martes, 9 de marzo de 2021

Un repaso a los pecados capitales de la transparencia local

 En materia de buen gobierno, la fiscalización ha atendido especialmente a aquellas entidades que no habían rendido la cuenta general, al ser este incumplimiento una infracción muy grave tipificada en la Ley.

Por Antonio Arias. Fiscalización.com blog.- El Tribunal de Cuentas publicó durante el pasado mes de enero el Informe  de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales.

El trabajo tenía como principal objetivo de fiscalización: verificar el cumplimiento de la citada ley (LTAIBG), en lo referente a la normativa sobre publicidad activa, así como la aplicación del régimen sancionador en materia de gestión económico-presupuestaria previsto en el marco de la regulación sobre buen gobierno. No se incluyó el análisis del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El Tribunal verificó la aplicación en más de 2.000 entidades, tanto principales como dependientes, incluyendo la totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas, así como una selección del resto de entidades locales. En materia de buen gobierno, la fiscalización ha atendido especialmente a aquellas entidades que no habían rendido la cuenta general, al ser este incumplimiento una infracción muy grave tipificada en la Ley.

El Informe recoge entre otras conclusiones las siguientes:

En relación con las obligaciones de publicidad activa:

1.-La mayoría de las entidades analizadas disponen de páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Un significativo número de municipios de población inferior a 5.000 habitantes y de entidades locales de menor dimensión disponen de dichos instrumentos fruto de la asistencia de las diputaciones provinciales o forales, comunidades autónomas o del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que proporcionan modelos normalizados utilizables por las entidades.

2.-En los territorios con lenguas cooficiales, el 32% de las entidades locales que disponen de página web, portal de transparencia o sede electrónica publican la información en ambas lenguas y el 51% lo hace sólo parcialmente en castellano, al ser bilingües los apartados generales pero no el resto. El mayor porcentaje de entidades que no publican la información en las dos lenguas corresponde a las de las Comunidades Autónomas de Galicia (25%), Cataluña (20%) y Comunitat Valenciana (19%).

3.-Se cumplen, por las entidades locales de mayor dimensión, las obligaciones de publicidad activa que establece la LTAIBG en relación con los siguientes aspectos: información institucional, organizativa y de planificación; inventario de actividades de tratamiento de datos personales; información de relevancia jurídica e información económica, presupuestaria y estadística.

4-En relación con la información institucional, las grandes entidades, a excepción de las mancomunidades, agrupaciones de municipios y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), publican información acerca de las funciones desempeñadas y los catálogos de servicios y de procedimientos administrativos.

5-En cuanto a la normativa aplicable a las entidades, la información publicada relativa a la legislación estatal y a la autonómica es muy reducida, frente a la regulación propia de cada entidad local, que se publica en mayor medida.

6-Respecto a la estructura organizativa, la gran mayoría de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes publican la información relativa al Pleno y Junta de Gobierno de la Corporación, siendo más escasos los que publican la información correspondiente a la Comisión Especial de Cuentas y, en el caso de los municipios de gran población, a la de Sugerencias y Reclamaciones.

7-En la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y en todas las diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas se publica la información sobre las concejalías o áreas de gobierno. Además, en la mayoría de los municipios de gran población se encuentra disponible la información sobre las Juntas Municipales de Distrito, órgano de existencia obligatoria en tales ayuntamientos.

8-Un número significativo de ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes no publican información relativa al presidente y a los órganos de gobierno de las entidades locales, o bien no está actualizada tras las últimas elecciones locales.

9-En relación con la planificación anual y plurianual, la fiscalización observa un escaso número de entidades que publican sus planes estratégicos, incluidos los de subvenciones, y en materia de igualdad, con unos porcentajes insuficientes para las diputaciones y cabildos y consejos insulares, al igual que ocurre con la planificación operativa. La mayoría de ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes, comarcas, mancomunidades, agrupaciones de municipios y EATIM no disponen de planes publicados. Más de la mitad de las entidades dependientes no publican planes estratégicos ni planes de igualdad entre mujeres y hombres.

10-La obligación de publicar el inventario o registro de actividades de tratamiento, introducido en la LTAIBG por la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se cumple por un porcentaje muy reducido de entidades locales, con una distribución muy heterogénea entre las entidades de distintas comunidades autónomas.

11.-El grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa sobre información de relevancia jurídica, es insuficiente; matizando que la redacción del texto legal da lugar a confusión, en ocasiones, sobre el contenido de dicha información, como para los documentos que deban ser sometidos a un periodo de información pública.

12.-La publicación de la información en materia de contratación prevista en la LTAIBG puede efectuarse a través del denominado perfil de contratante, si bien, a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el mismo debe alojarse, de forma excluyente y exclusiva, en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en la respectiva Plataforma de Contratación autonómica, según la opción adoptada por cada entidad local. No obstante, el Informe señala que existen entidades locales que siguen publicando el perfil de contratante en sus páginas web, portales de transparencia o sedes electrónicas.

13.-Hay escasa publicidad sobre convenios suscritos, encomiendas de gestión, encargos a medios propios personificados y subvenciones concedidas o bien aquella no se encuentra actualizada, especialmente entre los ayuntamientos de población reducida y entidades locales de menor dimensión.

14.- Todos los ayuntamientos de más de 200.000 habitantes y las diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas informan sobre el presupuesto corriente, si bien, en ocasiones, con un desglose insuficiente de las partidas que lo integran. En cambio, la información sobre la ejecución presupuestaria se confunde frecuentemente con la publicación de las bases de ejecución del presupuesto, no permitiendo conocer el grado de cumplimiento de las principales partidas presupuestarias.

15.-El Informe recoge que ninguno de los cabildos y consejos insulares, ni la mayoría de las áreas metropolitanas publica sus últimas cuentas generales rendidas, lo que constituye una carencia significativa en materia de publicidad activa.

16.-En el caso de los informes de auditoría de cuentas, la obligación de publicarlos alcanza únicamente a los de las entidades dependientes, al no preverse la publicidad de otros resultados del control interno. Los informes de fiscalización aprobados tanto por el Tribunal de Cuentas como por los órganos fiscalizadores autonómicos tampoco son objeto de publicación por un número significativo de entidades locales.

17.-En cuanto a la información sobre las retribuciones del presidente y del resto de cargos electos de la Corporación -si bien la LTAIBG no obliga a informar sobre otros conceptos no retributivos, como las asistencias a los órganos colegiados-, la mayoría de los ayuntamientos de elevada población y la totalidad de los cabildos y consejos insulares informan sobre esta materia. En cambio, un número relevante de entidades no informa sobre las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo, considerándose necesario, cuando no se hubieran abonado tales indemnizaciones, que se informe expresamente de dicha circunstancia.

18.- La obligación de publicar la relación de bienes inmuebles de propiedad o sobre los que ostentaran algún derecho real se cumple por un número reducido de entidades, no obstante, la obligatoriedad de disponer de inventarios de bienes y derechos en los que deberían figurar aquellos. Frecuentemente, además, la información publicada no está actualizada.

19.- El mayor grado de incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa para el conjunto de las obligaciones específicas previstas en la LTAIBG, se encuentra en los ayuntamientos de población más reducida y otras entidades, como mancomunidades y agrupaciones de municipios y EATIM, sujetas a las mismas obligaciones de transparencia y que, generalmente, disponen de menos recursos. Las entidades dependientes, en general siguen el mismo patrón.

Sanciones en materia presupuestaria

El análisis del cumplimiento de la normativa sobre infracciones de buen gobierno en materia de gestión económico-presupuestaria se realizó sobre la información en materia de control interno remitida por los órganos de Intervención local, entre la que figura la comunicación acerca de la posible existencia de infracciones de buen gobierno, así como sobre si ha procedido a su traslado al órgano competente.

1.-Ninguno de los expedientes en los que el órgano de Intervención apreciaba indicios de infracción en materia de gestión económico-presupuestaria fue comunicado al Tribunal de Cuentas, a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, a los efectos de la incoación de procedimientos de responsabilidad contable. Asimismo, los órganos de Intervención comunicaron acuerdos y resoluciones contrarios a reparos y expedientes con omisión de la fiscalización previa preceptiva, sin apreciar la existencia de infracciones de buen gobierno, pese a referirse, en un número significativo de expedientes, a irregularidades susceptibles de corresponderse con alguna de las infracciones tipificadas en el artículo 28 de la LTAIBG.

2.- Por lo que se refiere a la incoación, tramitación y resolución de procedimientos sancionadores por esas infracciones, de la información comunicada por un total de 235 entidades que no habían rendido la cuenta general de 2018, la fiscalización ha verificado que en ninguna de ellas se había iniciado procedimiento sancionador. Ello puede guardar relación con las dificultades para la adaptación de la LTAIBG al régimen jurídico local, debido a la falta de definición del concepto de alto cargo en la normativa estatal del ámbito local, aunque también por la dificultad para determinar el órgano competente en la incoación del procedimiento sancionador cuando el posible responsable sea un cargo electo, así como para determinar el órgano competente para la imposición de las respectivas sanciones.

Recomendaciones

En el Informe se formulan varias recomendaciones encaminadas, principalmente, a:

-la implantación de portales de transparencia para mejorar el acceso a la información, de forma que esta sea presentada de una forma más clara, estructurada y entendible, así como se actualice con carácter recurrente;

-la dotación de medios personales y materiales y la incorporación de procedimientos internos;

-el incremento por las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de las actuaciones dirigidas a la prestación de asistencia a las entidades locales, especialmente a los municipios de menor población;

-y la mayor apreciación, por los órganos de la Intervención local, de hechos que pudieran constituir infracciones de buen gobierno y su comunicación al órgano competente.

Ayuntamiento de Vigo

En ese sentido, y para terminar debemos dejar constancia en la bitácora del cuarto Premio CEMCI (Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional) destinado cada bienio par a reconocer las “Prácticas municipales exitosas” y que el año pasado fue otorgado (3.500 euros) al Equipo de trabajo de la Secretaría de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo, por su “Plan de seguimiento y evaluación de la transparencia y buen gobierno municipal“. Se trata de una herramienta para alinear las actividades municipales con el objetivo de conseguir una organización transparente y responsable, para identificar y establecer prioridades y que permita la perduración en el tiempo de este proceso de transformación continuo de la administración municipal, en el marco de las nuevas tecnologías.

