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sábado, 3 de junio de 2023

Los municipios ingresan con el IBI el doble que en el pico del boom inmobiliario

 Los ayuntamientos españoles recaudaron 13.000 millones por este impuesto. En Madrid el recibo medio asciende a 564 euros. 

Revista de prensa. Cinco Días .- La campaña electoral para los comicios municipales del pasado domingo puso en el foco a los candidatos que prometieron reducir en sus localidades el tipo efectivo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). A priori, estas propuestas de relajación fiscal serían arriesgadas para las cuentas de los consistorios, ya que el IBI es la figura impositiva que sustenta con creces la mayor parte de sus ingresos. Sin embargo, los ayuntamientos tienen asegurados unos recursos elevados aunque rebajen los tipos, por lo que pueden permitirse estas promesas sin correr grandes peligros. Sin ir más lejos, en 2022 los ingresos por este tributo doblaron los registrados en los años previos a la crisis financiera.

Las localidades españolas recaudaron el pasado año más de 13.170 millones de euros gracias al IBI urbano. Si a esta cantidad se le unen los 480 millones relativos al IBI rústico y los 550 millones del impuesto sobre los bienes inmuebles de características especiales (BICE), la recaudación total superó los 14.000 millones, un máximo en la serie actualizada ayer por la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda.

Todas estas cifras, detallan fuentes conocedoras del sector, se explican no tanto por un aumento de la fiscalidad directa –es decir, de los tipos efectivos–, sino por la subida consolidada de las bases imponibles, que vienen a ser el valor de los inmuebles.

La factura final del IBI, es decir, la cuota líquida, es el resultado de aplicar el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable en cuestión. Esta, a su vez, se obtiene tras aplicar las reducciones o exenciones permitidas en cada caso al valor catastral de la vivienda. Es decir, mientras las revisiones catastrales sigan aumentando los valores, los consistorios pueden rebajar los tipos sin minorar drásticamente sus ingresos.

En España, el Real Decreto Legislativo 2/2004 establece que el tipo de gravamen mínimo del IBI será del 0,4%, llegando el máximo hasta el 1,1%, siempre en el caso de los bienes inmuebles urbanos. Los gobiernos locales, por ello, tienen un margen relativamente amplio para establecer un tipo de gravamen u otro, así como las diferentes exenciones y bonificaciones aplicadas.

La ciudad de Madrid, por ejemplo, tiene en vigor desde 2023 el tipo municipal al mínimo permitido. El programa marco para el 28M del PP, el gran ganador de las elecciones, propone a su vez una “reducción del impuesto de bienes inmuebles de forma progresiva”, a la par que promete impulsar “la aplicación de bonificaciones medioambientales para aquellos inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para los vehículos eléctricos o sistemas de aprovechamiento de energía solar y actuaciones de eficiencia energética”, añade el documento.

La realidad que muestran los datos oficiales del Catastro refleja que los ayuntamientos de toda España han ido aumentando año tras año los ingresos por IBI pese a las rebajas impositivas que se han visto en varios de ellos. Los más de 13.000 millones de euros registrados en 2022 en el IBI urbano, de hecho, multiplican por dos a los 6.500 millones que se recaudaban en los años del pico del boom inmobiliario, cuando los precios de la vivienda eran notablemente superiores a la media con la que cerró el pasado ejercicio. Según los datos del Consejo General del Notariado, el precio del metro cuadrado de las casas cerró en España en los 1.615 euros en 2022, frente a los 1.790 euros del año 2007. Desde Tinsa, por su parte, recuerdan que el precio de la vivienda acumula una caída del 20% desde los valores máximos alcanzados hace 15 años.

Según los datos del Catastro, los ayuntamientos de la provincia de Madrid fueron los que más ingresos obtuvieron con este impuesto, superando los 2.500 millones de euros en conjunto. Teniendo en cuenta que se registraron unos 4,5 millones de recibos, el pago medio ascendió a los 564 euros. En plazas como la propia capital la cifra se explica por el valor catastral medio de las viviendas, de los más elevados del país. A continuación, se situó el abono medio de 514 euros de la provincia de Barcelona, con ingresos conjuntos que superaron los 2.000 millones. El podio lo completó Girona, con 431 euros, seguida de Baleares y Málaga (429 y 417 euros).

jueves, 9 de enero de 2014

La Reforma Local (I): primeras impresiones

En el BOE del 30.12.2013 apareció publicada la reforma local, Ley 27/2013,  de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una amplia enmienda  a la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local. Su contenido no ha dejado indiferente a nadie y de ahí las críticas e interpretaciones que suscita. Esta de ACAL es una de ellas.
 
