sábado, 3 de junio de 2023

Los municipios ingresan con el IBI el doble que en el pico del boom inmobiliario

 Los ayuntamientos españoles recaudaron 13.000 millones por este impuesto. En Madrid el recibo medio asciende a 564 euros. 

Revista de prensa. Cinco Días .- La campaña electoral para los comicios municipales del pasado domingo puso en el foco a los candidatos que prometieron reducir en sus localidades el tipo efectivo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). A priori, estas propuestas de relajación fiscal serían arriesgadas para las cuentas de los consistorios, ya que el IBI es la figura impositiva que sustenta con creces la mayor parte de sus ingresos. Sin embargo, los ayuntamientos tienen asegurados unos recursos elevados aunque rebajen los tipos, por lo que pueden permitirse estas promesas sin correr grandes peligros. Sin ir más lejos, en 2022 los ingresos por este tributo doblaron los registrados en los años previos a la crisis financiera.

Las localidades españolas recaudaron el pasado año más de 13.170 millones de euros gracias al IBI urbano. Si a esta cantidad se le unen los 480 millones relativos al IBI rústico y los 550 millones del impuesto sobre los bienes inmuebles de características especiales (BICE), la recaudación total superó los 14.000 millones, un máximo en la serie actualizada ayer por la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda.

Todas estas cifras, detallan fuentes conocedoras del sector, se explican no tanto por un aumento de la fiscalidad directa –es decir, de los tipos efectivos–, sino por la subida consolidada de las bases imponibles, que vienen a ser el valor de los inmuebles.

La factura final del IBI, es decir, la cuota líquida, es el resultado de aplicar el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable en cuestión. Esta, a su vez, se obtiene tras aplicar las reducciones o exenciones permitidas en cada caso al valor catastral de la vivienda. Es decir, mientras las revisiones catastrales sigan aumentando los valores, los consistorios pueden rebajar los tipos sin minorar drásticamente sus ingresos.

En España, el Real Decreto Legislativo 2/2004 establece que el tipo de gravamen mínimo del IBI será del 0,4%, llegando el máximo hasta el 1,1%, siempre en el caso de los bienes inmuebles urbanos. Los gobiernos locales, por ello, tienen un margen relativamente amplio para establecer un tipo de gravamen u otro, así como las diferentes exenciones y bonificaciones aplicadas.

La ciudad de Madrid, por ejemplo, tiene en vigor desde 2023 el tipo municipal al mínimo permitido. El programa marco para el 28M del PP, el gran ganador de las elecciones, propone a su vez una “reducción del impuesto de bienes inmuebles de forma progresiva”, a la par que promete impulsar “la aplicación de bonificaciones medioambientales para aquellos inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para los vehículos eléctricos o sistemas de aprovechamiento de energía solar y actuaciones de eficiencia energética”, añade el documento.

La realidad que muestran los datos oficiales del Catastro refleja que los ayuntamientos de toda España han ido aumentando año tras año los ingresos por IBI pese a las rebajas impositivas que se han visto en varios de ellos. Los más de 13.000 millones de euros registrados en 2022 en el IBI urbano, de hecho, multiplican por dos a los 6.500 millones que se recaudaban en los años del pico del boom inmobiliario, cuando los precios de la vivienda eran notablemente superiores a la media con la que cerró el pasado ejercicio. Según los datos del Consejo General del Notariado, el precio del metro cuadrado de las casas cerró en España en los 1.615 euros en 2022, frente a los 1.790 euros del año 2007. Desde Tinsa, por su parte, recuerdan que el precio de la vivienda acumula una caída del 20% desde los valores máximos alcanzados hace 15 años.

Según los datos del Catastro, los ayuntamientos de la provincia de Madrid fueron los que más ingresos obtuvieron con este impuesto, superando los 2.500 millones de euros en conjunto. Teniendo en cuenta que se registraron unos 4,5 millones de recibos, el pago medio ascendió a los 564 euros. En plazas como la propia capital la cifra se explica por el valor catastral medio de las viviendas, de los más elevados del país. A continuación, se situó el abono medio de 514 euros de la provincia de Barcelona, con ingresos conjuntos que superaron los 2.000 millones. El podio lo completó Girona, con 431 euros, seguida de Baleares y Málaga (429 y 417 euros).

jueves, 1 de junio de 2023

La complejidad de las oposiciones: reflexiones vinculadas a la Generalitat de Cataluña

"Las externalizaciones forman parte del paisaje administrativo, aunque también es cierto que la eficacia y eficiencia de muchas de estas dinámicas dejan mucho que desear por la falta de capacidad de control de la propia administración externalizadora"

Por Carles Ramió . espublico blog.-  Es indudable que los procesos selectivos en las administraciones públicas son complejos y mucho más en los últimos tiempos debido a que los procesos de estabilización obligan una mayor concurrencia de candidatos. El caso de las oposiciones organizadas por la Generalitat de Cataluña celebradas el día 29 de abril de 2023 era especialmente complicado tanto por la presencia de candidatos (unos 13.500) como por los diferentes perfiles que se examinaban (los distintos grupos del cuerpo general y distintos grupos, cuerpos o perfiles especializados). En cambio, el tipo de prueba era bastante sencilla de organizar ya que se utilizaba la metodología de los test.

No dudo que se tratara de una cierta prueba de estrés para esta Administración, pero en absoluto puede considerarse como una situación excepcional. Hace años hacer este tipo de pruebas era algo ordinario en nuestras administraciones públicas y no se detectaron grandes problemas e incidencias. Sin ir más lejos el pasado 7 de mayo Correos organizó unas pruebas selectivas en las que participaron 55.000 candidatos en cerca de 50 sedes repartidas por el territorio y todo funcionó sin ningún tipo de incidencia remarcable. Las administraciones públicas poseen conocimiento y experiencia suficiente para realizar estos tipos de procesos selectivos e incluso otros mucho más complejos como es el caso de las pruebas de selectividad en el que se movilizan decenas de miles de candidatos en cada autonomía o los procesos selectivos de los MIR.

Por esta razón resulta sorprendente el caos que llegó a un esperpento sin matices en las oposiciones celebradas por el gobierno autonómico catalán. No funcionó absolutamente nada: tiempos de espera injustificados para que los opositores pudieran acceder a sus pruebas que, en algunos casos, superaron las seis horas y tuvieron que suspenderse. Aulas no bien dimensionas en las que los candidatos estaban literalmente unos encima de otros e incluso algunos tenían que hacer el ejercicio sin tener mesa y asiento. Exámenes en los que se solicitaban los datos personales cuando por confidencialidad deberían ser clasificados mediante códigos, falta de vigilancia en algunas aulas que fomentó un trabajo colaborativo entre los candidatos a la hora de rellenar las respuestas con la posibilidad de consultar los teléfonos móviles para buscar las respuestas correctas. Las aulas donde estaban los candidatos con necesidades especiales (lactantes, diferentes niveles de discapacidad) fueron las más descuidadas y con menor apoyo logístico. La guinda del esperpento fue que cuando un opositor exigía ir al baño el vigilante se lo prohibía, pero otro vigilante que estaba en la otra punta de la sala dijo en voz en grito “este sí que puede ir al baño que es un discapacitado”. Su discapacidad se hizo pública ante decenas de personas. Parece que los procesos selectivos están exentos de los rigurosos protocolos de protección de datos.

Un ingrediente que llama poderosamente la atención es que esta Administración externalizó una parte importante de este proceso a una empresa privada. Las externalizaciones forman parte del paisaje administrativo, aunque también es cierto que la eficacia y eficiencia de muchas de estas dinámicas dejan mucho que desear por la falta de capacidad de control de la propia administración externalizadora. Pero en este caso se trata de una externalización que llama la atención por dos motivos: a nivel estético no parece muy acertado externalizar una actividad tan interna como es un proceso selectivo que debería ser ejecutado sin dificultad por los medios de la propia administración. Por otra parte, hay serias dudas jurídicas que la custodia de las pruebas, la vigilancia de las mismas y su evaluación sean funciones que pueda desarrollar un organismo privado. Las interferencias, fugas de información y posibilidades de manipulación de los resultados por diferentes intereses no está claro que puedan ser evitados de manera segura. Usualmente el garantismo en estos procesos suele ser extremo: custodia de los exámenes en cajas fuerte y traslado de los mismos por los cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, hemos pasado de un modelo garantista y seguro a un modelo flexible con elevadas posibilidades de externalidades negativas graves.