Unas mejoras que el equipo premiado reconoce como fruto del  esfuerzo colaborativo del conjunto de áreas y servicios municipales  así como a la implicación de los órganos de gobierno.

lunes, 8 de marzo de 2021

Op Ed / CGPJ, una reflexión sobre el poder

Revista de prensa. El Confidencial: Elisa de la Nuez, abogada: "Podemos afirmar con rigor que la elección del CGPJ es inconstitucional de facto"

Por Eduardo Pastor Martínez. Almacén del Derecho blog.- La renovación del CGPJ se ha convertido en una de esas batallas que es necesario librar para que todo siga como estaba antes. Ni siquiera el lector despistado precisará ya instrucción sobre el significado de ese acrónimo, por alusión al órgano de gobierno de los jueces. Tampoco sobre el momento de anormalidad constitucional que atraviesa: su mandato caducó hace más de dos años y los partidos de gobierno y oposición andan enfangados en un proceso de selección de nuevos moradores que nunca se consuma, en la medida en que ha quedado condicionado por su dialéctica, sentido de oportunidad y enfrentamientos. Todos dicen querer salvar la independencia de los jueces y procurar la adecuada modernización de nuestro sistema judicial. El cinismo del Gatopardo sigue dramáticamente instalado en la vida política presente.

Porque incluso ese lector despistado habrá igualmente constatado que, en el debate sobre la renovación del CGPJ, únicamente se negocian las cuotas que a cada partido político pueda corresponderle en su futura composición. Los vetos recíprocos evidencian las afiliaciones más íntimas de los candidatos más procaces. Esa discusión es una menor y para otra más amplia: reproducir el mismo concierto en la renovación de otras instituciones elementales de nuestra maltrecha democracia liberal y que atraviesan una situación parecida. Desde RTVE hasta el Tribunal Constitucional.

Todo tiene que cambiar para que nada cambie. La democracia se basa en controles o contrapesos para el ejercicio del poder. La discusión sobre la renovación del CGPJ es sobre cómo hoy los partidos políticos mayoritarios pueden conservar las mismas estructuras de poder de ayer, en el vértigo de un mundo perplejo y donde los antiguos equilibrios sociales son cada día más frágiles. Ese mundo es un lugar donde estar y por eso su geografía es la de las gentes que lo habitan. Las pobres gentes, desengañadas y descreídas de la solidez de los rudimentos que antes procuraban confianza, unidad y paz. Dos años después, lo del CGPJ ya no se lo cree nadie.

Exprimir las instituciones

La inclinación del poderoso por exprimir las instituciones es irrefrenable y atávica. Desde el españolísimo caciquismo hasta el más reciente reformismo clientelar. Su afán es el de neutralizar esos controles y contrapesos. Donde eso no pueda hacerse se trata de domesticarlos, que significa hacerlos de la casa de uno. En España los partidos políticos mayoritarios están en todas partes, afán facilitado por un modelo de Estado intervencionista y asistencial, también por el estabulamiento de los españoles, necesitados de mayor conciencia crítica sobre el carácter inescindible de la libertad y responsabilidad individuales. Lo que nuestros poderosos parecen no haber entendido todavía es que ya no es posible que ejerzan su poder de la misma manera que lo hacían antes. Los partidos políticos y sus líderes deberían convertirse en organizaciones de su tiempo, renunciar al poder logrado a través del control absoluto y tratar de retener la mayor parte de ese poder mediante la seducción. Un método más difícil, pero igual de práctico. Mandar un poco menos y de otra manera: convencer y colaborar en lugar de colonizar. Si ayer los ciudadanos estaban involucrados en esos mecanismos de control a cambio de cuotas de seguridad y prosperidad, hoy puede igualmente involucrárseles en ese proyecto para la hegemonía política, de una forma más sofisticada y reconociendo el acento emocional de nuestros días, ofreciéndoles algo en lo que creer nuevamente.

La clave de la convivencia es la generosidad. Aunque a veces la generosidad se imposte, no por eso deja de ser menos positiva para la satisfacción de ese interés. Nuestros líderes políticos no tienen que ser generosos entre sí, sino con los ciudadanos que les soportan. No parece una concesión exorbitante la de que doce de los veinte miembros del CGPJ sean escogidos de entre jueces y por jueces. Tampoco que en la renovación de las instituciones democráticas únicamente participen quienes creen en ellas. Después, las corrientes políticas mayoritarias podrían igualmente ejercer influencia sobre el funcionamiento del órgano, pero de forma menos ruda que mediante la selección de candidatos por su solo compromiso y lealtad políticas. Porque no es tan importante quién elija sino a quién se elija, bastaría con que los negociadores escogieran a profesionales de un perfil acentuadamente técnico. También, que se objetiven las facultades atribuidas a ese órgano para la provisión de altas magistraturas o que se reduzca el perímetro de los aforamientos políticos ante los órganos donde se ejercen. Al CGPJ le incumbe, fundamentalmente, disponer las bases para la modernización de la justicia española. Por eso los candidatos deberían ser escogidos por sus méritos y propuestas de mejora. Mientras tanto, el sistema judicial español se debilita, la economía sufre las consecuencias de su falta de competitividad y la convivencia se envilece.

Las instituciones no lo soportarán todo. Los desórdenes actuales de nuestro sistema político, los malos ejemplos, el auge de los localismos y los desequilibrios sociales, reducen la resistencia de las instituciones. Si nuestros políticos insisten en su ensimismamiento y egoísmo, tarde o temprano serán engullidos por una crecida de rencor que necesariamente ha de seguirse del actual descontento. El resentimiento es el alimento del populismo y el nacionalismo. ¿Quién defiende a la democracia liberal?  Necesita aliados, pero nadie debe incurrir en el error de sentirse justificado por sus propias fuerzas, llevado de un adanismo que solo puede conducir a la frustración, incrementando los riesgos de enfrentamiento social. Los sistemas políticos occidentales mejoran paulatinamente y lo seguirán haciendo, siempre que se inoculen a tiempo los anticuerpos que han de preservar la salud de sus instituciones básicas. No se puede luchar contra todo al mismo tiempo y hay que contentarse con la suma de pequeñas victorias. Los defensores de la democracia liberal hemos de conformarnos hoy con exigir a nuestros representantes que procuren una solución de consenso para esta encrucijada, cediendo una parte de su poder, aunque sea con el propósito de conservar el resto.

sábado, 6 de marzo de 2021

Limitaciones temporales a la valoración de la formación en las convocatorias de concursos y oposiciones

"Una reciente sentencia aborda la interesantísima cuestión de si pueden limitarse los méritos de acceso al empleo público a los cosechados en un período de tiempo limitado"

Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.- Cuando se convoca una plaza o puesto de trabajo en la administración pública por concurso, y se contempla la valoración de los méritos formativos, los aspirantes bucean en sus archivos para encontrar justificación de aquél seminario o curso que recuerdan haber realizado un día lejano y que puede ser la llave del éxito. A veces la convocatoria le facilita la pesquisa pues limita el contenido del curso a valorar, su duración o solo admite los inmediatamente anteriores con un plazo limitado.

Pues bien, una reciente sentencia aborda la interesantísima cuestión de si pueden limitarse los méritos de acceso al empleo público a los cosechados en un período de tiempo limitado (en el caso concreto, se trataba de limitar la valoración de la formación “finalizada en los últimos 10 años” a efectos de formar parte de la bolsa de empleo de personal estatutario médico).

 De entrada, esta valiosa sentencia  de 18 de febrero de 2021 (rec.5881/2021) parte de una espléndida declaración de principios:

"La valoración de tales principios, mérito y la capacidad, para la provisión de plazas del personal estatutario se plasma, para su compatibilidad con la igualdad y la ausencia de discriminación, en una evaluación del baremo de méritos que atienda, desde un punto de vista general, a favorecer a aquellos que tienen una capacitación técnica superior, la mejor, para la prestación del servicio requerido, en atención a las tareas o funciones que luego debe realizar. Excluyendo, como es natural, las previsiones que pretendan favorecer a personas concretas o que no tengan su adecuada justificación en el tipo de tareas a desempeñar.   Debe haber, en definitiva, una correspondencia entre los distintos méritos exigidos en el proceso selectivo mediante la correspondiente valoración, y las funciones que se van a desarrollar cuando se acceda, en su caso, al desempeño de la plaza convocada. Dicho de otro modo, el diseño de los méritos que contiene toda convocatoria, debe tener su lógica y racional explicación y justificación en las funciones que se van a desempeñar en el caso de resultar reclutado.”

 A continuación aborda si está justificada esa actualización de conocimientos en el ámbito sanitario y razona:

"Debemos reparar, a estos efectos, que entre los deberes del personal estatutario, señalados en el artículo 19 del Estatuto Marco de tanta cita, se encuentra el de «mantener  debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión  o para el desarrollo de las funciones que correspondan a su nombramiento, a cuyo fin los centros sanitarios facilitarán el desarrollo de actividades de formación continuada». De modo que, si en el desempeño de su función, el personal estatutario debe mantener actualizados sus conocimientos, resulta difícil sostener que para acceder a las funciones propias de una plaza de médico en la especialidad requerida, la actualización no resulta esencial, y que deba, por tanto, prescindirse de la misma a la hora de valorar los méritos, mediante la correspondiente puntuación. Debe ser considerado, por tanto, un elemento significativo a los efectos del artículo 31 del Estatuto Marco. Y debe repararse, por lo demás, que tal exigencia temporal no impide la participación en el proceso de selección, ni, a tenor de la incidencia sobre los apartados del baremo, su repercusión resulta desproporcionada.

   Téngase en cuenta, además, que cuando nos referimos a la formación continua se está aludiendo a una formación que, según las acepciones de la rae, se extiende sin interrupción, que es constante, pues continuar es tanto como durar, permanecer. Se evidencia una cierta contradicción cuando se sostiene que la formación para el acceso a una plaza de médico ha de ser una formación continua y sin embargo resulte irrelevante que esté, o no, actualizada o que se trate de una formación desfasada. En definitiva, esa continua o permanente formación pretende alcanzar una adecuada actualización. No podemos considerar, en fin, discriminatoria una previsión que pretende primar, en la valoración de méritos, a aquellos en los que, con carácter general, concurre esa actualización en su formación.     Resulta difícil encontrar algún ámbito en el que resulte tan esencial la actualización, por el beneficio para la salud y la vida las personas, como en medicina, teniendo en cuenta la inmediatez de sus efectos sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Por no citar los constantes avances que tienen lugar en esa disciplina.”

  Y llega la clara conclusión:

"En definitiva, la limitación controvertida establece una diferencia justificada y proporcionada. Dicho en los términos que resume la  STC 200/2001, de 4 de octubre , el  artículo 14 CE  contiene, en su primer inciso, una cláusula general de igualdad, habiendo sido configurado este principio general de igualdad, por una conocida doctrina constitucional, como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente, en sus consecuencias jurídicas (la misma puntuación para casos iguales) y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia, como en este caso sucede con la necesaria actualización en la materia, que resulta fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten desproporcionadas, en los términos que antes expresamos por su incidencia general en el baremo de méritos.

 En consecuencia se abre la puerta a que se limite en las convocatorias la valoración de la formación (e incluso añadiríamos, de la experiencia), pudiendo limitarse su valoración  a un período inmediatamente anterior a la convocatoria, pero eso sí, siempre que se trate de plazas para las que sea precisa una formación o experiencia actualizada.

Especialmente sensibles a estas exigencias de actualización son las plazas académicas, investigadoras o sanitarias. En cambio, no podrá negarse la valoración de la formación o experiencia cosechada para puestos de trabajo o plazas cuyo contenido permanece invariable en el tiempo (ej. subalterno).

 Añadiré como comentario personal que tampoco sería disparatado que se limitase la valoración de la formación (cursos y seminarios) tomando la convocatoria como referencia un eje o dato objetivo, que evidenciase que la formación o experiencia anterior quedada inútil o desactualizada. Sería el caso de tomar como referencia la fecha de aprobación de reformas legales sustanciales que cambian la naturaleza del ente público y condiciones de trabajo- p. ej.pasar a prestar servicio bajo la forma de ente público empresarial; o por ejemplo, el de la reconversión de unidad administrativa que suprime la necesidad de usar vehículos ante técnicas informáticas de control on line, con lo que no sería un mérito adecuado la experiencia o formación como conductor.

En la práctica, con los tiempos que corren, es patente que todo puesto de trabajo impone actualización (“renovarse o morir”). Por eso hemos de concluir que podrán establecerse en las convocatorias de acceso a plazas o provisión a puestos, o formación de bolsas de empleo, límites temporales de valoración de formación y/o experiencia con cierto margen de “discrecionalidad razonada” bajo un triple criterio:

-La regla general es la valoración de la experiencia o formación.

-Motivación. Estamos ante una limitación de un derecho fundamental y ha de motivarse la restricción con razones vinculadas a la utilidad de tal formación/experiencia para un mejor desempeño del trabajo concreto.

-La extensión temporal de la limitación ha de ser razonable y según las exigencias de la plaza concreta.

Y por supuesto, nada de fijar límites temporales para excluir maliciosamente a unos aspirantes o para alzar a otros, al servicio de las prácticas reprobables del nepotismo, clientelismo y favoritismo, que han sido la mancha de la pureza en el acceso del empleo público, aunque afortunadamente en franco retroceso, y que han aflorado bien en la génesis de las convocatorias (hechas a la medida) o bien en su aplicación (tribunales calificadores que taimadamente toman medidas de valoración de méritos o pruebas para favorecer o penalizar aspirantes). Al menos la coartada de la discrecionalidad técnica ha sido recortada gracias a los principios generales del derecho, la transparencia, la buena administración y la penetración de la ética pública, pero queda camino por recorrer…

viernes, 5 de marzo de 2021

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El PRTR se estructura en 4 líneas directrices (España verde, España digital, España sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva) y  diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo.

Por Montse Carpio blog.- El pasado 21 de julio se alcanzó un histórico acuerdo en el Consejo Europeo para movilizar en respuesta la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que junto a los 1,074 billones del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 permitirá abordar un volumen sin precedentes de inversiones en los próximos años.

El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU prevé para España, la financiación de 140.000 millones de euros de los cuales alrededor de 72.000 millones se desembolsarán en forma de transferencias y el resto a través de préstamos

Estos fondos se materializarán a través de los Presupuestos Generales del Estado, una vez que la Comisión Europea apruebe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y, será la Administración General del Estado quien transfiera los fondos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a través de convenios y subvenciones alineadas siempre con los objetivos fijados desde Bruselas

La canalización de dichos fondos a España se efectuará a través de dos de dos instrumentos:

 El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y REACT-EU:

El MRR, concentra el grueso de los recursos del Fondo de Recuperación europeo, y permitirá a España obtener más de 59.000 millones en transferencias entre 2021-2023 y se destinarán a apoyar las reformas e inversiones necesarias para una recuperación duradera, mejorar la resiliencia económica y social y apoyar la transición verde y digital en los Estados Miembros.

El REACT-EU, permitirá a España obtener financiación por un importe de unos 12.000 millones. En el caso de este instrumento, se trata de fondos adicionales en el marco de la Política de Cohesión, con unas condiciones específicas y con una mayor flexibilidad en su gestión, para apoyar operaciones destinadas a afrontar la pandemia especialmente en el ámbito sanitario y educativo y preparar la recuperación de la economía contribuyendo a la transición a una economía verde y digital.

El Gobierno concentrará el esfuerzo de movilización de los cerca de 72.000 millones de transferencias en los primeros tres años (2021-2023), para maximizar su impacto sobre la reconstrucción rápida de la economía, y empleando los préstamos para complementar, posteriormente, la financiación de los proyectos en marcha. A ellos se suman los más de 79.000 millones de euros previstos por los fondos estructurales y por la Política Agrícola Común para 2021-2027.

