Hacia un nuevo modelo de comunicación en las administraciones públicas

"Abordar un cambio del modelo de comunicación no es tarea fácil, no nos vamos a engañar, pero tampoco lo está siendo el cambio de modelo hacia la administración electrónica y ello no quiere decir que no tengamos que hacerlo"

Por Amalia López Acera blog.- Ha  llegado el momento. No podemos esperar más. Y es que se hace necesario, urgente diría yo, implantar un nuevo modelo de comunicación en las administraciones públicas.

Desde que empecé a escribir este blog hace algo más de 4 años, son muchas las cuestiones que he ido abordando en los casi 150 artículos que he escrito sobre diferentes aspectos relacionados con la comunicación en las administraciones públicas. He hablado sobre redes sociales, blogs, videotutoriales o páginas webs. En todos esos artículos he puesto de manifiesto aspectos que se podían mejorar o incorporar, pero la verdad es que nunca había tratado la cuestión de un nuevo modelo de comunicación en su conjunto.

Estaríamos hablando no tanto de una cuestión de abrir perfiles en redes sociales o de que tener un blog para contar a los ciudadanos lo que hacemos, sino de ir un paso más allá con algo más importante y relevante. Se trataría de reconocer y asumir que ha llegado el momento de cambiar el modelo de comunicación que tenemos en las administraciones públicas porque el actual, reconozcámoslo, ya no nos sirve.

¿Y por qué no nos sirve?

Pues no nos sirve porque no les sirve a los ciudadanos. Y es que a pesar de todo el trabajo que se realiza en las administraciones públicas los ciudadanos saben poco o nada de lo que hacemos, y cada vez tenemos más la sensación de que menos informados están. Por no hablar de que a pesar de estar en un mundo hiperconectado a los ciudadanos les resulta casi imposible poder “conversar” con su administración. En este artículo hablo con más detenimiento de esta cuestión.

En cambio sí que saben lo que hacen los políticos, o si somos más precisos, el político o la política que está al frente de esa administración. Y es que los gabinetes de prensa son “de la Ministra” o “del Alcalde”, incluso esa utilización del lenguaje nos transmite la idea sobre la función y el trabajo que desarrollan esos gabinetes.

Pero los tiempos han cambiado y los ciudadanos nos piden, y nos van a exigir en los próximos años, que desde las administraciones públicas trabajemos por y para ellos en este área al igual que lo hacemos desde otras.

Abordar un cambio del modelo de comunicación no es tarea fácil, no nos vamos a engañar, pero tampoco lo está siendo el cambio de modelo hacia la administración electrónica y ello no quiere decir que no tengamos que hacerlo.

En el caso de la comunicación, y a pesar de no requerir grandes inversiones en infraestructuras como en el caso de la administración electrónica, soy capaz de asegurar de que va a costarnos mucho más cambiar.

El principal escollo hacia ese nuevo modelo de comunicación es que precisa de un cambio de mentalidad para entender que el político no es el protagonista de la comunicación (ni sus reuniones, visitas o inauguraciones) sino que el verdadero protagonista es el ciudadano.

Por tanto, tenemos que ser capaces de dar al ciudadano información que le sea de utilidad así como ser el canal para saber qué piensan, opinan y lo que nos quieren proponer y sugerir.

¿Qué supone este cambio hacia un nuevo modelo de comunicación en el que el ciudadano es el protagonista?

1) Los gabinetes pasan a ser departamentos de comunicación

Los gabinetes deberían dejar de llamarse así (gabinetes) y configurarse como auténticos departamentos dentro de la estructura organizativa de las administraciones públicas como cualquier otro servicio a la ciudadanía.

Y es que partimos del hecho de que todo el trabajo que se hace en la administración se hace para el ciudadano, y tiene su justificación precisamente en ese interés público. Por tanto, y aunque sí que pueda serlo en aspectos puntuales y concretos, no trabajamos para la alcaldesa o la ministra.

El departamento de comunicación de una administración debería trabajar para los ciudadanos lo mismo que el departamento de informática o el departamento de contratación.

¿Os imagináis que en la oficina de atención al ciudadano se enseñará a cada persona que se acerca a la ventanilla una foto del alcalde de cada reunión que asiste o cada obra que inaugura? Pues eso es lo que hacemos ni más ni menos pero en otros canales (redes sociales, notas de prensa, boletines informativos…).

¿Estamos ofreciendo por tanto la información que es de interés para el ciudadano o la que es de interés para el político? Sin hablar de la cuestión de que se destinan recursos humanos y materiales de la administración para realizar esas funciones.

Solución: la comunicación de las administración públicas se hace por y para los ciudadanos. Si el cargo político quiere hacer comunicación sobre su persona que utilice los recursos de su partido o bien los que tiene a su disposición a través de cargos de confianza o asesores en sus propios canales de comunicación independientes de los institucionales.

2) Separar información de servicio público y de carácter político

Muy relacionado con el punto anterior está la necesidad de separar la información de servicio público de la información de carácter político. Un tema del que todos hablamos por detrás pero del que no se ha abierto un debate público sobre ello y que yo me animo a abrir.

Y es que hay que decirlo bien alto y claro: no se puede permitir que se utilicen los medios institucionales para hacer comunicación política. Y muchos me dirán que estoy loca o que por qué no se va a poder hacer. Pues entre otras razones daré una de peso: ya hay una sentencia que ha condenado a un gobierno autonómico por hacer comunicación política en una cuenta institucional de Twitter.

Si te interesa conocer más en profundidad la Sentencia #PageCumple no dejes de leer este artículo.

Solución: recoger mediante reglamentos u otro tipo de herramientas legales las funciones y la organización de los departamentos de comunicación de las administraciones públicas.

3) Profesionalización de la gestión de comunicación

Ni un alcalde tiene que llevar el Facebook del Ayuntamiento ni puede haber departamentos de comunicación en los que no haya un sólo periodista. Y aquí mucho me temo que tendremos que recurrir a las asociaciones de periodistas e incluso a la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) para evitar el intrusismo profesional.

E incluso me atrevo a ir más allá y es poner sobre la mesa un tema que preocupa y mucho como son las injerencias del poder político sobre el trabajo que realizan los periodistas que trabajan en los departamentos de comunicación de las administraciones públicas.

Solución: elaboración de reglamentos, directrices o recomendaciones sobre el trabajo que se debe llevar a cabo desde los departamentos de comunicación de las administraciones públicas y adopción de los códigos deontológicos.

4) Cambiar la forma de comunicar 

En los gabinetes de prensa (que es como se les llama como si no hubiera más medios que la prensa) se sigue trabajando como hace 20 años y en ellos la elaboración de notas de prensa es el elemento estrella seguido de otros tan arcaicos y tan inútiles como los “saludas”. Bueno, a lo mejor hemos abierto Facebook y Twitter en nuestra administración para poder colgar las notas de prensa.

Esto tiene que cambiar, pero este cambio nos obliga en muchos casos a un reciclaje profesional de las personas que trabajan en los gabinetes de prensa de las administraciones públicas hasta convertirlos en verdaderos departamentos de comunicación en los que primen nuevos formatos, canales y estilos para comunicarnos con la ciudadanía.

