martes, 28 de agosto de 2012

"Menos de lo mismo no es reformar la Administración"

Interesante y atinado artículo de Francisco Longo, de Esade, publicado en El País el lunes 27 de agosto. Creemos que merece la pena reproducirlo para todos aquellos que no han tenido ocasión de leerlo.

"Contra la tendencia dominante en el sector privado, nuestras organizaciones públicas tienden a internalizar el trámite y externalizar la inteligencia".

"Seguimos careciendo de un espacio de gerencia profesional protegido tanto de la burocratización funcionarial como de la colonización por los partidos"

Francisco Longo. Esade
Francisco Longo. Esade Press Room. "En un libro todavía reciente, Chris Pollitt y Geert Bouckaert comparan las reformas de la gestión pública en diversos países y las clasifican atendiendo a dos dimensiones:  su grado de visibilidad y contundencia, y sus efectos en el tiempo. Reservan la denominación de reformas bumerán a aquellas que, pese a su ambición y radicalidad aparentes, desfallecen en el medio plazo, incapaces de cambiar el curso de las cosas. En España, las iniciativas conocidas hasta ahora apuntan, es de temer, en esa dirección.

Detrás del discurso y las medidas anunciadas por el Gobierno parece dibujarse un diagnóstico sobre los males de nuestro sector público que se centra en tres disfunciones sistémicas, agravantes del déficit y la crisis. Podría formularse así: 1) El tamaño de nuestro sector público es excesivo. 2) El volumen alcanzado por el gasto público no es sostenible. 3) El sistema adolece de una excesiva fragmentación que induce a gastar en exceso e invalida los mecanismos de control. Vale la pena detenerse un momento en cada una de estas proposiciones.

Para empezar, ¿es demasiado grande el sector público español Si para medirlo manejamos, como se hace frecuentemente, el número de empleados públicos, no pa
Contra la tendencia dominante en el sector privado, nuestras organizaciones públicas tienden a internalizar el trámite y externalizar la inteligencia.rece del todo cierto. Nuestro sector público tiene un tamaño intermedio entre los países desarrollados: mayor, por ejemplo, que el de Alemania u Holanda, pero netamente menor que el de Italia o Francia. Las cosas son distintas si analizamos la dinámica subyacente. El número de empleados públicos se ha duplicado en los últimos 20 años. Entre 2006 y 2011, mientras muchos países (Alemania, Italia, Dinamarca) contenían o reducían sus plantillas, el sector público creaba en España 565.000 empleos (¡un 47% más!) En plena crisis, después de 2008, cuando el país ya destruía masivamente empleo, los tres niveles de la Administración crecieron en casi un cuarto de millón de puestos. El problema apunta, por tanto, a expansión descontrolada más que a tamaño, lo que no es baladí, puesto que la reducción forzada por el escenario fiscal no corregirá por sí misma las tendencias expansivas del sistema.

Gasto Público
Algo bastante parecido podemos decir del gasto público. A finales de 2010, el gasto agregado de las Administraciones públicas representaba en España el 45,6% del PIB, frente a un 50,3% en la UE27 y un 50,9% en la Eurozona. No puede decirse, por tanto, en términos comparados, que nos hallemos ante un volumen exagerado, especialmente cuando la recesión ha reducido el producto incrementando el peso del numerador. Ahora bien, el gasto público creció entre 2000 y 2010 un promedio anual del 1,5% por encima del PIB, lo que quiere decir que en la fase expansiva mantuvimos una pauta desordenada de crecimiento. En definitiva, pensando en el medio plazo, el problema no está tanto en la magnitud de lo que hoy gastamos como en las inercias malgastadoras del sistema. El verdadero desafío es revertir estas y mejorar la calidad del gasto, introduciendo incentivos a la eficiencia que optimicen el potencial de creación de valor de cada euro público invertido.

En cuanto a la tercera disfunción, una opinión muy extendida relaciona la crisis con la irracionalidad y descontrol creados por el traslado de poder de decisión a la periferia territorial (comunidades autónomas y Gobiernos locales) y funcional (entidades y empresas públicas) del sistema político-administrativo. También aquí parece imponerse la lógica reductora: de entidades locales, de concejales y asesores, de empresas públicas…  Sin duda, concentrar actividad es razonable en algunos casos, pero las operaciones de compactación no están abordando el análisis de lo importante: el grado de pertinencia, eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos afectados. Y a la hora de recentralizar, pensemos que algunas de las decisiones menos edificantes de gasto (radiales, aeropuertos, ciertos tramos de AVE, medios públicos) no se han adoptado desde el extrarradio, sino desde los núcleos centrales de las grandes Administraciones del país.

