lunes, 10 de junio de 2024

El Supremo facilita la expansión del silencio negativo a las solicitudes de los funcionarios

 "La sentencia no lo dice pero apunta a que podría acudirse al procedimiento de inejecución de acuerdos firmes del art.29.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa"

Por José R. Chaves. delaJusticia.com blog.- Paradójicamente, la propia Administración a la que sirve el funcionario, servida por sus compañeros y por decisión de las autoridades, no siempre responde a su solicitud de retribuciones, cambio de situación administrativa, cambio de condiciones de trabajo u otra reclamación de derecho.

El silencio administrativo se vuelve contra él. Se plantea la casuística de si debe considerar estimada o denegada su solicitud, y aquí viene al caso la reciente sentencia de la sala tercera de 20 de mayo de 2024 (rec. 1372/2022) que confirma la vigencia de un humilde reglamento de hace una treintena de años para alzar el muro del silencio negativo sobre la inmensa mayoría de las cuestiones realmente relevantes.

Esta sentencia, sale al paso de fijar doctrina casacional sobre el sentido del silencio cuando se solicita la convocatoria de la carrera profesional para personal funcionario contemplada en un Acuerdo autonómico, pues la Administración no efectúa la convocatoria aduciendo que está negociando con más pausa que prisa la evaluación.

Y al hilo de resolver esta cuestión se sienta la barrera general para las solicitudes de los funcionarios ante su Administración relativas a sus condiciones y vicisitudes estatutarias.

Veamos la sentencia, situación y consecuencias.

En primer lugar, se aborda la cuestión del sentido del silencio cuando mediando un acuerdo de establecimiento y aplicación de la carrera profesional para determinados grupos de funcionarios.

Primero, la sentencia efectúa una hábil e importante precisión:

"En puridad, el litigio debería haberse planteado, no como una cuestión de inactividad formal -eso es el silencio administrativo- sino de inactividad material: que el SESPA no estaría ejecutando lo pactado en el acuerdo…"

La sentencia no lo dice pero apunta a que podría acudirse al procedimiento de inejecución de acuerdos firmes del art.29.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Segundo, como la doctrina que se le pide es sobre el sentido del silencio se centra en este enfoque y afirma:

 "En cuanto al silencio administrativo, el Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, sigue siendo aplicable para adecuar el régimen de la Ley 39/2015 a los procedimientos en materia de gestión de personal. Así y por aproximación a la que ha identificado el auto de admisión -«solicitudes relativas a convocatorias del sistema de carrera profesional»- tal disposición atribuye efecto de silencio negativo al reconocimiento de grado personal [artículo 2.b)] y lo relativo a los procedimientos, en este caso, de promoción profesional. El positivo lo prevé para cuestiones de alcance individual como permisos, licencias o situaciones administrativas"

En consecuencia fija doctrina casacional:

"Cuando se trata de solicitudes referidas a convocatorias dentro del sistema de carrera profesional, el efecto de la falta de resolución en plazo es el desestimatorio"

Quede aquí este dato jurisprudencial sobre el sentido del silencio. Va en la misma línea que la anterior sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2019 (rec. 246/2016) que aplicó el silencio administrativo negativo a una solicitud de comisión de servicios y que comenté extensamente.

Con ello, básicamente tenemos:

  -a) un primer bloque de cuestiones que se someten al silencio negativo por disponerlo expresamente la Ley formal, caso de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (disposición adicional vigésima novena, 1 y Anexo 2), e indirectamente al establecer los supuestos de procedimientos que se consideran no iniciados de oficio negativo (disposición adicional vigésima novena, 2).

  -b) un segundo bloque de las previsiones sobre el sentido del silencio que establezcan las leyes autonómicas en su respectivo ámbito competencial.

  -c) Y luego, con carácter supletorio (estado ideal para la Administración, pues cualquier Ley sería más perjudicial a sus intereses) de forma tan sorprendente como ajena a la voluntad del legislador, pues se repesca y valida la relación de procedimientos con sentido negativo del viejo Real Decreto 1777/1994, pensado para adecuar la Ley 30/1992 (¡donde quedó!) que al ser elaboración y aprobación del gobierno, lógicamente no se iba a disparar en el pie y por eso contempla un amplio abanico de supuestos de silencio negativo para los empleados públicos.

Entre otros el silencio es negativo en los procedimientos de:

  -a) Asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento.

  -b) Reconocimiento de grado personal y servicios previos.

  -c) Autorización de comisiones de servicios.

   -d) Declaración de situaciones administrativas, salvo los supuestos incluidos en el artículo siguiente.

  -e) Autorización de permutas de destino entre funcionarios.

  -f) Adscripción provisional a puestos de trabajo.

  -g) Clasificaciones e integraciones en Cuerpos o Escalas de nivel superior.

  -h) Procedimientos de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional.

