miércoles, 8 de marzo de 2017

Hacienda crea una comisión sectorial sobre transparencia con CC.AA, Ayuntamientos y sociedad civil

Actualidad 8 de Marzo. Julio González.- La Mujer en la Universidad


Revista de prensa. El Economista.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública acordó este lunes la constitución de una Comisión sectorial de Gobierno Abierto, tras reunirse con representantes de las Comunidades Autónomas con competencia en temas de Transparencia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En un comunicado, el departamento que dirige Cristóbal Montoro subraya que el objetivo de la misma es la elaboración del III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España para el periodo 2017-2019, que se presentará a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), en París, en el mes de junio.

Los planes de Gobierno Abierto persiguen unas administraciones públicas "más transparentes y participativas, que rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos".

Hoja de ruta
Para ello, se ha diseñado una hoja de ruta que garantice que dicho plan tenga un enfoque plural, contando con la participación de las distintas Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Autonómica y Local) y de la sociedad civil, maximizando la colaboración y el debate en su concepción y desarrollo.

En el diagnóstico y preparación del plan se contará también con organizaciones de la sociedad civil, representantes del mundo académico y universitario, así como asociaciones de consumidores y usuarios.

España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el año 2011 y ha participado activamente desde su adhesión, desarrollando dos planes de acción de Gobierno abierto que han permitido crear la Ley de Transparencia y el Portal de Transparencia, entre otras actuaciones.

martes, 7 de marzo de 2017

Hacienda accede a reunirse con los sindicatos para abordar la situación del personal interino

Los sindicatos de la función pública estiman una tasa de interinidad próxima al 25% en todo el sector público

Revista de prensa. Expansión.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública se reunirá esta semana, previsiblemente el martes, con los sindicatos para abordar la interinidad de los empleados públicos, según informaron fuentes de CSIF.

Al encuentro en principio acudiría por parte de Hacienda la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, tras la última reunión del pasado 14 de febrero, a la que asistió también el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y en la que hablaron con los sindicatos más representativos del sector público (CC.OO., UGT y CSIF) sobre el empleo público y las condiciones laborales de los tres millones de funcionarios y empleados públicos.
En ese encuentro, Montoro planteó a los sindicatos del sector público reactivar el diálogo con una negociación a tres años sobre condiciones laborales, aunque evitó concretar una revisión salarial a la espera de los Presupuestos de 2017 y su negociación, según explicaron los sindicatos.

De esta forma, las organizaciones sindicales podrían abordar con Hacienda en el encuentro de esta semana la sentencia europea que instaba a España equiparar la indemnización de los trabajadores interinos con la de los indefinidos, y las medidas a tomar sobre el análisis realizado por el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Empleo, que recomendó una indemnización por finalización de contrato de al menos 12 días para los interinos.

Plan para reducir el número de interinos
Por el momento, Hacienda está examinando con los sindicatos y las comunidades autónomas un plan, a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, con el que pretender reducir la temporalidad en el sector público haciendo fijos a los empleados públicos interinos de Educación y Sanidad, según informaron en fuentes ministeriales.

La Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que el sector público destruyó 14.600 empleos en 2016 y, según los sindicatos, el 35% de la plantilla del Sistema Nacional de Salud y el 25% de los profesores no universitarios son interinos. A nivel general estiman una tasa de interinidad próxima al 25% en todo el sector público.

La semana pasada el sector de Educación de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denunció que con la ausencia de oposiciones docentes este año se dejarán sin cubrir 50.000 plazas, por lo que pidió al Gobierno que apruebe un decreto ley para que, en el caso de que no haya Presupuestos en 2017, dé seguridad jurídica a las comunidades autónomas, que son las que convocan las plazas.

En cuanto al ámbito sanitario, fuentes de UGT indicaron que la temporalidad en el sector roza casi el 40%, alcanzando en algunas comunidades el 60%, como en el caso de Canarias, por lo que reclamaron la eliminación de la tasa de reposición.