En síntesis, el diagnóstico del Gobierno sobre nuestro sector público parece mirar más la foto fija que la imagen en movimiento. Aunque la coyuntura obliga, qué duda cabe, a adoptar medidas de efecto inmediato, este tipo de análisis induce a paliar los síntomas más que a atacar las causas de la enfermedad. Abordar la transformación de la Administración como una reforma estructural -evitando el efecto bumerán- exigiría, en nuestra opinión, cuatro ejes principales de cambio.

Cambiar el modelo:
llevar el timón, no remar. Contra la tendencia dominante en el sector privado, nuestras organizaciones públicas tienden a internalizar el trámite y externalizar la inteligencia. El recurso al sector privado para la provisión de servicios públicos es menor que en otros países (2,5 veces menos que Holanda, un 75% menos que Reino Unido). En consecuencia, el peso de los sectores de cualificación media-baja sigue siendo muy importante en nuestras plantillas públicas. Sin embargo, necesitamos Administraciones que, más que hacer cosas, se ocupen de hacer que las cosas pasen. Las capacidades para liderar, articular, procesar información compleja, negociar, supervisar y comprar con inteligencia son cruciales en el estado contemporáneo. Este cambio obliga a diseñar Administraciones capaces de atraer y retener a profesionales altamente cualificados.

Invertir en management. El indicador combinado de efectividad del Banco Mundial sitúa a la Administración española en la cola de la UE, y muy por debajo del listón que correspondería a su nivel de renta. La debilidad de la gestión se debe, en buena parte, a que seguimos careciendo de un espacio de gerencia profesional protegido tanto de la burocratización funcionarial como de la colonización por los partidos. Pero quienes dirigen necesitan un marco de actuación más flexible que el actual. España puntúa muy por detrás de países como Suecia, Holanda o Alemania cuando se miden, por ejemplo, las atribuciones de los directivos públicos para gestionar sus equipos humanos. La ofensiva recentralizadora sobre las entidades públicas puede agravar esta debilidad.

Introducir una efectiva rendición de cuentas. El contrapeso imprescindible de la autonomía de gestión es una accountability de calidad. El sistema de control tradicional de nuestra Administración -en el cual permanece instalado el discurso del Gobiernose basa en las reglas formales y la regularidad de los procedimientos. Los estudios comparados muestran que la orientación a resultados de las decisiones presupuestarias es, en España, una de las más bajas de la UE. Y sin gestión por resultados no se incentiva la eficiencia, no se responsabiliza a los gestores, no se mejora la calidad del gasto y no se abre paso a mecanismos de transparencia y control social centrados en lo que verdaderamente cuenta.

Flexibilizar el empleo público. El índice compuesto de apertura de los sistemas de empleo público de la OCDE, que evalúa el grado de flexibilidad de sus políticas de gestión del capital humano, nos sitúa en la cola de los países europeos. Igual sucede al medir las políticas de evaluación del desempeño. Aquí, las reformas debieran, por una parte, acabar con la uniformidad: las reglas que protegen la imparcialidad de los jueces o los inspectores de Hacienda no son las mismas que garantizan la eficacia de los médicos, investigadores, urbanistas u orientadores laborales. Por otra, sería necesario introducir prácticas avanzadas de gestión de recursos humanos, desembarazándose de muchas rutinas burocráticas. Por último, debería afrontarse con seriedad una hipersindicalización que ha introducido, en las dos últimas décadas, notorios elementos de rigidez en la gestión de las personas.

Diseño institucional, innovación normativa, introducción de incentivos y desarrollo de capacidades; tales son los ingredientes para una estrategia de reforma que integre estas orientaciones. Limitarse a los recortes, la centralización, la simplificación de estructuras, el control ex ante, la penalización del déficit y el anatema a la ¿huida del derecho administrativo”, nos encamina a una Administración menor y más fiscalizada, pero, desde luego, no mejor. En el fondo, se parece a usar la manguera para reanimar al ahogado".

lunes, 27 de agosto de 2012

La judicatura amenaza a Gallardón con hacerle una huelga

Los jueces también se resisten a asumir los recortes presupuestarios y salariales impuestos por el gobierno a toda la función pública
Revista de prensa. El Confidencial.26.8.2012. La carrera judicial prepara la batalla contra el Gobierno en general y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en particular, por la “precaria” situación que viven gran parte de los jueces españoles. El próximo 21 de septiembre las Juntas de jueces se reunirán en todo el territorio nacional para decidir qué medidas llevarán a cabo para presionar al Ejecutivo. Y no se descarta ninguna.

