La equiparación de permisos de paternidad y maternidad y su impacto en la desigualdad de género en el empleo en España

"Si se pretende avanzar en una nueva extensión de los permisos de maternidad y paternidad creemos que debería hacerse permitiendo únicamente la simultaneidad de las bajas en las primeras 6 semanas, pero no más adelante, tal y como se permite en la actualidad. Esto fomentaría una mayor implicación por parte de los padres en los cuidados del recién nacido"

Por Imanol Lizarraga y Lucía Gorjón.  Nada es Gratis blog. La llegada de las/os hijas/os sigue siendo un acontecimiento central para explicar las brechas de género en el mercado laboral. En anteriores entradas de NeG se evidenció la penalización laboral que la maternidad supone para la mujer en España. A nivel internacional, estudios académicos (por ejemplo, aquí) mostraron que esta problemática se extiende a países con diferentes características y políticas de familia.

En cuanto a las políticas, los permisos de maternidad y paternidad han sido los instrumentos tradicionalmente más populares para conciliar las responsabilidades familiares con la vida laboral, evitando así que las madres abandonen su carrera profesional. Sin embargo, un énfasis excesivo en las mujeres y la presencia de permisos asimétricos podrían haber tenido un impacto negativo en los esfuerzos por cerrar la brecha de género (aquí).

La equiparación de permisos de paternidad y maternidad en España en enero de 2021 –que sitúa a nuestro país como pionero a nivel mundial– nos ha permitido explotar este “experimento natural” inédito. Como se muestra en la Figura 1, esta reforma ha sido el final en un acercamiento progresivo de los permisos de padres y madres hasta las 16 semanas (las 6 primeras obligatorias y simultáneas, las restantes a elección durante el primer año del recién nacido). La novedad de esta reforma, en comparación con la normativa de los países del entorno, es que se trata de periodos intransferibles, take-it-or-leave-it.

Tres años más tarde, a principios de 2024, el gobierno ha prometido continuar con la ampliación de los permisos de ambos progenitores, pasando de 16 a 20 semanas (aquí). Libertad González, en un post anterior de NeG, ya planteó el debate sobre la conveniencia de esta política. Con intención de aportar evidencia empírica sobre la que basar decisiones políticas tan relevantes es necesario realizar evaluaciones de impacto rigurosas, precisamente el objetivo que pretendíamos cumplir desde ISEAK con la evaluación de la reforma de 2021.

Para ello hemos utilizado la última ola disponible de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), con datos hasta diciembre de 2022. Esta base de datos recoge los registros de la Seguridad Social de un 4% representativo de la población española, además de información de sus convivientes, como el mes y año de nacimiento. Por tanto, la MCVL nos permite identificar a las madres y los padres con empleo asalariado que tienen a su hija/o justo antes de la reforma (hasta diciembre de 2020) –grupo de control– o justo después (desde enero de 2021) –grupo de tratamiento–. Además, se dispone de información detallada tanto sobre su situación laboral previa al nacimiento, como de la posterior.

Para la evaluación de la igualación de permisos hacemos uso de una metodología ampliamente utilizada para evaluar este tipo de políticas (aquí, aquí y aquí), el Diseño de Discontinuidad en la Regresión (o RDD por sus siglas en inglés). Esta metodología se apoya en la hipótesis de que la entrada en vigor de la reforma funciona como un experimento natural y los grupos de madres y padres que pertenecen al grupo de tratamiento o al grupo de control lo hacen de forma cuasi-aleatoria, puesto que no eligen de manera intencionada que su bebé nazca justamente antes o después de la reforma. Tras una serie de test de robustez, confirmamos que esta técnica es válida para nuestro análisis.

De cara a medir los efectos de la reforma, definimos una serie de variables de resultado (outcomes). En concreto, (i) la probabilidad de estar empleada/o tras 6 y 12 meses del nacimiento; (ii) la probabilidad de reducir la jornada laboral (para los mismos periodos); (iii) los días trabajados tras un año del nacimiento del bebé y (iv) la probabilidad de coger una excedencia por cuidados. El impacto sobre estos outcomes se calcula para madres y padres por separado. Lamentablemente, la MCVL no identifica parejas ni bajas por maternidad/paternidad, por lo que no podemos conocer en qué periodo se hacen uso de las mismas.

Las estimaciones ofrecen resultados de interés para el debate sobre las responsabilidades familiares y la igualdad de género en el mercado laboral. En cuanto a la probabilidad de empleo 6 y 12 meses tras el nacimiento del bebé, los resultados señalan, por un lado, que no hay diferencias significativas entre las mujeres de control y tratamiento a los 6 meses; sin embargo, 12 meses después, las probabilidades de empleo de las mujeres tratadas son un 4%-6% inferiores a las de las mujeres del grupo de control. Por otro lado, el impacto en la situación laboral de los hombres es más modesto, pero incluso 6 meses después del nacimiento, la probabilidad de que ellos tengan un empleo se ha reducido alrededor de un 4% debido a la reforma. 12 meses después, estos efectos se diluyen ligeramente, reduciéndose al entorno del 3%, si bien siguen siendo significativos. En este sentido, la reforma podría haber alterado a corto plazo la distribución del tiempo y las responsabilidades familiares de los hogares, llevando a un equilibrio diferente al previo a la introducción de la reforma. Aunque la probabilidad de empleo de las mujeres tratadas se reduce –lo cual puede coincidir con la hipótesis de que permisos de maternidad más largos no mejoran necesariamente el nivel de empleo de las mujeres (aquí, aquí y aquí )– los datos confirman que permisos orientados específicamente a los padres sí afectan al comportamiento de éstos.