En el marco de la Mesa de Negociación se constituyeron a finales del año pasado dos grupos de trabajo, uno con los sindicatos y otro con las comunidades autónomas. Así, tras producirse una primera reunión intermedia del grupo de trabajo se entregaron unos documentos a las organizaciones sindicales por parte del grupo de trabajo de las comunidades autónomas que contenía propuestas para reducir la temporalidad.

De esta forma, los sindicatos están trabajando para presentar próximamente sus alegaciones a dichas propuestas, que volverán al ámbito de la negociación y podrán consensuarse para alcanzar o no un acuerdo definitivo.

Mas plazas en los Ayuntamientos
Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel caballero, mantuvo la semana pasada una reunión con Collado, a la que pidió que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el 100%, como mecanismo para recuperar los puestos de trabajo perdidos por las limitaciones planteadas desde 2012 por la normativa de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.

Según la FEMP, la norma ha afectado especialmente al a Administración local, que desde 2012 hasta 2016 ha perdido casi 100.000 empleos, que representan una reducción del 15% de disminución de sus recursos humanos. En la Administración General de Estado (AGE) y en las comunidades autónomas los porcentajes de reducción han sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según sus cálculos.


Noticia relacionada. El Español.-Los sindicatos exigen a Hacienda una oferta extraordinaria para contratar a 350.000 funcionarios

lunes, 6 de marzo de 2017

Asesores, reglas de oro de un -discutido- oficio

De todos sus consejeros exigía Bismarck brevedad al hablar y sencillez al escribir” (E. Ludwig, Bismarck. Historia de un luchador, Barcelona, 1951, p. 425)

Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional.- Una de las figuras institucionales más desconocida y con peor imagen pública del panorama político español es, sin duda, la de asesor. Siempre he defendido –también en otras entradas de este Blog- la necesidad de que tanto los presidentes y gobiernos (de cualquier nivel) como los grupos parlamentarios (o grupos políticos locales), así como el resto de instituciones públicas, dispongan de una nómina de asesores que, como una suerte de “estado mayor”, refuercen la compleja actividad política, fortalezcan su discurso y doten de visión, estrategia y orientación a las diferentes personas que ejercen responsabilidades públicas de primer nivel. Sin embargo, el mal uso generalizado de esta figura pone las cosas difíciles a los que defendemos la imperiosa necesidad de su existencia.

En efecto, la figura de los asesores se utiliza con frecuencia por los partidos políticos para pagar servicios prestados o recolocar a quienes ya no se sabe dónde meter. También es muy frecuente este recurso para situar a jóvenes e inexpertas promesas en la parrilla de salida con el fin de que inicien un cursus honorum en política. Si bien, debo reconocer que no siempre es así: hay también casos de asesores con perfiles profesionales acreditados (y algunos de ellos han jugado papeles de notable relieve en la política), así como también hay asesores con experiencia y conocimientos en tales ámbitos. Pero no son la regla. Al menos, en algunos niveles de gobierno.

Esa tendencia choca con la existente en las democracias avanzadas, en las que el asesoramiento político se lleva a cabo por estructuras altamente cualificadas. Ser asesor de la Presidencia, de un Ministerio del gobierno central o de un nivel federal o local, requiere amplia experiencia o, cuando menos, sólidos y comprobados conocimientos. Es el salto que existe entre instituciones democráticas consolidadas y otras (como buena parte de las existentes en España) que se encuadran como una Administración pública –según recordara Fukuyama- de corte patrimonial o “personalizado” (Orden y decadencia de la política, Deusto, 2016). O, si se prefiere, como una expresión más de lo que Carlos Sebastián denominó también recientemente como el “Estado neopatrimonial” (España estancada. Por qué somos poco eficientes, Galaxia Gutenberg, 2016, p. 110).