El PRTR se estructura en 4 líneas directrices (España verde, España digital, España sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva) y  diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo.

Las diez políticas palanca integran a su vez 30 proyectos o líneas de acción que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan.

Cada proyecto o línea de acción se centra en un reto u objetivo específico y recogerá los proyectos tractores concretos: reformas e inversiones para el refuerzo del capital natural, tecnológico y humano, para aumentar la productividad y el crecimiento potencial generador de empleo. Para todos ellos, se identificarán las metas e hitos intermedios, los resultados esperados y el número de beneficiarios, así como el coste estimado

Así mismo, las prioridades del PRTR están completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (Flagship Initiatives) recientemente presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021: el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el hidrógeno renovable; la rehabilitación energética de edificios; el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; el aumento de la cobertura 5G a las diferentes regiones; la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas; la mejora de la eficiencia energética de los procesadores y el crecimiento del Big Data y de los servicios avanzados en la nube; y la mejora de las cualificaciones profesionales, en particular de las competencias digitales y de la formación profesional

Las diez políticas palanca y los 30 proyectos son los siguientes:

Políticas palanca

Proyectos

% (*) 

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.

Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero

16,6

Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos

Movilidad sostenible, segura y conectada

12,2

Transición energética justa e inclusiva

Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía

Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento

Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.

Estrategia de Transición Justa

8,9

Una administración para el siglo XXI.

Modernización de las administraciones públicas

5,0

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación
del turismo e impulso a una España nación emprendedora.

Política Industrial España 2030:

Impulso a la pyme

Plan de modernización y competitividad del sector turístico

Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G

17,1

Pacto por la ciencia y la innovación. refuerzo a las capacidades del sistema

nacional de salud.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación,

Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud.

16,5

Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.

Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)

Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional

Modernización y digitalización del sistema educativo

17,6

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.

Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres pilares:

5,7

Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

Revalorización de la industria cultural

Spain Audiovisual Hub

Fomento del sector del deporte

1,1

Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI

Mejora de la eficacia del gasto público

Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

 

(*) % de asignación de fondos en los próximos 3 años que incluyen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los de REACT EU

jueves, 4 de marzo de 2021

Un nuevo modelo de función pública: El problema es más el cómo que el qué

"Me parece que empezar desde cero con el nuevo modelo de función pública y duplicar las unidades de gestión de personal puede ser técnicamente más sencillo que apostar por un cambio total en esta materia"

Por Carles Ramió. EsPúblico.blog. Sinceramente creo que hay unanimidad entre todos los actores (instituciones, cargos políticos, sindicatos, empleados públicos y sociedad civil) en que nuestro modelo de función pública tiene que cambiar de una manera muy significativa. Tampoco me parece que exista un elevado grado de desacuerdo sobre cómo debería ser el nuevo modelo: articulado en competencias y ámbitos funcionales, mucho más flexible y polivalente, con unos nuevos sistemas de selección más adecuadas a los tiempos y a las grandes destrezas que requieren los empleados públicos, un nuevo sistema de incentivos más en sintonía con el desempeño institucional y con las motivaciones de las nuevas generaciones (por ejemplo, erradicar los moscositos y otros perversos sistemas de incentivos y apostar más por una auténtica carrera profesional -horizontal- y por la evaluación del desempeño).

El problema es que a pesar de estar de acuerdo la mayoría de los actores mostrarían grandes resistencias en la implementación de un nuevo modelo, ya que tanto la buena parte de los empleados públicos como los sindicatos nos hemos adaptado al actual no modelo y no vamos a estar muy incentivados para salir de nuestra zona de confort. Sencillamente nos hemos acostumbrado a unas reglas del juego heterodoxas, burocráticas y, a veces, perversas. En definitiva nos hemos acostumbrado a un no modelo (creo que es evidente que no hay modelo) que se basa en un juego burocrático lleno de trampas y chapuzas que funciona de manera precaria y con respiración asistida. Un indicio que el actual sistema no da más de sí es que cuando una unidad de gestión de personal ha intentado establecer una política sensata y racional, la mayoría de los actores implicados se han sentido ultrajados y han exigido regresar a la operativa tradicional, dominada por las trampas al solitario y por las chapuzas a pesar de la enorme inseguridad jurídica que la envuelve. Es una paradoja que un sistema pensado para un tratamiento igualitario y equitativo solo pueda funcionar mediante la discrecionalidad y la arbitrariedad en la que los listillos o los afortunados son los únicos que salen más beneficiados.

Es obvio que siguen siendo tensores reaccionarios para implantar un nuevo modelo de función pública los demonios de siempre: la abulia política para ponerse manos a la obra y la suspicacia sindical y corporativa hacia planteamientos más modernos, fluidos, flexibles y polivalentes.

Por esta razón llevo tiempo proponiendo que un nuevo modelo de función pública solo debería establecerse para los nuevos empleados públicos que serán muy pronto legión ante la inmediata necesidad del relevo intergeneracional. Para los que estamos ahora dentro (nos guste o no, la mayoría bastante envejecidos) podríamos dejar el mismo no modelo al que estamos acostumbrados. La motivación de esta estrategia dual (un solo modelo de Administración pero con dos sistemas de gestión de recursos humanos) evitaría el enorme esfuerzo de readaptación de los actuales empleados públicos y las coetáneas unidades de gestión de recursos humanos.

