jueves, 16 de enero de 2014

La Ley. Novedad editorial: Manual para la Gestión Inteligente del Ayuntamiento (Hoja de ruta)

Manual para la Gestión Inteligente del Ayuntamiento. Coordina:  Víctor Almonacid Lamelas, Secretario local y bloguero .  Consultar Índice

La Ley. MANUAL PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DEL AYUNTAMIENTO. Hoja de ruta hacia la Administración Inteligente: de la Administración Electrónica a la Inteligente, y más allá" es un manual práctico de cómo llevar cualquier Ayuntamiento con cualquier punto de partida hasta la fase avanzada de la administración electrónica, que es la administración inteligente, todo ello gracias a un método práctico comparativo con las mejores experiencias nacionales e internacionales (bechmarking), explicadas por sus propios responsables, pioneros en temas tan diversos como la reducción de cargas administrativas, la licitación electrónica, la elección de la fórmula ideal para la gestión de un servicio público, la factura electrónica, la evaluación del desempeño de los empleados públicos y el "gobierno abierto"... 
 
Venimos de implantar la administración electrónica (AE), llamada también administración 2.0, por lo que esta “Hoja de ruta hacia la Administración inteligente” (AI) sería en cierto modo la fase 3.0, que se asienta ineludiblemente sobre la base de la anterior. Pero como en muchos casos no tenemos totalmente -en ocasiones ni siquiera inicialmente- implantada la fase 2.0, vamos a presuponer el peor de los casos y teniendo esto en cuenta hemos preparado un manual que responde prácticamente a todos los estatu quo posibles en cuanto a la fase de implantación en la que se halle cada Ayuntamiento.
 
En este sentido, lo bueno de “estar muy mal”, es que no se van a repetir muchos de los errores cometidos por otros, digamos pioneros. Conocemos atajos para ir 2 más rápido partiendo incluso de cero. Al final, tengamos la línea de salida donde la tengamos, todos tenemos la misma meta: AI (“ahí”, valga el juego de palabras).

¿Pero cuál es esta hoja de ruta?. Partimos de la premisa de que la AI evidentemente no es monopolio de los municipios de gran población o “ciudades”, por lo que más que de Smart Cities, hablaremos de “municipios inteligentes”, o bien, si nos referimos a la forma de funcionar y no ya tanto a la organización, de “gestión inteligente”. En todo caso quede claro que estamos hablando de lo mismo cuando manejamos casi indistintamente os términos Smart Cities, Smart Government, AI… Centramos el debate en la gestión inteligente, en cualquier nivel territorial o institucional de la Administración y en cualquier tamaño o modalidad posible de administración local, y que consiste en replantear, redefinir e incluso reelegir las estructuras y servicios para que estas a su vez funcionen de manera más eficiente y ecológica.
 
Técnicas
Pero llegar hasta ahí no es fácil. Hay un método (planificación) y diversas técnicas: formación, benchmarking, participación ciudadana, motivación de los empleados públicos… entre Entidades Locales. Un aspecto sobre el que solemos insistir es que el intercambio de buenas prácticas es mucho mejor “negocio” que la contratación con empresas, por el mimetismo existente entre Entidades Locales (y sus funcionarios) y por el coste cero. Esto no quita de que en todos los casos haya que hacer un esfuerzo intelectual de autodiseño del modelo propio, porque tampoco hay dos ayuntamientos exactamente iguales, si bien quizá dicho modelo no sea a la postre más que una adaptación personalizada de otros, una versión hecha “a retales" a partir de buenas prácticas, softwares, servicios, libros y cursos que encontramos fuera del ayuntamiento. Este modus actuandi es perfectamente válido. Ojear el libro. Consultar Índice

Post relacionado: La auténtica ruta local. i-public. Oscar Cortés
Otros libros de la misma editorial: Vadémecun de la Administración Local. Las 1.040 preguntas y respuestas esenciales

miércoles, 15 de enero de 2014

Las CC.AA gobernadas por el PP quieren aplicar las propuestas de reducción recogidas en el Informe CORA

Según Soraya Sáenz de Santamaría, de las 2.365 empresas públicas, ya se han extinguido 607 y el objetivo es llegar a 751. Ver informe CORA
 
Revista de Prensa. EP. 13.1.2014. Las comunidades autónomas del PP se han comprometido  a impulsar las propuestas del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, asumiendo la idea de que deben eliminar o reducir el tamaño y coste de algunos órganos propios, como los Defensores del Pueblo o los Tribunales de Cuentas que tienen muchas de ellas.