Pero para enmarcar correctamente este tema, aunque sea remontarse en el tiempo, me quiero detener en la figura de Bismarck, pues  las reflexiones de este gran estadista sobre el papel de sus consejeros o asesores están marcadas de modernidad y representan una excelente síntesis sobre cuál su función en los procesos de decisión política. Sorprende, en primer lugar, que Bismarck (político conservador de honda huella) se rodeara incluso para tales tareas de asesoramiento de alguna persona proveniente de la bancada radical. También sorprende que, con una función pública tan profesionalizada como era la prusiana, viera la necesidad de dotarse de asesores personales. Realmente percibió con claridad que eran dos funciones distintas. Por ejemplo, uno de sus más sobresalientes asesores o consejeros fue Bucher, diputado radical, que huyó a Londres, donde vivió diez años de exilio. A su retorno, ya con cincuenta años y enorme experiencia, Bismarck “compró su excelente pluma”. Tal como se dijo, sus dotes de concisión lapidaria a la hora de utilizar la palabra o la letra se adaptaban perfectamente a las exigencias del canciller: el sentimentalismo al hablar y los superlativos al escribir estaban prohibidos.

El contexto de trabajo de los asesores era descrito perfectamente por Tiedemann (otro de sus asesores “favoritos”) como frenético: “Todo se hacía al galope, para ningún trabajo había el necesario sosiego, y hasta los más fuertes nervios se agotaban”. El autocontrol y un marco cognitivo experto ayudan en tan complejo medio de trabajo. Un “novel inexperto” o un “sénior quemado” no pueden dar lo que la política necesita en esos críticos momentos.

Bismarck dictó, al respecto, “tres reglas de oro” para el buen ejercicio de la función asesora:

1ª) Cuanto más breve sea la palabra tanto mayor es su efecto”.
2ª) “No hay asunto, por muy enredado que esté, cuya esencia no pueda entresacarse con pocas palabras”. Rechazaba por extensos los informes de cinco páginas.
3ª) Y, sobre proyectos de ley de larga extensión o complejidad, “se le tenía que informar en diez minutos, aunque la preparación costase horas de trabajo”.

Algunas de estas reglas forman parte hoy en día de la práctica ordinaria de algunos de los gabinetes de políticos y, también, están reflejadas en documentos del Senior Civil Service, donde se recomienda que los directivos “proporcionen (a sus ministros) información clara,  simple y concisa”. Son reglas de sentido común, por lo común poco ejercidas o, en su caso, de forma insuficiente o no con la destreza necesaria. Y eso es un hándicap para la propia política.

Profesionales
No obstante, detrás de esas “reglas de oro” está un largo proceso de formación previa y de experiencia de tales consejeros, del que se nutre inteligentemente el político para adoptar medidas o tomar decisiones críticas que den respuesta a los problemas efectivos que se hayan de resolver. Para lograr esos objetivos (no se olvide) “políticos”, se necesitan asesores con largo trazado profesional y excelentes cualidades en el uso de la comunicación, especialmente escrita. Eso no lo puede hacer un recién llegado ni tampoco quien se le ha ubicado en ese lugar porque no hay otro sitio donde se le pueda colocar. Tampoco sirven los “gabinetes de comunicación”, pensados para otra cosa: ensalzar o publicitar la personalidad del líder y la acción de gobierno. Esos gabinetes, por lo común, no trabajan proyectos legislativos, tampoco atienden los requerimientos parlamentarios, ni piensan escenarios o consecuencias. No es su función, ni las personas que los componen tienen, en principio, conocimientos para ello.

Sin asesores políticos de verdad, el político está huérfano o en la soledad más absoluta o, peor aún, ayuno de ideas y de discurso. En el duro y complicado mundo de la política –conforme también señaló Bismarck, “cada hombre debe hacerse a sí mismo”, pero el apoyo de determinados consejeros es también parte de su éxito. Pues, de lo contrario, aislado y sin relato, el político transita como alma en pena por el mandato; publicitando banalidades o promesas vacuas. Dicho en términos más llanos: “vendiendo peines”. Algo que prolifera por doquier.

