Alcaldes del PP presionan al Gobierno andaluz para que regule una tasa turística

Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada piden a la Junta que abra una negociación con el sector para articular una herramienta que permita financiar el coste de la huella del turismo en sus ciudades. La Junta se ha mostrado en contra hasta la fecha por la oposición de las empresas

Revista de prensa. Por Teresa López Pavón. El Mundo-Andalucía.- La Junta de Andalucía se ha negado hasta la fecha a establecer un marco normativo y jurídico que permita a las grandes ciudades establecer una tasa turística que ayude a financiar el coste de la huella del turismo en sus ciudades. Pero cada vez más alcaldes -y más alcaldes del PP- se muestran favorable a una medida de ese tipo que ya tienen muchas ciudades europeas sin que las visitas se hayan resentido por ello.

El primero en mostrarse favorable a la creación de esa tasa ha sido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que se ha visto de alguna manera obligado a hacer esa apuesta ante su intento fallido de cerrar la Plaza de España -el monumento más visitado de la capital andaluza- para establecer un precio de acceso que pagarían exclusivamente los no residentes. Pero, en los últimos días, también ha habido pronunciamientos en la misma dirección del alcalde de Córdoba, José María Bellido, que es también presidente de la Federación de Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), quien el martes proponía que la Junta estableciera un marco regulatorio general para que las ciudades puedan asumir o no la implantación de la tasa con garantías jurídicas y en función de sus necesidades y circunstancias.

Este mismo miércoles, los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, y Granada, Marifrán Carazo, se han pronunciado igualmente a favor de la tasa, y han reclamado que sea la Junta de Andalucía la que asuma el "liderazgo" de la negociación con el sector.

Carazo, por ejemplo, ha pedido un debate "sereno, consensuado y sosegado" y enmarca la necesidad generada en las ciudades en el problema de financiación de los ayuntamientos, que prestan servicios para los carecen de los recursos adecuados. En el caso de Granada, como en el de otras ciudades con un nivel de presión turística elevado, las prestaciones que hay que asumir "se multiplican", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha asegurado que "siempre" se ha declarado a favor de que la Junta impulse ese canon y de que sean las ciudades las que tengan la última palabra a la hora de imponerlo o no a sus visitantes.

Por último, el alcalde de Cádiz, Bruno García, no ha hecho una defensa explícita de la tasa pero sí posibilitó, con la abstención de su grupo en un pleno celebrado el pasado mes de enero, que saliera adelante una iniciativa que insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a "desarrollar los instrumentos legales oportunos para permitir la implantación de una tasa turística en los municipios que libremente así lo decidan".

Son ya cinco alcaldes del PP los que se han manifestado de alguna u otra forma a favor de la tasa turística pese a la negativa insistente del consejero de Turismo, Arturo Bernal, que no quiere enfrentarse a los empresarios del sector, contrarios al canon por temor a que actúe como un elemento disuasorio en la elección del viajero y haga perder competitividad al destino.

De hecho, el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) emitió el martes un pronunciamiento contrario al establecimiento de la tasa turística porque, a su juicio, se trata de un "nuevo tipo impositivo que afecta negativamente a la competitividad del sector y al conjunto de la economía regional".

"El liderazgo económico y social del sector turístico no puede ser el argumento para tratar de encontrar vías de financiación adicionales a la prestación de unos servicios públicos municipales que ya están sostenidos, entre otras aportaciones, por el propio sector".

Los empresarios creen que incrementar los costes de la estancia "sólo beneficia a aquellos que pretenden disuadir la llegada de turistas a nuestra comunidad y que no valoran el inmenso beneficio económico y social que el turismo aporta a los territorios".

EMPRESARIOS CONTRARIOS A LA "COMPETENCIA FISCAL ENTRE TERRITORIOS"

Curiosamente, los empresarios argumentan que ese nuevo impuesto "supondría generar una competencia fiscal entre territorios", pese a que siempre vieron con buenos ojos esa "competencia fiscal" cuando se trataba de rebajar los impuestos, como ha hecho el Gobierno andaluz en los últimos ejercicios.

La patronal recuerda a este respecto que la comunidad valenciana tenía esta tasa aprobada y recientemente "la ha suprimido". Apuntan también que su implantación no tiene un retorno inmediato para el sector industrial turístico, dado que se incorpora al conjunto de ingresos de las administraciones "sin destino finalista concreto".

"El conjunto de la economía regional se vería afectada por esta decisión, dado que el incremento de costes se trasladaría al incremento del IPC de la región y, por tanto, a la inflación general en la misma, extendiendo su efecto negativo a todos los sectores de actividad económica", aseguran los empresarios.

Además, y dado que la tasa no grava el hecho turístico en su conjunto, sino sólo el alojamiento reglado, "se incrementa aún más el incentivo a la clandestinidad y, por tanto, a las actividades económicas y laborales irregulares". Igualmente, consideran "altamente preocupante" que el impuesto solo recaiga sobre las pernoctaciones, siendo prácticamente imposible distinguir entre aquellas que son turísticas y aquellas otras "que tienen otras motivaciones que nada tienen que ver con el disfrute vacacional".

Por último, subrayan el hecho de que sería un impuesto que afectaría de forma directa a todos los andaluces que quisieran disfrutar de sus periodos de ocio en Andalucía, "pues todos ellos estarían igualmente obligados a su pago, en el caso de pernoctar en cualquier municipio de la región".