Sede del PP en la calle Génova de Madrid
Los consejeros de Presidencia de las CC.AA gobernadas por el PP han manifestado este respaldo durante una reunión presidida por la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, a la que también han asistido el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
 
  En el documento acordado por todos los consejeros del PP se habla de "avanzar en la eficiencia administrativa", "evitando la superposición de estructuras y procedimientos y reforzando los mecanismos de cooperación entre Administraciones que se proponen en el informe CORA".
 
 También se aboga por dar prioridad a la austeridad aplicando "las fórmulas que les permitan reducir el tamaño o el coste de sus aparatos administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o la racionalización de organismos que se proponen en el informe de la CORA, o mediante la adopción de medidas alternativas que consigan un efecto equivalente".
 
Suprimir Consejos Económicos y sociales, Defensor del Pueblo...
Al término de la reunión, el consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que se les ha planteado dos posibilidades: "reestructurar" o "suprimir instituciones propias" como Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas o Consejo Consultivo.
 
 Según ha añadido De Santiago-Juárez, se trata de "suprimir" o de "mantener", pero en este último caso reduciendo tamaño y gasto. Así, ha admitido que el Gobierno les ha dicho que las CCAA que no hayan hecho "ni una cosa ni la otra", que avancen en algún sentido.
 
 En parecidos términos, el vicepresidenta gallego y consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, ha señalado que en esta cita han encontrado la "compresión" del Gobierno a las "especificidades" de cada CCAA, que tienen el "objetivo claro" de "hacer reducciones y racionalizar" la Administración". "Vamos todos en la misma línea y se están consiguiendo reducciones importantes", ha apostillado.
 
Ahorros
En el caso del Defensor del Pueblo hay un total de 11 comunidades con esta figura: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia. El Gobierno calcula que si lo suprimiesen todas ellas, el ahorro global en tres años ascendería a unos 90,3 millones (el ahorro neto anual sería de 30,1 millones).
 
 En el caso de los Tribunales de Cuentas, hay 13 autonomías con esta institución fiscalizadora en su territorio (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia). Con su eliminación, en tres años se podría ahorrar 136,7 millones, según prevé el Ejecutivo en su informe de la CORA.
 
Algunas CCAA ya han procedido a eliminar órganos propios. Así, Castilla-La Mancha y Murcia han suprimido la figura del Defensor del Pueblo. En el caso de la comunidad que preside Cospedal, también ha eliminado el Consejo Económico y Social. Por su parte, Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia han apostado por reducir diputados en sus Asambleas legislativas, según consta en un documento elaborado por el PP al que ha tenido acceso Europa Press.
 
En su exposición, a puerta cerrada, la secretaria general del PP ha destacado la voluntad del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de las comunidades autónomas por reducir la Administración y hacerla más eficaz, según han informado a Europa Press fuentes asistentes a la reunión.
 
En este sentido, la 'número dos' del PP ha hecho un análisis de lo hecho en estos dos años de legislatura y de lo que queda por hacer. Eso sí, ha admitido que hay un "cambio de mentalidad" que ha permitido avanzar en estos temas y luchar contra la inercia instalada en la Administración.
 
Informe CORA
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que el informe de la CORA plantea 217 propuestas que responden a la voluntad del Estado y las CCAA de avanzar en el control del gasto, la eficiencia administrativa y la mejora de la calidad de los servicios públicos.
 
Sáenz de Santamaría ha puesto en valor los esfuerzos que se están haciendo para redimensionar el sector público. Así, ha recordado que de las 2.365 empresas públicas, ya se han extinguido 607 y ha añadido que el objetivo es llegar a 751, lo que supondrán un 32 por ciento menos y llegar a niveles de 2003, según han informado a Europa Press fuentes presentes en el encuentro.
 
Además, la vicepresidenta ha explicado las medidas que está impulsando el Ejecutivo en materia de regeneración democrática. En el caso de la Ley de Transparencia, ha recordado el amplio plazo (de dos años) que se da a las autonomías para su aplicación.

Noticia relacionada: El Gobierno diseña una gira por autonomías para obligarlas a recortar su aparato político . El Confidencial

martes, 14 de enero de 2014

19 y 20 Feb. IV Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad: "Cumpliendo objetivos. Fijando nuevas metas"

Más de medio millar de responsables de las Administraciones Públicas se reunirán en Madrid -Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- los días 19 y 20 de Febrero con motivo de la celebración del IV CONGRESO NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD y SEGURIDAD, CNIS, bajo el lema "Cumpliendo objetivos. Fijando nuevas metas" para analizar la aplicación de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad en las AA.PP. y su relación con materias como Gobierno Abierto, Ciudades inteligentes,... 