Tal vez sería oportuno que nuestros gobernantes –si no lo aplican ya- algo aprendieran de estas reglas “de oro” antes citadas y, sobre todo, fueran capaces de una vez por todas de  rodearse  de personas idóneas (y no de “palmeros”, aduladores o “amigos del partido”) para ejercer esa importante función.  Lo dijo hace varios siglos –sin irnos más lejos- el valenciano Furió i Ceriol (El Concejo y los Consejeros del príncipe, Tecnos, 1993):   “Por ninguna manera del mundo se elija a un ‘consejero’ sin que haga primero examen de su habilidad y suficiencia”. Algo elemental. Sorprende que la miopía política imperante en la actualidad lo ignore de forma tan supina en gran parte de los casos, pues no solo sería bueno para ellos (los políticos) y sus partidos, sino también para las propias instituciones y para la ciudadanía.

Todo es cuestión, sin duda, de percepciones. Y probablemente la (mala) política piense que ningún daño real le hacen tales asesores que no asesoran, pues son inocuos para sus fines reales y calman las ansias de puestos públicos de sus clientelas. O, como narraba magistralmente Galdós (pues poco, al parecer, hemos aprendido desde entonces), con el reparto de tales nombramientos o “credenciales” se lograba satisfacer, así, a algunos de “los innumerables pretendientes, que se alzaban sobre las puntas de los pies y alargaban los brazos para alcanzar más pronto la felicidad” (Episodios Nacionales. O’Donnell, Alianza/Hernando, 1979, p. 21).


Pero, insisto, esas discutibles prácticas olvidan las nefastas consecuencias que pueden tener tales nombramientos, también para los propios políticos. Una excelente reflexión del insuperable Montaigne nos sirve de cierre: “No siempre se cae uno de las alturas; las hay de las que se puede descender sin caer” (Ensayos, Crítica, 2003, p. 887). Quizás esto último les haga pensar. Bueno sería.

sábado, 4 de marzo de 2017

Novedad editorial: Vademécum de oposiciones y concursos

La segunda parte se ocupa de la valoración del mérito y la capacidad

Por José Ramón Chaves .Blog DeLa Justica.com.- Ya lo tengo en la mano y me emociona por su tacto y contenido. Sé que resulta pretencioso pero mi último libro recién horneado se titula así: Vademécum de oposiciones y concursos (Ed. Amarante, 2017), aunque el subtítulo lo precisa: “Control jurisprudencial de la discrecionalidad técnica, los errores y los abusos de los procedimientos selectivos”.

Hace siete años publiqué el Control de concursos y oposiciones en la jurisprudencia (Reus, 2009) y desde entonces los avances en la transparencia, igualdad y juego limpio de las oposiciones han sido brutales y merecía la pena realizar una labor de rastreo, expurgo y comentario de jurisprudencia para facilitar la pronta localización de la respuesta a la duda sobre la legalidad y acierto del proceso selectivo.

Pero por favor, asómense a la contraportada y al índice…

La contraportada resume el contenido de esta nueva obra:
La aplicación de los principios constitucionales que rigen oposiciones y concursos (publicidad, igualdad, mérito y capacidad) ha generado tensiones entre autoridades tribunales calificadores, sindicatos y aspirantes que han propiciado errores, irregularidades e incluso perversiones.

La última década ha experimentado una valiente expansión del control jurisdiccional encabezado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que ha velado por la igualdad, imparcialidad y la sana competitividad, para lo cual ha recortado con firmeza la todopoderosa discrecionalidad técnica, esto es, la clásica facultad de los tribunales calificadores para valorar con casi soberano criterio méritos y capacidades.

Los criterios jurisprudenciales de control, sistematizados y actualizados, son expuestos en esta obra en cuatro bloques. La primera parte aborda la vertiente organizativa: marco legal, ofertas de empleo, relaciones de puestos de trabajo y tribunales calificadores. La segunda parte se ocupa de la valoración del mérito y la capacidad: elementos reglados, motivación y vías de control de la discrecionalidad técnica. A la tercera parte le corresponde analizar los principios reguladores (vinculación de las bases, igualdad de oportunidades, subsanabilidad, transparencia, etc). Y por último, se exponen las garantías jurisdiccionales: legitimación, pruebas, ejecución de sentencias, etc.

