1988) que permitieron mejorar la gestión local y alcanzar la década de los noventa con un
cambio de cara radical de nuestras ciudades, ya equiparables en muchos aspectos
a las de nuestro entorno europeo.
Alcaldes carismáticos
De aquella década de los
ochenta, muchos vecinos todavía echan en falta aquél clima de optimismo que
infundieron algunos de sus carismáticos alcaldes
que en muchos casos aún son recordados en su memoria o incluso con placas en el callejero o dando nombre a equipamientos sociales. Fue el caso, entre
otros, de Enrique
Tierno Galván en Madrid, (1979-1985); Pascual
Maragall en Barcelona (1982-1997); Pedro
Aparicio en Málaga (1979-1995); Ramón Sainz de
Varanda en Zaragoza (1979-1986) ; Francisco
Vázquez en A Coruña (1983-2006); Ricard
Pérez Casado en Valencia, (1979-); Joaquín
Nadal en Gerona (1979-2002); Vicente Álvarez Areces en Gijón (1987-1999); Julio Anguita y Herminio Trigo, en Córdoba (1979-1995) y Tomás
Rodríguez Bolaños en
Valladolid (1979-1995). Este último, fallecido en 2018, fue también presidente
de la Federación de Municipios y Provincias (diputaciones), -FEMP-, igual que
Ramón Sainz de Varanda, Pedro Aparicio y Paco Vázquez, todos ellos del PSOE.
A
partir de las elecciones locales de 1991 y la irrupción de una nueva crisis económica, tras los fastos del 1992
empezó el declive socialista siendo los populares los que
pasarían a tomar el relevo y tener más
protagonismo en la vida local española.
En los años noventa el
Partido Popular, que ya venía siendo el partido más respaldado en algunas convocatorias anteriores,
también obtuvo varias alcaldías a partir de las elecciones de 1991 y 1995,
dando paso a José María Aznar a la presidencia del Gobierno tras las elecciones
de 1996.
Ley de Grandes Ciudades de 2003
La aportación más recordada
del PP al municipalismo de esa etapa quizás
fue la Ley de Grandes Ciudades o Ley de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de
diciembre,
que entró
en vigor el 1 de enero de 2004), estableciendo un modelo de gobierno local más presidencialista
y teóricamente más gerencial y ágil, trasladando
asuntos de competencia del Pleno mensual hacia la Junta de Gobierno semanal, que es el sistema
vigente en muchos ayuntamientos de más de 75.000 habitantes.
Igual
que los socialistas tuvieron un elenco de alcaldes carismáticos, en la etapa
popular erigieron como alcaldes estrella Alberto Ruíz
Gallardón en Madrid, entre 2003 y 2011 –tras sustituir a Álvarez del
Manzano, que ostentó la alcaldía de la capital entre 1991 y 2003; Rita Barberá en Valencia entre 1991 y 2015; Teófila Martínez en Cádiz, (1995-2015), o Francisco de la Torre, que aún sigue en la
alcaldía de Málaga (2002-2019)
La
alternancia en los gobiernos locales por parte
del PSOE/PP –aparte de los
nacionalistas vascos y catalanes en sus respectivos territorios, con grandes alcaldes como José Ángel Cuerda en Vitoria (1979-1999) - no
cambió radicalmente el mapa de los ayuntamientos españoles tras las elecciones
de 2015, a pesar de que supuso un cierto
terremoto la irrupción de alcaldes ajenos a esas formaciones en las grandes
ciudades (Manuela Carmena en Madrid- Ada
Colau en Barcelona, José María González, Kichi, en Cádiz, etc., todos ellos apoyados por la formación izquierdista Podemos, que quizás vivió su mejor momento ). Ese cambio tal
vez puede explicarse como consecuencia de un cierto hartazgo del electorado hacia el
bipartidismo PSOE/PP, grupos a los que muchos ciudadanos percibieron e esos momentos como responsables de la larga crisis económica de
2008-2014, que conllevó grandes recortes en la prestación de servicios básicos
a cargo de las distintas AA.PP, incluidos los ayuntamientos al ver disminuir drásticamente sus ingresos por una menor recaudación de partidas vinculadas a la actividad económica
(ICIO, IAE, etc.). Esa crisis fue aprovechada por el gobierno de Mariano Rajoy -con Cristobal Montoro de ministro de Hacienda y AA.PP- para poner en marcha desde 2011 controvertidos proyectos de control del gasto y limitación de competencias en las AALL con el fin de impedir su quiebra económica y poder atender los servicios básicos en tiempos de crisis.
Incógnitas
y retos para después del #26M
Recuperados parcialmente de esa crisis económica, en las próximas elecciones locales convocadas para el próximo
26 de Mayo, las undécimas desde 1979, los ciudadanos acudirán a las urnas con
una oferta variada de candidaturas en las que previsiblemente el PSOE y el PP tendrán que
buscar aliados en otras tres
formaciones nacionales de distinto signo, incluso con sesgos populistas, surgidas tras el inicio de la crisis de 2008 (Ciudadanos, Podemos y Vox) para poder conformar
mayorías que permitan gobiernos estables durante los próximos cuatro años. Los
resultados de las elecciones generales del próximo 28 de abril tal vez den pautas
para la cita en las urnas de un mes después.
En
todo caso, el panorama político actual -muy fragmentado y crispado por la situación catalana- hará difícil los acuerdos tras las municipales,
tan necesarios para abordar nuevos cambios y retos, muchos pendientes desde
hace décadas y que están bloqueando y retrasando
la modernización del país en muchos aspectos que dependen de las Administraciones Públicas.
Por
lo se refiere a las entidades locales, algunos de esos retos son los siguientes:
- - Nueva gobernanza
local.
La reforma pendiente del conjunto de las
AA.PP lastra en mayor medida la gestión de las entidades locales,
resistentes a su profesionalización/modernización/digitalización, retrasando que se transformen en administraciones inclusivas, dado el excesivo peso de la
discrecionalidad y arbitrariedad política que impide que los funcionarios sean
seleccionados y promocionados en base al mérito y la capacidad y por tanto
independientes frente al sectarismo/clientelismo político vigente.
-Mayor Transparencia.-Vinculado a la
gobernanza local, hay que profundizar en la transparencia para contrarrestar el
poder político local que debería corresponder a otras instituciones del Estado (Tribunales
de Justicia, Tribunales de Cuentas, etc.) y a los medios de comunicación, en muchas
ocasiones “neutralizados” por su dependencia de la publicidad institucional. Pocos ayuntamientos han
puesto en marcha mecanismos de control frente a la corrupción a pesar de ser
percibida como una realidad muy extendida por los ciudadanos. El CIS sigue
señalando este problema de forma destacada y recurrente, asunto del que los partidos políticos se
desentienden salvo para el reproche del adversario.
- Combatir la desigualdad.-A pesar de ser las
administraciones más próximas a los ciudadanos, no parece que desde los ayuntamientos
y diputaciones se aborde con decisión los problemas de desigualdad que han crecido en los últimos años. Frente a otras políticas más populistas como
proliferación de fiestas o apoyo a determinados colectivos sensibles, no siempre parece ser prioridad los consignar recursos para Servicios sociales para combatir la marginación o favorecer la conciliación (familias con escasos recursos, política de
vivienda, exclusión social, etc.)
-Favorecer el emprendimiento.- Corresponde a todas las AAPP favorecer el emprendimiento y
ser proactivos hacia la actividad económica, como garantía y viabilidad de empleo de los vecinos y forma de
competencia y estímulo para mejorar sus condiciones de vida. Los efectos de una
futura robotización también tendrán efectos en la vida local, igual que los
está teniendo la actual globalización económica.
- Movilidad
y medio ambiente. El tráfico y la movilidad urbana ha sido un gran problema ciudadano -ruido y contaminación- que parece encontrar soluciones con las propuestas de smart city -consumo de agua y energía, peatonización de cascos históricos, movilidad compartida con energías limpias- que aún tienen mucho margen de mejora si existe voluntad política como ocurre ya en muchas ciudades.
-El despoblamiento de las zonas rurales y la
concentración de la población en grandes ciudades y sus periferias como ocurre en Madrid y en otras de la costa mediterránea
(Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, etc.). Esta tendencia está generando un
dualismo entre pueblos-ciudades en declive frente a grandes ciudades más
dinámicas. Otro problema vinculado es el envejecimiento de la población y
la inviabilidad de gestionar los pequeños municipios (casi siete mil de los más de ocho mil existentes), problema cada vez más
patente que urge implementar nuevas fórmulas con cambios legales. En este asunto, los esfuerzos que hayan podido hacer las cuestionadas Diputaciones han tenido escaso éxito.
Si
bien estas últimas cuatro décadas han sido favorables para el municipalismo español,
en la actualidad el entusiasmo social es mucho menor que en los años 80 y 90 porque los desafíos son nuevos y quizás
mayores. Con el agravante de que aún teniendo mucho recorrido por delante, estos
retos ya no podrán abordarse solo desde los ayuntamientos y ni tan siquiera desde las CC.AA o gobiernos
nacionales, por más que en estos días de campaña los partidos políticos se
pongan en modo populista –más si cabe- ocultando al electorado la cruda realidad
y la inviabilidad de muchas de sus propuestas esbozadas. Unas por falta de recursos y otras,
más económicas pero difíciles de implementar, porque requieren amplios acuerdos de los que la mayoría
es escéptica por el modo excluyente de gestionar la política diaria.
