Todas las Administraciones hacen guiños a los empleados públicos en un año lleno de citas electorales

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Revista de prensa. Cinco Días. 6.1.2015.- Todos los guiños se han concentrado por ahora en los empleados públicos, que suman en torno a tres millones de votos y cuyas decisiones de gasto son fundamentales para el consumo. Tanto el Ejecutivo de Zapatero como el de Rajoy aprobaron recortes en sus retribuciones para tratar de frenar la sangría del déficit y ahora toca retratarse con la devolución de parte de ese dinero.

 

Hacienda ya ha movido ficha y publicó la semana pasada el formulario para que los funcionarios de la Administración General del Estado recuperen este mes un 25% de la extra que se les suprimió en 2012. Una decisión que le costará al Ejecutivo 230 millones, pero que le puede dar muchos réditos desde el punto de vista electoral de cara a los futuros comicios y le puede evitar un calvario judicial, ya que los Tribunales de Justicia ya habían emitido numerosas sentencias instando al Ejecutivo a que procediera a la devolución de los 44 días que transcurrieron entre que se tomó la decisión de suprimir una de las extras de 2012 y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Incluso algunas autonomías, como Castilla y León y La Rioja, en las que también gobierna el PP, ya procedieron antes de que acabara el año a la devolución a sus empleados públicos de lo que se les confiscó en 2012.

 

Algunas comunidades, ante las dificultades para afrontar ese coste (la senda de consolidación fiscal para este ejercicio es francamente irrealizable para gran parte de ellas), están optando por medidas menos lesivas para sus presupuestos. Es el caso de Cataluña que ha recuperado este año la paga extra que no se ha abonado en tres ejercicios (2012,2013, y 2014), aunque no ha dejado claro cuándo o si devolverá todo o parte de lo que se ahorró en ese período. El coste de recuperar la extra se eleva a 600 millones. En este apartado se circunscribe también la decisión del Ejecutivo vasco, hecha pública ayer, de adelantar a enero el pago de la extra de junio a 70.000 funcionarios autonómicos, una medida que no tendrá impacto económico porque solo se trata de desplazar una partida del Presupuesto en el tiempo. La que sí lo tendrá será la devolución del 25% de la extra a esos funcionarios, prevista para abril (tres meses después que los funcionarios de la Administración General del Estado) con un coste de 50 millones de euros.

 

Pagas extra adelantadas

Al Ejecutivo de Urkullu se le adelantó el de Extremadura, que el 2 de enero ingresó en las cuentas de los 49.000 funcionarios que dependen del Gobierno regional la paga extraordinaria de junio de 2015 y el 30% de la extra que no se abonó en 2012. Incluso algunos presidente regionales, como Alberto Fabra, optaron por adelantar una semana el cobro de la extra de diciembre del pasado ejercicio para tratar de estimular el consumo de los hogares.

 

Esos guiños a los empleados públicos todavía no han llegado al ámbito municipal, en gran medida porque Hacienda ha blindado la partida creada a partir de la supresión de la extra en 2012 a los empleados públicos ligados a la administración local. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, remitió a finales de septiembre un escrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para solicitar que los Ayuntamientos pudieran disponer de esos recursos. “Hay una indisponibilidad de ese dinero, así esta establecido, pero también es cierto que es un dinero que necesitamos para seguir cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria”, apuntó De la Serna en la misiva. En su opinión, el dinero resultante de no pagar la extra a los funcionaros sería útil para que los consistorios puedan seguir haciendo frente “a determinadas cuestiones que han supuesto, desde la entrega de los planes de ajuste, un sobrecoste a las entidades locales, como puede ser el caso de los incrementos de IVA en determinados servicios públicos que se prestan y que tienen que pagar los ayuntamientos”

El gasto de personal sube un 2,5% en las regiones

Las comunidades autónomas prevén destinar al capítulo de gastos de personal de este año 53.709 millones, un 2,5% más que lo presupuestado para el año anterior. Así lo refleja el resumen ejecutivo de las cuentas autonómicas elaborado por el Ministerio de Hacienda y que no incluye a Navarra, cuyo presupuesto para este ejercicio ha sido rechazado. Por primera vez en cinco años, las autonomías prevén incrementar su nivel global de gasto, una circunstancia que coincide con el año electoral.

 

Aun así, todo apunta que las autonomías incumplirán en su conjunto el objetivo de déficit autonómico de 2014, fijado en el 1%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó un informe en diciembre en el que apuntaba que nueve comunidades presentaban riesgos de incumplir el objetivo de déficit de 2015. Son Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia; y, en menor medida, también Aragón, Baleares, Madrid y La Rioja.

No será hasta febrero que se conocerá cómo han cerrado las cuentas autonómicas, sin embargo, el propio Gobierno reconoce oficiosamente que no hay posibilidad de que el déficit regional se sitúe dentro del límite del 1,5%. Y, para este ejercicio, el programa de estabilidad obliga a las comunidades a rebajar sus números rojos hasta el 0,7% del PIB. Resulta improbable que las autonomías logren un ajuste de tal magnitud y menos en un contexto en el que prevén aumentar el gasto público. Las autonomías justifican que también sus ingresos aumentarán por el efecto de la recuperación económica. Por otro lado, por primera vez desde 2004, el presupuesto de gastos financieros de 2015 se reduce. En parte, ello se explica por la mejora de las condiciones financieras del Estado.