 Inscripciones 

Organiza: Club Innovación
Ver IV Premios CNIS. Candidaturas finalistas 2014.
- Solicite información en info@cnis.es Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla - Abierta la Inscripción
- Consulte la primera previsión del Programa
- Consulte las más de 70 Instituciones ya inscritas: Asistentes
- Becas CIP para asistir al IV Congreso CNIS: Convocatoria

Jornada relacionada: Encuentro Aporta: El valor de los datos abiertos y Foro sectorial turismo

lunes, 13 de enero de 2014

Sector Público: comienzan las "Rebajas"

"Se comienza a advertir en el sector público español una suerte de relajación en la intensidad y aplicación de las medidas de consolidación fiscal"
 
 Rafael J. Asensio. Blog Estudiconsultoría. 12.1.2014.- Frente a los duros ajustes que se llevaron a cabo en el año 2012 sobre el sector público y, particularmente, sobre el empleo público, el año 2013 ha sido mucho menos agresivo, puesto que, salvo las “tradicionales” medidas de contención retributiva y de congelación de oferta, así como las ya “consagradas” (como las de ampliación de la jornada), no se han añadido recetas nuevas aprobadas por normas excepcionales u ordinarias con la finalidad de contener el déficit.
El ministro Cristóbal Montoro, responsable
de las Administraciones Públicas
Los procesos de “racionalización” de las Administraciones Públicas, la del Estado y las de las Comunidades Autónomas, caminan (si es que lo hacen) con una lentitud pasmosa y sus efectos son prácticamente inapreciables. Si en los tiempos duros no se han adoptado medidas de ajuste efectivo, menos aún estas emergerán cuando la soga ya no apriete tanto.
 
Es verdad, no obstante, que la manida reforma local ya ha encontrado su lugar en el BOE. Y en ella se contienen medidas de ajuste institucional y organizativo que, sin duda, tendrán a medio plazo efectos “racionalizadores” (es decir, de ajuste), pero sobre todo (o casi exclusivamente) para aquellas entidades locales (y sus entes instrumentales) que no dispongan de una situación financiera saneada en términos de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como en clave de planes de ajuste y de deuda comercial (morosidad). 

Pero, al margen de esta importante Ley, cuyas consecuencias se irán advirtiendo con el paso de los próximos meses y años, se comienza a advertir en el sector público español una suerte de relajación en la intensidad y aplicación de las medidas de consolidación fiscal. Comienza a oler a elecciones. Y cuando esto sucede la irresponsabilidad se apodera de buena parte de nuestros gobernantes y gestores. Nadie piensa ya en el  “mañana” ni menos aún en el “pasado mañana”. Los problemas del futuro no importan, pues lo relevante es “resolver” lo inmediato y sobre todo “ganar votos” (o creer que se ganan). 

El "montorito"
Las rebajas han comenzado. Es más, como viene siendo habitual en el mercado de las rebajas, se han incluso adelantado. Si en 2012 se adoptaron una serie de medidas duras sobre el empleo público, ahora se trata de edulcorarlas. Hay casi tres millones de votos directos en juego, más los que añadan sus respectivas familias. Y da igual lo que se dijo un día, hoy se puede decir lo contrario. Si en 2012 se suprimen 3 días por asuntos propios, de los conocidos como “moscosos” (modificando el artículo 48 k) del EBEP con carácter “permanente” y con la justificación de homologar las condiciones de los empleados públicos con las del sector privado), en 2013 para compensar los sacrificios padecidos por los empleados públicos se les regala “un montorito” (pues solo es uno, cuando sean más ya serán “montoros” en plural).
 
 Además, con pulcra técnica legislativa esa nueva modificación del EBEP (norma líquida donde las haya) se lleva a cabo mediante una disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público. Ni que decir tiene que la conexión entre el objeto de la Ley Orgánica (así como “su rango”) y la modificación del EBEP es obvia: ¿O no se habían dado cuenta, ingenuos lectores, que para pagar a los proveedores en plazo es mucho mejor que los empleados públicos estén contentos y sean así diligentes en la tramitación de las facturas? Qué cosas más sorprendentes nos enseña cada día el BOE en eso que se llama “legislar” en contextos de crisis fiscal. Leer+

viernes, 10 de enero de 2014

La AGE sólo cumple íntegramente una acción de las 37 incluidas en el I Plan de Igualdad de Empleados Públicos

 Únicamente los cursos de formación presentan  una ejecución íntegra. Las mujeres no llegan al 23 por ciento de media: ministros (28,5%), secretarios de Estado (24,1), subsecretarios (28,33), directores generales (27,3%) y embajadores (13,6%).
 