Solución: crear departamentos de comunicación con plazas de periodista recogidas en la RPT’s (Relación de Puestos de Trabajo) así como de otros nuevos perfiles profesionales relacionados con la comunicación como marketing, webmasters, community managers, especialistas en SEO… Y por otro lado ofrecer planes de formación para las personas que ya están ocupando esos puestos.

Sé que muchas personas pensarán que plantearnos un nuevo modelo de comunicación en las administraciones públicas es algo descabellado y a largo plazo. Puede ser. Pero para poder llegar al largo plazo un día tenemos que plantearnos un pequeño plazo y posiblemente el hecho de que entre todos empecemos a cuestionarnos que ese cambio es necesario sea el comienzo.

Yo por mi parte he asumido el compromiso personal y profesional de trabajar por ese nuevo modelo de comunicación y que pueda ser una realidad. Y lo hago desde el convencimiento de que este es el único camino que tenemos si queremos afrontar con éxito los retos y desafíos que en los próximos años nos depararán los cambios en nuestra sociedad y de los que las administraciones públicas no estaremos al margen.

Rafael Jiménez Asensio: Cinco años de Transparencia

“La verdad está ahí si estamos dispuestos a buscarla, aunque está lejos de ser pura y simple” (Julian Baggini, Breve historia de la verdad, Ático de Libros, 2018, p. 88)

Por Rafael Jiménez Asensio.- La Mirada Institucional blog.- A primeros de diciembre se cumplirán cinco años desde la publicación en el BOE de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Y, tal vez, puede ser un buen momento para llevar a cabo un primer, aunque escueto, balance.

Ciertamente, la LTAIBG tenía una entrada en vigor escalonada y una aplicabilidad diferida en algunas de sus previsiones y en relación con determinados niveles de gobierno. Pero eso ahora no importa. Lo que con ello se pretendía era preparar el terreno para que las Administraciones Públicas y entes del sector público pudieran pasar de un sistema articulado en torno a la opacidad a otro que tuviera como premisa la luz y sinceridad, pues no otra cosa es la transparencia, tal como la definiera en su día Jankélévitch. El poder tiende a esconder el motivo de sus decisiones, está en la naturaleza de las cosas.

La LTAIBG despertó expectativas sobredimensionadas. España fue de los últimos países de Europa en sumarse a la aprobación de un marco normativo de la transparencia, y las voces políticas del momento vendieron el producto como una suerte de pócima mágica para la regeneración democrática. La corrupción azotaba y sigue pegando, algo que no es buen síntoma sobre el pretendido vigor de la tan ansiada trasparencia. Y no parece haber decrecido precisamente en estos últimos cinco años. Sin embargo, los países en los que la transparencia está asentada en la vida pública, tienen siempre índices de baja corrupción. De la transparencia se esperaba demasiado. Pronto, sin embargo, nos daríamos cuenta de que el poder no es amigo de autolimitarse y que la batalla, que algunos pretendían expeditiva, sería larga, muy larga. Se puede decir incluso que, hoy en día, cinco años después, está en sus comienzos. Mal que a algunos les pese. Ya lo dije en su día, si la transparencia se configura como una moda pasajera fracasará estrepitosamente (Cómo prevenir la corrupción. Integridad y Transparencia, Catarata/IVAP, 2017).

La LTAIBG dio paso a la multiplicación de cuadros normativos autonómicos, forales y locales que hicieron de la transparencia un eje político de actuación, incrementando obligaciones de publicidad activa y redefiniendo algunas pautas del régimen jurídico del derecho de acceso, en parte desmentidas por la STC 104/2018 en lo que a silencio positivo respecta. Probablemente, cinco años después, haya que reformar la Ley (ámbito de aplicación, mejora de algunos aspectos e introducción de un régimen sancionador, aunque soy muy escéptico sobre este último punto), pero estas cuestiones no se tratan en esta entrada.

Un balance de esos cinco años de transparencia, en apretada síntesis, nos darían el siguiente panorama:

Publicidad activa

En la primera etapa o infancia de la transparencia, la publicidad activa ha sido la política dominante. Manifestada por lo común en la construcción de portales de transparencia y en la venta política de que, a través de esta vía, los diferentes niveles de gobierno apostaban por su implantación, esa dimensión de la transparencia se fue asentando. Ser proactivos era regla y, por tanto, obligación legal para las Administraciones Públicas. Se emplearon recursos importantes y sus resultados han sido muy desiguales. Hay Portales de Transparencia que apenas se visitan, mientras que otros son más consultados. Ninguno en exceso. Unos son más accesibles y otros no ponen las cosas tan fáciles. La multiplicación cuantitativa de información pública no representa, en ningún caso, una mayor transparencia, como tempranamente denunció Byung-Chul Han (La sociedad de la transparencia, Herder, 2013).

Pero el problema fundamental de la transparencia-publicidad activa es que se encarga cumplir las obligaciones de transparencia a quien, paradójicamente, debe ser objeto de escrutinio público por su mejor o peor cumplimiento en función de lo que allí se difunda. La tendencia natural a esconder los trapos sucios o disfrazar los contenidos poco amables pesará siempre más que una pretendida voluntad política, ayuna de sinceridad, de ser transparentes. Mientras no exista un órgano de garantía externo que supervise y pueda obligar al exacto cumplimiento de tales mandatos legales, poco o nada se avanzará en este terreno. Alguna experiencia puntual existe, pero no deja de ser excepción. Hanna Arendt, en su conocido opúsculo Verdad y Política, escrito en el período de Entreguerras, ya puso de relieve la necesidad de que en un gobierno constitucional la política requiere de contrapesos y, por tanto, “de la existencia de hombres e instituciones sobre los cuales no ejerza su influencia” (Entre el pasado y futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Península, 2016, p. 398).

Derecho de acceso a la información pública

Lo que se ha venido llamando como el derecho al saber ha tenido una implantación mucho más accidentada en nuestro panorama público. En verdad, ese derecho persigue, como su propio enunciado indica, garantizar que la ciudadanía pueda acceder a la información pública. Pero al igual que en el caso de la publicidad activa, ese acceso a la información es instrumental, pues la finalidad de todo ello no es solo “saber”, sino principalmente crear opinión y, en última instancia, escrutar o controlar al poder o a la Administración Pública.

A partir de esos presupuestos conceptuales cabe compartir la tesis (enunciada por parte de la doctrina, manifestada por algunos Consejos de Transparencia y avalada inicialmente por algunas sentencias judiciales) que el derecho a la información pública tiene un parentesco innegable con el derecho a recibir información veraz (artículo 20.1 d) CE) y podría haberse alojado perfectamente en él, algo que no hizo el legislador al considerarlo mero desarrollo del artículo 105 c) CE (derecho de acceso a los archivos y registros administrativos), cuyos contornos son mucho más limitados, su conexión relativa y sus garantías menores.

Pero, realmente, si comprendemos correctamente el alcance de ese derecho, cuya finalidad última es ejercer un control democrático del poder, no cabría dudar tampoco que el derecho de acceso a la información pública se conecta en sus aspectos finalistas con el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos (artículo 23 CE), en este caso mediante el ejercicio directo de un derecho a solicitar información con el objetivo último de someter a control una determinada actuación política o administrativa. La dimensión participativa en este punto es innegable, más en un contexto de Gobernanza o de Gobierno Abierto.

Estos anclajes del derecho de acceso a la información pública son suficientemente sólidos para que en ese inevitable cruce entre el derecho de acceso a la información pública y otros derechos fundamentales se pondere en su justa medida cuáles son los aspectos finalistas de tal derecho y se reconozca en determinados casos (cuando el interés público de la información sea dominante) su prioridad aplicativa. Por ejemplo, es de indudable interés –como recuerda Javier Cuenca en su reciente libro Transparencia y Función Pública, CEMICAL, 2018- el Considerando 154 del Reglamento General de Protección de Datos, que reconoce expresamente la necesidad de conciliar el derecho a la protección de datos personales con el derecho de acceso a la documentación, pues este –como se reconoce expresamente- “puede tener interés público” y, por consiguiente, requerirá exigir en determinadas circunstancias el sacrificio de aquél (protección de datos personales). Que lo reconozca el propio RGPD ya es indicativo.

Este enfoque es perfectamente coherente, además, con la inserción del derecho de acceso a la información pública en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como, desde otro ángulo, con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aloja al derecho de acceso a la información pública dentro del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No cabe olvidar, a tal efecto, que los derechos que la Constitución reconoce se deben interpretar de conformidad con lo establecido en los Tratados Internacionales suscritos por España (artículo 10.2 CE). No obstante, nada de esto se proyectó sobre la LTAIBG ni parece reflejarse en el actual proyecto de ley orgánica de protección de datos personales y de garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), cuya redacción ha estado muy condicionada por las tesis de la Agencia Española de Protección de Datos. Queda, por tanto, mucho camino por recorrer y este lo deberán allanar finalmente primero los órganos de garantía y después los propios tribunales de justicia.

En un orden de cosas más práctico, el derecho de acceso a la información pública está siendo aún modestamente ejercido por la ciudadanía, pudiéndose afirmar que es un perfecto desconocido entre amplias capas de la población. Eso se manifiesta en su escaso uso. Hay todavía cierta confusión sobre las condiciones de su ejercicio. Pero, a pesar de esa tibieza en su activación, lo más descorazonador es que las Administraciones Públicas se resisten tenazmente a dotar del vigor necesario al ejercicio de tal derecho. En primer lugar, no adoptan por lo común una posición proactiva de estímulo de su ejercicio a través de campañas de difusión o de facilitación de su uso. En segundo lugar, tampoco ponen especiales facilidades aplicativas para que se pueda ejercitar. Y, en fin, no son pocas las ocasiones en las que se utilizan injustificadamente las causas de inadmisión, así como los límites tanto derivados de la protección de datos personales como de los aspectos sustantivos o materiales, para rechazar el acceso a la información pública.

Todavía no ha calado la cultura de que la información pública se debe entregar siempre, salvo supuestos excepcionales previstos en la norma y debidamente motivados. La maquinaria burocrática y procedimental sigue siendo lenta y pesada, carece de agilidad. Cuesta trabajo, asimismo, reconocer que, salvo en los supuestos tasados de datos de carácter especial (artículo 9 RGPD), que tienen un régimen específico (ahora modificado por la futura LOPDGDD), siempre que haya un interés público prevalente de la información pública solicitada, el derecho de acceso debe materializarse a pesar de los datos personales. No cabe duda de que esto debe ser así cuando la información es presupuesto no solo de saber con la finalidad de que el ciudadano se cree opinión, sino además para garantizar el derecho que asiste a todas las personas de controlar la actividad pública y, por tanto, escrutar a sus gobernantes o funcionarios mediante el derecho de participación política en los asuntos públicos, un presupuesto del Estado Democrático en un contexto de Gobernanza Pública.

Bien es cierto que este derecho de acceso a la información pública va adquiriendo cada vez más vigor gracias a la actividad de los órganos de garantía (consejos de transparencia y asimilados), así como de las sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa que, por lo común, están reforzando el contenido y alcance de tal derecho. También algunas opiniones doctrinales abundan en esta línea. Pero aún queda una larga batalla, pues las Administraciones Públicas y sus entidades del sector público se resisten en muchos casos (pues siempre, cabe presumir, hay algo que ocultar) a garantizar la efectividad de tal derecho, recurriendo a los tribunales de justicia para que el tiempo judicial y el tiempo de control no coincidan, haciendo así, o pretendiendo hacerlo, “olvidar” a la ciudadanía la inmediatez de un problema. Por tanto, un duro y prolongado camino aún por transitar.

Órganos de garantía

Esta cuestión la traté en su día y poco más tengo que añadir a lo allí expuesto (“Instituciones de control de la transparencia”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 68, abril, 2017). Tal vez, frente a una configuración tan variopinta y desordenada de órganos de garantía de la transparencia, convenga ahora poner de relieve dos cuestiones.

La primera es que por lo común la calidad de la institución y su propio rendimiento mejora en aquellos casos en que la autoridad de control tiene salvaguardado un estatuto de independencia (en el procedimiento de nombramiento, blindaje en su cese, así como en la dotación de medios) y los partidos políticos (o grupos parlamentarios) no intervienen en el “reparto” de poltronas (lo que aconseja que los órganos dispongan solo de una presidencia o dirección unipersonal y no se diseñen de forma colegiada, pues en estos supuestos la tentación del reparto contamina la independencia del órgano o institución).

La segunda es que resulta muy importante la elección de la persona en la que recaiga el ejercicio de esas responsabilidades. No es baladí, por ejemplo, que en estos momentos las mejores resoluciones en los procesos de reclamaciones (por su alta calidad técnica y su enfoque avanzado) provengan precisamente del Consejo de Trasparencia y Protección de Datos de Andalucía, aunque en otros órganos de garantía (incluido el CTBG o la GAIP, entre otros) también se dicten algunas resoluciones de notable interés. Ello se debe a que, como dijo Emerson, “una institución es la sombra alargada de un hombre”. Si se acierta en el nombramiento de la persona, como fue el caso de la institución andaluza, la institución funcionará; en su defecto languidecerá o tendrá una vida menos intensa.

La transparencia no es predicar, sino practicar. No vale con discursos enfáticos de buen gobierno o de transparencia. Es una batalla permanente y las exigencias deben ir creciendo con el paso del tiempo. Como decía al inicio de esta entrada, el poder se lleva mal con la transparencia y alcanzar la efectividad de esta requiere una internalización por parte de los gobernantes y de los funcionarios de este principio, una apuesta por una política tenaz y continua de transparencia, así como un cambio de cultura organizativa que inserte tal principio en su quehacer cotidiano. Aunque no cabe llamarse a engaño y pecar de ingenuos, pues como expuso magistralmente el filósofo Alain: “Hay que repetir que todos los abusos son secretos y viven del secreto”. Y, guste más o guste menos, el poder convive y convivirá con el secreto, pues es algo que es inherente a su condición. Nos tendremos que conformar –lo que no es poco, viniendo de donde venimos- con poner determinados límites y hacer más efectivos los controles a ese poder, para que el secreto mengue y la arbitrariedad se reduzca. 