Cada día que pasa tengo la impresión que no se apuesta decididamente por implantar un nuevo modelo de función pública no tanto por la inapetencia política ni por las resistencias sindicales y corporativas y más por otros factores más prosaicos. Mi hipótesis es que no abordamos este tema por que no sabemos como afrontarlo técnicamente. Las unidades de gestión de personal están aterrorizadas ante este potencial cambio de escenario. No se sienten capacitadas para liderar y ordenar un cambio de estas tremendas dimensiones.

Mi propuesta sería la siguiente: vamos a continuar todos tal y como estamos: empleados públicos y unidades de gestión de personal. Planteamos un nuevo modelo solo de cara al futuro (los nuevos empleados públicos que se vayan a incorporar a partir de ahora), con reglas del juego totalmente distintas y, por tanto, creando unidades de gestión de personal nuevas y ad hoc para gestionar estos recién incorporados empleados públicos. Me parece que empezar desde cero con el nuevo modelo de función pública y duplicar las unidades de gestión de personal puede ser técnicamente más sencillo que apostar por un cambio total en esta materia. Las nuevas unidades de gestión de personal que gestionen el nuevo modelo pueden comenzar a trabajar sin capturas conceptuales, sin presiones e inercias históricas y de manera creativa e innovadora. Podrían iniciar su andadura sin complejos y de manera totalmente nueva. Empezarían por ser pequeñas unidades de personal frente a las grandes y consolidadas que gestionarían el anterior no modelo. El tiempo y el natural relevo intergeneracional se encargarían de hacer el resto del trabajo: poco a poco las nuevas unidades de personal irían ocupando la centralidad del sistema y las viejas irían languideciendo hasta su total desaparición. Generar duplicidades, duplicar los modelos y la burocracia que éstos conllevan es una propuesta que a nadie le puede agradar de entrada pero creo que tiene plenamente sentido planteársela como un mecanismo para poder salir del perverso bucle en el que estamos insertos. Hay que romper la actual dinámica de mera supervivencia reactiva por una dinámica de renovación y de establecer unas estrategias proactivas que miren más al futuro y dejen parcialmente de lado la dictadura del retrovisor en esta materia tan crítica como es la función pública.

miércoles, 3 de marzo de 2021

Bruselas ayudará al Gobierno a modernizar la Administración

Europa prestará ayuda a través de 800.000 millones de euros y un Instrumento de Apoyo Técnico

Revista de prensa. El Economista.- El apoyo de la UE al esfuerzo reformador de los países, para transformar sus economías tras el impacto del covid-19, no solo llegará a través del fondo de recuperación de 800.000 millones de euros. La Comisión Europea también prestará asistencia a través del Instrumento de Apoyo Técnico, una nueva herramienta dirigida sobre todo a modernizar la Administración Pública de los Estados miembros.

La Comisión anunció este martes que este año, en el que se inaugura el instrumento, apoyará 226 proyectos en los 27 Estados miembros. En el caso de España, el Ejecutivo comunitario ofrecerá asistencia técnica al Gobierno en 15 proyectos en prácticamente todos los sectores, desde el campo tributario hasta la Salud, pasando por la Justicia o la Educación.

Bruselas nos ayudará por ejemplo con la digitalización de la Administración pública, la mejora del sistema de renta básica, la aplicación de una nueva estrategia para luchar contra el fracaso escolar, y la creación de un marco de fiscalidad verde y de deuda verde.

La Comisión también nos respaldará con la aplicación de los elementos para apoyar la transición ecológica en nuestro plan de recuperación y resiliencia.

De hecho, casi dos terceras partes de los proyectos en los que el Ejecutivo comunitario intervendrá (más del 60%) están relacionados con la puesta en marcha de los planes nacionales de inversiones y reformas para acceder al fondo de recuperación.

La comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira destacó que este Instrumento de Apoyo Técnico supone una "poderosa herramienta" que puede ayudar a los países a llevar a cabo las reformas que necesitan para reforzar su resiliencia y hacer sus economías más digitales y sostenibles.

Asistencia de instituciones

Tal y como explica un alto cargo comunitario, el valor añadido de este instrumento no es el apoyo económico, sino el respaldo técnico. Eso sí, la Comisión cubre los gastos para que los países tengan los expertos necesarios para diseñar o aplicar sus reformas. Así, Bruselas gastará 102,6 millones de euros en los 221 proyectos de este año. Los países no solo tienen a su disposición no solo la asesoría de funcionarios de la Comisión, sino que también pueden contar con la asistencia de organizaciones internacionales, universidades y centros de análisis o consultoras privadas. Para el conjunto de este marco presupuestario (2021-2027), esta herramienta contará con 864 millones de euros.

El Instrumento de Apoyo Técnico es el heredero del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, puesto en marcha en 2017 para ayudar con la modernización de las economías europeas. Durante los tres años del programa, la Comisión apoyó más de 1000 proyectos en los Estados miembros, con un presupuesto de algo más de 220 millones de euros.