La Administración de la Generalitat reaccionó con rapidez ante este espectacular desaguisado: anunció que denunciaría a la empresa por incumplimiento de contrato, anuló todas las pruebas realizadas asegurando indemnizaciones a todas las personas afectadas (una estimación conservadora implica un impacto en las arcas públicas de un mínimo de un millón de euros) y cesó a la directora general de la función pública (alto cargo que llevaba poco más de tres meses en su puesto y que no tenía ninguna responsabilidad directa ni indirecta en este proceso siendo uno de los casos más palmarios de ejercer el papel pasivo pero sangriento de cabeza de turco). Reaccionar con rapidez, acentuada por la cercanía de las elecciones municipales, no significa una buena calidad de la respuesta. Es extraño que la nueva directora general de la función pública sea la que hasta entonces era la subdirectora de la temática y seguramente mucho más implicada, aunque sea indirectamente, en el defectuoso proceso que su superiora.

Pero esta reacción parece claramente insuficiente ya que parece que no va dirigida a la esencia del problema ya que no están nada claros los siguientes elementos:

-La empresa emitió un comunicado en el que explicaba que el proceso selectivo no estaba externalizado completamente y que su diseño implicaba una cogestión entre la Administración y la empresa. En este sentido, todo parece indicar que la Administración era responsable de la organización de los centenares de aulas, de su dimensionamiento y de comunicar a los opositores la sala donde tenían que ir. También parece que es la Administración la que tenía que encargarse que las pruebas llegaran a sus destinos. Todas estas actividades resultaron fallidas y el responsable de su mala gestión fue la propia Administración.

-Una vez descubrimos la naturaleza de la externalización en la que la empresa se encargaba de la vigilancia del proceso y de la corrección de las pruebas (ambos temas delicados en extremo) que al ser test se podían hacer de manera mecanizada. Con esta información quizás pueda considerarse excesiva que esta externalización ha sido tan generosa en términos económicos (un millón y medio de euros IVA incluido).

-La empresa se va a defender y seguramente va a ganar el pleito con la Administración. Va a utilizar probablemente a los mejores abogados defensores (tal vez abogados del Estado en excedencia) que no van a tener grandes dificultades en demostrar los evidentes fallos y carencias de la propia Administración que hacían imposible un desarrollo normal de este proceso.

-Pero tampoco tengo dudas de que seguramente la empresa también falló durante estas pruebas selectivas. Haciendo una rápida búsqueda de información fue fácil detectar que esta empresa había subcontratado a otras empresas para ejecutar distintas tares (la subcontratación es un tema espinoso en las externalizaciones). Llama especialmente la atención que una de estas empresas subcontratadas puso un anuncio en las redes buscando vigilantes solo dos días antes del proceso selectivo (anuncio publicado el 27 de abril cuando la prueba era el 29 de abril a primera hora de la mañana). No hay que ser visionario para especular que quizás había un déficit de vigilantes y que, con toda seguridad, no estaban adecuadamente formados para asumir su tarea.

-Es también evidente que la Administración convocante hizo una dejación de funciones en su ejercicio de controlar la externalización ya que no detectaron el punto anterior que era suficiente motivo de alarma para paralizar el proceso.

-No deja de ser sorprendente que se partiera de un optimismo excesivo para hacer en un solo día pruebas tan diversas y a un volumen tan enorme de candidatos. Se podría haber optado por hacerlo durante varias jornadas: por ejemplo, de cara a su repetición se ha organizado mediante dos jornadas con la mitad de candidatos en cada una de ellas para que el proceso sea más manejable.

-No deja de llamar la atención que se hagan al alimón pruebas a todos los grupos y perfiles profesionales cuando legalmente los candidatos tenían el derecho de presentarse a más de un grupo (por ejemplo, administrativo y auxiliar administrativo) y vieron limitada su capacidad de libre concurrencia ya que todas las pruebas se celebraban el mismo día y en idéntico horario y que sepamos no hay ningún candidato que pueda gozar del don de la ubicuidad.

Seguro que en este retrato y diagnóstico dejo en el tintero otras barbaridades acometidas el día de autos y también es probable que no afine hasta el último detalle sobre lo que realmente ocurrió. En todo caso la radiografía, en términos generales, es bastante completa. El mal reputacional que se ha infringido a esta Administración y a todo el sector público del país es algo que no va ser fácil de reparar. La deslegitimación social de la Administración pública es muy grave ya que los ciudadanos han quedado estupefactos y de manera inmediata han pensado “si la Administración es incapaz de organizar bien sus propios procesos selectivos como va a estar capacitada para proveernos de servicios públicos complejos”. La motivación y reputación de los magníficos empleados públicos está por los suelos y es muy injusto.  Este tema es de tal gravedad que no se subsana con dimisiones: aunque sorprende que la actual secretaria de la función pública, la consejera y el anterior secretario de función pública (que es el que preparó el contrato de externalización y que ahora ocupa un alto cargo muy importante en otro ámbito de la misma Administración) se hayan ido de rositas. Pero difícilmente se resuelva el tema con dimisiones debido a ¿qué especialista en la materia va a aceptar hacerse cargo ahora de la función pública catalana? La gravedad de la situación aconsejaría que liderada su subsanación el propio presidente de la Generalitat ya que el resto de la cadena de mando ha quedado seriamente en entredicho.

miércoles, 31 de mayo de 2023

¿Cuánto ganan los nuevos alcaldes de España? Así será la nómina de los primeros ediles

El mejor pagado es el de Madrid, que percibe 108.517 euros anuales, seguido de Barcelona (100.000 €) y Bilbao (98.018 €). El salario medio de los alcaldes de capitales de provincia es 61.737 euros.

 Revista de prensa. 20minutos.es En los últimos días, hay una pregunta que se cuela en las conversaciones vecinales de los municipios españoles: "¿Cuánto cobra el alcalde?". La respuesta es tan amplia como localidades tiene el país, pues la cuantía varía en función de los criterios fijados por la ley y lo que establezca cada Ayuntamiento. Puede ir desde los cero hasta los 108.518 euros al año. 

Las cifras de los sueldos de los regidores las recoge el Ministerio de Haciendo a través del sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISAP). Los últimos datos, correspondientes al año de 2021, muestran el salario de 7.024 alcaldes. Otros 1.104 no declararon sus honorarios o la información estaba incompleta, los cuales aparecen en este listado. 

En la siguiente tabla se recogen los sueldos anuales de todos los alcaldes que declararon sus ingresos en el año 2021. Están ordenados de mayor a menor cuantía y no se incluyen complementos ni dietas.

Las cantidades recibidas están reguladas por una serie de normas, donde el tamaño del municipio es el factor más importante. Las ciudades con más de 500.000 habitantes marcan el límite salarial, que se establece en 116.160,05 euros anuales. Esta cantidad es superior, por ejemplo, a de los 90.010 euros que gana el presidente del Gobierno, según establecen los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

El factor que marca la diferencia entre unos alcaldes y otros es la dedicación al puesto. Normalmente, los municipios con mayor población tienen alcaldes con dedicación exclusiva, donde el salario es más alto. Si no emplean la totalidad de su tiempo no tienen un sueldo fijo y cobran por asistir a los plenos. Lo mismo sucede con los municipios de menos de 1.000 habitantes.

Alcaldes de capitales de provincia

Entre los más de 7.000 alcaldes, cabe destacar a los que gobiernan en las capitales de provincia donde se tiene constancia (48). El mejor pagado es el de Madrid, que percibe 108.517,80 euros anuales, seguido de Barcelona (100.000,04 €) y Bilbao (98.018,40 €). Por debajo, cierran la lista Zamora (36.108 €), Oviedo (22.200 €) y Teruel, que con 14.956,44 euros dista mucho del resto de iguales.