Recordando a Esther Arizmendi

Lo que debe evitarse es una apuesta por la transparencia cosmética o de escaparate. Así sorprende sobremanera que, cuando se cumple exactamente un año desde el fallecimiento de Esther Arizmendi (19-XI-2017), la primera Directora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los dos Gobiernos que se han sucedido en este período, así como los grupos políticos de la oposición, hayan sido absolutamente incapaces de consensuar el nombre de la persona que debe dirigir esa institución y liderar el proceso de implantación efectiva de la transparencia en su ámbito de actuación. La sospecha que sobrevuela ante esa dejadez o abandono institucional no es otra que interrogarse si para una política de corto vuelo resulta más adecuado que las instituciones de control no funcionen. Y lo más efectivo para tales espurios fines es dejarlas sin cabeza o, en su defecto, nombrar títeres que no molesten (práctica a la que la política nos tiene muy acostumbrados). Pero eso dice muy poco de aquella voluntad de “regeneración política” que impulsó la aprobación de la LTAIBG hace ya cinco años. ¿Fue todo aquello mentira?. Y si no es así, ¿a qué se debe entonces tanto aplazamiento?

Ciudades, digitalización y descentralización fiscal

"El sector público necesita adaptarse y desarrollar una estrategia holística, no solo respecto al concepto de smart citiy y sus implicaciones presupuestarias y financieras, sino también respecto a sus implicaciones para el contrato social, el estado de bienestar y la relación entre la explotación de nuevos modelos de negocio a través del big data y la inteligencia artificial"

Por Carlos Macarell*. Agenda Pública blog-El Períodico.- El sistema de ingresos municipales requiere de una reforma integral que sitúe a las áreas urbanas en el centro de nuestra estructura económica, como principal lugar de desarrollo de la humanidad, reforzando su independencia y autonomía a través de una mayor descentralización fiscal, pero también innovando en la forma de generar recursos e inversiones.

En general, el sistema actual es insuficiente para poder desempeñar sus competencias de forma autónoma y efectiva (recursos propios para lucha contra la gentrificación, por ejemplo), así como para desarrollar las infraestructuras del futuro, lo que provoca una dependencia excesiva de las transferencias del estado y del sector privado (big tech), perjudicando de rebote la rendición de cuentas directa entre la ciudadanía y los municipios. La jerarquización entre niveles de gobierno para controlar el déficit y gasto públicos, ha obligado a los municipios a apretarse el cinturón por encima de los que les correspondería (han sido el nivel de gobierno que ha incurrido en menores niveles de déficit). Además de la necesidad de trabajar por una reforma de la financiación local integral que vaya en la dirección del modelo sueco (por ejemplo) por tanto, la tecnología jugará también un papel fundamental a la hora de mejorar la financiación, así como permitir un mayor ahorro de costes en la provisión de servicios.

Tecnologías como el 5G (que facilitará el Internet de la Cosas), el blockchain, la Inteligencia Artificial, así como la gestión de los datos en general para desarrollar servicios smart, pueden permitir ganar eficiencia y reducir costes en movilidad, seguridad, compra pública de servicios, procesos administrativos y un largo etcétera. Si bien la smart city y el aterrizaje de las big tech en el mundo urbano como paradigma del capitalismo del SXXI ha llegado para quedarse, cada vez son más voces alertan sobre la necesidad de politizar el debate tecnológico para asegurar que la “sensorización” en masa a nivel urbano no sirve en exclusiva para monetizar nuestros datos (en la nevera, en casa, en el coche, en la calle, etc.) y permitir así generar más ingresos, así como su capacidad de desarrollar (casi en exclusiva) la seguridad asociada a la economía digital del futuro para venderla posteriormente a gobiernos.

Coalición por lo derechos digitales

No se trata de frenar el desarrollo de las tecnologías smart a nivel urbano, si no de encontrar un equilibrio entre el desarrollo de infraestructuras digitales que mejoraran la movilidad, la salud, la eficiencia energética o la seguridad pero que buscan también monetizar nuestros datos para generar ingresos para las grandes tecnológicas; con la protección de nuestra la privacidad y soberanía digital. En este sentido, un grupo de ciudades ha aprobado una coalición por los derechos digitales en el marco de la Smart City Expo World Congress 2018, como primeros pasos del mundo urbano hacia un debate que marcará el futuro de las ciudades y la economía del sigo XXI. Una colación que busca: garantizar el acceso a internet y la formación digital; proteger la privacidad, los datos y la seguridad, así como fomentar la transparencia, la rendición de cuentas respecto a los datos, los algoritmos y el contenido y establecer estándares éticos y abiertos de los servicios basados en tecnología digital.

Se trata de encontrar el equilibrio entre el modelo basado en la monetización del tecno “solucionismo” de Sillicon Valey y la distopia China que hace realidad la ficción Orwelliana de 1984 (asociando acceso a servicios con vigilancia tecno-digital). ¿Qué es lo que debemos dejar monetizar y que no en el espacio urbano y como protegernos del mal uso de la tecnología digital en detrimento de la democracia? Pero sobretodo, ¿cómo encontrar un equilibrio entre los ingresos generados por los datos en beneficio privado y la capacidad de las administraciones de usar los datos generados por las infraestructuras digitales del futuro en beneficio de interés general?  En este sentido, la poca capacidad fiscal municipal, así como el precio de las infraestructuras digitales, fundamentalmente desarrolladas por el sector privado (Alphabet INC, IBM, Cisco, etc.), requiere de nuevas formas de financiación municipal y cooperación público privada que nos permitan adaptarnos a la era de la 4ª revolución industrial, asegurando que la tecnología esta al servicio de la ciudad y no al revés.

El papel de la tecnología a nivel urbano: por un nuevo contrato socio-digital

El sector público necesita adaptarse y desarrollar una estrategia holística, no solo respecto al concepto de smart citiy y sus implicaciones presupuestarias y financieras, sino también respecto a sus implicaciones para el contrato social, el estado de bienestar y la relación entre la explotación de nuevos modelos de negocio a través del big data y la inteligencia artificial para con la democracia a nivel urbano. Aquellas ciudades capaces de encontrar fórmulas que preserven la soberanía digital y redistribuyan los ingresos generados por las nuevas tecnologías, aprovechando a su vez el potencial de los modelos de negocio basados en tecnologías como el 5G, la Inteligencia Artificial o el blockhain, gozarán de ventajas comparativas. La ciudad de Viena, por ejemplo, lleva un tiempo desarrollando (junto con EY) un proyecto de blockchain para “securizar” documentos.

Más allá de estos primeros pasos, el desarrollo de dicha tecnología en el futuro a nivel urbano puede permitir (a través de su sistema de verificación en bloque), que las ciudades se enfrenten mejor, a retos como la corrupción, la eficiencia energética o el pago de impuestos, así como a proveer multitud de servicios de forma más barata y segura (energía, transporte público, etc.) o mejorar la eficiencia en general.

Si bien el blockhain tiene un gran potencial, también tiene muchos riesgos y habrá que saber qué no hacer, así como monitorizar si verdaderamente se trata de un modelo guiado por una fuerte descentralización y no de un oligopolio.