   -i) Procedimientos de resolución de las solicitudes formuladas en relación con la adscripción de puestos a determinados grupos de funcionarios, forma de provisión de aquéllos, titulaciones requeridas, Administraciones de procedencia para ocuparlos, localidad del puesto, exclusividad del mismo, temporalidad, consideraciones de amortización a un plazo determinado y de cualesquiera otras que tengan incidencia en las relaciones de puestos de trabajo o catálogos.

   -j) Evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario y del personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Sin embargo, el comodín es el postre:

"Cualquier otro procedimiento, no incluido en el apartado 1 del artículo 3 de este Real Decreto, cuya resolución implique efectos económicos actuales o pueda producirlos en cualquier otro momento"

Ya puede la Administración dormir tranquila, mientras el coronel o su tropa esperan quien le escriba y responda a sus solicitudes.

domingo, 9 de junio de 2024

La decadencia del perfil institucional en los cargos públicos

"En las relaciones entre Administraciones públicas, cualquier ocasión es buena para zaherir el rival político (incluso en el plano protocolario), aun cuando ello suponga una desconsideración con la comunidad que representa"

Por Severiano Fernández Ramos. esPúblico blog.- No hace tanto tiempo estaba implícita en la cultura política española, de forma transversal (con independencia del color político) y en todos los niveles territoriales del sistema democrático de gobierno, que los cargos públicos, ya fuesen electos (como alcaldes y concejales) o designados (desde ministros a subdelegados del Gobierno), debían actuar de acuerdo con un perfil «institucional», pues al fin y al cabo tales cargos públicos se integran con carácter coyuntural y no profesional en una estructura (un órgano o Administración pública) financiada con fondos públicos, no privativos, orientada a servir exclusivamente el interés público, no el propio de una organización, colectivo o sector social, y sujeta, tanto en su organización como actuación, a los principios de legalidad, eficacia, objetividad, transparencia y colaboración, entre otros.  

Esta concepción constitucional (republicana, si se quiere) del ejercicio del cargo público, más allá del evidente designio del cumplimiento de la legalidad, presenta múltiples manifestaciones, tanto en la esfera interna, como en la actuación ad extra.

En el ámbito interno, en su relación con el personal al servicio profesional de las Administraciones públicas (fundamentalmente con los funcionarios públicos de los subgrupos superiores), el cargo público de perfil institucional valorará a los funcionarios públicos como colaboradores necesarios para la acción de gobierno. Por ello, en la medida de lo posible, el cargo púbico tratará de mantener una colaboración fructífera, procurando alcanzar acuerdos para la consecución de los objetivos de gobierno, al tiempo que respetará, en el plano de la ejecución, los ámbitos propios de actuación directamente vinculados al desempeño profesional y por ello dotados de autonomía funcional. Básicamente, tratará de rentabilizar, en sentido positivo, el enorme capital humano que supone disponer de un personal altamente cualificado, procurando involucrar e incentivar, en la medida de lo posible (que ciertamente no es mucho) su apoyo a la acción de gobierno.

En las relaciones con la oposición, y sin caer en ingenuidades, el cargo político de perfil institucional procurará alcanzar acuerdos amplios allá donde sea posible, no ya por un mal entendido “buenismo”, sino para dotar de estabilidad a las políticas públicas, lo cual es imprescindible para su efectividad. Ni qué decir tiene que esta actitud se expresará en las relaciones con la oposición en las asambleas legislativas y plenos de las corporaciones locales con el necesario respeto y cortesía, sin por ello merma alguna en la firmeza de la defensa de las posiciones partidistas.

Por su parte, en las relaciones con otros gobiernos y Administraciones públicas, ya sean de superior o inferior nivel territorial, el cargo público institucional mantendrá una actitud de lealtad institucional, propicia a la cooperación y colaboración con otras instituciones, con independencia de que estén gobernadas por un partido de signo diverso. De nuevo no se trata de un mero “buenismo”, sino de una comprensión constitucionalista del Estado y de la evidencia de que los recursos públicos son siempre limitados y la coordinación interinstitucional posibilita su mayor eficiencia, al tiempo que evita duplicidades y lagunas en la atención al interés general. Y esta actividad de lealtad constitucional se manifestará en los actos públicos, concediendo y reconociendo a los representantes públicos de otras instituciones su posición y papel, evitando protagonismos que incomoden al resto de los partícipes.

O, en fin, en el marco de las relaciones con la sociedad civil, el cargo público procurará actuar conforme a la dignidad de la institución que representa en cada acto público, brindando un trato igualitario a los agentes sociales, o al menos en función de su representatividad.

Con todo esto no quiero decir en modo alguno que todos los cargos públicos o la mayoría hayan actuado en el pasado conforme a estos parámetros, sino que se trababa de un ideal compartido que, en mayor o menor medida, conforme a la honestidad, competencia y posición profesional de cada uno, se trataba de alcanzar.

Sin embargo, en algún momento de la praxis política de los convulsos últimos años se ha producido un giro radical en la cultura política, de tal modo que ese ideal de cargo público de perfil institucional se encuentra en franca decadencia, y está siendo rápidamente desplazado por otra especie de cargos políticos aparentemente más adaptados a la voracidad actual de la política española, en un claro ejemplo de darwinismo político.

Se trata de cargos políticos que cuando se integran en una Administración miran con abierta desconfianza a la clase funcionarial, a la que tratan ante todo de someter (sojuzgar) por diversas vías, entre otras, precarizando su posición y colonizando los puestos de trabajo de perfil profesional, al tiempo que se rodean de un corte de personal eventual (cuanto más mejor), que actúa a modo de burbuja hacia dentro y hacia fuera. Incluso en los peores casos no existe empacho en tratar de desprestigiar al personal profesional, pues su actitud de cumplimiento objetivo de la legalidad no solo es vista con recelo sino como una abierta e insoportable traición.

En las relaciones con la oposición, obvio decir que se aplica la máxima de «al enemigo ni agua», volando todos los puentes de entendimiento y posibles consensos: se aprueba y se aplica la política dirigida a un específico electorado. Evidentemente, esta actitud presenta su fiel reflejo en los debates e interpelaciones públicas, cuya finalidad no es la deliberación, sino la confrontación, incluso a nivel de la descalificación personal.

Igualmente, en las relaciones entre Administraciones públicas, cualquier ocasión es buena para zaherir el rival político (incluso en el plano protocolario), aun cuando ello suponga una desconsideración con la comunidad que representa. Y, en fin, en el ámbito de las relaciones con la sociedad civil, todo acto o actuación es motivo de clientelismo y objeto de patrimonialización. 

No deja de ser paradójico que sea precisamente cuando es cada vez más común que los distintos niveles de gobierno aprueben formalmente códigos éticos y de conducta por doquier, más lejana es la praxis política.  

En todo caso, en este escenario actual, que un cargo político presente un perfil institucional, lejos de constituir un activo a su favor, se ha degradado a roles marcadamente secundarios: cuando a nadie interesa acudir a un acto, se dirá aquello de “que vaya Menganito-a, que es muy institucional”.

sábado, 8 de junio de 2024

Unión Europea: Mucho más que un mercado

El anterior primer ministro italiano publica en exclusiva en Agenda Pública a dos días de las elecciones europeas. El autor del informe del Consejo Europeo que marca la hoja de ruta para la UE de las próximas décadas señala: "Europa tiene ante sí un futuro brillante. Las elecciones de 2024 marcan un punto de inflexión, un nuevo comienzo". Agenda Pública, una vez más, expresa su compromiso europeista en una España líder del debate internacional.

Por ENRICO LETTA .-Agenda Pública blog.- Soy optimista sobre el futuro de la Unión Europea tras estas elecciones. Recuerdo bien lo que ocurrió la última vez, cuando Europa parecía al borde de la desintegración. Yo estaba en París, en Sciences Po, y junto con los estudiantes seguimos con gran atención toda la campaña electoral. Cada debate, cada mitin, cada declaración era analizada y discutida. Las palabras clave de aquella campaña fueron Brexit, Frexit, Italexit y otros términos similares que evocaban escenarios de salida de la Unión Europea. Todavía estábamos en la última fase de la borrachera colectiva provocada por la elección de Trump y el Brexit, acontecimientos que habían arrasado Europa entre 2016 y 2019. Todo parecía apuntar a un descalabro inminente. El Brexit se había convertido en un poderoso mensaje de desconfianza hacia la Unión Europea en su conjunto, poniendo en tela de juicio todo el proyecto de integración de la UE.


En aquel momento, se hacían predicciones sobre qué países serían los siguientes en salir, empezando por Grecia, que había sufrido enormemente los errores de las instituciones europeas en la gestión de la crisis financiera. La dinámica de las salidas parecía imparable e implicaba a algunos de los países europeos más importantes, entre ellos tres de los seis fundadores de la Unión: Francia, Italia y los Países Bajos. La campaña electoral estuvo dominada por cuestiones existenciales para la propia supervivencia del proyecto de la UE. Aún recuerdo la ansiedad y la tensión de aquellos días, el temor a que Europa pudiera desmoronarse realmente bajo el peso de sus contradicciones internas. Al final, el resultado de las elecciones nos hizo respirar aliviados: el europeísmo había resistido, mucho mejor de lo que auguraban los pronósticos más optimistas. La Unión Europea había demostrado una resistencia que muchos habían subestimado.

Esta vez, el tono y el contenido de la campaña van en una dirección completamente distinta. La idea de Exit está definitivamente pasada de moda. El desastre británico sirve de advertencia de que separarse de Europa fue un error brutal para un país tan grande y ya acostumbrado a muchas salidas y grandes dosis de independencia como el Reino Unido. Imaginemos lo que podría significar para otros países europeos más pequeños o más estrechamente integrados de lo que estaba el Reino Unido. Hoy ya nadie habla de Exit. Nadie cuestiona la idea integracionista de la Europa comunitaria. Incluso los antiguos euroescépticos abordan ahora la campaña electoral con un pragmatismo que huele a giro de 180 grados.

En esta campaña electoral, debatimos sobre los méritos de las políticas europeas, las formas de cooperación entre países y los métodos, más o menos comunitarios, que deben aplicarse según los temas. Hablamos de sostenibilidad, de innovación tecnológica, de políticas sociales y de cómo afrontar juntos los grandes retos globales, desde el cambio climático a la gestión de las migraciones. La pandemia ha enseñado a Europa la importancia de la solidaridad y la cooperación, y este espíritu se refleja en los discursos y programas de los candidatos.

No se puede dejar de ver en ello un rasgo central de la campaña electoral europea de 2024. Europa parece haber recuperado un nuevo equilibrio, una nueva conciencia de su propia fuerza y potencial. Existe un consenso generalizado de que la Unión Europea no sólo puede sobrevivir, sino que puede prosperar y convertirse en un modelo para el resto del mundo.

Yo mismo fui testigo de ello al recorrer 65 ciudades de la Unión y de los países que aspiran a adherirse a ella para preparar mi informe sobre el futuro del mercado único (Much more than a Market, presentado al Consejo Europeo el 17 de abril de 2024). En las más de 400 reuniones que mantuve con instituciones, interlocutores sociales, empresas y representantes de la sociedad civil y el mundo académico, quedó clara la ambición de crear un espacio político cada vez más integrado y de dejar de considerar la Unión y su mercado único como una mera zona de libre comercio, para dotarla de objetivos sociales, medioambientales y políticos cada vez más amplios.

Este planteamiento se refleja en las propuestas y programas electorales de los distintos candidatos, que hacen gran hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación y la cohesión social dentro de la Unión.

Al mirar al futuro con optimismo, no puedo evitar reflexionar sobre lo mucho que ha cambiado el panorama político en pocos años. Del temor a la desintegración hemos pasado a una fase de consolidación y renovación. Las lecciones aprendidas del pasado han hecho a Europa más fuerte y más unida. Este es un momento crucial, en el que se están sentando las bases de una Unión Europea más cohesionada, capaz de afrontar los retos del futuro con determinación y visión de futuro.

Creo firmemente que Europa tiene ante sí un futuro brillante. Las elecciones de 2024 marcan un punto de inflexión, un nuevo comienzo. Es hora de construir sobre estos cimientos, de seguir trabajando juntos por una Europa más justa, más sostenible y más unida. Y, recordando aquellos días en París, me siento orgulloso de haber formado parte de este viaje, de haber visto con mis propios ojos la transformación de un continente que, a pesar de todo, nunca ha dejado de creer en su proyecto común.

La campaña electoral de 2024 representa un cambio significativo con respecto al pasado. Si antes el debate estaba dominado por el miedo a la desintegración y los movimientos euroescépticos, ahora se centra en cómo mejorar y reforzar la Unión Europea. Los temas principales son la sostenibilidad, la innovación, la justicia social y la cooperación. Estos temas constituyen el núcleo de mi informe, que espero contribuya a reforzar la visión de Europa ante todo como una comunidad de valores compartidos y objetivos estratégicos.

Confío en que, con esta nueva perspectiva, la Unión Europea seguirá prosperando y siendo un faro de esperanza y progreso para el mundo entero.

 *Enrico Letta es Presidente del Instituto Jacques Delors. Fue decano de la Escuela de Asuntos Internacionales de Sciences Po París (PSIA) y ex primer ministro italiano. Fue secretario general del Partido Democrático Italiano (PD) de 2021 a 2023. Fue ministro de Asuntos Europeos de 1998 a 1999.

viernes, 7 de junio de 2024

La contratación pública ágil sigue siendo el reto

 Por Antonio Arias.- Fiscalización.es blog.- La contratación pública de obras, suministros y servicios es una de las materias más complejas y extensas que deben dominar los responsables económicos en las Administraciones. La entrada en vigor durante la pasada década, de la Ley de Contratos del Sector Público supuso un importante revulsivo para el funcionariado.

Desde el Tribunal de Cuentas Europeo se censuró el tímido avance que en toda la Unión se había conseguido. El propio Consejo Europeo, esta misma semana, aceptaba las críticas, como nos alertaba el observatorio de la contratación que dirige el incansable Gimeno Feliú, en relación con la disminución de la competencia en la tramitación durante los últimos diez años, la baja proporción de contratos adjudicados a pymes, el bajo nivel de contratación directa transfronteriza o el insuficiente uso de la contratación pública estratégica.

Traemos hoy la bitácora algunas actividades y publicaciones que serán de interés en la materia.

El último número de la revista Auditoría Pública que edita la Asociación de Órganos de Control Externo (ASOCEX) cuenta con dos artículos a destacar: La fiscalización por la intervención de los encargos a medios propios personificados de Manuel Gómez Martínez, Interventor Delegado en la Junta de Andalucía que describe el alcance del control previo de los expedientes de encargos a medios propios y determinados problemas prácticos encontrados en el ejercicio de dicho control (¡la subcontratación!) aportando soluciones para resolverlos.

Por otra parte, en ese mismo número tenemos El uso de la IA generativa en la contratación pública para detectar prácticas irregulares donde Enrique J. Benítez Palma y Manuel J. García Rodríguez dan otra vuelta de tuerca a un tema que dominan como pocos. Tras la primera ola de aplicación de herramientas basadas en la Inteligencia Artificial para detectar y combatir el fraude y la corrupción, la explosión de su varienate generativa y la utilización de nuevas técnicas que mejoran la exactitud y confiabilidad de estos modelos están obligando a las instituciones que velan por el buen uso de los fondos públicos a actualizarse, en todo el mundo. Partiendo de un ejemplo real que permitiría la detección de irregularidades por colusión en un procedimiento de contratación pública, los autores analizan la bibliografía académica más reciente, y aportan posibles casos de uso en la auditoría pública, el control presupuestario o la mejora de la contratación pública.

Precisamente, del ingeniero Manuel J. García Rodríguez tenemos en descarga libre la obra Mejorar la contratación pública: Herramientas informáticas innovadoras basadas en datos e inteligencia artificial , trabajo galardonado con el Premio Blas Infante de Estudio e Investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, en su XIX edición en la modalidad B. “Innovación en la Administración Pública”, que reflexionen sobre nuevas maneras de abordar los distintos ámbitos de la acción pública o supongan actuaciones innovadoras en sus respectivas áreas, relativas a su organización, funciones, modernización de la gestión del servicio público, innovación en servicios y procesos y aplicación de nuevas tecnologías.

Manual para la CPE de la AGE

El mes pasado conocíamos la edición del Manual para la Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, elaborado por el Grupo de Investigación Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá, en colaboración con la Fundación Biodiversidad y respaldado por la Dirección General de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y bajo la coordinación de la profesora Ximena Lazo Vitoria. En esta obra estacados expertos y profesionales del ámbito de la contratación pública han contribuido significativamente para garantizar la calidad y relevancia de los contenidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Por cierto, también tenemos la Guía Marco para Control Financiero Permanente de la Contratación Pública (LCSP). Revisión – 2023 de la Intervención General de la Administración del Estado,  cuyo contenido ha sido elaborado y coordinado por Oficina Nacional de Auditoría, División de Coordinación de Control Financiero Permanente y de Desarrollo Normativo del Ministerio de Hacienda

Contratación menor

En relación con lo anterior, no podemos dejar pasar la ocasión de mencionar la iniciativa de la Consejería de Hacienda castellano-manchega, cuya Secretaría General, como órgano encargado de la coordinación de la contratación del sector público regional ha confeccionado una Guía cuyo objetivo principal es facilitar a los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, un instrumento del que puedan servirse para resolver las cuestiones, tanto prácticas como jurídicas, que puedan surgir con ocasión y motivo de la tramitación de los contratos menores.

Para terminar, hay que destacar un interesante III Congreso Contratación Pública a celebrar en Valencia dirigido por Gabriel Doménech Pascual, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Con el sugerente lema de HACIA UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA ÁGIL Y SENCILLA ha hecho un enorme esfuerzo para concentrar un excelente programa de académicos y profesionales durante los días 26 y 27 de septiembre próximo.

Este Congreso, auspiciado desde la Conselleria de Hacienda de la Generalitat valenciana incluye 7 Mesas Redondas y una Ponencia, programadas en las siguientes temáticas:

-Desde la Directiva 2014/24/UE: Diagnóstico y áreas de mejora.

-Avances en la Racionalización.

-Mejoras en la LCSP: fase de Licitación

-Mejoras en la LCSP: fase de Ejecución.

-Resistencia al cambio.

-Mejoras en la litigiosidad.

-Planificación, profesionalidad e integridad en la contratación.

-La IA como herramienta en la Contratación Pública.

Esperamos que resulte de vuestro interés y nos vemos en Valencia.

jueves, 6 de junio de 2024

La decadencia del perfil institucional en los cargos públicos

Por Severiano Fernández Ramos -esPúblico blog.-  No hace tanto tiempo estaba implícita en la cultura política española, de forma transversal (con independencia del color político) y en todos los niveles territoriales del sistema democrático de gobierno, que los cargos públicos, ya fuesen electos (como alcaldes y concejales) o designados (desde ministros a subdelegados del Gobierno), debían actuar de acuerdo con un perfil «institucional», pues al fin y al cabo tales cargos públicos se integran con carácter coyuntural y no profesional en una estructura (un órgano o Administración pública) financiada con fondos públicos, no privativos, orientada a servir exclusivamente el interés público, no el propio de una organización, colectivo o sector social, y sujeta, tanto en su organización como actuación, a los principios de legalidad, eficacia, objetividad, transparencia y colaboración, entre otros.  

Esta concepción constitucional (republicana, si se quiere) del ejercicio del cargo público, más allá del evidente designio del cumplimiento de la legalidad, presenta múltiples manifestaciones, tanto en la esfera interna, como en la actuación ad extra.