Desde los decanatos sostienen que entre las opciones se plantea desde una huelga indefinida hasta movilizaciones, paros parciales, limitaciones en los señalamientos, reducción de las horas de audiencia pública y de horarios en general. 

Los jueces tienen la potestad de organizar su agenda de vistas y declaraciones y ése será su punto fuerte para ralentizar la justicia hasta que el Gobierno no les escuche.

La carrera judicial lleva años reclamando mejoras en el servicio, aumento de efectivos o modernización de las tramitaciones e instalaciones, sin recibir, según las asociaciones y los decanatos, ninguna respuesta positiva. El asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés como consecuencia de la falta de medios y la descoordinación entre juzgados, provocó la primera huelga de jueces de la historia de la democracia española, con Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia.

Contra los recortes
Ahora, Ruiz Gallardón podría sufrir la segunda, con unas consecuencias devastadoras. A los problemas que en su día llevaron a los jueces a la calle ahora se suma, según los integrantes de las Juntas, una reducción notable en su salario, la supresión de oposiciones por lo menos para 2012 que congelará el número de jueces en activo y la reforma anunciada por el ministro del Consejo General del Poder Judicial, que va a dejar al órgano de los jueces como una institución “prácticamente sin funciones y al servicio del Gobierno”, y que afectará al conjunto del Poder Judicial.

Fuentes de este órgano reconocen que con la modificación anunciada por Ruiz Gallardón la situación es delicada y preocupa la reacción que puede generarse no sólo desde dentro de la institución, sino en la carrera judicial al completo.
Otras fuentes jurídicas aseguran que el 100 por cien de la carrera judicial está “totalmente indignada” y exige tomar medidas y actuar. Alguna de las asociaciones de jueces, como la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se está mostrando algo más cauta y pide tranquilidad ante una posible huelga, postura no compartida con la progresista Jueces para la Democracia (JpD), que no descarta esta medida de presión. Sin embargo, la decisión no va a ser de las asociaciones sino de las Juntas que se celebren en septiembre, como ocurrió en la primera huelga. Entre todas, se pactará un texto y se actuará en consecuencia.                                                                             

viernes, 24 de agosto de 2012

La administración electrónica sigue creciendo en el País Vasco

Sustancial incremento en el balance hecho  del primer semestre de 2012


Este año 2012 está siendo, por fin, el año del despegue de los servicios electrónicos en el Gobierno Vasco
PIP. Iñaki Ortiz. Del 29% que teníamos a finales de 2011, hemos pasado al 48% en el primer semestre de 2012 y, según nuestra planificación, superaremos el 60% a finales de este año.
Este resultado es fruto, sin duda, de las actuaciones llevadas a cabo durante los años anteriores, destacando entre las iniciativas que han contribuido directamente al logro de estos indicadores, la implantación del nuevo modelo de gestión de los servicios electrónicos y la puesta en marcha del proyecto de digitalización de las ayudas en la modalidad de “desarrollo cero”.

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miércoles, 22 de agosto de 2012

El ERE de la Radio Televisión Valenciana afectará definitivamente a 1.200 trabajadores

Tras los despidos, la plantilla de la RTVV quedará con 480 trabajadores

Revista de Prensa. VALENCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) - El consejo de administración de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha aprobado este miércoles, con los votos de los consejeros del PP, la propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre la plantilla del ente público, que fija la salida "progresiva" de hasta 1.198 trabajadores, para dejar el grupo en "un mínimo" de 480 empleados.
   
Protestas de los trabajadores de la RTVV
Así lo ha acordado este órgano, que lleva reunido desde las 21.15 horas de este martes, tras la decisión de la dirección de la empresa de dar por finalizado el pasado viernes el periodo de consultas y someter su propuesta a la votación del consejo. El ERE, que la empresa asegura que supondrá un ahorro de entre 40 y 42 millones de euros anuales para las arcas públicas, será presentado este miércoles ante la Dirección General de Trabajo.
   