Por otro lado, el desarrollo de la tecnología 5G (que permitirá potenciar el Internet de las Cosas y la gestión de los datos a nivel urbano), marcará el futuro de las infraestructuras digitales urbanas pero también de los nuevos modelos de negocio en el marco de las smart cities. El reto es encontrar fórmulas que permitan financiar el desarrollo de tales tecnologías sin incurrir en costes excesivos para la administración, así como diseñar un marco equilibrado que beneficie a la ciudadanía (para evitar futuros “Castor”) y a los inversores privados que facilitan su desarrollo.

Junto con la necesaria reforma de la financiación que dote de independencia financiera a los municipios a través de mayor capacidad fiscal (y progresiva), existen diversas formas para poder explotar el potencial financiero de las ciudades y que profundizan nuevas metodologías y formas de gobernanza como el New Localism, el Desarrollo Económico Local (LED, por sus siglas en Inglés) o el BREEP, – por sus siglas in inglés- (buscar, investigar, experimentar, evaluar e implementar) que permiten generar más recursos e inversiones, así como integrar a distintos actores en el proceso. Dichas metodologías se basan en la provisión de servicios y el diseño de una gobernanza urbana descentralizada, basada en la flexibilidad, la actuación en red y el liderazgo urbano (sector privado, administración pública, universidades, sociedad civil, etc.) que se aleja de la burocratización, la jerarquización y la compartimentalización administrativo-legal  de la división competencial tradicional, para conseguir dar soluciones concretas a problemas concretos.

La mejora de la comunicación entre departamentos municipales, el refuerzo de la capacidad financiera de las ciudades a través de la microfinanciación, de mecanismos de blending de instrumentos financieros y de deuda verde (entre niveles de gobierno, empresas, agencias de desarrollo y bancos públicos para garantizar la seguridad crediticia a través de colaterales garantizados por agentes fuertes del mercado), así como la potenciación de la emisión de bonos de impacto social serán vitales para desarrollar las infraestructuras del futuro. El estado debería potenciar y facilitar la capacidad de llegar a acuerdos comerciales y financieros de las ciudades a través de un refuerzo decidido de sus agencias de desarrollo económico, la creación de aceleradores y bancos de desarrollo públicos locales, así como reforzando el papel urbano en la escena internacional y en la diplomacia en general.

Además de la emisión municipal de deuda verde y de impacto social (para permitir un cambio de modelo energético y eléctrico urbano que permita ahorrar costes, por ejemplo), el capital riesgo urbano, una mejor interacción entre los mercados de capital internacional y local, así como formas innovadoras de cooperativas digitales y de commons urbanos empiezan a consolidarse como alternativa a los modelos clásicos de inversión y gestión presupuestaria y financiera local. El refuerzo de partenariados público-privados en el que se aseguren contrapartidas claras y garantistas para las administraciones a la hora de desarrollar las infraestructuras urbanas del futuro (obligar a los inversores y empresas tech a compartir los datos, cláusulas sobre privacidad, acceso y explotación de los datos, transparencia algorítmica, etc.) que permita un equilibrio entre el interés privado y el general.

Los acuerdos, sobre todo en el marco de contratos que potencian el desarrollo de infraestructuras smart y, sobretodo, los datos asociados a ellas deben ser claros para evitar posibles dudas respecto a los objetivos reales de los proyectos desde el punto de vista de la soberanía digital y la privacidad como es el caso de Side Walk Labs (en Toronto) desarrollado por Alphabet Inc. En este sentido, necesitamos abrir el public procurement para hacerlo más atractivo y transparente y competitivo a través de iniciativas y plataformas innovadoras como City Mart, que aumentan la cantidad de competidores y facilitan la interacción entre proveedores de soluciones y administraciones, así como la entrada de nuevos agentes.

Por otro lado usar el software abierto, así como elaborar estrategias de formación y empoderamiento digital ambiciosas para poder aprovechar mejor las capacidades de las personas en el mercado de trabajo futuro y anticiparnos ante la segregación digital del mundo que viene.

La creación de un ministerio de la ciudad permitiría desarrollar las condiciones necesarias para acompañar a las ciudades en el desarrollo de las infraestructuras urbanas del futuro de forma coordinada, así como garantizar el uso de instrumentos financieros innovadores. El desarrollo de cooperativas digitales en paralelo a las infraestructuras e ideas smart generadas por el mercado, así como la privacidad, los datos abiertos, el uso del software libre o acuerdos claros sobre la explotación de los datos generados por infraestructuras urbanas digitales serán claves en el futuro de las ciudades.

Por otro lado, deberíamos avanzar en el diseño de nubes de datos públicos y procesos de democracia digital y datos comunes (DDDC) (como DECODEben Barcelona por ejemplo) o el desarrollo de Creative Commons digitales (para tecnologías y algoritmos que pasen a ser públicos con el paso del tiempo como las patentes farmacéuticas) y perfiles de datos individuales que las empresas puedan utilizar pagando una cuota, así como a la administración usar el big data agregado para contra-restar la velocidad de las ideas e infraestructuras digitales generadas por el mercado. Mientras que, por otro lado, tales tecnologías lideradas por la administración permiten a la ciudadanía participar mucho más del proceso legislativo y político, así como decidir qué datos comparte y cuáles no.

El debate sobre la necesidad de un nuevo contrato social apuntado por Joaquín Estefanía en este artículo que dé respuesta a los 4 elementos disruptivos que han llevado al agotamiento el modelo de postguerra (tecnología, demografía, globalización y revolución conservadora) debe incluir también la robotización/digitalización en su dimensión urbana, como parte del nuevo contrato social de cara a reconstruir el estado de bienestar. Las elecciones municipales del año que viene son una buena oportunidad para empezar a politizar el debate tecno-digital y la necesidad de una reforma de la financiación a nivel urbano.

El concepto de WISE CITIES desarrollado por el CIDOB puede ser una buena herramienta para pensar la smart city desde otra perspectiva en la era de la 4ª revolución industrial.

*Carlos Mascarell es asesor en gobernanza y ciudadanía del Consejo Europeo de Municipalidades y Regiones (CEMR) en Bruselas.- Politólogo y Máster en relaciones internacionales y estudios europeos por el Instituto Europeo del Centre International de Formation...

Luis Moreno: Con burocracia no hay ciencia

"Puede calcularse que los investigadores emplean alrededor de un 60%-70% de su tiempo útil de trabajo en ‘papeleo’. De lo cual puede colegirse que por cada hora de trabajo genuino de investigación, se realizan dos de asuntos burocráticos y administrativos"

Por Luis Moreno Fernández. Agenda Pública-El Periódico. El presente de la actividad científica e investigadora en España está lastrado por una maquinaria de gestión administrativa y de servicios inapropiada para los tiempos que corren. Tal telaraña burocrática se ha convertido en una auténtica rémora para optimizar los dineros públicos que, en España, comportaban en 2012 el 87,2% del gasto total en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación). Con un 5% del agregado de financiación investigadora, la aportación privada de las empresas españolas era raquítica en comparación con otros países equiparables de la UE. El resto del dinero para la investigación procedía de fuentes foráneas a las españolas (véase Xifré & Kasperskaya, 2016)

Debe hacerse observar que son los propios científicos los que obtienen la mayor parte de la financiación para realizar actividades de investigación como captadores de recursos externos (‘fund raisers’). En un deseable contexto competitivo y meritocrático, estas tareas implican un uso creciente del tiempo de que disponen para investigar. Aunque no forma parte en stricto sensu de su actividad académica, la dedicación para obtener fondos externos se hace imprescindible si se quiere investigar en la presente coyuntura de la ciencia en España. La alternativa es no complicarse la vida y mantener un bajo perfil ‘funcionarial’ en el puesto de trabajo, fichando en los controles de jornada laboral mañana y tarde mientras se espera la transferencia bancaria mensual del salario correspondiente.

Fichar a la entrada y salida

Han leído ustedes bien: a algunos investigadores de carrera se les exige fichar a la entrada y salida de la jornada laboral aplicando una mentalidad de oficinistas de manguito y visera reñida, cuando menos, con la innovación. Y aunque no publicasen los hallazgos científicos de su actividad investigadora, seguirían recibiendo su estipendio tal cual. La situación no es comparable con la de los profesores universitarios que, al menos, deben cumplir con su enseñanza presencial en las aulas. Sin embargo, algunas universidades siguen intentando que se fiche y se controle a los docentes vagos.

A fin de poder obtener los antedichos fondos externos, los investigadores y docentes deben emplear tiempo, mucho tiempo, más allá de las teóricas 37,5 horas semanales preceptivas de jornada laboral. El incentivo, se pensará, es poder disponer eventualmente de dotación presupuestaria para incorporar medios humanos y  materiales en la realización de proyectos de investigación (becarios, contratados o recursos experimentales, pongamos por caso). Se trata de un incentivo que, a semejanza del principio de la utilidad marginal decreciente, hace menguar la satisfacción del investigador. En realidad, se ha mutado en los últimos tiempos en un desincentivo considerando el agobiante número de documentos y requerimientos burocráticos a cumplimentar. Son situaciones que exigen una atención administrativa permanente de los científicos a fin de poder presentar sus solicitudes en tiempo y forma y cumplir con la miríada de formalidades que dictamina la voluble e insaciable norma. 

Analicemos en escorzo algunos factores que condicionan esta indeseada situación:

1.- Se mantiene una pretérita mentalidad de Administración napoleónica, si acaso remozada en los últimos tiempos con aportaciones circunstanciales de abogados del Estado, técnicos de la Administración civil o funcionarios de variada procedencia, los cuales han llegado a los niveles intermedios de mando después de largos años de promociones internas. No pocos de estos últimos iniciaron sus periplos promocionales como ayudantes de investigación o siendo personal de apoyo en tales cometidos. Sus capacidades para acelerar o ralentizar procedimientos administrativos son determinantes en los itinerarios administrativos.

Cualquier diseño organizativo y de gestión de los empleados públicos de futuro debe asumir que los funcionarios (public servants, en su denominación en inglés) son ante todo servidores públicos. Como tales, deben anteponer los intereses de participación ciudadana y de eficiencia de la Administración pública a los suyos propios como trabajadores cuyos salarios paga el conjunto de los contribuyentes.

2.- Sería falaz hablar de una mentalidad burocrática monolítica respecto a las malas prácticas que se producen en la administración pública de la ciencia. 

Algunos departamentos de los órganos jerárquicos centrales de las universidades y de los organismos públicos de investigación (OPIs) son conscientes del incremento de la carga burocrática de los últimos tiempos, sobre todo en lo relativo a los requerimientos de las justificaciones de proyectos y auditorias posteriores. Paradójicamente, algunas propuestas para superar dichos imponderables suponen la creación de nuevos instrumentos de control mensual en los que los investigadores, por ejemplo, indiquen cuántas horas dedican a cada proyecto y así puedan estar preparados para posteriores auditorías. 

Incluso se aconseja a los investigadores llevar hojas horarias en evitación de sorpresas, como las derivadas de perder fondos que ya se habían auditado hace años pero que ahora no cumplen con las nuevas normas de control. Otro efecto perverso es el de realizar gastos innecesarios de última hora antes del cierre presupuestario.

3.- El control de la actividad investigadora refleja a menudo una mentalidad inquisitorial muy arraigada en cierta idiosincrasia española, guiada por la asunción general del piensa mal y acertarás. Se complementa tal actitud con la secular práctica de pedir favores para desbloquear entuertos burocráticos. A la estrambótica demanda de que los investigadores deban proveer a los órganos de intervención de todo tipo de facturas para justificar, por ejemplo, viajes de trabajo aunque hayan sido invitados por la institución anfitriona con todos los gastos incluidos [sic], valga añadir un par de ejemplos ilustrativos.

Me comenta una colega que obtuvo financiación del Consejo Europea de Investigación (ERC) de hasta 2,5 millones de euros, siendo la ayuda más cortejada y difícil de obtener en Europa, y que tuvo que esperar un año para comprar un ordenador a través de la administración de su universidad. En su adquisición se involucraron dos miembros de su equipo de investigación y se intercambiaron no menos de un centenar de correos electrónicos.

Para contratar a un investigador australiano se le avisó que debía venir a España con 15 días de antelación antes del comienzo de su contrato y que correría él mismo con los gastos. Ello suponiendo que hubiera podido obtener previamente el Número de Identificación de Extranjero (NIE), a ser posible en un consulado español, gestión no siempre fácil ni disponible en todas las representaciones consulares. Alternativamente, el investigador podía pagar de su propio peculio a una agencia privada para obtener el tan preciado NIE, necesario en cualquier gestión formal relativa a su actividad investigadora en tierras españolas.

4.- El proceso de robotización de nuestras sociedades industrialmente avanzadas es acelerado. Si hace apenas unos lustros eran los robots industriales quienes ayudaban a los trabajadores, ahora vemos que son los éstos quienes auxilian a aquéllos. Se han intercambiado los roles de los agentes productivos. Pero lo anterior sucede no sólo en el sector privado con ánimo de lucro, sino también en el sector público e institucional. Volvamos a otro ejemplo ilustrativo de la optimización de las tramitaciones administrativas en la justificación de los gastos generados durante el desarrollo de las actividades científicas de investigación.

La gestión de una factura como síntoma

Me comenta otro colega investigador, asiduo visitante de la Fundación Simons en Nueva York, y en concreto del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron, que en una reciente ocasión le invitaron a cenar en un restaurante de Manhattan después de impartir un seminario. Al pagar la factura, su anfitrión hizo una foto de la misma con su teléfono móvil. Fue informado de que en la Fundación utilizan un programa informático (robot) que, con la foto de la factura transmitida mediante una aplicación del smartphone al centro de procesamiento de dicha Fundación, un programa de control de gasto evalúa instantáneamente la conformidad del cargo por el coste de la comida y automáticamente reembolsa la factura al investigador que la ha pagado. Si él hubiera tenido que invitar a un colega extranjero con cargo a los fondos de un proyecto captado por él mismo, y controlado por los servicios de habilitación y pagaduría en España, podrían haber pasado semanas y hasta meses para el reembolso después de imprevisibles comprobaciones de la pertinencia del gasto efectuado.

