El 82% busca la estabilidad laboral que proporcionan el empleo público, frente al 10% que afirma opositar por vocación de servicio público y el 8% por el salario.
Revista de prensa. Xataka. La Administración pública española afronta una de las mayores renovaciones de su historia. Tras una sequía en las convocatorias de casi una década, las convocatorias para opositar se disparan en 2023 buscando un relevo generacional para un funcionariado envejecido. El perfil de los opositores ha cambiado en los últimos años y revela un cierto hartazgo por la precariedad en la contratación del sector privado.
Jubilaciones masivas inminentes. Uno de los daños colaterales que dejaron las políticas de austeridad que se aplicaron para atajar la crisis económica de 2010 a 2014 fue la congelación de la oferta pública de empleo, con convocatorias mínimas para nuevas incorporaciones, y teniendo como principal objetivo la promoción interna o para cubrir jubilaciones en puestos de relevancia.
Según los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2022, el Cuerpo de Funcionarios del Estado cuenta con 2.731.117 funcionarios. El 20% de ellos tiene más de 60 años y el porcentaje sube hasta el 64% si ponemos el umbral en los 50 años.
Entre los años 2021 y 2023 el cambio de paradigma en la convocatoria de empleo público ha sido total, dando respuesta a una clara necesidad de renovación generacional de unos funcionarios públicos que, en los próximos años, irán jubilándose a razón de 100.000 funcionarios al año.
Una renovación acelerada. El acelerado ritmo de jubilaciones que se cierne sobre las Administraciones del Estado hace que deban cubrirse de forma inmediata ante el riesgo de un déficit de personal en las plantillas que provocaría el colapso de las gestiones públicas.
Esa imperiosa necesidad de nuevos funcionarios públicos es lo que ha provocado que las últimas convocatorias de empleo estatal (OEP) busquen incorporar 31.371 plazas en 2021 y 44.787 en 2022. Se reforzará con la convocatoria de plazas para 2023 que se hará pública en las próximas semanas.
De las 44.787 plazas ofertadas en 2022 solo 22.009 plazas son de nuevo ingreso, mientras que 12.142 plazas serán de promoción interna y 10.637 puestos irán destinados a estabilizar personal interino. Es decir que, de seguir esa tendencia en los próximos años, se incorporarán poco más de 22.000 funcionarios para reemplazar las 100.000 jubilaciones al año que se esperan. El resto de plazas van destinadas a funcionarios que ya forman parte del cuerpo de funcionarios y solo cambian su posición interna.
Empleo estable que huye de la precariedad. Según un estudio de Opositatest, el perfil del opositor ha cambiando en los últimos años, y cada vez hay más candidatos con experiencia laboral en la empresa privada que busca la estabilidad laboral en la administración pública.
Según el estudio, el 78% de los opositores tiene más de 5 años de experiencia profesional, el 51% actualmente tiene un empleo a jornada completa y el 40% cobra entre 1.001 y 2.000 euros. El 82% busca la estabilidad laboral que proporcionan el empleo público, frente al 10% que afirma opositar por vocación de servicio público y el 8% por el salario.
Esta tendencia se ve reflejada en un sector público que viene de una temporalidad superior a la del sector privado. El Gobierno ya ha tomado cartas en el asunto con una reforma publicada en el BOE bajo la Ley 20/2021 en la que se establece un límite del 8% en la temporalidad del conjunto de las Administraciones Públicas españolas.
Una oportunidad para librarse de la brecha de género. La Administración pública parece ser una buena oportunidad para evitar la brecha de género ofreciendo igualdad de oportunidades y salario independientemente del género. Eso ha hecho que el perfil más habitual entre los candidatos al empleo público sea un 81% de mujeres, con una edad de entre 38 y 50 años (56%) con estudios universitarios (44%) que vive de entornos urbanos (71%).
Cubrir la oposición por la mínima. Pese al aumento en la oferta de plazas públicas, la Administración se contagia de la falta de personal para cubrir determinados puestos especializados adscritos a las categorías A1 y A2.
Según datos de Opositatest, solo el 8% de los opositores que se presentarán en 2023 lo hacen para la categoría A1 que corresponden a puestos de inspector de trabajo y seguridad social, policía o jueces y fiscales. El 14% opositan a plazas para la categoría A2 (profesores, arquitectos locales, etc).
Las plazas con más concurrentes son las que corresponden a las categorías C1 con un 48% que exige bachillerato o un grado técnico superior, y C2 con un 27% para los que se únicamente se necesitan estudios secundarios o ciclos de formación profesional.
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