En suma, un Vademécum o compendio de la jurisprudencia fundamental sobre concursos y oposiciones. Una útil herramienta para opositores, funcionarios y trabajadores, o sus representantes, así como para miembros de comisiones de selección, y como no, para los letrados públicos y el común de los abogados.

Prólogo
El calificativo de Vademécum se explica por el índice, y cuenta con un extraordinario prólogo del Catedrático de Derecho administrativo, Juan Francisco Mestre Delgado, donde ofrece sus propias claves del mundo selectivo.

Además está primorosamente publicado, suave al tacto, portada plastificada, diseño increíble, fácil lectura, tipografía espléndida, tamaño ajustado (486 páginas) y un precio excelente (40 euros: el hallazgo en el libro de una sola sentencia o comentario útil creo que puede ahorrar horas y energías, resolviendo dudas y amortizando sobradamente la adquisición del libro).


Y puede adquirirse a golpe de click y en 48 horas en el domicilio, o solicitándolo en las librerías para que lo pidan a Editorial Amarante (en el caso de Oviedo, la librería Cervantes Calle Dr. Casal, 9, telf. 985 20 77 61, cuenta con ejemplares disponibles para hojear y si gusta, comprar). ¡Ah, para disipar dudas, los beneficios de la obra irán para una justa causa!

viernes, 3 de marzo de 2017

Estratégias para la implantación de la Administración Electrónica en los Ayuntamientos

"Es posible implantar el procedimiento/funcionamiento electrónico en cualquier organización pública, y no se acaba el mundo por hacerlo"

Por Víctor Almonacid.- Aunque sigue siendo complejo (y multifacético), podemos afirmar sin duda alguna que en este momento es más sencillo implantar un funcionamiento electrónico de la administración local que hace 10 ó 15 años, cuando empezamos algunos.

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Obviamente influye el hecho de que resulta más fácil seguir el sendero de los primeros exploradores que ser el gran Miguel de la Quadra-Salcedo abriéndose paso por el Amazonas. Hay errores que no se van a volver a cometer, hay resistencias al cambio que ya no se van a producir… Dificultades que a principios de siglo “nos comimos con patatas”.


Pero puede que el principal motivo de esta ventaja actual, sin perjuicio de las competencias “facilitadoras” de las Diputaciones, Cabildos y Consejos, y de la ayuda de la FEMP, es que el Estado proporciona, por fin, una serie de herramientas, de modo que para el cumplimiento de las previsiones legales (básicamente de las leyes 39 y 40 de 2015), un Ayuntamiento puede adherirse o utilizar los servicios recogidos en el Catálogo de Servicios de la Administración DigitalCatálogo de Servicios de la Administración Digital, especialmente los siguientes:

-Punto de Acceso General (PAG)
-Carpeta Ciudadana
-Cl@ve: Sistema de identificación electrónica
-Apoder@: Registro electrónico de apoderamientos (REA)
-Habilit@: Registro de funcionarios habilitados
-GEISER / ORVE / SIR: Solución de registro electrónico
-Inside y Archive: Documento, expediente y archivo electrónico
-Plataforma de Intermediación de Datos (PID)
-Notific@: Notificaciones electrónicas
-SIA: Sistema de información administrativa

En esta línea, el Centro de Transferencia de Tecnología ‐ CTT, publica un directorio general de aplicaciones o/y soluciones cuyo objetivo es favorecer la reutilización por todas las AAPP.  Se trata de un servicio estatal donde se publica un directorio general de aplicaciones o/y soluciones cuyo objetivo es favorecer su reutilización por todas las Administraciones Públicas. Es posible encontrar soluciones (proyectos, servicios, normativa, activos semánticos, etc.) útiles para el desarrollo de la Administración electrónica. El entorno CTT‐PAe o directorio de soluciones del CTT, es el lugar indicado para encontrar una solución, proyecto o/y servicio para reutilizar en tu administración y contiene la información divulgativa sobre su uso. El CTT es la respuesta al mandato del artículo 158 de la LRJ y del artículo 17 del Reglamento del ENI. El CTT es el directorio general de aplicaciones que tiene por objeto su reutilización en la Administración General del Estado, e interopera con los directorios establecidos por otras Administraciones Públicas.


Para instrumentar esta posibilidad, el PAe (Portal de la
Administración electrónica) tiene a disposición del público los Convenios de colaboración en materia de Administración electrónica. Por tanto, un mecanismo más sencillo que formalizar un cúmulo de Convenios entre cada Ayuntamiento y la AGE, es el de la adhesión directa de la Entidad Local al Convenio ya suscrito entre la AGE y la CCAA donde se ubica.

Por último queremos compartir el siguiente cuadro-propuesta de integración que hemos elaborado en COSITAL Valencia (principalmente César Herrero): Leer+

jueves, 2 de marzo de 2017

Julio González: ¿Contratos públicos transparentes?


"Pese a los avances habidos desde nuestra incorporación a la Unión Europea en 1986, la situación de los contratos públicos en España dista mucho de ser satisfactoria"
Por Julio González García.  Blog Globalspoliticsandlaw. ¿Contratos públicos transparentes? Una de las partidas de mayor gasto público es la referida a la contratación de bienes y servicios por parte de las entidades del sector público. Una mínima exigencia de buena gestión, el cumplimiento de los principios de eficacia en el actuar administrativa y de eficiencia en el gasto público harían que el régimen jurídico de los contratos y su aplicación fueran claros, transparentes. Las cosas no son, sin embargo, como deberían ser.
1.- ¿Cumple España con la normativa europea de contratación pública? NO.
La normativa de contratación pública tiene su origen en las disposiciones que aprueba la Unión Europea. En el año 2014 se aprobó el último gran paquete de Directivas europeas de contratación pública que debería haber sido incorporadas al derecho español en abril de 2016, mediante la aprobación de la ley que derogase la actual Ley de Contratos del Sector Público de 2011.
En la legislatura a las elecciones de diciembre de 2015 y a pesar de la abundancia de normas que se llevaron al Parlamento, el Gobierno no ha sido capaz ni de presentar un Proyecto de Ley en el parlamento, quedándonos en un Anteproyecto. El Proyecto de Ley que presentó el Gobierno en diciembre de 2016 sigue incurriendo en múltiples problemas, especialmente en lo referente a los contratos de los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, que suponen más del 50% de la contratación pública en nuestro país.
2.- ¿Tienen todos los contratos públicos el mismo régimen jurídico? NO.
En el sector público hay numerosos tipos de entidades que aplican de forma diferente el régimen jurídico de los contratos. Hay cálculos que señalan que el núcleo central de las Administraciones Públicas, las que aplican la ley de contratos en su integridad, son responsables de menos de la mitad del gasto en contratación . La multiplicidad de tipos de entidades públicas encuentra su razón de ser, entre otros aspectos, en la huida del Derecho público de la contratación.
De hecho, uno de los elementos que es más relevantes, el precio, determina que haya contratos sometidos total o parcialmente a la ley de contratos dependiendo de la entidad que lo adjudique, lo que da lugar en multitud de ocasiones al troceamiento del objeto del contrato para conseguir un régimen jurídico más flexible..
ACUAMED
3.- ¿Tienen todos los contratos públicos el mismo régimen de intervención –control a priori- y de control a posteriori? NO.
Uno de los problemas más acuciantes que existen, responsable por ejemplo de la aparente corrupción de ACUAMED (sociedad estatal de obras hidráulicas) es que ni el control a priori ni el control a posteriori de los contratos públicos es exhaustivo.
Así, En relación con la fase inicial, de las tres posibilidades de actividad de intervención se produce una notable reducción del control: ni hay función interventora, ni existe control económico financiero permanente y sólo existe auditoria pública, que no es preventivo ya que se hace a posteriori. Y además sólo se tendrá que producir en los casos en los que se incorpore en el Plan de Auditoria.
Con respecto a la fiscalización a posteriori del Tribunal de Cuentas, tampoco es imprescindible en los casos de sociedades estatales sino que se producirá únicamente en los supuestos en los que se haya incurrido en el Programa de Fiscalización.
4.- ¿Cumplen todas las Administraciones públicas con la obligación de publicar sus procedimientos de contratación en una plataforma común? NO
Los estudios que han hecho Transparencia Internacional-España y el Observatorio de Contratos Públicos muestran que la mayor parte de las Administraciones públicas españolas no cumplen con la obligación legal contenida en la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Recogiendo las palabras del último estudio, “en la actualidad son sólo 33 de los 110 grandes Ayuntamientos los que tienen en cuenta esta normativa legal sobre contratos, o lo que es lo mismo el 30% de los Ayuntamientos cumplen la ley. TI-España ha opinado que resulta significativo que grandes Ayuntamientos como los de Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla incumplan esta normativa legal.
5.- ¿Existe alguna otra gran deficiencia en la transparencia de los contratos públicos? SI 
Las modificaciones de los contratos públicos tienen una larga tradición en nuestra práctica administrativa, que puede alterar en múltiples ocasiones el propio resultado de la contratación pública. La tesis doctoral leída por Codina en la UCM recientemente muestra la siguiente realidad de las modificaciones de los contratos: “conocer con exactitud la situación real del problema es muy complicado, por no decir imposible. Si en materia de publicidad en la adjudicación se ha avanzado mucho en los últimos veinte años, no se puede decir lo mismo de la ejecución y particularmente la modificación del contrato. Las resoluciones del Consejo de Estado, de la Junta Consultiva, del Tribunal de Cuentas, de los Tribunales de recursos contractuales y de los Tribunales ordinarios permiten dar por sentado que estamos ante un fenómeno extendido, pero a la vez se tiene la sensación de estar sólo ante la punta de un iceberg que alcanza lo más profundo de la contratación pública”.

Como se puede apreciar, pese a los avances habidos desde nuestra incorporación a la Unión Europea en 1986, la situación de los contratos públicos en España dista mucho de ser satisfactoria. La transparencia no es un prurito sino que es un instrumento básico para garantizar un buen uso de los recursos públicos. En España tenemos que recorrer todavía un largo camino.
*Este artículo ha sido publicado previamente en Bez.es

miércoles, 1 de marzo de 2017

La FEMP exige mejor financiación y contratar personal

Noticia relacionada. El diario.es.- ¿Cómo puede solucionar el Gobierno la situación de los 400.000 empleados públicos temporales?
Revista de prensa. El Español.- “Llevamos más de un cuarto de siglo esperando y no vamos a esperar más”. Con estas palabras los alcaldes demuestran que están preparados para pasar a la acción. La cita es de Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo.
 
Cristobal Montoro y Antonio Beteta, los máximos responsables
del gobierno hacía donde se concretan las
 demandas de la FEMP.
El martes se reunió la Junta de la Federación con el objetivo de pasar a la acción. Los ayuntamientos han sido la Administración que más se ha apretado el cinturón durante la crisis, hasta el punto de que tienen un superávit de 4.000 millones de euros (en gran medida gracias al buen ritmo de sus ingresos), han cumplido los objetivos de deuda de 2021 y cuentan con unos ahorros que superan los 15.000 millones.

Durante la crisis han aceptado los recortes y las limitaciones de gasto impuestas desde el Ministerio de Hacienda, pero ahora exigen participar de la recuperación económica. “No vamos a esperar más, queremos una solución” y advierte “vamos en serio”. La FEMP espera avances importantes para este año, pero si no se consiguen, anuncia que convocará una asamblea extraordinaria en la que participarán 8.125 alcaldes y presidentes de diputaciones para adoptar decisiones unilaterales.

