Revista de prensa. Andrés Betancor. El Mundo .- El poder público tiene una fuente, la soberanía nacional (artículo 1.2 Constitución), se ejerce conforme a la Ley (art. 9 CE) y sirve a un objetivo: el interés general (art. 103 CE). Así debería ser. Sin embargo, el poder puede ser ilegal, arbitrario y abusivo; en pocas ocasiones estas tres características se suman, fruto de una concepción (política) que admite su servicio a los intereses particulares del gobernante y a los de su partido.
La utilización por el presidente Pedro Sánchez del
avión oficial para asistir a un concierto del Festival de Benicàssim es la
muestra más descarnada, pero no la más relevante. Siguiendo la tradición del
bipartidismo, el Gobierno está procediendo al nombramiento de altos cargos
entre los acólitos sin atender a un criterio mínimo de razonabilidad: reunir
los méritos y la experiencia adecuados a las tareas a desempeñar.
Correos
Desde la toma de posesión de Sánchez, el Boletín Oficial del
Estado (BOE) ha publicado el nombramiento de más de 275 altos cargos. A
éstos habría que añadir los que no se publican en el BOE, como los presidentes
y directores de entidades y de empresas del denominado sector público
empresarial que son designados, siguiendo las indicaciones del Gobierno, por
sus propios órganos de dirección. La relevancia de estos nombramientos es
incuestionable. El daño que puede hacer, por ejemplo, el Director
General del Libro, no es equivalente al de la mala elección de un presidente de
una sociedad que factura miles de millones y cuenta con miles de empleados.
Sólo las empresas del grupo Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) facturan casi 4.000 millones y cuentan con 73.000 empleados; Correos,
una de las integrantes del grupo, factura más de 1.600 millones y tiene 50.000
empleados.
Según el Inventario de Entes del Sector Público Estatal,
dependen de la Administración General del Estado, en el denominado sector
público empresarial, 144 sociedades y 13 entidades públicas empresariales. Si
nos centramos de forma concreta en los nombramientos más escandalosos, por
ejemplo, en las empresas de la SEPI, los nuevos presidentes de Correos,
Navantia, Enusa, Saeca, Cetarsa, entre otros, no cuentan, según los currículos
facilitados, con méritos y experiencia relacionados con la actividad de la
empresa. No parece razonable pasar de jefe de gabinete del secretario
general del PSOE a la presidencia de la más importante empresa española de
transporte de correspondencia y mensajería; de los incendios forestales a la
construcción de buques; de la vocalía de una fundación municipal (además
investigada por irregularidades) al combustible nuclear; de la formación
marítima a los seguros agrarios; de la cooperación al desarrollo al tabaco... Y
no son los únicos casos. Entre las entidades públicas empresariales, el nuevo
presidente de Paradores sólo puede mostrar su experiencia política, como el de
Seacsa (promoción cultural); y el de Sasemar (salvamento marítimo), siendo
generosos, con el transporte terrestre.
Con todo, lo más sobresaliente no es la ausencia de
formación y experiencia en el sector de actividad; sino en la gestión
empresarial. Probablemente, no han visto un balance en su vida. Con este
requisito en la mano, la lista podría incrementarse sustancialmente. Tener
conocimiento en el ámbito correspondiente, no los convierte en unos gestores
competentes.
No pongo en duda la cualificación de los nombrados; pero
falta la única realmente relevante: la adecuada al puesto para el que han sido
escogidos. Todos o casi todos tienen en común el mérito político. Se ha
calculado que el 44% de la Ejecutiva federal del PSOE ha sido nombrado para
ocupar cargos en la Administración. El mérito político conduce a resultados
como pasar de movimientos sociales al salvamento marítimo (Sasemar).
Idoneidad para alto cargo
La Ley exige que "el nombramiento de los altos cargos
se hará entre personas idóneas... Son idóneos quienes reúnen honorabilidad
y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que
vayan a desempeñar" (art. 2 Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado). Y se añade, "en la
valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos
adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a
la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos
desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para
el que se le nombra".