Según ha informado RTVV en un comunicado, las salidas de trabajadores comenzarán a lo largo del próximo mes de septiembre y podrán extenderse hasta el 31 de agosto de 2013, en función de los plazos de las externalizaciones previstas en la nueva Ley del Estatuto de RTVV, aprobada por las Corts Valencianes el pasado 12 de julio.

RTVV ha destacado que, tras el período de consultas, "la dirección ha reducido en 80 el número de afectados por la reestructuración", con lo que la plantilla "mínima" se quedará en 480 trabajadores. Asimismo, según la empresa, a propuesta de los consejeros del PP, la dirección ha mantenido parte de su oferta al Comité de Empresa y ha aprobado una ayuda lineal de 400 euros durante seis meses para todos los despedidos mayores de 45 años y la creación de una Bolsa de trabajo.

lunes, 20 de agosto de 2012

El boletín del INAP aborda la Gestión del Conocimiento en el Ayuntamiento madrileño de Leganés

Aunque un tanto irregular en su periodicidad, el número 10 del Boletín de Función Pública del  INAP  incluye, como es habitual,  temas interesantes  tratados de forma rigurosa. En el último número, aparecido el 31 de Julio, se abordan los siguientes asuntos para su lectura estival reposada.

                                                          
-Implantación de un sistema de Gestión del Conocimiento en el Ayuntamiento de Leganés, por Elvio Dosantos  y Valentín Pérez. 

-El Programa Compartim de Gestión del conocimiento del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, por el equipo de redacción del Boletín  de Función Pública del INAP.

-El Centro de Buena Administración de la Junta de Castilla y León. La estrategia de benchmarking como facilitadora de la toma de decisiones, por Ana Isabel.

-Reseña sobre el Congreso Internacional del EIPA :  “Ciudades de excelencia en el Sector Público: a la vanguardia en innovación, nuevas prácticas y fórmulas”, por equipo de redacción del Boletín de Función Pública del INAP.

-Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y reducción de retribuciones de los empleados públicos. Sentencia del T.S, Sala de lo Contencioso-Administrativo comentada por Juan Francisco Pérez Gálvez.

-La condena penal de inhabilitación especial y su incidencia en la relación funcionarial. Sentencia de la A.N, Sala de lo Contencioso-Administrativo comentada por Juan Francisco Pérez Gálvez, Univ. de Almería.

viernes, 17 de agosto de 2012

Helen Darbishire: " La tramitación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno ha sido todo menos transparente ”

La Directora de Access Info Europe considera que el anteproyecto de la ley española no alcanca los estandares internacionales de transparencia.

"Llevamos años pidiendo que los Presupuestos Generales del Estado se recojan en una hoja de cálculo. Si no, los datos no son reutilizables"

Revista de Prensa. El País. Madrid. 16.8.2012. En 2007, la organización internacional Access Info Europe, que lucha por la transparencia y el acceso a la información pública, solicitó al Ministerio de Justicia datos sobre las actuaciones de España para aplicar el convenio de Nacionales Unidas contra la corrupción. Cinco años después, la británica Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, sigue esperando. “Nos dicen que no tenemos derecho a hacer preguntas”, comenta con una mueca de incredulidad.

Con la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno tal vez empiecen a fluir las respuestas. Aunque el texto salido del Consejo de Ministros es “insuficiente, poco progresista y está por debajo de los estándares internacionales”, apunta esta experta, que reprocha que no se considere el derecho a saber como un derecho fundamental, asociado a la libertad de expresión y a la calidad democrática.

España tiene ante sí una gran oportunidad: entrar en el club de los 90 países que reconocen el acceso a la información y promueven la transparencia. No faltan quienes piensan que quizá sea un poco tarde. Sobre todo si se mira a Suecia, con la legislación más antigua del mundo, promulgada en 1766. El Gobierno de Zapatero intentó que España dejara de ser uno de los pocos Estados europeos que ocultan sus secretos a sus ciudadanos, pero presentó un articulado justo cuando estaba a punto de abandonar La Moncloa.

Ahora, es el Ejecutivo de Rajoy el que quiere abrir los cajones de la Administración. Pero este empeño ha sido recibido con cautelas. El hecho de que la norma que se tramita, afirma Darbishire, excluya el acceso a borradores o a informes internos va en contra la definición de transparencia. “Toda la información pertenece al público y para saber es fundamental conocer, por ejemplo, los e-mail, porque donde no hay luz pasan cosas”, sostiene mientras recuerda el calvario que han pasado algunos jueces del Consejo General del Poder Judicial para seguir el rastro de los gastos de su expresidente, Carlos Dívar, que acabó dimitiendo por utilizar dinero público en actividades privadas.