El salario medio anual de los 48 regidores es de 61.737,12 euros, muy por encima del salario medio en España, que actualmente se encuentra en 25.200 euros anuales. El País Vasco es la región donde más cobran sus alcaldes capitalinos, con una media de 92.695 euros entre Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

lunes, 29 de mayo de 2023

Vivienda, salud mental o familias: las leyes que ya no se aprobarán por el adelanto electoral

El adelanto electoral para el 23 de julio obliga a suspender el Pleno del Congreso de esta semana y deja en el limbo más de 60 leyes

Revista de prensa. Cadena Ser.- La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio ha obligado a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso desde este martes, cuando se hará efectiva la disolución de la Cámara. Además, paraliza la tramitación de todas las iniciativas en marcha, con lo que se van a quedar sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.

Una vez se publique el decreto de disolución, solo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mediados de agosto. De entrada, ya se han suspendido oficialmente las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces que estaban convocadas para este martes.

Estas son las leyes que no verán la luz:

Ley de familias. La ley de familias fue aprobada en el Consejo de ministros el pasado marzo en segunda vuelta y ya se había iniciado su tramitación en el Congreso. Sin embargo, la norma, que introducía tres tipos de permisos remunerados para cuidar a los hijos, a familias y convivientes, no verá la luz finalmente. Además, la ley ampliaba el número de beneficiarios del cheque de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años, antes solo era para madres trabajadoras y ahora iba a incluir a las madres en paro, pero se quedará sin efecto. Asimismo, preveía que las familias monomarentales tuvieran los mismos beneficios y derechos que las numerosas, y no se ampliarán.

Ley de vivienda. Aunque la ley de vivienda entró en vigor el pasado viernes, después del vuelco electoral, podría quedar sin efecto en muchos ayuntamientos y comunidades que van a pasar a ser regidos por el PP, que se opone a la norma. Las 50.000 viviendas de la Sareb, las 43.000 de nueva construcción, las 20.000 en terrenos del ministerio de defensa son anuncios de campaña que se tienen que desarrollar en los próximos meses.

Olvido oncológico. Otra de las leyes que decae, que fue uno de los grandes anuncios de Sánchez en campaña, era garantizar el derecho al olvido oncológico. Esta norma pretendía acabar con la discriminación a los pacientes que habían superado un cáncer en un periodo de cinco años. En primer lugar, la norma suprimía las cláusulas a la hora de contratar hipotecas y seguros de vida, y la prohibición de exigir el historial médico a la hora de contratar cualquier servicio.

Salud mental y ELA. La ley de salud mental también se queda en el limbo. La normativa contemplaba unas ratios mínimas de profesionales formadas, al menos, por 8 psiquiatras, 18 psicólogas clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. Asimismo, las mejoras para los pacientes de ELA tampoco serán tramitadas.

Ley de enseñanzas artísticas. La ley de enseñanzas artísticas estaba en tramitación en el Senado por la vía urgente, pero se queda paralizada. Esta norma establecía la homologación de las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo de la Educación Superior, equiparándolas a las universitarias; y las enseñanzas artísticas profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Es decir, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector. Tenía previsto afectar a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes, pero finalmente no verá la luz.

Ley del cine y la cultura audiovisual. La ley del cince y la cultura audiovisual estaba en tramitación, a falta de pasar por el Senado. Era una de las iniciativas cuya tramitación estaba más avanzada, a falta de completar el paso por el Senado. Esta norma pretendía fortalecer las industrias de este sector y consolidar a España como plataforma de inversión y país exportador de productos audiovisuales, con la cuota de series internacionales también a las plataformas de pago.

Decreto contra la sequía. El decreto contra la sequía fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo y el Congreso tenían pendiente convalidarlo este jueves. El decreto incluye ayudas directas a los agricultores y ganaderos, que podrían obtener la reducción del 20% en los módulos del IRPF y acceder a líneas de créditos ventajosas, así como el complemento de hasta un 70% en la financiación de las pólizas por sequía o los 355 millones dedicados a cubrir la necesidad de usar más piensos. Ahora, el trámite queda en manos de la Diputación Permanente.

En materia laboral, se concedía un aplazamiento del pago en las cuotas a la Seguridad Social y se equiparaba la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio.

Ley del desperdicio alimentario. La ley de desperdicio alimentario ya fue aprobada en el Congreso y le quedaba el último trámite parlamentario en el Senado. Esta norma proponía acabar con el desperdicio de más de 1.300 millones de kilos de comida, no solo en los hogares, sino en todos los eslabones de la cadena de producción.

Interraíl y descuentos para jóvenes. Al igual que el decreto de la sequía y ayudas directas a los agricultores, el Congreso tenía pendiente dar luz verde a la financiación del 50% del Interrail por Europa para jóvenes de 18 a 30 años durante este verano, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Tampoco se aplicará ya un descuento del 90% en los trenes y autobuses que dependan del Estado y un 50% en los trenes de Alta Velocidad para las fechas indicadas.

Ley de movilidad sostenible. Estaba previsto que la ley de movilidad sostenible entrara en vigor en el último trimestre de 2023, pero con el adelanto elctoral, no verá la luz. Esta norma establece la imposición de peajes en el centro de las ciudades para reducir las emisiones contaminantes.

Medidas anticrisis. La prórroga de las medidas anticrisis, como las ayudas frente a la inflación, las rebajas fiscales para la factura de la luz o la rebaja del IVA de los alimentos, estaba pendiente. El Gobierno no ha decidido si las prorrogará, pero a través de real decreto podrían alargarlas.

Más de 60 leyes no verán la luz. Con todo, las leyes aprobadas por el Consejo de ministros que no verán completada su tramitación en el Congreso son: la ley de seguridad nacional, la trasposición de directivas europeas para la lucha contra el fraude, la de equidad del sistema nacional de salud, la ley de eficiencia digital de la Justicia, la ley del cine, la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, la ley de familias y la del derecho de Defensa.

Tampoco podrán ser aprobadas ya en esta legislatura la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para ampliar permisos de paternidad y maternidad, la que persigue que estas circunstancias sirvan para la suspensión de juicio oral y la que reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones.

También decaerá la norma con medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, la Ley de Puertos, la de protección de trabajadores agrarios, la ley de economía social, la de financiación del transporte público urbano e interurbano, la reforma de la Ley de Seguridad Social, el nuevo régimen fiscal de Baleares y la que introducía novedades en el canario. Otras leyes que no verán la luz en esta legislatura es la ley de bomberos forestales, el plan de Justicia 2030, la ley del defensor del cliente financiero, o la ley de función pública.

La disolución de las Cortes da al traste también con dos reformas el Reglamento del Congreso, una que buscaba regular los 'lobbies' y otra destinada al control parlamentario de las proposiciones no de ley y las mociones. Asimismo, la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado y la 'operación Cataluña' no podrá concluir sus trabajos en esta legislatura.

sábado, 27 de mayo de 2023

El monopolio de los partidos políticos en la arena local

"Los partidos de ámbito estatal o regional tienen menos presencia municipal en la mayoría de los países de nuestro entorno (ej. Italia, Portugal, Polonia), o simplemente no existen en este nivel, como en Canadá. En el caso canadiense, su ausencia obedece a una particular cultura política según la cual los partidos introducen más problemas que cuestiones resuelven en la gobernanza municipal"

Carmen Navarro Gómez. Instituto de Desarrollo Local IDL.UAM.-  Aunque creamos que es un rasgo común de las democracias, en realidad no es así. Los partidos de ámbito estatal o regional tienen menos presencia municipal en la mayoría de los países de nuestro entorno.

 La política municipal española está dominada por los partidos políticos. Aunque parezca una afirmación de perogrullo, la cuestión merece algo de desarrollo. Cuando hablamos aquí de partidos políticos nos referimos a los de ámbito estatal, autonómico o provincial. Es decir, todo lo que no son listas locales de independientes.

   O, dicho de otra manera, nos referimos a las formaciones que tienen una dependencia orgánica de partido que va más allá del municipio y compiten en más de una circunscripción electoral. En el otro lado estarían las listas locales independientes, que se presentan solo en un municipio y defienden intereses estrictamente centrados en su problemática, cualquiera que sea la etiqueta que se les dé (independientes, agrupaciones de electores, plataformas, listas, etc) o el estatus legal que tengan. En muchas ocasiones estas listas independientes se constituyen jurídicamente como “partidos políticos” (porque en este país de citas previas y cuellos de botella en la administración, no hay nada más sencillo ni que exija menos requisitos que fundar un partido) pero no los consideramos como tales cuando hablamos de la monopolización partidista de la arena local.

  El predominio partidista en la política local se empieza a visualizar en el gráfico de abajo, cuando vemos que tan solo contando a dos de estos partidos – PSOE y PP- tenemos ya a casi el 70% de todos los concejales en España. Si estos altos porcentajes los completamos con los concejales de partidos regionalistas y nacionalistas y con los de la “nueva” política (C’s, confluencias de Podemos, etc.) el resultado es que los partidos políticos lo abarcan prácticamente todo en la arena municipal. Únicamente unas mil doscientes candidaturas independientes alcanzan representación en el conjunto de plenos municipales tras cada elección en nuestros más de 8.000 municipios. Y solo un número muy testimonial llega a la alcaldía.

El caso canadiense

  Aunque podamos pensar que es un rasgo común de las democracias, en realidad no es así. Los partidos de ámbito estatal o regional tienen menos presencia municipal en la mayoría de los países de nuestro entorno (ej. Italia, Portugal, Polonia), o simplemente no existen en este nivel, como en Canadá. En el caso canadiense, su ausencia obedece a una particular cultura política según la cual los partidos introducen más problemas que cuestiones resuelven en la gobernanza municipal. Prefieren líderes elegidos por su potencial para tomar decisiones basadas en el mejor interés para el municipio, más que candidatos seleccionados por su lealtad al partido o su capacidad para ascender en el mismo. Y entienden que los partidos políticos introducen factores de intereses partidistas en la gestión del municipio allí donde las decisiones tienen que fundarse en principios más técnicos. A todo ello se añadiría el argumento de que la política local no suele asentarse sobre clivajes o divisiones izquierda-derecha u otros que puedan estar presentes en la sociedad, sino más bien sobre cuestiones de gestión eficaz y eficiente o, como mucho, del clivaje pro/anti crecimiento.

  España se situaría en el otro extremo. Y son comunes las prácticas con lógicas partidistas aplicadas a lo local – como los pactos entre las direcciones nacionales de los partidos para la conformación de gobiernos municipales o conformación de listas electorales desde las capitales autonómicas o nacional – que serían aborrecidas por los que defienden que las decisiones municipales deben circunscribirse a los intereses propios del municipio. Pero no presentaríamos toda realidad si no identificáramos también algunos beneficios que aportan los partidos: facilitan las decisiones a los electores al permitirles tomar atajos cognitivos en la agregación de preferencias y son capaces de movilizar al electorado. Los altos niveles de participación electoral en elecciones municipales que observamos en España son probablemente el resultado de este aporte de los partidos.

  Con todo, en un panorama general en el que los partidos políticos acaparan lo local, subsisten rasgos que hacen de la política municipal un espacio singular y con menos niveles de ideologización en relación con otras arenas políticas. El liderazgo de las personas, por ejemplo, adquiere una importancia crucial en las elecciones y el ciudadano ejerce con frecuencia un tipo de voto dividido (voto a diferente fuerza política en elecciones nacionales, autonómicas y municipales) que indica que muchos ciudadanos votan más al candidato que al partido. Y, en general, también se observa ese mayor nivel de pragmatismo que siempre se detecta en lo local, con decisores pegados al terreno, que identifican más eficazmente las necesidades ciudadanas, que se adaptan a las características del territorio y ejercen una acción más orientada a resolver los problemas del vecino. Y, tenemos también datos para afirmar que, pese a todo, hay menores niveles de polarización.

jueves, 25 de mayo de 2023

Diez pistas para interpretar los resultados del 28 de mayo

"Aunque es indudable el peso que los resultados tendrán sobre el ánimo y las expectativas de los partidos, no hay que olvidar que el próximo domingo se dirimirán, en realidad, más de 8.000 competiciones municipales"

Por Juan Rodríguez Teruel. Agenda Pública blog.- El próximo domingo 28 de mayo se abre un nuevo ciclo electoral, que continuará con las elecciones generales en el segundo semestre, y se cerrará con las elecciones europeas del próximo mayo de 2024 (y que tendrán un significado importante en la política interior de muchos de los Estados europeos, España incluida). 

Es inevitable no preguntarse en qué forma y medida estas elecciones municipales y autonómicas anticiparán o condicionarán las próximas elecciones Generales. Al fin y al cabo, esta será la primera jornada electoral que implique a todo el censo electoral español desde noviembre de 2019. 

Ya se apuntaron aquí algunas precauciones a tener en cuenta. Aunque es indudable el peso que los resultados tendrán sobre el ánimo y las expectativas de los partidos, no hay que olvidar que el próximo domingo se dirimirán, en realidad, más de 8.000 competiciones municipales, autonómicas y, en algunos territorios, forales e insulares, todas ellas con dinámicas propias y específicas. 

En todo caso, será la lectura que medios y partidos hagan de los resultados globales la que contribuirá a decantar la percepción de los ciudadanos sobre el valor real de esta jornada electoral.

Para evitar quedar empantanado en el bullicio de esa disputa por el relato sobre las implicaciones del 28-M, y poder disponer de un mejor juicio al respecto, proponemos aquí diez criterios, a modo de parámetros que permitan valorar las tendencias políticas reales que puedan estar latiendo en el subsuelo electoral.

Para ello, nos centraremos en las elecciones municipales -las únicas que alcanzarán todo el censo- así como algunas comunidades cuyo peso político tendrá un significado particularmente relevante. Los datos manejados proceden de las fuentes oficiales (ministerio de Interior y gobiernos autonómicos). Es posible que, en algún caso, los datos exactos pudieran variar con otra fuente o agregando alguna candidatura local que aquí no se haya tenido en cuenta, aunque ello no afectaría al sentido general de las cifras.

1. ¿Habrá desmovilización relevante? Desde 2007, la abstención se ha venido estabilizando en torno al 35% (entre los 11,1 y los 12,6 millones de abstencionistas), punto arriba, punto abajo, rompiendo los altibajos que se daban en los primeros años de la democracia. Cabría esperar un nivel de desmovilización similar dentro de esos márgenes (34-36%). Si la abstención del 28-M superase sustantivamente el 36% o, más plausible, bajara del 33,8%, la pauta se habría modificado, lo que podría leerse como un indicador de activación/desactivación de una parte del electorado respecto a la última década y media.
 
2. ¿Se mantendrá el equilibrio entre bloques? Desde hace 20 años hay una tendencia a la igualación entre izquierda y derecha, sumando los bloques de partidos de ámbito estatal. En 2019 esa tendencia arrojó un inédito empate (la suma de las izquierdas superó a las derechas por cerca de 200.000 votos escasos). No deberíamos sorprendernos si se mantuviera ese empate en torno a los 8 millones de votos (encabezado por unos u otros). Por el contrario, cuanto más se distancien ambos bloques más allá de esos 200.000 votos, más indicativo sería de movimientos de fondo relevantes de cara a las Generales en favor de uno de los bloques. 

3. ¿Se está expandiendo la derecha? El apoyo electoral a la derecha ha tendido a situarse en los 8 millones de votos, con leves descensos en 1999 y 2015, y un aumento excepcional en 2011. Cabría esperar que la suma de votos de PP, Vox y los restos de Ciudadanos se mantenga en esa pauta de los 8 millones. Si la supera con creces, como hizo en 2011 (alcanzando entonces casi los 9 millones, gracias a la atracción de Ciudadanos), sería el reflejo de una expansión que desbordaría el espacio actual de la derecha.

4. ¿Cuánto electorado está recuperando el PP ante Vox? Si bien el voto de la derecha no ha fluctuado significativamente desde 1995, sí se ha fragmentado intensamente en los últimos años. En 2019, el PP obtuvo su peor resultado en décadas (5,1 millones) a costa de Ciudadanos (2 millones) y Vox (0,8 millones). Por eso, no debería sorprendernos que la recuperación del voto naranja por parte del PP le permita volver a la cota de 7 millones de votos. No hacerlo reflejaría aún el poder de atracción de los nuevos partidos sobre los votantes populares. El resto debería ser para Vox. Cuanto más supere el PP los 7 millones, más apoyo podría estar recuperando sobre el votante ultraconservador o bien sobre el voto antisanchista de centro. 