No es una regla perfecta porque falla la pieza esencial: un
controlador adecuado, o sea, independiente. El citado artículo dispone que
"la idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra
al alto cargo". O sea, quienes proponen y nombran son los que asumen la
tarea de verificar el cumplimiento del requisito de idoneidad. Y, en caso
de falseamiento o incumplimiento, se considerará infracción muy grave. En tal
caso, ¿quién sanciona? El Consejo de Ministros, o sea, el órgano en el que se
sientan el presidente y los ministros responsables, en última instancia, de lo
que sucede. Al final, sólo podrá corregirse en vía judicial. Otra vez más son
los tribunales la última trinchera del Estado de derecho. No tendría que ser
así. Debería existir un procedimiento previo de verificación para impedir, al
menos, los casos más escandalosos.
Reclamando regeneración...pero solo desde la oposición
Es otro rasgo, lamentable, del bipartidismo. Se alcanza
el poder reclamando "regeneración" hasta que se cruza el umbral de La
Moncloa. Una vez instalado, vence el impulso de premiar, con los cargos
públicos (y sus sueldos, algunos importantes), a los fieles. El poder y
sus prebendas son convertidas en patrimonio, cual botín, que repartir.
La falta de idoneidad es causa de mala gestión, la cual
ocasiona importantes pérdidas. El sector público es ineficiente porque está en
manos de incompetentes; y lo está porque la formación y la experiencia de los
directivos designados no son valoradas según las necesidades del puesto a
ocupar. No es un problema, sólo, de gestión, sino de gestores. Y la raíz está
en la discrecionalidad, sin control, que se les ofrece a los políticos
para nombrar a sus acólitos, con desprecio a los ciudadanos.
Las consecuencias van más allá de las meramente
económicas. M. Ignatieff, en su último libro (Virtudes cotidianas. El
orden moral en un mundo dividido) afirma que "el objetivo de una sociedad
liberal [como la nuestra] es crear leyes e instituciones que hagan que la
virtud sea cotidiana": buenas instituciones y buenas virtudes, el círculo
virtuoso del progreso. Las malas instituciones, en cambio, desalientan el
comportamiento virtuoso de los ciudadanos, lo que alimenta, en un proceso sin
fin, los peores defectos de los gobernantes como la inclinación al abuso. Lord
Acton proclamaba que todo poder tiende a corromper y que el poder absoluto
corrompe absolutamente. Son las instituciones las que evitan que se cumpla la
Ley de hierro de la oligarquía; la que arrastra, también, a los ciudadanos.
Porque "la virtud cotidiana en la vida privada depende de unas
instituciones públicas fiables" (Ignatieff).
Quiebra de legitimidad
La ilegalidad, la arbitrariedad y el abuso del poder
quiebran la legitimidad, la confianza y la seguridad en las instituciones; el
marco que hace posible la convivencia conforme a las aspiraciones de la
libertad. Los políticos, con comportamientos como el aquí expuesto, creen que
su conducta cínica e hipócrita, basada en la mentira, no tiene castigo. En el
fondo piensan que los ciudadanos, en las mismas circunstancias, harían lo
mismo. El cinismo y la hipocresía de unos alienta el de los otros. Se rompe el
círculo virtuoso; se va socavando la legitimidad de nuestras instituciones y
también la de nuestro modo de convivencia.
El griterío "regenerador" en la oposición, el
silencio en el Gobierno; el reparto del botín, sin complejos y sin
remordimiento, van resquebrajando la lucha contra la corrupción ("todos
son iguales") y la defensa de la igual dignidad de todos los
españoles. El desprecio hacia el ciudadano es devuelto con desprecio a la
Política, a los políticos y a las instituciones. El cinismo y la hipocresía se
convierten en ilegitimidad de las instituciones; si se empeñan en tratar a los
ciudadanos como niños a los que se puede engañar, éstos, a su vez, los tratarán
como niños. Y esta infantilización de la democracia sólo beneficia a los
corruptos, a los oportunistas y a los golpistas secesionistas.
*Andrés Betancor es catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra.
Otro post relacionado. El Español.- Luis Garicano. Sánchez o el retorno de la tribu de los kikuyos (El autor denuncia la política "tribal" de los partidos tradicionales consistente en, cada vez que hay un relevo en el Gobierno, repartir cargos entre los suyos con desprecio de la gestión)
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