Una asamblea con más de 8.000 alcaldes tiene autonomía para tomar decisiones y también para adoptar recomendaciones para la Administración Central y las comunidades autónomas”, señaló el martes Caballero. Todavía no hay fechas previstas en el calendario, pero la voluntad de la FEMP es que los acontecimientos se vayan precipitando durante los próximos meses si no hay avances.

Demandas
La FEMP exige al Gobierno negociar la nueva financiación autonómica por la que llevan “esperando más de un cuarto de siglo”. Sin embargo, no es la financiación lo que más preocupa a los alcaldes, sino cómo poder gastar el dinero que recaudan cada año. El superávit de los ayuntamientos en 2016 volvió a situarse en el entorno de los 4.000 millones de euros (todavía no hay dato del cierre del año).

Si los municipios ahorran tanto cada año no es porque no quieran gastar, es porque no pueden, por eso exigen al Ministerio de Hacienda una modificación en la regla de gasto para que puedan utilizar su superávit. El ministro Cristóbal Montoro prometió a los ayuntamientos la creación de un grupo de trabajo a cuatro bandas, con el Gobierno, las autonomías, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para analizar una modificación de esta regla de gasto, pero todavía siguen esperando.

Esta normativa prohíbe que las distintas administraciones aumenten su gasto por encima del crecimiento potencial de la economía española. En 2016 se estableció en el 1,8%, lo que significaba que las administraciones no podían elevar su gasto corriente más de este nivel. Los ayuntamientos se quejan de que sus ingresos están creciendo a un ritmo superior, lo que les obliga a ahorrar y les impide aprovechar estos recursos para elevar el gasto público.

La FEMP exige también una nueva normativa que les permita utilizar este superávit si no se modifica la regla de gasto, pero es pesimista con que pueda solucionarse para este año. Caballero cree que cualquier cambio que se produzca no llegará antes de junio, por lo que su aplicación práctica ya se retrasará hasta 2018.

"No queremos regalar 4.000 millones ni al Estado, ni a las comunidades autónomas, ni a la Seguridad Social"
Los ayuntamientos no quieren que su superávit se convierta en un mecanismo para que el conjunto de las Administraciones Públicas cumplan con las exigencias de déficit de Bruselas, que es precisamente con lo que cuenta Montoro. En el Plan presupuestario enviado a la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda señalaba que los 4.000 millones de superávit previsto para las corporaciones locales servirá para cuadrar el déficit por debajo del 3,1% del PIB acordado para este año.

Al controlar el gasto de los ayuntamientos, Montoro gana margen para el resto de Administraciones. Pero Caballero ya advirtió el martes que los alcaldes “no quieren regalar 4.000 millones de euro al Estado, las comunidades autónomas ni la Seguridad Social”. Y advirtió, “estamos en un momento distinto, vamos a por todas”.

Ampliar plantillas
Por último, los ayuntamientos exigen a Hacienda que en los próximos años puedan recuperar el número de funcionarios que tenían antes de la crisis. Desde 2011 el número de funcionarios de la Administración General se ha reducido en 68.000 efectivos y el de las autonomías, en 49.700 efectivos. En este tiempo los ayuntamientos han perdido 99.000 funcionarios, casi lo mismo que las otras dos Administraciones juntas.

La FEMP exige que las corporaciones locales puedan recuperar el número de funcionarios que han perdido y, para ello, el primer paso es dejar de perder efectivos. Por ese motivo pide al Gobierno que permita elevar la tasa de reposición hasta el 100%, para que cada funcionario que salga tenga un sustituto.


Caballero es consciente de que el empleo ha cambiado en este tiempo y que muchos funcionarios ya no podrían realizar el mismo trabajo que hacían hace un lustro. Por ese motivo pide que las futuras contrataciones sirvan para “adaptarse a las necesidades de la modernidad”.