Con todo, Vox no dejará de ampliar su apoyo electoral gracias a un ‘efecto retraso’: la representación parlamentaria de los de Abascal en municipios y autonomías (excepto en la Comunidad de Madrid) corresponde hoy aún al apoyo social que tenía en mayo de 2019, no al que luego amplió en noviembre de 2019. Por ello, una subida de Vox hasta 1,5 millones no deberá interpretarse como una nueva tendencia de expansión de su voto, sino como una actualización de su presencia institucional a lo que habría obtenido si las elecciones municipales se hubieran celebrado unos meses después. Solo una superación de esa cota apuntaría perspectivas prometedoras para Vox en el futuro. 

5: ¿El PSOE acusará desgaste o seguirá recuperándose? El PSOE ha tenido una base electoral muy fluctuante desde que se acabó su hegemonía en tiempos de Felipe González: salvo la excepción de 2007, en cada elección suma o pierde entre medio y un millón de votos. Estas elecciones deberían confirmar si mantienen la vía ascendente de 2019 o subsisten bajo la cota de los 7 millones que perdieron en 2011: cuanto más se acerque el PSOE a esos 7 millones, o los supere, más sólida será su recuperación dentro de la izquierda. Lo contrario abriría dudas ante la movilización que buscará en las Generales.

6. ¿Cuánto perderá Unidas Podemos ante los aliados de Sumar? El voto municipal a la izquierda del PSOE ha sido bastante estable desde 1995, en torno a 1,5 millones. Solo en 2015 bajó sensiblemente, debido a la dispersión del voto en las confluencias de izquierdas, ya que Podemos no concurría formalmente a esas elecciones. Cuanto mayor porcentaje retenga UP de ese millón y medio de votantes, mayor capacidad de resistencia estará demostrando ante la atracción de los aliados de Sumar. Una caída sustantiva de esa cota no solo le debilitaría, sino que abriría un interrogante sobre la capacidad de movilización general a la izquierda del PSOE.

7. ¿Mantendrá Ayuso la movilización de 2021? Hace dos años, Díaz Ayuso no solo obtuvo el mayor número de votos del PP en la Comunidad de Madrid, sino que lo hizo sin dañar la movilización del resto de la derecha descontenta (Vox y un ya declinante Ciudadanos) ni de la izquierda (que también obtuvo uno de sus resultados más abultados desde 1983). Cuanto menos se aleje la derecha de aquella suma de 2 millones de votos, más trascendente será la capacidad de movilización de la presidenta madrileña en sus planes futuros. De lo contrario, incluso con mayoría absoluta, la derecha estaría volviendo al patrón normal de las últimas décadas. 

Por su parte, la izquierda logró sumar en torno a 1,5 millones de votos en las últimas tres contiendas electorales autonómicas. Su capacidad de movilización dependerá de mantener esa cota, si no de superarla. En 2019, Más Madrid y el PSOE empataron en torno a los 600.000 votos. Mantener ese equilibrio no sería sorprendente. Por el contrario, cuanto más se aleje uno del otro mayor evidenciaría el fracaso de la candidatura declinante. En el caso del PSOE, sería un nuevo récord negativo.

8. ¿Consolidará el Botànic su base electoral en la Comunidad Valenciana? Durante años, la hegemonía gubernamental del PP en la Comunidad Valenciana estuvo edificada sobre una progresiva expansión de su electorado (que en 2007 y 2011 superó los 1,2 millones de votantes), en combinación con un estancamiento sideral de la izquierda (hasta 2015 la suma de votos de esta, incluyendo a los antecedentes de Compromís, estuvo casi siempre por debajo de los resultados obtenidos por PSOE y PCE en 1983, a pesar de que el censo electoral había aumentado un millón de electores en los 30 años siguientes). La coalición del Botànic, liderada por Ximo Puig, fue posible porque ambos pilares colapsaron en 2015: el apoyo a los partidos de izquierda (incluido el valencianismo de Compromís) creció un 70%, mientras que el electorado del PP se desmovilizó y se escindió con la fuga de un tercio hacia Ciudadanos. En 2019 los dos pilares se recompusieron en buena medida, aunque la fragmentación de la derecha redujo la eficiencia de sus votos y permitió la reedición de la coalición de Puig. 

El futuro de la política valenciana pasará por cómo evolucionen ambas pautas. Es plausible que la derecha mantenga una base cercana o incluso superior al 1,2 millones de votantes, ahora con un PP recuperado. No obstante, en caso de que el PP no alcance o supere la cota del millón de votantes, más frágil resultará esa recuperación de la derecha. En el otro lado, más allá de mantener o no el ejecutivo, la solidez del avance de los últimos años solo será patente si la suma de la izquierda mantiene la primacía electoral, con un apoyo total superior a los 1,3 millones de votos. Cuanto menos supere esa cota -peor aún si no logra alcanzarla-, más patente será el fin del ciclo electoral valenciano iniciado en 2015.   

9. ¿Volverá el PSC a ganar las elecciones municipales 16 años después? Buena parte de las repercusiones disruptivas del procés sobre la escena estatal tienen que ver con el debilitamiento de los dos factores de estabilidad que Cataluña aportaba al mantenimiento del statu quo en la política española: PSC y CiU, fuertemente denostados, por ese orden, en la opinión publicada madrileña que jaleó la llegada de Ciudadanos. Como suele pasar a menudo, aquellos opinadores no olieron las implicaciones derivadas: sin ellos, la política de pactos centrípetos pasaba necesariamente a otra de bloques centrífugos (para disgusto de sus respetivos líderes). ¿Es una evolución reversible?

En todo caso, el panorama catalán está lejos de la estabilización, aunque hay algunos parámetros que pueden sugerir una recomposición de algunos viejos esquemas. Es altamente probable que el PSC vuelva a ser el primer partido en votos municipales desde 2007. Pero será más significativo ver la medida: cuanto más se acerque al millón de votos, cota usual hasta 2007, mayor será el indicio de que en Cataluña podría estar gestándose una reconcentración del voto que en el pasado favoreció al PSOE en las Generales (no un voto de adhesión sino de prevención ante el retorno de la derecha española al poder). De darse esa progresión del PSC, será necesariamente en detrimento de ERC. Cuanto más se reduzca, con ello, la ventaja de ERC ante Junts (casi 265.000 votos en 2019) más inestabilidad reaparecerá en el espacio ahora independentista, con las implicaciones que esto pueda tener en la política de pactos en Cataluña y, de rebote, en el Congreso. 

10. ¿Trasladará el PP su mayoría de la Junta a los municipios de Andalucía? La trascendencia política de Andalucía ha estado fundamentada en la fuerza organizativa y electoral de la izquierda desde 1979, con un apoyo en torno a los 2 millones de votos (incluyendo el andalucismo del PSA-PA), de los que tres cuartas partes han sido para el PSOE. En cambio, la derecha había experimentado un papel subsidiario, incluso después de que en 2011 el PP obtuviera su mayor resultado, superando por primera y única vez al PSOE. No obstante, aunque aquel salto electoral del PP no permitió cambiar la composición de la Junta, sí anticipaba un nuevo escenario, en el que la derecha andaluza se acercaría por primera vez a la mayoría de izquierdas. Con ello se anticipaba el cambio de mayoría gubernamental en 2018 y la mayoría absoluta de 2022. 

Cuanto más se acerque o supere el PP, de nuevo, esa cota del 1,5 millón de votos, más se confirmará su ascenso estructural entre los electores andaluces, en coherencia con el resultado de junio del año pasado. De lo contrario, el PP andaluz estaría dando el primer paso atrás electoral desde que accedió al poder. Frente a él, la izquierda trata de evitar la propagación de los resultados de 2022. Cuanto más se aleje de los dos millones de votantes (entre PSOE, andalucistas y la izquierda no socialdemócrata), más indicios de que estará fracasando en ese intento. ¿A costa de quién? La base electoral del PSOE ha sido muy estable, en torno a los 1,4 millones de votos desde 1983. Apuntalar ese nivel de apoyo sugeriría que el apoyo al PSOE es suficientemente sólido en los municipios para que el trasvase de votos de PSOE a PP hace un año aún sería reversible. Lo contrario no solo sería un mal presagio para Juan Espadas. También para Pedro Sánchez.

miércoles, 24 de mayo de 2023

Cinco tesis sobre los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (IV)

Por  . esPúblico blog.  CUARTA TESIS (I). LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. FORTALEZAS ANTE UNA REGULACIÓN SOMETIDA AL VAIVÉN LEGISLATIVO. LA REFORMA DE 2018

[Primera Tesis]; [Segunda Tesis]; [Tercera Tesis]

Para entender lo ocurrido en el transcurso de las últimas décadas con la definición de las funciones públicas necesarias debemos retrotraernos no sólo a lo que pasó en la aprobación de la LBRL en 1985, con un intento claro de supresión del cuerpo profesional que el Tribunal Constitucional impidió, sino en su primera reforma aprobada ocho años más tarde. Una reforma que no sirvió para ampliar el espacio competencial de los entes locales, o para reforzar la garantía institucional de su autonomía o, en fin, para dar vitalidad al siempre débil sistema de financiación local. No. Tuvo por objeto, precisamente, un precepto dedicado a los funcionarios. Y no fue para introducir una nueva política organizativa, ni para andar hacia un modelo de dirección pública profesional. No. Lo fue para introducir la libre designación en el nombramiento de los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local. Algo en lo que estuvo tentado años más tarde el EBEP del entonces ministro Jordi Sevilla que pretendió una libre designación generalizada para el colectivo en los municipios españoles frenada en el último minuto en el Senado. Una reforma de mirada corta, pero reveladora de lo que después han sido otras reformas más cercanas a la desregulación que a la modernización del sector público.

Ciertamente han sido muchas las reformas que, con distinto origen, intensidad y alcance, han afectado al marco normativo local regulador del estatuto profesional de los SITAL en las últimas décadas. No sólo las tres grandes reformas de nuestro régimen local: la que acoge el llamado Pacto Local de 1.999, la de la Ley de Modernización del Gobierno Local de 2003 y la LRSAL de 2013; sino también normas sectoriales como las sucesivas reformas legales en materia de contratos o en materia de urbanismo y otras relativas a la función pública como el Estatuto básico del empleado público (EBEP), en el texto aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril. En este periodo, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) de 2013 devuelve la regulación de los SITAL a la LBRL modificando el antiguo artículo 92 y añadiendo un nuevo artículo 92 bis) para “reforzar la independencia de estos funcionarios”, según afirma su exposición de motivos. La realidad nos muestra el verdadero alcance de esta afirmación.

Pues bien, todas ellas han condicionado el ejercicio de las funciones públicas necesarias reservadas a los FALHN y han introducido –hay que decirlo– limitaciones en el ámbito del ejercicio profesional al tiempo que aumentaba el control judicial sobre la acción de los gobiernos locales y se intensificaban las causas penales debido a una variedad de nuevos tipos penales sobre la actividad administrativa municipal y que aún continúan emergiendo después  de la reforma del Código Penal de 2015.

Así que debemos repasar algunos hechos que nos ayudarán a comprender mejor el camino que hemos recorrido desde la aprobación del RD. 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional hasta su reforma en el año 2018. Lo hemos dicho hace un momento: la LBRL de 1985 supera a un intento de supresión de los Cuerpos Nacionales de entonces, porque el Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias anterior, presentado a instancias de los Gobiernos Vasco y Catalán, y tiene la oportunidad de declarar las funciones públicas necesarias como “funciones de interés general”, compatibles con el principio de autonomía local y ajustadas al modelo constitucional de distribución territorial de competencias entre el Estado y las CC.AA (STC núm. 25/1983, de 7 de abril).

El TC asienta en esta importante Sentencia de 7 de abril de 1983 -que ha hecho de muro de contención en muchos intentos de desregulación de la profesión- los siguientes elementos sobre los que ha ido discurriendo con dificultad el estatuto profesional:1) en primer lugar que las tareas que lleva a cabo el Estado con los FALHN en selección, provisión, disciplina y formación – que son facultades de “gobierno de la profesión” son facultades ejecutivas que el Estado puede retener. El TC legitima, pues, esa posibilidad; 2) en segundo lugar, el TC da un alcance a la noción material de «bases» que permite considerar como básica la existencia de los cuerpos de funcionarios como cuerpo de carácter nacional y la selección de sus integrantes.

La tesis de nuestro Tribunal Constitucional se vería ratificada años más tarde en otra Sentencia: la nº. 214/1989, de 21 de diciembre que resolvía los recursos de inconstitucionalidad planteados por la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Vasco contra la LRBRL de 1985 que como hemos apuntado ya había debilitado el sistema de habilitación nacional con la supresión de los cuerpos nacionales de Administración local; había abierto la posibilidad de que las responsabilidades de los depositarios sean encomendadas a otros funcionarios cuando así lo prevea la legislación del Estado; permitía las de delegaciones y encargos en favor de las comunidades autónomas en el ámbito de la selección y la formación de los funcionarios de habilitación nacional (art. 98) y la inaplicación parcial de la regulación básica en el territorio del País Vasco y Navarra, a través de las Disposiciones Adicionales 2ª y 3ª de la LBRL.

Ahora una nueva reforma de la LBRL introducida en la Disposición final 1ª de la Ley de Presupuestos del Estado para 2022 que modifica el apartado 7 de la disposición adicional 2ª de la LBRL ha autorizado el traspaso al Gobierno Vasco de las siguientes competencias sobre los FALHN en los siguientes términos:

“En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución , con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultadas previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondiente a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administratives”.

Se trata de un traspaso de competencias a través de la modificación de una ley ordinaria -la LBRL- que parece alterar el posicionamiento anterior del Tribunal Constitucional y que va más allá del esquema de cogobernanza del estatuto profesional que amparó el EBEP. Sobre esta transferencia de competencias deberá pronunciarse de nuevo el TC en los recursos de inconstitucionalidad que han sido interpuestos, tanto por la forma en que se ha efectuado la transferencia –a través de una ley ordinaria, insistimos– como por el contenido de la misma. Veremos como acaban las cosas.

Volviendo atrás con la LBRL de 1985 y superados los controles de constitucionalidad, los SITAL quedan situados en un difícil punto de equilibrio entre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, las bases de la función pública y el régimen local.

La LBRL elimina el cuerpo y pasa a estructurarlos en una escala en la que se mantiene un núcleo de reserva para las funciones públicas necesarias que deberán ejercerse en todos los entes locales; funciones que la propia ley define de forma sintética para cada subescala. La LBRL de 1985 -obligada por el TC, debe decirse- mantiene la profesión pero la empequeñece y, además, inicia una interactuación o cogobernanza de los tres niveles territoriales -estatal, autonómico y local -, necesaria por la prioridad constitucional y política de construcción del estado autonómico que también han condicionado el actual status quo de los SITAL.

Desde principios de los años noventa se abre un período en el cual las ofertas de empleo público ralentizan el ritmo sostenido que habían mantenido en la dècada anterior provocando un aumento significativo de las situaciones de provisionalidad e interinidades y promoviendo con ello un déficit estructural de plazas en un número excesivo en todo el mapa municipal español. Más adelante volveremos sobre ello.

Continuemos. En el año 2003, con la entrada en vigor de la Ley de Modernización del Gobierno Local (LMGL), se altera la posición del secretario municipal en las ciudades de gran población, pasando a llamarse secretario general del Pleno. Su figura se devalúa al situar parte de sus funciones públicas obligatorias sólo referidas al pleno de la corporación y asignar la asesoría jurídica del ayuntamiento a otro órgano directivo, no dependiente -en la LMGL- de la Secretaría General del Pleno.

Más tarde el Estatuto del Empleado Público (EBEP, 2007) en un proceso de debate y aprobación que comienza en el año 2004 con la constitución del grupo de expertos encargado de elaborar las propuestas iniciales, atrae a los SITAL al marco regulador de la función pública, relegando los entonces llamados FALHN a una Disposición Adicional, cuyo extenso texto sale aprobado del Congreso y llega al Senado con la pretensión de generalizar la libre designación en todos los SITAL y no sólo en los lugares de las ciudades de gran población, tal y como anteriormente había introducido la LMGL. Otro intento ya indisimulado de desregulación.