La falta de transparencia no se da solo en la Justicia. Es un mal endémico. “Hay países que tienen que tener una ley más fuerte porque proceden de una cultura de opacidad y no están acostumbrados a abrir las puertas del Gobierno a la ciudadanía”, apunta la directiva de Access Info. Además, percibe que España está intentando vender la transparencia en instancias internacionales como una garantía de que no habrá corrupción. “No han interiorizado de qué se trata. Tendrían que mirar a países del Europa del Este, México o Chile, con legislaciones mucho más completas”. Darbishire no cree que el secular ocultismo vaya a cambiar de golpe. Sobre todo, con una ley “que es más de buen gobierno que de transparencia”, que ahonda en la publicación de los contratos de la Administración o los gastos de los gestores públicos, pero con un alud de excepciones. “No estamos en contra de las excepciones; no todas están sujetas a la prueba de interés público. Pedimos que sean claras. Transparencia no es saber en qué se gasta 200 euros un organismo”.

Tan importante como disponer de documentos es poder interpretarlos. “Que sean públicos no significa que sean accesibles. Llevamos años pidiendo que los Presupuestos Generales del Estado se recojan en una hoja de cálculo. Si no, los datos no son reutilizables. No se puede hacer un análisis exhaustivo”, plantea la responsable de campañas Victoria Anderica, que abandera junto a Darbishire la lucha para obligar a los Gobiernos a publicar estadísticas o informes y a abrir los archivos de los organismos públicos. Pero en Access Info Europe cunde del desánimo por el modo en el que se ha tramitado el texto, marginando las aportaciones de la sociedad. Paradójiamente, “ha sido todo menos transparente”.

miércoles, 15 de agosto de 2012

Continuan las reformas en la función pública

Legal: Se publican en el Boletín Oficial del Estado una tímida reforma y una modificación de otro parlamento que se aplicará dentro de 3 años.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ha publicado en el BOE del dia 11 de agosto la modificación de su ley de función pública, donde lo fundamental es que se elimina el requisito de un determinado nivel de catalán para acceder a la función pública. Aunque el argumento principal procede de la jurisprudencia constitucional, también hacen mención a la profesionalización y la necesidad de incorporar a las personas adecuadas independientemente de su dominio de ambas lenguas cooficiales. Lo que era un requisito ahora se considera un mérito. 

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, publica en el BOE del día 13 la aprobación del incremento del número de diputados, parece un contrasentido cuando otros como Madrid y Galicia están hablando de reducirlos. Compararse para ello con la Comunidad con mayor número de diputados por habitante (Extremadura) no debería servir como excusa, cierto es que el trabajo de un diputado o diputada es desconocido para la inmensa mayoría de la población y por ello no se entiende que en la situación actual sea necesario incrementarlos. Quizás la transparencia y publicación de las agendas políticas de estos diputados explicaría un poco mejor a que se dedican.

De las tímidas reformas, invito desde aquí a los gobiernos de las comunidades autónomas crear marcos legislativos que nos permitan salir de la crisis más allá de los meros ajustes, desarrollando los aspectos del Estatuto Básico del Empleado público que potencien el esfuerzo de las políticas gubernamentales y la administración, para lo cual el gobierno vasco nos ha marcado un camino. Recomiendo también leer también este artículo que habla de la vulnerabilidad a los ciclos económicos de la financiación autonómica en contraposición a la estabilidad en sus gastos.

De los cambios de diputados/as, a mi me gustaría saber que pasaría si en lugar de fijar diputados por provincias en las Comunidades pluriprovinciales se utilizara la circunscripción única para las elecciones a los parlamentos autonómicos. Con esa premisa se evitaría tener que atribuir una sobreponderación a las zonas menos pobladas en detrimento de las mas pobladas. Eso disminuiría el debate estéril sobre el reparto y se centraría en la valoración del incremento o disminución del número en función de las necesidades reales. Ya que en Galicia se ha marcado una fecha límite para el acuerdo, pongamos todos los elementos para lograrlo, para poder dedicarnos a los que importa realmente a los ciudadanos.