Expansión. 3.1.2015.- Han pasado ya más tres años desde que el PP se hiciera con buena parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y otros tres desde que accediera al Gobierno central. Pese a que desde entonces se han aprobado algunas reformas, muchos de los excesos burocráticos de la Administración Pública que el Ejecutivo prometió eliminar siguen a pleno rendimiento. Uno de ellos es el de los liberados sindicales de las comunidades autónomas, una figura especialmente polémica en tiempos de desempleo y estrecheces económicas. Actualmente hay casi 10.000 liberados, el mismo número que antes de la crisis.
En concreto, según los datos recopilados por EXPANSIÓN, en estos momentos hay 9.532 funcionarios de las administraciones autonómicas que dedican toda su jornada a tareas de representación sindical. La única comunidad que no ha facilitado a este diario el número detallado de liberados es Andalucía, curiosamente la que más tiene. El último dato al respecto es un informe del sindicato CCOO, del año 2011, que los cifra en 3.729. Y hace dos años la Junta andaluza suprimió a 67. La nueva presidenta, Susana Díaz, ha bajado los sueldos a los funcionarios pero mantiene la llamada “administración paralela”, un enjambre de empresas públicas, agencias y fundaciones al servicio de la Junta.
Recabar información detallada sobre liberados es una tarea ardua. Las autonomías establecen un número fijo de liberados “institucionales” en cada departamento (sanidad, justicia, educación, etcétera) que solo se dedican a representación.
Transparencia en Extremadura y Navarra
Pero es que, además, las organizaciones disponen de un bolsa de horas para tareas sindicales que, en algunos casos, copan toda la jornada laboral. Según el Estatuto del Empleado Público, los delegados sindicales de una administración con más de 751 funcionarios tienen derecho a 40 horas mensuales de representación por cabeza. Esos delegados pactan después cuántas horas corresponden a cada uno, por lo que no es fácil saber cuántos se liberan completamente mediante ese reparto, lo que contribuye a incrementar la fama de poca transparencia de que gozan tanto la burocracia autonómica como las centrales sindicales. Es justo decir que algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Extremadura y Navarra, sí tienen el número de sus liberados colgado en sus respectivas webs oficiales.
Si bien no supone el grueso del gasto público, el enquistamiento de estos liberados en las administraciones autonómicas –que tienen que ser sustituidos por otros funcionarios para hacer su trabajo– no ayuda a reducir el déficit de las comunidades que, según los analistas, volverá a crecer este año.
La abundancia de liberados tampoco ayuda a mejorar la imagen de los sindicatos, afectados por el desgaste que sufren las grandes instituciones españolas, desde los partidos políticos hasta la Casa Real. Casos de corrupción como el de los ERE en Andalucía, el fraude de los cursos de formación o la sorprendente fortuna del líder sindical José Ángel Fernández Villa no han ayudado a la reputación de los representantes de los trabajadores.
A lo largo de la crisis se han dado de baja casi 400.000 afiliados, la mayoría de CC.OO y UGT. Precisamente estas dos organizaciones han sido tachadas de “casta sindical” por Somos Sindicalistas, el nuevo colectivo nacido de entre las filas de Podemos. Entre sus fundadores hay antiguos miembros de CNT y CGT, de tendencia anarcosindicalista.
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