En el día de la aprobación del texto definitivo del EBEP de 2007, el diario de Sesiones del Senado es un testimonio de lectura recomendable a nuestro colectivo para ver que ocurrió en los momentos finales de los debates cuando la propuesta inicial del entonces Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, cambió ”in extremis” para limitar la libre designación sólo a los municipios de más de 100.000 habitantes y no a todos como pretendía el texto aprobado en el Congreso siguiendo la propuesta del Ministerio.

Cabe decir que, posteriormente, la reforma de LBRL amplió la libre designación a las ciudades de gran población -tal y como establecía originariamente el texto de la LLMGL(2003)- aunque, por virtud de la propia LRSAL(2013) y sólo por el caso de los interventores ésta introdujo una serie de medidas preventivas para autorizar al ente local el ejercicio de la opción por el sistema de libre designación y, sin embargo, se limitó la posibilidad del libre cese.

Volviendo unos años atrás y coincidiendo con el período inmediatamente posterior a la elaboración, debate y aprobación del EBEP (2004-2007) –antes fueron los momentos del Libro Blanco sobre la Función Pública– en el que afloran las posiciones reivindicativas de la llamada función directiva local por parte de las asociaciones de gestores públicos- debemos detenernos un momento en el año 2006 cuando el Parlamento de Cataluña debate y vota el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Debemos hacerlo porque el proyecto de EAC estuvo a punto de incorporar una enmienda promovida y firmada por los grupos parlamentarios del PSC-ICV-ERC que sustentaban al Gobierno en virtud de la cual –diciéndolo de forma sencilla- se pasaba a los secretarios, interventores y tesoreros de administración local en los respectivos ayuntamientos. Afortunadamente esta enmienda no obtuvo los votos suficientes para su aprobación y fue rechazada a última hora en una jornada maratoniana de votaciones en el Parlament. Otro intento –fallido también en este caso- de supresión.

Desde la aprobación del Estatuto de Cataluña (EAC,2006) hasta la LRSAL de 2013 – una etapa coincidente casi con la vigencia regulatoria de los SITAL en el EBEP- las ofertas de empleo público que desde el año 2007 dependían de las CC.AA reducen el número de plazas en más del 45 por ciento de media en todo el Estado. Sólo en Cataluña y sólo en el período coincidente con Joan Carretero al frente de la Consejería  de Gobernación de la Generalitat, esta reducción no presenta cifras tan alarmantes, si bien el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya solamente aprobó una convocatoria de 111 plazas mediante acuerdo de 10 de febrero de 2009, cuando el número de vacantes en Cataluña superaba las 380; esta convocatoria consensuada con la organización colegial en Cataluña fue acompañada de un acuerdo del Departamento de Gobernación, las Universidades públicas catalanas, la Escuela de Administración Pública y el Consejo de colegios de SITAL de Catalunya cuyo objetivo era asegurar una formación dirigida a promover el acceso a la profesión ya garantizar que mientras tanto se desarrollaban los procesos selectivos, los nombramientos interinos de semillas contaran con una bolsa nutrida por profesionales con una formación especializada suficiente, ajustada a los temarios de oposiciones para el acceso regular a la profesión. Este acuerdo no tuvo continuidad y se agotó años más tarde.

Como hemos señalado, después de la vigencia y de la experiencia regulatoria de los SITAL por parte del EBEP durante cerca de 7 años, la LRSAL aprobada en diciembre de 2013 marca un cambio de dirección y devuelve al régimen local el espacio profesional de los FALHN. Otro cambio de dirección.

Pero quedan todavía algunos años por concretar aspectos fundamentales de este cambio en la regulación profesional de los SITAL y también por resolver déficits importantes en la estructura organizativa y en la dotación de plazas a nuestras entidades locales.

Es así necesario atender a todo este contexto para realizar un análisis de la reforma aprobada por el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que desarrolla los nuevos artículos 92 y 92 bis) de la LBRL, en la redacción dada por la LRSAL, que sustituye al viejo RD 1174/1978, de 18 de septiembre, cuarenta años después. Enfatizamos esta necesidad por no centrarnos sólo en una disposición reglamentaria por importante que sea sino para situarla en el marco legal que la fortalezca o que, por el contrario, la debilite. Se nos entenderá enseguida si volvemos a la transferencia al Gobierno Vasco aprobada a través de la modificación operada en la LBRL mediante la Ley de Presupuestos del Estado para 2022., o si analizamos como se ha llevado a cabo el proceso de estabilización de los interinos pertenecientes a las escalas FHN ¿Dónde queda aquí el Reglamento de 2018?

Continuemos en otro orden de cosas que nos interesan para estudiar el contexto de las reformas de las últimas décadas; un contexto de desregulación sobre el que resulta difícil no compartir opiniones como esta : “un sistema de personal basado en el clientelismo y la lealtad política socava la prestación eficiente de los servicios y conduce a una aplicación injusta de la normativa administrativa y impositiva” (Susan Rose Ackerman en “Corrupción y Gobierno, causas consecuencias y reformas”. Ed. Marcial Pons, 2019).

En nuestro ámbito local sabemos que de esto hemos tenido muestras a menudo y una más que deficiente política de selección, reclutamiento y provisión de los SITAL ha provocado vacantes por todas partes -cuando ha estado en manos de la Administración Central del Estado, y todavía más cuando ha estado en manos de las Comunidades Autónomas; enseguida veremos las cifras- ha sido una característica de nuestro régimen local a lo largo de estos años. Consideramos que esto no ha sido fruto de la casualidad. Demasiados intentos de desregulación de las funciones de control, como por no ver una intencionalidad cierta para que así fuera. Las cosas cómo han sido y cómo son. En Italia se ha vivido una situación similar con más de seis años sin convocatorias de acceso a la profesión: una forma de debilitar el sistema y de favorecer de forma silenciosa la desregulación y el clientelismo del que nos advierte Rose Ackerman.

Debemos ofrecer algunos datos para situar el argumentario de la descentralización ejecutiva de la profesión en sus justos términos y conferirle el valor real que ha tenido hasta ahora. No se trata de ofrecer de inicio un hecho irrefutable como el de la falta de convocatòria de pruebas selectives en la Comunidad Foral de Navarra en un largo periodo de más de una dècada. Aqui no hay interferència alguna por parte del Estado pues existe un cuerpo secretarial propio. Sin embargo la facilidad de una selección temporal que se perpetua en el tiempo es tentadora y puede – vaya si puede!- a la dotación de plazas con sistemas que respeten la igualdad de oportunidades. Hablemos claro.

Lamentablemente, cuando la descentralización ha sido posible no ha mejorado las cosas. Las posibilidades de cogobernanza de la profesión, abiertas por el TC hace más de treinta años no han permitido resolver muchas de las carencias atribuidas ahora a la centralidad en la regulación profesional. Veámoslo:

Según los datos del MPTFP correspondientes al año de entrada en vigor del nuevo estatuto profesional (2018) y referidos a todo el Estado (salvo la Comunidad Foral de Navarra, que cuenta con cuerpo secretarial propio desde la Ley Paccionada de en el año 1841) el número de vacantes por subescaleras y categorías es el siguiente:

1) SUB-ESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA,CATEGORÍA SUPERIOR:Total puestos:714;Total puestos FALHN con nombramiento definitivo:400; Total vacantes:314

2) SUB-ESCALA DE SECRETARÍA, CATEGORÍA SUPERIOR:total puestos:705;total puestos FALHN con nombramiento definitivo: 423;total vacantes: 282

3) SUB-ESCALA DE SECRETARÍA, CATEGORÍA DE ENTRADA: total puestos: 888;total puestos ocupados por FALHN con nombramiento definitivo: 549;total de vacantes: 339.

4) SUB-ESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA,CATEGORÍA ENTRADA;-total puestos incluyendo Tesorerías:1821;total puestos FALHN con nombramiento definitivo 750;total vacantes:1.071

5) sub-ESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN: total puestos: 4.763;total puestos FALHN con nombramiento definitivo:2.988;total vacantes:1.775

El número total de vacantes en ese ejercicio era bastante significativo: 3.781 plazas FALHN sin cubrir.

Con este panorama -similar al que ofrecieron décadas anteriores- puede comprenderse que el argumentario fácil de la LRSAL para girar hacia la recentralización en el gobierno de la profesión ya estaba servido. Una lástima.

