CC.OO y UGT reúnen a unas 2.000 personas frente al Ministerio de Hacienda para reclamar un nuevo acuerdo salarial, la jubilación parcial del personal laboral y el fin de la temporalidad de los contratos
Revista de prensa. Emilio Sánchez. El País: “Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Si no hay solución, habrá revolución”.
Este clásico cántico sindical ha resonado varias veces este martes por la mañana frente al Ministerio de Hacienda, junto a la Puerta del Sol de Madrid. Ha sido uno de los lemas de la manifestación de empleados públicos para protestar por los “compromisos incumplidos” por el Gobierno, según denuncian UGT y CC OO, que dicen haber reunido a unas 2.000 personas. Estos dos sindicatos son los firmantes del acuerdo salarial y de otras condiciones de trabajo que se encuadraron en el Acuerdo Marco de 2022 a 2024. Ya caduco, se quejan porque el Gobierno no ha abierto las negociaciones para un incremento retributivo en 2025 y porque hay varias promesas pendientes de ejecución.
Entre ellas, los sindicatos han subrayado la carencia de promoción interna y traslados, que no se haya abordado la clasificación profesional del personal público o la parálisis de la jubilación parcial del personal laboral. Estos compromisos son parte del acuerdo de UGT y CC OO con el Gobierno de 2022 a 2024, en el que no participó CSIF al considerar que no garantizaba el poder adquisitivo de los empleados públicos. Ya terminado, UGT y CC OO también elevan el tono por el hecho de que no se haya concretado un aumento retributivo para al menos 2025. El Gobierno sí acaba de aprobar en Consejo de Ministros el 0,5% pendiente retroactivo desde el 1 de enero 2024, fruto del acuerdo anterior.
“Estamos aquí concentrados para decirle al Gobierno que es la hora de que cumpla lo pactado. La economía de este país es creciente y no hay excusa para cumplir con los derechos legítimos de los trabajadores y las trabajadoras”, ha reclamado la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. “Defender los servicios públicos no es subirse a una tribuna y decir que son esenciales para la ciudadanía, es acometer los acuerdos que tenemos y dotar de derechos a los 3,5 millones de empleados públicos. Es insoportable que tengan el salario congelado”, ha agregado el coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo.
Preguntados por la hoja de ruta si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones, ambos sindicalistas han dejado la puerta abierta a ir a la huelga. “Como sindicalistas de clase nunca descartamos absolutamente nada”, ha dicho Araque. “No hay ningún escenario que se descarte”, ha abundado Palazzo, “pero lo que uno espera con estas concentraciones es que el Gobierno compadezca lo que dice con lo que hace”.
Araque y Palazzo también han hablado de la oferta de empleo público, que bajo el diagnóstico de ambos es “claramente insuficiente”. El Gobierno no ha precisado qué oferta ha planteado, mientras que CSIF indica que rondaría las 20.000 plazas. “Necesitamos una oferta más amplia que atienda la realidad y que no sea meramente propagandística”, ha dicho Palazzo, en línea con Araque: “No cumple con las necesidades que tiene la ciudadanía”. Los negociadores anticipan que la oferta de empleo público irá al Consejo de Ministros próximamente sin el concurso de los sindicatos.
Congelación de fondos europeos por la temporalidad
Otro tema que se ha abordado en la protesta es la altísima temporalidad que sufren los trabajadores públicos, un problema estructural que ha supuesto la congelación de 626 millones de fondos europeos, según comunicó este lunes la Comisión Europea. Es un hito que España se había comprometido a cumplir, pero al no hacerlo se suspende esa cantidad del total de 25.000 millones anunciados. También se han congelado unos 460 millones por no aprobar la subida fiscal al diésel.
“Esto es consecuencia de no cumplir los acuerdos de estabilización, de que las ofertas de empleo público sean eternas y suba el número de interinos”, ha protestado Palazzo. Araque ha dicho que esta cuestión es “crucial” y que sin cambios estructurales será “inviable” terminar con la temporalidad en las administraciones públicas. “De aquellos polvos”, ha dicho en referencia a la falta de desarrollo de sus acuerdos, “estos lodos”.
En el manifiesto conjunto que CC OO y UGT han leído al final de la protesta, reconocen que esto ”no es solo un problema del Gobierno de la nación, que también, sino de la más absoluta irresponsabilidad del conjunto de las administraciones públicas, especialmente de las comunidades autónomas, sectores docentes, sanitarios y justicia y la Administración Local, al incumplir los compromisos en materia de empleo público“. “En menos de diez años, desaparecerá de media el 30% de la plantilla actual en el conjunto de las administraciones públicas. Por ello, es necesario dar estabilidad y proceder al rejuvenecimiento de las plantillas, a la vez de recuperar empleo público perdido”, agregan los sindicatos en el mismo comunicado.
Por su parte, CSIF también ha abordado este asunto en una nota de prensa distribuida este martes. Exige al Gobierno que elimine la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y establezca “sanciones ejemplares” a los gestores que abusen de la temporalidad. Como adelantó este periódico recientemente, esa es una de las líneas que pretende explorar Función Pública para reducir la temporalidad: quiere combatir la temporalidad del empleo público con planes estrictos de recursos humanos y nuevas sanciones
“CSIF considera que los gestores que incumplan el límite establecido en la Ley deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil. Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores de nuestras administraciones”, agrega el sindicato especializado en funcionarios.
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