En el ámbito interno, en su relación con el personal al servicio profesional de las Administraciones públicas (fundamentalmente con los funcionarios públicos de los subgrupos superiores), el cargo público de perfil institucional valorará a los funcionarios públicos como colaboradores necesarios para la acción de gobierno. Por ello, en la medida de lo posible, el cargo púbico tratará de mantener una colaboración fructífera, procurando alcanzar acuerdos para la consecución de los objetivos de gobierno, al tiempo que respetará, en el plano de la ejecución, los ámbitos propios de actuación directamente vinculados al desempeño profesional y por ello dotados de autonomía funcional. Básicamente, tratará de rentabilizar, en sentido positivo, el enorme capital humano que supone disponer de un personal altamente cualificado, procurando involucrar e incentivar, en la medida de lo posible (que ciertamente no es mucho) su apoyo a la acción de gobierno.

En las relaciones con la oposición, y sin caer en ingenuidades, el cargo político de perfil institucional procurará alcanzar acuerdos amplios allá donde sea posible, no ya por un mal entendido “buenismo”, sino para dotar de estabilidad a las políticas públicas, lo cual es imprescindible para su efectividad. Ni qué decir tiene que esta actitud se expresará en las relaciones con la oposición en las asambleas legislativas y plenos de las corporaciones locales con el necesario respeto y cortesía, sin por ello merma alguna en la firmeza de la defensa de las posiciones partidistas.

Por su parte, en las relaciones con otros gobiernos y Administraciones públicas, ya sean de superior o inferior nivel territorial, el cargo público institucional mantendrá una actitud de lealtad institucional, propicia a la cooperación y colaboración con otras instituciones, con independencia de que estén gobernadas por un partido de signo diverso. De nuevo no se trata de un mero “buenismo”, sino de una comprensión constitucionalista del Estado y de la evidencia de que los recursos públicos son siempre limitados y la coordinación interinstitucional posibilita su mayor eficiencia, al tiempo que evita duplicidades y lagunas en la atención al interés general. Y esta actividad de lealtad constitucional se manifestará en los actos públicos, concediendo y reconociendo a los representantes públicos de otras instituciones su posición y papel, evitando protagonismos que incomoden al resto de los partícipes.

O, en fin, en el marco de las relaciones con la sociedad civil, el cargo público procurará actuar conforme a la dignidad de la institución que representa en cada acto público, brindando un trato igualitario a los agentes sociales, o al menos en función de su representatividad.

Con todo esto no quiero decir en modo alguno que todos los cargos públicos o la mayoría hayan actuado en el pasado conforme a estos parámetros, sino que se trababa de un ideal compartido que, en mayor o menor medida, conforme a la honestidad, competencia y posición profesional de cada uno, se trataba de alcanzar.

Sin embargo, en algún momento de la praxis política de los convulsos últimos años se ha producido un giro radical en la cultura política, de tal modo que ese ideal de cargo público de perfil institucional se encuentra en franca decadencia, y está siendo rápidamente desplazado por otra especie de cargos políticos aparentemente más adaptados a la voracidad actual de la política española, en un claro ejemplo de darwinismo político.

Se trata de cargos políticos que cuando se integran en una Administración miran con abierta desconfianza a la clase funcionarial, a la que tratan ante todo de someter (sojuzgar) por diversas vías, entre otras, precarizando su posición y colonizando los puestos de trabajo de perfil profesional, al tiempo que se rodean de un corte de personal eventual (cuanto más mejor), que actúa a modo de burbuja hacia dentro y hacia fuera. Incluso en los peores casos no existe empacho en tratar de desprestigiar al personal profesional, pues su actitud de cumplimiento objetivo de la legalidad no solo es vista con recelo sino como una abierta e insoportable traición.

En las relaciones con la oposición, obvio decir que se aplica la máxima de «al enemigo ni agua», volando todos los puentes de entendimiento y posibles consensos: se aprueba y se aplica la política dirigida a un específico electorado. Evidentemente, esta actitud presenta su fiel reflejo en los debates e interpelaciones públicas, cuya finalidad no es la deliberación, sino la confrontación, incluso a nivel de la descalificación personal.

Igualmente, en las relaciones entre Administraciones públicas, cualquier ocasión es buena para zaherir el rival político (incluso en el plano protocolario), aun cuando ello suponga una desconsideración con la comunidad que representa. Y, en fin, en el ámbito de las relaciones con la sociedad civil, todo acto o actuación es motivo de clientelismo y objeto de patrimonialización. 

No deja de ser paradójico que sea precisamente cuando es cada vez más común que los distintos niveles de gobierno aprueben formalmente códigos éticos y de conducta por doquier, más lejana es la praxis política.  

En todo caso, en este escenario actual, que un cargo político presente un perfil institucional, lejos de constituir un activo a su favor, se ha degradado a roles marcadamente secundarios: cuando a nadie interesa acudir a un acto, se dirá aquello de “que vaya Menganito-a, que es muy institucional”.

lunes, 27 de mayo de 2024

Clarificación de las competencias de lo contencioso sobre los actos preparatorios de empleo público laboral: Ninguna

Por JR CHAVES.  delaJusticia.com blog.- La reciente sentencia de la sala tercera de 13 de mayo de 2024 (rec.1240/2022) efectúa importantísimas precisiones sobre la extensión de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre las convocatorias de acceso de personal laboral a la Administración Pública (fijo o temporal, relación común o especial).