Llama la atención que la subescala que mayor relevancia tiene en cuanto al control económico y financiero, que es la de Intervención-Tesorería, tenga en su categoría de Entrada –municipios de 5.000 a 20.000 habitantes- casi el 59 por ciento de vacantes y que en la subescala de Secretaría de categoría Superior -municipios de mas de 20.000 habitantes y ciudades con gran población- pase del 40 por ciento de vacantes.

¿Se pueden garantizar así los fines que, al menos formalmente, quiere el legislador y se afirman como garantes de una administración local eficaz y transparente? Resulta muy complicado responder afirmativamente a esa pregunta. Es francamente difícil garantizar la función, cuando ésta está reservada, si no hay funcionarios responsables de la misma. Y sin función no hay responsabilidad; una premisa básica, elemental, en un sistema de integridad institucional. ¿Cómo garantizar las funciones públicas de asesoramiento legal preceptivo, de fe pública, de control interno, que la ley determina sin los profesionales cualificados para ello? ¿A qué se debe esta grave carencia? ¿Es atribuible solo a la Administración central del Estado?

Contrariamente a lo que todos habríamos deseado, el efecto del EBEP descentralizando la responsabilidad de las ofertas de empleo de los SITAL en las CC.AA fue devastador. El conjunto de las ofertas públicas de empleo para los SITAL en el período que va desde la entrada en vigor del EBEP (2007) hasta la LRSAL (2013) tuvo la ridícula cifra de 977 plazas convocadas en un período de 7 años . Como hemos dicho, únicamente la oferta aprobada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, después de meses de negociaciones con la organización colegial catalana (CSITAL) se salvó de este brusco descenso de ofertas para dotar con 111 plazas a las vacantes, en municipios con población inferior a 20.000 habitantes en Cataluña, una cifra a todas luces insuficiente para el total de vacantes existentes en aquel periodo.

Este grave déficit nos ha colocado ahora en una situación que se muestra ahora con toda su crudeza. Por un lado la desatención a las administraciones municipales que afecta a la calidad de los Servicios públicos y por otro la respuesta angustiada y escasamente ejemplar que representa la estabilización del empleo temporal. Y lo lamentamos, porque la oportunidad de descentralizar el gobierno de la profesión entre los tres niveles de gobierno -central, autonómico y local- era y es un reto a lograr, para asegurar, para gestionar, la cogobernanza que la LBRL nos permitía construir y no en el problema en el que la inacción de los gobiernos central y autonómicos–en parte deliberada, no hay otra explicación- lo ha convertido.

Veremos si las cosas mejoran o no de forma significativa en un tiempo razonable y analizar si las ofertas siguen una senda de estabilidad y son sostenidas. También veremos si la falta de profesionales de este colectivo no se presenta ahora como coartada argumental de otras reformas que nada tienen que ver con el enderezamiento de las políticas de mejora de la selección, provisión y formación del SITAL y de su mejor dotación en las organizaciones locales de nuestro país.

En este orden de cosas, no podemos minimizar un factor que ha acentuado la situación que describimos y que deriva del sistema de nombramiento previsto como excepcional para las grandes ciudades pero que se ha ensanchado sin llegar, claro, lo que inicialmente pretendía l EBEP: la libre designación. El hecho de que estos puestos no sean objeto de oferta pública por los respectivos ayuntamientos ha motivado que grandes corporaciones locales no hayan –digámoslo así- cubierto estos puestos de trabajo. Esto ha provocado -sin que ni los órganos de control externo ni ninguna otra autoridad pública lo denunciara – que ciudades de más de 100.000 habitantes hayan sido décadas sin proveerse del ejercicio de funciones reservadas a través de un profesional perteneciente a la habilitación. Y esto ha sido así en los últimos 25 años, hasta la aprobación del nuevo reglamento de 2018, que lo impide.

Nos resulta sorprendente que no sea hasta el año 2014 –coincidiendo con la entrada en vigor la LRSAL– en que el Tribunal de Cuentas no llame la atención sobre la gravedad de la situación de falta de efectivos en los entes locales de nuestro país. Decía el Tribunal de Cuentas en su informe núm. 1.032/2014:

“Deberían habilitarse por los órganos competentes del Estado y de las Comunidades Autónomas, en el marco de sus respectivas competencias, las medidas necesarias que garanticen la periódica convocatoria de la oferta pública de los puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional a proveer por libre designación. Así, quedará asegurada la prevalencia de los principios de objetividad, mérito y capacidad, y concurrencia, con el adecuado respeto a la movilidad efectiva de los funcionarios que permite la ley, ofreciendo las mejores condiciones que aseguren un ejercicio adecuado e independiente de la función de control interno de la gestión económica de las entidades locales por los funcionarios que la desempeñan.”

Cabe preguntarse por qué la Sindicatura de Cuentas de Cataluña o el Síndic de Greuges/Defensor de la Ciudadania no reclamaron del Gobierno de la Generalitat de Catalunya -con la debida firmeza e insistencia- que esta grave situación se resolviera y que entes locales como Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Granollers, Terrassa o el Área Metropolitana de Barcelona, ​​entre otros, no cubrieran sus puestos de Intervención de fondos o de Secretaría general – o ambos en algunos casos – no durante años sin durante décadas.

Ahora, el nuevo reglamento de 2018 ha introducido una medida que evitará que esto ocurra en el futuro. Dice el artículo 46.2: “En el caso de que el presidente de la Corporación no realice la convocatoria en el plazo máximo establecido, la Comunidad Autónoma le requerirá para que efectúe la misma, (…), advirtiéndole que de no hacerlo en el plazo indicado se iniciará un procedimiento de modificación de las características del puesto y su forma de provisión”.

Es evidente que esta deficiencia grave que sufre el mapa local que no permite asegurar unas funciones de interés general sin las cuales resulta imposible la construcción de un sistema eficaz del control interno en los municipios pueda coexistir con la creación de otros órganos institucionales cuyo cometido principal es servir a la protección de la transparencia o del derecho a la información. Nos resulta francamente difícil que este tipo de órganos puedan desarrollar su actividad con eficacia sin las garantías que da la dotación ordinaria de los sistemas de control interno de las organizaciones municipales.

En otras palabras, si queremos que la intervención de fondos realice la función que le asigna la ley en la rendición de cuentas o en otra reservada, debe haber un titular en su puesto que lo ejerza. Si la secretaría municipal debe informar preceptivamente una propuesta de acuerdo para que la ley lo determina así, debe haber un titular en su puesto que lo ejerza. Es muy sencillo; se trata en primer lugar de dotarlas; en segundo lugar, de cubrirlas y en tercer lugar, de capacitarlas, de acuerdo con lo que establece la ley. Si falla alguna de estas tres patas de forma significativa -como hemos visto- difícilmente podremos afirmar la eficacia de este sistema de habilitación y reserva de los SITAL que ahora el RD.128/2018, pretende mejorar.

Decíamos al principio que no hemos estado solos dentro de la UE en este cambiante recorrido regulatorio que muy probablemente continuará en un  futuro en el que las incertidumbres forman parte del escenario global para todos, pero todavía hay aspectos que nos resultan difíciles de comprender sobre todo si el nuevo estatuto -como dice el preámbulo- «responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia» y es que a nuestro juicio la función de los SITAL en el nuevo marco regulador de la transparencia y del buen gobierno hubiera permitido conferir mayores responsabilidades a la profesión. No ha sido así en la medida de lo necesario. Y hay que preguntarse :¿por qué?.

Ciertamente, ni las leyes de transparencia estatal ni – a título de ejemplo – la catalana ha conferido a los SITAL un papel equivalente a los principios que el preámbulo del RD 128/2018 dice seguir. Si lo ha hecho sin complejos la legislación canaria. La adaptación de nuestro derecho interno a la Directiva Whistleblowing será otra oportunidad para ver si esta norma interna reserva algún rol en los SITAL en este sistema de integridad institucional que todo el mundo dice construir.

Hay aquí una especie de “quiero y no puedo” que sigue al vaivén legislativo que acompaña a esta profesión, que forma parte de su ADN y también de su, digámoslo así, sistema inmunitario.