En cuanto a la probabilidad de reducir la jornada para conciliar, la política ha permitido que las mujeres aumenten su jornada laboral (o que reduzcan la reducción, para ser exactos). En concreto, 6 meses después del nacimiento, la probabilidad de reducción de la jornada laboral disminuyó entre un 4% y un 6% para estas. A los 12 meses, el impacto es aún mayor, hasta un 8%, con el potencial impacto positivo que esto puede tener en sus futuras carreras profesionales. En cuanto a los hombres, no se observa ningún efecto de la política sobre sus horas de trabajo. En consecuencia, la brecha de género en la reducción de la jornada laboral asociada a la llegada de hijas/os se ha reducido ligeramente debido a la aplicación de esta política, si bien aún lejos de la paridad.

Atendiendo al acumulado de días en el empleo tras el nacimiento (más allá del periodo de permiso), los resultados muestran que –en consonancia con los hallazgos relacionados con la participación laboral–, la política ha conseguido efectivamente reducir los días totales trabajados de los hombres en torno a 7 o 9 días al año, sin efecto entre mujeres. Por tanto, las madres parecen haber modificado los periodos de empleo, pero no los días totales trabajados, mientras que entre padres se da un ligero cambio en el comportamiento que, también en este caso, permite estrechar la brecha de género.

Finalmente, los efectos en la probabilidad del uso de excedencias por cuidados no son estadísticamente significativos (ni para mujeres ni para hombres), dejando inalterada la brecha de género: un 15% de mujeres hacen uso de estas, frente a apenas un 1% de los hombres (Figura 2).

A la luz de los resultados, consideramos que esta reforma ha sido necesaria para cerrar la brecha de género en el empleo (por definición), pero no suficiente. El efecto, así, ha sido modesto. Sin embargo, cabe destacar que este estudio se centra únicamente en variables laborales, existiendo aún un amplio espacio para el análisis de la reforma en cuanto a su efecto en el reparto de responsabilidades familiares, la fertilidad o el bienestar de las familias.

Asimismo, si se pretende avanzar en una nueva extensión de los permisos de maternidad y paternidad creemos que debería hacerse permitiendo únicamente la simultaneidad de las bajas en las primeras 6 semanas, pero no más adelante, tal y como se permite en la actualidad. Esto fomentaría una mayor implicación por parte de los padres en los cuidados del recién nacido. También cabría incentivar el uso simétrico por parte de ambos progenitores. Finalmente, a la vista del modesto impacto de esta herramienta, creemos que son necesarias otras medidas complementarias que traten de reducir el abandono (total o parcial) del empleo, como la educación gratuita y universal de 0 a 2 años.

Carta Local 376: “Los Ayuntamientos somos la gran esperanza, pero necesitamos un proyecto sólido”

 Las Ordenanzas Tipo del Gobierno del Dato y de Transparencia, en la revista de la FEMP

FEMP.- En esta nueva edición, Carta Local aborda la necesidad de que los Gobiernos Locales, como Administración más cercana, tengan más voz en los proyectos generales de país. Así lo afirmó la Presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, en el Forum Europa donde recordó que contar con lo local es contar con el sentir de la ciudadanía, porque “Alcaldes y Alcaldesas vivimos a pie de calle con nuestros vecinos”.

La revista de la Federación también da cuenta de la reunión constituyente en el Senado de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares; de la reclamación de la Junta de Gobierno de conocer las reglas fiscales para elaborar los presupuestos locales y de la presentación de dos ordenanzas tipos para impulsar el Gobierno del Dato y la Transparencia en las Entidades Locales.

En sus páginas, Carta Local también recoge las Declaraciones emitidas por la Federación con motivo del 8M, Día de la Mujer; del 9 de marzo, día dedicado a las personas desaparecidas sin causa aparente y del 11M, jornada que recuerda a las víctimas del terrorismo. También se pueden encontrar testimonios gráficos de las convocatorias de un minuto de silencio por la muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en Barbate y del incendio que se cobró diez vidas y arrasó 138 viviendas en Valencia.

El número 376 se completa con la constitución de la Comisión de Haciendas Locales de la Federación, los últimos avances de la Ley de Movilidad Sostenible y la entrega de los Premios COMITEC a las mejores ideas tecnológicas al comercio minorista, entre otros temas. Además, como en cada número, las creadoras ponen sus obras a disposición del lector de Carta Local; la Central de Contratación ofrece sus últimos avances y se detallan los fondos europeos de interés para las entidades locales.

Orgullo y Prejuicio en el camino hacia la paridad de género en los Consejos

"El camino hacia la diversidad de género en los consejos debería manejar un equilibrio delicado entre promover el orgullo y confrontar el prejuicio"

 Por Ruth Mateos, Nada es Gratis blog.- En un mundo cada vez más interconectado, resulta curioso que la diversidad de género en las empresas aún se analice como una decisión aislada, sin considerar la influencia ejercida por otras empresas muy a menudo conectadas mediante "interlocking directorates", es decir, miembros comunes de sus consejos de administración. Estas personas crean una red de influencia e intercambio de información entre empresas, de manera similar a cómo funcionan las redes sociales en nuestras vidas personales. 

Esta interconexión tiene una influencia significativa en las decisiones de los consejos de administración, incluyendo aquellas relacionadas con la diversidad de género. Por lo tanto, es crucial reconsiderar la forma en que las redes sociales corporativas afectan a las políticas de diversidad de género, apuntando a que los consejos podrían ajustar su composición de género a la de otras empresas en su red. Como consecuencia, se podría producir un comportamiento grupal en las decisiones de los consejos con respecto a la representación de mujeres en los mismos.

Los resultados de nuestro estudio confirman esta tendencia, revelando una dinámica de imitación entre 18,000 empresas cotizadas en EE.UU. a lo largo de dos décadas. Así observamos que las empresas interconectadas tienden a imitar los niveles de diversidad de género de aquellas empresas con las que están directamente conectadas mediante la participación de miembros comunes en sus consejos de administración (interlocking directorates). Este comportamiento mimético parece estar motivado por una presión social que impulsa a las empresas a conformarse a las normas del grupo, buscando alinearse con las expectativas, y promover la homogeneidad social dentro de su red corporativa. Este descubrimiento aporta una dimensión novedosa sobre el comportamiento de las empresas en materia de diversidad de género, sugiriendo que las decisiones de los consejos sobre este aspecto no son tan independientes como podríamos pensar, sino que están significativamente influenciados por las redes corporativas en las que se integran, adaptándose a los estándares de diversidad de género observados en las empresas con las que están interrelacionadas.