En España, la Comisión participó en 36 proyectos en todas las áreas, cinco de ellos ya concluidos. Algunas de las iniciativas concluidas fueron la asistencia médica remota en Cataluña y Castilla-La Mancha; el diseño de estrategias para proteger la costa en Almería, Baleares, Cádiz y Málaga; y la digitalización de la Justicia.

martes, 2 de marzo de 2021

Las medidas claves de ‘compliance’ para evitar que los partidos cometan delito

El PP ha anunciado que implantará un nuevo programa de transparencia. No obstante, se trata de una obligación vigente desde 2015

Revista de prensa. Cinco Días. Hace una semana, Pablo Casado declaró que el Partido Popular abandonará la tradicional sede de la calle Génova a raíz de las investigaciones judiciales por corrupción. En un mensaje dirigido a la militancia, el líder de la formación manifestó que no procedía seguir en un edificio “cuya reforma se está revisando esta misma semana en los tribunales”. Paralelamente, anunció la creación de un nuevo departamento de compliance, que establecerá, en palabras de Casado, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas “y un canal anónimo de denuncias con absolutas garantías, por supuesto”.

Aunque se presentó como una idea novedosa, lo cierto es que hace tiempo que las formaciones políticas tienen la obligación de contar con un plan para la prevención de delitos. En concreto, este deber se introdujo en 2015, en el artículo 9 bis de la Ley de Partidos. Y es que, debido a la naturaleza de su actividad, estas organizaciones son especialmente sensibles a este tipo de riesgos. “Es más fácil que un partido cometa alguno de los delitos que desencadenan responsabilidad penal corporativa a que lo haga una empresa”, señala Sylvia Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance (Ascom).

Identificar riesgos. Para diseñar un plan de compliance verdaderamente efectivo, es esencial que la formación empiece por identificar los riesgos a los que está expuesta. Por ejemplo, delitos de cohecho, financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias o revelación de secretos, entre otros.

Para sortearlos, la organización debe elaborar protocolos para saber cómo actuar en diferentes situaciones. Por ejemplo, en un conflicto de intereses, a la hora de aceptar regalos, de tratar con los proveedores o para garantizar la protección de los datos personales de los afiliados.

‘Compliance officer’. En todo plan de cumplimiento normativo es esencial la figura del compliance officer, o director de cumplimiento normativo. Esta figura tiene la función de monitorizar a la formación en su conjunto y verificar que se cumple el protocolo de prevención de delitos.

Como recalca Enseñat, este responsable debe ser independiente, “y no estar sometido a instrucciones de superiores que comprometan su libertad al trabajar”. Del mismo modo, su posición debe estar revestida de autoridad, y debe ser cercano a la cúpula para poder tomar medidas en caso de detectarse alguna anomalía.

Recursos. Por otro lado, Miquel Fortuny, socio de Fortuny Legal, subraya la importancia de dotar de recursos al plan y no dejar que la iniciativa se convierta en lo que los expertos denominan paper compliance. Es decir, “que no se sea papel mojado y tenga una aplicación y efectividad real”, resume.

Concienciación. Como ocurre en las empresas, ningún plan de prevención de delitos tiene éxito si no viene acompañado de un cambio de concienciación. “Los líderes de la organización deben predicar con el ejemplo y fomentar la cultura del cumplimiento”, advierte Fortuny. Para ello, es importante formar y sensibilizar a los miembros en la importancia de esta materia.

Canal de denuncias. Se trata de una de las medidas más importantes en todo protocolo de cumplimiento. “Muchos de los escándalos que afectan a partidos se han conocido a través de denuncias internas”, recuerda Enseñat. Este canal, agrega, debe ser independiente, garantizar el anonimato de la persona que denuncia y, sobre todo, asegurar que no sufrirá represalias.

Revisión periódica. Para que el plan sea realmente eficaz, es esencial que se revise cada poco tiempo para verificar que es efectivo. De no realizarse esta actualización, la entidad podría ser declarada penalmente responsable en el caso de que se produzca una infracción penal.

Auditorías. Más allá de estas medidas, Andrés Herzog, abogado y autor de un estudio sobre los planes de compliance de los partidos políticos españoles, considera que sería necesario obligar a las formaciones a someter sus protocolos a una auditoría externa. “Sería bueno que organismos públicos e independientes, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, realizaran esta tarea”, concluye.

ANÁLISIS DE LOS PLANES POR GRUPOS

JxCat y Más País. Un informe elaborado por los abogados y exmiembros de UPyD Andrés Herzog y Jorge Alexandre revela que los partidos menos comprometidos con la prevención de delitos son Más País y JxCat, ya que no dan información sobre la existencia de un plan de compliance. De igual forma, tampoco publican datos “sobre su estructura, funcionamiento o normativa interna”.

Podemos y Vox. Estos dos partidos sí hacen alguna mención a la existencia de mecanismos de prevención de delitos en sus normas éticas, pero las referencias son tan básicas y generales “que, en la práctica, resultan inaplicables”, describe el estudio.

PSOE y PP. Por otro lado, el informe califica la situación de PSOE y PP como “esperanzadora”. El motivo es que ambos hacen menciones explícitas a la necesidad de implementar planes y cuentan con órganos encargados de la supervisión. No obstante, el texto señala que aún hay margen de mejora, sobre todo a la hora de informar sobre la efectividad real de los protocolos.

Cs, ERC y PNV. La mejor nota se la llevan Cs, ERC y PNV, cuyos planes son más detallados que los del resto de las formaciones y, además, son de acceso público. No obstante, el texto matiza que el mayor reproche que puede hacerse “es la ausencia de información real sobre el grado de implementación de sus modelos”.