Revista de prensa. Por Juande Portillo.- Cinco Días.- La negociación abierta entre el Ministerio de Hacienda y
los ayuntamientos españoles para tratar de diseñar una
fórmula que permita a estos reinvertir sus superávits para responder a la
crisis del coronavirus ha llegado a un punto crítico. Aunque el pacto se
esperaba para el viernes de la semana anterior, la división que la negociación
ha provocado entre los alcaldes ha dejado en el aire la posibilidad de un
acuerdo. Para tratar de reconducir la situación, Hacienda acaba de presentar
una nueva propuesta, a la que ha tenido acceso este diario, que ofrece la
suspensión de la regla de gasto local durante 2020. Pese a ello, el pacto
parece seguir lejano.
Eliminar el corsé de la regla de gasto este ejercicio es la
guinda que el Ministerio que dirige María Jesús Montero ha añadido a la
propuesta que viene negociando en las últimas semanas con la cúpula de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero no altera el planteamiento central: la fórmula diseñada para liberar
los cuantiosos fondos que los ayuntamientos tienen depositados en la banca. El
problema de partida es que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la propia
Constitución Española, prohíben que los ayuntamientos incurran en déficit.
Algo que, a efectos contables, se produciría inevitablemente
en el caso de que este ejercicio los entes locales gastasen los remanentes
acumulados de años de superávits sin compensar semejante inversión con nuevos
ingresos por el mismo volumen. Para sortear este obstáculo, y permitir la
reinversión de unos 14.000 millones de euros, la fórmula ideada pasa porque los
ayuntamientos que así lo deseen adelanten todo ese dinero al Estado en forma de
préstamo a bajo coste y que la Administración Central les transfiera ingresos
no financieros por la misma cuantía. Esta inyección, sin embargo, se realizaría
de forma progresiva. Hacienda les aportaría hasta un 35% de los fondos
recibidos, por un máximo de 5.000 millones, entre 2020 (hasta 2.000 millones) y
2021 (otros 3.000), mientras que el resto sería devuelto en 10 años. Como
resultado, eso sí, la administración central generará más déficit.
Negociación
“Seguimos con las conversaciones”, reveló el viernes el
presidente de FEMP, el socialista Abel Caballero, quien defendió que “el
planteamiento de Hacienda es muy bueno para las entidades locales”. En su
intervención desde el Concello de Vigo, ciudad de la que es alcalde, Caballero
recordó que “en la actualidad, los Gobiernos Locales no pueden usar sus
remanentes y, en este marco, la propuesta del Ministerio permite el uso de una
parte de éstos, de forma inmediata y sin que compute el déficit”. “Pasamos de
una ley que no nos dejaba utilizar” los remanentes, resumió Caballero
defendiendo el acuerdo, “a una propuesta en la que el Gobierno asume el déficit
y nosotros podemos usarlos”.
“Se trata de una propuesta del Gobierno muy asumible por
parte de las entidades locales”, culminó diciendo Caballero, que subraya que
además Hacienda ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los ayuntamientos
se beneficien también del nuevo fondo de recuperación acordado en la cumbre
comunitaria de la última semana. El documento, sin embargo, no cuantifica que
asignación podrían llegar a percibir.
Para los alcaldes del PP, sin embargo, la suspensión de la
regla de gasto no es ninguna gran concesión, pues dan por hecho que dada la
crisis desatada por el coronavirus, ninguna administración iba a cumplir los
objetivos marcados. Es más, los alcaldes del PP reclaman a Hacienda que plantee
la extensión de esta medida al año 2021. En declaraciones a Efe este viernes,
el portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, pidió que la negociación se abra a
todos los partidos políticos, porque, si ésta es la propuesta última de
Hacienda, “es inaceptable”.
Pero, más allá de la oposición de los populares, el problema
para el acuerdo es que tampoco los alcaldes de Unidas Podemos, Ciudadanos o los
nacionalistas catalanes ven con buenos ojos una propuesta que obliga a los
municipios a adelantar al Gobierno toda la liquidez de la que disponen para
recuperarla luego gradualmente y limitando los campos en los que pueden
reinvertirla. En concreto, los fondos podrán destinarse a peatonalizar calles,
construir carriles bicis, mejorar la oferta de alquiler, asistir a
dependientes, la limpieza de aguas, el fomento de la cultura o la educación de
cero a tres años, entre otros pocos objetivos concretos.
La FEMP reunirá a su junta ordinaria el martes, pero ya
avanza que no votará entonces la propuesta, que se espera llevar más
consensuada a una convocatoria extraordinaria.
MÁS INFORMACIÓN:
