El Tribunal Supremo fija doctrina sobre las compatibilidades de los empleados públicos para realizar actividades privadas

La Sala Tercera establece que para denegar su concesión deben percibir un complemento que remunere expresamente la incompatibilidad

La noticia en la prensa. Expansión. Los funcionarios sin plus de incompatibilidad puedentrabajar en el sector privado

Comunicación Poder Judicial. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija doctrina sobre el reconocimiento de la compatibilidad a los empleados públicos para el ejercicio de actividades privadas, y destaca que para denegarla deben estar cobrando un complemento que remunere expresamente el concepto de incompatibilidad. La sentencia da la razón al técnico de una agencia pública de Andalucía a quien la Junta le negó la compatibilidad y a quien el Supremo se la reconoce por dos motivos: que su complemento de “puesto de trabajo” no retribuía expresamente la incompatibilidad y ser incuestionable que el mismo no superaba el umbral del 30% de las retribuciones básicas.

El Supremo analiza la regulación de las incompatibilidades y los complementos específicos, así como la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia. El tribunal concluye que, a la vista de lo establecido en la Ley 53/1984, de Incompatilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, “la percepción por parte de los empleados públicos de complementos específicos, o concepto equiparable, que incluyan expresamente entre los componentes que remuneran, el factor de incompatibilidad impide, en todo caso y con independencia de la cuantía de aquellas retribuciones complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”.

Añade como doctrina que “puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad y de superarse debe estarse a lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el ámbito de la Administración General del Estado y lo que puedan establecer leyes de función pública autonómica”.

Factor de incompatibilidad en la RPT

Para los magistrados, “la asignación de un complemento específico por un motivo concreto ha de identificar su razón de ser en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo para poder ser calificado como factor de incompatibilidad”.

En el caso concreto examinado, correspondiente a un técnico de la agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), el Supremo aplica esta doctrina y dice que “no existen elementos para concluir que el complemento ‘puesto de trabajo’ percibido por el recurrente (en jornada de verano de 8 a 15 horas y en invierno la misma más una tarde, a elegir entre lunes o martes de 16,30 a 19 horas) lo sea por ‘incompatibilidad’”, en contra de lo que sostenía la Junta andaluza, para quien dicho complemento sí retribuía, entre otros factores, el de incompatibilidad.

“No consta así ni en las nóminas que ha acompañado, ni lo indica el certificado de la Agencia emitido el 7 de julio 2014 a petición del interesado, en que figura la percepción de tal complemento, 6.358, 21 euros anuales más otro de dedicación de 5.237,68 euros que según el punto 3 del art. 36 del convenio es el destinado a retribuir la especial dedicación de los trabajadores que ocupen puestos de trabajo que tengan asignados complementos de puesto de trabajo y de permanencia”, añaden los magistrados.

Por ello, al no constar que la retribución lo fuere expresamente por incompatibilidad y ser incuestionable que la retribución por puesto de trabajo no supera el umbral del 30% de las retribuciones básicas, condena a la Junta a que autorice la compatibilidad solicitada por el recurrente para ejercer actividades propias de Ingeniera Agraria y Forestal fuera de la jornada laboral y en el tiempo libre del solicitante.

El Supremo da la razón a Civio y obliga al Tribunal de Cuentas a identificar a todos sus eventuales

La sentencia considera que el organismo se equivocó al poner la protección de datos de su personal de confianza por encima del interés público.  Lee la sentencia completa del Tribunal Supremo aquí

CIVIO.- El Tribunal Supremo rechaza todos y cada uno de los argumentos que el Tribunal de Cuentas lleva utilizando, desde hace más de un año, para intentar impedir que conozcamos quiénes son sus eventuales. Lo hace en una sentencia que falla a favor del recurso que Civio presentó en 2018 de la mano de nuestro patrono y abogado, Javier de la Cueva, y en la que obliga al organismo a darnos el nombre de todos esos empleados públicos.

La clave de la decisión: el interés público por acceder a esa información pasa por encima del interés individual a la protección de datos, más cuando estamos hablando de nombre y cargo de personas que trabajan para organismos públicos, no de secretos de Estado.

Una lucha incansable por poner luz sobre los asesores

La noticia de hoy es el último paso de una larga batalla que Civio lleva librando desde 2013. Campaña de firmas y presión pública antes de la Ley de Transparencia; ejercicio del Derecho a Saber, investigación y publicación de noticias, después de su entrada en vigor. Guardado casi como un secreto de Estado, en enero de 2015, el Gobierno publicó el primer y único listado de asesores de la Administración Central. Después hemos tenido que insistir e insistir para ir obteniendo datos. Pero tanto los Gobiernos de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez han puesto –y ponen– trabas al acceso a esta información pública. en los últimos años hemos perdido, incluso, el respaldo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que empezó a limitar la identificación de los asesores. Y contra lo que también hemos recurrido. Esta sentencia nos anima a continuar batallando.

Esta sentencia no solo supone una victoria de la lucha de Civio por defender el derecho de acceso a la información frente a las barreras que levantan los organismos para frenar la aplicación de la Ley de Transparencia, sino también un precedente claro: los organismos públicos -incluidos los ministerios, a quienes desde hace años reclamamos esa información con más o menos éxito- están obligados a identificar a sus eventuales, las personas nombradas a dedo, del mismo modo que conocemos la evolución laboral de cualquier funcionario público.

Miguel Ángel Gavilanes, periodista de Civio, presentó una solicitud de información hace casi año y medio para conocer quiénes eran los eventuales que habían trabajado en el Tribunal de Cuentas desde 2010. La respuesta del órgano fiscalizador fue, como mínimo, sorprendente: solo daban un nombre -el de la directora de comunicación- de 59. Así, se negó a dar información sobre los otros 58 porque, según ellos, realizan “funciones equiparables a las de los auxiliares administrativos”, pese a que solo pueden contratar vía eventual en cargos de especial asesoramiento o confianza.

Como respuesta al recurso, el abogado del Estado que representó al Tribunal de Cuentas argumentó que, aunque realizaban otras funciones, esos eventuales son cargos de especial confianza “por la transcendencia de los asuntos que tratan” y que no podemos, desde Civio, cuestionar en nuestro recurso que nombren a auxiliares administrativos a dedo (cuando esas tareas las deberían realizar funcionarios públicos, desde nuestro punto de vista). Lo que la sentencia responde es que no lo cuestionamos -al menos, no en el recurso, sí en nuestros artículos- y que, independientemente de sus funciones, son cargos de especial confianza (“ocuparon puestos de trabajo público”, “su nombramiento y separación fueron […] libres”) y tenemos derecho a conocer sus nombres. Esto es: el Tribunal de Cuentas aplicó “incorrectamente” el límite a la protección de datos.

Abre camino para que ganemos, también, nuestro recurso de casación

El segundo argumento utilizado durante el juicio para vetar el acceso a esa información es que no tienen por qué dar nombres de personas que trabajaron en el organismo antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. La sentencia le responde, en cambio, que la norma no impone ningún límite temporal al acceso -habla de “contenidos o documentos […] que obren en poder” de las administraciones públicas, pero nada más. Y no solo eso, añade que “la transparencia perseguida por el legislador lleva a la conclusión opuesta”, esto es, que esa no era la intención cuando se aprobó la norma.

El Supremo afirma que tenemos derecho a acceder a información anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional contra la que también recurrimos en 2017.

Justo estos argumentos que ahora avala el Supremo son los que está utilizando Civio en un recurso de casación, que se fallará el año que viene, contra una sentencia de la Audiencia Nacional que fue la que creó ese límite temporal al acceso a la información que, es importante recordarlo, no está en la ley. Que el Supremo despache ya ese argumento en poco más de medio folio nos hace ser muy optimistas sobre las posibilidades de que ese recurso salga también adelante. Y lo que eso significa: que toda la ciudadanía pueda tener acceso a información anterior a la entrada en vigor de la ley.

“El Tribunal Supremo está demostrando una especial sensibilidad en favor del control que la sociedad civil puede ejercer sobre las instituciones públicas, dejando bien claro que estas no son un ente ajeno sino que precisamente se deben a la ciudadanía”, afirma orgulloso Javier de la Cueva, abogado del recurso. Esta no es una lucha individual, ni por tener esta u otra información. Esta sentencia abre camino a toda la ciudadanía para conseguir la información que, desde el principio, es suya.

10 Desafíos de la comunicación en las administraciones públicas en el año 2020

"Muchas administraciones públicas creen que por tener Facebook o Instagram ya “hacen” comunicación"

Por Amalia López Acera blog.- Cuando llegan estas fechas es un buen momento de hacer balance de lo que ha dado de sí el año que se va en las diferentes facetas de nuestra vida, incluida la profesional. También es una buena oportunidad para detener el frenético ritmo del día a día y dedicar un tiempo a reflexionar sobre lo que nos puede deparar el próximo año.

En estas últimas semanas he estado dando vuelta a todos esos retos y desafíos a los que tendremos que hacer frente en el ámbito de la comunicación en las administraciones públicas durante el próximo años y he hecho un resumen de algunos de los que pienso puede ser más relevantes.

Estos son los 10 desafíos a los que tendremos que hacer frente:

1) La comunicación será en sí misma un desafío

Ya lo hemos empezado a vislumbrar a lo largo de este año 2019 pero sin duda el año 2020 va a ser el año de la comunicación en las administraciones públicas, y esto va a suponer un auténtico desafío para muchas de ellas.

Si hasta ahora muchas administraciones han pasado casi de puntillas por la comunicación obviando la importancia y relevancia que la misma tiene, ahora ya no lo van poder dejar pasar por alto por lo que se hace necesario abordar la importancia que la comunicación tiene para las administraciones públicas desde una perspectiva global y transversal.

2) La separación de la información de contenido político de la comunicación de servicio público

Este es uno de los mayores desafíos que tenemos por delante si queremos firmemente mejorar la comunicación con la ciudadanía desde las administraciones públicas rompiendo las barreras que se interponen entre ambos.

De la misma forma que hemos dejado atrás muchos vicios y malas praxis a la hora de gestionar los asuntos en las administraciones públicas también es hora de cambiar la forma de entender lo que es la comunicación desde las administraciones públicas, que sin duda es mucho más que la comunicación del político o política que dirige dicha organización.

3) La creciente complejidad de la comunicación

En un mundo como el actual con múltiples canales de comunicación va a suponer un verdadero desafío para las administraciones públicas ya que tendrán que adaptarse a los mismos si quieren comunicar de forma efectiva.

Ya no se trata solo de tener una página web y un perfil en Facebook, sino que además hay que conocer, seleccionar y gestionar aquellos canales más efectivos de comunicación e información con la ciudadanía en función de las características y objetivos de nuestra administración.

La creciente complejidad de todo lo relacionado con el mundo de la comunicación va a traer consigo una necesaria profesionalización de las labores de comunicación así como de incorporar nuevos perfiles profesionales especializados en marketing digital, analítica web o gestión de redes sociales.

Para muchas administraciones públicas que no cuentan en sus relaciones de puestos de trabajo (RPT’s) con estos perfiles esto va a suponer un desafío que tendrán que encargar o bien a servicios externalizados, a planificar acciones de formación de su personal o a la inclusión de esos perfiles en las nuevas ofertas de empleo público.

4) El contenido audiovisual y los podcats

En las administraciones públicas el formato más utilizado sigue siendo el formato escrito, ya sea en notas de prensa, folletos o carteles. Pero el formato audiovisual es en estos momentos uno de los más consumidos ya que cada minuto se suben 400 horas de vídeo a Youtube y se consumen más de mil millones de horas de video al día en esta plataforma, más que los videos de Netflix y Facebook juntos.

Otro de los formatos que va a irrumpir con fuerza durante el año 2020 será el contenido generado a través de podcats y así vemos como está resurgiendo el consumo de radio a través de la programación a la carta, la aparición de canales como Ivoox, i-Tunes o Spotify o la eclosión de los audiolibros que ya superan en ventas a los libros de bolsillos.

Sin duda supone un reto apostar por estos nuevos formatos a los que tenemos que acostumbramos y que pueden ser una buena alternativa para que nuestros contenidos lleguen a los ciudadanos.

5) La comunicación es más que estar en redes sociales

Es curioso el desconocimiento que existe sobre lo que realmente es la comunicación ya que muchas administraciones públicas creen que por tener Facebook o Instagram ya “hacen” comunicación.

Pues bien, si bien son canales de comunicación no quiere decir que siempre se haga comunicación a través de ellos. Para poder hablar de comunicación tenemos que definir qué queremos comunicar, qué objetivos perseguimos, qué acciones vamos a desarrollar… en definitiva, se trata de diseñar estrategias y planes de comunicación en donde plasmemos qué vamos a hacer y para qué.

Además, se nos plantea un problema más ya que tenemos que elegir entre todo los canales de comunicación que existen que son muchos y variados. En un artículo que publiqué hace no mucho tiempo en este mismo blog hablaba sobre el fin de la redes sociales y el cuál puedes leer aquí.

No tenemos que tener miedo a experimentar y probar con nuevos canales que nos pueden ayudar a comunicarnos con los ciudadanos de forma incluso más efectiva que con las redes sociales. Desde newsletters, videotutoriales, infografías… tenemos que utilizar nuevos formatos y canales y para ello, además de conocerlos y aprender a utilizarlos es necesario no tener miedo a innovar, a buscar nuevas alternativas lo que nos exige estar en beta permanente y con una actitud abierta.

Hay que olvidarse de eso de que como ya tenemos Facebook y nos funciona no vamos a probar nada más, porque ¿qué pasaría si mañana cierra Facebook?

6) La comunicación en streaming

Una de las posibilidades más interesantes que nos ofrecen los nuevos canales de comunicación es que nos permiten la comunicación en directo o en streaming. Este año 2020 va a ser el año de la comunicación por este canal y nos va a permitir que muchos de los actos, eventos y actividades que ponga en marcha una administración pública pueda llegar a un público mucho más amplio que el que pueda asistir de forma presencial.

Conferencias, cursos, charlas…. cada día se organizan en España cientos o miles de actividades organizadas por administraciones públicas a las que asisten unas pocas decenas de personas. ¿Os imagináis el abanico de oportunidades al que podríamos acceder como ciudadanos si todas esas administraciones públicas ofrecieran esos contenidos a través de streaming?

Pongamos un ejemplo: si el Ayuntamiento de Calp ofrece una charla de Alicia Luján, arqueóloga municipal, sobre los trabajos de excavación en los Baños de la Reina podrían asistir entre 30 ó 40 personas a esa charla. Si lo retransmitimos en streaming, ¿cuántas personas interesadas en esta temática podrían seguirla en directo? ¿qué ventajas podría suponer en cuestión de imagen o de nuevos visitantes para nuestra localidad? ¿no estaríamos cumpliendo nuestra responsabilidad como administración pública de acercar el conocimiento a la ciudadanía?

7) La comunicación será verde

Estamos asistiendo a un cambio de época y cuestiones que hace apenas 5 años ni siquiera nos preocupaban ahora han pasado a ser protagonistas como son la reducción de plásticos o el cambio climático. Esto también tiene su reflejo en la comunicación que realizamos desde las administraciones públicas en lo que llamamos la agenda setting.

Yo estoy segura que en menos de 5 años más del 60% de las personas que trabajamos en las administraciones públicas tendremos el teletrabajo si no del total de nuestra jornada, al menos 1 ó 2 días a la semana estaremos trabajando desde nuestras casas.

Esa implantación del teletrabajo no va a venir de la mano de un nuevo modelo de gestión de los recursos humanos sino que será una de la acciones que se van a poner en marcha para evitar las consecuencias del cambio climático. La declaración de emergencia climática es el primero de muchos de los pasos que vamos a dar y que nos van obligar a poner en marcha acciones en este sentido y la reducción de emisiones de CO2 está ligada a una menor utilización de los vehículos y puestos a implantar medidas las administraciones públicas tendrán que ser las primeras dando ejemplo.

La comunicación desde las administraciones públicas se va a centrar en todas las cuestiones que afecten al cambio climático o al desarrollo sostenible y durante este año 2020 veremos como será protagonista en la comunicación desde nuestras administraciones.

8) La comunicación interna

Sin duda la comunicación interna será una de las protagonistas del año 2020 ya que muchas administraciones públicas ya se han dado cuenta de que si no hay una buena comunicación interna es imposible que haya una buena comunicación externa.

Nunca había recibido ningún correo o llamada de teléfono en la que me plantearan alguna cuestión relacionada con la comunicación interna hasta este año 2019. Y ha sido precisamente durante este último trimestre de año en donde he dado mis dos primeras charlas hablando expresamente de comunicación interna, lo que sin duda es un síntoma claro de que esta cuestión empieza a estar encima de la mesa de nuestras administraciones.

9) Escuchar a la ciudadanía

La comunicación que se ha hecho siempre desde las administraciones públicas hacia la ciudadanía ha sido principalmente de forma unidireccional, pero esto va a cambiar. Este año 2020 vamos a tener que hacer frente al gran desafío de incorporar a los ciudadanos en nuestra acciones de comunicación de una forma activa escuchando sus propuestas, ideas y sugerencias para lo que será necesario establecer canales de comunicación tanto offline y como online para poder hacerlo efectivo.

Esto no es más que llevar a la práctica los tres ejes del gobierno abierto que son la participación, la colaboración y la transparencia.

Los ciudadanos reclaman más presencia en nuestras administraciones públicas y para ello tendremos que habilitar canales. Este año 2020 será el salto hacía una comunicación bidireccional desde las administraciones.

10) Los canales de Telegram

Durante muchos años desde las administraciones públicas hemos utilizado canales de comunicación masiva para comunicarnos con la ciudadanía. Y aunque estos canales continuarán durante el año 2020 veremos como otros formatos toman protagonismo con una comunicación más directa y personal.

Desde que el pasado 7 de diciembre de WhatsApp comunicara que tomará acciones legales contra aquellas personas, empresas o entidades que utilicen el envío masivo de mensajes ya sea en grupos o en listas de difusión se nos ha cerrado una de las herramientas más efectivas que teníamos para difundir nuestros mensajes. Creo que este movimiento de WhatsApp viene provocado porque entre la estrategia de la empresa está ofrecer este servicio previo pago a través del WhatsApp Business.

Mientras tanto hemos encontrado una alternativa en los canales de Telegram que ha venido de la mano de un mayor número de personas que lo utilizan lo que lo convierte en una gran alternativa para poder hacer llegar la información a aquellas personas que estén interesadas en los contenidos que ofrece nuestra administración.

Estos son sin duda los 10 retos o desafíos que tienen por delante nuestras administraciones públicas durante el año 2020 en materia de comunicación. Está claro que para muchas administraciones todo esto les dará igual y los obviarán de la misma forma que lo han estado haciendo con otras cuestiones como la implantación de la administración electrónica.

Esto en realidad no es más que adoptar una actitud de procrastinación dejando para más adelante lo que sabes que vas a tener que hacer tarde o temprano. Como muchas otras cuestiones lo mejor es empezar a dar pequeños pasos en función de los recursos de que dispongas pero teniendo muy presente que por muchas excusas que trates de buscar, para lo que no hay nunca excusa es para no comunicar.

Desde aquí aprovecho para felicitaros estas fiestas y desearos un Feliz Año 2020!!!

Otro post de interés. Por Víctor Almonacid; ¿Habéis nombrado ya al Responsable de Accesibilidad?

CSIF entrega a Moncloa un informe jurídico para aplicar la subida salarial a funcionarios en enero de 2020

Una delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entregará este lunes a Presidencia del Gobierno un informe jurídico para aplicar la subida salarial a los empleados públicos desde el mes de enero.

Revista de prensa.- La Vanguardia- EP. Una delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entregará este lunes a Presidencia del Gobierno un informe jurídico para aplicar la subida salarial a los empleados públicos desde el mes de enero.

En concreto, la delegación del sindicato presentará un informe jurídico en el registro del Palacio de la Moncloa donde se justifica la aplicación de la subida salarial a partir del 1 de enero por la vía del decreto-ley.

CSIF ha reclamado la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para acelerar las ofertas de empleo público, empezar a diseñar la de 2020 y garantizar la subida salarial de los empleados públicos para el año que viene por la vía del real decreto-ley.

En este sentido, la organización que preside Miguel Borra se ha propuesto "intensificar" durante esta semana el diálogo con grupos políticos y con el propio Gobierno en funciones para que la subida salarial de 2020 se haga efectiva.

Las demandas del sindicato vienen motivadas por el retraso del acuerdo político y la "incertidumbre" generada en torno a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Plan Presupuestario de 2020 que el Gobierno hizo llegar a Bruselas en octubre incluía una subida salarial del 2,3% para los empleados públicos (2% fijo más un 0,3% procedente de fondos adicionales), tal y como se acordó con los sindicatos. El coste de esta subida se cifra en 3.264 millones de euros.

No obstante, el Plan Presupuestario señala que en el escenario más optimista, en el que se recoge una subida del 3,3% por la suma de un 1% adicional ligada a un avance del PIB igual o superior al 2,5%, el coste de la mejora de los salarios públicos en 2020 ascenderá hasta los 4.575 millones de euros. 

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEOS

Los principales sindicatos de la Función Pública firmaron el pasado miércoles un acuerdo para desarrollar el proceso de estabilización de los empleos temporales correspondientes a 2018 y 2019, con un total de 6.598 plazas, que, según CSIF, "todavía se encontraban congeladas ante la inercia política y que por fin se pondrán en marcha".

Asimismo, el jueves se ratificó el concierto para la asistencia sanitaria al colectivo de 1,5 millones de funcionarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) para los próximos dos años, con un presupuesto de 2.255 millones de euros y un alza de la prima (cantidad fija destinada a las compañías) del 4,5%, que mejorará la asistencia sanitaria de estos empleados públicos desde enero.

En este sentido, CSIF exige que se aplique la subida salarial en la línea al igual que ha sucedido con el acuerdo de Muface.

Novedad editorial: Ser funcionario en tiempos difíciles

"En las burocracias profesionales, públicas o privadas, encoge la autoridad jerárquica con unas plantillas cada vez más “planas” que descansan inevitablemente sobre la innovación tecnológica"

Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- Kelsen popularizó la diferencia entre el recaudador y el asaltante como esencia del Estado de Derecho. Utilicemos el argumento de modo inverso: ¿Qué tienen en común una profesora universitaria arengando a sus estudiantes en plena manifestación y el policía uniformado cuya presencia evita que se ocasionen disturbios? ¿Y con la enfermera que alivia en Urgencias la herida de un porrazo policial? ¿Y con la juez que le impone una multa? ¿Y con el cartero que se la notifica? Sí, comparten el estatuto de empleados públicos. Funcionarios en sentido amplio, solemos decir, simplificando la diversa naturaleza jurídica del variado catálogo de trabajadores al servicio de nuestros poderes públicos.

Por eso, la obra que ayer presentó José Ramón Chaves en el Club Prensa Asturiana del diario La Nueva España, “Ser funcionario en tiempos difíciles“, supone un nuevo de para este prolífico autor. Para garantizar que se trata de un texto de fácil lectura subtitula entre paréntesis (Motivos de orgullo y claves de supervivencia). Algo que, según explicó, es toda una declaración de intenciones: quiere ser el manual de desactivación de explosivos, contándole directamente al lector todo lo aprendido durante más de 11 trienios administrativos.

Así es nuestro generoso y entusiasta jurista, que disecciona la burocracia con su peculiar bisturí. Presenta a los protagonistas, con sus historias y sus intereses, sus anhelos y desafíos, siempre con su peculiar estilo, erudito y multifacético, intelectualmente travieso, que le llevará por los territorios del servicio público en una materia seria que aborda de manera divertida.

El lector convivirá con el directivo público así como con la variada tipología funcionarial, que clasifica en cuatro roles: tramitador, gerente, pensador y guardián. No faltan los trepa ni los pata-negra, ni los jefes tóxicos, ni los sindicatos, como tampoco la dimensión emocional del funcionario enfrentado a un mundo competitivo, mal pagado y socialmente ingrato. Asimismo, le presenta la problemática de la gestión de recursos humanos, sus herramientas y el uso de la discrecionalidad técnica o de las necesidades del servicio, así como el impacto de las nuevas tecnologías

La obra trata con especial cariño al modelo clásico de Administración donde todo era previsible y presencial. Un modelo que agoniza (“el señor del expediente” dice el autor) y anuncia un nuevo paradigma para la cadena de valor de la Administración ante los profundos cambios que ha traído la sociedad del conocimiento (y su economía). En todas las organizaciones se alumbra un nuevo tipo de trabajador, con mayor autonomía, creatividad y formación. La Administración no podía ser menos y pierde trascendencia el organigrama formal. La capacidad de coordinación deja de ser la habilidad más valorada. En las burocracias profesionales, públicas o privadas, encoge la autoridad jerárquica con unas plantillas cada vez más “planas” que descansan inevitablemente sobre la innovación tecnológica. Un terreno que nuestro autor conoce bien.

Estamos ante un creador que ha superado el centenar de artículos jurídicos y la veintena de libros

Recientemente, este magistrado especialista de lo contencioso administrativo impartía una vanguardista conferencia en un curso de la UIMP en Santander –dirigido por el matemático Santos González sobre “Tendencias actuales de la inteligencia artificial”- donde reconocía que estamos en una fase de transición que afecta a todo nuestro derecho, que ha venido girando en torno a la idea de un Estado soberano donde reinaba la seguridad jurídica y primaban los documentos y las personas. Nos encaminamos -exponía- hacia un sistema jurídico globalizado donde predomina la incertidumbre, abundan las pruebas electrónicas y no son identificables todos los sujetos jurídicos, en medio de una eclosión de derechos digitales cuya extensión y límites no están claros ¿Cómo sobrevivir en ese escenario?

El doctor Chaves recurre cotidianamente a los fundamentos jurídicos y los maneja con maestría, lo que le permite desenvolverse con facilidad en entornos administrativos complejos y dinámicos donde los conceptos son la única caja de herramientas posible.

Hoy, en plena explosión de la información legal, de fácil e inmediato acceso, a medida que nos hacemos mayores debemos de acudir al conocimiento, a los principios esenciales más que a los datos. Como veteranos ajedrecistas (él lleva el veneno dentro) sabemos que lo único que nos permite competir con el cálculo extraordinario de los jóvenes maestros (o de las computadoras) es la comprensión de los fundamentos. El autor lo sabe y lo practica, hasta el punto de mantener una sección permanente de la prestigiosa revista El consultor de los ayuntamientos y de los juzgados con el título de “Museo de la legalidad administrativa” sobre institutos que subsisten inmunes al paso del tiempo.

Con todo este bagaje y experiencia, el lector encontrará en este ensayo muchas referencias a la vida administrativa. Uno de los protagonistas principales es el jefe, que describe con maestría, con sus diversas tipologías y patologías. Los conoce bien pues ha sufrido y disfrutado algún Alcalde, Consejero autonómico o Rector tras su paso por cinco administraciones, ejercitando sus dotes como observador de los engranajes administrativos. Sin embargo, no lo olvidemos, detrás de todo esto hay horas y horas de constancia, reflexión y trabajo.

Agradezco al autor la cortesía de pedirme un prólogo y la valentía de dejarme contar tantas divertidas y comprometedoras anécdotas de su vida administrativa

Durante mi breve presentación hice referencia a un comentario que un seguidor de su página web dejó esta misma semana y que resume muy bien el contenido y el tono del libro:

Xavier B-B

He tenido ocasión de leer la obra «ser funcionario en tiempos dificiles». Fin de semana del 6 al 8 de diciembre. Brutal. Como caer en medio de la batalla de Stalingrado en pleno combate. No solo te permite reírte sino lo que es aún «peor»: reflexionar. Hay tantas circunstancias que comparto, por haberlas padecido o gozado en primera persona o haberlas vistas.

Es un libro, a mi juicio, que conjuga el humor con reflexiones que aunque parezcan a veces humorísticas, son muy profundas. Hay conceptos que solo se pueden exponer en un libro así,, «la paz social» -comprada-, los directivos públicos, los roles del funcionario, las edades del funcionario (buff….que buenas las páginas 154-163), la gestión de los recursos humanos…..El libro es de lectura obligatoria -se lee muy rapidamente, si eres funcionarios entre los 40 y 60 años-, aunque sólo tiene un «pero» que no es culpa del autor: ningún funcionario joven, que apruebe la oposición y llegue con ganas a su nuevo puesto -sea cual sea- se creerá nada del libro, pensará que es un montaje mental del autor. Si lo hago leer a mis alumnos universitarios aspirantes a funcionarios les causará un efecto demoledor …. Es una lectura «para adultos», como algunas revistas o accesos a internet. Desgraciadamente, todo el libro es cierto.

PS: por cierto, la cita de Kissinger de «lo ilegal lo hacemos enseguida; lo inconstitucional nos cuesta un poco mas», pag. 342, es impresionante … La relación de citas recopiladas en el libro es excelente. El libro me enganchó por las ellas y luego me leí el libro. Es perverso :-), es como leer un libro empezando por las notas de pie de pagina, pero la gran mayoría son geniales. El caso judicial laboral de la pag.113 lo voy ha incorporar a mis clases de profesor de empleo publico.

Las pinceladas impresionistas se mezclan con el dato objetivo, la norma, la sentencia didáctica o la anécdota y el guiño al lector.

En fin, una obra de lectura fácil, donde el funcionario reconocerá las situaciones reflejadas y le serán desveladas las grandezas y miserias de la gestión de recursos humanos en la Administración, bajo la perspectiva de quien es gran defensor del interés público y de sus servidores. Como dijo la Gerenta de la Universidad de Oviedo, Ana Isabel Caro Muñoz, durante la glosa de la obra , “el autor de deconstruye la realidad para construirla de forma amena”.

La editorial Wolters Kluwer realizó un importante despliegue, con su gerente de publicaciones de Administraciones Públicas, Lourdes Bernal, supervisando que todo estuviera en su sitio.

La innovación en el empleo público: una necesidad ineludible

Reproducción de la Presentación del Número especial del Consultor de los Ayuntamientos de Noviembre de 2019  (Wolters Kluwer. La Ley), coordinado por Jorge Fondevila, "con la finalidad de aportar la necesaria información profesional y ayuda práctica en la planificación y en la  innovación en la gestión de los recursos humanos de las Administraciones Públicas".

Por Jorge Fondevila Antolín. (Coordinador del Especial) - Este monográfico que he tenido el honor de dirigir, nace con la finalidad de aportar información profesional y también una ayuda práctica, que estimo esencial para estos momentos de zozobra de nuestras Administraciones Públicas en la planificación y obligada innovación en la gestión de los recursos humanos a su servicio. Para ello, hemos reunido un grupo de los más destacados especialistas en esta materia, que desde hace tiempo llevan trabajando no solo mediante aportaciones teóricas sino con su implementación práctica en proyectos de innovación en la gestión de recursos humanos en diferentes Administraciones Públicas, lo que estimo aporta a este monográfico no solo las típicas exposiciones teóricas, en muchas ocasiones poco prácticas, sino también, y esto es muy importante, opiniones y criterios de actuación práctica.

Así, es preciso destacar que las primeras aportaciones de los profesores Jiménez Asensio y Ramió Matas, aportan una visión estratégica sobre las actuales insuficiencias y problemas, así como las alternativas para el futuro del empleo público, que resultan imprescindibles si queremos diseñar adecuadamente la innovación en esta área, y ello, porque precisamente la visión cortoplacista y clientelar de la función pública, es la que nos ha llevado a esta grave situación actual. No es posible incorporar a nuestras administraciones la innovación necesaria, para conseguir una administración profesional y objetiva, sino hemos sido capaces de detectar previamente los problemas y una prospección de lo que el futuro de nuestra sociedad va a demandar a nuestros servicios públicos, solo un adecuado diagnóstico nos permitirá incorporar las adecuadas decisiones para proceder a implementar las obligadas reformas.

Como podrá comprobar el lector, este especial en su segunda parte incorpora el examen de una serie de cuestiones que entiendo esenciales en este necesario proceso de innovación, como es la inexistente, en general, planificación de recursos humanos en nuestras administraciones, resultando de gran interés las aportaciones prácticas de los trabajos de Dapena y Cuenca. Posteriormente, nos enfrentamos al obsoleto sistema selectivo que se desarrolla en nuestras administraciones, que no garantiza el acceso de los mejores desde un criterio constitucional de capacidades y aptitudes, lo que no supone un rechazo, en absoluto, al procedimiento de oposición libre, sino a un cambio de los tipos de ejercicios, que es una cuestión diferente; y más en estos tiempos, donde nos enfrentamos a uno de los mayores ataques a la objetividad y profesionalidad en el empleo público. Me refiero a los inconstitucionales procesos de consolidación y estabilización; a este respecto, he justificado legalmente esta afirmación sobre su inconstitucionalidad, en mis obras: «Manual para la selección de Empleados Públicos» y también en «Problemas y soluciones al empleo público actual: Una Valoración a los 10 años de la aprobación del EBEP». Pues bien, este especial incorpora a este respecto novedosas aportaciones de innovación por parte de Gorriti y Fondevila.

Pero claro, tras la visión y examen estratégico de la planificación y la innovación en la selección, estimamos necesario incorporar también un examen práctico de aquellas áreas más conflictivas en la gestión de recursos humanos; en concreto, el personal laboral (Boltaina), la provisión de puestos de trabajo (Chaves) y, finalmente, los problemas que ha originado la aprobación del reciente RD 128/2018, norma esencial para los funcionarios de habilitación de carácter nacional (condición que también ostento con orgullo). Figura, a nuestro juicio, esencial para impulsar la innovación de nuestra Administración Local, y que por cierto lleva años sufriendo un ataque a su independencia y profesionalidad, resultando muy ilustrativo el examen crítico del mismo realizado por Casas.

Finalmente, un trabajo de estas características no podía obviar el estudio de otro de los pilares esenciales de la innovación en nuestras administraciones, en concreto, el «compliance», tema examinado por Campos. Y otra cuestión directamente conexionada con la anterior, en concreto, los códigos de conducta de los empleados públicos y su integridad en el servicio público (López), que afecta directamente a uno de los mayores problemas que desde hace años está afectando a nuestras administraciones: la corrupción.

Dicho lo anterior, no puedo evitar formular algunas consideraciones personales sobre el estado y problemas del empleo público actual, compartiendo totalmente el diagnóstico formulado por los profesores Jiménez y Ramió, quizás mis consideraciones puedan resultar conflictivas e incluso duras y pesimistas para el lector, pero entiendo que para poder ofrecer un correcto tratamiento ante una enfermedad es preciso determinar con toda la precisión y crudeza necesaria la situación de la enfermedad; solo así podemos tener la certeza de que las medidas que se puedan proponer para tratar la enfermedad son las adecuadas. Si bien, debo destacar que ese aparente pesimismo no es real, pues si tras más de treinta años en el servicio público todavía tengo la voluntad e interés de seguir investigando y proponiendo alternativas para la mejora de nuestras Administraciones Públicas, es porque creo en el futuro del servicio público y en la necesidad de que su actividad se desarrolle en los términos establecidos por los principios constitucionales de objetividad y eficacia.

Problemas que afectan al empleo público

Dicho lo anterior, en este momento voy a intentar resumir las principales causas, a mi juicio, de los problemas que actualmente afectan a nuestro empleo público en las siguientes notas:

1.- Especialmente desde el año 1984, se ha desarrollado un proceso normativo y de gestión con el único objetivo de desterrar la profesionalidad y objetividad en el empleo público, de manera que nos encontramos ante un sistema caracterizado por la politización y clientelismo político y sindical, cuyo escaparate principal han sido los ámbitos de la selección y la carrera administrativa (procedimientos de provisión de puestos de trabajo). Estas consideraciones que ya hemos manifestado en otros trabajos con anterioridad son compartidas por un sector de la doctrina (Olmeda Gómez, J.A., Parrado Diez, S. y Colino Cámara, C. (2017), Las Administraciones Públicas en España), donde exponen directamente que: «Todo parece indicar que con la politización creciente y la proliferación de asesores y gabinetes políticos esto ya no es así, ya que los políticos parecen haber prescindido cada vez más del asesoramiento técnico de los funcionarios, liberándose de su influencia y, para garantizar supuestamente la ejecución de sus decisiones, han tratado de amarrar políticamente a los altos funcionarios. En definitiva, actualmente se funciona sobre la idea de que parece que los políticos han de tomar las decisiones libremente y por su cuenta y el papel de los funcionarios queda limitado a facilitar a posteriori la cobertura legal que sea necesaria (Nieto 2008). Asimismo, según los estudios empíricos disponibles, también entre los altos cargos de confianza política suelen predominar los burócratas profesionales, aunque crecientemente se va dando más cabida a los activistas de los partidos o expertos en comunicación política con escasa o nula cualificación profesional en los temas del departamento». Y, posteriormente, añaden la siguiente consideración: «Esta situación provoca la pérdida del respeto profesional por parte de los funcionarios al jefe político y su falta de expectativas profesionales, acompañada del desánimo por ver que sus jefes han conseguido por la vía de la política lo que ellos nunca van a conseguir por méritos profesionales, incitando así a los funcionarios a politizarse […] Este proceso de "decapitación permanente" de las organizaciones del sector público se lleva por delante todo el capital directivo construido durante un largo periodo de tiempo», y todo ello, sin olvidar los peculiares procesos de funcionarizaciones masivas.

2.- Como consecuencia de la politización citada, no se ha desarrollado una necesaria gestión profesional de recursos humanos y tampoco en la gestión de los servicios públicos. Destaca así la ausencia de regulación e implantación de un auténtico modelo de Personal Directivo, ajeno al ámbito político y vinculado exclusivamente a la evaluación de los resultados profesionales de su gestión.

3.- Como consecuencia de la politización y clientelismo que han dirigido la gestión del empleo público, se ha originado otro problema muy grave, en concreto, el acceso al empleo público mediante los denominados «procesos de consolidación o estabilización», o como los califica Jiménez Asensio «Aplantillamiento» de un enorme grupo de empleados públicos que han accedido al empleo público mediante unos sistemas de acceso sin las más mínimas garantías y, además, en muchos casos con una clara vinculación política y sindical y dudosa cualificación profesional, lo que ha originado una pérdida de talento y profesionalidad en nuestras administraciones, y a su vez un fraude para el resto de los ciudadanos que han visto defraudadas sus expectativas de acceso al empleo público reconocido constitucionalmente en el art. 23.2. C.E.

4.- Es preciso añadir que todas estas situaciones han constituido el caldo de cultivo perfecto para el florecimiento y desarrollo de la corrupción, fenómeno que afecta a todas las administraciones públicas y a todos sus niveles. De manera que solo desvinculando la politización del empleo público e incorporando la exigencia de unos principios de ética pública a todos los empleados públicos, se podrá comenzar un nuevo camino ya despejado y acorde con el orden axiológico constitucional.

También quiero destacar que nos encontramos ante un momento muy importante para el futuro de nuestro empleo público, en concreto, me refiero a tres circunstancias que concurren y de gran importancia. En primer lugar, después de transcurrir 12 años desde la aprobación del EBEP, el mismo todavía está en gran medida pendiente de desarrollo. En segundo lugar, nos encontramos con un periodo de convocatorias de consolidación y estabilización de empleo temporal, procesos que merecen mi total crítica como ya he señalado, y que pueden condicionar la eficacia de las Administraciones Públicas durante muchos años. Y, en tercer lugar, el hecho de que entramos en una década de renovación masiva del empleo público; pues hay un fenómeno imparable que es el envejecimiento de las plantillas de funcionarios, lo que va a exigir que a medio plazo deberán producirse sustituciones masivas en la provisión de puestos de trabajo de responsabilidad y la incorporación de nuevas personas a las organizaciones. Y, todo ello, sin que se hayan desarrollado plan alguno de transferencia de conocimiento, un elemento esencial en toda organización profesional, y tampoco un necesario e imprescindible análisis de cuáles son las futuras necesidades que deberán atender los servicios públicos. Pues no se puede olvidar que nuestra sociedad es un elemento dinámico y evolutivo, de manera que las necesidades de recursos humanos serán diferentes en función de los nuevos servicios públicos a prestar.

Lo anterior supone que en estos momentos resulte imprescindible y esencial una reflexión y reforma de nuestro marco normativo del empleo público y, además, la adopción de medidas estratégicas. Porque ha llegado el momento esencial que puede condicionar para las próximas décadas qué clase de empleo público va a servir a nuestra sociedad, pues una mala gestión de estas situaciones nos puede llevar a un negro futuro para los servicios públicos y que se continúe incumpliendo el mandato constitucional de un empleo público objetivo y eficaz.

Finalmente, es obligado manifestar mi agradecimiento a todos los colaboradores en este monográfico, que a pesar de problemas personales y obligaciones profesionales han realizado un gran esfuerzo para que este trabajo vea la luz. Espero que este especial pueda ayudar al impulso y aportación de ideas y propuestas para innovar la gestión de los recursos humanos de nuestras Administraciones.

La FEMP presenta su Estrategia Local de Economía Circular basada en cinco grandes áreas ligadas a la Agenda 2030

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha presentado en la Cumbre del Clima la Estrategia Local de Economía Circular, que propone un total de 29 medidas principales basadas en cinco grandes áreas ligadas con los compromisos de la Agenda 2030.

Revista de prensa. EP.- Este documento, de acuerdo con la FEMP, dota a los Gobiernos Locales de una "herramienta propia para abordar los retos de la economía circular" y responder a los compromisos de la Agenda 2030 con el objetivo de sentar las bases de un modelo de desarrollo económico más innovador, competitivo y sostenible mediante un uso eficiente de los recursos naturales y la reducción de la generación de residuos.

Los ejes estratégicos del informe son la minimización de la utilización de recursos naturales, la gestión del consumo de agua, la sostenibilidad de los espacios urbanos, espacios y conductas saludables y por último, políticas de transversalidad.

"Con el documento de la FEMP, los Ayuntamientos tienen a su disposición una serie de propuestas para conseguir maximizar los recursos materiales y energéticos, disponibles con objeto de que permanezcan en la economía el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos", ha explicado el subdirector de Medio Ambiente de la FEMP, Luis Enrique Mecati.

En este documento ha colaborado Ecoembes, tal y como señala la FEMP, que además afirma que han participado más de 80 responsables políticos y técnicos de distintas Entidades Locales, agentes económicos y sociales.

Fomentar la cohesión social

En definitiva, el ahorro de energía, optimizar y reducir el uso del agua, fomentar el ciclo de los materiales, reducir residuos y favorecer el reciclaje, uso racional del suelo, favorecer la movilidad sostenible, así como, fomentar la cohesión social, garantizar el acceso a la vivienda, revitalizar la ciudad y liderar la innovación digital, son los grandes objetivos planteados en la Estrategia Local de Economía Circular de la FEMP.

Por último, Luis Mecati anunció que la Federación llevará a cabo durante un año una campaña de formación de la estrategia local de economía circular en municipios de toda España. A su juicio, para poder seguir el camino del desarrollo sostenible y conseguir los objetivos marcados en la Agenda 2030 y en la Agenda Urbana de España, "las Entidades Locales necesitan contar con las competencias y los recursos necesarios".