Antonio Arias, Fiscalización.es: Discrepando sobre el coste medio de los gastos universitarios

El coste de un titulado en Ciencias se sitúa 75.472 euros, en Artes y Humanidades 54.734,74 euros, en Ingeniería y Arquitectura 53.041,15 , en Ciencias de la Salud 32.837,76, mientras que el coste del graduado en Ciencias Sociales y Jurídicas alcanza 33.798 euros

Antonio Arias. Blog Fiscalización.es. Uno de los principios más elementales de contabilidad analítica enuncia la gran dificultad en determinar con exactitud el coste medio de un producto conjunto. Solo caben aproximaciones bajo ciertas hipótesis sobre la distribución de los costes conjuntos.

Universidad de Albacete, en Castilla-La Mancha

Un ejemplo lo tenemos en la Universidad, cuyos fines principales son la docencia y la investigación; esto es: una producción conjunta. En el mundo académico, donde se usan las mismos laboratorios, aulas, bibliotecas o instalaciones informáticas por diversos grupos de profesores o investigadores, para producir tanto docencia como investigación, cualquier división de los costes entre estas dos actividades es subjetiva.

 

La actualidad nos presenta una buena muestra. El informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza 2012, que la semana pasada hizo público la Cámara de Cuentas de Aragón, incluye entre sus conclusiones (página 21) las siguientes, relativas a la contabilidad de costes y donde la distribución del peso de las actividades de docencia e investigación se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo: el 82 % de los costes se imputan a la actividad docente y el 18 % restante a investigación (conclusión 45).

 

A partir de ahí, se obtiene el coste de cada titulado, correspondiente al alumno equivalente a tiempo completo que, teniendo en cuenta la tasa de éxito, arroja en 2012, una media por alumno de grado de 42.735 euros, y de 55.405 euros para el máster. Por ramas de enseñanza hay diferencias significativas, que ya hemos comentado en otra ocasión. Así, el coste de un titulado en Ciencias se sitúa 75.472 euros, en Artes y Humanidades 54.734,74 euros, en Ingeniería y Arquitectura 53.041,15 euros, en Ciencias de la Salud 32.837,76 euros, mientras que el coste del graduado en Ciencias Sociales y Jurídicas alcanza 33.798 euros. (conclusión 50)

 

Sin embargo, en la página 7 (129 del total) de las alegaciones, el Rectorado discrepa de la metodología utilizada por la Cámara de Cuentas, que es diferente a la seguida por la Universidad de Zaragoza, que aplica la recomendada por la intervención General de la Administración del Estado (y asumida por la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación) y plasmada en su Modelo de contabilidad analítica para Universidades. Las discrepancias “son evidentes y palmarías”, dice el Rector, en un momento en que todas las universidades están implantando con grandes dificultades sus modelos de contabilidad de costes adaptados al criterio ministerial.

 

En efecto, de acuerdo con la modificación de la LOU en 2012, los precios públicos académicos de las matrículas que las universidades cobran a sus estudiantes van a adecuarse a los costes, por lo que ese calculo dista mucho de ser un ejercicio teórico y tiene una importante repercusión en las economías de las familias.

 

¿Dónde está la diferencia?

Frente a las conclusiones formuladas por los auditores, que atribuyen el peso de la actividad docente en la Universidad de Zaragoza un 82%, el Rectorado defiende la posición de la IGAE, que ascendería a un 64% de los costes totales. Esto reduce el coste por curso en una media de 2.090 euros, lo que supondría la fijación del precio público menor. Quizás esta sea la razón por la cual los costes presentados por la Sindicatura de Castilla-La Mancha son inferiores.

 La principal diferencia entre ambos criterios radica en el reparto de los costes de personal entre las actividades de docencia e investigación, puesto que el Tribunal de Cuentas -promotor de la metodología para su informe del sector en 2012, de inminente aprobación- imputa la totalidad del coste de personal académico (tanto docente como investigador) a la actividad de docencia, lo que en opinión del Rector de UNIZAR, “ignora la normativa sobre dedicación mínima a la investigación y la realidad de dicha dedicación que, en el caso de muchos investigadores, supera con creces ese mínimo”. Sin embargo, las propias universidades participan del problema al no clasificar funcionalmente esa dedicación investigadora dentro de los programas presupuestarios de investigación, usualmente código 541-A.