Revista de Prensa. EP.91.2014. La Administración General del Estado (AGE) sólo cumple íntegramente una acción de las 37 incluidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la relativa a los cursos de formación y sensibilización sobre la igualdad de trato, según consta en el Informe de Seguimiento del Plan sobre trece ministerios y 52 organismos dependientes.
 Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han redactado un informe en el que se analiza el cumplimiento del citado plan a lo largo de los años 2011 y 2012.
 
El Plan aprobado por el Gobierno en el año 2011 contemplaba diferentes ejes de actuación: diagnóstico de situaciones de desigualdad, acceso al empleo público, desarrollo de la carrera profesional, ordenación del tiempo de trabajo, retribuciones o situaciones de especial protección.
 
 El informe al que ha tenido acceso Europa Press incluye un cuadro resumen de cumplimiento de los ejes de este plan, en el que únicamente los cursos de formación tienen una ejecución íntegra. Por el contrario, el resto de los objetivos se cumplen "parcialmente", están "sin ejecutar" o no se dispone del dato.
 
Entre las conclusiones, se destaca una desigual ejecución de las acciones del Plan, "probablemente consecuencia de una no totalmente equilibrada evaluación de expectativas potenciales en su elaboración, y al escaso tiempo transcurrido desde su implantación".
 
 Así, resalta que la Ley de Igualdad se incumple en la representación de mujeres en los altos cargos -no pueden ser menos del 40 por ciento-. En este sentido, las mujeres no llegan al 23 por ciento de media: ministros (28,5%), secretarios de Estado (24,1), subsecretarios (28,33), directores generales (27,3%) y embajadores (13,6%).

Sin protocoles de acoso sexual
 Asimismo, recoge que menos de la mitad de los centros carecen de protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, y solo tres cuentan con un protocolo de movilidad para las víctimas. La aplicación del protocolo ha sido "desigual" y se ha puesto en marcha en cinco departamentos, si bien no se dispone de información sobre los casos aplicados, el tipo de actuaciones desarrolladas y de la naturaleza del acoso.
 
El informe alerta también de una brecha de género en el disfrute de permisos no retributivos, puesto que los hombres no se corresponsabilizan en la conciliación en casos como enfermedad grave familiar, adopción, cuidado de menores de doce años o cuidado de mayores. La diferencia es de un 88,15% para las mujeres, frente al 11,85% de los hombres.
 
 Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) este informe también presenta "una gran desinformación y ausencia de indicadores" para detectar y hacer un correcto seguimiento de este problema, su carrera profesional, su promoción, sus pérdidas retributivas.
 
 En esta misma línea, critica que no haya estudios sobre la carrera profesional, promoción, retribuciones y acceso al puesto de las víctimas de violencia de género, "ni tan siquiera" información sobre la posibilidad de cambiar de puesto entre administraciones, como medida de protección ante el agresor.
 
Así, CSI-F ha pedido que se evalúe el impacto de género que han producido las medidas de recorte sobre los empleados públicos (incremento de jornada, restricción de 'moscosos' o descuentos en la nómina por baja médica, entre otros) porque "ya están generando un impacto negativo en las políticas de conciliación y en la brecha de la igualdad, aunque aún no se puede cuantificar".

jueves, 9 de enero de 2014

La Reforma Local (I): primeras impresiones

En el BOE del 30.12.2013 apareció publicada la reforma local, Ley 27/2013,  de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una amplia enmienda  a la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local. Su contenido no ha dejado indiferente a nadie y de ahí las críticas e interpretaciones que suscita. Esta de ACAL es una de ellas.
 
Blog ACAL. 7.1.2014. La Constitución, en su articulo 140, garantiza la autonomía de los municipios y para ello, en el corto capitulo que dedica a la Administración Local, termina señalando, en su articulo 142, que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones. Es decir, que tal como se expresa nuestra Carta Magna, la suficiencia financiera es un medio para alcanzar el fin de la autonomía local.
 
Ayuntamiento de Benavente (Zamora)
Los Ayuntamientos  han venido demandando una financiación suficiente para hacer efectiva la autonomía municipal. Anclados en menos del 15 % del gasto público en estos treinta años de Ayuntamientos democráticos, el nivel de servicios se ha ido incrementando como administraciones más próximas conforme las necesidades lo demandaban.
 