En un escenario ideal, esta dinámica de difusión de la diversidad de género en los consejos llevaría a todas las empresas a niveles de diversidad similares al promedio en la proporción de mujeres consejeras en toda la red. Sin embargo, el proceso de imitación dentro de los consejos corporativos no resulta ser uniforme ni directo, enfrentándose a diversas peculiaridades y obstáculos. Nuestro estudio revela una asimetría sorprendente: existe un número pequeño, pero significativo, de empresas que se quedan atrás en términos de diversidad en comparación con las empresas con las que están directamente conectadas. Este comportamiento contrasta notablemente con aquel de las empresas que, teniendo una mayor representación de mujeres que las empresas con las que están interconectadas, tienden a reducir sus niveles de diversidad para alinearse con su red social. Además, observamos una resistencia férrea de los consejos con escasa diversidad de género, caracterizados por tener una o ninguna mujer, mostrando una marcada reticencia a aumentar el número de consejeras, incluso estando rodeados por empresas con una mayor proporción de mujeres en sus consejos, las cuales representarían un pool accesible de potenciales consejeras. Esta resistencia al cambio, prefiriendo mantener su composición tradicional a pesar del panorama en evolución que los rodea, sugiere una postura defensiva de los directivos masculinos, probablemente debido a la percepción de que su estatus quo se ve amenazado.

Las implicaciones de estos resultados son profundas. Las empresas con una proporción alta de mujeres en sus consejos tienden a reducir sus cifras a la baja rápidamente para alinearse a las normas de su entorno, en contraste con aquellas empresas reticentes a la paridad, que muestran una marcada resistencia a incrementar la proporción de mujeres en sus consejos. Esta resistencia persiste a pesar de la disponibilidad de candidatas cualificadas en las empresas que las rodean que podrían contratar. Este escenario desafía la visión optimista de que la progresión natural llevará inevitablemente a consejos equilibrados en términos de género. Por el contrario, revelamos una realidad donde la representación de mujeres en los consejos permanece endémicamente baja y estancada. Esto es así porque las empresas reacias a aumentar la participación de mujeres en sus consejos no solo se resisten a la influencia de su red, sino que también ejercen presión para que las empresas circundantes reduzcan la presencia de mujeres en sus consejos a través del efecto mimético identificado. Esta dinámica podría explicar la subrepresentación persistente de mujeres en los consejos, refutando el argumento de que un "crecimiento orgánico" eventualmente equilibrará la representación de género en los consejos sin medidas proactivas.

En este contexto, la imitación actúa como una espada de doble filo que obstaculiza el avance hacia la paridad en los consejos. Por un lado, parece que las empresas más avanzadas en igualdad de género pueden temer ser etiquetadas como empresas "woke" y rápidamente buscan alinearse en este aspecto con sus empresas vecinas. Por otro lado, los consejos reticentes a la paridad parecen priorizar la preservación de su estatus quo sobre el riesgo de críticas por falta de progreso, especialmente en un contexto donde el tema de la diversidad de género entre las élites económicas ha pasado a un segundo si no a un tercer plano de urgencia. En definitiva, la asimetría observada en las tendencias de adopción y reducción de la diversidad de género en los consejos sugiere un comportamiento acomodaticio a las normas del entorno corporativo predominantes.

Así, llegamos a una conclusión innovadora: el camino hacia la diversidad de género en los consejos debería manejar un equilibrio delicado entre promover el orgullo y confrontar el prejuicio. Para las empresas líderes en diversidad, se trataría de ensalzar el orgullo por sus logros en materia diversidad de género, posicionándolas como ejemplos inspiradores para otras. Reconocer a las empresas como referentes e íconos de buenas prácticas dentro de la comunidad empresarial, puede equilibrar la presión hacia la conformidad. Simultáneamente, es crucial que las empresas reticentes examinen críticamente las causas de su brecha de género, evaluando si se debe a consideraciones económicas legítimas o en prejuicios o sesgos inconscientes. Un proceso de autocrítica activa y reflexión sobre la escasa representación femenina puede motivar a estas empresas a evolucionar más allá del status quo, favoreciendo un alineamiento más rápido con sus empresas vecinas. Este acto de introspección y disposición a enfrentar prejuicios, pueden acelerar su transición hacia una mayor diversidad de género en sus consejos, transformando el reconocimiento en acción y progreso.

En este ingenioso juego de "Orgullo y Prejuicio", delineamos una estrategia dinámica para propulsar al mundo corporativo hacia un futuro más inclusivo en términos de género. Es una narrativa que celebra los éxitos de los líderes del cambio, al mismo tiempo que motiva a los rezagados a revisar y ajustar sus políticas, asegurando que el camino hacia la paridad de género en los consejos se caracterice tanto por la celebración de logros como por la introspección crítica.

La Comunidad de Madrid contará este año con una plataforma de Smart cities

Revista de prensa. esmartcities.es . La Comunidad de Madrid ha anunciado que creará una plataforma de smart cities este año para aprovechar, en colaboración con los ayuntamientos de la región, los avances de la tecnología con el propósito de mejorar los servicios municipales en beneficio de una mayor calidad de vida de la ciudadanía.

La plataforma de smart cities de la Comunidad de Madrid permitirá coordinar la gestión de diferentes áreas urbanas.

La Comunidad de Madrid pretende aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías para mejorar la vida de los madrileños, usando los datos de forma ética y responsable, preservando la privacidad y garantizando la transparencia. Además, apuesta por la colaboración público-privada para desarrollar proyectos de ciudad inteligente.

