Cosital publica un manifiesto en el que alerta de las propuestas legislativas que buscan ceder la selección y provisión de estos cargos a las comunidades autónomas y reclaman garantías de igualdad
Revista de prensa. El País-Cinco Días.- Por Ilier Navarro.- El rechazo frontal del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) a la descentralización del proceso de oposiciones para acceder a estas plazas se ha plasmado esta mañana en la publicación de un manifiesto.
El
colectivo alerta de que el Gobierno ha intentado en tres ocasiones transferir
el proceso de oposiciones para la selección y provisión de estos cargos al País
Vasco y ahora Junts ha presentado una enmienda para que esto también se deje en
manos de la Generalitat. Pero, tal como denuncia la organización, cuando este
sistema se implantó hace algunos años, las consecuencias fueron nefastas: no solo se redujeron las convocatorias y, consecuentemente, el interés
por parte de los opositores, sino que hubo una menor cobertura de plazas.
Asimismo, advirtió que la disparidad de exámenes puede vulnerar el principio de
igualdad. Por ello, reclaman que la competencia siga siendo estatal y, aunque
están abiertos al diálogo, no descartan más movilizaciones.
Junts presentó recientemente la enmienda 128 al Proyecto de Ley de
Función Pública. A través de ella, pretende modificar la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local para que se transfiera el proceso de selección y
provisión de los funcionarios de la administración local con habilitación
nacional. En esto choca con Cosital, que defiende que esta competencia debe ser
“necesariamente” estatal y han expresado su rechazo a “cualquier transferencia
de esas competencias”, así como el uso de procesos de estabilización para
intentar paliar lo que califican de “fracaso de un modelo de selección
descentralizado”. Desde su punto de vista, estas oposiciones forman parte de
“un núcleo básico de actuaciones que deben ser realizadas por el Estado”, tal
como sostienen en el manifiesto, que ya suma 3.000 firmas.
Son poco conocidos, pero estos funcionarios locales con habilitación
nacional (secretarios, interventores y tesoreros) cumplen un rol fundamental en
los más de 8.000 ayuntamientos repartidos en toda la
geografía española. De hecho, en los municipios más pequeños puede estar
únicamente el alcalde y el secretario, ya que le guían para que conozca los
límites de lo que puede hacer o no como representante de los vecinos: ofrecen
asesoramiento legal, dan fe de los acuerdos, controlan las actuaciones
financieras, recaudan y custodian los fondos públicos, etc. En definitiva,
trasladan las normas estatales al ámbito local.
En este sentido, Pilar
Ortega Jiménez, presidenta de Cosital, puso como ejemplo de la función de los
secretarios el rol que desempeñan en los procesos electorales, en los que
garantizan que se realizan aplicando la Ley electoral. Recordó también que en
2017, durante el procés catalán, el Secretario de Estado de
Administración Territorial contó con ellos “porque son funcionarios del Estado,
pero en el ámbito local”.
También recordaron que hay precedentes sobre cómo funcionarían las
oposiciones si se transfieren. Según datos recopilados por Cosital, si se
comparan las convocatorias estatales entre 2004 y 2007 con las de las
comunidades autónomas entre 2008 y 2012 —cuando regía el Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP) y ellas podían hacerlo—, las primeras triplicaron las
autonómicas: 1.675 plazas (sin incluir las 300 previstas en 2007 que no se
convocaron) frente a 527, explicó Rosa de
la Peña,
vicepresidenta de Cosital. “La comparativa refleja una clara disminución en el
número de plazas ofertadas tras la descentralización, lo que no hace en
absoluto atractivo opositar”, concluyó.
“La realidad es que cuando hubo esas competencias, que fue cuando se
aprobó el Estatuto Básico, la provisión fue muy desigual y escasa en todo ese
periodo. El resultado al final es la diminución de una oferta que podría ser de
cientos pero pasa a ser de decenas y con temarios distintos”, recalcó Pilar
Ortega, que recordó que se trata de procesos largos y difíciles que pueden ser
más complejos de articular en el ámbito autonómico.
Los recursos en el Tribunal Constitucional
Aunque hasta ahora las oposiciones para seleccionar y provisionar estos
funcionarios son de ámbito estatal, ha habido tres intentos de cambiarlo desde
2022. El primero de ellos se inició con la Ley de Presupuestos de ese año, en
la que se incluyó una disposición adicional que transfería la competencia al País Vasco. Esto fue recurrido por parte
del PP ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) del País Vasco también planteó una cuestión de inconstitucionalidad. La
Corte Garantías, en la sentencia 67/2024, la dejó sin efecto al confirmar que
no se podía regular en una norma presupuestaria.
Posteriormente, en el Real Decreto Ley 6/2023 que regula el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se volvió a incluir en una
disposición de carácter urgente. También se plantearon en este caso un recurso
y una cuestión de inconstitucionalidad que están pendientes de resolución. Por
su parte, Cosital ha recurrido las convocatorias de oposiciones en la
jurisdicción ordinaria. Y el último intento se ha materializado en la Ley
1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia,
donde se ha vuelto a incluir por tercera vez la misma disposición.
“Todo ello deja un rastro claro y evidente de que los promotores de la
medida son conscientes de su dudoso encaje constitucional”, explicó el
secretario general de Cosital, Ildefonso
Cobo. “El
tiempo nos dará la razón y esperamos que también el TC. Deseamos que impere la
sensatez”, remarcó.
Para Víctor Rodríguez Prieto, vicepresidente de la
Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la
Administración Civil (FEDECA), que acudió a respaldar el manifiesto, la cesión
de competencias se ha realizado de forma indiscriminada e injustificada y
reclamó que las propuestas legislativas se planteen en base al acuerdo con los
cuerpos superiores de funcionarios para apostar por un servicio público
íntegro. “Este principio no puede depender de los vaivenes políticos”, subrayó.
El Consejo General ha realizado contactos y ha celebrado encuentros con
algunos partidos políticos, como el PP, ERC y Sumar, para explicarles la
problemática y “conseguir que puedan romper la mayoría que se necesita”, según
su presidenta. “Nosotros no queremos hacer política, queremos trabajar y tener
suficientes compañeros. Los compañeros de Cataluña nos señalan que son muy
pocos, también en Castilla y León. La solución no puede ser fraccionar la
competencia, sino gestionarla mejor”, recalcó.
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