En estos años de crisis las prestaciones de atenciones a las personas se han incrementado. Sin embargo, la participación en la gestión del gasto público nunca ha alcanzado siquiera el porcentaje señalado. Ya desde hace bastantes años los alcaldes, quizá por su incapacidad para hacer valer su poder político e institucional, de manera triste y penosa han venido hablando de que lo que hacían (sin financiación) y no les correspondía, que era de otras instancias institucionales -del Estado y de las CC AA-,  que estaban realizando competencias impropias.
 
 El Estado, que venía ya preparando desde hace años la reforma del régimen local, ha rematado la faena solucionando a la vez el problema de “lo mucho que hacen” (competencias impropias) con “lo poco que tienen” (financiación local, cumplimiento del articulo 142 CE). La manera ha sido bien sencilla: cada administración que haga lo que le corresponde (cada administración una competencia) y solo se puede hacer aquello para lo que hay financiación (véase el articulo 7  y 116 bis) de la LRBRL en su nueva redacción y el 28 de la misma norma que ha quedado sin contenido).
 
Impuestos y tasas locales
Con esta forma tan ramplona se viene a subvertir el orden constitucional de medios y fines. Porque claro, la financiación municipal, con nuestro sistema fiscal, depende en gran medida de las transferencias del Estado y las CCAA. Los recursos municipales (según el informe de fiscalización del TC de 2011) por impuestos alcanzan el 35 % y por tasas y otros ingresos el 16%. Por tanto, si no se dispone de financiación suficiente en los Ayuntamientos, sencillamente, no se está dando cumplimiento al mandato constitucional de que los pueblos y ciudades tengan autonomía.
 
 En otros niveles de la administración -Estado y CCAA- no se aplica a rajatabla esa máxima de hacer solo lo que se puede pagar, se acude al déficit y al endeudamiento. Sin embargo, la administración mas próxima a los ciudadanos, la que tiene que atender a las personas, solo puede hacer aquello que puede pagar. Si a esto se le añade que la financiación viene del Estado y, en menor medida, de las CCAA, resulta que solo podrán hacer los Ayuntamientos aquello que se les permita, quedando en un segundo plano la autonomía que garantiza la CE. Esta nueva forma de resolver la financiación local viene recogida en el nuevo apartado 4 del articulo 25 de la LRBRL.
 
La autonomía local se concreta en las leyes estatales y autonómicas, que atribuyen competencias concretas con respeto a la intervención municipal en la gestión de los intereses locales, tal como señalan la Carta Europea de Autonomía Local y la doctrina del Tribunal Constitucional. Ahora, con ocasión de esta Reforma Local, se dice que el legislador ha clarificado las competencias locales (propias y delegadas) en los nuevos artículos 25 a 27 de la LRBRL. Sin embargo, realmente solo el articulo 26 establece unas verdaderas bases del régimen local garantizando los servicios mínimos que en todo caso han de prestarse por los municipios dependiendo de su población.
 
 El artículo 25 habla de las competencias propias que podrán ejercer de un listado de materias en los términos que regulen las leyes sectoriales estatales y autonómicas. Pero no asegura nada, como no puede ser de otra manera, salvo lo dispuesto para las Diputaciones a las que me referiré. El artículo 27 regula aquellas que podrán ser objeto de delegación. Leer+

miércoles, 8 de enero de 2014

Interesante Directorio de blogs sobre Gestión Pública

Elmagistrado bloguero José Ramón Chaves -Sevach- de http://contencioso.es/ , ha elaborado un directorio  de  blogs jurídicos

El  Directorio de Blogs jurídicos españoles elaborado por Sevach  es la recopilación más actual, completa  y rigurosa de la que tenemos conocimiento y resulta una herramienta profundamente útil para todos aquellos que manejan información  y conocimientos sobre gestión pública, cualquiera que sea su materia o especialidad.

Cabecera del blog de Sevach.
Al margen de que sean cuestionables eventuales ausencias, omisiones o encuadramientos, esta base de datos debería tener amplia difusión y colaborar todos para su ampliación y permanente actualización.
 
En todo caso el propio Sevach se ofrece a seguir con este trabajo de "mantenimiento" a través de sugerencias al correo electrónico kontencioso@gmail.com.
 
Parece que gracias  a internet y a las Tics, los que estamos en la esfera pública somos capaces de intercambiar y compartir información y conocimiento. Además hay que congratularse que  gracias a la iniciativa  de  blogueros inquietos no echemos en falta este trabajo que también deberían facilitar  algunas instituciones publicas.