En este sentido, la plataforma de smart cities se utilizará para coordinar la gestión de áreas como movilidad, sostenibilidad o seguridad, entre otras.

Primera fase de la plataforma de smart cities

En una primera fase del proyecto, la Consejería de Digitalización buscará reforzar la vigilancia en los ayuntamientos. La plataforma servirá de base para coordinar las redes de cámaras ya existentes en algunas ciudades y registrar la entrada y salida de vehículos para optimizar la respuesta a incidentes y los recursos de los agentes.

Esta práctica será de ayuda para las entidades locales, especialmente en épocas del año con un gran volumen de visitantes, donde las necesidades de control se vuelven más exigentes.

Una radiografía actual sobre el acceso a los documentos públicos de la Unión Europea

"Es obligatorio registrar y archivar sistemáticamente la correspondencia no privada relacionada con decisiones políticas cruciales"

Por MABLANESCLIMENT.-La Resolución del Parlamento Europeo, aprobada con fecha 13/7/2023 (pinchar aquí), nos permite conocer cuáles son los principales problemas que tiene la ciudadanía para acceder a los documentos de las instituciones, organismos y agencias que forman parte de la Unión Europea (UE).

El objetivo de este comentario es destacar las afirmaciones o conclusiones más importantes que contiene la referida resolución.

1) El acceso a los documentos es un derecho fundamental

El Tratado de la Unión Europea destaca que todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión y que las decisiones deben adoptarse de la forma más abierta y cercana posible a los ciudadanos. Las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión deben actuar con el mayor respeto posible al principio de transparencia, y que a los ciudadanos y residentes les debe asistir el derecho a acceder a los documentos.

El derecho a acceder a los documentos es un derecho fundamental, protegido por el artículo 42 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y desarrollado por el Reglamento 1049/2001. Los ciudadanos deben poder ejercer eficazmente su derecho a examinar la labor y las actividades de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y en particular el proceso legislativo.

2) Buena gobernanza y confianza en las instituciones

– La apertura y la buena gobernanza en el funcionamiento de la Unión y en su proceso de toma de decisiones son indispensables para generar confianza en la Unión y garantizarán una mayor legitimidad, eficiencia y responsabilidad de la administración ante los ciudadanos.

– Las instituciones, órganos y organismos de la Unión deben esforzarse por aplicar las normas más elevadas de transparencia, responsabilidad e integridad, garantizando métodos de control que combinen actividades de supervisión democrática, control y seguimiento;

– La participación de los ciudadanos y de la sociedad civil en la vida democrática de la UE son indispensables para fomentar la buena gobernanza en las instituciones de la Unión.

– El acceso a información rigurosa es vital para prevenir la desinformación y combatir las noticias falsas.

3) Declaraciones importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

– Ha destacado reiteradamente el vínculo entre democracia y acceso a los documentos.

– El control público de la información sobre la acción legislativa es una condición previa para el ejercicio de los derechos democráticos.

– La apertura de dicha información contribuye a reforzar la democracia al permitir a los ciudadanos controlar toda la información que ha constituido la base de un acto legislativo.

– El acceso a los documentos debe ser lo más amplio posible. La denegación del acceso debe estar debidamente justificada. Los límites deben ser interpretados de forma restringida y no amplia.

4) Necesidad de modificar el Reglamento 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

Las negociaciones sobre dicho Reglamento se encuentran paralizadas desde 2012. La UE ha asumido muchas responsabilidades nuevas desde la entrada en vigor del Reglamento. El aumento de la responsabilidad exige mayores cotas de transparencia, control democrático y rendición de cuentas para mantener la credibilidad, la legitimidad y la fiabilidad de la UE ante los ciudadanos.

Cualquier revisión del Reglamento 1049/2001 no debería reducir el nivel actual de transparencia. Se deberán abordar estas cuestiones esenciales:

La ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento a todas las instituciones, órganos y agencias de la Unión Europea.

El alcance de los motivos de denegación del acceso a los documentos.

La definición de «documento».

La prueba del interés público.

La transparencia en el proceso legislativo y la oposición a las exenciones por categorías.

La integración de la jurisprudencia del TJUE y del TEDH y la toma en consideración de los avances tecnológicos.

5) Principales problemas para acceder a los documentos

– Tardanza

Los retrasos sistemáticos y las negativas infundadas a la divulgación de los documentos, aún parcialmente, socava el derecho de los ciudadanos a controlar las instituciones de la Unión (en el caso de la Comisión, las revisiones de las decisiones iniciales se retrasan en el 85 % de los casos). El Parlamento Europeo pide a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que faciliten estadísticas sobre las demoras en las respuestas a las solicitudes de acceso.

– Aplicación frecuente de las excepciones

El Parlamento Europeo expresa su preocupación por el frecuente uso de las excepciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 para denegar el acceso completo a los documentos. La entidad, órgano u organismo que invoque una de las excepciones al acceso a documentos en virtud de este artículo habrá de realizar una evaluación objetiva e individual y demostrar que el riesgo que afecta al interés protegido es fundado, previsible y no meramente hipotético, y justificar debidamente la forma en que el acceso al documento socavaría de forma específica y efectiva el interés protegido.

Se deniega información sobre la base de argumentos poco sólidos y se detectan incoherencias en la tramitación de solicitudes similares. El Parlamento Europeo pide a las instituciones de la Unión que desarrollen mejores prácticas para poder aplicar e interpretar de modo uniforme las disposiciones del Reglamento.

– Imposibilidad de acceder a mensajes de texto

A raíz de una solicitud de acceso público a mensajes de texto entre la presidenta de la Comisión y el consejero delegado de una empresa farmacéutica en relación con la adquisición por parte de la Comisión de vacunas contra la COVID‑19, la Comisión se negó a reconocer que dichos mensajes de texto recaigan bajo la categoría de «documentos» en el sentido dado por el Reglamento (CE) n.º 1049/2001.