En términos generales, y en línea con las experiencias relatadas y contrastada por mis pares, puede calcularse que los investigadores emplean alrededor de un 60%-70% de su tiempo útil de trabajo en ‘papeleo’. De lo cual puede colegirse que por cada hora de trabajo genuino de investigación, se realizan dos de asuntos burocráticos y administrativos. Ello implica que la percepción salarial incluye 2/3 partes del tiempo burocrático que no añade ningún valor a la actividad investigadora. En suma, investiga. Juzguen los lectores.

Para quien suscribe, con burocracia no hay ciencia y sin ciencia no hay futuro

Las huelgas de funcionarios que vienen

Los sindicatos mayoritarios en la función publica, UGT, CC.OO y CSIF apoyan la movilizaciones de distintos colectivos anunciadas para las próximas semanas

Revista de prensa.- Por MARGA CASTILLO. Expansión.- - Manifestantes en la concentración de funcionarios del 13 de julio de 2012 ante la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol convocada por los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF, en protesta por los recortes que anunció por entonces el Gobierno. 

Este otoño se ha presentado repleto de huelgas de diferentes colectivos de funcionarios y empleados públicos. Algunas son inminentes y otras ya se están produciendo.

Muchos colectivos de funcionarios han decidido protestar próximamente convocados por los sindicatos mayoritarios o bien por las asociaciones que los representan.

Pese a las últimas subidas salariales y otras medidas para compensar el poder adquisitivo perdido durante la crisis económica, los avances en conciliación y paternidado movilidad, la subida de la tasa de reposición, el aumento de las convocatorias de empleo público o el restablecimiento de la Mesa mesa de negociación laboral, los sindicatos han retomado el calendario de movilizaciones en varios sectores durante los próximos meses. Estos serán los paros más relevantes:

Funcionarios de Justicia

Los 50.000 trabajadores de la Justicia encargados de los trámites, procedimientos, forenses, letrados, personal que prepara sentencias, autos, evaluación de pruebas, entre otras tareas, están convocados a huelga el próximo viernes 16 de diciembre tras terminar sin acuerdo la reunión con el Ministerio de Justicia en protesta por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se está tramitando en el Senado.

Es la primera huelga general del colectivo de los últimos 20 años y protestan, sobre todo, por un aspecto de dicha reforma que unifica los centros de destino de cada municipio y supone, según los sindicatos, la movilización forzosa y discrecional del personal", ya que la Administración podrá decidir el puesto de trabajo en cada momento.

Jueces y fiscales

Los jueces y fiscales han convocado una huelga para el próximo lunes 19 de diciembre. Secundada por la asociación de Juezas y Jueces por la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, piden más medios para la justicia y mayores garantías de independencia.

Se trata de la segunda conjunta de estos funcionarios tras la celebrada el 22 de mayo, cuando llamaron a un paro nacional de jueces y fiscales como colofón a las protestas iniciadas un mes antes con paros parciales semanales para reclamar al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales. Piden cargas de trabajo aceptables, más autonomía presupuestaria en el caso del Ministerio Público e independencia en el Consejo General del Poder Judicial y el reconocimiento a los trabajadores de la justicia de los beneficios laborales del funcionariado público.

Secretarios judiciales

Los secretarios judiciales (letrados) retomaron este martes las movilizaciones para reclamar mejoras salariales que llevan ocho años esperando, desde los cambios legislativos que les atribuyeron mayores competencias. Convocados por el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, plantean primero un paro parcial como una "medida de presión inicial, susceptible de repetición y de un eventual incremento".

Los letrados pretenden descargarse "de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a la función jurisdiccional, lo que "supuso un notable aumento de funciones y responsabilidad inherente, (...) sin la correspondiente adecuación salarial, que quedó aplazada a la mejora del escenario presupuestario". Empezaron con las reivindicaciones con el Gobierno anterior y ahora las retoman.

Funcionarios de prisiones

Los funcionarios de los centros penitenciarios ya pararon seis días el 24 y 26 de octubre y el 6, 8, 13 y 15 de noviembre para exigir al Ministerio del Interior que retome la negociación para mejorar las condiciones económicas y laborales.

Los cinco sindicatos de prisiones, que representan al 97% de la plantilla de trabajadores de casi 80 centros penitenciarios de todas España, excepto Cataluña, se han unido por primera vez en la historia para convocar a los 25.000 trabajadores de las cárceles a una huelga general de seis días tras el "ninguneo" y el "engaño" del Ministerio del Interior que puso sobre la mesa una oferta económica y tres días después la retiró (el departamento de Grande-Marlaska asegura que se trataba de un estudio, no una oferta). Es también la primera huelga general en este colectivo de la democracia y la primera en el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vinculado hoy la subida salarial de este colectivo a que se saquen adelante los PGE de 2019.

Funcionarios de Correos

Los funcionarios de Correos también han convocado paros previos en distintas provincias previas a una huelga general en Navidad. El pasado 6 de noviembre se celebró en Zaragoza la primera de las diez jornadas de concentraciones y paros parciales previstos hasta el 16 de noviembre y que podrían desembocar en una huelga general los días 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre y ayer centenares de estos trabajadores públicos participaron en una manifestación en Madrid.

Los sindicatos exigen al Gobierno que destine 230 millones de euros para la prestación del Servicio Postal Universal "tras los recortes en los dos últimos años", así como la firma de un convenio colectivo cinco años después. Protestan asimismo por el salario congelado y la precariedad laboral y "exigen mejoras laborales y salariales, una financiación justa del Servicio Postal Universal y un Plan Estratégico que garantice su viabilidad". CSIF EPE (Entidades Públicas Estatales) cuantifica en 15.000 la pérdida de puestos de trabajo en los últimos diez años y subraya que estos trabajadores llevan cinco años sin convenio.

"La plantilla de Correos no entiende que los sábados sigan siendo obligatorios para determinados colectivos, ni que la temporalidad llegue hasta un 35%, ni que en los últimos diez años se hayan perdido más de 15.000 empleos".

Examinadores de Tráfico

Los examinadores de tráfico han amenazado con volver a los paros que mantuvieron el año pasado en demanda del complemento específico en sus nóminas.

Volverán a la huelga en diciembre, han avisado, porque todavía no han cobrado esta subida salarial de 250 euros en 14 pagas al año en concepto de complemento específico que quedó aprobado en los PGE de 2018 gracias al acuerdo inicial alcanzado entre todos los grupos parlamentarios salvo el PP.

Funcionarios de Cataluña

Los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat irán a la huelga el 12 de diciembre convocados por UGT y CCOO, que consideran un "insulto" la propuesta del gobierno catalán de devolver las pagas extras pendientes de 2013 y 2014 en ocho años.

Los sindicatos abandonaron el pasado 31 de octubre la Mesa de Negociación al proponer la Generalitat devolver las pagas extra de 2013 y 2014 pendientes de pago en ocho años y han anunciado movilizaciones, entre las que no descartan la huelga.

Las pagas extra pendientes del 2013 y 2014 suman cerca de 1.100 millones de euros y la Generalitat ha propuesto devolver el 10% de la paga de 2013 en 2019; el 20% en 2020, el 35% en 2021 y otro 35% en 2022. La de 2014 se devolvería en cuatro trimestres -un 25% cada año-, entre 2023 y 2026.

Médicos de Atención Primaria de Cataluña

Los médicos de primaria, pediatras, odontólogos y ginecólogos de Cataluña (Metges de Catalunya) han convocado una huelga de facultativos en la atención primaria del Institut Català de la Salut (ICS) - los días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre en el formato de paro general ante la "sobrecarga asistencial que se hace insostenible".

Lamentan la pérdida de 920 profesionales desde el 2010 y una bajada del 30% del poder adquisitivo de los médicos, lo que ha llevado a no cubrir algunas bajas y a que tengan que atender a más pacientes en menos tiempo.

Sanitarios de Castilla y León

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) también ha convocado a huelga hoy a unos 2.000 funcionarios sanitarios no asistenciales -profesionales sanitarios de la Inspección, Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Administración y Gestión de la Administración Sanitaria de Castilla y León (médicos, médicos inspectores veterinarios, farmacéuticos, enfermeros, matronas, fisioterapeutas, etcétera)-. Con estos paros, apoyados por el sindicato médico CESM, estos funcionarios piden la equiparación con los profesionales sanitarios del Sacyl.

Según CESMCyL existen "severas carencias" de medios materiales y personales en todos los colectivos sanitarios del sistema sanitario de Castilla y León, y "resulta alarmante la severa discriminación que sufren el colectivo de profesionales de Salud Pública e Inspección".

Recuerda la Resolución del Procurador del Común de Castilla y León, de 18 de enero de 2018, en la que insta a la Junta a revertir esta situación y a "poner en práctica las medidas necesarias para reconocer los mismos derechos a todos los profesionales sanitarios de la Administración autonómica".

Reclaman también "la valoración y reconocimiento en la misma medida de su experiencia profesional en el acceso con carácter definitivo a la administración sanitaria de la Junta de Castilla y León, sus labores de docencia y formación, así como el efectivo desarrollo profesional, con el establecimiento de la correspondiente carrera profesional".

Donde vas, Poder Judicial, dónde vas triste de ti

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Andrés Betancor. Independencia judicial, percepciones.-  Ecoregulación blog

Rafael Jiménez Asensio. Agenda Pública blog. El (des) gobierno del Poder Judicial 

Por José Ramón Chaves. De laJusticia.com .-  Leo la sencilla pero clara y convincente Carta abierta a la carrera judicial, de Segundo Menéndez, magistrado del Tribunal Supremo de bien ganado prestigio y sensatez, y creo que merece la pena recomendar su lectura.

Aquí la tenéis completa con algún comentario de cuño propio.

Estimados compañeros y compañeras:

Es ahora, no mañana, cuando debemos reaccionar exigiendo un nuevo sistema, unas nuevas actitudes en relación con la renovación de nuestro órgano de gobierno [el Consejo General del Poder Judicial] y con la elección de su presidente, que lo es también -por mandato constitucional- del Tribunal Supremo.

Adelanto sinceramente que no soy partidario de que nosotros elijamos a los 12 vocales de procedencia judicial del Consejo. Lo que pido vehementemente son otras cosas.

Para los grupos parlamentarios, que no olviden que el artículo 123.2 de la Constitución ordena que el presidente del Tribunal Supremo sea nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por ende, que tengan claro que su manifestación, exteriorizada sin sonrojo, de haberse puesto de acuerdo en quién será el próximo presidente, no deja de constituir una injerencia contraria a la Constitución.

Para los futuros vocales, que cumplan lo ahí ordenado, proponiendo ellos al presidente, sin obedecer -sumisamente- un ilícito mandato de aquellos grupos.

Para el futuro señor presidente, que tenga el arrojo de rechazar su cargo con fundamento, sin más, en la ilícita injerencia de aquellos.

Para el futuro Consejo, que interiorice que su función primordial es proteger la función jurisdiccional ejercida con rectitud, valorando ese mérito como principal, y desvalorando a quien la ejerza con falta de atención al litigio y al imperio de la Ley.

También para el futuro Consejo, que con seriedad y si es necesario con aplomo, defienda ese modo de ejercicio, proporcionando al juez la seguridad de que su actuación en esa línea será protegida por encima de otras consideraciones.

Otra vez para el futuro Consejo, que reaccione con claridad, sin palabras vacías y frente a todos, ante toda injerencia o descrédito carente del más mínimo fundamento.

Pero, ¿cómo podemos reaccionar nosotros si nada de esto va a ser posible y si -según las últimas noticias- se van a reproducir las actitudes que ya hemos visto en todos los Consejos anteriores, desde su constitución hasta su cese?

Debemos hacerlo con respeto a las personas, desde luego, pero expresando día a día y siempre que haya ocasión, sin tibieza y con claridad, que los grupos parlamentarios, los vocales, el presidente y el Consejo olvidaron y olvidan con esos comportamientos claros mandatos constitucionales, inherentes a todo Estado de derecho que lo sea realmente.

Mercadeo

Asumo la Carta, pero falta que la lean quienes tienen el deber de cumplir la Constitución, los políticos que participan del impúdico mercadeo. Falta que se la crean y falta que la cumplan.

Me gustaría recordar a todos los que juraron sus cargos públicos, que está incluido el acatamiento de la Constitución y que sus mandatos no son consejos de hoja parroquial, ni mera cortesía, sino lo que es la voluntad de todos los españoles.

Que exista un Consejo General del Poder Judicial independiente, que sea elegido sin burdos amaños, y que ese Consejo “sano” elija el Presidente del Supremo, sin poner el carro delante de los caballos… ¿Qué parte no se entiende de la Constitución cuando dice que “El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”?... Claro que quizá se impone una corrección de errores del texto constitucional para entenderlo, de manera que donde dice Consejo General del Poder Judicial, debiera decir, “políticos impúdicos”… y entonces lo entenderemos todos: El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta de políticos impúdicos.

No cuestiono el prestigio del pronosticado Presidente del Supremo ni de los cantados vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero creo que las formas importan (nada de poner el carro delante de los bueyes), sobre todo cuando esas formas las impone la Constitución y cuando tras esas formas están importantísimas garantías de la Justicia que queremos.

Cuando era niño en vísperas de los Reyes Magos mis padres aseguraban a todo el mundo que me traerían un juego de química, pese a que yo no lo había pedido y ni siquiera había escrito la carta, aunque con candor infantil confiaba en que era el niño el que pedía y después los Reyes Magos, si podían lo traían.  El pronóstico se cumplió y dejé de creer en los Reyes Magos. Espero que no suceda igual en la Justicia.

No sé como se conseguirá echar a los mercaderes del Templo pero lo que es seguro es que la Justicia tiene muchísimos problemas, necesidades y no es infalible. Y para resolverlos no es un buen comienzo que presidente del Supremo y miembros del Consejo General del Poder Judicial sean objeto del “monopoly” de algunos partidos. 

El pecado original de nombramientos partidistas traerá consecuencias a la Justicia, más de las oportunamente denunciadas por voces autorizadas. Como decía el cardenal Hélder Cámara, “si el primer botón de la sotana lo abotonamos mal, todos los demás irán mal”.