Blog ACAL. 7.1.2014. La Constitución, en su articulo 140, garantiza la autonomía de los municipios y para ello, en el corto capitulo que dedica a la Administración Local, termina señalando, en su articulo 142, que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones. Es decir, que tal como se expresa nuestra Carta Magna, la suficiencia financiera es un medio para alcanzar el fin de la autonomía local.
 
Ayuntamiento de Benavente (Zamora)
Los Ayuntamientos  han venido demandando una financiación suficiente para hacer efectiva la autonomía municipal. Anclados en menos del 15 % del gasto público en estos treinta años de Ayuntamientos democráticos, el nivel de servicios se ha ido incrementando como administraciones más próximas conforme las necesidades lo demandaban.
 
En estos años de crisis las prestaciones de atenciones a las personas se han incrementado. Sin embargo, la participación en la gestión del gasto público nunca ha alcanzado siquiera el porcentaje señalado. Ya desde hace bastantes años los alcaldes, quizá por su incapacidad para hacer valer su poder político e institucional, de manera triste y penosa han venido hablando de que lo que hacían (sin financiación) y no les correspondía, que era de otras instancias institucionales -del Estado y de las CC AA-,  que estaban realizando competencias impropias.
 
 El Estado, que venía ya preparando desde hace años la reforma del régimen local, ha rematado la faena solucionando a la vez el problema de “lo mucho que hacen” (competencias impropias) con “lo poco que tienen” (financiación local, cumplimiento del articulo 142 CE). La manera ha sido bien sencilla: cada administración que haga lo que le corresponde (cada administración una competencia) y solo se puede hacer aquello para lo que hay financiación (véase el articulo 7  y 116 bis) de la LRBRL en su nueva redacción y el 28 de la misma norma que ha quedado sin contenido).
 
Impuestos y tasas locales
Con esta forma tan ramplona se viene a subvertir el orden constitucional de medios y fines. Porque claro, la financiación municipal, con nuestro sistema fiscal, depende en gran medida de las transferencias del Estado y las CCAA. Los recursos municipales (según el informe de fiscalización del TC de 2011) por impuestos alcanzan el 35 % y por tasas y otros ingresos el 16%. Por tanto, si no se dispone de financiación suficiente en los Ayuntamientos, sencillamente, no se está dando cumplimiento al mandato constitucional de que los pueblos y ciudades tengan autonomía.
 
 En otros niveles de la administración -Estado y CCAA- no se aplica a rajatabla esa máxima de hacer solo lo que se puede pagar, se acude al déficit y al endeudamiento. Sin embargo, la administración mas próxima a los ciudadanos, la que tiene que atender a las personas, solo puede hacer aquello que puede pagar. Si a esto se le añade que la financiación viene del Estado y, en menor medida, de las CCAA, resulta que solo podrán hacer los Ayuntamientos aquello que se les permita, quedando en un segundo plano la autonomía que garantiza la CE. Esta nueva forma de resolver la financiación local viene recogida en el nuevo apartado 4 del articulo 25 de la LRBRL.
 
La autonomía local se concreta en las leyes estatales y autonómicas, que atribuyen competencias concretas con respeto a la intervención municipal en la gestión de los intereses locales, tal como señalan la Carta Europea de Autonomía Local y la doctrina del Tribunal Constitucional. Ahora, con ocasión de esta Reforma Local, se dice que el legislador ha clarificado las competencias locales (propias y delegadas) en los nuevos artículos 25 a 27 de la LRBRL. Sin embargo, realmente solo el articulo 26 establece unas verdaderas bases del régimen local garantizando los servicios mínimos que en todo caso han de prestarse por los municipios dependiendo de su población.
 
 El artículo 25 habla de las competencias propias que podrán ejercer de un listado de materias en los términos que regulen las leyes sectoriales estatales y autonómicas. Pero no asegura nada, como no puede ser de otra manera, salvo lo dispuesto para las Diputaciones a las que me referiré. El artículo 27 regula aquellas que podrán ser objeto de delegación. Leer+