El Parlamento Europeo defiende que el registro de un documento es consecuencia de su existencia y no un requisito previo para tal existencia, por lo que no está de acuerdo con la política interna de la Comisión Europea de no registrar los mensajes de texto, alegando que, por su naturaleza, se trata de documentos de corta vida no destinados a contener información importante en relación con las políticas, actividades y decisiones de la Comisión.

No obstante, el Parlamento Europeo constata que, en la práctica, los mensajes de texto se están utilizando para esta finalidad, burlando el acceso público a los mismos. En varios Estados miembros, se ha establecido como práctica habitual que los organismos públicos archiven los mensajes de texto que tengan relación con políticas, actividades y decisiones, de acuerdo con la legislación en materia de acceso a los documentos.

– Eliminación de documentos

El Parlamento Europeo ha observado que la Comisión ha eliminado documentos, incluyendo actas de reuniones a puerta cerrada, informes y documentos internos. Esta práctica ha dado lugar a la desaparición de correspondencia importante que atañe a decisiones en materia de políticas. Es obligatorio registrar y archivar sistemáticamente la correspondencia no privada relacionada con decisiones políticas cruciales.

– Falta de publicación de forma proactiva de información sobre infracciones del Derecho de la UE y sobre la eficacia de las políticas de la Unión

Se echa en falta resúmenes de información actualizada, publicados de forma proactiva, sobre los procedimientos más recientes en todos los casos de infracción específicos, especialmente aquellos en los que las infracciones llevan mucho tiempo pendientes, así como la falta de información sobre EU Pilot, un diálogo informal entre la Comisión y los Estados miembros sobre la aplicación del Derecho de la Unión antes de una posible infracción.

Por otra parte, tampoco se publica, de forma proactiva, estadísticas que indiquen la eficacia de las políticas de la Unión, en particular las relacionadas con la justicia y los asuntos de interior, lo que, en gran medida, obstaculiza el control público de las políticas que afectan significativamente a los derechos fundamentales.

– Clasificación indebida de los documentos

Las instituciones de la UE suelan asignar a los documentos oficiales un nivel de clasificación superior al que les correspondería. El Parlamento insiste en la necesidad de fijar unas normas claras y uniformes para la clasificación y desclasificación de documentos y de establecer una autoridad independiente de la Unión para la supervisión del cumplimiento de dichas normas.

En 2021, el Consejo, de un total de 3.586 documentos añadidos al registro, clasificó 1.327 documentos legislativos como «LIMITE», y que 839 de dichos documentos se publicaron posteriormente tras una solicitud. El uso excesivo de LIMITE obstaculiza y retrasa gravemente el acceso de los ciudadanos a los documentos.

– Conclusión: «Hay que predicar con el ejemplo»

Y una reflexión final. El propio Parlamento Europeo es consciente de su falta de transparencia cuando lamenta que «se haya negado reiteradamente a conceder acceso público a los documentos, incluso después de que el Defensor del Pueblo calificara esta práctica de mala administración, y pide que ello sirva de ejemplo».

¡Bienvenido a tu ciudad de pago!

Algunas tasas pueden ayudar a la preservación y conservación de algunos lugares. Pero el espacio público debería ser un tema fundamental en el debate político municipal y no lo está siendo. El espacio público debería ser un derecho, no un privilegio

Revista de prensa. Por Lucía Taboada. Diario.es.- En ‘El desierto blanco’ (Anagrama), el escritor Luis López Carrasco escribe que “¿Quién era el destinatario del regalo en que se había convertido nuestra ciudad? Esperábamos ser nosotros porque, ¿quién podría vivir dentro de un regalo que no es para uno?”. Algunas ciudades parecen camino de convertirse en esas resplandecientes cajas de regalo doradas, coronadas por espléndidos lazos rojos, que adornan los árboles de los centros comerciales en Navidad. Dentro de ellas, sin embargo, no hay nada, salvo papel cartón. 

El domingo conocimos que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, propone cerrar y perimetrar la plaza de España, uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad, cobrando entrada a turistas y visitantes. Monetizar el turismo no es nada nuevo, sucede vía tasa turística en muchos lugares, pero esta propuesta llama más la atención al tratarse de una plaza, un lugar concebido históricamente como un foro público y como punto espontáneo de reunión y encuentro.

El ejemplo más claro de esta nueva modalidad de ciudades de pago es Venecia, transformada ya en una suerte de decorado para turistas boquiabiertos, una línea de guion del ‘El show de Truman’, un parque temático instagrameable, una postal plegable de sí misma. En Madrid también experimentas una sensación similar en algunas zonas, aunque no exista ningún peaje turístico. La Plaza del Callao, por ejemplo, lleva meses convertida en un soporte publicitario descomunal para plataformas de streaming o marcas. Hace unas semanas apareció por ahí la versión folclórica de Godzilla, una muñeca flamenca de ocho metros de altura y doce metros de ancho, teaser de una campaña de Cruzcampo. O unos meses antes, atravesar la plaza suponía sortear coches abandonados y vegetación falsa por la promoción de la serie ‘The Last of us’. Mañana, quién sabe, igual aparece un medidor de maletas de quince metros de altura, como reclamo publicitario de Ryanair. Callao ya se parece al regalo sorpresa de un huevo Kinder. Un proceso estratégicamente diseñado para que parezca benigno, inofensivo e incluso intrascendente, aunque no lo sea.

Pero no solo son las plazas. En muchas aceras el espacio público ha sido ganado, si no arrebatado, por las terrazas de los bares. Si quieres sentarte, consume. Así de sencillo. Pero cuidado si vas a consumir solo. En algunas terrazas de la calle Blai o del Eixample de Barcelona incluso rechazan a clientes únicos en sus mesas. A más clientes sentados, más caja. 

El sociólogo Richard Sennett denomina a los espacios públicos “privados” o parcialmente privatizados como “espacios públicos muertos” porque, dice, “en ellos se ha eliminado la esencia de la convivencia, la espontaneidad, el encuentro y esa pequeña pizca de caos”. El profesor de la Universidad de Lovaina y Oxford, Philippe Van Parijs, envió hace unos años una carta a varios medios de comunicación pidiendo “una rehabilitación drástica de los espacios públicos de nuestras ciudades, algo fundamental para que podamos contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos: ”Os veréis obligados a consumir menos que nosotros y, sin embargo, tendréis una vida mejor que la nuestra“, decía. Su carta provocó una acción colectiva en Bruselas. Parte de la ciudad salió a la calle en el año 2014 a realizar un picnic gigante sobre la calzada reclamando más espacio público. 

Claro que hay grises entre la creencia de que toda privatización o semi privatización es mala y la de que toda propiedad pública es buena. Algunas tasas pueden ayudar a la preservación y conservación de algunos lugares. Pero el espacio público debería ser un tema fundamental en el debate político municipal y no lo está siendo. El espacio público debería ser un derecho, no un privilegio. A menos que la intención sea que uno se termine pidiendo un café con tasa extra por consumir solo en una terraza de la Calle Toledo Sony Xperia.  

El malestar del campo (II): El sector agropecuario que queremos*

"Para que el sector agropecuario sea menos contaminante se puede hacer varias cosas, pero todas ellas requieren tiempo, planificación e inversión"

Por Antonia Díaz. Nada es gratis blog.-  Perdónenme los ganaderos, pero voy a usar el término “agricultura” como manera informal de referirme a la agricultura y ganadería. El post anterior destacaba tres puntos importantes de la actividad agropecuaria: (1) los beneficios sociales que produce, en términos medioambientales, paisajísticos, de lucha contra la despoblación, (2) los costes sociales que produce en términos de emisión de gases efecto invernadero y, particularmente en España, sobreexplotación de recursos hídricos y (3) las características de la agricultura intensiva que aumentan (2). En este post quiero reflexionar sobre algunas de las causas de las protestas agrarias, pero primero creo que es necesario detenernos en el objetivo social de contar con un sector primario potente.

Para qué queremos un sector agropecuario

En el post anterior describí las consecuencias medioambientales y paisajísticas de la “reubicación sectorial” en el sector agropecuario. Abandonar el campo tiene graves costes sociales. Como dije en el otro post, la productividad en el campo tiene grandes externalidades. Por eso se hace necesaria una coordinación. Esto se consigue con un planificador como la PAC, o con la concentración de la propiedad. En la Unión Europea hemos optado por mantener una base de explotaciones pequeñas y evitar la concentración de la propiedad. Y hemos hecho esto porque creemos que la cohesión social es importante para mantener la población en el campo. Y si queremos cohesión social la propiedad no puede estar muy concentrada. Dicho de otro modo: si la propiedad se concentra, el campo se abandona.

El objetivo es poder ir, digamos a la Vega Baja del Segura, a comer una paella con alcachofas y bacalao, e ir entre campos cuidados y parar a tomar un café y no estar en un páramo. O, peor, ver (y oler) un río contaminado por el vertido de fertilizantes de las explotaciones de la Vega Alta. Para que el campo esté cuidado, la gente tiene que vivir allí. Este objetivo debe articular toda la política agraria. Para que vivir allí sea agradable, hay que respetar el medioambiente, porque solo en el campo con biodiversidad apetece vivir. Para que esto suceda no se puede pensar en las explotaciones agropecuarias como factorías. La propiedad no puede, no debe, estar demasiado concentrada. Obviamente, hay que decidir qué es “demasiado”. Incluso en el caso de que no hubiera ningún problema de seguridad alimentaria por depender de la importación de todos nuestros alimentos, querríamos tener este beneficio medioambiental. Este inmenso beneficio social hay que pagarlo. Esto es algo que debemos tener claro a la hora de diseñar la política agraria.

Transformaciones necesarias

El sector agropecuario, como cualquier otro sector final, debe acometer una transformación para ayudar a luchar contra el cambio climático. Para que el sector agropecuario sea menos contaminante se puede hacer varias cosas, pero todas ellas requieren tiempo, planificación e inversión. Esto tiene un coste. Y, además, no se puede aplicar a todos los casos la misma vara de medir. Voy a poner varios ejemplos.

Consumir menos diesel

Esto requiere reemplazar máquinas (pero aún no tenemos tractores eléctricos) o cambiar la tecnología de producción. Precisamente una de las políticas que ha encendido las protestas es la retirada de la subvención al diésel. Un tractor mediano cuesta más de 30.000€. Uno grande llega a los 100.000€. A menos que la eliminación del subsidio al diésel se acompañe de subsidios al reemplazo de maquinaria, en el corto plazo, la eliminación de ese subsidio es equivalente a un impuesto, porque la tecnología no se cambia de un día para otro. Requiere tiempo, asesoramiento acerca de qué maquinaria es la mejor para cada de cultivo y un plan articulado. El Ministerio tiene un Plan Renove de maquinaria agrícola. Lo deseable es vincular ese Plan Renove con la política de eliminación progresiva de subsidio al diésel. O, por ejemplo, incentivar el leasing de maquinaria eficiente.

La gestión de los recursos hídricos

Allá por los años 70, los agricultores de la Vega Baja del Segura, aleccionados por las Cámaras Agrarias, empezaron a plantar maíz; al parecer, tenía mayor rentabilidad que las hortalizas. También comenzaron a arrancar almendros (de secano) para plantar naranjos, por la misma razón de rentabilidad. Y es que, en aquella zona, excepto el regadío tradicional, todos los cultivos eran de secano. Ahora no. Ahora se puede ver interminables hileras de naranjos regados por goteo en tierras donde no llueve casi nunca ni están cerca de un río. Solo tienen cerca el Trasvase Tajo-Segura. La expansión del maíz y abandono del secano sucedieron gracias a ese Trasvase. El maíz es muy fácil de plantar y la recogida está totalmente mecanizada. Hay mucha demanda de maíz para piensos. Pero es muy intensivo en agua (por eso el pan de maíz más rico es el gallego) así que su cultivo depende muchísimo de las dotaciones hídricas. He visto plantaciones de maíz alrededor de las Tablas de Daimiel, sin duda regadas por aprovechamientos ilegales de ese acuífero. Recientemente he vuelto a ver bancales de maíz en la Vega Baja. Al preguntar que cómo era posible que esto sucediera la respuesta fue: el agua está muy barata. En concreto, se refería al agua de los Canales del Taibilla. Me quedé estupefacta.

Esta anécdota pone de manifiesto dos cosas: la primera es que no se puede dejar al albur de la rentabilidad momentánea las decisiones de qué se planta y dónde. No se puede plantar maíz en la Vega Baja. El cultivo de la fresa en Huelva bajo plásticos debe tener un límite. Hace falta coordinación de cultivos siguiendo criterios de expertos. La segunda es que el mecanismo actual de fijación de precios del agua es un desastre. Hay que poner en práctica una diferenciación de precios del agua según su uso. Y en algunos casos, hay que establecer medidas coercitivas. No se debe plantar maíz cerca de las Tablas de Daimiel. Como dije en el post anterior, seguramente tenemos que pensar en un tipo de tax-dividend para el agua que se use en regadíos de tierras de secano. Pero nuevamente, estas políticas requieren planificación, coordinación de las diferentes administraciones, armonización de legislación hídrica y cooperación.

Un inciso: la historia de la expansión del regadío en España es fascinante. Merece la pena entender cómo un país, fundamentalmente árido y de escasa lluvia, se lanzó a reconvertir a regadío una gran parte de su tierra agrícola y sin ninguna visión de futuro. A quien sienta curiosidad, recomiendo leer la historia del Instituto Nacional de Colonización, y así entenderá de qué polvo franquista vienen estos lodos.

Cambio tecnológico: agricultura ecológica y regenerativa

Actualmente la Unión Europea está impulsando la agricultura ecológica. Esta agricultura se basa en unir lecciones de sostenibilidad del pasado con los mejores conocimientos en ingeniería agrícola, biología etc. Para poner un ejemplo, en vez de usar pesticidas para evitar las plagas habría que usar medios naturales como mariquitas, hongos especiales, etc. El pilar básico de la agricultura ecológica es la complementariedad. Se trata de usar la biodiversidad de forma inteligente para fertilizar la tierra, eliminar residuos y controlar plagas.

Un paso más allá va la agricultura regenerativa que explota de forma sistemática lo que se llama “polyfarming” que es una forma muy encantadora de llamar a la rotación de cultivos de toda la vida. . Eso sí, con la ayuda de la ciencia se hace mucho mejor. Una de las claves del polyfarming es explotar complementariedades entre agricultura y ganado. Estamos redescubriendo una granja de tamaño medio. Este tipo de agricultura es un sumidero de CO2 importante. Y, en realidad, de una forma muy obvia: la tierra fértil, como los árboles, absorben mucho CO2. Esta agricultura, en general, está en fase piloto. Si alguien se pregunta sobre su rentabilidad convencional, solo tiene que mirar la foto que acompaña este post. En esa fotografía, tomada de aquí, se ve hileras de almendros flanqueadas por arriates de hierbas aromáticas. Estas hierbas ayudan a la polinización y aumentan la producción de almendra. Lo primero que pensé es que el huerto es precioso, pero ahí no cabe un tractor. Un tractor de los de ahora, claro.

La agricultura ecológica, por su propia naturaleza, no tiene los rendimientos de escala que tiene la intensiva o convencional. Pero es más eficiente energéticamente, es un motor de biodiversidad y es la que mantiene a la gente en el campo. Es decir, tiene más beneficios sociales. Su expansión va a ser lenta porque, requiere, además, de una gran inversión en I+D. Los agricultores y ganaderos tienen que aprender a explotar complementariedades entre cultivos, ganados, plantas, insectos. Para adoptar estas nuevas tecnologías se requiere asesoramiento, planificación, inversión de largo plazo.

Ganadores y perdedores

Estas transformaciones van a tener ganadores y perdedores. Como he dicho arriba, el cultivo intensivo bajo plástico está sobredimensionado porque se ha expandido con agua barata. Las macrogranjas de explotación cárnica también deberán redimensionar su escala haciendo que paguen por la contaminación que imponen al entorno. Esta reconversión del sector es urgente y nada fácil. Lo deseable es tener un plan escalonado para poder hacer las inversiones necesarias que financien esta transformación. Entre los perdedores hay que diferenciar entre tamaños de explotación, capacidad financiera propia para afrontar una reconversión y redimensión de la explotación.

El objetivo de los impuestos medioambientales

A la hora de diseñar los impuestos medioambientales sobre la actividad X hay que tener en cuenta los costes sociales de la contaminación que X lleva a cabo, pero también los beneficios sociales de la actividad X. Y no se si hay otro sector productivo que tenga más beneficios sociales. La transformación que requiere nuestro sector agropecuario no es sencilla, como ya he explicado. Necesita tiempo. Los costes de esa reconversión no deben recaer solamente sobre los agricultores y ganaderos, especialmente los pequeños, que son los que más beneficios sociales nos dan.

Recordemos que en España, según el INE, el sector agropecuario fue responsable del 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2021. Los hogares son responsables del 23%, la producción de energía del 15,23%, industria del 27,45% y transporte del 12.53%. Creo que la UE debe diseñar una estrategia de prioridades y objetivos por fases. Debería ser un plan a varias velocidades. En el corto plazo, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en reformar el sector energético, el consumo residencial y los entornos urbanos. Un plan de medio plazo para el transporte y la industria. Y luego el sector agrícola. Una salvedad: el problema del agua es urgente.

La intermediación en el sector agropecuario

Otra de las quejas más inmediatas del sector es acerca de la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria. El objetivo es defender el valor añadido del eslabón más débil de la cadena, que son los agricultores. En este sector, necesariamente, tiene que haber intermediarios. Una naranja de Jacarilla en Jacarilla es una mercancía diferente a una naranja de Jacarilla en Madrid. Hay un valor añadido en el hecho de llevar esa naranja desde el lugar de cultivo al de consumo. No solo eso, es que el agricultor de Jacarilla seguramente no sabe en qué mercado se van a rifar sus naranjas. El intermediario abre mercados y eso tiene un valor. Después hay un problema de riesgo. Y es que las naranjas, una vez arrancadas del árbol, tienen un tiempo máximo de duración sin ponerse pochas (a menos que se arranquen verdes y se metan en cámaras, pero no queremos eso, queremos productos de calidad). En la relación entre productor-intermediario se puede hacer (i) que el productor corra con el riesgo y el intermediario se lleve un porcentaje de la venta (ii) que el intermediario corra con el riesgo al comprar la producción. En (ii) el precio que recibe el productor es menor que en (i). Esa diferencia sería igual la prima de riesgo… si existiera competencia perfecta. En ausencia de competencia perfecta, el poder de negociación manda.

La intermediación tiene más poder que los productores por, al menos, tres razones. La primera y obvia es el tamaño. Si un intermediario controla toda la cadena alimentaria, se comporta como un monopsonista. La segunda razón es el hecho de que la producción es perecedera. Esto hace que los productores tengan un coste hundido que juega en su contra en un proceso de negociación. La tercera es que los intermediarios tienen más información sobre los mercados finales. En resumen, los intermediarios tienen mucho poder para extraer rentas de los productores.

Al parecer, los intermediarios tienen, además, suficiente poder como para incumplir contratos. Véase esta noticia. Una forma de ayudar a que se cumpla la ley es, además de inspecciones estrictas y sanciones proporcionadas (las actuales parecen irrisorias), sería elaborar una lista de aquellos intermediarios que tienen buenas prácticas. No solo se trata de señalar al que incumple sino de dar información a los productores acerca de los mejores intermediarios. El objetivo debe ser crear mecanismos para que los intermediarios compitan entre ellos. A este respecto, me pregunto qué papel pueden jugar las Cámaras Agrarias para coordinar a los productores de cada zona. Uno de los efectos perversos de dejar la intermediación totalmente al albur del sector privado y altamente centralizada es que es muy posible que las ayudas de la PAC acaben en los bolsillos de los intermediarios.

La competencia internacional

Otra de las quejas más frecuentes en el sector es la competencia internacional. Ahora mismo, a la competencia de países como Marruecos añadimos la de Mercosur. Entiendo que la queja es que estos competidores operan con menores costes que en Europa y existe el temor a que se queden con el mercado interior. Ante la competencia caben dos respuestas: invertir en calidad para diferenciar el producto o ayudar a sostener las rentas de los agricultores (o ambas a la vez), que es algo que ya hace la PAC. Para que la inversión en calidad sea rentable hay que tener un sistema muy riguroso de trazabilidad y avanzar en el etiquetado de agricultura ecológica y regenerativa. Si nos abrimos a Mercosur y, a la vez, queremos el sector agropecuario descrito más arriba hay que pagar. Esto es lo que debemos tener claro.

¿Qué han hecho los romanos por nosotros? El papel de la PAC

Cuando escucho en TV a algunos agricultores quejándose de la PAC no puedo más que recordar el diálogo de “La vida de Brian”: “¿Qué han hecho los romanos por nosotros?” La Política Agrícola Común, con todos sus defectos, tiene como objetivo proteger un sector que tiene enormes beneficios sociales. La enorme cantidad de externalidades, el problema de la coordinación, el papel de los intermediarios, y, por último, su papel central para mantener la biodiversidad, implican que hay poco margen para las fuerzas de mercado. El mercado, por sí solo, lleva a asignaciones ineficientes. Lo estamos viendo. No dudo de que haya mil maneras de mejorar la PAC, pero no dudo de la necesidad de que exista. Sin la PAC, probablemente todos esos pequeños propietarios que se están manifestando en su contra estarían trabajando de peones o habrían emigrado a la ciudad. Ahora solo voy a mencionar un aspecto de la política agraria que me intriga.

La distribución de las ayudas de la PAC en España sigue un patrón absolutamente ininteligible para mí. Da la impresión de que se hizo a parches tras la transformación de las antiguas ayudas a la producción al actual sistema de sostenimiento de rentas. No está claro quién recibe qué ayudas y por qué. No se sabe por qué un gran propietario, en este sistema, puede recibir, proporcionalmente, más ayuda que un pequeño agricultor. Esto quiere decir que es muy dudoso que el sistema actual esté dando a los agricultores los incentivos correctos para alinearse con los objetivos medioambientales de la PAC. Pero este es un problema de nuestra política agraria, no de la PAC.

Para acabar

No podemos esperar tener un sector agropecuario volcado en agricultura regenerativa en 30 años que nos quedan para 2050. Es un objetivo irrealizable. Hay que ser realista. Eso no quiere decir que no haya que invertir para transformar nuestro sector y adaptarlo para hacer frente al cambio climático. Cerrar los ojos no es una opción y los costes los sufrimos ya. Por ejemplo, la contratación de seguros agrarios se está disparando, así como las indemnizaciones. En algún momento tenemos que hacer las cuentas para preguntarnos si, acaso, no es más caro negarse a la reconversión. Leer post anterior

[*] Agradezco a Luis Puch y Carmelo Rodríguez todos sus comentarios y sugerencias para mejorar este post.