El interés viene dado, como comenté extensamente en un anterior artículo (titulado significativamente “Puerta giratoria: el TC devuelve a la jurisdicción social el acceso libre de laborales”), porque cuando se dicta la STC de 15 de noviembre de 2022, existían infinidad de procedimientos impugnatorios de los actos preparatorios de la selección de personal laboral (convocatoria, tribunales, pruebas, etcétera) seguidos o pendientes ante la jurisdicción contencioso-administrativa (en primera o segunda instancia).

¿Qué pasa con esos procedimientos sometidos al impacto de una privación de jurisdicción sobrevenida?,¿ Devolverse a la jurisdicción social y reiniciarse cansinamente otro procedimiento o resolver sobre el fondo en lo contencioso-administrativo?

La respuesta la da esta reciente sentencia, cuya lectura refleja la incomodidad de la Sala al tratar el tema, que aborda con el cuidado de un desactivador de explosivos, procurando dar respuesta sin desautorizar a la Sala de Conflictos pero sin dejar en un callejón sin salida a los recurrentes.

De este modo, fija la regla general que debe retenerse:

"el punto clave es SI EN EL MOMENTO en que se dictaron las sentencias de instancia y de apelación los tribunales contencioso-administrativos tenían jurisdicción para conocer de la materia. La respuesta ha de ser afirmativa, no solo porque ninguna norma legal lo excluía, sino sobre todo porque el objeto de impugnación son auténticos actos administrativos. Es más: se trata de resoluciones administrativas de las que es perfectamente predicable la conocida doctrina de los «actos separables», es decir, actos administrativos previos y necesarios para la constitución, modificación o extinción de una relación jurídico-privada; y es tradicionalmente pacífico que el conocimiento de los litigios sobre tales actos administrativos corresponde, en principio, al orden contencioso-administrativo. Dicho de otro modo, solo pueden ser sustraídos de la jurisdicción contencioso-administrativa en virtud de una norma legal que así lo disponga inequívocamente.

Este criterio se apoya en una doble razón:

"Una es que la razón por la que la STC 145/2022 declaró la inconstitucionalidad del nuevo apartado f) del art. 3.1 de la Ley de la Jurisdicción Social no fue la incompatibilidad sustancial con la Constitución de la atribución al orden contencioso-administrativo de la materia aquí examinada, sino que fue de índole formal: la inidoneidad de las leyes de Presupuestos para regular dicha materia. Y la otra observación adicional es que, en el presente caso, elementales consideraciones de efectividad de la tutela judicial impiden que -bastantes años después de iniciado el proceso, sin que nadie hubiera suscitado antes dudas sobre la jurisdicción- se acuerde la nulidad de todo lo actuado para comenzar de nuevo en el orden social"

En cambio, para el FUTURO, esto es, para los asuntos que se inicien con recurso contencioso-administrativo de fecha posterior al dictado de la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, resultará competente para los actos propios (convocatoria, actos selectivos, pruebas y ejercicios, etcétera) la jurisdicción social.

"Es claro que el actual criterio de la Sala de Conflictos de este Tribunal Supremo, al conocer de los conflictos de competencia entre los órdenes contencioso-administrativo y social a propósito de los litigios sobre los actos administrativos preparatorios de contratos laborales con la Administración Pública, es que con posterioridad a la citada STC 145/2022 se trata de materia que corresponde al orden social"

He aquí un bonito ejemplo de como la deficiente técnica legislativa conduce a despropósitos procesales y a laboriosos “remiendos jurisprudenciales”. Parafraseando al jurista alemán Von Kirchmann: «Un disparate del legislador tira bibliotecas enteras de jurisprudencia a la basura«. Al menos hay seguridad jurídica… otra cosa es que salga beneficiada la justicia y  la igualdad.

sábado, 25 de mayo de 2024

Estrategias urgentes para un ayuntamiento que mira al futuro

 "Estamos en un momento crítico de la Administración pública en España en el que hay déficits muy significativos de calidad, eficacia y eficiencia tanto en la Administración General del Estado como en la mayoría de las Comunidades Autónomas. En cambio, buena parte de los ayuntamientos siguen al pie del cañón e inasequibles al desaliento"

-Por Carles Ramió. esPublico blog.-En el marco del complejo tejido institucional de nuestro país hay unas instituciones que destacan en positivo: los ayuntamientos. Son administraciones que suelen gestionar con eficacia y eficiencia servicios públicos de proximidad críticos para la ciudadanía. El valor que aportan nuestros ayuntamientos no reside en limitarse a desplegar el catálogo de servicios que les exige la normativa sino en su anhelo de querer atender las necesidades de la ciudadanía y abordar lo que, de manera paradójica, se denominan competencias “impropias” que son las que más valoran los ciudadanos. En este momento siempre viene a la memoria la mítica frase de un alcalde de Vitoria que afirmaba con sorna «donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias». En efecto, la política local de pata negra reside en desplegar competencias y servicios que no exige la Ley. Es obvio que esta posibilidad solo está al alcance de aquellos municipios que poseen una envergadura suficiente para poder desplegar estos servicios públicos.

