La oposición y numerosos ayuntamientos han anunciado recursos a la Ley 27/2017, de 27 de diciembre, por su posible inconstitucionalidad al entender que limitará la autonomía local.
Ver cuadro comparativo. MC Consulting
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LB.- En el BOE del penúltimo día del año 2013 aparece publicada la reforma local, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una amplia enmienda -además de controvertida- a la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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| Sede de la diputación foral de Álava |
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre conllevará cambios en la gestión local, especialmente en los municipios pequeños, que serán auxiliados por las ya anacrónicas diputaciones provinciales, o en aquellos otros que tengan una economía precaria. Estos últimos tendrán que ser más rigurosos con las cuentas y limitar su campo de actuación, que les restará maniobra política.
Por lo demás, los cambios no serán muy radicales para los municipios que tengan una economía saneada ya que podrán seguir gestionando tanto las competencias propias como las impropias o "suplementarias", que dan más juego político.
Gestión amateur
En todo caso, la nueva reforma local no aborda de forma decidida los problemas de los municipios españoles, (8.045, pero la mayoría de escasa población y por tanto inviables), gestionados de forma muy "amateur" por la falta de directivos profesionales, que actualmente son suplantados por los políticos electos liberados -alcalde y concejales- y su entorno más cercano, formado por personal eventual y empleados públicos nombrados bajo la fórmula tan discrecional de la libre designación. En definitiva, el amiguismo español de siempre que aún se mantiene a pesar de lo alejado que está de otros modelos de gestión más modernos y eficaces.
Aunque la norma entre en vigor, no parece que su futuro sea muy pacífico. Tampoco ha sido su tramitación parlamentaria. Los grupos de la oposición, salvo el PNV, que votó a favor la ley tras acordar con el PP algunos aspectos que respetan la singularidad local vasca, han anunciado recursos por invadir la autonomía local y por el riesgo que conlleva de desmantelamiento de los servicios sociales, muy consolidados en el mundo local. Los gobiernos autonómicos tampoco han mostrado mucho entusiasmo al tener que asumir competencias para las que no cuentan con financiación económica.
En los próximos días daremos cuenta de algunos de los numerosos comentarios que seguramente generará la publicación de esta ley.
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Sin lugar a dudas esta Ley es polémica y va a provocar muchos dolores de cabeza a quien vaya a intentar desarrollarla.
ResponderEliminarMI interés en el tema es un poco tangencial ya que gestiono un portal de internet que trata sobre residencias para personass mayores en España, y me interesa en el futuro de las residencias y los servicios de ayuda a domicilio para dependientes (ya sean discapacitados, mayores o de otros colectivos) de titularidad municipal que pueden verse afectados por el cambio en las competencias.
Relacionado con ello, y después de haber participado en un curso, acabo de publicar en mi blog una entrada sobre la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, llamada pomposamente, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y su repercusión en los servicios sociales. Se lo envío por si es de su interés o del de alguien que visite este blog.