Estamos en un momento crítico de la Administración pública en España en el que hay déficits muy significativos de calidad, eficacia y eficiencia tanto en la Administración General del Estado como en la mayoría de las Comunidades Autónomas. En cambio, buena parte de los ayuntamientos siguen al pie del cañón e inasequibles al desaliento. Se trata de unas joyas institucionales que, desgraciadamente, pasan desapercibidas a muchos analistas.

Ante esta buena situación actual nos formulamos la pregunta: ¿qué elementos deberían introducir estos ayuntamientos excelentes para poder seguir prestando servicios públicos satisfactorios en el futuro?  Veamos algunas respuestas:

1. -Dotarse de visión estratégica polivalente y elástica: las dinámicas clásicas de planificación ya no suelen ser útiles. Para hacer un plan estratégico suele invertirse una cantidad de recursos y de tiempo que no suele superar un análisis costo-beneficio. Cuando se publica el plan estratégico ha cambiado el entorno de tal manera que ya que quedado irremediablemente obsoleto. La polivalencia estratégica consiste en tener definida una identidad municipal e institucional a largo plazo (de dónde vengo, dónde estoy y hacía dónde aspiro a llegar en el futuro). En este marco hay que definir estrategias coherentes (pero contingentes) a medio y corto plazo. En este sentido, estrategia y táctica se mezclan y el “tactismo” ya no cotiza a la baja, sino que es un ingrediente imprescindible para la polivalencia estratégica. Lo de ir dando bandazos al timón municipal es ahora una virtud, siempre y cuando estos giros no pongan en cuestión la identidad estratégica y el proyecto de futuro del municipio.

2.- Poseer un buen plan de digitalización que se focalice en una buena gobernanza de datos como paso ineludible para la automatización de procesos administrativos mediante una buena gestión de la información mediada por algoritmos. Una buena gestión de la información va a posibilitar la introducción de la inteligencia artificial como un instrumento que ayude a los procesos de toma de decisiones basados en evidencias y una gestión de la cartera de servicios mucho más eficaz y eficiente. La correlación entre inteligencia artificial e incremento exponencial de la productividad administrativa debe ser el objeto de deseo a perseguir.

3.- Definir un modelo de futuro argumentado y consistente con relación a la siempre incómoda y procelosa dicotomía gestión pública versus gestión privada. Hasta ahora las externalizaciones de servicios públicos y las excepcionales dinámicas de partenariados público-privados han seguido unas dinámicas erráticas de carácter reactivo en las que no están claros los motivos para recurrir a la gestión privada de servicios públicos y tampoco está clara la visión en las estrategias de remunicipalizar determinados servicios. Una agenda caótica en la que han dominado las carencias y limitaciones organizativas internas, unos postulados ideológicos maximalistas, una pésima conducta de los actores privados y el resultado ha sido una absoluta confusión. Hay que superar, por tanto, estas capturas históricas y definir un modelo de gestión de futuro en el que se definan de manera clara y coherente los servicios públicos y ámbitos de gestión que deben seguir siendo (o recuperar como es el caso de la gestión del agua) de gestión pública y aquellos ámbitos o servicios que tendría pleno sentido que lo gestionara el sector privado (con y sin ánimo de lucro) pero con las necesarias medidas de planificación, control y evaluación por parte del Ayuntamiento.

4.-Un buen plan de relevo intergeneracional: ante la jubilación masiva de los empleados públicos (en los próximos 10 años se van a jubilar el 50 por ciento) hay que definir una buena planificación ante este espectacular fenómeno que ya se ha iniciado de manera significativa el año pasado. Todos aquellos ayuntamientos que no posean un buen plan ya van tarde y, por tanto, es muy urgente su diseño. Es obvio que hay que escapar de una lógica mecánica de sustitución de unos empleados públicos que se vayan jubilando por otros que se vayan incorporando. Esta dinámica inercial alentada por los sindicatos y las lógicas corporativas internas es una garantía segura de diseñar, de entrada, una administración municipal obsoleta y, de futuro, una organización que se va a deslizar inexorablemente hacia su hundimiento. Hay que tener muy claro, antes de reponer a los empleados que se van jubilando, aquellos perfiles profesionales obsoletos (o en proceso de inmediata e inevitable obsolescencia), aquellos que hay que mantener y, finalmente, aquellos nuevos perfiles que se van a necesitar en el futuro (gestores de información, analistas de datos, especialistas en automatización de procesos y en inteligencia artificial, planificadores y controladores de servicios públicos externalizados, etc.). Para que esta planificación urgente del relevo intergeneracional pueda ser consistente deben antes definirse la estrategia de futuro a nivel de Administración digital avanzada y de un nuevo modelo público-privado.